Es evidente que una de las asignaturas pendientes de nuestro sistema democrático es la financiación de las organizaciones políticas. Valga, sin embargo, como atenuante que éste es un mal común en la mayoría de las democracias mundiales.
En cualquier caso, esta circunstancia no debería ser un eximente, más bien todo lo contrario, habría que entenderlo como un acicate, ya que una fórmula de financiación limpia y transparente ha de aportar solidez y credibilidad al sistema. De este modo, se facilitaría que los ciudadanos se acercaran algo más a la política, cosa que, por cierto, no nos iría nada mal.
Necesitamos un sistema de financiación que garantice la independencia de las organizaciones, (ya sean paridos, fundaciones, plataformas, etc.) de las empresas y grupos de interés. Diferentes experiencias, en lugares diversos, nos enseñan que la financiación que no procede de las instituciones o está sometida a rigurosos controles o más pronto que tarde genera efectos perversos.
La Ley en vigor que regula estos asuntos es del año 87. Con el tiempo se ha demostrado que es manifiestamente mejorable, ya que permite las donaciones anónimas sin cortapisas ni prácticamente control alguno. Con este decorado de fondo y a partir de los informes emitidos por el Tribunal de Cuentas se puede constatar que los partidos de derechas reciben más del 90% de las donaciones. Así el PP, en el periodo que va de 1987 a 2004, recibió más de 28 millones de euros en donaciones y 27 CiU en la misma época, un poco menos, pero no demasiado, 23,5 millones de euros es lo que llegaba a las arcas del PNV en el mismo espacio de tiempo, de forma opaca.
Teniendo este paisaje de fondo, por dos veces el Grupo Socialista en el Congreso planteó la supresión de las donaciones, o en su defecto la modificación de la Ley. En ambas ocasiones los votos del PP y CiU se unieron para abortar la pretendida reforma. Pero en la vida todo cambia. Y llegó aquel 14 de marzo que modificó las mayorías parlamentarias y el PSOE que llevaba en su programa electoral una propuesta de cambio en el sistema de financiación de las organizaciones políticas, llegó a un acuerdo con IU y ERC para tirar adelante ese proyecto.
En este contexto, el Grupo Socialista, tras constatar que tiene la mayoría parlamentaria suficiente, ha decidido llevar el proyecto adelante. Hasta ahora, el PP iba mareando la perdiz, pero cuando ve que dar largas ya no sirve, el portavoz adjunto, Martínez Pujalte, convoca una rueda de prensa y dice que: “este proyecto de ley abre las puertas a la financiación de Batasuna”. Por otra parte, representantes de otras fuerzas políticas aseguran que nada de eso se ha argumentado en la comisión. Así las cosas, es más que probable que la nueva ley inicie, en breve, su tramitación en la Comisión Constitucional y sea aprobada de forma definitiva en el próximo periodo de sesiones; es decir, en el próximo otoño
Los socialistas, en todo momento, han sido conscientes de que el primer texto presentado era muy duro para la derecha y en aras de lograr el consenso, flexibilizaron el redactado inicial. En un principio se pretendía que el control a las fundaciones por parte del Tribunal de Cuentas fuera para todo tipo de ingresos y se ha optado, en aras del pacto, a que sólo se ejerza, el mencionado control, para las donaciones. Parece que ni así se conseguirá que el PP se auto descuelgue de este nueva Ley.
Es una lástima porque los pactos sobre grandes cuestiones fortalecen el sistema y lo acercan a los ciudadanos, de cuyos apoyos nadie anda sobrado. Pero en fin, cada cual es muy libre de poner en práctica las estrategias que considere más convenientes. De todos modos, resulta claro que tan sólo con una financiación de las organizaciones políticas que tenga su origen en las instituciones y un control transparente y veraz de las ayudas externas, puede garantizar, no ya, un sistema auténticamente democrático, sino un modelo, y esto es lo más importante, de participación política que sea justo, honesto y equitativo para todos.
