Las democracias liberales casan mal
con Estados del bienestar que ofrecen a sus ciudadanos servicios públicos
esenciales que no reducen lo suficiente las desigualdades y no hacen posible una
vida digna. Eso provoca situaciones que acaban siendo terreno abonado para los
populismos de uno u otro signo.
La falta de un compromiso real y
verificable de los gobernantes con los ciudadanos para elevar los estándares de
vida, hace que el autoritarismo está creciendo de manera exponencial en el mapa
político de la UE. Hasta hace poco más de una década España era una excepción
en ese ámbito, pero de forma sostenida la extrema derecha va ganando espacio
electoral en nuestro país. Cataluña no es diferente y el extremismo de derechas,
con un fuerte componente independentista en su credo ideológico, ha hecho acto
de presencia en nuestro paisaje político, y según los estudios demoscópicos,
con una fuerte intención de voto.
Según los expertos, el auge del apoyo
electoral al autoritarismo es el resultado del malestar social provocado por
las pronunciadas desigualdades que han surgido en los últimos treinta o
cuarenta años en las sociedades occidentales desarrolladas. Esas diferencias sociales
vienen provocadas por la coincidencia de varios procesos: las políticas
neoliberales de desregulación de los mercados, en particular los del trabajo;
la automatización de muchos procesos productivos industriales, favorecida por las
nuevas tecnologías y la computación; la globalización comercial, con la
incorporación de China al comercio internacional y la competencia de sus
productos con la de los países desarrollados occidentales; así como por la desindustrialización y pérdida de
buenos empleos para las clases medias de nuestras sociedades, como consecuencia
de las ya mencionadas automatización y
la globalización.
Otro factor a tener en cuenta que no
debería caer en saco roto, es que el apoyo a las opciones autoritarias tiene
mucho que ver con los cambios demográficos y generacionales que se han
producido en las últimas décadas en las sociedades occidentales. Por un lado,
el aumento de los flujos migratorios hacia los países que están padeciendo esa creciente
desigualdad y la pérdida de empleos de las clases medias han dado lugar a
reacciones de rechazo, racismo y xenofobia hacia los extranjeros; los inmigrantes
son percibidos como competidores para los puestos trabajos, las prestaciones
sociales y los servicios públicos del Estado del bienestar como la sanidad o la
educación. Por otro, esos cambios han traído transformaciones en los valores
culturales dominantes entre los jóvenes pues, especialmente los hombres,
cuestionan ahora los avances en las políticas de igualdad y de reconocimiento de
derechos a diferentes colectivos.
En este contexto, tan falaz es decir
que los servicios sociales de nuestro país funcionan a las mil maravillas, como
que son un desastre. Ni lo uno ni lo otro. El Ejecutivo de coalición
progresista que nos gobierna es de los pocos que quedan en Europa decidido a
luchar por el bien común o lo que es lo mismo: contra el cambio climático, por
llevar a cabo una transición energética sostenible, porque se vayan eliminando
los contratos de trabajo en precario o por establecer escudos sociales para los
más desfavorecidos.
Mientras, de forma simultánea, la
macroeconomía funciona como un tiro y se están logrando tasas de empleo que
hacía muchísimos años que no se veían en nuestro país. Esa realidad, sin
embargo, no puede disimular que las clases medias y populares están perdiendo
poder adquisitivo, que la vivienda se ha convertido en un lujo inalcanzable
para gran parte de ciudadanos o que la sanidad que no hace tanto era la joya de
la corona, pierde eficiencia porque en los últimos años se han ido incorporando
nuevos usuarios, mientras que ni las inversiones ni los profesionales aumentan
en la misma proporción; más bien al contrario: se han recortado o congelado
presupuestos y se han reducido plantillas.
La situación más evidente del
deterioro del Estado del bienestar en España la hemos vivido estos días con el
caos ferroviario, pero de manera muy especial en Cataluña con el colapso total
de los servicios de Rodalies. No voy a insistir porque los medios de
comunicación nos han tenido puntual y ampliamente informados, además de que
muchos ciudadanos lo han vivido en primera persona. No olvidemos que son unas
400.000 personas las que usan Rodalies de manera regular y su inmensa mayoría
son clases medias y populares que estos días han visto alterada su
cotidianeidad por motivos totalmente ajenos.
Aquellos polvos trajeron estos lodos,
y décadas de desinversión no se solventan por ensalmo, por lo que harán falta
muchos años y mucho esfuerzo presupuestario para poner nuestros trenes a la
altura de lo que una sociedad desarrollada necesita. Desde luego hay cosas que
son inevitables y la fatalidad existe, pero en esta ocasión parece que se han
conjugado una serie de factores para que la tormenta perfecta descargara sobre
los ferrocarriles catalanes. No obstante, hubiese sido deseable una mayor
explicación por parte de los prestadores de los servicios, de la misma manera
que se hubieran tenido que poner, de forma inmediata, a disposición de los
usuarios alternativas reales y fiables para paliar el desastre. Como está
haciendo ahora el Govern que ha contratado 61 buses más para
reforzar los servicios interurbanos que ya funcionan, mientras se trabaja para
recuperar la normalidad en Rodalies. Con estas incorporaciones, la flota
de refuerzo pasará de las 169 unidades hasta 230 vehículos que
provienen de diferentes puntos de España, aunque, de momento, con resultados
muy poco satisfactorios.
La situación es delicada. El futuro
de nuestro modelo de sociedad está en entredicho. Se hace imprescindible un
gran acuerdo de todos los agentes sociales para recuperar la capacidad de
generar la prosperidad compartida que se logró en los años que siguieron a la Segunda
Guerra Mundial. En esa etapa histórica, el contrato socialdemócrata —que se logró
por un consenso entre socialdemócratas, liberales y cristianodemócratas— hizo
que, por un lado, el capitalismo de mercado fuese capaz de crear buenos empleos
para la clase media; y, por otro, que el nuevo Estado de bienestar —a través de
la educación, la sanidad, el seguro de paro y las pensiones— fuese capaz de
crear una sociedad más igualitaria y con buenas oportunidades de ascenso
social. El resultado fue que las democracias y el capitalismo de mercado
ganaron la batalla de la prosperidad compartida a otros sistemas políticos que
operaban en otros puntos del planeta.
Repitamos la experiencia.
Bernardo Fernández
Publicado en Catalunya Press
02/02/2026
