Una de las propuestas estrella, para esta legislatura, del Gobierno de coalición, era la reforma y/o derogación de la reforma laboral que el Ejecutivo de Mariano Rajoy hizo en 2012. Pues bien, el pasado 28 de diciembre el Consejo de Ministros ratificó el acuerdo que habían alcanzado, días antes, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con los agentes sociales (patronal y sindicatos). El 30 salía publicado en el BOE, como real decreto-ley y antes del 7 de febrero deberá ser convalidado por el Congreso de los diputados y si no decaerá.
El mercado laboral es una de las cuestiones que más
ha preocupado a todos los Gobiernos desde la Transición. Desde el principio de
la democracia ha sufrido casi medio centenar de retoques. Cosméticos unos y más
profundos otros. El acuerdo alcanzado, el pasado 23 de diciembre, por el Gobierno,
la patronal y los sindicatos constituye la primera reforma laboral de gran calado que se
aprobará con consenso de las partes implicadas en más de cuatro décadas. En
España se han aprobado cuatro grandes reformas. La de 1980, en la que salió
adelante el Estatuto de los Trabajadores, que es la columna vertebral de
nuestro sistema laboral. Cuatro años después, en 1984, se introdujo la
temporalidad en una reforma del Gobierno de Felipe González. A principio de
1994, los socialistas aprobaron otro cambio que afectaba a los despidos, la
movilidad y la negociación colectiva. Hubo que esperar casi dos décadas para la
reforma laboral del PP. En 2012, solo dos meses después de alcanzar el poder,
Mariano Rajoy, con la crisis financiera en plena ebullición, aprobó una de las
reformas laborales más profundas desde que se aprobara el Estatuto de los
Trabajadores. Tutelados por Bruselas y con el déficit público disparado, el PP
abarató el despido de 45 a 33 días por año trabajado y a 20 días en algunos
casos. Flexibilizó los despidos colectivos (ERE) simplificando los trámites,
otorgó más poder a las empresas en la negociación de los convenios colectivos y
eliminó la ultraactividad. La idea de fondo era desarrollar un marco para
contener los salarios en la búsqueda de una devaluación salarial con la que
ganar la competitividad perdida durante los años del bum inmobiliario. Las
consecuencias de esa reforma están a la vista de todos; si bien es verdad que
se han creado puestos de trabajo con relativa facilidad, también es cierto que se
ha extendido la precariedad y han empeorado las condiciones laborales de los
trabajadores, porque las empresas han tenido mucha más capacidad de maniobra.
Por eso, ahora toca enmendar los errores que
cometió la derecha y, además, hacerlo con el mayor consenso posible. Porque ninguna
de estas grandes reformas se aprobó con el acuerdo de los agentes sociales. 40
años después de aprobarse el Estatuto de los Trabajadores, se ha logrado
redactar un texto en el que han participado los sindicatos (CC OO y UGT), la
patronal y el Gobierno, liderado por Yolanda Díaz. Como opinan los líderes
sindicales: “Por primera vez, una reforma laboral de calado no será para
recortar, para precarizar el empleo, para abaratar el despido, sino que rema en
la dirección contraria”.
El objetivo principal del nuevo
marco legislativo es reducir sustancialmente la temporalidad del mercado de
trabajo en España (26,02%); algo que, desde hace tiempo, se viene
pidiendo desde Bruselas. Aunque también servirá
para corregir desequilibrios dentro de la negociación colectiva y dotar de
mayor flexibilidad a las empresas en apuros. Asimismo, se revierten los
asuntos más controvertidos de la reforma laboral del PP de 2012. De igual manera, se equilibra la balanza
entre empresarios y trabajadores dentro de la negociación colectiva. Se ponen
límites a la preponderancia de los convenios de empresa y no se limita la
ultraactividad, lo que en la práctica viene a significar que la vigencia del
convenio se mantendrá todo el tiempo que dura la negociación de un nuevo
convenio.
Con este acuerdo, es la primera vez que la CEOE deja de
ser la correa de transmisión de la derecha. En esta ocasión la patronal ha demostrado tener más cintura y más
sentido práctico que el PP. Los empresarios han sabido situar la lógica y el
sentido común por delante del beneficio desmedido y las ideologías. En breve se
iniciará el trámite parlamentario para convertir el acuerdo en Ley, y ahí, los
teóricos socios del Gobierno deberían ser muy cuidadosos porque según las
enmiendas que se introduzcan, la patronal podría descolgarse en el último
momento y eso haría que, si la derecha llega al poder, el pacto fuera mucho más
débil y reversible. Además daría aire a un PP en horas bajas.
Una vez más Pablo
Casado ha puesto de manifiesto su falta de perspicacia política; no ha dado
opciones a los moderados de su partido. En pleno debate interno, cuando el
texto del acuerdo sobre la reforma aún no había sido publicado en el BOE
y cuando algún miembro de la Ejecutiva popular habían recomendado a su líder
“leer la letra pequeña” antes de decidir el sentido final del voto del
PP, Casado dijo no. El
líder de los populares apareció públicamente y avanzó que su partido votaría
negativamente, derogaría la reforma en cuanto él llegase al Gobierno y hasta
podría recurrirla en el Tribunal Constitucional por no haber sido tramitada
como proyecto de ley en las Cortes sino como un decreto.
Sin temor a equivocarnos, podemos decir que estamos ante un acuerdo
histórico. Se ha hecho una reforma profunda que no
supone ni la derogación total de la anterior ni el inmovilismo que querían
algunos. Si se ha llegado a ese pacto, ha sido gracias al realismo perseverante
de los sindicatos y a la sensatez de la representación de la patronal que así
se desmarca de los voceros catastrofistas de la derecha política. También ha
sido encomiable el papel del Gobierno, que ha estado tejiendo durante meses un
dificilísimo equilibro y ha conseguido superar las diferencias de los partidos
de la coalición para alumbrar una reforma imprescindible. Ahora es fundamental
que los partidos que dan soporte al Gobierno se dejen de veleidades y falsos
protagonismos para que la tramitación en el Congreso sea fluida y sin sorpresas,
pues, de su aprobación depende, en buena medida, que Bruselas de vía libre a
los fondos europeos en 2022. Y sabiendo cómo son de miopes, políticamente
hablando, algunos personajes que cobran su sueldo en la carrera de San
Jerónimo, hay que andarse con ojo, no vaya a ser que se les vaya la mano, con
su afán de mantener las esencias patrias y la líen parda.
Bernardo Fernández.
Publicado en e notícies 10/01/2022
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