EN EL BUEN CAMINO

Estoy convencido de que Salvador Illa, con su política de mano tendida, perfil político moderado y gestor eficaz, hará posible lo que hace tan solo unos meses parecía una quimera: que Cataluña vuelva a ser la locomotora de España, a la vez que una de las regiones más desarrolladas y prósperas de Europa. Para que esos grandes objetivos sean factibles, es necesario que, en nuestro país, se normalicen las relaciones institucionales, que exista estabilidad política, certeza jurídica y confluencia de intereses. Justo lo que no hemos tenido en los últimos años.

Los catalanes tenemos todo el derecho del mundo a ser como las sociedades nórdicas, paradigma de buenos gobiernos (al menos hasta que la ultraderecha llegó al poder), democracias avanzadas y Estados del Bienestar fuertes y desarrollados. Para lograrlo es preciso una Administración eficiente y transparente, donde el ciudadano, no solo esté en el centro de todas las políticas, sino que, también, su voz sea escuchada y tenida en cuenta.

Con la peregrina excusa de que la justicia era española y reprimía, de manera sistemática, a los “nuestros”, en Cataluña, y no me refiero solamente a la etapa del procés, durante demasiado tiempo los controles del poder han sido prácticamente inexistentes, y esos organismos son condición indispensable para garantizar la buena salud de las instituciones que nos gobiernan.

Ahora, con Salvador Illa, como presidente de la Generalitat, se abre una ventana de oportunidad para dotarnos de unos mecanismos de control tan fuertes como independientes que impidan los abusos de poder. No basta con suponer que los políticos actúan de buena fe. Es necesaria la existencia de unos contrapesos potentes y rigurosos en los que se pueda confiar.

Un ejemplo claro de ese descontrol es la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals”. A principios de año, el Govern de Pere Aragonès aprobó una inversión anual de 330 millones de euros hasta 2027, para el mencionado ente del que forman parte la cadena pública de televisión y Catalunya Radio y que da ocupación a unos 2.300 trabajadores, es decir que nos sale por un pico a cada contribuyente escuchar y/o ver determinadas butades. Mientras, una cadena privada como es Antena 3, con un presupuesto similar al de la televisión pública catalana y unos 450 trabajadores en nómina, tiene un superávit superior a los 100 millones de euros. Sobran los comentarios.

En estos últimos días ha saltado a la prensa el malestar de la plantilla de TV3 por la contratación de cargos de libre designación que ha realizado la dirección. Los comités de empresa, tanto de TV3 como de Catalunya Radio entienden que se trata de procesos de contratación “arbitrarios y nada transparentes”…”por lo que se está hinchando el organigrama de forma artificial””. Ante estas supuestas “anomalías”, los trabajadores han hecho llegar su malestar a Esther Giménez Salinas, Sindic de Greuges.

Saco a colación este asunto porque entiendo que no estamos ante una cuestión menor, tanto por su coste económico, como por la resonancia mediática que tiene. Considero que el Govern en situaciones como la explicada (hay muchas otras, aunque menos visibles igual de lacerantes) debería actuar con celeridad para dejar claro que la arbitrariedad y el amiguismo no tienen cabida en esta nueva etapa. Para el más de lo mismo no valían la pena ni las renuncias que se han hecho ni el esfuerzo que ha costado llegar hasta aquí.

Le pese a quién le pese, Salvador Illa es, en estos momentos, la persona más adecuada para poner a Cataluña en la cresta de la ola: tiene una trayectoria de gestor-político impecable, ha empezado bien la legislatura, apunta maneras y está en el buen camino. Ahora bien, por lo que pueda ocurrir, conviene siempre tener a la diosa fortuna al lado, porque en ocasiones el suceso más inesperado, tanto si es provocado por factores externos, como si tiene su origen en el ámbito interno, puede generar un tsunami político y desmontar, en cuestión de minutos, los planes más concienzudamente elaborados por un líder, un gobierno o una institución. 

No le quiero echar agua al vino, pero la política es, con toda probabilidad, uno de los ámbitos de la actividad más inestables en las sociedades complejas y desarrolladas como la nuestra. Con frecuencia, los políticos han de moverse sobre auténticos campos de minas sembradas por los adversarios, pero a menudo, también, por los propios acólitos; es lo que algunos llaman fuego amigo. Eso hace que, intentar predecir lo que puede suceder a unas cuantas semanas vistas, sea pura ficción.

Por lo tanto, me permito sugerir que seamos moderadamente optimistas, pero sin perder nunca la ilusión. Ustedes ya me entienden.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en CatalunyaPress 21/10/2024

 

LOS QUE FINANCIAN LAS GUERRAS

Se ha cumplido el primer aniversario de aquel fatídico 7 de octubre de 2023, cuando milicianos de Hamas entraron a sangre y fuego en territorio israelí torturando, secuestrando y/o matando a todo ser humano que encontraban a su paso. Las primeras consecuencias de aquella barbaridad fueron unos 1.200 muertos, más de 5.500 heridos y 250 secuestrados. La reacción de Israel fue inmediata y según las autoridades sanitarias, hasta el momento se contabilizan casi 42.000 muertos, más de 10.000 desaparecidos y del orden de 100.000 heridos. Los efectos a medio y largo plazo son, todavía, imposibles de cuantificar, pero las represalias por parte del ejército israelí están siendo tan constantes como desmesuradas y, por si no había suficiente, desde el pasado 20 de septiembre, Israel ha ampliado el frente, atacando con dureza a Líbano, sin suavizar sus razias en Gaza. La virulencia de los ataques es tal que ya hay más de 2.000 libaneses muertos y un millón largo de desplazados. Pero es que, además, existe el riesgo, cada vez más plausible, de que el conflicto se convierta en una guerra regional de consecuencias imprevisibles y, desde luego, nada halagüeñas para la estabilidad mundial.

No voy a insistir en el desarrollo de los acontecimientos porque los medios de comunicación nos informan, a diario, de la magnitud de la catástrofe. Quiero, sin embargo, poner el foco en los intereses que hay detrás de la contienda y en quién mueve los hilos: los patrocinadores, que acostumbran a estar cómodamente instalados a miles de quilómetros del frente y la barbarie.   

Todas las guerras son tremendamente costosas en términos económicos, y la de Israel contra Gaza, y ahora también contra Líbano, no es una excepción. No cabe duda que Estados Unidos es el gran hacedor israelí, pero también la mayoría de estados de la Unión Europea, al igual que la India o China que comercian con Benjamín Netanyahu y sus acólitos sin ningún rubor. 

En un informe del prestigioso Centre Delàs, publicado recientemente, se deja clara “La corresponsabilidad de la banca en el genocidio de Gaza”, los investigadores han seguido el rastro del dinero y han identificado a diversas entidades financieras españolas y 25 internacionales que cooperan en la masacre. Esas mismas fuentes cifran la aportación del Banco de Santander en 2.442 millones de dólares y la del BBVA en 1.500 millones. En total, son media docena las entidades financieras nacionales en las que Delàs ha hallado vínculos comerciales con las empresas de armas. Tras las dos primeras, están otras como CaixaBank, Ibercaja, o Banca March.

La verosimilitud del estudio está fuera de toda duda porque los datos que en el mismo se manifiestan han sido supervisados por el Instituto Internacional de Paz de Estocolmo (SIPRI) que ha analizado las principales exportaciones de armas a Israel de los últimos 10 años. Los investigadores han escudriñado 3.606 operaciones financieras (líneas de crédito, préstamos corporativos, suscripción de bonos y compra de acciones). De ahí han obtenido el nombre de 15 empresas de armamento que proveen a este país, entre otras son: BAE Systems, Boeing, Day & Zimmerman, Elbit Systems, General Dynamics, Israel Aerospace Industries, Leonardo, Lockheed Martin, Nammo, Navantia, Oshkosh Corp, Rafael Advanced Defense Systems, Rheinmetall, Rolls-Royce y RTX Corp (anteriormente Raytheon Technologies).

También Ibercaja colaboró económicamente con Rheinmetall, la empresa fabricante y exportadora a Israel de los M109-52 Howitzer, obuses autopropulsados de 155 mm, que se utilizaron en octubre pasado en los ataques al Puerto de Gaza y sobre hoteles cercanos. 

La misma empresa de armas, añaden los autores del informe, produce la munición de tanque Rh-120, “que ha sido usada de forma indiscriminada contra la población palestina e infraestructuras civiles críticas, incluidas instalaciones médicas, convoyes de ayuda y refugios civiles en Gaza, así como contra periodistas”.

En la lista de colaboradores se encuentran algunas de las entidades más reputadas del mundo, como la gestora de fondos de inversión Vanguard, que lidera la lista con más de 41.000 millones de dólares. La sigue la corporación de servicios financieros y de inversión State Street (38.620 millones), y las gestoras de fondos de inversión, Capital Group (31.603) y BlackRock (30.570), siendo el Bank of America (18.909) el que cierra un top 5 copado por instituciones financieras estadounidenses.

En esa lista, aunque a bastante distancia, también encontramos a entidades como el banco francés BNP Paribas, con casi 7.000 millones u otras entidades y bancos europeos reconocidos como Crédit Agricole (6.016 millones), Barclays (4.950) o el Deutsche Bank (4.801).

Según expertos en armamento el misil más sencillo no baja de 50.000 dólares la unidad. Quizás por eso me pregunto: ¿Cuantas escuelas, cuantos hospitales, cuantos centros de asistencia, cuántas viviendas de carácter social, cuantos… se podrían hacer, se podrían construir con el dinero que se dedica a armamento? Confieso que en esas magnitudes económicas me pierdo, pero estoy seguro que con ese dinero se solucionaba la vida de centenares de miles de ciudadanos que están sufriendo en sus carnes la Irresponsabilidad de unos desalmados que con su locura nos están llevando al desastre.

Ahora, si quieren llámenme ingenuo y, seguramente, tendrán razón.

 

Bernardo Fernández

Publicado en CatalunyaPress 14/10/2024

 

PASAR PÁGINA

El procés independentista, como opción política, ha llegado al final de su recorrido. Otra cosa es el clientelismo y los abrevaderos políticos que generaron las teóricas expectativas de independencia. Habrá que trabajar con la meticulosidad de un orfebre para desmantelar los chiringuitos que, a cuenta de la secesión, se montaron en la última década para dar cobijo a tanto indepe sobrevenido. Quizás, la prueba más evidente del decrecimiento del fervor independentista, sea la menguada participación que tuvieron las convocatorias de Omnium y la ANC el pasado 11 S.  Tampoco es baladí el dato que reveló el CEO, según el cual, entre 2014 y 2024 las personas que se sienten solo catalanas han caído del 29,1% al 18%. O sea, el sentimiento de catalanidad ha bajado más de 10 puntos en una década.

Además, iniciativas como los indultos o la amnistía para aquellos que pudieron cometer actos no ajustados a la ley durante el proceso secesionista han tenido un efecto balsámico para la sociedad catalana. Esas iniciativas han contribuido a que Catalunya hoy esté bastante más sosegada, se empiecen a reconstruir puentes para la convivencia, se esté recuperando la confianza, que por primera vez, desde 1980, no haya una mayoría nacional-independentista en el Parlament y se vaya recuperando la normalidad institucional.

El actual Gobierno de España ha puesto mucho de su parte (algunos piensan que demasiado) y con un alto coste político para que la normalidad se reinstaure en Catalunya. Sin embrago, hasta el momento, no ha habido reciprocidad por parte del movimiento independentista, ni de sus líderes.

Entretanto, Salvador Illa, con su política de mano tendida, se ha comprometido a desarrollar buena parte del programa de ERC, mantener en sus puestos a una cuarentena de altos cargos republicanos y ha recuperado a personas del antiguo espacio convergente otorgándoles importantísimas tareas en el Govern. En cambio, dirigentes del procés se dedican a reivindicar el 1-O como un gran logro histórico, cuando en realidad fue un despropósito, no solo por su ilegalidad, también por la falta de las más elementales normas democráticas, el día de la votación por no haber no había ni censo. Pero es que, además, llaman represión a lo que fue aplicar la ley del Estado de derecho. No olvidemos que según la prestigiosa organización intergubernamental IDEA, entidad responsable de evaluar los sistemas de democracia y libertad en el mundo, España es uno de los países con los mejores índices de democracia del planeta.  Así que ya está bien de milongas victimistas.

Está claro que hemos de pasar página y mirar hacia adelante. Pero, para que eso sea posible, todos hemos de poner algo de nuestra parte. Y es que da la sensación que, en lo del procés, nadie fue responsable de nada. Las cosas sucedieron por qué sí y parece que algunos esperan que el paso del tiempo borre la huella de tanto disparate. No obstante, por higiene democrática, resulta imprescindible que, alguno de los prohombres que estuvieron en las sala de máquinas de la Plaça Sant Jaume o en sus aledaños ideológicos, nos expliquen que de bueno sucedió en Catalunya en ese periodo.

Así por ejemplo, el prestigio de la presidencia de la Generalitat sufrió un grave deterioro con los presidentes más incapaces de la democracia recuperada, ni Carles Puigdemont ni Quim Torra han sido personas capacitadas para tan alta dignidad y, en consecuencia, la primera institución catalana fue ninguneada como no había ocurrido jamás. Ciertamente, Pere Aragonès empezó a intentar revertir la situación, pero la precariedad parlamentaria sobre la que sustentaba su Govern y el fin precipitado de la legislatura no le dio para más.

Con la perspectiva que nos da el paso del tiempo, queda claro que el procés nunca tuvo posibilidades de éxito. Y es que nunca tuvo apoyos internacionales solidos ni fiables, ni capacidad económica para salir adelante, ni siquiera la fuerza coercitiva necesaria para hacerse respetar por hipotéticos adversarios. En alguna ocasión, Jordi Pujol había comentado que “Catalunya tenía capacidad para desestabilizar España, pero el faltaba la fuerza suficiente para lograr la independencia”, tenía razón al gran timonel.

Desde un punto de vista objetivo, el proceso independentista fue una sucesión de opacidad, falsedades y ensoñaciones tan imposibles de hacerse realidad como la película de ciencia ficción más disparatada, con la diferencia que aquí se jugaba con las cosas de comer de las personas. Por eso, no se podrá cerrar la carpeta del procés si desconocemos todas y cada una de las decisiones que se tomaron desde 2012 y los auténticos motivos que impulsaron a los dirigentes a tomarlas, no las bagatelas que hasta ahora han explicado.  

Hay que pasar página: de acuerdo, pero antes tenemos derecho a saber.

 

Bernardo Fernández

Publicado en CatalunyaPress 06/10/2024

 

CUESTIONES BÁSICAS

 

No vamos bien.  A pesar de eso, nuestra economía crece por encima de los medios de las economías de la UE, tenemos una inflación más baja y más controlada que la mayoría de los países de la zona del euro. Hay más afiliados que nunca a la Seguridad Social y el paro que ha sido el talón de Aquiles de todos los gobiernos desde la Transición, registra las cifras más bajas de, al menos, los últimos quince años, la crispación política está llegando a cotas insoportables

Tampoco las políticas sociales, que se han puesto en práctica por el Gobierno de coalición, aunque insuficientes, pero que son, con diferencia, las más ambiciosas de nuestra historia han servido para apaciguar los ánimos de los negacionistas de las evidencias. Ni siquiera, han sabido valorar asuntos como el salario mínimo interprofesional que ha subido como nunca en los dos últimos años o las pensiones que se revalorizan por ley, conforme al incremento del IPC, entre otras muchas iniciativas. No es lógico.

En las elecciones generales de 2023, los dos partidos mayoritarios (PP PSOE) lograron más del 64% de los votos emitidos. Ambas formaciones obtuvieron, con respecto a la tercera fuerza (Vox), una distancia de más de veinte puntos, cada uno. Ante esta hegemonía incuestionable, no parece muy sensato que los dos partidos anden todo el tiempo a la greña. Con toda probabilidad, en esa relación, sobran personalismos y se echan a faltar ganas de arrimar el hombro.

Es evidente que la mayoría parlamentaria que hizo presidente a Pedro Sánchez es muy volátil, y no tiene la suficiente solidez para dar al Gobierno la necesaria estabilidad para que desarrolle su agenda legislativa con sosiego y cierta holgura. Tanto es así que, en lo que llevamos de mandato, el Ejecutivo ha perdido una treintena de votaciones en el Congreso y esa circunstancia genera inquietud e incertezas. Por eso, estos días atrás, y para evitar un nuevo revolcón, la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, retiró del pleno la propuesta de la senda de gasto.

Ese panorama de fragilidad hace que la situación del Gobierno de coalición sea delicada y los nervios estén a flor de piel. Hace unos días ERC y Junts (progresistas ellos) unían sus votos a PP y Vox para reprobar al ministro Oscar Puente en el Senado, por su gestión al frente de ferrocarriles. Algo que, aunque no deja de ser simbólico, da una idea del ambiente que se respira en los altos cenáculos políticos. Pero es que de manera simultánea, desde Sumar han pedido “la dimisión o cese” de la ministra Isabel Rodríguez, y eso de simbólico no tiene nada, porque se pide desde uno de los dos partidos que conforman el Gobierno de coalición.

Mientras, en el PP se dedican a copiar el relato de la extrema derecha para arrebatarles un puñado de votos. Se podrían citar cantidad de ejemplos sobre el particular, pero el más paradigmático es el de la inmigración: los populares critican la actitud del Gobierno con la llegada de personas sin papeles, pero son incapaces no ya de hacer una propuesta, es que ni tan siquiera se sientan a negociar para buscar una solución.

Es lamentable que, con la situación sociopolítica que tenemos, sean las organizaciones más pequeñas (a las que peor les fue en las elecciones del 23 J), las que estén marcando el ritmo de la política nacional. Este estado de cosas favorece que algunos políticos estén normalizando la violencia dialéctica en sus discursos y eso da alas a los hooligans de la política, y, además, es terreno abonado para que cualquier día salga un descerebrado y cometa alguna barbaridad que luego lamentaremos todos.

Las divergencias ideológicas entre PP y PSOE son profundas, sus estrategias muy diferentes y entre ambas formaciones, a lo largo de los años se han ido abriendo muchas heridas que serán muy difíciles de restañar. No obstante, existe un mínimo denominador común compuesto por la calidad democrática de nuestro sistema y la convivencia que deberían dar, a las dos grandes formaciones, la responsabilidad necesaria para llegar a acuerdos sobre grandes asuntos, como, en su momento, fue la renovación del Consejo General del Poder Judicial y que ahora pueden ser temas como la política exterior, la inmigración, la vivienda, la organización territorial o la transición ecológica entre otros. Cuestiones básicas que, al fin y al cabo, por el bien común, deberían quedar fuera de la lucha partidista y ahí, los dos grandes partidos harían bien remando en la misma dirección.

Hacerlo, sería un símbolo de madurez y responsabilidad de nuestros dirigentes y un bálsamo para los ciudadanos.

 

Bernardo Fernández

Publicado en CatalunyaPress 30/09/2024

DEMOCRACIAS EN RETROCESO

 

Tengo sobre la mesa, el informe que anualmente elabora la organización intergubernamental IDEA Internacional, con sede en Estocolmo, sobre la situación de las democracias en el mundo. Para ello, han analizado 173 países y, dicho raso y corto, “el panorama es sombrío” en palabras del secretario general de la entidad, Kevin Casas Zamora.

Según ese estudio, Oriente Próximo es “la región más autoritaria del mundo, marcada por la centralización personalizada del poder”. Allí, las prácticas represivas y las grandes desigualdades, tanto económicas como sociales, son habituales. Bahréin, Irán, Irak, Arabia Saudí, Siria o Yemen tienen el dudoso honor de estar en la cola del ranquin de los países demócratas.

En América Latina se produce una aparente contradicción porque mientras se observa que algunos países han padecido retrocesos democráticos significativos, es el caso de Nicaragua, Haití o Venezuela, otros sufren fuertes procesos de militarización como El Salvador; Guatemala, Honduras o Perú, encontramos situaciones como, por ejemplo, Chile, Uruguay o Costa Rica que gozan de sistemas políticos homologables a democracias parlamentarias consolidadas.

En cambio, llama poderosamente atención la caída de la “calidad democrática” en EEUU por el impacto del “racismo estructural” y la discriminación en la “igualdad política”. Además, la proliferación de legislaciones estatales contra el derecho al aborto pueden “afectar al resultado del país en materia de igualdad de género”, indica el informe.

Si observamos el continente africano, observaremos que allí el nivel medio de democracia se mantiene “relativamente estable”, con excepciones notables por haber dado golpes de Estado como ocurrieron en Malí, Burkina Faso o en Níger. También hay que tener en cuenta, los conflictos civiles en Etiopía o Sudán, que “han puesto de aliviar los retos para la consolidación democrática”, según el informe. Aquí hay que agregar situaciones como las de Túnez, donde el presidente Kai Said suspendió el Parlamento en 2021 para gobernar por decreto. En África los conflictos y la inseguridad siguen amenazando la democracia y los derechos humanos. Por si fuera poco, las carencias económicas y de cobertura de necesidades básicas empujan a la desconfianza en las instituciones. No obstante, se registran progresos frente a la corrupción con “mejoras significativas” en países como Angola, Burundi o Sudán (ahora sumido en una cruenta guerra civil), que conviven con descensos en otras áreas indicativas de la salud democrática. También la categoría de participación se revela como “un área de fortaleza en todo el continente”, con países como Senegal, Ghana, Kenia, Sudáfrica o Zambia que están entre los 50 primeros a nivel mundial, frente a caídas significativas en Túnez o Burkina Faso. .

El estudio señala un “amplio declive democrático” en la región de Asia y Pacífico. En los factores relacionados con las libertades civiles, como la libertad de expresión o de asociación, se observa una tendencia descendente de varios años, con una media regional “muy por debajo de la mundial”. La mayoría de los países siguen por debajo de la media mundial en todas las categorías salvo participación, con mejoras en el Estado de derecho (Maldivas, Taiwán y Uzbekistán) y representación (Malasia, Maldivas y Tailandia) “que son prometedoras”. Ahora bien, ahí encontramos Myanmar y Afganistán, dos Estados que han caído de forma pronunciada en todas las categorías “debido a la guerra civil y al colapso del Estado”.

La India está estancada en un nivel medio en representación con un cierto declive en los últimos cinco años, similar a la credibilidad de sus procesos electorales. Un área que “sigue preocupando” es la de las libertades civiles, en la que la India, Maldivas, Filipinas y Sri Lanka registraron descensos significativos en los últimos años, al igual que Afganistán y China, ya en niveles muy bajos.

La igualdad de género experimentó cambios limitados en toda la región, con descensos significativos en Afganistán (bajo control de los talibanes) y Kirguistán. Australia, Nueva Zelanda y Taiwán siguen siendo los países de la región con mejores resultados en este apartado, mientras que la gran mayoría de los demás países se sitúan en un nivel medio.

Europa domina los 20 primeros puestos de la clasificación mundial “, pero hay importantes variaciones subregionales”. En 2022 se produjo un deterioro en las puntuaciones de Austria, Luxemburgo, los Países Bajos, Alemania, Portugal y el Reino Unido. Los descensos han afectado a varios indicadores de cumplimiento del Estado de derecho o la libertad de prensa. “Aunque estos países siguen obteniendo buenos resultados en la mayoría de los factores, los descensos ponen de relieve la importancia de una vigilancia constante para garantizar el futuro de la democracia”, señala IDEA Internacional.

La “no democrática” Turquía “es una excepción” en la zona, y en el este, los regímenes autoritarios de Azerbaiyán, Bielorrusia y Rusia se sitúan muy por debajo de la media europea en la mayoría de indicadores, en contraste con el “prometedor crecimiento democrático” de países como Armenia y Moldavia, y las “notables mejoras” en Bulgaria, Chequia, Kosovo, Letonia, Lituania, Macedonia del Norte, Rumania, Eslovaquia, y especialmente Eslovenia.

Me han parecido de especial relevancia las recomendaciones que se hacen en el informe para incentivar y mantener las democracias. Algunas de ellas son: tomar acciones de defensa de los procesos electorales ―”no son un privilegio, sino un derecho”―; los parlamentos “deben aumentar las oportunidades de participación pública y la transparencia”; los gobiernos deben consultar con los poderes judiciales para crear mecanismos que permitan denunciar y sancionar los actos que atenten contra la integridad judicial, contrarrestar el continuo y grave deterioro de las libertades de expresión asociación y reunión y defender la labor de los medios de comunicación y la sociedad civil.

Cuestiones, en realidad, tan elementales que quizás por eso las obviamos. Y no deberíamos olvidar que ni la libertad ni la democracia caen del cielo, hay que luchar y ganarlas cada día. No nos olvidemos.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en CatalunyaPress 22/09/2024

LUCES Y SOMBRAS EN EL SISTEMA DE FINANCIACIÓN SINGULAR PARA CATALUNYA

El pacto alcanzado por PSC y ERC para mejorar la financiación para Catalunya ha abierto la caja de los truenos. Para algunos (socialistas catalanes, protosocialistas y afines) es el logro de una vieja aspiración, otros se lo miran con escepticismo y para no pocos rompe el principio de solidaridad, quiebra la justicia social y la igualdad territorial; sin olvidar al PP y a VOX, porque para ellos es un robo a todos los españoles, es inconstitucional y casi, casi un crimen de lesa humanidad.

Existen palabras y/o expresiones que asustan, y concierto económico, a según quien le produce algo así como repulsión, por las concomitancias que tiene con la insolidaridad. Por lo tanto, esquivemos los debates nominales o semánticos y vayamos al meollo de la cuestión.

Estamos ante un tema sumamente complejo y, hasta el momento, las explicaciones dadas han sido más bien escasas y sin ir al fondo del asunto, pero una cosa está clara: los recursos son finitos y, por consiguiente, lo que se dé en un sitio. se dejará de dar en otro, a no ser que se tenga previsto algo así como la multiplicación de los paneles y los peces, en la versión 5G.

El acuerdo alcanzado, entre socialistas catalanes y republicanos, diseña una financiación para Cataluña muy similar a la del sistema foral. La idea es que la Agencia tributaria catalana gestiona, lo más pronto posible, todos los impuestos. Para no pocos expertos, este sistema será una anomalía en el ámbito internacional, restaurará recursos al conjunto del país y puede quebrar el equilibrio territorial.

En opinión del catedrático de Economía Aplicada y presidente del comité de expertos para la reforma fiscal, Javier Ruiz-Huerta, “un eventual concierto económico sería inviable económicamente porque no se podrían mantener los estándares del territorio” . Pero es que según el director ejecutivo del centro de análisis FEDEA, uno de los mayores expertos en financiación, Ángel de la Fuente, “Ahora se recaudan en Catalunya unos 55.000 millones de euros y la mitad van al Estado. Para que el Estado no pierda poder recaudatorio, la suma del cupo más la cuota de solidaridad debería alcanzar ese 50%, sin renunciar a los 2.000 millones que Catalunya aporta al sistema de financiación de las CCAA. De otra manera, habrá menos dinero para todos en el conjunto del país”.

No sería de extrañar que, con este nuevo modelo, otras comunidades que son aportadoras netas al sistema, como es el caso de Madrid o Baleares quieran, también, gozar de las mismas condiciones que Catalunya y eso haría aún más profunda la brecha entre comunidades ricas. y    comunidades pobres.

Sostienen algunos entendidos que ese sistema de financiación singular obligaría a modificar la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y si ese modelo no se extiende al resto de comunidades del régimen común, estaríamos ante un caso flagrante de inconstitucionalidad porque se vulnera el artículo 139 de la Constitución, según el cual, “ Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado” Pero si se generaliza, el Gobierno podría acabar sin capacidad económica para desarrollar iniciativas que conlleven un gasto de cierta magnitud .

El debate está servido. Habrá que esperar al texto definitivo para que nos podamos forjar una idea ajustada de lo acordado. Con todo, conviene no olvidar que el pacto alcanzado por PSC y ERC tiene su origen en el sistema de financiación que se incluyó en el Estatut de 2006 y que fue acordado por PSC, CiU, ERC, e IC-EUiA, “cepillado”. en el Congreso de Diputados y votado favorablemente por la ciudadanía de Catalunya en referéndum y el Tribunal Constitucional lo dio por válida en la sentencia de 2010.

Estamos ante un tema poliédrico con muchas luces y sombras que da para se pueden hacer muchas lecturas. Yo me he limitado a dejar algunos apuntes sobre el tapete para favorecer la reflexión. Pero, con toda seguridad, lo volveremos a tratar. Ocasiones y motivos seguros que los vamos a tener.

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 15/09/2024

 

EL TALÓN DE AQUILES DE LA UE

 

No vivimos buenos tiempos para el pacifismo. Europa está encajonada entre dos guerras a las que no se les ve el final y que amenazan con extenderse. Por si fuera poco, los servicios de inteligencia alemanes han detectado que Rusia estará en condiciones de atacar a un Estado miembro de la OTAN en 2027. Ante esa posibilidad tan sombría, el Gobierno alemán ha decidido poner un plan en marcha para que, cada año, entre 5.000 y 10.000 jóvenes se alisten al ejército y, una vez allí, intentar seducirles a que se comprometan con la milicia y, así, aumentar el número de soldados profesionales.

Finalizada la Guerra Fría, en las postrimerías del siglo pasado, los ejércitos europeos evolucionaron hacia un formato mucho más profesional, con menos efectivos, pero con un personal mejor preparado y equipado. Sin embargo, treinta años después de aquella supuesta pacificación mundial, ese criterio ha ido cambiando de manera paulatina pero constante. No es casualidad que en países como Austria, Dinamarca, Grecia o Suecia exista el servicio militar obligatorio. No obstante, en cada lugar los requisitos y las características varían, en cuestiones como el tiempo de permanencia o la exención de las mujeres.

Esta evolución de los planteamientos militares de los estados no es fortuita, viene dada por dos cuestiones fundamentales, la primera, la complejidad global en la que se han de desenvolver los países y la segunda, la evidencia de que la defensa es el talón de Aquiles de la UE. En el mes de noviembre de 2021, desde el departamento del vicepresidente de la Comisión Europea y máximo responsable de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, bajo el título “Brújula estratégica”, se elaboró un documento que hicieron llegar al pleno de la Comisión Europea; con aquel estudio se quería forjar en la UE una posición común sobre las amenazas geopolíticas que afrontaba el club. Como primer paso se proponía la creación de una fuerza militar de emergencia antes de 2025. “Europa está en peligro y los europeos no siempre son conscientes de ello”, advertía Borrell en la presentación que hizo del documento a los principales medios de comunicación europeos. Pues bien, cuando faltan poco más de tres meses para que entremos en 2025, esa fuerza militar de emergencia, que sugería el alto mandatario, ni está ni se la espera.

Los gobiernos comunitarios deberían tomar conciencia de la situación. Para los ciudadanos de Europa occidental la seguridad colectiva ha estado garantizada desde 1949 por la Alianza Atlántica y asegurada por la contribución fundamental y muy mayoritaria de Estados Unidos. Un pacto beneficioso para todos. El socio mayor obtuvo la hegemonía y todo lo que eso conlleva. Mientras, los europeos se pudieron despreocupar de su defensa y dedicar recursos a otras partidas ajenas a las Fuerzas Armadas. Los resultados son evidentes y nadie reniega de ellos: la paz, la estabilidad y la prosperidad han convertido a la Unión en un club en el que hay codazos para entrar, sobre todo en momentos de peligro y del que nadie quiere salir ─a excepción del Reino Unido, algo de lo que ya se están arrepintiendo─. No obstante, esta situación puede cambiar de forma radical si Donald Trump regresa a la Casa Blanca el próximo noviembre.

España siempre ha sido uno de los países más rezagados a la hora de invertir en Defensa. En 2021, nuestro gasto en cuestiones militares fue del 0,78% del PIB. Ante esa situación Pedro Sánchez, en el pleno de la OTAN celebrado en Madrid, se comprometió en alcanzar el 2% en 2028. Si queremos ser un país plenamente europeo lo hemos de ser en todas sus vertientes. Sin embargo, ese gasto no es bien visto por amplios sectores de la sociedad

La decidida actuación de la UE y su apoyo incondicional a Ucrania ante la agresión rusa nos sitúa en una nueva guerra fría y ahora toca rehacer el statu quo internacional. Los conflictos se entremezclan en la geopolítica global. No es solo Rusia. Estamos viendo la actitud de Israel en el conflicto de Gaza. Para algunos observadores, China es un “desafío estratégico” para Occidente. Asia es un lugar especialmente caliente con varios conflictos potenciales como es el caso de Taiwán, Corea del Sur y Corea del Norte. Las tensiones en el Pacífico no son menores y ahí India es un aliado preferente de Rusia (compradora principal del petróleo que la UE rechaza como represalia a la invasión rusa de Ucrania).

La humanidad está sentada sobre un polvorín y no acabamos de ser conscientes de ello. En buena medida todo depende de lo que suceda en Ucrania y en Gaza. Si Putin se impone a los ucranianos toda Europa entrará en pánico y si el conflicto de Oriente se extiende por la región, el suministro de carburantes peligrará. Entonces, todo eso podría evolucionar hacia una situación imprevisible e incontrolable y ya sabemos que las consecuencias de las guerras son devastadoras: Además de la crisis humanitaria (principal problema), tendríamos pérdida de vidas, desplazados, posibles hambrunas y un largo etcétera y, con toda seguridad, nos alcanzaría otra crisis energética, en suministros y precios.

Nada más lejos de mi ánimo que escribir una oda al belicismo. Pero  la autonomía estratégica europea es una necesidad. Los fondos imprescindibles para hacer viable unos mecanismos adecuados a las circunstancias que nos han tocado vivir no surgirán por ensalmo, ni como un maná caído del cielo. Corresponde a los gobiernos de los estados tomar conciencia de la situación e invertir en la Alianza Atlántica, con la intención de que la Unión Europea sea su más firme puntal. Eso sí, asumiendo que hay que pagar el precio correspondiente. La UE y OTAN deberían ser las dos caras complementarias de una misma moneda. La época de vivir de gorra en cuestiones de defensa se ha terminado. Los gobernantes deben ser realistas.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en CatalunyaPress 02/09/2024