RIQUEZA GLOBAL

Vivimos en un mundo paradoxal. Las grandes empresas cada vez acumulan más riqueza, mientras que los salarios están estancados y la precariedad laboral le va ganando la partida al trabajo estable y bien remunerado.

Según un informe de la gestora de renta fija Pimco, la mayor del mundo, elaborado con datos oficiales de la Oficina de Estadísticas norteamericana (Why U.S. productivity gains no longer reach workers), aunque la economía crece y las empresas son más productivas (en gran medida, gracias a las nuevas tecnologías), la parte proporcional que reciben los trabajadores en forma de sueldo es la más pequeña desde que se tienen registros en Estados Unidos, es decir, hace unos 80 años. O sea, la riqueza aumenta, pero el dinero se lo quedan los de siempre.

En la actualidad, en las empresas prima la obtención de beneficios rápidos por encima de cualquier otra consideración. Eso las lleva a “contener” los gastos en las nóminas para maximizar los dividendos. Además, la globalización hace posible que las grandes empresas trasladen sus centros de producción a países con bajos costes laborales, donde los sindicatos tienen poca influencia por lo que las reivindicaciones laborales son entre escasas y nulas.

En este contexto, el caso más paradigmático es de las tecnológicas que han convertido la Inteligencia Artificial (IA) en el objeto del deseo y están destinando ingentes cantidades de dinero en su desarrollo a la espera de unos beneficios estratosféricos.  Ahí el riesgo estriba en los recortes de plantilla, con la automatización como telón de fondo. No hay multinacional que se precie que no anuncie disminución de sus puestos de trabajo. Y eso tiene una evidente repercusión en las arcas públicas. Menos personas que trabajan significa menos contribuyentes al fisco, por lo que la pregunta es obvia: si las máquinas y los algoritmos sustituyen a los humanos en sus trabajos, ¿también deberían asumir los impuestos que estos dejan de pagar?

“En un principio fueron ordenadores y software, y ahora se está añadiendo automatización e inteligencia artificial, las herramientas tecnológicas sustituyen fácilmente a mano de obra de nivel medio y cada vez más la cualificada. Las perspectivas para la participación laboral no son buenas. Las grandes empresas tienen ahora un fuerte incentivo fiscal para invertir en tecnologías que ahorran costes laborales. La IA sigue siendo un sustituto relativamente asequible y desplegable para muchas tareas que actualmente realizan los humanos”, sostiene Tiffany Wilding, economista de Pimco.

El factor trabajo, vía IRPF y las cotizaciones sociales, son uno de los pilares de los sistemas fiscales de la práctica totalidad de los países, y el impacto de la automatización en las bases imponibles —o, dicho en otras palabras, la merma que puede generar en la recaudación— empieza a ser un tema de preocupación. En 2019, el premio Nobel Edmund Phelps propuso un impuesto a los robots para contribuir al mantenimiento de las prestaciones sociales. Poco antes lo había hecho Bill Gates, fundador Microsoft que sugirió aplicar a los robots la misma carga fiscal que soportaría el trabajador sustituido por ellos.

“La tendencia hacia la automatización y la IA podría provocar una disminución de los ingresos fiscales. En Estados Unidos, por ejemplo, cerca del 85% de la recaudación federal proviene de las rentas del trabajo”, afirma Sanjay Patnaik, director del Centro de Regulación y Mercado del think tank estadounidense Brookings Institution. Y sugiere que los Gobiernos aborden “los riesgos que plantea la IA” elevando la tributación del capital en lugar de crear un impuesto específico sobre ella, por las dificultades en su diseño y las distorsiones que podría generar.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) también se ha sumado al debate. Economistas del organismo no recomiendan gravar de forma específica la IA —podría frenar la productividad y distorsionar el mercado—, pero instan a los Estados a permanecer vigilantes ante posibles escenarios disruptivos. Entre sus propuestas figuran elevar la imposición sobre el capital, crear un impuesto complementario sobre los beneficios corporativos “excesivos” y revisar los incentivos fiscales a la innovación, las patentes y otros intangibles que pueden favorecer la destrucción de empleo.

Este asunto no ha hecho más que empezar, En el aire quedan preguntas como, por ejemplo, si los trabajadores pierden poder adquisitivo, ¿quién tendrá dinero para comprar lo que las máquinas producen? ¿Si el peso de los salarios disminuye, de dónde vendrán los futuros ingresos fiscales?

La cuestión de fondo es que en el mundo hay riqueza más que suficiente para que todos los habitantes del planeta Tierra podamos vivir con dignidad. Sin embargo, la codicia de las oligarquías económicas es tan desmesurada que nos condiciona en función de nuestros lugares de origen, residencia o extracción social. Algo que se debería evitar a toda costa.

 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en CORTUM 01/09/2026

 

EL PODER DEL ORO NEGRO

“Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo”, dicen que dijo el matemático y físico Arquímedes de Siracusa. Si el gran sabio griego viviera hoy, quizá cambiaría la palanca por un barril de petróleo y la frase diría algo así como: “Dadme petróleo y controlaré el planeta”.

Aunque buena parte de países están haciendo esfuerzos para acelerar el proceso de transición energética y electrificación, la realidad es que, todavía, estamos muy lejos de emanciparnos del petróleo. El 30% de nuestra demanda de energía depende del crudo, frente al casi 50% que aportaba en los setenta, en la época del gran embargo árabe por la guerra de Yom Kipur o la revolución iraní. Sin embargo, el consumo total se ha duplicado respecto a entonces a por el crecimiento económico y demográfico, lo que mantiene nuestra dependencia del oro negro y hace que la autonomía verde sea una quimera.

Por otra parte, se han cumplido seis meses desde el ataque indiscriminado de Israel y EE. UU. a Irán, por motivos todavía no explicados y el conflicto bélico está enquistado. Una de las consecuencias más plausibles de aquel dislate es que se cerró el estrecho de Ormuz. Ese cierre, unido a los ataques de ambos bandos a instalaciones energéticas, son la causa del fuerte aumento del precio del petróleo y el gas natural.

Esa guerra ha puesto de manifestó la alta dependencia global del crudo y del gas, lo que beneficia a sectores liderados por Estados Unidos y que son clave también en la estrategia de Trump sobre Venezuela y Cuba. Hace unos días, Donald Trump anunció, por sorpresa, que había llegado a un acuerdo con la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, y mediante una alianza con el sector privado, para que Estados Unidos obtenga el control mayoritario de más de 65.000 millones de barriles de petróleo venezolano. Curiosamente, ese anuncio se hace dos meses antes de las elecciones de medio mandato, cuando las encuestas muestran que solo 31% de los estadounidenses apoya la acción militar de Estados Unidos contra Irán y los estadounidenses ven que el combustible cada día es más caro.

La carestía del crudo está haciendo jaque a las economías, principalmente a las más desarrolladas, además de agitar el tablero político. Cuando parecía que la batalla por la hegemonía mundial se libraba en el terreno de los microchips y la IA, desde Ormuz nos han recordado que el oro negro nos sigue marcando el paso.

En el régimen iraní son muy conscientes de que por sus costas pasa el 20% del crudo que se consume en el mundo y, por lo tanto, limitar esa circulación es un arma de incalculable valor. Ante los reiterados fracasos con la Administración Trump para lograr un alto el fuego estable, en más de una ocasión, desde Teherán han amenazado con forzar la situación para hacer que el precio del barril alcance los 200 dólares, si eso llega a suceder, las dimensiones que alcanzaría la crisis económica internacional serían impredecibles.

Esta situación, sumada al riesgo de colapso, derivado de la falta de preparación de Donald Trump y su equipo —que, según parece, actúan más impulsados por arrebatos de testosterona que por decisiones razonadas por expertos en política internacional—, llevó al secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, a presentar una nueva fase de la campaña económica de Washington contra Irán. Esta vez, la ofensiva se dirige contra las redes internacionales que Teherán ha utilizado para mantener el flujo de dinero y mercancías. El 24 de agosto de 2026, Bessent afirmó que Estados Unidos pondría en el punto de mira las cinco “arterias vitales” de la economía iraní: activos digitales, tecnología, oro, aviación y transporte marítimo. Además, advirtió de que cualquier entidad que facilitara el blanqueo de capitales para Irán sería excluida del sistema financiero basado en el dólar estadounidense. No obstante, resulta llamativo que de este bloqueo se ha excluido a los bancos chinos.

De todas formas, la realidad, una vez más es poliédrica, porque mientras una gran mayoría estamos siendo perjudicados por esta situación, Estados Unidos se ha convertido en el mayor productor y exportador de gas y petróleo del mundo gracias a la revolución del fracking, una técnica de extracción de hidrocarburos cuyo uso se expandió desde 2010 y que resulta muy controvertida por su impacto medioambiental. El año pasado las exportaciones de crudo se situaron en cuatro millones de barriles diarios, un 3% menos que en 2024, pero 85 veces más que en 2011. Las ventas de gas al extranjero alcanzaron el récord de 111 millones de toneladas métricas de gas natural licuado, el máximo conseguido jamás por un solo país en un año.

Europa compra a Estados Unidos una quinta parte de sus importaciones de gas natural tras haber cortado el cordón con Rusia a consecuencia de la guerra de Ucrania. Por eso, la dependencia de las energías importadas genera vulnerabilidad. La garantía del suministro escapa al control de la UE. En consecuencia, parece lógico pensar que la Unión debería esforzarse para superar la dependencia de las energías fósiles. El consumo de petróleo ronda el 39% del total de nuestro dispendio energético. A todas luces demasiado si queremos encarar el futuro con cierta tranquilidad.

 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 31/08/2026

 

CEUTA COLAPSADA Y FEIJÓO DESBORDADO

Este verano, las cadenas de televisión nos han servido en directo la entrada masiva de miles y miles de personas y el drama social que se está viviendo en Ceuta. Gente que huían de la miseria buscando una vida mejor. Un hecho insólito porque, según se ha dicho, fueron convocados por las redes sociales y ni las autoridades marroquís ni los servicios de inteligencia españoles lo detectaron, al menos, esa es la versión oficial.

Esa situación está tensionando a la población ceutí y nos afecta a todos. Como no puede ser de otra manera, cada cual tiene su punto de vista y su propia opinión; la inmensa mayoría respetables, tan solo el criterio de aquellos energúmenos que no quieren ver más allá de sus narices y dicen que esto es inaceptable y que toda esa gente hay que devolverla ya y sin contemplaciones, merece el más enérgico y contundente rechazo.

Ante semejante aluvión de seres humanos, la cotidianeidad de la ciudad autónoma se ha visto seriamente alterada y, en circunstancias como la que nos ocupa, es normal que, por ejemplo, una señora recele de salir a la calle por si algún desalmado le pega un tirón del bolso para robarle lo que pueda llevar, o que un comerciante vea un posible riesgo de saqueo en su establecimiento por si un grupo de recién llegados lo asaltan. De la misma manera que es lógica la preocupación de los miembros de las ONGs que se ven impotentes para atender como quisieran a tantas personas necesitadas. También hay que comprender al personal sanitario cuando muestran su preocupación por el potencial riesgo de que haya una rápida propagación de enfermedades infecciosas.

En definitiva, Ceuta está colapsada y hacen falta soluciones ya.

Es, en contextos como este que estamos analizando, donde se necesitan líderes sociales y/o políticos que, lejos de lanzar mensajes alarmistas y sin faltar a la verdad, hagan ver a la ciudadanía la dimensión real del problema, pero, a la vez, sepan trasmitir tranquilidad y confianza en que desde las instituciones se van a tomar las iniciativas pertinentes para superar la situación del mejor modo posible.

Eso sería lo deseable, pero en nuestro país, por desgracia, la oposición política hace años que se echó al monte y no se puede contar con ellos para nada. Vox lleva la xenofobia y el racismo en su ADN, por consiguiente, de la misma manera que es absurdo pedirle peras al olmo, no tiene sentido pedir colaboración a los fanáticos segregacionistas. Pero lo que resulta preocupante es la actitud del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo y sus palmeros, porque además de ser unos carroñeros de la política de vuelo gallináceo que solo buscan el deterioro del Ejecutivo, están demostrando una ignorancia total de la legislación vigente.

No es admisible que quien aspira a gobernar España reclame que se devuelva en bloque a todos los menores no acompañados que llegaron el 30 y el 31 de julio a Ceuta. Feijóo está pidiendo que se incumpla con la legalidad.  Según la Ley de Protección Jurídica del Menor “los menores extranjeros que se encuentren en España tienen derecho a la educación, asistencia sanitaria y servicios y prestaciones sociales básicas, en las mismas condiciones que los menores españoles”. Como dice Vicente Cabedo Mallol, profesor titular de Derecho Constitucional y director de la Cátedra de Infancia y Adolescencia de la Universidad Politécnica de València.

Los populares demuestran tener una memoria muy débil o muy mala fe porque una devolución exprés de menores que se llevó a cabo en 2021, igual a la que piden ahora, terminó con una condena por prevaricación. La Audiencia Provincial de Cádiz concluyó en septiembre pasado sobre este caso que “la decisión de repatriación de los menores (...), no solo fue arbitraria, sino manifiestamente injusta”. “El resultado fue una absoluta vulneración de los derechos de los menores que resultaron totalmente desprotegidos”, argumentó el tribunal. Previa a esta sentencia, el Supremo ya había confirmado a primeros de 2024 que aquellas devoluciones fueron ilegales porque no se acogieron al procedimiento de Extranjería.

Como tampoco es de recibo que Feijóo se descuelgue pidiendo el “confinamiento por riesgo sanitario”, el líder del PP ha olvidado que las competencias en salud pública están transferidas y, por lo tanto, le corresponde al Gobierno de Ceuta tomar la decisión. Pero es que, además, según la ministra Mónica García sería injustificado y totalmente desmesurado.

Es evidente que la obsesión del PP por derribar al Gobierno le ha hecho perder el oremus. Por su parte, Núñez Feijóo ha vuelto a demostrar que el papel que ocupa en el panorama político español le queda grande. Quien aspira a gobernar un país como el nuestro y pide incumplir la ley, o ni siquiera conoce cuáles son las competencias de una comunidad autónoma, demuestra ser un garrulo que no merece ni el acta de diputado que ostenta.

 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 24/08/2026

 

POR UN NUEVO NEW DEAL

La extrema derecha y sus adláteres están empeñados en dinamitar el statu quo establecido a partir de 1945. Para lograrlo, utilizan todos los instrumentos a su alcance y, en una sociedad híper conectada como la actual, los medios de comunicación y las redes sociales son herramientas de primera magnitud.

La derecha extrema ha construido un relato en el que hace responsable de todos los males que nos aquejan a la élite política, al feminismo y a los inmigrantes. Esos son, a su modo de ver, los causantes de todas nuestras desgracias. Y hemos de admitir, que esos discursos no funcionarían si no tuviesen una parte de verosimilitud para amplios sectores de la población. Ahí está, por ejemplo, la hipocresía de algunas fuerzas progresistas respecto a la inmigración (se la defiende de boquilla, pero se la reprime en la frontera) o el alejamiento de las élites respecto a los problemas de la clase trabajadora.

La organización no gubernamental Freedom House, con sede en Washington, que se dedica a promover la democracia y los derechos humanos, advierte que la libertad en el mundo lleva más de quince años retrocediendo. Cuando en 1989 cayó la Unión Soviética parecía que las democracias liberales habían ganado la partida. Sin embargo, estamos viendo como las autocracias avanzan y las derechas están marcando el ritmo.

La crisis financiera de 2008 supuso un punto de no retorno. El riesgo de colapso era tan grande que el entonces presidente de la República francesa, Nicolás Sarkozy, habló de “refundar el capitalismo”. Pero la realidad ha sido mucho más prosaica y el capitalismo ha acabado reformulando todo lo demás. Ahí están, como ejemplo, la socialdemocracia desarbolada, la izquierda clásica desnortada y los sindicatos sin respuestas. Catorce años después las heridas aún supuran.

Desde entonces, el capitalismo campa a sus anchas, han aumentado las desigualdades y se están normalizando los patrimonios desmesurados; por no hablar de la precariedad laboral o la práctica desaparición de las clases medias.

Este estado de cosas está propiciando la desafección de la ciudadanía a la política y ese es el caldo de cultivo idóneo para los populismos y para que triunfen los autoritarismos. En su libro “El ocaso de la democracia”, la ensayista conservadora Anne Applebaum pone el foco en tres factores. Uno, atribuir la responsabilidad de los problemas a la oposición o a un enemigo externo (los inmigrantes son la cabeza de turco más recurrente). Dos, proponer soluciones fáciles: “Con frecuencia las personas se sienten atraídas por las ideas autoritarias porque les molesta la complejidad, la división y prefieren la unidad”. Y tres, apelar a discursos pesimistas y al miedo: “Estados Unidos está condenado, Europa está condenada, la civilización occidental está condenada. Los responsables son la inmigración, la corrección política, los transgénero, las élites, la izquierda y los demócratas”.

De hecho, la situación actual no es nueva. Los años veinte-treinta del siglo XX fueron una época convulsa con muchas similitudes con la actual. La evolución monopolista y desigualitaria del capitalismo y la incapacidad de los gobiernos de la época desembocaron en una situación de crisis permanente.

La respuesta a aquel estado de cosas fue construir un New Deal, un nuevo contrato social de la democracia liberal y del capitalismo con el conjunto de la población. Para lograrlo hubo que concitar amplios consensos sociales y coaliciones políticas. El discurso de las “cuatro libertades” (libertad de expresión, libertad religiosa, libertad para aspirar a una vida mejor y libertad de vivir sin miedo) del presidente Roosevelt del año 1941 fue determinante. La gran novedad política fueron las dos últimas libertades: aspirar a vivir mejor y vivir sin miedo a la inseguridad económica concitaron el apoyo mayoritario de la ciudadanía. El siguiente paso para consolidar ese nuevo contrato lo dio el Reino Unido tras la Segunda Guerra Mundial, al poner en práctica las políticas keynesianas basadas en la intervención del Estado para estimular la demanda, combatir el desempleo y superar las crisis manteniendo así la ocupación y el impulso a las inversiones públicas para estimular el crecimiento económico, al tiempo que el Estado garantizaba una educación y una sanidad pública universal y gratuitas y seguros públicos de desempleo y jubilación.

Solo así podremos empezar a contrarrestar el discurso xenófobo y falaz de la derecha extrema y la ciudadanía volverá a creer en la política cuando vea que solventa problemas y mejora la calidad de vida de las personas.

Y es que la historia siempre nos da clases magistrales, otra cosa es que nosotros las queramos aprender.

 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en EL TRIANGLE 17/08/2026

 

GAZA SIGUE AHÍ

Aunque ya no es notica y no ocupa las portadas de los medios de comunicación, el genocidio al pueblo gazatí continúa.

El pasado mes de octubre, Donald Trump anunciaba, a bombo y platillo, que Israel y Hamás habían llegado a un acuerdo y firmaban la primera fase de un plan de paz para Gaza que se había gestado en la Casa Blanca. 

Sin embargo, en Gaza siguen muriendo personas a manos del ejército israelí, la asistencia sanitaria es muy escasa y la ayuda humanitaria, a todas luces, insuficiente. Con total impunidad el Gobierno de Benjamín Netanyahu sigue restringiendo el suministro más básico y solo permite la entrada de un tercio de los 600 camiones diarios a los que les obliga el acuerdo. Además, solamente se han habilitado dos de los seis pasos fronterizos con el enclave, impidiendo el acceso directo hacia el norte de la Franja y abriendo y cerrando de forma arbitraria el paso de Rafah con Egipto.

El frío invernal ha provocado muertes por hipotermia, especialmente entre los bebés y ahora, en verano, superan los 40 grados con facilidad. Otros veranos hubo niños asfixiados en chabolas hechas con láminas de plástico o con techos improvisados de hojalata, puesto que no se permiten las construcciones permanentes. Los charcos son criaderos de mosquitos; en los vertederos se amontonan las basuras; las aguas residuales corren libremente y hay roedores por todas partes. Pero, a pesar de todo, no se resignan y cocinan en fogatas comunitarias, dan clase en escuelas al aire libre y presentan tesis en unas universidades que se han quedado sin edificios.

Tal vez la guerra haya terminado en Gaza, pero no ha llegado la paz. Media Franja sigue ocupada. Israel ejerce un control absoluto y se ha sacado de la manga una Línea Amarilla y tras ella ha concentrado a dos millones de personas. En realidad, Gaza es una cárcel al aire libre en condiciones inhumanas. Durante el conflicto armado murieron más de 70.000 gazatíes, ahora siguen muriendo por ataques indiscriminados del ejército, porque alguien traspasa esa maldita Línea Amarilla o, desesperados por el hambre, protagonizan algún altercado cuando van a recoger algo para comer. Y por si no había bastante con la brutalidad militar, los colonos se han venido arriba y, desde la más absoluta impunidad, acosan a los palestinos sin ningún recato.

En algún momento, las partes implicadas deberán afrontar la segunda fase de la hoja de ruta de Trump que, desde la ambigüedad, aborda asuntos tan espinosos como la futura gobernanza del enclave, que prevé que supervise una Junta de la Paz presidida por el propio Trump, además del desarme de Hamás o la retirada de las tropas israelíes. El plan vincula el avance de esas cuestiones con la aparición de una fuerza internacional (ISF, por sus siglas en inglés) que, hasta el momento, carece de medios humanos y materiales.

La resolución 2803 de El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (basada en el plan original estadounidense de veinte puntos —incluido en ella como un anexo—), prevé —como ya se ha comentado— el establecimiento de una fuerza internacional de seguridad en la Franja Esa fuerza de paz tendrá como misión asegurar las fronteras de Gaza con Israel y Egipto. También deberá proteger a los civiles y los corredores humanitarios dentro de la Franja, así como capacitar a una futura fuerza de policía palestina. Pero el texto de la resolución no explica si la ISF llevará a cabo uno de los puntos clave del plan de paz: el desarme de la milicia radical palestina Hamás. Y en caso afirmativo, cómo, dado que el grupo islamista rechaza entregar las armas.

La resolución de la ONU es muy loable, pero esas resoluciones, con frecuencia, se quedan en una simple declaración de intenciones. Sobre todo, de un tiempo para acá en el que la Organización está mostrando su extrema debilidad. 

Más allá de declaraciones y proclamas grandielocuentes, Israel y Estados Unidos continúan desarrollando su plan para hacer de Gaza un inmenso resort, un proyecto demencial: 180 rascacielos de lujo y, detrás de ellos, siete zonas de promociones residenciales y polígonos industriales, separadas por grandes carreteras que seguirán el trazado de las vías militares construidas por Israel desde octubre de 2023, y eso lleva implícito suprimir la vida en esa parte de Palestina, al menos, como ha sido en las últimas décadas. Ante esas expectativas tan poco halagüeñas, algunos fantoches piensan que ese es el precio que los gazatíes han de pagar por la paz.

No obstante, pese a quién pese, Gaza y su gente siguen ahí. Y, de alguna manera, eso también depende, en parte, de todos nosotros.

 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en EL TRINAGLE 29/07/2026

 

EL ÚLTIMO GRAN BALUARTE DE LA SOCIALDEMOCARCIA

Si a los dirigentes políticos se les asignara el salario en función de la aceptación o rechazo que tienen de la ciudadanía, como antaño ocurría con las vedettes de variedades, no hay duda de que Pedro Sánchez tendría, sobre todo, a nivel internacional, un caché altísimo.

Me he permitido comenzar esta columna con esta licencia retórica porque me viene muy bien para introducir el tema que hoy quiero tratar: la socialdemocracia como la única ideología que más y mejor ha aguantado los embates del capitalismo y aún le planta cara, aunque la pregunta es: ¿hasta cuándo?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convertido a España en el último gran baluarte de la socialdemocracia europea y, probablemente, mundial. Pero es que lo ha hecho a base de progreso económico y bienestar social para los ciudadanos que viven en nuestro país y con dignidad política y ética en los asuntos internacionales.

El posicionamiento de España en una cuestión tan delicada como el enfrentamiento entre Israel y Palestina es claro: nuestro país exige el estricto respeto al derecho internacional, la protección de los civiles y el cese de hostilidades. España reconoció oficialmente al Estado de Palestina el 28 de mayo de 2024, una medida coordinada junto con otros países europeos. Y aboga por la solución de dos Estados como la vía más plausible para cerrar de forma definitiva el conflicto.

Hace ahora, poco más de un año, Donal Trump criticó con dureza la resistencia del Gobierno español a invertir el 5% del Producto Interior Bruto (PIB) en defensa, tal y como habían acordado el resto de los líderes de la OTAN.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ya había anunciado su disconformidad con esa iniciativa, respondió sin rodeos al mandatario norteamericano y en la cumbre de la OTAN del pasado mes de julio lo dijo con rotundidad: España no aumentará al 5% del PIB el gasto en defensa. Somos el tercer país de la Unión Europea con más efectivos en misiones de la OTAN; y también el único socio de la OTAN que en los últimos ocho años ha aumentado el gasto en defensa en más de un 150%.

Instalado en esa línea de coherencia y respeto a los tratados internacionales, Pedro Sánchez fue el primer mandatario internacional que salió a criticar el salvaje ataque de EE. UU. e Israel a Irán, en los primeros días del pasado mes de marzo, cuando las delegaciones estadounidense e iraní se habían dado un margen para analizar los papeles que habían intercambiado en unas conversaciones de paz que estaban llevando a cabo. Sánchez fue contundente con su NO A LA GUERRA. Días después, otros líderes, con más menos matices, siguieron el camino marcado por el presidente del Gobierno de España.

Por lo que respecta a la política interior, desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, los Gobiernos que él ha presidio se han centrado en llevar a cabo iniciativas progresistas encaminadas a reforzar el Estado del bienestar, la ampliación de derechos sociales, la transición ecológica y la transformación del modelo productivo, han sido los pilares de esa evolución 

En estos momentos, el Ejecutivo impulsa medidas como la regulación del mercado de la vivienda con la declaración de zonas tensionadas para topar los precios del alquiler en diversas comunidades autónomas. De manera simultánea, se está poniendo en marcha el desarrollo de un plan masivo de vivienda pública protegida.

Asimismo, el Gobierno ha puesto el énfasis en los Derechos Laborales y la Cohesión Social: ahí se han desarrollado políticas orientadas a la reducción de la jornada laboral, la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y las pensiones en línea con el IPC o la consolidación de la reforma laboral para reducir la temporalidad. Estas iniciativas ha tenido como consecuencia el mayor número de afilados a la Seguridad Social como nunca en la historia.

Tampoco se están escatimando esfuerzos para llevar a cabo una Transición Ecológica justa y equilibrada, para ello se está aprovechando el despliegue de las inversiones vinculadas a los fondos europeos para la reindustrialización verde, el fomento de las energías renovables y la Ley de Cambio Climático

Se ha profundizado en las leyes de igualdad de trato, medidas de conciliación laboral y familiar, y la lucha activa contra la brecha salarial de género.

Estos son, tan solo, algunos ejemplos de las iniciativas que los Gobiernos de coalición presidios por Pedro Sánchez están llevando a cabo y que han hecho posible que nuestro país de un salto cualitativo incuestionable.

Esa forma de ser y proceder ha convertido a Sánchez en uno de los gobernantes más valorados de nuestro entorno sociopolítico. No obstante, a la sombra de ese progreso irrebatible, ha aflorado un grupo de indeseables que, aunque no son muchos son demasiados, algunos muy próximos al presidente que están haciendo jaque a todo el proyecto.  Y a la vez, dan argumentos a la derecha política, jurídica y mediática, hasta el punto de que algunos ya se han sentado a la puerta de su casa para ver los restos inertes del último gran baluarte de la socialdemocracia pasar, pero no derrotado por el capitalismo financiero como muchos piensan, si no carcomido por su propia incapacidad para detectar y evitar corruptelas internas que amenazan con convertirse en una auténtica metástasis. 

 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 26/07/2026

 

TORPEZAS Y TROPIEZOS DE NÚÑEZ FEIJÓO

Hace ahora poco más de cuatro años, Alberto Núñez Feijóo asumía la presidencia del PP a nivel nacional. En su toma de posesión dijo que como nuevo presidente del partido haría de la “moderación” y el “sentido de Estado” bandera “que su objetivo era hacer política sin insultar, y que venía a ganar a Pedro Sánchez”.

Feijóo llegó con un halo de político moderado, dialogante y pactista. Sin embargo, muy pronto vimos que era una persona errática que un día decía una cosa y al siguiente la contraria, con muchas más carencias que virtudes. Sus declaraciones sobre asuntos claves para la ciudadanía o sus intervenciones en el Congreso de los Diputados, han puesto de manifiesto que el político gallego no está capacitado para ser el presidente del Gobierno de España. Es más, todo indica que su capacidad intelectual no le da ni para liderar la oposición.

Veamos algunas perlas que ha ido dejando en su hipotético camino a la Moncloa.

En 2022 Núñez Feijóo rechazó que el Gobierno subiera las pensiones para 2023 lo mismo que el IPC, tal y como habían establecido todos los partidos en el Pacto de Toledo, y como acordó España con la Comisión Europea en el marco de la negociación de las reformas para recibir los fondos europeos para la recuperación económica tras la pandemia. El líder de la oposición puso en duda que el Estado pudiese afrontar el gasto, asegurando que “de nada le sirve” a los pensionistas que les suban la prestación “un 8%” (previsión hecha entonces para final de año) y, en cambio exigió al Ejecutivo que, en su lugar, controlase la escalada de precios.

Días antes de las elecciones generales de 2023, en una entrevista sobre las pensiones, defendió, sin inmutarse, que el PP "nunca dejó de revalorizar las pensiones conforme al IPC" y que "el partido que las congeló fue el PSOE”. Aunque ante la evidencia de los datos tuvo que acabar rectificando.

En 2024, el PP votó a favor de la toma en consideración de la Iniciativa Legislativa Popular auspiciada por la Iglesia que promovía la regularización masiva de inmigrantes. Sin embargo, en un discurso ante sus diputados y senadores reunidos en el Congreso, a principios de 2025, Feijóo proclamó que el PP está “absolutamente en contra de la regularización masiva, irresponsable, de un millón de migrantes irregulares” que había aprobado el Consejo de Ministros.

Hace unos meses, Feijóo, secundado por un coro de adláteres (léase aquí barones territoriales), salieron en tromba a criticar la decisión del Gobierno de hacer públicos los documentos sobre el fallido golpe de Estado de 1981 que se habían guardado durante cuarenta y cinco años. “Es una cortina de humo” vinieron a decir los populares para criticar la iniciativa del Ejecutivo. Sin embargo, no habían pasado ni veinticuatro horas cuando Feijóo decía que: “La desclasificación de los documentos del 23-F debía reconciliar a los españoles con quien paró el golpe de Estado. Creo que sería deseable que el Rey Emérito regresara a España”, apuntaba el líder del PP.

Pero es que Juan Carlos de Borbón nunca ha sido desposeído de su pasaporte; por consiguiente, tiene el mismo derecho a entrar y salir del país que cualquier otro ciudadano. De hecho, desde que marchó en 2020 y fijó su residencia en los Emiratos Árabes ha venido a España siempre que ha querido. Otra cosa es que como le advirtieron desde la Casa Real, si desea retornar ha de ser con dos condiciones: Una, deberá tener residencia fiscal en España, y por tanto declarar todos sus ingresos y aclarar el origen y la dimensión de su fortuna opaca; y dos, ha de vivir en un espacio privado, no en La Zarzuela, pagada con dinero público y, además, residencia del jefe del Estado. Es una cuestión de ejemplaridad: no puede vivir del dinero público un hombre que ha defraudado enormes cantidades a Hacienda, aunque no pudo ser procesado por su inviolabilidad.

Feijóo también discrepa de la denominada “ley de nietos” por facilitar la nacionalidad a los descendientes de españoles exiliados por culpa del franquismo. Una iniciativa que ha pasado 32 trámites parlamentarios, nueve debates en pleno y sendas comisiones en el Congreso y el Senado. No obstante, para Feijóo su aprobación es “ingeniería electoral”, ya que, en su opinión, millones de personas puedan obtener la nacionalidad de un día para otro “sin las garantías necesarias y por encima de los límites legales que se habían fijado”. Sin embargo, poco después desde el PP tuvieron que modular la crítica.

La guinda del pastel la puso Feijóo, hace unos días, en unas jornadas de la patronal vasca a las que había sido invitado. El líder popular entró en el debate sobre las bajas laborales como un elefante en una cacharrería, confundiendo dos fenómenos distintos: las ausencias injustificadas del puesto de trabajo y las bajas médicas. Y, encima, propuso que las personas que estén en situación de incapacidad temporal cobren menos y calificó la situación de “cáncer”, a la vez que afirmaba que la reforma debe producirse con o sin la aquiescencia de los sindicatos. Sin tener en cuenta que toda modificación del sistema de bajas médicas debe contar con la participación de todos los agentes sociales.

El presidente del Gobierno de un país como España debe ser, entre otras muchas cosas, una persona con una sólida formación intelectual, tener la cabeza muy bien amueblada y plena integridad moral y ética; y está claro que Núñez Feijóo con sus torpezas, tropiezos, falsedades y mezquindades no encaja ni de lejos en esos mínimos imprescindibles.  

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 20/07/2026