FIN DE CICLO..., O NO

Estamos en el último curso de esta legislatura y quién sabe si, también, este es el último curso de este ciclo político.

Todo empezó a raíz de la alarma y malestar social generado por la sentencia del caso Gürtel. Aquella situación hizo que un alicaído y despistado PSOE se animara a presentar una moción de censura contra Mariano Rajoy. La moción proponía como candidato a la presidencia del Gobierno al secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez.  Sánchez declaró que establecería un gobierno «de transición», que asegurase la «gobernanza» del país y recuperase la «normalidad democrática», por la crisis política desatada y, para cuanto antes, convocar elecciones generales anticipadas.

El 13 de febrero de 2019 el Congreso de los Diputados rechazó los Presupuestos Generales del Estado propuestos para 2019, por lo que Sánchez llamó a las urnas el 28 de abril. Comenzaba así un nuevo ciclo político que es el que estamos viviendo.

En efecto, el 7 de enero de 2020, Pedro Sánchez prometía su cargo, los ministros hacían lo propio, quedaba constituido el primer Gobierno de coalición de la democracia recuperada y la XIV legislatura del Congreso de los Diputados echaba a andar.

A partir de ahí, una pandemia, una erupción volcánica, una crisis energética global, una inflación disparada, el conflicto catalán, una compleja aritmética parlamentaria y una sucesión de polémicas investigaciones judiciales que han asediado a personas de su entorno político y personal, han jalonado la trayectoria presidencial de Pedro Sánchez.

Ningún presidente de la democracia recuperada ha tenido que encajar tantos contratiempos ni gobernar en un contexto tan cambiante como Pedro Sánchez. La etapa de Sánchez ha estado marcada por una constante sucesión de sobresaltos, pero también por la aprobación de algunas de las reformas sociales y económicas más relevantes de las últimas décadas.

La irrupción de la covid-19 en marzo de 2020 alteró por completo el rumbo de la legislatura. Se decretó el estado de alarma, confinó a millones de ciudadanos y paralizó buena parte de la actividad económica en una situación sin precedentes. La gestión de la pandemia se convirtió en el principal desafío del presidente. Su Ejecutivo impulsó medidas extraordinarias para sostener empresas y empleo, entre ellas los ERTE, ayudas a autónomos y diversas prestaciones sociales destinadas a amortiguar el impacto económico de las restricciones.

De forma casi simultánea, se fue planificando un amplio paquete de reformas que después se han ido haciendo realidad. Una de las más destacadas fue la reforma laboral, planteada para reducir la temporalidad y mejorar la estabilidad en el empleo. A la vez, se han ido sucediendo subidas del salario mínimo interprofesional, la revalorización de las pensiones conforme al IPC y la aprobación del ingreso Mínimo Vital.

La agenda legislativa incluyó leyes de fuerte contenido social y simbólico, como la regulación de la eutanasia, la ley de memoria democrática, la ley trans o distintas medidas orientadas a facilitar el acceso a la vivienda.

En 2021 entró en erupción el volcán de La Palma lo que obligó al Ejecutivo a desplegar un amplio dispositivo de ayudas para los afectados. Meses después, llegaba invasión rusa de Ucrania que desencadenó una crisis energética que disparaba los precios y obligó a adoptar medidas para contener la inflación y el coste de gas y electricidad.

A diferencia de lo que hizo Mariano Rajoy, en los años más duros del “procés”, Sánchez apostó por el diálogo con los líderes independentistas catalanes, La consecuencias más notables de esa política de apaciguamiento y normalización fueron, primero, los indultos concedidos en 2021 a los dirigentes independentistas y, después la ley de amnistía impulsada tras las elecciones generales de 2023.

Buena parte de las políticas de modernización como la transición a una economía verde han sido posibles por el colchón que han supuesto los fondos europeos Next Generation: Ahí Pedro Sánchez se dejó la piel, ante el rechazo de parte de los países nórdicos, hasta lograr su objetivo de conseguir créditos y subvenciones para reflotar las economías nacionales tras la pandemia.

En el ámbito económico hemos crecido, no solo con el mayor dinamismo de Europa, sino, también, con más empuje y vigor que el resto de las economías desarrolladas El producto interior bruto (PIB) creció un 3,5% en 2024 y un 3,1% interanual en el tercer trimestre de 2025 y hay más de 22 millones de personas ocupadas, cifra récord jamás alcanzada hasta ahora.

No obstante, tras las elecciones de 2023, diversos casos de corrupción por parte de personas de la plena confianza política del presidente y una presión judicial inusual sobre su entorno familiar han ensombrecido la gestión del Ejecutivo y enturbiado la situación.

En abril de 2024 el presidente anunció la suspensión temporal de su agenda pública, durante cinco días, para reflexionar sobre su continuidad tras la apertura de diligencias contra su esposa, Begoña Gómez. Aquella decisión abonó el terreno para todo tipo de especulaciones hasta que Sánchez compareció para anunciar que continuaría al frente del Gobierno.

Poco tiempo después saltaron a la palestra los casos Koldo y José Luís Ábalos que sacudieron los cimientos del partido y del Gobierno. Pero es que, cuando aún no se había digerido aquel affaire, era Santos Cerdán, uno de los dirigentes más cercanos al presidente, y durante años, responsable de Organización del PSOE, el que aparecía implicado en asuntos muy turbios.

Sin solución de continuidad surgió el llamado caso Leire Diez, una ex militante socialista que buscaba información sobre miembros de la UCO y otros actores relacionados con investigaciones de relevancia política que tuvieran que ver con el PSOE y/o sus dirigentes para cortocircuitarlos.

De todas formas, contra viento y marea el Gobierno ha seguido impulsando medidas de fuerte impacto social, entre ellas nuevas reformas en materia de vivienda, transición energética o inmigración, incluyendo iniciativas para facilitar la regularización de cientos de miles de migrantes en situación irregular.

Sin embargo, este verano la crisis de Ceuta ha venido a tensionar un poco más la ya súper polarizada política española. En ese asunto al Gobierno le han faltado reflejos y comunicación entre los departamentos implicados y ahora está atrapado en la normativa del Estado de derecho. Todo eso, sumado a la implicación de una parte de la judicatura en la política, la presión de determinados medios de comunicación y el enmarañado clima que se respira, podrían ser factores decisivos para que la legislatura finalizara de una forma más abrupta de lo que cabría pensar.

Que sea, también, un fin de ciclo está por ver.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 14/09/2026

 

DECLIVE DEL NACIOANLISMO BURGUÉS CATALÁN

Cuando, en 2016, Artur Mas dio un paso al lado, para que Carles Puigdemont fuese president de la Generalitat, se rompió un matrimonio de conveniencia que se había consumado tras la llegada de Jordi Pujol a la presidencia del Govern Cataluña en 1980.

Tanto Pujol, como las clases pudientes catalanas entendieron muy pronto que el nacionalismo moderado y el mundo de las finanzas podían establecer fructíferas colaboraciones que iban a beneficiar de forma recíproca y generosa a unos y a otros. Una oposición desubicada y ya, en los años noventa, la debilidad parlamentaria de los gobiernos socialistas y populares, la entonces “minoría catalana” (así llamaban en los cenáculos políticos madrileños a los nacionalistas), CiU, se convirtió en un partido bisagra, lo que les permitió ampliar el campo de acción sin problemas. 

Esa situación hizo posible que durante casi cinco lustros el nacionalismo burgués campara a sus anchas. Tras la llegada a la plaza de Sant Jaume de los tripartitos, primero de Pasqual Maragall y después de José Montilla parecía que aquello se había terminado, pero fue un espejismo, en 2010 CiU volvió a ganar las elecciones y Artur Mas se convirtió en el inquilino de la Casa dels Canonges, aunque ya nada volvió a ser como antes. Muy pronto quedó claro que Mas no era Pujol, y la forma de hacer de uno y otro no tenían nada que ver.

La política catalana de la segunda década del siglo XXI fue un auténtico disparate. Artur Mas pactó sus primeros presupuestos con el PP, para acabar pocos años después en brazos del independentismo más hiperventilado; disolvió Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), fundó un nuevo partido, PDCat, que jamás se consolidó y se hicieron pactos y alianzas contra natura con Esquerra y los antisistema de la CUP, hasta que todo acabó política y socialmente peor que mal.

No obstante, por esas carambolas que tiene la vida, y también la política, cuando parecía que todo se iba a Norris, los resultados de las elecciones generales de julio de 2023 brindaron a Junts (partido sucesor natural de CDC) la posibilidad de recolocarse en el tablero de la política nacional. Pero muy pronto se vio que a los de Puigdemont lo de la gobernabilidad de España les importaba un pito. Habían pactado con el PSOE para lograr una ley de amnistía y poco más.

Tras la investidura de Pedro Sánhez, como presidente del Gobierno central, los posconvergentes empezaron a poner en práctica una estrategia política de vuelo gallináceo. Solo les interesaba garrapiñar alguna migaja en las negociaciones para presentarse ante los suyos como los máximos defensores de Cataluña. Sin embargo, el tiempo acostumbra a poner las cosas en su lugar y a medida que avanzaba la legislatura quedaba claro que lo único que buscaban los “juntaires” era el titular de los medios y muy poco o nada las políticas de calado o mejorar la calidad de vida de la ciudadanía

La irrupción de Alianza Catalana en la arena política y su fulgurante ascenso, según las encuetas, encendió todas las alarmas. Algo que mal que bien se iba disimulando. pero ya no lo pudieron ocultar cuando hubo que convocar primarias para designar al candidato a la alcaldía de Barcelona: ahí el tablero saltó por los aires, ganó el candidato enfrentado a Puigdemont y, por si no había bastante con el desplante al líder, pocas semanas después, Jaume Girò, que fue conseller de Economía por Junts en el Govern de coalición con ERC, se daba de baja del partido por las reiteradas discrepancias con las decisiones que había tomado la dirección.

La cuestión de fondo, que subyace entre los posconvergentes, es que estamos a las puertas de un nuevo ciclo electoral y el bagaje que puede mostrar Junts a sus potenciales votantes de estos años de apoyo y rechazo, casi simultáneo, al Gobierno es paupérrimo. Se sienten acosados por la ultraderecha independentista que crece de manera exponencial en todas las encuestas y a estas alturas, lo que quiera hacer Carles Puigdemont y el tirón que pueda tener entre la ciudadanía cuando regrese, son auténticas incógnitas.

A todo ello se suma que Junts carece, en realidad, de un proyecto político sólido y, por lo tanto, difícilmente puede presentar un programa electoral convincente. Su único objetivo parece ser regresar a la plaza de Sant Jaume para recuperar el acceso y el control de los resortes del poder. Eso es lo único que realmente les interesa.

El hecho cierto es que el nacionalismo conservador (como lo hemos conocido hasta ahora) está en franco declive, mientras que otro nacionalismo etnicista y xenófobo va disparado según la demoscopia.

Las cartas están sobre la mesa, ahora tendrán que jugar la partida.

 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en EL TRINAGLE 09/09/2026

 

¿Por qué crece la extrema derecha?

Solemos decir que en la extrema derecha todos son iguales y los metemos en el mismo saco. Tremendo error. La ultraderecha es heterodoxa y, por consiguiente, deberíamos ser muy cautelosos a la hora de generalizar. No obstante, está claro que existen concomitancias entre las clases más populares y los partidos más derechistas.

La expansión del extremismo de derechas hace tiempo que se incuba. El Brexit es un claro ejemplo. Fue el primer gran estallido del nacional populismo que culminó, en 2016, con el divorcio entre Gran Bretaña y la UE. Las clases trabajadoras de la Inglaterra profunda, embaucadas por vendedores de humo, vieron la oportunidad de darle una patada, en salva sea la parte, al establishment y no se lo pensaron demasiado.

Unos meses después, Donald Trump ganaba, por un estrecho margen, las elecciones a la presidencia de EE. UU.; lo logró gracias a que había conectado con importantes sectores de trabajadores blancos desencantados con la situación. Ocho años más tarde, volvió a ganar, pero en esta ocasión añadió a su nicho de votantes buena parte de las clases populares latinas y afroamericanas.

Algo muy similar está sucediendo en Francia con el partido de Le Pen y en Alemania, el respaldo a Alternativa para Alemania (AfD) crece en cada proceso electoral, sobre todo en la parte oriental, pero también en los entornos más desfavorecidos de la antigua república federal y lo mismo podríamos decir el FPÖ en Austria.

En España, sin embargo, el proceso ha sido algo diferente. Es cierto que aquí la extrema derecha no tenía presencia en las instituciones, pero la sombra del franquismo es muy alargada y sigue presente en buena parte de la judicatura y de los medios de comunicación. Pero, desde la pasada década, los ultras han perdido la timidez y cada día que pasa están más presentes en la vida cotidiana, mientras va logrando cuotas de poder en ayuntamientos y comunidades autónomas. 

Con todo, esta evolución no deja de ser paradójica. Porque el cuerpo doctrinal de Vox está trufado de principios que chocan con los intereses de las clases populares. No obstante, con ganchos como la “prioridad nacional” y otras simplezas similares consiguen atraer a ciudadanos que se sienten defraudados por la política más convencional.

El terreno abonado que facilita el incremento continuado de ultraderecha viene dado por la insatisfacción socioeconómica que genera el sistema, malestar con respecto a cómo va el mundo, ya sea por la precarización, por los efectos de la globalización, la deslocalización de empleos, el incremento de la inmigración o los cambios sociales que desorientan. Ante ese malestar, a veces indefinido, aunque bastante generalizado, hay una fuerte propensión a considerar como culpables de la situación a los partidos del sistema y responsables del statu quo vigente. La socialdemocracia, pese a ser abanderada de la protección social, no se han librado de ese estigma en muchos casos. Y, en gran medida, se han convertido en referente para clase media-alta urbana.

Desde los años ochenta del siglo pasado, los partidos socialdemócratas europeos han girado hacia posiciones más centristas, al calor de la hegemonía del conservadurismo liberal. La socialdemocracia ha perdido credibilidad porque, cuando llega al gobierno, suele adaptarse casi de inmediato a las exigencias de los mercados globalizados y mantiene, en lo esencial, las políticas económicas de la derecha como mal menor. Da la impresión de que ha renunciado a su razón histórica de ser: redistribuir la riqueza para reducir las desigualdades sociales, y regular el capitalismo mediante iniciativas reformistas.

En este contexto, resulta interesante analizar el caso Trump, que ya en su primer mandato aprobó una reforma fiscal que solo favorecía al 1% más rico de la población y, a pesar de ello, logró conseguir un segundo mandato con el apoyo de clases que no fueron beneficiadas en el primer periodo. El Brexit y sus líderes más destacados ―Johnson y Farage― no son, ni por casualidad, paladines de las clases populares, pero obtuvieron el apoyo de ellas. Pues bien, con Vox sucede algo similar.

Mientras escribo estas líneas, llega la noticia de que la AfD ha ganado este domingo en las elecciones del Estado de Sajonia-Anhalt con un 44,5% de los votos, eso les da 39 escaños en el Parlamento regional, cuando la mayoría absoluta son 42. A su vez, los democratacristianos de la CDU bajan de 40 a 16 escaños y los socialdemócratas del SPD aguantan con un raquítico 9.1% perdiendo un solo diputado (de 9 a 8). Ese triunfo nos interpela a todos y nos obliga a replantearnos las estrategias que hemos seguido hasta ahora con los extremistas de derechas.

Pese a todo, y sin caer en la candidez, debemos ser razonablemente optimistas. Para ello, es imprescindible que la socialdemocracia quiera recuperar la credibilidad como opción defensora de los desfavorecidos. Por lo tanto, habrá que cambiar de rumbo estratégico y, sobre todo, de modos de actuar desde los gobiernos. Es cierto que la composición actual UE no facilita el cambio de enfoque, aunque ello no nos debe llevar al repliegue nacionalista (como propugna la extrema derecha). Hay que romper definitivamente con el neoliberalismo, impulsar otras políticas desde las instituciones para atacar a fondo las causas de la actual crisis que están en el aumento de las desigualdades. Para decirlo claro: la socialdemocracia debe tomarse en serio la democracia, reforzar mucho más los vínculos supranacionales a nivel europeo, conectar con los perdedores, atreverse a regular los mercados desde el gobierno e impulsar una redistribución de riqueza justa y equitativa.

 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 07/09/2026

 

RIQUEZA GLOBAL

Vivimos en un mundo paradoxal. Las grandes empresas cada vez acumulan más riqueza, mientras que los salarios están estancados y la precariedad laboral le va ganando la partida al trabajo estable y bien remunerado.

Según un informe de la gestora de renta fija Pimco, la mayor del mundo, elaborado con datos oficiales de la Oficina de Estadísticas norteamericana (Why U.S. productivity gains no longer reach workers), aunque la economía crece y las empresas son más productivas (en gran medida, gracias a las nuevas tecnologías), la parte proporcional que reciben los trabajadores en forma de sueldo es la más pequeña desde que se tienen registros en Estados Unidos, es decir, hace unos 80 años. O sea, la riqueza aumenta, pero el dinero se lo quedan los de siempre.

En la actualidad, en las empresas prima la obtención de beneficios rápidos por encima de cualquier otra consideración. Eso las lleva a “contener” los gastos en las nóminas para maximizar los dividendos. Además, la globalización hace posible que las grandes empresas trasladen sus centros de producción a países con bajos costes laborales, donde los sindicatos tienen poca influencia por lo que las reivindicaciones laborales son entre escasas y nulas.

En este contexto, el caso más paradigmático es de las tecnológicas que han convertido la Inteligencia Artificial (IA) en el objeto del deseo y están destinando ingentes cantidades de dinero en su desarrollo a la espera de unos beneficios estratosféricos.  Ahí el riesgo estriba en los recortes de plantilla, con la automatización como telón de fondo. No hay multinacional que se precie que no anuncie disminución de sus puestos de trabajo. Y eso tiene una evidente repercusión en las arcas públicas. Menos personas que trabajan significa menos contribuyentes al fisco, por lo que la pregunta es obvia: si las máquinas y los algoritmos sustituyen a los humanos en sus trabajos, ¿también deberían asumir los impuestos que estos dejan de pagar?

“En un principio fueron ordenadores y software, y ahora se está añadiendo automatización e inteligencia artificial, las herramientas tecnológicas sustituyen fácilmente a mano de obra de nivel medio y cada vez más la cualificada. Las perspectivas para la participación laboral no son buenas. Las grandes empresas tienen ahora un fuerte incentivo fiscal para invertir en tecnologías que ahorran costes laborales. La IA sigue siendo un sustituto relativamente asequible y desplegable para muchas tareas que actualmente realizan los humanos”, sostiene Tiffany Wilding, economista de Pimco.

El factor trabajo, vía IRPF y las cotizaciones sociales, son uno de los pilares de los sistemas fiscales de la práctica totalidad de los países, y el impacto de la automatización en las bases imponibles —o, dicho en otras palabras, la merma que puede generar en la recaudación— empieza a ser un tema de preocupación. En 2019, el premio Nobel Edmund Phelps propuso un impuesto a los robots para contribuir al mantenimiento de las prestaciones sociales. Poco antes lo había hecho Bill Gates, fundador Microsoft que sugirió aplicar a los robots la misma carga fiscal que soportaría el trabajador sustituido por ellos.

“La tendencia hacia la automatización y la IA podría provocar una disminución de los ingresos fiscales. En Estados Unidos, por ejemplo, cerca del 85% de la recaudación federal proviene de las rentas del trabajo”, afirma Sanjay Patnaik, director del Centro de Regulación y Mercado del think tank estadounidense Brookings Institution. Y sugiere que los Gobiernos aborden “los riesgos que plantea la IA” elevando la tributación del capital en lugar de crear un impuesto específico sobre ella, por las dificultades en su diseño y las distorsiones que podría generar.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) también se ha sumado al debate. Economistas del organismo no recomiendan gravar de forma específica la IA —podría frenar la productividad y distorsionar el mercado—, pero instan a los Estados a permanecer vigilantes ante posibles escenarios disruptivos. Entre sus propuestas figuran elevar la imposición sobre el capital, crear un impuesto complementario sobre los beneficios corporativos “excesivos” y revisar los incentivos fiscales a la innovación, las patentes y otros intangibles que pueden favorecer la destrucción de empleo.

Este asunto no ha hecho más que empezar, En el aire quedan preguntas como, por ejemplo, si los trabajadores pierden poder adquisitivo, ¿quién tendrá dinero para comprar lo que las máquinas producen? ¿Si el peso de los salarios disminuye, de dónde vendrán los futuros ingresos fiscales?

La cuestión de fondo es que en el mundo hay riqueza más que suficiente para que todos los habitantes del planeta Tierra podamos vivir con dignidad. Sin embargo, la codicia de las oligarquías económicas es tan desmesurada que nos condiciona en función de nuestros lugares de origen, residencia o extracción social. Algo que se debería evitar a toda costa.

 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en CORTUM 01/09/2026

 

EL PODER DEL ORO NEGRO

“Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo”, dicen que dijo el matemático y físico Arquímedes de Siracusa. Si el gran sabio griego viviera hoy, quizá cambiaría la palanca por un barril de petróleo y la frase diría algo así como: “Dadme petróleo y controlaré el planeta”.

Aunque buena parte de países están haciendo esfuerzos para acelerar el proceso de transición energética y electrificación, la realidad es que, todavía, estamos muy lejos de emanciparnos del petróleo. El 30% de nuestra demanda de energía depende del crudo, frente al casi 50% que aportaba en los setenta, en la época del gran embargo árabe por la guerra de Yom Kipur o la revolución iraní. Sin embargo, el consumo total se ha duplicado respecto a entonces a por el crecimiento económico y demográfico, lo que mantiene nuestra dependencia del oro negro y hace que la autonomía verde sea una quimera.

Por otra parte, se han cumplido seis meses desde el ataque indiscriminado de Israel y EE. UU. a Irán, por motivos todavía no explicados y el conflicto bélico está enquistado. Una de las consecuencias más plausibles de aquel dislate es que se cerró el estrecho de Ormuz. Ese cierre, unido a los ataques de ambos bandos a instalaciones energéticas, son la causa del fuerte aumento del precio del petróleo y el gas natural.

Esa guerra ha puesto de manifestó la alta dependencia global del crudo y del gas, lo que beneficia a sectores liderados por Estados Unidos y que son clave también en la estrategia de Trump sobre Venezuela y Cuba. Hace unos días, Donald Trump anunció, por sorpresa, que había llegado a un acuerdo con la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, y mediante una alianza con el sector privado, para que Estados Unidos obtenga el control mayoritario de más de 65.000 millones de barriles de petróleo venezolano. Curiosamente, ese anuncio se hace dos meses antes de las elecciones de medio mandato, cuando las encuestas muestran que solo 31% de los estadounidenses apoya la acción militar de Estados Unidos contra Irán y los estadounidenses ven que el combustible cada día es más caro.

La carestía del crudo está haciendo jaque a las economías, principalmente a las más desarrolladas, además de agitar el tablero político. Cuando parecía que la batalla por la hegemonía mundial se libraba en el terreno de los microchips y la IA, desde Ormuz nos han recordado que el oro negro nos sigue marcando el paso.

En el régimen iraní son muy conscientes de que por sus costas pasa el 20% del crudo que se consume en el mundo y, por lo tanto, limitar esa circulación es un arma de incalculable valor. Ante los reiterados fracasos con la Administración Trump para lograr un alto el fuego estable, en más de una ocasión, desde Teherán han amenazado con forzar la situación para hacer que el precio del barril alcance los 200 dólares, si eso llega a suceder, las dimensiones que alcanzaría la crisis económica internacional serían impredecibles.

Esta situación, sumada al riesgo de colapso, derivado de la falta de preparación de Donald Trump y su equipo —que, según parece, actúan más impulsados por arrebatos de testosterona que por decisiones razonadas por expertos en política internacional—, llevó al secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, a presentar una nueva fase de la campaña económica de Washington contra Irán. Esta vez, la ofensiva se dirige contra las redes internacionales que Teherán ha utilizado para mantener el flujo de dinero y mercancías. El 24 de agosto de 2026, Bessent afirmó que Estados Unidos pondría en el punto de mira las cinco “arterias vitales” de la economía iraní: activos digitales, tecnología, oro, aviación y transporte marítimo. Además, advirtió de que cualquier entidad que facilitara el blanqueo de capitales para Irán sería excluida del sistema financiero basado en el dólar estadounidense. No obstante, resulta llamativo que de este bloqueo se ha excluido a los bancos chinos.

De todas formas, la realidad, una vez más es poliédrica, porque mientras una gran mayoría estamos siendo perjudicados por esta situación, Estados Unidos se ha convertido en el mayor productor y exportador de gas y petróleo del mundo gracias a la revolución del fracking, una técnica de extracción de hidrocarburos cuyo uso se expandió desde 2010 y que resulta muy controvertida por su impacto medioambiental. El año pasado las exportaciones de crudo se situaron en cuatro millones de barriles diarios, un 3% menos que en 2024, pero 85 veces más que en 2011. Las ventas de gas al extranjero alcanzaron el récord de 111 millones de toneladas métricas de gas natural licuado, el máximo conseguido jamás por un solo país en un año.

Europa compra a Estados Unidos una quinta parte de sus importaciones de gas natural tras haber cortado el cordón con Rusia a consecuencia de la guerra de Ucrania. Por eso, la dependencia de las energías importadas genera vulnerabilidad. La garantía del suministro escapa al control de la UE. En consecuencia, parece lógico pensar que la Unión debería esforzarse para superar la dependencia de las energías fósiles. El consumo de petróleo ronda el 39% del total de nuestro dispendio energético. A todas luces demasiado si queremos encarar el futuro con cierta tranquilidad.

 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 31/08/2026

 

CEUTA COLAPSADA Y FEIJÓO DESBORDADO

Este verano, las cadenas de televisión nos han servido en directo la entrada masiva de miles y miles de personas y el drama social que se está viviendo en Ceuta. Gente que huían de la miseria buscando una vida mejor. Un hecho insólito porque, según se ha dicho, fueron convocados por las redes sociales y ni las autoridades marroquís ni los servicios de inteligencia españoles lo detectaron, al menos, esa es la versión oficial.

Esa situación está tensionando a la población ceutí y nos afecta a todos. Como no puede ser de otra manera, cada cual tiene su punto de vista y su propia opinión; la inmensa mayoría respetables, tan solo el criterio de aquellos energúmenos que no quieren ver más allá de sus narices y dicen que esto es inaceptable y que toda esa gente hay que devolverla ya y sin contemplaciones, merece el más enérgico y contundente rechazo.

Ante semejante aluvión de seres humanos, la cotidianeidad de la ciudad autónoma se ha visto seriamente alterada y, en circunstancias como la que nos ocupa, es normal que, por ejemplo, una señora recele de salir a la calle por si algún desalmado le pega un tirón del bolso para robarle lo que pueda llevar, o que un comerciante vea un posible riesgo de saqueo en su establecimiento por si un grupo de recién llegados lo asaltan. De la misma manera que es lógica la preocupación de los miembros de las ONGs que se ven impotentes para atender como quisieran a tantas personas necesitadas. También hay que comprender al personal sanitario cuando muestran su preocupación por el potencial riesgo de que haya una rápida propagación de enfermedades infecciosas.

En definitiva, Ceuta está colapsada y hacen falta soluciones ya.

Es, en contextos como este que estamos analizando, donde se necesitan líderes sociales y/o políticos que, lejos de lanzar mensajes alarmistas y sin faltar a la verdad, hagan ver a la ciudadanía la dimensión real del problema, pero, a la vez, sepan trasmitir tranquilidad y confianza en que desde las instituciones se van a tomar las iniciativas pertinentes para superar la situación del mejor modo posible.

Eso sería lo deseable, pero en nuestro país, por desgracia, la oposición política hace años que se echó al monte y no se puede contar con ellos para nada. Vox lleva la xenofobia y el racismo en su ADN, por consiguiente, de la misma manera que es absurdo pedirle peras al olmo, no tiene sentido pedir colaboración a los fanáticos segregacionistas. Pero lo que resulta preocupante es la actitud del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo y sus palmeros, porque además de ser unos carroñeros de la política de vuelo gallináceo que solo buscan el deterioro del Ejecutivo, están demostrando una ignorancia total de la legislación vigente.

No es admisible que quien aspira a gobernar España reclame que se devuelva en bloque a todos los menores no acompañados que llegaron el 30 y el 31 de julio a Ceuta. Feijóo está pidiendo que se incumpla con la legalidad.  Según la Ley de Protección Jurídica del Menor “los menores extranjeros que se encuentren en España tienen derecho a la educación, asistencia sanitaria y servicios y prestaciones sociales básicas, en las mismas condiciones que los menores españoles”. Como dice Vicente Cabedo Mallol, profesor titular de Derecho Constitucional y director de la Cátedra de Infancia y Adolescencia de la Universidad Politécnica de València.

Los populares demuestran tener una memoria muy débil o muy mala fe porque una devolución exprés de menores que se llevó a cabo en 2021, igual a la que piden ahora, terminó con una condena por prevaricación. La Audiencia Provincial de Cádiz concluyó en septiembre pasado sobre este caso que “la decisión de repatriación de los menores (...), no solo fue arbitraria, sino manifiestamente injusta”. “El resultado fue una absoluta vulneración de los derechos de los menores que resultaron totalmente desprotegidos”, argumentó el tribunal. Previa a esta sentencia, el Supremo ya había confirmado a primeros de 2024 que aquellas devoluciones fueron ilegales porque no se acogieron al procedimiento de Extranjería.

Como tampoco es de recibo que Feijóo se descuelgue pidiendo el “confinamiento por riesgo sanitario”, el líder del PP ha olvidado que las competencias en salud pública están transferidas y, por lo tanto, le corresponde al Gobierno de Ceuta tomar la decisión. Pero es que, además, según la ministra Mónica García sería injustificado y totalmente desmesurado.

Es evidente que la obsesión del PP por derribar al Gobierno le ha hecho perder el oremus. Por su parte, Núñez Feijóo ha vuelto a demostrar que el papel que ocupa en el panorama político español le queda grande. Quien aspira a gobernar un país como el nuestro y pide incumplir la ley, o ni siquiera conoce cuáles son las competencias de una comunidad autónoma, demuestra ser un garrulo que no merece ni el acta de diputado que ostenta.

 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 24/08/2026

 

POR UN NUEVO NEW DEAL

La extrema derecha y sus adláteres están empeñados en dinamitar el statu quo establecido a partir de 1945. Para lograrlo, utilizan todos los instrumentos a su alcance y, en una sociedad híper conectada como la actual, los medios de comunicación y las redes sociales son herramientas de primera magnitud.

La derecha extrema ha construido un relato en el que hace responsable de todos los males que nos aquejan a la élite política, al feminismo y a los inmigrantes. Esos son, a su modo de ver, los causantes de todas nuestras desgracias. Y hemos de admitir, que esos discursos no funcionarían si no tuviesen una parte de verosimilitud para amplios sectores de la población. Ahí está, por ejemplo, la hipocresía de algunas fuerzas progresistas respecto a la inmigración (se la defiende de boquilla, pero se la reprime en la frontera) o el alejamiento de las élites respecto a los problemas de la clase trabajadora.

La organización no gubernamental Freedom House, con sede en Washington, que se dedica a promover la democracia y los derechos humanos, advierte que la libertad en el mundo lleva más de quince años retrocediendo. Cuando en 1989 cayó la Unión Soviética parecía que las democracias liberales habían ganado la partida. Sin embargo, estamos viendo como las autocracias avanzan y las derechas están marcando el ritmo.

La crisis financiera de 2008 supuso un punto de no retorno. El riesgo de colapso era tan grande que el entonces presidente de la República francesa, Nicolás Sarkozy, habló de “refundar el capitalismo”. Pero la realidad ha sido mucho más prosaica y el capitalismo ha acabado reformulando todo lo demás. Ahí están, como ejemplo, la socialdemocracia desarbolada, la izquierda clásica desnortada y los sindicatos sin respuestas. Catorce años después las heridas aún supuran.

Desde entonces, el capitalismo campa a sus anchas, han aumentado las desigualdades y se están normalizando los patrimonios desmesurados; por no hablar de la precariedad laboral o la práctica desaparición de las clases medias.

Este estado de cosas está propiciando la desafección de la ciudadanía a la política y ese es el caldo de cultivo idóneo para los populismos y para que triunfen los autoritarismos. En su libro “El ocaso de la democracia”, la ensayista conservadora Anne Applebaum pone el foco en tres factores. Uno, atribuir la responsabilidad de los problemas a la oposición o a un enemigo externo (los inmigrantes son la cabeza de turco más recurrente). Dos, proponer soluciones fáciles: “Con frecuencia las personas se sienten atraídas por las ideas autoritarias porque les molesta la complejidad, la división y prefieren la unidad”. Y tres, apelar a discursos pesimistas y al miedo: “Estados Unidos está condenado, Europa está condenada, la civilización occidental está condenada. Los responsables son la inmigración, la corrección política, los transgénero, las élites, la izquierda y los demócratas”.

De hecho, la situación actual no es nueva. Los años veinte-treinta del siglo XX fueron una época convulsa con muchas similitudes con la actual. La evolución monopolista y desigualitaria del capitalismo y la incapacidad de los gobiernos de la época desembocaron en una situación de crisis permanente.

La respuesta a aquel estado de cosas fue construir un New Deal, un nuevo contrato social de la democracia liberal y del capitalismo con el conjunto de la población. Para lograrlo hubo que concitar amplios consensos sociales y coaliciones políticas. El discurso de las “cuatro libertades” (libertad de expresión, libertad religiosa, libertad para aspirar a una vida mejor y libertad de vivir sin miedo) del presidente Roosevelt del año 1941 fue determinante. La gran novedad política fueron las dos últimas libertades: aspirar a vivir mejor y vivir sin miedo a la inseguridad económica concitaron el apoyo mayoritario de la ciudadanía. El siguiente paso para consolidar ese nuevo contrato lo dio el Reino Unido tras la Segunda Guerra Mundial, al poner en práctica las políticas keynesianas basadas en la intervención del Estado para estimular la demanda, combatir el desempleo y superar las crisis manteniendo así la ocupación y el impulso a las inversiones públicas para estimular el crecimiento económico, al tiempo que el Estado garantizaba una educación y una sanidad pública universal y gratuitas y seguros públicos de desempleo y jubilación.

Solo así podremos empezar a contrarrestar el discurso xenófobo y falaz de la derecha extrema y la ciudadanía volverá a creer en la política cuando vea que solventa problemas y mejora la calidad de vida de las personas.

Y es que la historia siempre nos da clases magistrales, otra cosa es que nosotros las queramos aprender.

 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en EL TRIANGLE 17/08/2026