En los albores de la democracia
recuperada, decían que Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) era un
partido de centro con una altísima sensibilidad por las cuestiones sociales;
mientras que Jordi Pujol se postulaba como político nacionalista con una visión
poliédrica de la situación sociopolítica. Esa supuesta cosmovisión le llevó a
flirtear con la socialdemocracia. Pero desde que, en 1980, contra pronóstico,
alcanzó la presidencia de la Generalitat, los gobiernos dirigidos por él
empezaron a aprobar presupuestos y a hacer política desde su credo ideológico;
entonces quedó claro que, CDC no era un partido de centro, sino directamente de
derechas y lo de la socialdemocracia un espejismo, porque Pujol y su entorno eran
conservadores en lo económico, paternalistas en lo social y radicalmente
extremistas en los asuntos identitarios.
Con esos mismos criterios, el patriarca
de la política catalana lideró, con mano de hierro, CDC todo el tiempo que fue
president de la Generalitat; mientras que, a sus socios de coalición, Unió, ya
les iban bien aquellas tendencias si podían tocar poder.
Todos sabemos cómo acabó CDC, No voy a
insistir en ello. Quiero poner el foco en lo que vino después: el Partit
Demòcrata Català (PDCat), que fue la organización que sucedió a la desaparecida
Convergencia. Los mismos que habían liderado CDC, siguieron pilotando la nueva
formación, incorporando alguna cara nueva de muy segunda fila para blanquear la
imagen. No obstante, la aventura fue corta, de 2016 a 2018, tras diversos
bandazos y alguna lucha intestina nació Junts per Catalunya. Tras ser
registrado como partido en julio de 2018, permaneció bajo el paraguas de la
coalición homónima Junts per Catalunya (JuntsxCat) como mera entidad
instrumental, sin —digamos— vida propia. Esa situación mutó en julio de
2020, cuando Carles Puigdemont y varios miembros de su entorno asumieron
el control del partido, apartándolo de la coalición JuntsxCat con el
objetivo recuperar el espacio político que aglutinó CiU, pero ahora bajo el
liderazgo del expresident fetiche (Puigdemont). El primer congreso de Junts se
llevó a cabo entre julio y octubre de 2020 y concurrieron como partido en
solitario por primera vez en las elecciones al Parlament de 2021.
Tras las elecciones generales de julio
de 2023 y con la firma de los acuerdos con el PSOE para investir a Pedro
Sánchez, se abrió una ventana de esperanza ante la posibilidad de que Junts se
instalase en la centralidad de la política catalana y colaborase de forma
activa en la política española con una visión progresista. Sin embargo, aquello
fue como el sueño de una noche de verano; porque hemos visto como los pos
posconvergentes han ido mudando la piel de forma continua, deslizándose a
posiciones cada vez más de derechas, hasta el punto que resulta difícil discernir
si determinadas iniciativas y/o posicionamientos políticos son de Junts, del PP
o de Vox, a juzgar por sus planteamientos sectarios, cuando no elitistas e
incluso xenófobos. En lo que llevamos de legislatura, los de Puigdemont han
votado más veces con el bloque de la derecha que con la mayoría de la
investidura. El diario de sesiones del Congreso de los Diputados da fe de estas
afirmaciones.
Un ejemplo evidente de esa derechización
se produjo en el mes de abril, cuando Junts votó con el PP y Vox la tramitación
de una proposición de los populares para una ley del Suelo. En texto
incluye una disposición derogatoria para eliminar “los aspectos más lesivos” de
la ley de vivienda de 2023. En concreto, se propone la supresión de “las
medidas intervencionistas en el mercado de alquiler como las zonas de mercado
tensionado, los índices de los alquileres, el control de precios y los
instrumentos de apoyo a la inquiocupación”. La intención última de Junts al dar soporte a
esa iniciativa era derrumbar toda la arquitectura legislativa en la que se basa
la política de vivienda del Govern catalán. Como si no hubiera decenas de
miles de catalanes que ven truncados sus proyectos de vida porque no pueden
acceder a una vivienda por su carestía.
Ahora vemos con claridad lo que Junts
buscaba al hacer pactos con el PSOE: primero, conseguir la amnistía para los
condenados por el procés y, luego, exprimir al Gobierno (máximo representante
del pérfido Estado español) como si fuera un limón para luego dejarlo tirado.
El resto les importa un pimiento.
Y parece que esto ya no más de sí. En
estos momentos difíciles que vive el socialismo y por extensión el Gobierno de
coalición, los de Junts, por boca de su portavoz en el Congreso, Miriam
Nogueras, con su elegante y cuidada oratoria no desaprovechan las ocasiones que
se les presentan para decirle al presidente que: “menosprecia a la democracia”
o que carece “legitimidad democrática”, entre otras lindezas por el estilo.
Los proyectos económicos y sociales de
PP y Junts son, prácticamente, intercambiables, difieren en lo identitario
porque mientras para unos lo español es prioritario, para los otros su visión
de Cataluña está por encima de todo y de todos; en lo demás las diferencias son
“peccata minuta”. Por eso, en Junts no tendrían ningún empacho en pactar con
los populares, y si no apoyan la cacareada moción de censura del PP es porque la
línea roja la marca Vox.
Solo faltaba la aparición en el tablero
político de Alianza Catalana, con las encuestas advirtiendo que ese partido les
está comiendo el terreno para que en Junts entren en pánico, y para salvar la
situación no han tenido mejor ocurrencia que poner en práctica las políticas de
PP y Vox. La prioridad nacional, y primero los de aquí en versión catalana.
Por lo visto, los de Puigdemont piensan
que derechizando el discurso encontrarán la solución a sus problemas. Craso
error. Como diría un creyente “en el pecado tendrán la penitencia”.
Bernardo Fernández
Publicado en Catalunya Press 31/05/2026
