No vamos bien. A pesar de eso, nuestra economía crece por encima de los medios de las economías de la UE, tenemos una inflación más baja y más controlada que la mayoría de los países de la zona del euro. Hay más afiliados que nunca a la Seguridad Social y el paro que ha sido el talón de Aquiles de todos los gobiernos desde la Transición, registra las cifras más bajas de, al menos, los últimos quince años, la crispación política está llegando a cotas insoportables
Tampoco las políticas sociales, que se han puesto en práctica por el Gobierno de coalición, aunque insuficientes, pero que son, con diferencia, las más ambiciosas de nuestra historia han servido para apaciguar los ánimos de los negacionistas de las evidencias. Ni siquiera, han sabido valorar asuntos como el salario mínimo interprofesional que ha subido como nunca en los dos últimos años o las pensiones que se revalorizan por ley, conforme al incremento del IPC, entre otras muchas iniciativas. No es lógico.
En las elecciones generales de 2023, los dos partidos mayoritarios (PP PSOE) lograron más del 64% de los votos emitidos. Ambas formaciones obtuvieron, con respecto a la tercera fuerza (Vox), una distancia de más de veinte puntos, cada uno. Ante esta hegemonía incuestionable, no parece muy sensato que los dos partidos anden todo el tiempo a la greña. Con toda probabilidad, en esa relación, sobran personalismos y se echan a faltar ganas de arrimar el hombro.
Es evidente que la mayoría parlamentaria que hizo presidente a Pedro Sánchez es muy volátil, y no tiene la suficiente solidez para dar al Gobierno la necesaria estabilidad para que desarrolle su agenda legislativa con sosiego y cierta holgura. Tanto es así que, en lo que llevamos de mandato, el Ejecutivo ha perdido una treintena de votaciones en el Congreso y esa circunstancia genera inquietud e incertezas. Por eso, estos días atrás, y para evitar un nuevo revolcón, la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, retiró del pleno la propuesta de la senda de gasto.
Ese panorama de fragilidad hace que la situación del Gobierno de coalición sea delicada y los nervios estén a flor de piel. Hace unos días ERC y Junts (progresistas ellos) unían sus votos a PP y Vox para reprobar al ministro Oscar Puente en el Senado, por su gestión al frente de ferrocarriles. Algo que, aunque no deja de ser simbólico, da una idea del ambiente que se respira en los altos cenáculos políticos. Pero es que de manera simultánea, desde Sumar han pedido “la dimisión o cese” de la ministra Isabel Rodríguez, y eso de simbólico no tiene nada, porque se pide desde uno de los dos partidos que conforman el Gobierno de coalición.
Mientras, en el PP se dedican a copiar
el relato de la extrema derecha para arrebatarles un puñado de votos. Se
podrían citar cantidad de ejemplos sobre el particular, pero el más
paradigmático es el de la inmigración: los populares critican la actitud del Gobierno
con la llegada de personas sin papeles, pero son incapaces no ya de hacer una
propuesta, es que ni tan siquiera se sientan a negociar para buscar una
solución.
Es lamentable que, con la situación sociopolítica
que tenemos, sean las organizaciones más pequeñas (a las que peor les fue en
las elecciones del 23 J), las que estén marcando el ritmo de la política
nacional. Este estado de cosas favorece que algunos políticos estén
normalizando la violencia dialéctica en sus discursos y eso da alas a los hooligans
de la política, y, además, es terreno abonado para que cualquier día salga un
descerebrado y cometa alguna barbaridad que luego lamentaremos todos.
Las divergencias ideológicas entre PP
y PSOE son profundas, sus estrategias muy diferentes y entre ambas formaciones,
a lo largo de los años se han ido abriendo muchas heridas que serán muy
difíciles de restañar. No obstante, existe un mínimo denominador común compuesto
por la calidad democrática de nuestro sistema y la convivencia que deberían
dar, a las dos grandes formaciones, la responsabilidad necesaria para llegar a
acuerdos sobre grandes asuntos, como, en su momento, fue la renovación del
Consejo General del Poder Judicial y que ahora pueden ser temas como la
política exterior, la inmigración, la vivienda, la organización territorial o
la transición ecológica entre otros. Cuestiones básicas que, al fin y al cabo,
por el bien común, deberían quedar fuera de la lucha partidista y ahí, los dos
grandes partidos harían bien remando en la misma dirección.
Hacerlo, sería un símbolo de madurez
y responsabilidad de nuestros dirigentes y un bálsamo para los ciudadanos.
Bernardo Fernández
Publicado en CatalunyaPress
30/09/2024
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