AVISO PARA NAVEGANTES

Los referéndums los carga el diablo. El 23 de junio de 2016, cerca de un 52% de británicos votó salir de la UE, mientras que el 48% quería seguir en el club. Se han cumplido diez años desde aquella aciaga fecha y el balance no puede ser más desalentador.

Los promotores de aquel divorcio político, encabezados por Boris Johnson y Nigel Farage, entre otros, mintieron como bellacos, y la campaña propagandística que hicieron para salir de la Unión estuvo plagada de falsedades como se ha demostrado con el paso del tiempo. Una de las promesas era que los ciudadanos del Reino Unido mejorarían su calidad de vida y que con el dinero que se dejase de aportar a Europa se podría reforzar la sanidad pública. Sin embargo, el sistema de salud británico sigue siendo muy deficitario y está claro que la separación no ha traído nada nuevo ni bueno a los británicos.

El Brexit ha sido un auténtico pozo sin fondo para la economía británica. De hecho, la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria pronosticó en su día un descenso del PIB del 4% por la salida de la UE. No obstante, diversos estudios recientes sitúan la bajada en el 8%. Desde el 2016, más de 440 firmas financieras han trasladado parte de su actividad de la City a la UE, dejando escapar unos 900.000 millones de libras de activos bancarios (el 10% del sistema británico) al fragmentarse el negocio entre las plazas de París, Frankfurt, Dublín y Ams­­terdam, aunque el verdadero ganador no ha sido Europa, sino Nueva York ya que Londres ha perdido atractivo internacional.

La contracción de le economía tuvo como consecuencia la aparición inmediata de una serie de barreras no solo arancelarias, también surgió un denso entramado de burocracia, controles fitosanitarios y retrasos aduaneros que han supuesto un sobrecoste medio del 8% sobre el valor de las mercancías, actuando como un arancel encubierto que además ha lastrado la productividad un 4%. Ese sobrecoste ha golpeado al tejido empresarial de forma asimétrica. Algo así como una tasa regresiva encubierta que las multinacionales han absorbido como un coste administrativo, mientras que las pequeñas y medianas empresas han sido parcialmente expulsadas del comercio con Europa. Los microexportadores han perdido en esta década sobre el 31% de sus flujos hacia la UE.

Pero los inconvenientes no son solo económicos, también los hay a nivel práctico, como, por ejemplo, las restricciones a la hora de moverse entre el Reino Unido y la UE. Con la implantación del Brexit quienes quieran viajar de un territorio hacia otro solo pueden hacerlo libremente durante un máximo de 90 días, y desde abril de 2025 los ciudadanos comunitarios han de solicitar previamente una Autorización Electrónica de Viaje para poder cruzar la frontera. O sea, un eufemismo para no llamar al documento pasaporte.

Desde la salida de la UE la política en el Reino Unido ha entrado en una fase de inestabilidad permanente. En estos diez años ha habido seis primeros ministros y la dimisión del actual, Keir Starmer, ya está sobre la mesa y no tardará en hacerse efectiva.

Según diversos estudios, no fueron solo los asuntos económicos los que impulsaron a muchos ciudadanos a optar por el divorcio con la UE; la posibilidad de que, de esa manera, se reafirmaba la identidad nacional también jugó su papel. Querían más Reino Unido, menos Europa y, también, menos inmigración. Sin embargo, la realidad una década después es que muchos comunitarios han puesto pies en polvorosa, se calcula que entre 2021 y 2025, unos 160.000 ciudadanos comunitarios han marchado del Reino Unido, mientras que las llegadas procedentes de países extracomunitarios se han disparado, según datos oficiales.

Con la perspectiva que da el paso del tiempo, podemos afirmar que el Brexit fue un auténtico despropósito político, consecuencia del capricho de unos descerebrados que creyeron ver la luz donde todo eran tinieblas. Lo lamentable es que, por esa falta de capacidad de unos dirigentes ineptos, los ciudadanos británicos llevan diez años asumiendo los costes del desaguisado.

Ante este panorama tan poco talentoso, sería deseable que esta columna sirviera de aviso para navegantes y los separatistas más hiperventilados, que aprendan de la experiencia ajena, se den un baño de realidad y comprendan que las promesas imposibles acaban pasando factura a los ciudadanos. Ni la geopolítica del momento, ni la situación socioeconómica conforman el escenario idóneo para imaginar aventuras más propias de la ciencia ficción que de la realidad del siglo XXI.

El problema estriba en que no hay más sordo que el que no quiere oír ni más ciego que el que aquel que no quiere ver y, de esos, por desgracia, hay muchos.

 

 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 05/07/2026

 

LAS COSAS DE FLORENTINO

Desde hace años, el fútbol de élite se ha convertido es un pozo sin fondo. Aquel deporte-espectáculo, que empezó financiándose con las aportaciones de los socios de los clubes, ha ido extendiendo sus tentáculos a la publicidad, las camisetas, las televisiones…, pero es insaciable, cada vez necesita más. Cada vez las cifras que se manejan para pagar jugadores y satisfacer mil historias son más astronómicas. Ante esa situación, los máximos dirigentes de los principales clubs llevan tiempo buscando vías alternativas de financiación. En 2021 creyeron haber dado con la tecla: la Superliga de fútbol europeo. Tenía que ser la panacea y se iban a resolver todos los problemas económicos. Sin embargo, cinco años después de anunciar la competición que debía revolucionar el negocio y generar más de 4.000 millones de euros por temporada, la Superliga se cierra sin partidos, sin calendario y sin trofeos. Al final la realidad se ha impuesto y tanto el FC Barcelona como el Real Madrid, que eran de los que más fuerte habían apostado, dieron marcha atrás y pactado con UEFA una vuelta ordenada al sistema “por el bien del fútbol europeo de clubes”. De este modo, el conflicto más profundo que ha vivido el fútbol continental moderno en décadas termina sin sanciones, sin indemnizaciones y, sobre todo, sin una ruptura estructural del sistema establecido.

No obstante, la falta de liquidez persiste y es ahí donde el inefable Florentino Pérez se saca un as de la chistera. En efecto, haciendo de la necesidad virtud y ante el fracaso evidente del primer equipo del Real Madrid con dos temporadas seguidas sin un triste título que llevar a las vitrinas, convoca elecciones por sorpresa, las gana y recupera un viejo proyecto que tenía aparcado: transformar el club en sociedad mercantil.

La ley obliga a los clubes que están en ligas profesionales a elegir entre ser una sociedad anónima deportiva o una asociación. Y ahí Florentino Pérez ha visto la oportunidad: llevar a cabo una operación en la que la Fundación Real Madrid pasaría a tener el 51% de las acciones, mientras que el 49% restante se lo quedarían los inversores. Se trata de una estrategia que, como ya anunció el presidente hace meses, busca proteger el patrimonio de la entidad.

El plan está todavía en una frase embrionaria y el club no ha dado pistas sobre si la operación se llevará a cabo finalmente. No obstante, por los mensajes que lanzó Florentino en su campaña electoral se ve venir un intenso debate en el planeta fútbol. ¿Club deportivo o empresa? Esa es la cuestión. Y es que los equipos solo pueden escoger entre esas dos opciones. El fútbol en nuestro país está regido por la Ley del Deporte, que exige que las instituciones que compiten en ligas profesionales deben constituirse como clubes deportivos (o asociaciones sin ánimo de lucro) o como sociedades anónimas deportivas (SAD).

Elegir la estructura jurídica de un club no es una decisión fácil. Es el armazón sobre el que se gestiona absolutamente todo, desde la contratación de jugadores, patrocinios, eventos, abonados o los derechos de televisión Sin una estructura adecuada, no puede haber gestión eficaz, lo que puede desembocar, más pronto que tarde, en la quiebra de la entidad.

El futbol profesional anda explorando un tercer modelo: la fundación deportiva con estructura societaria. Se trata de un sistema no consolidado en la práctica, pero que empieza a estar presente en el discurso jurídico y estratégico. De momento, ninguna entidad deportiva funciona bajo este modelo. La ley no prohíbe que una fundación deportiva se constituya como sociedad mercantil. Eso sí, siempre que dicha participación sirva para canalizar proyectos sociales, educativos o culturales vinculados al club.

Florentino es una de esas personas nacidas con una flor en salva sea la parte. Lo demostró con la Operación Reformista del año 1986, allí, después del fiasco, cual ave Fénix remontó el vuelo. Lo vimos, de nuevo, con el Proyecto Castor, un fallido almacén subterráneo de gas natural ubicado frente a las costas de Vinaròs (Castellón), que provocó más de 500 seísmos, lo que obligó a cancelar la operación y sellar definitivamente la infraestructura, pero se tuvo que indemnizar a la empresa ACS con 1350 millones de euros que se repercuten en el recibo del gas de los consumidores durante 30 años. Por no hablar del rescate de las autopistas radiales de Madrid que, de momento, nos cuestan 1.680 millones de euros a los ciudadanos de a pie y ¡qué raro! Ahí estaban las empresas de Florentino, Dragados y Construcciones con su filial Irídium.

Es lo que tiene saber relacionarse con el poder.

 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en EL TRIANGLE

01/07/2026

 

UN PLANETA MÁS ACOGEDOR

Vivimos una época de carreras armamentísticas, guerras, migraciones y crisis climáticas. Pero no acabamos de ser conscientes de que todos estos fenómenos están relacionados.

Los genocidios retransmitidos en directo, la inacción de los grandes poderes y la redistribución acelerada de la riqueza en favor de la clase multimillonaria nos advierten de que el fin del orden mundial establecido hace ahora casi ochenta años, llega acompañado de una sensación de fin del mundo por la catástrofe del cambio climático.

El desmoronamiento de la arquitectura política internacional de posguerra —visible en el deterioro de las instituciones multilaterales, el retroceso de las normas de cooperación y el ascenso de Los populismos— coincide con otro desastre evidente: el debilitamiento de la base ecológica del planeta. Son dos tendencias que se retroalimentan. La descomposición de las estructuras políticas ha desencadenado una carrera armamentística para controlar la seguridad, el poder y la tecnología que agrava la crisis climática y hace más que posible la desaparición del mundo, al menos como lo conocemos hasta ahora.

A lo largo de la historia, la humanidad ha pasado por toda clase de procesos; desde periodos de claro expansionismo imperial, hasta etapas de evidente cerrazón sobre la propia sociedad. Con esa experiencia acumulada sería deseable que no abandonásemos la idea del mundo como un proyecto abierto, un lugar compartido por encima de las diferencias. Cada vez más, la afirmación revolucionaria de que “otro mundo es posible” parece mutar en: “el mundo, tal y como es, es imposible”. La descomposición actual es devastadora porque dificulta mucho la posibilidad de imaginar un futuro plausible.

El síntoma más evidente de que cada vez hay más riesgos es la nueva carrera armamentística, que incluye, junto con las armas tradicionales, la inteligencia artificial, la vigilancia espacial y la guerra cibernética. La diplomacia está en franco retroceso, la seguridad se entiende como herramienta preventiva y el planeta Tierra, que ya sufre una crisis ecológica, está siendo víctima del mayor resurgimiento militar.

Desde Washington hasta Pekín y desde Moscú hasta Delhi, los gobiernos están dedicando unos recursos sin precedentes al presupuesto de defensa. La OTAN ha elevado su objetivo de gasto del 2 al 5% del PIB. España ha sido el único país que se ha negado a asumir ese aumento; aunque Madrid recibe cada vez más presiones para que incremente el gasto armamentístico.

A diferencia de algunos de nuestros vecinos europeos, los motivos del presidente del Gobierno para resistirse no son meramente económicos, sino también éticos e históricos. Los españoles, que todavía tenemos en la memoria cicatrices de la dictadura, nos sentimos incómodos ante la perspectiva de insertar la lógica militar en la vida civil. Para gran parte de las nuevas generaciones, los peligros que nos acechan son otros como, por ejemplo, la sequía, la inseguridad alimentaria, las desigualdades y la industria extractiva.

La carrera no es solo militar e industrial, sino que también se desarrolla en los ámbitos de la inteligencia artificial, las armas autónomas y la militarización de la órbita espacial. Estamos entrando en una era en la que la inteligencia, que es artificial, no rinde cuentas a nadie, por lo que la responsabilidad se evapora. Los gobiernos están haciendo inversiones inmensas en sistemas diseñados para predecir, anticiparse y castigar; es decir, para gobernar utilizando la amenaza. Las armas desarrolladas con IA desestabilizan ecosistemas enteros y combinan el genocidio y el ecocidio. Las granjas de servidores consumen enormes cantidades de electricidad, agua y tierras raras. La extracción de litio ya ha arrasado regiones enteras de Bolivia, Chile o la República Democrática del Congo. El objetivo de garantizar la seguridad nacional hace que el planeta sea cada vez más inseguro. El gasto militar en logística, pruebas de armas y flotas navales que se alimentan de combustibles fósiles sigue en aumento, pese a que hay que descarbonizar nuestras vidas para afrontar la crisis climática.

 A pesar de las evidencias, las guerras, el clima, la IA y las migraciones no se abordan nunca como elementos relacionados, sino de forma aislada. En consecuencia, se olvida lo obvio: que estos no son problemas paralelos y el rastro que dejan no es de un posible nuevo orden mundial, sino de la precariedad del planeta.

De forma generalizada, nos hacen promesas que luego se olvidan. Sin un orden mundial que medie entre la interdependencia ecológica y la rivalidad geopolítica, los países vuelven al extractivismo. Está desapareciendo el mundo propiamente dicho, no solo como idea, sino como ámbito en el que los seres se relacionan y nacen los significados. Las ruinas del mundo son recintos aislados: fortalezas nacionales, cajas de resonancia digitales, zonas militarizadas.

Si hay una salida, no es a través de la nostalgia. El orden mundial que se derrumba participaba en la dominación y la explotación. Lo que necesitamos es algo más profundo: refundar el mundo como un espacio de relaciones y cuidados. Resistirse a militarizar la imaginación es también negarse a ver la Tierra como una reserva de recursos o un campo de batalla. Reconstruir el mundo no significa restaurar lo perdido, es dejar claro que, incluso en medio del colapso, hay un mínimo de sentido. Todavía existen formas de relación y actuación que mantienen abierta la posibilidad de algo que no sea la guerra. Es posible que la carrera armamentística acapare los titulares, pero, si aún existe un futuro, no será de quienes gobiernan por la fuerza, sino de quienes se atrevan a vivir —con cuidado, con respeto y con los demás—, mientras quede algo de un planeta más acogedor.

 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en la web de CORTUM 01/07/2026

 

LAS INESCRUTABLES DECISIONES DE LA jUSTICIA

 

“La justicia es un cachondeo”, dijo, en 1985, Pedro Pacheco, en aquel entonces alcalde de Jerez de la Frontera. La frase generó un considerable revuelo mediático y una cierta alarma social. Ahora, con lo que estamos viendo y viviendo, aquella frase ha resultado ser una auténtica premonición.

No vamos bien. El Poder Judicial nunca ha sido de fácil comprensión para la ciudadanía, pero, desde hace un tiempo, la Justicia de nuestro país se ha convertido en algo inescrutable para la mayoría de los mortales. Con demasiada frecuencia, decisiones de los tribunales, que tienen que ver con affaires políticos, a los ciudadanos de a pie nos dejan perplejos.

Es el caso de Álvaro García Ortiz, ex fiscal general del Estado al que el Tribunal Supremo condenó, el pasado noviembre, por un delito de revelación de secretos. La sentencia firmada por cinco de los siete miembros del tribunal concluye que él “o una persona de su entorno inmediato y con su conocimiento” filtró un correo del abogado de Alberto González Amador; pareja sentimental de Isabel Díaz Ayuso, y que, al día siguiente, redactó una nota de prensa que también revelaba datos confidenciales de la misma persona. No obstante, dos magistradas consideraron que no existen pruebas de que García Ortiz fuera el autor material de la difusión del mail, y que el comunicado no constituye ninguna infracción. Mientras, González Amador, defraudador confeso de Hacienda, sigue campando a sus anchas sin que, de momento, nadie le haya pedido explicaciones.

No entraré a valorar las imputaciones que se hacen al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, primero porque están en una fase muy embrionaria y, segundo, porque existen bastantes probabilidades de que la investigación sea declarada nula por la forma cómo se obtuvieron determinadas pruebas. 

Una de las causas que más asombro está suscitando y más tinta está haciendo correr es la que mantiene abierta el juez Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez. El proceder del magistrado instructor constituye un auténtico despropósito judicial. Su última decisión ha sido poner en duda la integridad profesional de los escoltas, al sostener en su escrito de acusación que “podrían ayudar a huir a Gómez fuera de España”. Además de retirar el pasaporte a la encausada y exigirle que comparezca cada 15 días ante el juzgado. Como ha señalado Baltasar Garzón: “Si Pedro Sánchez no fuese presidente del Gobierno, ese caso no hubiese llegado nunca hasta donde está”.

Otro caso que está a la espera de sentencia es el que se ha seguido contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por las supuestas irregularidades en la creación de un puesto de alta dirección en la Diputación de Badajoz en 2017. Quizás aquí habría que recordar que en aquel tiempo Pedro Sánchez, por no ser, no era ni diputado. Por cierto, la persona presuntamente perjudicada por aquella decisión presentó la querella en 2024, es decir, siete años después. Que cada cual saque sus propias deducciones.

Con todo, la sentencia que ha copado las portadas de todos los medios, artículos, columnas, tertulias y un largo etcétera es la que ha hecho pública el Tribunal Supremo sobre el affaire conocido como “Caso mascarillas”. Es innegable que es un auténtico torpedo en la línea de flotación del Gobierno y en estos momentos resulta imposible hacer una valoración de la consecuencias que pueda tener, ni siquiera aproximadas. De todas formas, sorprende por su contundencia y dureza con el exministro Ábalos y su mano derecha Koldo García. Nada que objetar. El fallo explica con claridad cómo funcionaba la trama de esos sinvergüenzas: el corruptor –el empresario Víctor de Aldama– y los corrompidos –Ábalos y Koldo–. Los tres se aprovecharon de la crisis sanitaria de la pandemia para adjudicar contratos de mascarillas a dedo para Aldama y este compensaba a sus socios con las correspondientes comisiones. Lo sorprendente es que Aldama se libre de entrar en prisión después de haber obtenido 3,7 millones de euros de manera ilegal. Como también irrita que no pague por haber mentido en diversas ocasiones en sus declaraciones como demostró la UCO. También enerva que no tenga que devolver la cantidad defraudada. Por todo eso, la argumentación del Supremo de que colaboró con la justicia es muy débil. lo que da pie a pensar que hay un trato de favor.

En este contexto, puede resultar muy clarificadora la actitud de Víctor de Aldama saliendo feliz del tribunal, parándose ante la prensa para mostrar su alegría y lanzar una frase que no ha pasado inadvertida en el mundo político: “Estoy satisfecho con la sentencia, y espero que con ella los que vienen detrás colaboren”.

Se puede decir más alto, pero no más claro.

 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 29/06/2026

IZQUIERDAS DESNORTADAS

Estamos a las puertas de un nuevo ciclo electoral. El próximo mes de mayo habrá elecciones municipales en toda España, autonómicas en varias regiones y las generales, tal y como están las cosas, pueden ser convocadas en cualquier momento.

Como no puede ser de otra manera habrá que recargar las pilas y dar la batalla. Pero no podemos pecar de incautos y hemo de admitir que la situación que se está viviendo desde la izquierda no es la mejor para afrontar un proceso electoral como el que nos espera.

No se trata, tan solo, de los casos de corrupción, compadreos diversos e investigaciones judiciales que en los últimos tiempos están poniendo en jaque al Gobierno que, con ser graves, no son lo peor. Estoy pensando en algo mucho más estructural y profundo: el progresismo en conjunto padece una crisis de identidad que está arrastrando a la izquierda en general y a la socialdemocracia en particular a la marginalidad. Las izquierdas están desnortadas, y así es materialmente imposible hilvanar un proyecto político que ilusione y pueda ser el embrión de un programa que reconecte a la ciudadanía con la política.

En cambio, la derecha, en especial la extrema, ha construido un relato en el que hace responsable de todos los males que nos aquejan a la élite política, al feminismo y a los inmigrantes. Esos son, a su modo de ver, los causantes de todas nuestras desgracias.

Y les funciona. Lo hemos podido comprobar en el miniciclo de elecciones autonómicas que se inició el pasado mes de diciembre en Extremadura y acabó el 17 de mayo con los comicios en Andalucía, después de haber ido a las urnas en Castilla León y Aragón. En todos esos lugares, los resultados para las fuerzas progresistas han sido malos y la derecha ha crecido. Y por si no hubiera bastante con esa muestra, todas las encuestas sin, prácticamente, ninguna excepción dicen lo mismo: la derecha extrema crece.

Vox se creó en 2013, pero durante los peores años de la crisis y los recortes, no despertó ningún entusiasmo en la ciudadanía. Sin embargo, el partido de Santiago Abascal ha mutado, y ya no es aquella organización que creció a rebufo del independentismo catalán. Para entender su desarrollo es necesario tener en cuenta la lenta gestación de un clima cultural y político que ha facilitado la popularidad de un partido de extrema derecha en España. Entre los fundadores de Vox se encuentran el propio Abascal y Alejo Vidal-Quadras, ambos procedentes del Partido Popular. El motivo que los llevó a abandonar el PP fueron las “concesiones” de los populares a los nacionalismos: Tanto Abascal como Vidal-Quadras comparten la visión de una España uniformista, sin matices, defensores del nacionalismo español más rancio, conservador, y tradicionalista. Aquel del “Santiago y cierra España”.

Nunca lo sabremos y jugar a especular suele ser sinónimo de perder el tiempo, pero es más que probable que sin el procés secesionista en Cataluña Vox no estaría hoy dónde está. A muchos ciudadanos aquellos sucesos les supuso abrir los ojos ante la cuestión nacional y muy pronto llegaron a la conclusión que la extrema derecha era quién mejor podía preservar la unidad de la patria.

Pero quedarnos ahí sería muy superficial. Desde aquel momento la derecha extrema ha ido ganando adeptos y en la actualidad el voto de Vox es tan transversal como el del resto de partidos; igual que lo es el voto por opciones análogas en otros países; como lo fue la mayoría que escogió a Trump. Sus votantes son personas en situación laboral precaria, pero también tiene profesionales, directivos o titulados superiores y, asómbrense, también se nutren con los votos de ciudadanos procedentes de la inmigración e incluso los votan los hijos de esos inmigrantes.

En un porcentaje muy importante, el votante de Vox es una persona que desea resolver los problemas sociales —inseguridad, vivienda, calidad de los servicios públicos—; algo compartido por la inmensa mayoría. La diferencia fundamental entre unos y otros estriba en que para unos todo eso se ha de generar dentro de unas normas establecidas de libertad y pluralismo, mientras que para los otros la autoridad debe ejercer el poder sin demasiados miramientos.

A todo esto, deberíamos añadir el desencanto de importantes segmentos de la clase trabajadora que han visto como sus referentes políticos pasaron de querer acabar con el capitalismo a hacerlo más justo (¿recuerdan? Bajar impuestos era de izquierdas).

Para que se entienda bien y no nos perdamos en disquisiciones metafísicas: los gobiernos del PP encabezados por José María Aznar fueron los que crearon la burbuja inmobiliaria. Cierto. Ahora bien, los que vinieron después no se preocuparon de pincharla hasta que les estalló en la cara. A cada cual lo suyo.

De todos modos, no quisiera acabar este breve análisis sin dejar una reflexión sobre la mesa: desde 2018, en nuestro país hay un gobierno de coalición y progreso. Todos conocemos los sucesos que en estos años se han tenido que afrontar, empezando por la pandemia de la Covid 19, hasta el cierre del estrecho de Ormuz, con un largo etcétera de por medio y todos vemos, también, como está el país. Llegados aquí me pregunto, ¿cómo estaríamos ahora, si en ese tiempo hubiese gobernado la derecha?

 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 22/06/2026

 

 

EVITAR LA GANGRENA

Muchos de los que empezamos a tener una edad, recordamos con indignación no disimulada cuando, un día de febrero de 1998, Luís María Anson reconoció públicamente que un grupo de plumíferos se conjuraron para, desde diversos medios de comunicación, poner en jaque al Gobierno de Felipe González hasta hacerlo caer. Obsesionados por alcanzar su objetivo, no regatearon en medios legítimos o ilegítimos, todo valía con tal de lograr su meta.

Aquella información que, en principio, algunos trataron de fantochada se confirmó cuando los exministros José Barrionuevo y Rafael Vera hicieron públicas unas cintas con conversaciones privadas. En ellas, Anson ampliaba la confesión e insinuaba oscuros planes impulsados por figuras como Mario Conde para derrocar a González.

El conocimiento público de aquellos hechos causó un terremoto político conocido en su momento como "la ansonada", provocando debates sobre la ética profesional y la manipulación de la opinión pública.

Pero eso ya es pasado. Ahora llevamos meses viendo como un grupo de sinvergüenzas han aprovechado que llevaban el carné del partido socialista en el bolsillo y han ocupado importantísimos cargos en el Gobierno de coalición y progreso para meter la mano en la caja y, no contentos con esas fechorías, se compincharon con otros personajes de su misma catadura moral y política con la idea de organizar una trama al más puro estilo de la Cosa Nostra y levantar una especie de  muralla que, supuestamente, debía proteger al partido y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez de posibles ataques, investigaciones judiciales o agresiones de cualquier tipo.

De nuevo la historia se repite, la posibilidad de que algunos desalmados con el marchamo de socialistas se muevan en esos ambientes tan poco virtuosos, ha sido el detonante para que las derechas políticas, judiciales y mediáticas sumen esfuerzos y quieran hundir políticamente al PSOE, derribar al Gobierno elegido de manera democrática y matar civilmente a su presidente. De lograrlo, el camino a la Moncloa quedaría expedito y los Feijóo y Abascal junto con sus adláteres podrían instalarse allí durante mucho tiempo.

A estas alturas, poco importa lo que haya de verdad o de conspiranoico en toda esta historia, se trata de establecer un relato que cale en la opinión pública. Por eso, los “ansones” del siglo XXI y sus conmilitones andan ocupados mezclando mentiras, verdades y especulaciones para construir una ficción que parezca verosímil. Algo muy similar a lo que ocurrió con los Papeles del Pentágono, entonces se puso de manifiesto el poder de una mentira organizada sobre un hecho: la guerra de Vietnam. Aquella manipulación impulsó a Hannah Arendt a escribir su ensayo “La mentira en política. Reflexiones sobre los documentos del Pentágono”, publicado en 1971. En ese escrito, Arendt analiza como las mentiras se utilizan por sistema en política para manipular la percepción pública y llevar la atención donde a un individuo y/o grupo le interesa. La filósofa alemana nos muestra de qué manera la mentira crea una realidad alternativa y acaba perjudicando la confianza en las instituciones y la legitimidad política.

En estos tiempos de posverdad que nos han tocado vivir, la distorsión de la verdad se repite de forma indecente. Lo vimos con claridad meridiana con Donad Trump. El líder norteamericano dijo hasta la saciedad que las elecciones de 2020 fueron “robadas”, a pesar de las pruebas que decían lo contrario. Incluso, cuando la Comisión de Investigación sobre el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 hacía públicas sus conclusiones, Trump, lejos de rectificar, seguía insistiendo en presentar los hechos como un intento descarado de desviar la atención del público de la verdad. “Para él la mentira se ha convertido en una estrategia política deliberada, destinada a dar forma a la narrativa que le conviene, con independencia de los hechos”, sostiene Máriam Matínez-Bascuñán, en su magnífico libro “El fin del mundo común” (Taurus).

No se trata de minimizar toda la bazofia que está surgiendo en el entorno del partido socialista. Al contrario, es necesario llegar al fondo de todas y cada una de las cuestiones que un día sí y otro también nos informan los medios y desinfectar, sin miramientos, todo lo que esté podrido, se llame como se llame quien esté detrás y sean cuales sean los motivos que han llevado a cometer semejantes tropelías.

Sin embargo, sorprende el mutismo que se ha impuesto en Ferraz y la falta de explicaciones políticas de la dirección del partido. Hay que evitar la gangrena política a toda costa. Pero todo eso se ha de hacer con medida, preservando la presunción de inocencia y dejando trabajar a la justicia. No es admisible una caza de brujas.

Cuando la ciudadanía pierde la confianza en las instituciones y desconfía de sus líderes y gobernantes llega la desafección, entonces los progresistas se desmovilizan y la reacción inmediata de la gente de izquierdas es no ir a votar “porque que todos los políticos son iguales y lo mejor es quedarse en casa”. No nos equivoquemos, la abstención no es neutral y eso es lo que da chance a la derecha para ganar las elecciones. Justo lo que están buscando ahora, con ahínco, los “ansones” del siglo XXI.

 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 15/06/2026

 

LEÓN XIV EN BARCELONA, UNA VISIÓN AMABLE

Cuando estas líneas salgan a la luz, faltarán pocas horas para que el avión que ha de trasladar al Papa León XIV, de Madrid a Barcelona, tome tierra en el aeropuerto de El Prat.

No hay duda de que la estancia del Papa en España y, de manera especial, en nuestra ciudad será un acontecimiento mundial. Lo será porque el eje vertebrador de todo el viaje es celebrar Misa en la Sagrada Familia e inaugurar la torre de Jesús de la iglesia más alta del mundo, casi 150 años después de que comenzarán las obras de construcción.  

En las cuarenta y ocho horas escasas que Robert Prevost esté en Barcelona la ciudad quedará colapsada, es decir, calles cortadas, líneas de bus alteradas y un sinfín de contrariedades para los sufridos ciudadanos de a pie que, con Papa o sin Papa, han de seguir con sus “insignificantes” rutinas diarias que, por otra parte, son las que mantienen vivo el ritmo del país.

Unos ciudadanos que ya empiezan a estar hartos de que Barcelona se esté convirtiendo en algo muy parecido a la pista de un circo, donde un día se celebra la cursa (carrera) de El Corte Inglés y se blinda el centro de la ciudad, al día siguiente se bloquean las arterias principales porque el Barça que ha ganado la Liga lo festeja con una rúa, y cuando no se corta el tráfico porque no sé quién hace una huelga o se montan una manifestación por no sé qué, cualquier excusa sirve para poner la ciudad patas arriba. Y no es que la gente no tenga derecho a usar y disfrutar la ciudad, faltaría más; pero la pregunta es: y los ciudadanos que no participamos en todo eso ¿Cuándo y cómo podemos gozar de la metrópoli en que vivimos y pagamos nuestros impuestos?   

Que se entienda bien. No digo que la estancia en Barcelona del pontífice no merezca algún sacrificio y/o padecer algún inconveniente en nuestras vidas diarias, está claro que sí. Solo quiero poner algunas dudas sobre el tapete.

Este Papa que cuando salió elegido parecía más bien tibio y contemporizador ha demostrado tener una gallardía ética, política y moral que ya quisieran para sí más de uno de esos líderes políticos que chulean con los de abajo, pero doblan la rodilla e inclinan la cabeza ante los de arriba.  

Con la elección de León XIV la Iglesia católica tomó una decisión estratégica. León XIV es el primer Papa estadounidense y el segundo americano. Eso le permite hablar directamente, no solo a los católicos de Estados Unidos, sino también, con mucha más autoridad, a los de origen latinoamericano. Pero sobre todo puede hablar de tú a tú con Donald Trump y en su mismo idioma; no es un Pontífice al que puede tratar como un intruso o un peligroso marxista, como hacía con Francisco. Prevost puede erigir su autoridad moral ante Trump y, además, con una actitud dialogante.

Eso es, justamente, lo que hizo León XIV el pasado mes de abril; el Papa calificó de "inaceptable" la amenaza lanzada por Trump de acabar con “toda una civilización” refiriéndose a Irán y el líder estadounidense no dudó en acusar al pontífice de "débil" y "pésimo en “política exterior”. León XIV defendió que era su "obligación moral" oponerse a la guerra y dijo no tener miedo del líder republicano. "Si Trump no hubiera reaccionado de forma exagerada, pocos habrían prestado atención a una postura que, en realidad, no tiene nada de extraordinaria. El Vaticano siempre ha defendido el derecho internacional", dijo entonces el director del Observatorio Geopolítico de la Religión del Instituto de Relaciones Internacionales y Estratégicas (IRIS) François Mabille. La reacción destemplada de Trump ante cualquier tipo de desacuerdo con sus políticas de inmigración y aventuras bélicas era de esperar.

León XIV fue elegido Papa meses después del regreso de Trump al Despacho Oval y ya había criticado algunas de sus políticas. Entre otras cuestiones, Prevost manifestó su descontento con las políticas migratorias de la Administración Trump y expresó su apoyo a la carta enviada por Francisco a los obispos de EE. UU., en la que denunciaba las deportaciones masivas ordenadas por Washington.

Hace ahora un par de semanas que se hizo pública la primera encíclica, de León XIV titulada: “Magnífica Humanitas”, en ese texto se señalan algunos temas que en estos momentos le preocupan: el reto de la inteligencia artificial (IA) y el poder creciente de las empresas que la dominan, en su opinión la inteligencia artificial “no es moralmente neutra”, sino que es un arma, y señala el peligro del “paradigma tecnocrático” que propugna una parte de Silicon Valley y algunos ideólogos cercanos a Trump. León XIV llama a “desarmar la IA (…) sustraerla a la lógica de la competencia armamentística, que hoy ya no es solo militar, sino económica y cognitiva”. “Desarmar no significa renunciar a la tecnología, sino impedirle el dominio sobre lo humano. La IA es ya un ambiente en el que estamos inmersos y un poder que debemos afrontar. Por eso, no basta regularla; es necesario desarmarla y hacerla acogedora”.

Sin duda, muy interesante, pero que los árboles no nos impidan ver el bosque. Porque más allá de las buenas palabras, todavía no ha habido ningún propósito de enmienda tangible por los abusos cometidos en nombre de la Iglesia. En cambio, la actitud de León XIV frente a los desmanes de Donald Trump o su posicionamiento sobre la IA, es algo que deberían haber dicho los líderes mundiales y puede suponer un cambio de paradigma en las relaciones entre la Iglesia y los poderes públicos.

Por todo eso, deberíamos convenir que la estancia del Papa en Barcelona es un hecho fuera de lo común y, por consiguiente, parece justificado qué en la ciudad, por un par de días, soportemos unos inconvenientes excepcionales, pero que afecten el mínimo imprescindible a la ciudadanía que, al fin y al cabo, es quien sostiene el país.

 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 08/06/2026

 

LA DERIVA DERECHISTA DEL NACIONALISMO CATALÁN

En los albores de la democracia recuperada, decían que Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) era un partido de centro con una altísima sensibilidad por las cuestiones sociales; mientras que Jordi Pujol se postulaba como político nacionalista con una visión poliédrica de la situación sociopolítica. Esa supuesta cosmovisión le llevó a flirtear con la socialdemocracia. Pero desde que, en 1980, contra pronóstico, alcanzó la presidencia de la Generalitat, los gobiernos dirigidos por él empezaron a aprobar presupuestos y a hacer política desde su credo ideológico; entonces quedó claro que, CDC no era un partido de centro, sino directamente de derechas y lo de la socialdemocracia un espejismo, porque Pujol y su entorno eran conservadores en lo económico, paternalistas en lo social y radicalmente extremistas en los asuntos identitarios. 

Con esos mismos criterios, el patriarca de la política catalana lideró, con mano de hierro, CDC todo el tiempo que fue president de la Generalitat; mientras que, a sus socios de coalición, Unió, ya les iban bien aquellas tendencias si podían tocar poder.

Todos sabemos cómo acabó CDC, No voy a insistir en ello. Quiero poner el foco en lo que vino después: el Partit Demòcrata Català (PDCat), que fue la organización que sucedió a la desaparecida Convergencia. Los mismos que habían liderado CDC, siguieron pilotando la nueva formación, incorporando alguna cara nueva de muy segunda fila para blanquear la imagen. No obstante, la aventura fue corta, de 2016 a 2018, tras diversos bandazos y alguna lucha intestina nació Junts per Catalunya. Tras ser registrado como partido en julio de 2018, permaneció bajo el paraguas de la coalición homónima Junts per Catalunya (JuntsxCat) como mera entidad instrumental, sin —digamos— vida propia. Esa situación mutó en julio de 2020, cuando Carles Puigdemont y varios miembros de su entorno asumieron el control del partido, apartándolo de la coalición JuntsxCat con el objetivo recuperar el espacio político que aglutinó CiU, pero ahora bajo el liderazgo del expresident fetiche (Puigdemont). El primer congreso de Junts se llevó a cabo entre julio y octubre de 2020 y concurrieron como partido en solitario por primera vez en las elecciones al Parlament de 2021.

Tras las elecciones generales de julio de 2023 y con la firma de los acuerdos con el PSOE para investir a Pedro Sánchez, se abrió una ventana de esperanza ante la posibilidad de que Junts se instalase en la centralidad de la política catalana y colaborase de forma activa en la política española con una visión progresista. Sin embargo, aquello fue como el sueño de una noche de verano; porque hemos visto como los pos posconvergentes han ido mudando la piel de forma continua, deslizándose a posiciones cada vez más de derechas, hasta el punto que resulta difícil discernir si determinadas iniciativas y/o posicionamientos políticos son de Junts, del PP o de Vox, a juzgar por sus planteamientos sectarios, cuando no elitistas e incluso xenófobos. En lo que llevamos de legislatura, los de Puigdemont han votado más veces con el bloque de la derecha que con la mayoría de la investidura. El diario de sesiones del Congreso de los Diputados da fe de estas afirmaciones.    

Un ejemplo evidente de esa derechización se produjo en el mes de abril, cuando Junts votó con el PP y Vox la tramitación de una proposición de los populares para una ley del Suelo. En texto incluye una disposición derogatoria para eliminar “los aspectos más lesivos” de la ley de vivienda de 2023. En concreto, se propone la supresión de “las medidas intervencionistas en el mercado de alquiler como las zonas de mercado tensionado, los índices de los alquileres, el control de precios y los instrumentos de apoyo a la inquiocupación”.  La intención última de Junts al dar soporte a esa iniciativa era derrumbar toda la arquitectura legislativa en la que se basa la política de vivienda del Govern catalán. Como si no hubiera decenas de miles de catalanes que ven truncados sus proyectos de vida porque no pueden acceder a una vivienda por su carestía.

Ahora vemos con claridad lo que Junts buscaba al hacer pactos con el PSOE: primero, conseguir la amnistía para los condenados por el procés y, luego, exprimir al Gobierno (máximo representante del pérfido Estado español) como si fuera un limón para luego dejarlo tirado. El resto les importa un pimiento.

Y parece que esto ya no más de sí. En estos momentos difíciles que vive el socialismo y por extensión el Gobierno de coalición, los de Junts, por boca de su portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, con su elegante y cuidada oratoria no desaprovechan las ocasiones que se les presentan para decirle al presidente que: “menosprecia a la democracia” o que carece “legitimidad democrática”, entre otras lindezas por el estilo.

Los proyectos económicos y sociales de PP y Junts son, prácticamente, intercambiables, difieren en lo identitario porque mientras para unos lo español es prioritario, para los otros su visión de Cataluña está por encima de todo y de todos; en lo demás las diferencias son “peccata minuta”. Por eso, en Junts no tendrían ningún empacho en pactar con los populares, y si no apoyan la cacareada moción de censura del PP es porque la línea roja la marca Vox. 

Solo faltaba la aparición en el tablero político de Alianza Catalana, con las encuestas advirtiendo que ese partido les está comiendo el terreno para que en Junts entren en pánico, y para salvar la situación no han tenido mejor ocurrencia que poner en práctica las políticas de PP y Vox. La prioridad nacional, y primero los de aquí en versión catalana.

Por lo visto, los de Puigdemont piensan que derechizando el discurso encontrarán la solución a sus problemas. Craso error. Como diría un creyente “en el pecado tendrán la penitencia”.

 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 31/05/2026

 

DE ANADALUCÍA AL PALAU DE LA GENERALITAT VIAJANDO CON PLUS ULTRA

 

El domingo, 17 de mayo, las urnas en Andalucía certificaban la hegemonía incuestionable del PP en política autonómica, mientras que el PSOE obtenía el peor resultado de su historia en aquella comunidad.

Los hicieron populares la campaña de las autonómicas andaluzas convencidos de que podrían lograr la mayoría absoluta, pero se quedaron a las puertas y eso les aboca a buscar algún tipo de acuerdo con Vox; algo que, con toda seguridad, llevará a Moreno Bonilla (candidato a la presidencia de Andalucía del PP) a tener que encajar la “prioridad nacional” y la marginación de los inmigrantes entre otras políticas discriminatorias; de la misma manera que las han tenido que asumir sus colegas en Extremadura y Aragón. Además, esos resultados reabrirán una carpeta que en el PP había guardado en un cajón: el modelo de gobernanza, templado, moderado y tranquilo como ha practicado Juanma Moreno en Andalucía o el presidencialismo de trumpismo cheli que practica Isabel Díaz Ayuso. El debate para los populares está servido.   

Todo esto, no le quita ni un ápice de gravedad al fracaso de los socialistas en Extremadura, Aragón y ahora en Andalucía, en menos de seis meses se han perdido cuatro elecciones, tres por goleada. La situación es crítica. Por lo tanto, es urgente que en la calle Ferraz hagan un diagnóstico correcto de la situación y comiencen a aplicar medidas adecuadas. El partido se está yendo por el sumidero y hay que reaccionar con de choque y con un proyecto de recuperación. Es evidente que el invento de poner a miembros del Gobierno como candidatos a un gobierno autonómico no ha dado resultados. Rectificar es de sabios.

En paralelo al proceso electoral andaluz, en la sala de máquinas del Palau de la Generalitat, los alquimistas del Govern, con la inestimable colaboración de algún gurú de ERC ultimaban una fórmula magistral para lograr al elixir de la vida que, en esta ocasión, equivale a aprobar los Presupuestos del Govern para 2026. Los primeros de Salvador Illa como presidente.

Unas cuentas que habían quedado aparcadas, ante la imposibilidad de que la Agencia Tributaria Catalana (ATC) pudiera gestionar y recaudar el IRPF. Ahora, como por ensalmo, aquella línea roja ha desaparecido para ERC, parece ser que a cambio de recuperar un proyecto de tren orbital que unirá Mataró con Vilanova i la Geltrú sin pasar por Barcelona. A la vez, el Govern ha asumido el compromiso de dotar a la ATC, con 527 millones de euros más, de aquí a 2029, para que gane músculo e infraestructura; Asimismo, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona serán mayoritarios en el Consorcio de la Zona Franca y se creará una sociedad mercantil que supervise e impulse las inversiones del Estado en Cataluña. Para más adelante ha quedado la negociación que ha de permitir una mayor presencia de la Generalitat en la dirección del aeropuerto de El Prat. Poco después de alcanzado el acuerdo, una reunión de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado validaba el pacto PSC ERC

En este vorágine negociador, los Comunes, se habían puesto un poco de perfil, pero, tras algunos nuevos acuerdos, principalmente, en políticas de vivienda han actualizado su rúbrica en el documento de los Presupuestos.

Cuando escribo estas líneas, la piedra en el zapato para el Govern Illa, sigue siendo la huelga de docentes y aunque se ha producido algún avance en materias tan sensibles como la escuela inclusiva, los salarios de los docentes son el gran escollo.

Por si no había suficiente desconcierto en las filas socialistas, el pasado martes se hizo público que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que instruye el caso Plus Ultra, atribuye al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y personas de su entorno el cobro supuestamente irregular de 1,95 millones de euros procedentes de la trama investigada. Según el juez el expresidente es el presunto líder de “una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” que obtuvo “beneficios económicos” tras intermediar “ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente [la aerolínea] Plus Ultra”, que resultó beneficiaria de una ayuda pública de 53 millones de euros. Esa supuesta trama utilizó sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos para, entre otros fines, “ocultar el origen y destino de los fondos” supuestamente recibidos por sus gestiones.

Por respeto a la justicia y a la presunción de inocencia, no se deberían hacer juicios de valor que podrían ser erróneos. Ahora bien, si se confirma que hay caso Rodríguez Zapatero, el mazazo a la militancia socialista será brutal. Con los principales líderes de los últimos 50 años fuera de circulación por razones diversas, Zapatero era un referente. Él fue el presidente que mandó retirar las tropas de Irak, también quien dio un gran impulso a los derechos sociales y las libertades en nuestro país, además de acabar con ETA.

Si exceptuamos Cataluña y quizás Asturias y Castilla la Mancha, está claro que el socialismo español no está pasando por buenos momentos. No obstante, sería deseable que los profetas de la catástrofe no se frotasen las manos porque no hay nada que nos indique que los resultados de las elecciones autonómicas se trasladan de forma mimética a las elecciones generales.

Lo que sí resulta evidente es que, con los resultados en Andalucía, el PP se va a ir más arriba de lo que ya está. Solo faltaba la imputación a Rodríguez Zapatero para que la polarización de la política nacional suba de manera exponencial.

Qué le vamos a hacer. Es lo que hay. Tenderemos que convivir con ello y plantar cara al adversario. No queda otra. 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 26/05/2026

LA CARA OCULTA DE LA IA

El debate está servido. Nadie duda que la inteligencia artificial (IA) ha venido para quedarse, pero resulta evidente que, al menos en un principio, va a destruir más puestos de trabajo de los que va a crear. Según algunos estudios, en un plazo relativamente corto, la IA estará en disposición de hacer las tareas que, en la actualidad, hacen algo así como el 60% de los humanos. Ante esa situación tan poco halagüeña para nuestro estilo de vida, se hace necesario que los gobernantes estudien cual es la mejor manera para que haya el menor número de afectados posible.

En muy poco tiempo, la IA se ha convertido en el gran objeto del deseo. Las grandes empresas tecnológicas están destinando cantidades astronómicas en su desarrollo a la espera de obtener unos beneficios que compensen esas inversiones. No obstante, como casi todo en esta vida, también aquí hay una cara oculta y es que ese gasto disparado y la escalada de sus acciones en el mercado, podría estar generando una burbuja de consecuencias imprevisibles. Los analistas también alertan de que el consumo energético de estas tecnologías es tan elevado que su huella climática podría contrarrestar los beneficios previstos con su crecimiento.

Tampoco deberíamos relativizar los más que previsibles recortes de plantilla, porque, de hecho, son el quid de la cuestión. Gigantes como Amazon o Meta ya están intentado compensar sus inversiones reduciendo el personal asalariado en sus centros de trabajo. Y eso significa que los estados tendrán menos ingresos para cubrir las prestaciones sociales de la ciudadanía.

Los rendimientos del trabajo, mediante el IRPF y las cotizaciones de los trabajadores son dos pilares básicos de los sistemas fiscales de la práctica totalidad de los países, al menos en Occidente. De hecho, la posibilidad de que un determinado tipo de máquinas aporten a las arcas del Estado hace tiempo que está sobre la mesa. En 2019 el premio Nobel de economía Edmund Phelps propuso un impuesto a los robots para contribuir al mantenimiento de las prestaciones sociales. Poco antes lo había hecho Bill Gates, fundador de una de las mayores tecnológicas del mundo, Microsoft que sugirió aplicar a los robots la misma carga fiscal que soportaría el trabajador sustituido por ellos.

Como ya se ha mencionado más arriba, una de las consecuencias no deseadas de la implantación de la IA es la pérdida de sitios de trabajo que, a su vez, lleva aparejada la merma de ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social. En concreto, en nuestro país, a principios de 2026, la Seguridad Social española mostraba un superávit en su ejecución presupuestaria mensual, alcanzando los 3.172 millones de euros hasta febrero (0,2% del PIB) gracias al aumento de cotizaciones. Sin embargo, el sistema ha mantenido un déficit estructural histórico que se ha reducido gracias a las transferencias del Estado, reflejando un saldo negativo de 7.387 millones de euros al cierre del ejercicio 2025.  Por lo tanto, no hay que descartar que nuestra Seguridad Social vuelva a la senda del déficit impulsada por la IA.

Ante una cuestión de tanto calado y tan compleja como la que nos ocupa, la diversidad de opiniones es incuestionable. Según afirma Sanjay Patnaik, director del Centro de Regulación y Mercado del think tank estadounidense Brookings Institution, los gobiernos deben abordar “los riesgos que plantea la IA” elevando la tributación del capital en lugar de crear un impuesto específico sobre ella, por las dificultades en su diseño y las distorsiones que podría generar. En cambio, Goldman Sachs estima que la IA empujará el PIB mundial un 7% en la próxima década; el FMI prevé que aporte hasta ocho décimas adicionales al año al crecimiento de aquí a 2030. Mientras que, la Organización Mundial del Trabajo calcula que uno de cada cuatro trabajadores en el mundo, concentrados en los países de altos ingresos, desempeña una ocupación con cierto grado de exposición a la IA, pero al mismo tiempo pronostica que la mayoría de los empleos se transformen en lugar de desaparecer.

Ya lo alertaron en un documento para el FMI los economistas del MIT Daron Acemoğlu y Simon Johnson en 2023. “En las últimas cuatro décadas, la automatización ha aumentado la productividad y multiplicado las ganancias corporativas, pero no ha conducido a una prosperidad compartida en los países industriales”. “La tecnología y la inteligencia artificial producen impactos sociales que tienen que ver con la política. “No podemos permitir el determinismo tecnológico” sostiene Luz Rodríguez, catedrática de Derecho del Trabajo y exsecretaria de Estado de Empleo, “El debate es necesario e iremos donde queramos ir”.

Es una evidencia que no se puede ir contra el progreso. Sería absurdo. Ahora bien, hemos de lograr que los avances científicos, tecnológicos o de cualquier otra índole sean nuestros aliados y no nuestros adversarios. Por consiguiente, hemos de encauzar los elementos que generan progreso para que este redunde en nuestro beneficio económico y bienestar social, no en contra nuestra. En ello nos va el futuro.

 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 18/05/2026

 

DESIGULADAD SIN CONTROL

Un reciente informe publicado por OXFAM Intermón, con el título “El saqueo continúa”, resulta demoledor Según ese documento, en 2024, la riqueza conjunta de los milmillonarios creció tres veces más rápido que en 2023. De seguir a ese ritmo, dentro de una década habrá cinco millones de billonarios. Mientras tanto, el número de personas que viven en la pobreza apenas ha variado desde 1990. Así pues, la desigualdad está fuera de control.

El informe enfatiza en que la mayor parte de la riqueza de los milmillonarios no es fruto del esfuerzo, sino del saqueo: el 60% o es heredada, o, bien, está marcada por el clientelismo, la corrupción, o vinculada al poder de monopolio.  Vivimos en un mundo profundamente desigual donde el colonialismo continúa estando presente de diversas maneras. Existe una larga historia de dominación colonial que ha beneficiado, principalmente, a las personas más ricas. El sistema actual sigue extrayendo riqueza del sur global en beneficio del 1% más rico, a un ritmo de 30 millones de dólares por hora, que reside, mayoritariamente, en el norte global. Por lo tanto, es urgente revertir la situación.

No somos conscientes de que billones de dólares se están transmitiendo a través de herencias o mediante los sistemas de ingeniería financiera, dando lugar a una nueva aristocracia de superricos que ejerce un inmenso poder y condiciona nuestra vida política y nuestra economía.

Las personas que viven en la pobreza en todo el mundo siguen siendo quienes más sufren los efectos de las múltiples crisis, desde las heridas que dejó la pandemia, pasando por conflictos de todo tipo hasta la crisis climática. Es un círculo vicioso que agrava aún más la pobreza, el hambre y la desigualdad.

Por otra parte, aunque la economía crezca y las empresas, con la automatización y la incorporación de las nuevas tecnologías hayan aumentado su producción de forma exponencial, en los últimos cincuenta o sesenta años los salarios han evolucionado a la baja en comparación con el incremento del coste de la vida. O dicho de otro modo, a pesar de que la riqueza nacional crece, el dinero se lo quedan los de siempre.

La cuota por ingresos del trabajo ha pasado de representar aproximadamente dos tercios del PIB global a principios de los años 80, a situarse cerca del 52% en la actualidad, es decir, poco más de la mitad, la tasa más baja de la serie histórica de acuerdo según  datos del año pasado de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Los expertos de ese organismo opinan que si hoy los trabajadores recibieran la misma proporción que en el 2004, sus bolsillos tendrían 2,4 billones de dólares más.

La economía mundial, a día de hoy, está más enfocada en obtener retornos financieros rápidos para los accionistas, lo que incentiva a las empresas a “contener” el gasto en nóminas para maximizar el dividendo. Con la globalización, la facilidad para mover la producción a países de bajo coste ha presionado los salarios a la baja en todo el planeta. Esta deslocalización, junto al menor poder e influencia de los sindicatos, ha hecho que el trabajador tenga menos fuerza para exigir mayor parte del pastel.

“Estamos ante un fenómeno dramático”, sostiene el consultor y ensayista Lasse Rouhiainen, autor del libro Domina la inteligencia artificial antes de que ella te domine a ti (Alienta, 2026). “Hace unos años creía que la IA también abriría oportunidades, pero ya no está tan claro de qué tipo. Las empresas antes fichaban a personas que sabían aplicar la IA. Ahora trabajan directamente con agentes de IA”, (…) “El modelo tradicional de pago por horas trabajadas se desmorona cuando una hora con la IA produce diez veces más que una hora sin ella. Asimismo, habría que repensar el sistema educativo, con títulos universitarios que deberían actualizarse cada año, porque el avance es muy rápido” comenta.

Según el Banco Mundial, si la desigualdad sigue creciendo al ritmo actual, tardaríamos más de un siglo en acabar con la pobreza, y tan solo el 8 % de la población mundial vive en países con un nivel de desigualdad bajo.   Según el índice de compromiso con la reducción de la desigualdad que ha sido elaborado por Oxfam y Development Finance International revela que, desde 2022, la inmensa mayoría de países registran tendencias negativas en las políticas de lucha contra la desigualdad.

Es evidente que las perspectivas son muy poco esperanzadoras. No obstante, no nos podemos rendir. Nos queda un largo camino por recorrer para lograr todo lo que soñamos, pero podemos encontrar esperanza, inspiración y motivación en los movimientos de personas que luchan contra la desigualdad y oponen resistencia al colonialismo. 

Por consiguiente, hemos de sumar esfuerzos con aquellos que luchan por un mundo más justo y construir economías basadas en la equidad y la justicia social, desterrando la codicia de una minoría privilegiada. Que la desigualdad siga sin control es un lujo que no nos podemos permitir.

 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en la web de la plataforma Còrtum 12/05/2026

 

LA LEY DE LA SELVA

 

A nivel internacional estamos viviendo una situación caótica. Las reglas que nos habían guiado en las siete u ocho últimas décadas han sido fagocitadas y las instituciones que daban razón de ser al orden establecido están cayendo en la irrelevancia. Si nadie lo remedia, vamos camino de volver a la ley de la selva, es decir, a la ley del más fuerte.

Donald Trump, Vladímir Putin o Benjamín Netanyahu son líderes profundamente diferentes entre sí, al mando de países que en muchos sentidos se hallan en las antípodas unos de otros. No obstante, comparten un hilo conductor en sus actitudes que nos sirve para entender la época en la que nos adentramos: la disposición a sembrar el caos en el mundo para hacer avanzar sus intereses nacionales y/o personales. Esa predisposición es un factor clave del acelerado hundimiento del planeta en una espiral de conflictos.

Aunque no son ni mucho menos aliados geopolíticos, esos tres personajes cooperan en la destrucción de un orden que nos hace funcionar con instituciones y reglas compartidas. Ninguno de ellos tiene reparos en espolear el caos en el mundo para avanzar en objetivos imperialistas, nacionalistas o personalistas. Mucho de ese caos tiene que ver con su propia supervivencia en el poder. Trump surfea el caos para mantener constantemente atención mediática y el control del relato. Mientras que Netanyahu y Putin aprovechan sus guerras para azuzar el sentimiento nacionalista y el cierre de filas en tiempos difíciles. Pero, al margen de los objetivos específicos, esa política de caos erosiona las reglas que diferencian una sociedad civilizada de una de la selva.

Me parece oportuno recordar aquí una resolución de condena de la invasión rusa de Ucrania que se votó el 2 de marzo de 2022, en la Asamblea General de la ONU. En esa votación 18 países mostraron su rechazo a la condena. Junto a Rusia, dijeron que no, entre otros, Estados Unidos, Israel, Corea del Norte, Bielorrusia, Nicaragua, Hungría, Sudán y Eritrea (Irán se abstuvo, aunque suministra drones letales a los rusos). O sea, un listado que nos pone sobre la pista para detectar a los señores del caos.

En un interesante ensayo, publicado en 2019,  Giuliano da Empoli, profesor de política comparada en el Instituto de Estudios Políticos de París, formuló el concepto de “ingenieros del caos” para referirse a los asesores, propagandistas y expertos tecnológicos que han sabido manipular como nadie el mundo digital para promover liderazgos populistas. Esos individuos propician que en el ámbito de la geopolítica asistamos al protagonismo cada vez más desatado de los señores del caos, mientras el multilateralismo y sus normas se erosionan de manera constante.

De hecho, no es un perfil nuevo. Siempre han existido señores del caos. Estados Unidos, en distintas etapas, ha promovido golpes de Estado o emprendido invasiones ilegales como la de Irak. Por su parte la URSS buscaba subvertir las democracias occidentales a través de programas de agitación y/o elementos de presión para controlar a otros países. Europa no se queda atrás y tiene un largo historial de colonialismo, donde para lograr el control de los pueblos a menudo utilizaba el caos como herramienta.

En la actualidad, la diferencia con otras etapas viene dada por unos rasgos de inestabilidad muy acusados. El orden anterior ha desaparecido con la implosión de la URSS; el colonialismo europeo es una reliquia de museo y la preponderancia de EE UU en el mundo se está desintegrando de forma acelerada. En este contexto, algunos buscan su camino con total desprecio por las instituciones o reglas internacionales establecidas.

El autogolpe propinado a la primacía de EE UU está generando la destrucción del formidable entramado de alianzas que Washington construyó a lo largo y ancho del mundo durante ocho décadas. Ningún aliado se fía ya de la Casa Blanca. Muchos ponen al mal tiempo buena cara por temor a quedarse desamparados de repente —pero todos se están organizando para no depender nunca más de forma tan directa de Estados Unidos—. En público, muchos líderes optan por la contención, pero en privado el nivel de desconfianza hacia Washington es extraordinario, incluso desde sectores, en principio, filoestadounidenses. La lógica subyacente es que hay que reducir los riesgos de la dependencia de Washington tanto como de China.

La cuestión es que el mundo avanza hacia un nuevo orden que nos viene dado por el regreso de la gran influencia de las potencias que quieren imponer sus lógicas imperiales. Esta idea se puso de manifiesto en los discursos públicos y en las conversaciones privadas de la Conferencia de Seguridad de Múnich, celebrada hace un par de meses. Mientras que Rusia lleva a cabo desde hace años una política imperialista por medios militares y China se declara sostenedora de un orden mundial multilateral, pero no lo respeta cuando se trata de su área influencia; entonces, para el impero asiático las sentencias de los organismos internacionales son papel mojado; y para rematar el panorama EE UU desprecia olímpicamente los más elementales tratados de derecho internacional e invaden un país soberano poniendo en jaque, entre otras cosas, la economía mundial, sin el soporte de ningún parlamento nacional, ningún organismo supranacional y ni, tan siquiera, el apoyo de sus aliados más cercanos. Si eso no es la ley de la selva que alguien diga que es. 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 11/05/2026