Han transcurrido ocho años desde aquel 2017, de triste recuerdo, y parece que a algunos se les ha parado el reloj y no se han dado cuenta que la vida sigue, o quizás sí, y constatar que, en la realidad, nada es como ellos habían soñado, les está llevando una crisis existencial que les genera una preocupante miopía política.
Tal vez por eso y para recordarnos que aún existen, hace un par de semanas, en una comparecencia ante los medios, Miriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso, con la afabilidad que la caracteriza anunció la ruptura total de su grupo parlamentario con el Gobierno, destacando que no existe ningún tipo de comunicación ni negociación con ellos. "Romper, para nosotros, quiere decir romper. No hay diálogo, no hay negociación, no hay relación, no hay absolutamente nada", quiso dejar claro la "juntaire".
La aritmética parlamentaria no le permite al Gobierno relajarse y se han de dejar la piel en cada votación para sacar adelante sus iniciativas legislativas. Por eso, mientras en Junts se jactan de bloquear la legislatura y afirman que así Pedro Sánchez no podrá gobernar, desde el Ejecutivo ponen al mal tiempo buena cara y, haciendo de la necesidad virtud, tienden la mano a los de Puigdemont para seguir negociando y llegar a acuerdos.
Si en la escudería de Puigdemont deciden ejecutar la amenaza anunciada por Nogueras, entre otras iniciativas, paralizarán casi una cincuentena de proyectos de ley que están en proceso de tramitación o que el Gobierno tiene previsto llevar a cabo al Congreso en los próximos meses; entre ellos los Presupuestos Generales del Estado que deben servir para aumentar la calidad de los servicios públicos y, por consiguiente, el bienestar de los ciudadanos de España, incluidos los catalanes.
El dislate de Junts es de tal envergadura que, de seguir adelante con su planteamiento, también se verá afectada la quita de deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y el futuro de la financiación singular, reformas legales que necesitan la mayoría del Congreso. Se calcula que la condonación de la deuda andará sobre los 83.000 millones de euros, que el Estado está dispuesto a asumir para reducir parte del endeudamiento de las CCAA. El problema es que se necesitan los siete votos de Junts para sacar adelante esa iniciativa porque pensar en el soporte de PP o Vox es, sencillamente, ilusorio. En el supuesto de que esa quita prosperase la Generalitat de Catalunya rebajaría un 19,9% de su deuda, es decir, más de 19.000 millones de euros.
Otro de los asuntos que está en
riesgo de quedar en el varadero es el acuerdo entre PSC y ERC para reforzar la
Agencia Tributaria de Cataluña, con el fin de que se pueda recaudar el IRPF y
que se vaya ampliando su capacidad de gestión hasta hacerse cargo de todos los
impuestos que se pagan en Cataluña. Una iniciativa que también podrían poner en
práctica otros territorios. Fijémonos que todo esto son acciones que atañen directamente
a Cataluña, si a esto Junts vota en contra, qué no harán con las leyes ajenas a
los intereses catalanes, porque, aunque pocas, haberlas hay las.
Los “juntaires” ya nos tienen
acostumbrados a los giros súbitos de guion como ocurrió, por ejemplo, hace unos
días en el pleno del Congreso: no habían pasado ni veinticuatro horas del enfrentamiento
entre Miriam Nogueras y Pedro Sánchez, en el que la diputada, con su empatía
habitual, llamó hipócrita y cínico al presidente, cuando los siete diputados de
Junts salieron al rescate del Gobierno absteniéndose en una votación para impedir que se aprobara una enmienda del
PP con la que se pretendía suprimir la fecha de cese definitivo de explotación
de las centrales nucleares de Almaraz (Cáceres), Asco I (Tarragona) y
Cofrentes (Valencia).
La cuestión de fondo en todo este
affaire es que los pos posconvergentes se ponen muy nerviosos cuando leen las
encuestas que auguran un crecimiento exponencial de Alianza Catalana, un
subidón que según la demoscopia se va a producir, sobre todo, a base de ganarle
votos a los “juntaires”. Y es que, según dicen algunos, Silvia Orriols es la
heredera política de Marta Ferrusola y para los convergentes de “toda la vida”,
la alcaldesa de Ripoll encarna los valores más profundos de la formación
desaparecida.
Ante esa situación tan poco
halagüeña, en Junts han querido ver una ventana de oportunidad para resituarse
en Cataluña y no perder el paso electoral rompiendo con el Gobierno de
coalición. Los nacional independentistas asumen que, de la mano del PSOE en el
Congreso, resulta muy complicado hacer una oposición efectiva al PSC de
Salvador Illa en el Parlament. Tampoco les resulta fácil enfrentarse a ERC por
sus vínculos con los socialistas. Los pupilos de Puigdemont también buscan
neutralizar las críticas que les lanzan desde el partido ultra de Orriols que
les acusan de ser incapaces de poner en marcha medidas contra la
multirreincidencia, la ocupación de viviendas o la llegada indiscriminada de
inmigrantes, además de practicar un independentismo light.
La falta de un proyecto político, sin
una línea de actuación clara y con su líder más preocupado por su futuro que
por el del país, están haciendo que el desasosiego se instale entre los
alcaldes y cuadros medios del partido que ya notan el aliento de Alianza Catalana
en el cogote.
Desde que en Junts decidieron poner
fin al Govern de coalición con ERC, perdieron la alcaldía de Barcelona, se
quedaron fuera de las cuatro diputaciones y no gobiernan en ninguna de las
capitales de provincia catalanas, iniciaron un lento pero sostenido camino
hacia la irrelevancia: Ahora dicen que han finiquitado su relación con el Ejecutivo
de Sánchez, pero acercarse a PP y Vox puede suponer su suicidio político y, de
momento, no parece viable que voten con los de Feijóo una moción de censura.
Por consiguiente, es razonable pensar que seguirán haciendo lo que han hecho
casi siempre: rodear de suspense cada votación.
En definitiva, Junts rompe, pero
rompe poco.
Bernardo Fernández
Publicado en Catalunya Press
17/11/2025
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