CAFÉ PARA TODOS, PERO AL GUSTO

Por lo menos en una cosa coinciden los dos grandes partidos de nuestro país (PP y PSOE): la infrafinanciación que padecen las comunidades autónomas (CCAA), a pesar de que son las administraciones que más servicios prestan a la ciudadanía. Sin embargo, la polarización política y la crispación que estamos viviendo son de tal magnitud que resulta imposible llegar a algún acuerdo para solventar el problema.

El actual sistema de financiación de las CCAA está vigente desde 2009, no tiene una fecha de caducidad explícita, pero lleva esperando una reforma desde 2014. Y, aunque no hay una fecha límite, el modelo actual está obsoleto y necesita una actualización.  Porque han pasado 11 años, en ese tiempo se han sucedido los gobiernos y los ministros de Hacienda, pero nadie ha querido abrir ese melón.

Ahora, desde el Ministerio que dirige María Jesús Montero, han tenido que hacer de la necesidad virtud, asumir los acuerdos que firmaron PSOE. PSC y ERC, para hacer a Salvador Illa president de la Generalitat, y abordar la financiación singular de Catalunya que fue el tema estrella de aquella negociación.

De ahí que días atrás se reuniese, en Barcelona, la Comisión Bilateral Estado Generalitat para tratar el asunto. En esa reunión, no solo se pusieron las bases para el nuevo sistema de financiación autonómico para Catalunya, sino que también se estableció el marco para la reforma del sistema común. En el documento de trabajo presentado se argumenta que el esquema podrá ser generalizable a las comunidades que lo deseen con una visión “federal”.  O sea, cada gobierno autonómico podrá decidir qué parte del peso de la gestión tributaria asume, y la Agencia Tributaria Estatal velará por la coordinación de todas ellas.

Me parece importante señalar que lo que subyace en este principio de acuerdo es que propone una fórmula de financiación a la medida, a la vez que extrapolable a otras comunidades. La idea fuerza es que sean los gobiernos autonómicos quienes decidan el nivel de corresponsabilidad tributaria que desean asumir y, en consecuencia, recauden los impuestos correspondientes.

De momento, solo cinco autonomía tienen Agencias Tributarias propias, siendo la catalana la más desarrollada, pero sin el músculo suficiente para asumir en el corto plazo el 100% de la recaudación y gestión de los impuestos. La Agencia Tributaria de Catalunya recauda unos 5.000 millones de euros al año y para llegar al nivel de lo que recauda el Estado, deberá alcanzar unos 30.000 millones de euros. En opinión de algunos entendidos en la materia, el traspaso de competencias es sumamente complejo y no se prevé que esté listo, en el mejor de los casos, antes de cinco años.

Una de las grandes novedades del nuevo sistema es que Las comunidades tendrían la llave de la caja, pero se pactarán dos contribuciones al Estado: una por los servicios que este ejecuta en cada territorio y otra por concepto de solidaridad territorial. El cálculo de a cuánto ascenderían esa aportaciones está por decidir. El modelo establecerá el porcentaje y qué impuestos estatales han de sufragar esas dos partidas; también cuánto se debe dedicar para pagar las competencias homogéneas (por ejemplo, educación o sanidad) y las que son específicas de cada territorio, como son en Cataluña los Mossos d’Esquadra o las prisiones.

En el documento consensuado queda claro que tanto Cataluña, como las comunidades que adopten el sistema tendrán que contribuir para nivelar las prestaciones, es decir, para que los servicios públicos básicos que prestan las comunidades tengan una calidad parecida. Lo que se busca con esta nueva financiación es simplificar las condiciones del modelo actual. Ahora, la nivelación se hace a través de tres mecanismos diferentes. De salir adelante este sistema se haría en uno solo.

 Uno de los puntos que ha quedado menos claro es el principio de ordinalidad, es decir que quien más aporta no quede en peor posición relativa después del reparto de los recursos del sistema. En la actualidad, Catalunya es la tercera comunidad en aportar al sistema, pero baja hasta el décimo lugar tras el reparto, cuando lo razonable sería que con los nuevos parámetros la situación en el ranquin sea idéntica “antes y después” de aportar la cuota de solidaridad.

En principio la música de este acuerdo suena bien, ahora se tendrá que leer la letra pequeña y las concreciones de aquellos temas que han quedado abiertos para poderse pronunciar con conocimiento de causa. Quizás, por eso, ERC que en un principio optó por un perfil bajo, a la espera de conocer con más al detalle el documento. Pero los de Junqueras a la rueda de Junts y apretados por las corrientes internas, ya han amenazado con no aprobar los próximos presupuestos ni de Catalunya ni de España, si la nueva financiación catalana no es auténticamente singular. Por su parte, a los de Puigdemont les faltó tiempo para decir que ellos rechazaban todo lo que no fuera algo muy similar al Concierto Vasco.   

El independentismo más hiperventilado se opone a este nuevo modelo de financiación, en buena medida, por su visión supremacista hacia el resto de CCAA. No soportan que otros territorios se sitúen al mismo nivel que Cataluña. Pero es que, en realidad, este nuevo sistema se puede interpretar como una versión 5.G del “café para todos” de la Transición, eso sí, al gusto de cada cual.

Mientras tanto, para el Partido Popular, la financiación singular va a suponer una “asfixia” para el bolsillo de todos los españoles. Aunque admiten que “Catalunya necesita tener mejor financiación”, pero mantienen que “no se puede hacer en una sala, de espaldas a todos los españoles, mediante parches o atajos” (?). De nuevo, es lamentable la actitud de los populares. No se dan cuenta que esta propuesta puede ser una buena oportunidad para corregir unos cuantos errores que presenta un modelo de financiación que ha sido útil durante mucho tiempo pero que está necesitado de una profunda reforma.

Aprobar este nuevo sistema no va ser ni fácil ni rápido. Para empezar, el próximo otoño tendrá que ser el Consejo de Política Fiscal y Financiera quién dé el primer visto bueno. A continuación se deberá iniciar la reforma legislativa necesaria para que el modelo salga adelante. Habrá que reformar la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), la norma que regula el sistema de financiación de régimen común (Ley 22/2009) y la ley 16/2010, del régimen de cesión de tributos del Estado a Cataluña.  Y no perdamos de vista cual es la aritmética parlamentaria.

Pero no nos precipitemos. Tiempo habrá para debates intensos y reflexiones profundas. De momento, aprovechemos estos días de verano y seamos razonablemente felices que bien merecidos lo tenemos.

 

  

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 21/07/2025

 

ESPERPÉNTICO AUTO JUDICIAL

Vivimos en una sociedad sobre informada. Quizás, por eso, la decisión del magistrado Ángel Hurtado, instructor de la causa abierta contra el fiscal general del Estado por un delito de revelación de secretos vinculado a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, de dejar en suspenso el procedimiento hasta que la Sala de Apelaciones resuelva todos los recursos presentados por las defensas y las acusaciones contra las decisiones del juez, por considerar que no existen indicios para sustentar ese paso, que a mí me parece de la máxima importancia, haya pasado desapercibida.

Vaya por delante que estoy convencido de que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, es inocente del delito de revelación de secretos que le imputa el magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado. Me atrevo a hacer esta contundente afirmación, después de haber seguido el presunto affaire desde que saltó a los medios de comunicación y tras haber leído buena parte de lo publicado y escuchado infinidad de opiniones sobre el tema en todos los sentidos.

Al hilo de este affaire, me he acorado de Demetrio Madrid, primer presidente del Gobierno de Castilla y León.  Madrid, en  octubre de 1986, daba a conocer su decisión de dimitir de sus cargos al conocer su procesamiento por un presunto delito social a consecuencia de la querella presentada por varias trabajadoras de la empresa textil que había vendido al llegar al cargo, delito del que fue absuelto cuatro años más tarde, pero que abrió la puerta al entonces diputado por Ávila y presidente de Alianza Popular en la comunidad, José María Aznar, hecho que cambió hasta el día de hoy el rumbo político del territorio y el de todos nosotros. La cuestión es que la injusticia ya se había cometido y Demetrio Madrid nunca volvió a la política activa, y casos como ese ha habido unos cuantos en nuestra reciente historia democrática.

Pero vayamos a los hechos: Todo este embrollo empezó cuando la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, admitió haber cometido fraude ante Hacienda y supo que terminaría encausado, su abogado envió un correo al fiscal del caso en el que reconocía dos delitos contra la Hacienda Pública y proponía pagar una multa a cambio de rebajar la pena prevista de al menos dos años de cárcel a solamente ocho meses. La Fiscalía le contestó, también por correo, que podían emprender las conversaciones para llegar a un acuerdo, sin más detalles.

Entonces, Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta madrileña, filtró a varios medios ese segundo correo, pero omitió el primero, lo cual podía hacer pensar que la propuesta de acuerdo partía de la Fiscalía y no del acusado. Tras esa manipulación, varios medios de comunicación restituyeron la verdad y contaron que la oferta de conformidad —un trámite perfectamente legal en delitos fiscales— había partido del defraudador confeso. Al día siguiente, el fiscal general del Estado ordenó difundir una nota que ratificaba la versión veraz de los hechos y detallaba la cronología de lo sucedido. Alberto González Amador y el Colegio de Abogados de Madrid se querellaron contra la Fiscalía por, supuestamente, revelar esas comunicaciones. Ahora, ocho meses después, el instructor del Supremo ha decidido someterlo a juicio.

El magistrado interrogó a varios periodistas de muy distintos medios y la mayoría declaró que conoció los supuestos secretos mucho antes de que los citados correos llegaran al fiscal general. Estos testimonios exculpaban a García Ortiz y sembraban todavía más dudas sobre el caso. Sin embargo, el juez Hurtado desdeñó estas declaraciones —independientes entre sí— y las calificó de “no creíbles” pese a ser coincidentes, pero no denunció por falso testimonio a sus autores, como sería preceptivo. En su auto, además, introduce una conclusión —sin explicar en qué datos se basa— no incorporada antes: según el juez, García Ortiz actuó “a raíz de indicaciones recibidas de presidencia del Gobierno”.

Todo indica que la instrucción que se ha seguido está fuera de toda normalidad. Y da la sensación de que el resultado de esta estaba decidido de antemano por el instructor, a la vista de cómo ha ido tratando los elementos fácticos que han ido apareciendo en la investigación.

Quizás este esperpéntico auto, en realidad, solo sea la punta de un iceberg y los auténticos motivos del dislate haya que buscarlos en el enfrentamiento soterrado que desde que se otorgaron los indultos a los líderes del procés y, sobre todo, por la aprobación de la ley de Amnistía y los cambios del delito de sedición y malversación, mantienen el Gobierno y el Tribunal Supremo. Para algunos, el magistrado Manuel Marchena que dirige la sala de lo Penal es el auténtico jefe de la oposición a la sombra

Llegar a la conclusión de que fueron el fiscal general del Estado y la fiscal provincial de Madrid quienes filtraron el correo del abogado de González Amador a la prensa no se sostiene. Por eso, la cuestión es que si, finalmente, García Ortiz es procesado, será la primera vez que un fiscal general del Estado se sienta en el banquillo. El Estatuto Fiscal prevé la suspensión de empleo y sueldo para los fiscales cuando se encuentren en una situación como la que nos ocupa. Sin embargo, según ese mismo Estatuto el fiscal general García Ortiz está fuera de la carrera y no se le aplica ese Reglamento. Para numerosos juristas la instrucción del magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado deja mucho que desear por anómala. De todas formas, no son pocos los juristas que sostienen que la imagen de un fiscal general sentado en el banquillo supondría un grave deterioro para la institución. El affaire ha abierto múltiples interrogantes y debates: ¿Tiene base la causa judicial? ¿Debería dimitir el fiscal general?

La mujer del César no solo debe ser honrada, sino que debe aparentarlo, dice el conocido adagio. Por consiguiente, es comprensible que sean muchas las personas que piensen que García Ortiz debe dimitir. Sin embargo, estamos ante una situación esperpéntica porque se han hecho las cosas por intereses espurios y no conforme a Derecho. Por lo tanto, por una vez, y, sin que sirva de precedente, el fiscal general del Estado debe permanecer en su puesto porque más pronto que tarde acabará sabiéndose la verdad.

 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en el web de CÒRTUM 21/07/2025

 

SÍ..., PERO

El papel lo aguanta todo. Otra cosa es llevar a la práctica aquello se pone por escrito. Por eso, si el plan estatal de lucha contra la corrupción que presentó el presidente Pedro Sánchez en el Congreso de los diputados, el pasado miércoles, se pone en marcha y se aplica de manera adecuada, puede suponer un giro de 180 grados en nuestro país y colocar a nuestra democracia entre una de las más estrictas y contundentes a la hora de luchar contra esa lacra que son los amaños de contratos y las mordidas a cambio de adjudicación de obra pública. Sin duda, una de nuestras asignaturas pendientes, más importantes, desde la recuperación de las libertades.

Los grandes partidos, sin excepción, tienen en su recorrido episodios de corrupción: le sucedió al PSOE en la época de Felipe González y le ocurrió a CiU, hasta el punto de que desapareció asfixiada por su famoso 3%. Pero quién se ha llevado el premio a la deshonestidad ha sido el PP. Los populares tienen en su palmarés casos de corrupción para aburrir. Resulta imposible establecer el número de cargos públicos con carné del Partido Popular que han dado con sus huesos en la cárcel por trapicheos y corruptelas de más o menos envergadura. Pero no solo es corrupción meter la mano la caja, también lo es, además de fraude, las falsedades de José María Aznar siendo presidente del Gobierno, cuando no dudó en mentir a la ciudadanía con la falacia de las armas de destrucción masiva en la guerra de Irak, y atribuyendo los atentados de Atocha a ETA, a pesar de que los servicios de inteligencia alemanes ya advertían que la banda terrorista no los había cometido. Fue igualmente corrupto un tal M. Rajoy que cobraba en negro del partido para complementar su sueldo como líder de la oposición. Escribo esto porque, por higiene democrática, conviene no olvidarlo.

Pero vayamos al núcleo duro del asunto: La credibilidad del sector de la obra pública está bajo mínimos y los affaires del trío toxico (Cerdán, Ábalos, Koldo), han puesto sobre la mesa un tenso debate político sobre el endurecimiento de las penas a constructoras que sobornen y apañen licitaciones, y a altos cargos y funcionarios que se dejen corromper.

La normativa existente en nuestro país para estos asuntos es muy similar a la de otros lugares de la UE. La reforma de 2017 de la Ley de Contratos del Sector Público tiene como referencia la transposición de tres directivas europeas de contratación de 2014, lo que de facto armoniza la norma en toda Europa. Otra cosa es como se aplica esa normativa. De hecho, desde Bruselas se advierte sobre la necesidad de más control frente a la corrupción y los avisos se reparten, prácticamente, entre todos los miembros de la UE.

La cuestión es que los affaires del trío toxico, ya mencionado más arriba, han generado un fuerte malestar social y han crispado aún más nuestra ya muy polarizada situación política, poniendo en riesgo la continuidad de la legislatura y, por consiguiente, la supervivencia del Gobierno.

Con ese panorama de fondo, Pedro Sánchez acudió al Congreso para sustanciar el pleno más difícil desde que es presidente. Lo hizo, con la determinación de recuperar la confianza de sus aliados o, cuando menos, no perderla definitivamente. Para ello, compareció en la Cámara baja anunciando un plan de lucha contra la corrupción con 15 medidas, vertebradas en 5 ejes. Ese plan se ha diseñado juntamente con el departamento de anticorrupción, integridad y gobierno de la OCDE, los grupos parlamentarios y expertos de la sociedad civil, además de propuestas del GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa) y recomendaciones de la Comisión Europea. El plan, según el presidente tiene como objeto “luchar de forma independiente contra la corrupción”.

Entre esas medidas destacan la puesta en marcha de una agencia de integridad pública independiente que asumirá las funciones clave en la prevención, supervisión y persecución de prácticas corruptas, Extensión de la metodología aplicada a la adjudicación de los Fondos Next Generation a toda la Administración. Introducción de herramientas de inteligencia artificial en la plataforma de contratación del sector público para automatizar y optimizar la identificación de patrones anómalos o indicios de fraude, reforzar el control sobre partidos políticos y fundaciones, excluir de la contratación pública a las empresas condenadas por corrupción, así como la protección a los denunciantes de posibles amaños y corruptelas.

Como no podía ser de otra manera el debate parlamentario fue tenso. El PP no hizo ni una sola propuesta y, una vez más, Núñez Feijóo perdió los papeles. De nuevo, el líder de los populares desaprovechó la oportunidad de mostrarse como un político preparado para gobernar y se dedicó a hacer de mamporrero y ofender a aquellos que algún día pueden ser sus socios y facilitarle el camino a la Moncloa. Feijóo se mostró incapaz de empatizar con ningún grupo político. En sus réplicas parecía que estaba porfiando en una taberna y llegó a entrar en algunas cuestiones personales y familiares de Sánchez como, por ejemplo, los negocios del padre de Begoña Gómez, ya fallecido. Parece que el líder de los populares no se da cuenta de que le está haciendo el trabajo sucio a Vox. No por casualidad, entre los dirigentes del PP empieza a extenderse el temor a que se repita otro 23 J. La estrategia de Feijóo se basa en descreditar al adversario y difundir bulos y mentiras. No es consciente que de ese modo reivindica el discurso de la ultraderecha. Por todo eso, el PNV, que en otros tiempos fue su aliado, le dijo con claridad que no cuenten con ellos.

Esa es la gran suerte de Sánchez: su oponente no da la talla y, en ocasiones, actúa más como un fiel aliado que como adversario.   La suma PP Vox, que es lo que podía desalojar al presidente de la Moncloa, da miedo por lo mucho que tiene de reaccionaria. Quien no lo crea que eche un vistazo a los pactos de esas dos formaciones en Valencia o Murcia. 

En definitiva, nadie tiene el más mínimo interés por ver a Feijóo presidiendo el Consejo de Ministros. Por eso, el plan de lucha contra la corrupción ha actuado como un dique de contención, pero eso no es un cheque en blanco. Los socios parlamentarios lo han dejado claro, en especial ERC y Partido Nacionalista Vasco, aunque no pidieron elecciones, es evidente que, si la crisis del PSOE escala y resulta que la podredumbre ha extendido sus raíces hasta la calle Ferraz, la legislatura se habrá terminado. O sea, los aliados han dicho: Sí…, pero. 

 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 14/07/2025

 

MORIR DE HAMBRE EN TIEMPOS DE ABUNDANCIA

Calculo que escribir este artículo me va a llevar, aproximadamente, un par de horas. Y según un estudio realizado por varias organizaciones humanitarias cada 4,25 segundos muere una persona por falta de alimentos. Por consiguiente, sin no voy errado con los números, mientras yo estoy cómodamente sentado frente al teclado unos 1.700 seres humanos morirán de hambre.

Ese estudio señala que alrededor de 839 millones de personas en el mundo no pueden alimentarse de manera adecuada. La Agencia de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) espera que esta situación vaya a más cuando se agreguen al cálculo los efectos nocivos de las sequías y las inundaciones, las restricciones a las exportaciones, los altos niveles de deuda de los países más pobres, el aumento en las tasas de interés, los costes energéticos y el mazazo de los conflictos bélicos que estamos padeciendo a nivel mundial. “La situación no está mejorando, por el contrario, va a peor”, afirma Máximo Torero, economista jefe de la FAO. “Cada vez estamos más lejos de un mundo sin hambre”, recalca el experto.

La situación ya era patética antes de que llegara la pandemia del coronavirus. En 2019, había más de 618 millones de personas pasando hambre en el planeta. Pero con la llegada de la Covid la cifra se disparó hasta colocarse cercana a los 828 millones, según la FAO. El panorama empeora si se considera a todos aquellos que viven con la incertidumbre de conseguir alimentos o que no pueden permitirse una dieta saludable, es decir, que viven con inseguridad alimentaria. En esta condición vivían más de 2.300 millones de personas en 2021: una de cada cuatro en el mundo. De todas estas, unos 205 millones de seres humanos (en 45 países) se enfrentan a una situación de alta gravedad, con poco acceso a alimentos y medios, por lo que su vida corre peligro, según el Banco Mundial.

La previsión es que todas estas cifras vayan al alza. Jason Channell, responsable de finanzas sostenibles de Citi Global Insights, describe la situación como la de la " tormenta perfecta en la lucha contra el hambre”. Pues mientras el mundo aún se está recuperando de la Covid-19, los problemas medioambientales, sociales, políticos y económicos se abren paso en el mapa, dejando su impronta en el precio de los alimentos (que acumulaban una serie de máximos históricos o niveles que no se veían desde hace, al menos, una década) y una estela de gente con cada vez más dificultades para acceder a la comida.

La invasión rusa en Ucrania fue la guinda del pastel. “El mayor impacto en los precios actuales se debe a las guerras”, afirma Hiral Patel, directora global de Investigación Sostenible en Barclays. El órdago de Moscú a Kiev echó más leña al fuego. “Complicó los esfuerzos de reequilibrio del mercado agrícola que probablemente se habrían materializado en algún momento de 2022″, dicen los expertos de Citi Global Insights en un informe publicado recientemente. Inmediatamente después de que se iniciara la invasión rusa, el índice de precios de los alimentos de la FAO —que incluye la media ponderada de los importes de exportación de carne, productos lácteos, cereales, aceites, grasas y azúcar— alcanzó su máximo histórico. Los aumentos más significativos se dieron en aceite de girasol, trigo y maíz.

“Los temores de un periodo de altos precios mundiales sostenido de los alimentos han disminuido un poco”, comenta Rob Vos, director de la División de Mercados y Comercio del Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI). Todos los componentes bajaron al cierre de 2024. En particular, el aceite vegetal, que mostró el descenso más fuerte en la segunda mitad del año: un 33% entre junio y diciembre, pero aún está un tercio por encima de los niveles anteriores a la pandemia. “Los precios están en los niveles de preguerra”, dice Torero. “Pero aún no llegan a los niveles de precovid”. El acuerdo alcanzado en julio de 2022 entre los países en conflicto, Turquía y la ONU, para reanudar las exportaciones de alimentos desde los puertos ucranios del mar Negro contribuyó a contener la escalada. Los cereales ucranianos proporcionan las calorías necesarias para más de 400 millones de personas en todo el mundo, pero la incertidumbre que genera el conflicto bélico hace que no se pueda garantizar la distribución. Aquí hay que añadir los nuevos desajustes e incrementos de precios que supone el genocidio en Gaza, de lo que todavía hay pocas estadísticas.

En el mundo hay comida para todos. Mientras la producción de alimentos se ha multiplicado al menos 3,6 veces desde hace 70 años, la población lo ha hecho solo 2,5 veces. “La causa del hambre y la desnutrición es la pobreza”, afirma la OCDE. Para lograr un mayor acceso, dice la FAO, hay que incentivar la movilidad de los alimentos, usar nuevas tecnologías para producir, tener un consumo más eficiente de los mismos (hasta un 50% de los fertilizantes se derrochan) y desperdiciar menos. Unos 1.300 millones de toneladas (útiles para alimentar a 3.000 millones de personas) van a la basura al año. “En las sociedades más desarrolladas los consumidores esperan productos inmaculados, siempre de temporada y perfectos”, sostiene Raj Patel, estudioso de la crisis alimentaria. En España, cada ciudadano tiramos 28,21 kilos. “Esto se podría reducir cambiando el comportamiento de la gente”, comenta Máximo Torero.

Nos jactamos de haber puesto el pie em la luna, la Inteligencia Artificial forma parte de nuestras vidas cotidianas, nos gastamos miles y miles de millones de euros y dólares en comprar armas para matar a nuestros semejantes, pero somos incapaces de dar a otros lo que nos sobra, darles un pez o enseñar a pescarlo para que se alimenten. No sé si es por la condición humana o por los intereses creados.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en la web de CÒRTUM 08/07/2025

 

CARA Y CRUZ DE LA POLÍTICA

Cuando Alberto Núñez Feijóo convocó el 21 congreso del Partido Popular, para el primer fin de semana de julio, no podía imaginar que el cónclave de los populares coincidiría con el tsunami que, por varios casos de presunta corrupción, sacude estos días los cimientos del socialismo español.

Mientras que los de Feijóo han desarrollado su simposio de forma placentera y con la euforia apenas contenida, porque piensan que su líder muy pronto va a ser el nuevo inquilino del palacio de la Moncloa, los socialistas celebraron su Comité federal con la tensión, el malestar y la incerteza como telón de fondo. Una reunión sobre la que planeó la figura de Santos Cerdán, exsecretario de Organización y en estos momentos en prisión preventiva por orden del magistrado Leopoldo Puente. Puente decidió el ingreso en prisión incondicional y sin fianza de Cerdán por los “notabilísimos indicios” que persisten sobre la posible comisión de los delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho y tráfico de influencias.

En su auto, el instructor desgrana cómo el ex secretario de organización del PSOE habría orquestado una trama corrupta con la complicidad del exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García. El magistrado calcula que esos tres personajes se repartieron unos cinco millones de euros, pero cree plausible que del botín se hayan beneficiado otras personas “físicas y jurídicas” que no identifica.  Y ahí es donde al PSOE no le llega la camisa al cuerpo porque la pregunta es obvia: ¿Quiénes son esas personas jurídicas?

Por si la cosa no estaba bastante complicada en el partido socialista, poco antes de comenzar el Comité Federal, del pasado sábado, llegaba la noticia que Francisco Salazar hombre de la Moncloa, y de total confianza del presidente, que iba a ocupar un cargo de relevancia dentro del nuevo organigrama, presentaba su renuncia por estar acusado de abuso de poder y acoso sexual. La primicia cayó como una bomba en Ferraz.

Para salir del shock que los socialistas están padeciendo con los últimos sucesos, Pedro Sánchez ha hecho un ajuste en la comisión ejecutiva del partido haciendo salir a personas próximas a Cerdán y ha dado entrada a otras alejadas del grupo tóxico de los Ábalos y compañía, como Rebeca Torró para la secretaria de Organización o Montse Mínguez como portavoz del partido. Además, propuso un paquete de medidas para consumo interno como, por ejemplo, un sistema de contrapesos entre los miembros de la dirección, endurecer el código ético para aquellos que utilicen la prostitución, garantizar el anonimato a los denunciantes de posibles irregularidades, dotar de autonomía al órgano encargado del cumplimiento normativo de la organización y elaborar un protocolo antifraude y anticorrupción.

Todas esas medidas son endogámicas y tal vez sean necesarias, pero, desde luego, no son suficientes. No parece que vayan a convencer ni a la ciudadanía ni, mucho menos, a otros partidos políticos. En esta ocasión, la hora de la verdad para Sánchez será el próximo día 9 de julio cuando comparezca en el Congreso de los diputados y explique cuál es su receta para poner coto a desmanes, chanchullos y corruptelas; si entonces consigue recomponer complicidades con los socios parlamentarios, la legislatura seguirá adelante; de lo contrario, la aritmética parlamentaria es la que es y habrá que poner fecha a las próximas elecciones generales.

Por su parte, el PP llevaba ocho años sin actualizar su ideario político. No obstante, este congreso, a tenor de lo que hemos visto, tampoco ha servido para poner al día el proyecto político de la derecha de nuestro país. La consigna era clara: evitar los temas espinosos y pasar de puntillas sobre cuestiones tan delicadas como la relación con Vox. Hasta Isabel Díaz Ayuso renunció a dar la batalla por algo tan básico en democracia como una persona un voto. A saber, que habrá logrado la presidenta madrileña a cambio de su aparente docilidad porque seguro que Feijóo habrá pagado un buen peaje para tener un conclave placentero.

El congreso de un partido político es, por definición, un acto de autoafirmación y el momento oportuno para plantear un proyecto y desarrollar un programa. Sin embargo, en esta ocasión el cónclave de los populares ha terminado y seguimos sin saber que harán los populares cuando gobiernen (si es que gobiernan) en cuestiones claves como el aborto, la eutanasia, si mantendrán la subida de las pensiones conforme al IPC o volveremos al 0,25% de Rajoy y seguimos sin saber la propuesta que tienen para Catalunya.

Feijóo sabe que tiene fecha de caducidad: su crédito acaba con las próximas elecciones generales, sean cuando sean. Por eso, ha querido afianzar su liderazgo al frente del partido colocando a gente de su total confianza en lugares claves, y así dar el asalto final al “sanchismo”. La dimisión de Cuca Gamarra como secretaria general del partido le ha permitido hacer un remodelación de la cúpula de la organización a su medida; y entre otros ha colocado al hasta ahora portavoz parlamentario, el mamporrero Miquel Tellado, al frente del partido y a Ester Muñoz, diputada de palabra fácil y lengua afilada en la portavocía del grupo parlamentario. Ambos, instalados en la bronca permanente, comparten un discurso áspero y bronco, sin concesiones al adversario.

Días antes del congreso Feijóo mandó a Tellado sondear la disponibilidad de los socios parlamentarios de Sánchez a cambiarse de bando. Pero ya se sabe que quien siembra vientos recoge tempestades, y eso es lo que le ocurrió al PP. Los de Junts sugirieron a Feijóo que fuese a Waterloo a negociar con Puigdemont y los del PNV dieron a Tellado con la puerta en las narices. No se puede estar todo el tiempo insultando y despreciando a alguien y luego buscarlo para que apoye una moción de censura.

En estos momentos PP y PSOE son la cara y la cruz de una misma cosa: la política en nuestro país. Mientras los primeros están pletóricos, henchidos y casi extasiados porque parece que el viento les sopla de popa y tiene el poder a tocar. En el PSOE están inmersos en una de las etapas más oscuras de su historia reciente. Si el caso Cerdán se queda en los tres individuos de los audios, los socialistas podrán superar el bache y reflotar su proyecto, pero si resulta que los tentáculos de la corrupción son más alargados de lo previsto y han penetrado en las arcas del partido o han dejado su huella en el patrimonio de algún socialista ilustre el descalabro será de los que marquen una época.

Se avecinan días tensos y cargados de novedades, algunas más o menos previstas, otras, quizás, imprevisibles. Estaremos atentos y que todos recuerden que no es aconsejable vender la piel del oso antes de cazarlo.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 06/07/2025

 

CARTA ABIERTA A FELIPE GONZÁLEZ

Apreciado compañero Felipe:

Jamás llegué a pensar que escribiría una carta como esta. Me impulsan a hacerlo tus frecuentes declaraciones y/o cometarios sobre las iniciativas políticas del Gobierno que preside Pedro Sánchez, siempre agrios y críticos y eso, me genera perplejidad, decepción y enojo.

Vaya por delante que desde muy pronto fui seguidor tuyo, aunque no siempre estuve de acuerdo con tus decisiones. En mi opinión, has sido uno de los grandes estadistas que dio España en el siglo XX y uno de los mejores presidentes de gobierno de nuestro país en el siglo pasado.

Los partidos políticos necesitan para crecer y sobrevivir el paraguas de un líder y, en la sociedad que nos ha tocado vivir, para ser líder hay que tener unas capacidades comunicativas excepcionales. Esa cualidades fortalecen al dirigente en el seno de la organización y lo proyectan como reclamo electoral. Los medios de comunicación necesitan interlocutores que comuniquen con nitidez y cierta pasión. Si echamos un vistazo a nuestro entorno y al pasado más o menos reciente, veremos que los dirigentes políticos que han prevalecido en el tiempo han sido aquellos que han tenido unas capacidades comunicativas fuera de lo común, y tú Felipe las has tenido y, según parece, las conservas bastante intactas. Quizás porque siempre tuviste una inmensa capacidad de persuasión.

Fuiste y eres un maestro de la palabra hablada. Tus discursos en el Congreso de los diputados eran pequeñas joyas. Tu voz cautivaba y convencía, tanto lo que decías como la forma en que lo decías, la entonación, los gestos, es decir el lenguaje corporal, eran un representación casi perfecta y eso hacía que transmitieras convicción. Como decía un antiguo compañero: “cuando habla Felipe hasta mi madre lo entiende, cuando habla…, a veces no lo entiendo ni yo”.

Siempre he pensado que si conectabas con los ciudadanos era porque además de tu facilidad de palabra, la gente veía que tras tu discurso había una idea clara para modernizar y europeizar España. Tú exponías tus ideas, las justificabas, las defendías y las llevabas a la práctica, sabiendo que gobernar con ideas tiene costes.

En el paso de la dictadura a la democracia, el PSOE aglutinó en sus filas una serie de jóvenes de una capacidad excepcional que elaboraron un proyecto político que acabaría siendo el eje vertebrador de la Constitución, el núcleo del programa electoral del 82 y el embrión para la modernización de España. Entonces, apareció un gran comunicador ─que eras tú─ y supiste aglutinar las distintas sensibilidades que existían dentro de la organización, construir un discurso y desarrollar un estilo con el que todo el partido se identificó. Eso lo captaron enseguida los medios de comunicación que encontraron en ti el relator ideal y te convirtieron en el protagonista de la vida política, muy por encima del propio partido y, desde luego, de los adversarios políticos.

Justo es decir que tuviste suerte (en la vida, como en la política, nunca viene mal), la implosión de la UCD te facilitó mucho las cosas. Además, nunca fuiste ni fundamentalista ni oportunista y eso jugó a tu favor. En aquellos tiempos, vivíamos en un desbarajuste permanente y la ciudadanía quería ser gobernada y saber que había un gobierno que se ocupaba del país y ponía rumbo al futuro y tú fuiste quién capitaneo esa nave.

No obstante, en tu gestión también hubo cuestiones oscuras o poco virtuosas que estallaron con especial virulencia en las dos últimas legislaturas, aunque es muy probable que llevaran mucho tiempo incubándose. No las voy a mencionar, seguro que las tienes muy presentes, como también recordarás que cuando pintaban bastos decías que tú te acababas de enterar por la prensa.

Pero volvamos al presente: has criticado con suma dureza la ley de amnistía. A mí tampoco me gustó. No obstante, hay que reconocer que algún efecto positivo ha tenido, sobre todo, en los sectores más templados del independentismo, la situación en Catalunya se ha girado como un calcetín, se vuelve a respirar un aire de normalidad y tenemos un presidente socialista en la Generalitat. No está mal.

En cambio, no has dicho absolutamente nada sobre cuestiones como la situación económica de nuestro país que va mucho mejor que cualquiera otra de la UE, ni del descenso del número de parados, auténtico talón de Aquiles de todos los gobiernos. Nunca te has referido a la reforma del mercado laboral que está haciendo disminuir los contratos en precario de manera considerable. Tampoco te he escuchado comentar nada sobre las políticas sociales y de distribución de la riqueza que han llevado a cabo Sánchez y su equipo. ¿Te imaginas la pandemia con M. Rajoy en la Moncloa? Mejor que no. Francamente, hubiese sido muy reconfortante que tus críticas hubieran ido acompañadas con algún reconocimiento a la gestión porque, en siete años que lleva Sánchez gobernando, alguna cosa habrá hecho bien como, por ejemplo, regular por ley la subida de las pensiones conforme al IPC. ¿No te parece?

Nunca tuviste una sintonía franca con Pep Borrell y mucho menos, cuando tuvo la “osadía” de desafiar al aparato del partido, forzar unas primarias y, además, ganarlas. Tampoco tu relación fue fluida ni cordial con José Luís Rodríguez Zapatero. Pero es que, a Pedro Sánchez, no sé si le tienes animadversión personal, en eso no voy a entrar, pero política es una evidencia poco cuestionable.

Estos últimos días, te he oído decir que si Sánchez se vuelve a presentar tú no lo vas a votar. Está claro que como ciudadano de un Estado social y de derecho puedes votar a quien quieras o no votar. Faltaría más. Sin embargo, tú, además de ser un ciudadano más, eres un referente político para miles y miles de ciudadanos, tienes una biografía y eso marca.

En fin, pienso que, por un acto de lealtad política, debía escribir esta carta. Te deseo lo mejor, y espero que renuncies a ser un jarrón chino. No es fácil, pero hemos de saber dejar paso a los que nos vienen detrás.

Con mucho afecto, te hago llegar un saludo cordial.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 30/06/2025