LA MALA SALUD DE HIERRO DE LAS PENSIONES PÚBLICAS

Los profetas de la catástrofe vuelven a la carga. Se pasaron años advirtiéndonos de que las pensiones públicas estaban al borde del colapso. Sin embargo, en diciembre de 2021, el Gobierno presidido por Pedro Sánchez aprobó, con el voto en contra de PP, Vox y Ciudadanos una ley que fija un marco estable para la revalorización de las pensiones. De acuerdo con esa norma, el 1 de enero de cada año se incrementarán las pensiones de acuerdo con la inflación media anual registrada en el ejercicio anterior. De esa manera, se garantiza que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo.

En un principio, los tiburones del capitalismo pusieron el grito en el cielo, pero muy pronto entendieron que la pataleta era inútil y guardaron silencio. No obstante, no han tardado en volver a las andadas y ya resulta bastante habitual encontrar artículos de prensa y/o comentarios en tertulias y debates que alertan del riesgo que supone ese sistema de retribución, argumentando que no es sostenible. La realidad, sin embargo, es muy otra y la cuestión es que la tajada que obtendrían las entidades financieras gestionando pensiones privadas es demasiado grande como para renunciar a ella sin presentar batalla, aunque sea con explicaciones falaces.

Una de las tesis más utilizadas para demostrar la inviabilidad del sistema es la visión estrictamente cuantitativa del número de trabajadores para considerar la productividad. Pero es que el problema no estriba en cuántos son los que producen sino en cuánto es lo que se produce. Cien trabajadores pueden producir lo mismo que mil si su productividad es diez veces superior, de tal modo que los que cuestionan la viabilidad de las pensiones públicas cometen un gran error al basar sus argumentos únicamente en la relación del número de trabajadores por pensionistas pues, aun cuando esta proporción se reduzca en el futuro, lo producido por cada trabajador será mucho mayor. Quizá lo ocurrido con la agricultura pueda servir de ejemplo. Hace setenta años el 30% de la población activa española trabajaba en agricultura; hoy únicamente lo hace el 4%, pero ese 4% produce más que el 30% anterior. Por consiguiente, un número menor de trabajadores puede mantener a un número mayor de pensionistas.

Otros de los argumentos recurrentes para desprestigiar el sistema público de pensiones es un informe de la Unión Europea sobre envejecimiento, según el cual España llegará a un máximo de gasto en pensiones de algo más del 14% en 2050. Y los catastrofistas sostienen que será un porcentaje inasumible para las arcas públicas de nuestro país. En cambio, olvidan que otros países ya han alcanzado esos porcentajes de su producto interior bruto. Por consiguiente, asumir que Francia o Italia pueden dedicar hoy en día el 15 o 16% de su PIB a pensiones y que España no podrá dedicar un porcentaje similar en 2050, es tanto como aceptar que el paro alcanzará niveles impensables o que los salarios españoles van a ser mucho peores que tercermundistas en los próximos años. Como también es una falacia decir que el aumento de la esperanza de vida puede provocar una hipotética imposibilidad del Estado para hacer frente al pago de las pensiones.

De todos modos, la clave de este interminable debate está en presentar la Seguridad Social como algo distinto y separado de los servicios del Estado. Ese es un planteamiento neoliberal que no cabe en los principios constitutivos del Estado social. La protección social no es algo accidental al Estado sino una responsabilidad del mismo, algo que está en su esencia.

De hecho, hasta 1988 en los presupuestos del Estado aparecían transferencias de recursos del Estado a la Seguridad Social. Fue con la Ley de Presupuestos de 1989 cuando se desarrolló un cambio de modelo de financiación mediante el compromiso de financiar progresivamente con aportaciones públicas los complementos de mínimos de las pensiones y la sanidad. Fue en 1994 cuando se introdujo un antecedente muy negativo al cubrir los desequilibrios entre cotizaciones y prestaciones con crédito del Estado en vez de hacerlo mediante transferencias.

En un Estado definido como social por la Constitución, es un contrasentido que las pensiones se deban financiar exclusivamente mediante cotizaciones sociales. Son todos los recursos del Estado los que tienen que hacer frente a la totalidad de los gastos de ese Estado, también a las pensiones. La separación entre Seguridad Social y Estado es meramente administrativa y contable pero no económica y, mucho menos, política. Es más, el hecho de que la sanidad y otros tipos de prestaciones que antes se imputaban a la Seguridad Social hoy se encuentren en los presupuestos del Estado o de las Comunidades Autónomas prueba que se trata de una separación “técnica”.

La Seguridad Social es parte integrante del Estado, su quiebra solo se concibe unida a la quiebra del Estado y el Estado no puede quebrar. Como mucho puede acercarse a la suspensión de pagos, pero tan solo si antes se hubiese hundido toda la economía nacional, en cuyo caso no serían únicamente los pensionistas los que tendrían dificultades, sino todos los ciudadanos: poseedores de deuda pública, funcionarios, empresarios, asalariados, inversores y, por supuesto, los tenedores de fondos privados de pensiones. Los apologistas de estos últimos, que son los que más hablan de la quiebra de la Seguridad Social, olvidan que son los fondos privados los que tienen mayor riesgo de volatilizarse, como quedó demostrado en la crisis financiera de 2008. Ante una hecatombe de la economía nacional, pocas cosas podrían salvarse.

Afirmar que son los trabajadores y los salarios los únicos que han de mantener las pensiones es un planteamiento incorrecto. No hay ninguna razón para eximir del gravamen a las rentas de capital y a las empresariales. El artículo 50 de la Constitución Española afirma: “Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”. Las pensiones, en tanto que derechos subjetivos de los ciudadanos establecidos en la Constitución, tienen la consideración de “gastos obligatorios” que por su naturaleza no están ligados a la suficiencia de recursos presupuestarios, ni a la evolución de una determinada fuente de ingresos. Por lo tanto, el Estado ha de concurrir con los recursos necesarios para asegurar el pago de las pensiones, sea con las cotizaciones o con cualquier otro impuesto. Y si las cotizaciones no son suficientes para financiar las prestaciones en una determinada coyuntura, el desfase ha de ser cubierto por las aportaciones del Estado.

En definitiva, podemos estar tranquilos porque las pensiones de nuestros mayores no corren riesgo. Otra cosa es que de forma recurrente las entidades financieras y sus empresas afines nos advierten, de forma reiterada, de la inviabilidad del sistema público de pensiones. Pero la verdad es que no hay razón para la alarma porque el sistema goza de una envidiable mala salud de hierro.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 25/05/2025

 

DE FRANCISO A LEON XIV SIN OLVIDAR A PEPE

Robert Francis Prevost empezó a ejercer su pontificado desde el mismo momento en que fue elegido Papa. No lo tiene fácil y él lo sabe. Francisco dejó el listón muy alto y ahora será muy complicado seguir por la senda de apertura y acercamiento a los más desfavorecidos que marcó Jorge Mario Bergoglio y retroceder a posiciones pretéritas no es una opción.

La iglesia católica está en franco retroceso, al menos, en Occidente. Entre los europeos solo el 20% se declara creyente y los seguidores de la Iglesia de Roma crecen a un ritmo modesto del 0,2%. En España la situación no es mejor. Los practicantes no llegan al 19% y la suma de no creyentes, ateos y agnósticos de menos de 35 años ronda el 60%. Por lo tanto, necesita revulsivos para no seguir perdiendo feligreses porque los datos, para los que creen, son francamente alarmantes.

En el mundo se practican más de 4.000 religiones y el 84% de la población dice tener alguna creencia religiosa. Unos 2.600 millones de personas se reconocen cristianos y llegarán a 3.000.millones en 2050. Con todo, es el islam el credo que más se expande. A día de hoy, son unos 2.000.millones y se calcula que a mitad de este siglo rondarán los 2.800 millones de creyentes.

El papa Francisco fue un muro de contención frente al nacional populismo, puesto que dos de sus principales posiciones políticas —el respaldo a los inmigrantes y la defensa del medio ambiente— estaban en franca contraposición con los programas ultraderechistas. Bergoglio nunca se puso de perfil en los conflictos con los intransigentes, basta recordar su rechazo sin paliativos a las salvajes políticas de Donald Trump con los inmigrantes.

Es cierto, no obstante, que Francisco tomó decisiones que para algunos pueden estar cargadas de un cierto populismo. Es el caso, por ejemplo, de negarse a residir en la parte noble del Vaticano. Para otros, fue una clara declaración de intenciones coherente con los postulados de San Francisco de Asís. Sin embargo, en opinión de sus detractores recuerda a ciertas estrategias populistas que buscan de forma muy teatral aglutinar al pueblo ante las élites. Su mandato estuvo mucho más jalonado por luces que por sombras, pero su conservadurismo para con el papel de las mujeres en la Iglesia contrasta con su apertura de miras en otros ámbitos

Por el contrario no se sabe casi nada de lo que piensa Prevost: no existe una producción literaria ni de libros, documentos o intervenciones que indiquen cuales puede ser las tendencias del nuevo pontífice. Por su parte, el Vaticano ni siquiera ha confirmado todavía que el perfil de X que se presenta como suyo, donde los medios han encontrado algunas reflexiones, sea oficial.

En su primera intervención pública ante unas 100.000 personas y que duró unos diez minutos, utilizó expresiones e ideas de anteriores pontífices junto con criterios propios. En principio, fue una catequesis para los fieles, sin un solo titular para los medios, es decir, para consumo de la propia comunidad creyente, no para el resto del mundo. Pero aprovechando el aniversario del fin de la II Guerra Mundial cambió de registro y con un discurso netamente político anunció: “Me dirijo a los grandes del mundo: ¡nunca más la guerra!”, una repetición de las palabras de Pablo VI en su discurso ante la asamblea general de la ONU en 1965.

Este último domingo León XIV ha comenzado oficialmente su mandato con la celebración de una misa ante 200.000 personas y delegaciones de 150 países. Entre ellos los Reyes de España, el vicepresidente de EEUU J.D. Vance o Vlodímir Zelenski con el que se ha entrevistado después de la ceremonia.

En la homilía León XIV ha puesto el acento en dos cuestiones: de cara al exterior ha pedido fraternidad, y reconciliación para un mundo herido por el odio, la violencia, los perjuicios y le miedo al diferente. De puertas adentro ha remarcado la necesidad de tender puentes entre facciones y amalgamar la tradición y las reformas para adaptarse al mundo actual.

Con la elección de Prevost, el Vaticano ha hecho toda una declaración de intenciones y anuncia que no se va a conformar con ser un convidado de piedra y, por consiguiente, no va a permanecer pasivo ante el nuevo orden mundial que ya se está configurando. Y es que en realidad una de las cuestiones que está en juego es quien enarbola la bandera de los valores cristianos que ahora manosean con total descaro desde la Casa Blanca EEUU a Giorgia Meloni en Italia, Viktor Orbán en Hungría o Vox en España.

Seamos o no creyentes, es una evidencia que la actitud del Papa ante los grandes problemas termina por incidir en nuestras vidas cotidianas. Por eso, tiene una importancia capital que León XIV siga la huella que Francisco dejó en decenas de millones de personas.      Porque estando muy lejos de compartir creencias, existía una gran sintonía entre Francisco y amplios sectores de la sociedad en su empeño por dar visibilidad a esa otra parte de seres humanos a los que la mayoría de prebostes y clases favorecidas se afanan en orillar no vaya a ser que salgan de sus escondrijos y jodan  la fiesta.

En eso coincidía plenamente Bergoglio con otro grande que se nos ha ido estos días: Pepe Mujica, expresidente de Uruguay, un hombre íntegro y referente para la izquierda sudamericana que hizo de la palabra la mejor arma para lograr la paz.

A los dos que la tierra les sea leve.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 19/05/2025

 

DEMENCIA POLÍTICA SELECTIVA

¿Recuerdan? Fue el 24 de febrero de 2005. En el Parlament de Cataluña se estaba sustanciado un pleno como consecuencia del derrumbamiento producido por las obras del metro en la plaza Pastrana del barrio del Carmelo de Barcelona. El ambiente era tenso porque en Convergència i Unió (CiU) no habían asimilado la pérdida del poder y acusaban a los socialistas y al Govern trtipartito de todos los males habidos y por haber. En un momento dado el president Pasqual Maragall pidió la palabra y dijo: “Vostès tenen un problema, i aquest problema es diu tres per cent“(Ustedes tienen un problema, y ese problema se llama tres por ciento). La frase cayó como una bomba. Artur Mas súper indignado, o eso parecía, amenazó con retirar el apoyo al Govern, en la reforma del Estatut que en aquellas fechas se estaba debatiendo en la Cámara catalana, cosa que habría impedido llevarlo adelante, e interpuso una querella contra el president por calumnias. Unos días más tarde Maragall retiró su acusación y Mas hizo lo mismo con la querella.

Un tiempo después a Maragall le diagnosticaron Alzheimer. El president tuvo la dignidad humana y la honradez política de anunciarlo públicamente. La maldita enfermedad fue haciendo su camino y, a día de hoy, alguien de su entorno me dice que el expresident casi no percibe las imágenes, pero cada día escucha música clásica, con frecuencia Beethoven.

Mientras, Artur Mas siguió con su carrera política; hasta la fecha no se sabe si le han diagnosticado alguna enfermedad grave o no. La cuestión es que con diagnóstico o sin él, Mas parece tener demencia política selectiva; una enfermedad que no está reconocida en los cuadros clínicos, pero que la padecen aquellos individuos que se empeñan en negar las evidencias cuando estas les señalan.

Artur Mas ha sido el presidente más veleta de la democracia recuperada. Muy pronto dilapidó la confianza que en él habían depositado. Sin despeinarse pasó de coquetear con en el PP para sacar los presupuestos adelante, a declarase independentista convencido, mientras cosechaba el dudoso honor de presidir el gobierno que más recortes sociales hizo en toda Europa, unos 3.000 millones de euros, incluidos 50 millones de ajuste a quienes cobraban la renta mínima de inserción. Con razón en algunos ámbitos le llamaban Mas “Manostijeras”.

Fue tan patán que, teniendo una cómoda mayoría que le permitía gobernar sin agobios, se creyó el elegido de alguna extraña providencia y convocó elecciones anticipadas para lograr una mayoría absoluta, pero en realidad perdió un buen puñado de diputados y quedó a merced de otras fuerzas independentistas.  

Después de diversa idas y venidas en diciembre de 2014 propuso la creación de una lista única formada por partidos políticos, sociedad civil y profesionales (expertos reconocidos) a favor de la independencia para presentarse en las elecciones autonómicas que convocaría para el 27 de septiembre de 2015. Esa lista única independentista fue bautizada con el nombre de Junts pel Sí y, curiosamente el candidato a la presidencia de la Generalitat, que era él mismo Mas no encabezaba la lista, ocupaba el número cuatro. Todo un acto de gallardía política.

Aquellas elecciones las ganó con claridad el independentismo, pero las negociaciones para formar Govern fueron tremendamente difíciles y complejas. Al final, el 9 de enero de 2016, después de un acuerdo in extremis entre Junts pel Sí y la CUP, se anunció que Mas sería sustituido como presidente de la Generalidad por Carles Puigdemont, condición impuesta por la CUP para dar soporte a la investidura. El de 12 de enero Artur Mas iba a parar  ​a la “papelera de la historia” según los cupaires.

He hecho este brevísimo recorrido histórico porque en una reciente entrevista en TV3, Artur Mas aseguró que “si Pasqual Maragall dijo aquello del 3% es porque estaba afectado por el Alzheimer”. Ya. Esa afirmación no tendría más trascendencia si la persona aludida estuviera en plenas facultades. Sin embargo, se convierte en una crueldad y una vileza cuando el señalado está imposibilitado por la enfermedad e incapacitado para defenderse.

Parece que Mas ha olvidado o, peor, no quiere recordar que tuvo que disolver el partido que presidía, Convregència Democràtica de Catalunya (CDC), con el que llegó a ser president de la Generalitat porque estaba corrompido hasta las trancas. Que fue condenado por los tribunales, que piezas separadas del famoso 3% aún se arrastran por los juzgados de Cataluña. Pero es que hubo más, mucho más. CDC fue algo así como la Cosa Nostra en versión catalana.

Muchos de los casos de corrupción en que CDC estuvo implicada fueron aireados por los medios de comunicación y conocidos por la ciudadanía y como que no quiero hacer sangre no insistiré. No obstante, si quiero recordar que Artur Mas fue presidente de CiU de 2001 a 2015 y cuando Unió desapreció siguió siéndolo de CDC hasta que se reconvirtió en el PDCat. Proceso que, por cierto, fue pilotado por el propio Mas.

No quiero frivolizar sobre algo tan sensible como es la salud mental de una persona. Pero después de analizar algunas de las decisiones de Artur Mas cuando era president y sus actuales declaraciones sobre Pasqual Maragall se me plantea un serio dilema: este hombre o tiene alguna afectación que le influye en su capacidad de raciocinio y de asumir la realidad o tiene la cara más dura que el cemento armado. Otra explicación no me cabe en la cabeza.

 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en CatalunyaPress 11/05/2025

 

EL FEDERALISMO COMO SOLUCIÓN

Se han cumplido cien días desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca. Prometió que llegaría al Despacho Oval a lomos de la revancha, dijo que tacharía todos los nombres de su lista de enemigos, parece que Europa está en ese inventario y, desde luego, lo está cumpliendo.

Unas de sus primeras boutades fueron las amenazas más o menos veladas para que los miembros de la OTAN gastasen más en armamento o, de lo contrario, EE. UU podría abandonar la Alianza Atlántica. Unas pocas semanas más tarde, Trump anunció una subida arbitraria y desmesurada de los aranceles, aunque de momento en stand by.  Pues bien, todo es hizo sonar todas las alarmas en la UE. Y con razón, porque la actitud displicente y macarra del mandatario norteamericano y sus adlátares suponen una quiebra del modelo de las relaciones internacionales que se vienen practicando desde hace décadas, de manera especial tras la caída del Muro de Berlín y la desaparición de la URSS.

Ante el nuevo orden mundial que se adivina en el horizonte, lo peor que le puede pasar a la Unión Europea es que en las cancillerías de los países miembros del selecto club se entone el “sálvese quien pueda” y cada cual intente plantar cara o “lamer el culo” (en palabras del propio Trump) al, hasta ahora, socio norteamericano.

Se avecinan tiempos difíciles. La agresiva política arancelaria del presidente de Estados Unidos amenaza con frenar los intercambios internacionales, lastrar el crecimiento económico y fragmentar la economía. Según la Organización Mundial de Comercio (OMC), la producción mundial podría caer un 7%.

Acontecimientos como la pandemia de COVID-19 o la invasión rusa de Ucrania han evidenciado la necesidad de una integración europea más profunda. Esas crisis no solo han requerido respuestas inmediatas, sino que también han destacado la importancia de un enfoque estratégico a largo plazo para la UE. La respuesta coordinada de Europa a la crisis sanitaria, desde la adquisición conjunta de vacunas hasta la implementación de políticas de recuperación económica, han puesto de manifiesto la eficacia de las acciones conjuntas.

El Plan de Recuperación, los fondos Next Generation o la utilización de los fondos del Banco Central, son iniciativas con un claro enfoque federal. Esas decisiones han hecho que la opinión pública empiece a constatar la importancia y el valor de la institución y esté incrementado el apoyo ciudadano a la Unión Europea. En consecuencia, los líderes europeos han de valorar la importancia que tiene mantener el apoyo de las clases medias.

La deriva de la Administración norteamericana es, cuando menos, una invitación a que los líderes europeos repiensen el futuro de la UE. Debemos estar preparados para los cambios que están llegando en el siglo XXI, como, por ejemplo, el Brexit, la pandemia, ahora la guerra comercial y, a saber, lo que está por venir. Hoy en día la Unión es un club de 27 Estados en el que hay codazos para entrar porque la paz, la estabilidad y la prosperidad son sus ejes vertebradores y de ahí nadie quiere salir, sobre todo en momentos de incerteza como el actual. Pero si tuviésemos una estructura federal, nuestra unión nos convertiría en una gran potencia y, por lo tanto, podríamos negociar en igualdad de condiciones, con otros Estados como Rusia, Estados Unidos o China. Por eso, cada vez son más las voces que mantienen que Europa será federal o no será. Una de ellas fue la del papa Francisco (q.e.p.d.) cuando en una entrevista en el diario italiano La Repubblica en 2016 confesaba que “O Europa se convierte en una comunidad Federal o no contará en el mundo “.

Más pronto que tarde los europeos deberemos decidir cómo canalizar nuestra inteligencia y energía política para rentabilizarla al máximo. No nos podemos negar a afrontar, con la máxima determinación, los retos que suponen las diversas crisis que hay planteadas como la post pandemia, la guerra de Ucrania, el polvorín de Oriente Medio o el acoso y derribo al que nos quieren someter desde la Administración estadounidense. A la vez, tampoco podemos ignorar los problemas sociales, como la inmigración, la integración de diferentes culturas o minimizar la amenaza de los populismos ultras en Europa. Se trata de entender que debemos trabajar como una comunidad unida, como una auténtica federación, porque así nos irá mucho mejor. Es nuestra responsabilidad como ciudadanos europeos.

El federalismo no es en sí de izquierdas ni de derechas. Pero resulta bastante absurdo considerarse de izquierdas y no ser federalista, porque hoy es imposible resolver los grandes problemas que nos acechan en el marco estrecho de la soberanía nacional. Y por ello tenemos que dedicar todo el tiempo necesario a dar la batalla ideológica por esta obviedad, dado que no son pocos los que piensan que el soberanismo es lo más progresista que existe. No se trata de soñar con un “federalismo auténtico”, sino que hay que avanzar con reformas profundas que tomen como referencia las principales federaciones del mundo, que, por cierto, son algunas de las democracias más prósperas existentes.

Por consiguiente, una Europa federal no puede ser tan solo una utopía. Es una respuesta pragmática y realista a los desafíos globales. Una necesidad para asegurar el bienestar y progresos sociales alcanzados en Europa desde la fundación del proyecto europeo. Es momento de abrazar este concepto no solo en teoría, sino también en la práctica, avanzando hacia una Europa más unida, eficaz, efectiva y representativa. Una Europa federal es la llave para un futuro más próspero y seguro para todos sus ciudadanos, ofreciendo un modelo de cooperación y cohesión que podría servir de ejemplo a nivel mundial. En definitiva, abrazar el federalismo europeo no es solo una elección política, sino una decisión estratégica para un futuro sostenible y pacífico.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 05/05/2025