CRISTÓBAL MONTORO Y SUS CHANCHULLOS

La noticia saltó a los medios de comunicación el pasado verano: en noviembre de 2017, los Mossos d’Esquadra hicieron un registro en las sedes que la empresa Messer Ibérica de Gases tiene en las localidades de Vila-Seca y El Morell (Tarragona). Los agentes buscaban indicios de un supuesto delito contra el territorio en una investigación iniciada aquel año. Sin embargo, al analizar la documentación obtenida por el volcado de los servidores donde se conservaban los correos electrónicos de los directivos y, en concreto, los de Rubén Folgado, director técnico de la planta química de la compañía, se encontraron mensajes que han resultado claves en la investigación de una supuesta trama de corrupción para beneficiar a empresas que tiene su epicentro en el exministro de Hacienda del PP, Cristóbal Montoro, y el despacho Equipo Económico (EE) que él mismo fundó.

Según las investigaciones llevadas a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, los mensajes intervenidos en Messer junto a otros localizados en diciembre de 2019, en otro registro realizado en la sede de la empresa Carburos Metálicos en Cornellá (Barcelona) han aportado un total de 31 documentos que el instituto armado considera “de interés” para las pesquisas, al concluir que han permitido apuntalar las sospechas de que Equipo Económico era contratado por diversas empresas con el objetivo de que, echando mano de sus contactos en las altas instituciones del Estado, gracias a los puestos ocupados por sus miembros en diferentes Gobiernos del PP, influyesen en decisiones del Ejecutivo de Mariano Rajoy. Y resulta que ahí, Cristóbal Montoro y su bufete eran las piezas imprescindibles para que la máquina funcionara.

Un informe de la Unidad Central Anticorrupción de los Mossos D’Esquadra aportado al juzgado número 2 de Tarragona vincula un “regalo” de 2.200 millones de Hacienda a las renovables con pagos del sector a Equipo Económico. Y las compañías englobadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM) pagaron al despacho casi 800.000 en siete años. Gracias a ese desembolso, según la investigación, fueron incluidas en una rebaja del impuesto especial sobre la electricidad (2014) y en otra sobre el impuesto de actividades económicas (2018). Además, en 2017, Hacienda inició una persecución fiscal al periodista Javier Chicote, del diario Abc, después de que este hubiese publicado artículos en los que desvelaba los pagos que empresas del Ibex habían realizado al despacho fundado por Montoro.

Según se desprende de las pesquisas policiales, el equipo de Cristóbal Montoro retocó el informe que debían enviar los peritos de la Agencia Tributaria designados por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz sobre las donaciones del Partido Popular en la investigación por la caja b del partido. Así consta en una serie de correos electrónicos en los que el director de la Agencia Tributaria de entonces, Santiago Menéndez, remitió un documento que se iba a enviar a la Audiencia Nacional sobre las donaciones del PP recogidas en la contabilidad paralela del partido en el conocido 'caso Bárcenas'.

Ese informe había sido elaborado por los peritos designados como auxilio judicial y que trabajaban a las órdenes del juez de la Audiencia Nacional. El instructor había reclamado a los peritos que contabilizaran las donaciones recibidas por el PP para saber si éstas superaban el máximo permitido y por tanto podrían incurrir en un delito fiscal. 

La ex directora de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), Margarita García Valdecasas, ya había intentado que ese informe no se realizase al considerar que las donaciones estaban exentas de tributación, por lo que a su entender no podían ser contabilizadas. En un enfrentamiento con Ruz, este la obligó a entregar el documento y la advirtió que los peritos trabajaban a sus órdenes y no a las de ella como coordinadora.

El caso había entrado en un discreto letargo. Sin embargo, la Agencia Tributaria ha detectado una arquitectura financiera, con “mezcolanza de fondos” y dispersión de los mismos a través de varias personas y cuentas bancarias, que parece ser que sirvieron al despacho de Equipo Económico (EE), para camuflar los pagos recibidos de distintos clientes. En concreto, se han localizado ingresos por un total de 35,5 millones de euros entre 2008 y 2013 que procederían de las gasísticas investigadas pero también de otros pagadores a los que se quiere identificar para poder determinar el origen y la finalidad del dinero.

Además de las transferencias realizadas a Montoro, también se han detectado pagos a la mujer del exministro que se hicieron cuando él ya no estaba vinculado al despacho. Se trata de dos envíos —en octubre de 2008 y septiembre de 2010— que suman 9.450,69 euros. No obstante, fuentes de la defensa del despacho aseguran que se trata de pagos por el catering de unas fiestas que se solían celebrar anualmente y a las que asistían los socios con sus familias.

Ante la sospecha de que estos movimientos sean el preludio de algo mucho más fraudulento, Hacienda ha solicitado al juez que reclame la colaboración de las autoridades de Alemania y Estados Unidos para ahondar en la información de cuentas que estarían vinculadas a Ricardo Martínez Rico, socio de Equipo Económico. Y pide indagar también en las salidas de divisas a Luxemburgo por parte de Manuel de Vicente Tutor, también socio del despacho.

Este affaire resulta muy llamativo y nos da una idea bastante ajustada de la catadura moral y el nivel político del PP. Mariano Rajoy se presentó a las elecciones de finales de 2011 con un programa electoral titulado “Lo que España necesita” y en el capítulo “Una democracia ejemplar” prometía medidas de lucha contra la corrupción, pero en cuanto llegó a la Moncloa nombró a Cristóbal Montoro ministro de Hacienda; es decir, puso un zorro a guardar las gallinas.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en la web de la plataforma Còrtum 18/02/2026

 

SU EXITO, NUESTRO FRACASO

 

Los políticos de nuestro país ya sienten el aliento de la extrema derecha en el cogote. Pero es que la situación política que se vive en las naciones de nuestro entorno tampoco invita al optimismo. En Italia, Giorgia Meloni, una neofascista reconvertida en conservadora ocasional, es la presidenta del Consejo de Ministros que impulsa el bloqueo naval de las fronteras italianas y las deportaciones exprés a Albania; en Alemania, el partido Alternativa por Alemania AfD de ideología nacional conservadora y euroescéptica de extrema derecha crece de forma exponencial en cada elección y ya es una serie amenaza para la estabilidad del sistema político germano  y por lo que respecta a Francia, las cosas no están mejor: en el país galo habrá elecciones a la presidencia de la Quinta República en 2027 y Marlne Le Pen o su delfín, Jordan Bardella, presidente de la Agrupación Nacional, si finalmente ella no puede presentarse por sus problemas con la justicia, será quién lo haga, y ambos, se perfilan como favoritos para suceder a Emmanuel Macron.  

En España el panorama no es muy diferente al de nuestros vecinos; ahí están las elecciones autonómicas es Extremadura, primero y Aragón después que nos dan una idea bastante ajustada de cómo está el ambiente. Con ese paisaje político, echar un vistazo a los estudios demoscópicos genera inquietud. Vox lleva cuatro meses creciendo de forma continuada, mientras que los populares se han estancado, el PSOE pierde cuatro puntos con respecto a las últimas elecciones generales y Sumar se deja en el camino más de cinco puntos desde 2023. Es más, los sondeos advierten de la derechización del electorado, puesto que PP y Vox aglutinan el 49,2% de la estimación de voto.  

Ante esta situación, somos muchos los que intuimos que el batacazo para el progresismo en las próximas elecciones generales puede ser de los que hacen época. Quizás por eso, Gabriel Rufián (el mismo que ahora hace 11 años decía que en 18 meses dejaría su escaño en el Congreso para venir a la república catalana, se ha caído del caballo y ha visto la luz de la sensatez y la cordura política) ha decidido hacer las maletas y marchar a las Españas a convertir fieles para su causa. El diputado de ERC lleva tiempo proponiendo una lista plurinacional de izquierdas para las generales y desde entonces su nombre ha estado en las quinielas para dirigir un futuro proyecto capaz de unir a todas las formaciones a la izquierda del PSOE bajo una única papeleta y contener así el auge de la extrema derecha. Días atrás se hizo público que el 18 de febrero participará en un acto en Madrid con el diputado autonómico de Más Madrid Emilio Delgado para hablar sobre el futuro de la izquierda: Es evidente que el acto adquiere mucha más relevancia tras los malos resultados para el espacio político en Aragón. No obstante, tanto ERC como EH Bildu ya han descartado la posibilidad de una lista conjunta.

Donde sí parece que hay un principio de acuerdo es entre los cuatro partidos que, a día de hoy, conforman Sumar y que tienen presencia en el Gobierno; el próximo 21 de febrero, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, con el slogan “Un paso al frente”, presentarán las bases del proyecto con el que quieren afrontar las próximas generales. Es verdad que todavía con muchas incógnitas por despejar como por ejemplo el liderazgo, la marca definitiva o la propuesta programática concreta. La idea central es presentar una alternativa estable a la derecha y la ultraderecha en España. Hace meses que dirigentes de Izquierda Unida, Más Madrid, Comunes y Movimiento Sumar trabajan en pro de la precoalición; aunque conviene dejar claro que Podemos, de momento, se ha desmarcado y no parece que vaya a formar parte de la iniciativa.

Quien, una vez más, ha hecho unas declaraciones impagables ha sido Felipe González que una charla en Los Desayunos del Ateneo, manifestó que en las circunstancias actuales y con Pedro Sánchez como candidato votará “en blanco”, no hará campaña para ningún partido ni votará otras opciones, menos mal. Además González cuestiona los pactos del PSOE con sus socios, y piensa que es peor pactar con Bildu que con Vox. Es decir, en opinión del que fuera gran líder indiscutido del socialismo español, es preferible llegar a acuerdos con los racistas, xenófobos y racistas que criminalizan por su origen o el color de piel a los que vienen de fuera, son antifeministas, negacionistas del cambio climático y euroescépticos, que con los que han renunciado a la violencia, respetan la Constitución y tienen un comportamiento social e institucional equiparable a la de cualquier otra formación política.

A pesar de todo, aún hay resquicios para la esperanza porque los resultados de los dos últimos comicios autonómicos indican que los progresistas se han quedado en casa. Por lo tanto, toca recuperar la confianza para que la gente vuelva a creer en la política como una herramienta útil para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. De no ser así, el triunfo de la derecha extrema no será tanto su éxito, si no nuestro fracaso. El fracaso de los progresistas por la incapacidad manifiesta de generar ilusión y esperanza en aquellos a los que el corazón les late a la izquierda.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 16/02/2026

DESMONTANDO FALACIAS

 

Con la aprobación del decreto que regula la inscripción extraordinaria de personas extranjeras, el Gobierno de Pedro Sánchez no ha hecho más que utilizar el sentido común y poner en marcha una iniciativa de justicia social. Sin embargo, la derecha no lo ve igual y, para variar, han montado una escandalera acusando a Sánchez y todo el Ejecutivo de querer tapar con esa decisión los problemas ferroviarios del país. Es igual, porque si no hubiera contrariedades con los trenes apuntarían a cualquier otra cuestión y es que el PP ha hecho de aquella célebre frase italiana que dice: “Piove porco Governo”, el centro de su estrategia política

En opinión de Isabel Díaz Ayuso, esa regularización no tiene otro objetivo que el electoralista. Para la presidenta de la Comunidad de Madrid los inmigrantes podrán votar en las elecciones generales de 2027, cuando, en realidad, la Constitución española deja claro en su artículo 13 que “el derecho de sufragio para las elecciones generales y autonómicas corresponde a los españoles mayores de edad”, es decir, a aquellos que tienen nacionalidad española, no solo residencia. Sí lo podrán hacer en las municipales los ciudadanos que procedan de la UE o de países con los que hay acuerdos de reciprocidad. En la práctica, los extranjeros residentes en nuestro país tardan unos diez años en obtener la nacionalidad, unos cinco si son hispanoamericanos. “Miente que algo queda”, deben pensar en Génova, 13 porque no ha salido nadie a enmendar a la presidenta madrileña.

En la etapa de José María Aznar, como presidente del Gobierno, se llevaron a cabo, entre los años 2000 y 2001 dos regularizaciones extraordinarias que supusieron normalizar a algo más de medio millón de personas; la diferencia es que entonces lo hizo un Ejecutivo como “Dios manda” y ahora la iniciativa es de un Gobierno progresista, “bolivariano” para los trumpistas castizos. Aunque resulta imposible de cuantificar con detalle, se calcula que unas 800.000 personas podrían regularizar su situación y beneficiarse de la medida.

La derecha y la derecha extrema nos quieren asustar al hablar de una supuesta “invasión” de inmigrantes por la frontera sur, ya sea con cayucos por la ruta canaria o balear –en descenso la primera, al alza la segunda– o a través de Ceuta o Melilla. Pero lo cierto es que en España las entradas irregulares, que no “ilegales” —porque no suponen ningún delito—, representan una ínfima parte de la inmigración, que mayoritariamente accede al país por vías regulares. El 94% de los inmigrantes –con permisos de residencia, en trámites de conseguirlos o simpapeles– entraron en el país por aeropuertos con visados o sin ellos (para la gran mayoría de países latinoamericanos no se exigen) pero, tras cumplir el periodo máximo de estancia, se quedan en nuestro país.

Para evitar esa supuesta invasión PP y Vox tienen sus fórmulas y proponen frenar la inmigración irregular con una mayor presencia de buques en el mar con el fin de contener los cayucos que siguen llegando a Canarias desde Mauritania. Los de Feijóo apuestan por un mayor despliegue de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, conocida como Frontex, mientras que los de Abascal se inclinan por la Armada. Ambas recetas chocan con la realidad; Frontex solo se puede desplegar en países europeos, como lo está en Canarias, y lo único que puede hacer son tareas de auxilio. Lo conveniente sería una mayor presencia de Frontex en África para disuadir las salidas, pero para eso es necesario el acuerdo con terceros países. Y en el caso de la Armada, ya lo dejó claro meses atrás el jefe del Estado Mayor de la Armada, almirante general Antonio Piñeiro: “Que nadie piense que vamos a estar combatiendo en la mar la inmigración”.

Con la regularización se va a dar carta de normalidad a esas personas que recogen la fruta en el campo, que nos sirven el café en le terraza de un bar o a los que les limpian el culo a los ancianos que están en las residencias; pero es que, además, saldrán de la economía sumergida, cotizarán al Estado por lo que harán crecer el PIB y con sus contribuciones fiscales ayudarán a pagar a nuestros pensionistas.

Según el diario inglés The Economist, poco sospechoso de ser de izquierdas, en un interesante reportaje, publicado recientemente, sostiene que los migrantes resultan indispensables para los mercados laborales de los países desarrollados. Sin ellos se perdería dinamismo y riqueza, por cuanto estas personas ocupan trabajos de difícil cobertura por parte de los nacionales de cada país. No “roban el empleo a nadie”. Más bien al contrario, contribuyen a la creación de puestos de trabajo de mayor calidad y mejor remuneración, que ocupan los nativos. Además —continúa el escrito—, aumentan la productividad y combaten la crisis demográfica que afecta al llamado Primer Mundo. Dado que, en general, al menos en la primera generación, como aún ocurre en nuestro país, son más jóvenes que la población de acogida, tienen necesidad imperiosa de trabajar y consumen menos servicios esenciales, como la sanidad de lo que lo hacen los nacionales. Aportan el 10% de la Seguridad Social, mientras que solo gastan el 1%, y según la OMS, el coste sanitario de las personas a partir de los 65 años llega hasta el 90% del total, edad que aún no han alcanzado la gran mayoría de migrantes que residen en España.

Los datos son muy elocuentes y en esta ocasión las falacias no tienen cabida, así que los profetas de la catástrofe y carroñeros de la política, harían bien hablando menos y leyendo más porque como decía Platón “Las opiniones sin conocimiento son la razón de la ignorancia”.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 09/02/2026

PROSPERIDAD COMPARTIDA

Las democracias liberales casan mal con Estados del bienestar que ofrecen a sus ciudadanos servicios públicos esenciales que no reducen lo suficiente las desigualdades y no hacen posible una vida digna. Eso provoca situaciones que acaban siendo terreno abonado para los populismos de uno u otro signo.

La falta de un compromiso real y verificable de los gobernantes con los ciudadanos para elevar los estándares de vida, hace que el autoritarismo está creciendo de manera exponencial en el mapa político de la UE. Hasta hace poco más de una década España era una excepción en ese ámbito, pero de forma sostenida la extrema derecha va ganando espacio electoral en nuestro país. Cataluña no es diferente y el extremismo de derechas, con un fuerte componente independentista en su credo ideológico, ha hecho acto de presencia en nuestro paisaje político, y según los estudios demoscópicos, con una fuerte intención de voto.

Según los expertos, el auge del apoyo electoral al autoritarismo es el resultado del malestar social provocado por las pronunciadas desigualdades que han surgido en los últimos treinta o cuarenta años en las sociedades occidentales desarrolladas. Esas diferencias sociales vienen provocadas por la coincidencia de varios procesos: las políticas neoliberales de desregulación de los mercados, en particular los del trabajo; la automatización de muchos procesos productivos industriales, favorecida por las nuevas tecnologías y la computación; la globalización comercial, con la incorporación de China al comercio internacional y la competencia de sus productos con la de los países desarrollados occidentales; así como  por la desindustrialización y pérdida de buenos empleos para las clases medias de nuestras sociedades, como consecuencia de las ya mencionadas  automatización y la globalización.

Otro factor a tener en cuenta que no debería caer en saco roto, es que el apoyo a las opciones autoritarias tiene mucho que ver con los cambios demográficos y generacionales que se han producido en las últimas décadas en las sociedades occidentales. Por un lado, el aumento de los flujos migratorios hacia los países que están padeciendo esa creciente desigualdad y la pérdida de empleos de las clases medias han dado lugar a reacciones de rechazo, racismo y xenofobia hacia los extranjeros; los inmigrantes son percibidos como competidores para los puestos trabajos, las prestaciones sociales y los servicios públicos del Estado del bienestar como la sanidad o la educación. Por otro, esos cambios han traído transformaciones en los valores culturales dominantes entre los jóvenes pues, especialmente los hombres, cuestionan ahora los avances en las políticas de igualdad y de reconocimiento de derechos a diferentes colectivos.

En este contexto, tan falaz es decir que los servicios sociales de nuestro país funcionan a las mil maravillas, como que son un desastre. Ni lo uno ni lo otro. El Ejecutivo de coalición progresista que nos gobierna es de los pocos que quedan en Europa decidido a luchar por el bien común o lo que es lo mismo: contra el cambio climático, por llevar a cabo una transición energética sostenible, porque se vayan eliminando los contratos de trabajo en precario o por establecer escudos sociales para los más desfavorecidos.

Mientras, de forma simultánea, la macroeconomía funciona como un tiro y se están logrando tasas de empleo que hacía muchísimos años que no se veían en nuestro país. Esa realidad, sin embargo, no puede disimular que las clases medias y populares están perdiendo poder adquisitivo, que la vivienda se ha convertido en un lujo inalcanzable para gran parte de ciudadanos o que la sanidad que no hace tanto era la joya de la corona, pierde eficiencia porque en los últimos años se han ido incorporando nuevos usuarios, mientras que ni las inversiones ni los profesionales aumentan en la misma proporción; más bien al contrario: se han recortado o congelado presupuestos y se han reducido plantillas.

La situación más evidente del deterioro del Estado del bienestar en España la hemos vivido estos días con el caos ferroviario, pero de manera muy especial en Cataluña con el colapso total de los servicios de Rodalies. No voy a insistir porque los medios de comunicación nos han tenido puntual y ampliamente informados, además de que muchos ciudadanos lo han vivido en primera persona. No olvidemos que son unas 400.000 personas las que usan Rodalies de manera regular y su inmensa mayoría son clases medias y populares que estos días han visto alterada su cotidianeidad por motivos totalmente ajenos.

Aquellos polvos trajeron estos lodos, y décadas de desinversión no se solventan por ensalmo, por lo que harán falta muchos años y mucho esfuerzo presupuestario para poner nuestros trenes a la altura de lo que una sociedad desarrollada necesita. Desde luego hay cosas que son inevitables y la fatalidad existe, pero en esta ocasión parece que se han conjugado una serie de factores para que la tormenta perfecta descargara sobre los ferrocarriles catalanes. No obstante, hubiese sido deseable una mayor explicación por parte de los prestadores de los servicios, de la misma manera que se hubieran tenido que poner, de forma inmediata, a disposición de los usuarios alternativas reales y fiables para paliar el desastre. Como está haciendo ahora el Govern que ha contratado 61 buses más para reforzar los servicios interurbanos que ya funcionan, mientras se trabaja para recuperar la normalidad en Rodalies. Con estas incorporaciones, la flota de refuerzo pasará de las 169 unidades hasta 230 vehículos que provienen de diferentes puntos de España, aunque, de momento, con resultados muy poco satisfactorios.

La situación es delicada. El futuro de nuestro modelo de sociedad está en entredicho. Se hace imprescindible un gran acuerdo de todos los agentes sociales para recuperar la capacidad de generar la prosperidad compartida que se logró en los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial. En esa etapa histórica, el contrato socialdemócrata —que se logró por un consenso entre socialdemócratas, liberales y cristianodemócratas— hizo que, por un lado, el capitalismo de mercado fuese capaz de crear buenos empleos para la clase media; y, por otro, que el nuevo Estado de bienestar —a través de la educación, la sanidad, el seguro de paro y las pensiones— fuese capaz de crear una sociedad más igualitaria y con buenas oportunidades de ascenso social. El resultado fue que las democracias y el capitalismo de mercado ganaron la batalla de la prosperidad compartida a otros sistemas políticos que operaban en otros puntos del planeta.

Repitamos la experiencia.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 02/02/2026

 

TURISTAS Y RESIDENTES

El turismo es uno de los motores de la economía española con mayor peso específico. En 2025 nos visitaron unos 97.000 millones de personas y las actividades relacionadas con el sector superaron, el año pasado, los 3 millones de empleos, la cifra más alta de la historia, según datos de Turespaña.

Un 14% de los empleos de nuestro país tienen que ver con la actividad turística, mientras que algo más del 13% del PIB hispano se genera con el turismo. Pero hay más, semanas atrás la patronal Exceltur informaba de que hasta 2028 está previsto que se construyan 775 nuevos hoteles en España, lo que vendrá a suponer unas 52.000 nuevas habitaciones.

Las buenas expectativas de la actividad turística favorecen el auge de contrataciones. Los datos de empleo muestran que muchas de los contratos que antes se realizaban a partir de la primavera, ahora se adelantan a los primeros meses del año.

Entre las actividades que más tiraron del empleo turístico el año 2025 destacan las agencias de viajes, que una vez superada la crisis en la que se vieron sumidas tras la pandemia han ido incrementando la  ocupación, hasta alcanzar un 8,7% en el segundo trimestre, seguidas por el transporte de viajeros (un 4,6% más que un año antes). En general, las actividades turísticas distintas a la hostelería y el transporte, que ocupan a casi 900.000 personas, se incrementaron un 9,3% interanual.

Existe el criterio generalizado del carácter estacional de la ocupación turística. Sin embargo, el modelo de contratación laboral en el sector turístico es muy similar al de la economía en general. El porcentaje de trabajadores por cuenta ajena sobre el total de empleos del sector está en el 85,3%, un peso idéntico al registrado por los asalariados en todo el mercado de trabajo. Igualmente, la tasa de temporalidad de los tres millones de ocupados en la actividad turística es prácticamente la misma que para los trabajadores del resto de los sectores: el 15,8% frente al 15,4%.

Estos trabajadores también cuentan con un volumen de contratos indefinidos (el 84,2%) muy similar a la cifra de la economía en general 84,6%). Aunque las jornadas son algo inferiores, ya que solo el 75% de los asalariados en turismo trabajan a tiempo completo, mientras que en el caso de los ocupados del resto de sectores, este porcentaje se eleva por encima del 80%.

Lo que sí es mucho mayor en el sector turístico que en la media del mercado es la presencia de trabajadores foráneos. Así pues, en el conjunto un 15,6% de los ocupados tienen nacionalidad distinta a la española, en el caso de las actividades turísticas este porcentaje se eleva al 24%. Es decir, casi uno de cada cuatro trabajadores de estos sectores son extranjeros.

Esos buenos datos, que son incuestionables, no significan, ni de lejos, que haya que conceder barra libre a los que viene a visitarnos; más bien nos deben servir como referencia para valorar, en su justa medida, lo que tenemos y regularlo de madera provechosa para todos, algo que no es fácil, pero tampoco imposible. Ante esta realidad, me parece oportuno observar con atención las iniciativas que se están llevado a cabo en Barcelona para racionalizar el sector y hacerlo compatible con la cotidianeidad de los residentes ya que pueden servir de guía a otros lugares colapsados por la afluencia turística.

Hace casi una década que en nuestra ciudad se cerró el grifo a la construcción de nuevos hoteles, también se han ido cerrando pisos turísticos ilegales. Y desde el Ayuntamiento se ha declarado la guerra contra empresas como Airbnb para acabar con la oferta ilegal de apartamentos de alquiler.

Se han establecido normas para reducir los grupos turísticos que en lugares como Las Ramblas no pueden superar las 15 personas, 25 en Sagrada Familia o Parque Güell y los de ciclistas no pueden ser de más de 16. También se han prohibido las rutas de borrachera. El alcalde Jaume Collboni se comprometió, meses atrás, a reducir las terminales de cruceros y a no construir nuevas. Mientras que la fiscalidad turística se ha convertido en la segunda fuente de ingresos para el Ayuntamiento.

Es cierto que no todas las medidas tienen la misma eficacia. Pero poco a poco se va cerrando el perímetro para que el turismo sea compatible con la vida habitual de la ciudadanía. El turista no es nuestro enemigo. Todos somos turistas en algún momento de nuestras vidas. Pensemos, también, que muchos de los encantos de nuestro entorno no serían sostenibles sin la inyección económica del turismo. De igual manera, seamos conscientes de que muchos conciudadanos —incluso amigos y familiares— están empelados en el sector.

Una actitud positiva nos legitima para pedir a los que vienen a visitarnos el mismo respeto, empatía y cordialidad que nosotros les ofrecemos a ellos,

Al fin y al cabo, por el bien de todos, estamos condenados a entendernos.

 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en la web de la plataforma Còrtum 27/01/2026

 

TRUMP DESATADO

El imperialismo desbocado de Donald Trump no tiene límites. Poco antes de viajar a Davos, el mandatario norteamericano publicaba unas fotos tratadas con inteligencia artificial (IA) en las que se atribuía una conquista de Groenlandia y expandía la propiedad estadounidense a los territorios de los Estados soberanos de Canadá y Venezuela. No por casualidad las imágenes forman parte de una oleada de mensajes del presidente estadounidense envió en plena madrugada de Washington, con ellos volvía a reclamar la anexión de la isla ártica, a la vez que arremetía contra la devolución británica de las islas Chagos a Mauricio —aunque en su día, el mismo había dado el visto bueno—. De forma simultánea, divulgaba el contenido de unos textos enviados por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, respectivamente.

Trump se presentó, en el Foro de Davos, dispuesto a dejar claro quién manda en el mundo. El presidente estadounidense no defraudó a sus seguidores, con un matonismo mucho más propio de un chulo de taberna que de un líder mundial, subió a la tribuna y tomó la palabra para aleccionar, intimidar y amenazar a todos los que no digan amén a sus intereses.

La situación es delirante: Donald Trump argumenta que quiere anexionarse Groenlandia porque no le han otorgado el Nobel de la Paz. Su egocentrismo no tiene fronteras. Como muestra, reproduzco un fragmento de la carta que envió al primer ministro noruego Jonas Gahr Store que estos días han hecho circular diversos medios de comunicación: “Querido Jonas: considerando que tu país decidió no darme el premio Nobel por haber detenido ocho guerras y más, ya no siento la obligación de pensar únicamente en la paz, aunque eso será siempre predominante. Ahora puedo pensar en lo que es bueno y adecuado para los Estados Unidos de América. […] Yo he hecho más por la OTAN que ninguna otra persona desde su fundación, y ahora la OTAN debería hacer algo por Estados Unidos. […] El mundo no está seguro hasta que no tengamos un control total y absoluto sobre Groenlandia”. Después de leer esto, me inclino por pensar que este hombre no está en sus cabales.

Ante esta situación que, además de ser caótica, comienza a ser muy preocupante, aunque de forma lenta, parece que las cosas se van poniendo en su lugar. Los líderes mundiales y, en especial, los europeos empiezan a darse cuenta de que, con Donald Trump, las buenas palabras y los paños calientes no sirven de nada. Hace tiempo que soportan la chulería desatada del mandatario norteamericano, pero pensaron que podían aplacar sus ínfulas cediendo ante su retórica imperialista y riéndole las gracias. Se equivocaban, el buenismo con individuos como ese es inútil y tampoco se trata de ponerse a su altura

En este contexto, adquiere especial relevancia la posición de la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, que denunció desde Davos que las amenazas comerciales de Trump incumplen el pacto alcanzado meses atrás entre EE UU y la UE, y prometió una respuesta europea “unida, firme y proporcional”. “La nostalgia no devolverá el viejo orden”, afirmó. “Si este cambio es permanente, Europa debe cambiar permanentemente también. Es hora de aprovechar esta oportunidad y construir una nueva Europa independiente”.

También desde Davos, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, siguiendo las directrices marcadas por su patrón, se dirigió a los europeos en un tono paternalista y amenazador, diciendo: “Sentaos, respirad hondo. Lo peor que pueden hacer los países es enfrentarse a EE.UU.”, como si no fuera Washington quien quiere invadir un país europeo. A esta gente solo les falta llevar un revolver colgado al cinto.

En la misma línea que Von der Layen La presidenta del Banco Central Europeo, ⁠Christine Lagarde, abandonó una cena del Foro Económico Mundial (FEM), durante un discurso crítico con Europa del secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick que provocó abucheos en señal de desacuerdo. A la cena asistían unas doscientas ⁠personas y ante el bochornoso espectáculo que se originó, los anfitriones suspendieron el acto antes de los postres, según informadores presentes en la reunión.

Con todo, parece que Donald Trump ha entendido que está yendo demasiado lejos y al final de una intensa jornada de reuniones en el Foro Económico de Davos, difundió un texto que dice: “Tras una reunión muy productiva con el secretario general de la OTAN, Mark Rute, hemos establecido las bases de un futuro acuerdo con respecto a Groenlandia y, de hecho, a toda la región del Ártico. Esta solución, de concretarse, será muy beneficiosa para los Estados Unidos de América y para todas las naciones de la OTAN”. Ahora habrá que ver cómo se concreta ese acuerdo.

Y como broche de oro al show de autobombo, desde su equipo anunciaron el proyecto para reconstruir la Franja con rascacielos turísticos junto al mar. Poco importa que Israel siga bombardeando los territorios ocupados y los niños palestinos mueran de frío. Eso son minucias.

Trump está desatado y ha perdido el pudor. En esas circunstancias, Europa ha de entender que el paraguas de seguridad transatlántica bajo el que ha permanecido desde el fin de la Segunda Guerra Mundial ha llegado a su fin. La nueva estrategia de Seguridad Nacional de EE.UU basada en la Doctrina Donroe deja claro que Washington no ve a la UE como un aliado fiable y se pone como objetivo “cultivar la resistencia” dentro de sus fronteras, es decir, promover el euroescepticismo y la extrema derecha. Cuando, por desgracia, y a partir de nuestra propia historia, los europeos podemos dar lecciones magistrales y varios masters sobre las catástrofes que provocan las derechas extremas, las divisiones políticas y los nacionalismos extremos, porque, al fin y al cabo, eso es lo que subyace tras el “America First”.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 26/01/2026

 

FINANCIAICIÓN AUTONÓMICA A LA CARTA

Alguien que desconozca la situación de polaridad y crispación política que estamos viviendo en nuestro país, se quedaría estupefacto al saber que el primer partido de la oposición (PP) desprecia 21.000 millones de euros de los cuales el 70% llegarán a las comunidades autónomas que ellos gobiernan. La cuestión es que el Ejecutivo propone un nuevo sistema de financiación autonómica que ha trabajado con uno de sus socios y no lo ha negociado con los populares. Ese hipotético ciudadano, tampoco entendería que otro partido (Junts) rechace que a su comunidad lleguen unos 4.700 millones más de euros porque el pacto no es una réplica del concierto Vasco, como ellos pretendían.

Así está la política en España. Por eso, el Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebró el pasado 14 de enero fue especialmente áspero. Catorce comunidades, incluidas dos socialistas, de las quince que asistían se mostraron contrarias a la propuesta; tan solo Cataluña se alineó con los planteamientos de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Los actores políticos y expertos en economía que han alumbrado el pacto han trabajado con la idea de que el acuerdo sea extrapolable a otras comunidades. De todas formas, las autonomías que lo deseen se podrán acoger al nuevo sistema de financiación, mientras que las que lo prefieran podrán quedarse con el sistema vigente; es decir, el Ministerio de Hacienda pone sobre la mesa una financiación a la carta. 

Es evidente que cuando, en un principio, se utilizó la expresión “financiación singular”, nadie quería ningunear a nadie ni escamotar nada, simplemente se buscó un título de impacto y fácil de retener. Como dice al conocido adagio oriental “no importa que el gato sea blanco o negro, lo que importa es que cace ratones”, esa es la cuestión: desatascar un asunto der vital importancia para todos los ciudadanos porque con esos recursos se financian servicios como la sanidad, la educación o los servicios sociales y que lleva encallado desde 2014; algo que el PP de Mariano Rajoy, con una mayoría absolutísima, no hizo  

Los motivos a ese rechazo hay que buscarlos más en el momento político en que estamos viviendo, en cómo se ha elaborado el nuevo sistema y quien anunció la buena nueva y no tanto en el modelo de reparto en sí. Y es que hasta el director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) Ángel de la Fuente que ha puesto en duda diversos aspectos del nuevo sistema, reconoce que este  reparto de los recursos será más equitativo que el anterior, pero claro, la derecha, que está obsesionada con derribar al Gobierno, no puede admitir que los de Pedro Sánchez hagan algo bien, que lo hayan consensuado con ERC y, además, lo anunciase a principios de enero el presidente de esa formación, Oriol Junqueras, que es algo así como el anticristo del nacionalismo español.

No obstante, si hacemos números, veremos qué Hacienda, a través de varias modificaciones tributarias de calado, pone sobre la mesa unos recursos de 21.000 millones de euros anuales a repartir entre las comunidades de régimen común. El propósito es inyectar liquidez a las arcas de las autonomías; así todas las comunidades aumentarán su financiación en términos absolutos. No obstante, la situación se complica cuando cambia la posición relativa de cada territorio.

En términos absolutos, será Andalucía la que reciba más dinero, un montante de casi 5.000 millones de euros. Sin embargo, Cataluña percibirá 507 euros más por habitante, seguida muy de cerca por la Comunidad Valenciana, con 496 euros, y por Murcia, con 468 euros adicionales. También registran incrementos significativos Baleares (450 euros extra), Madrid (409 euros) y Andalucía (367 euros).

Esta lluvia de millones es posible por el aumento de la participación de las comunidades en el IRPF y el IVA y eso permite elevar de manera sustancial la capacidad de gasto de la mayoría de los territorios. No obstante, no todas las autonomías participan del reparto en las mismas condiciones. Algunas como Cantabria, La Rioja, Extremadura o Castilla y León ―beneficiadas por el sistema vigente― no obtienen ninguna ganancia. El nuevo modelo no prevé mejoras para ellas. Para evitar agravios comparativos, Hacienda ha previsto unas compensaciones específicas que corrijan la más que posible pérdida de ingresos. El Gobierno calcula que esas compensaciones se aplicarán a Cantabria y Extremadura, pero no a Castilla y León y La Rioja porque, a pesar de todo es muy probable que aumenten, aunque no demasiado, el volumen de sus recursos.

Con todo, la ministra, María Jesús Montero, se ha querido curar en salud y ha ofrecido a todas las CCAA la posibilidad de llevar a cabo reuniones bilaterales para perfeccionar el modelo. Asimismo, el trámite parlamentario que ha de permitir aprobar una ley que haga que ese nuevo modelo sea una realidad, será largo y ahí los partidos podrán presentar las enmiendas que consideren que mejoran el texto y se conjugan con sus intereses. La geometría parlamentaria a la que ha de recurrir el Gobierno para sacar adelante sus iniciativas hace, más que posible, que los grupos puedan plantear exigencias que en otras circunstancias serían impensables. Así es la política.

Y para cerrar el círculo, siempre quedará la posibilidad a aquellas autonomías que con el nuevo sistema se consideren infra financiadas quedarse con el modelo actual. Es decir, el Ejecutivo ha decidido pasar del café para todos —tan denostado por algunos— a la financiación a la carta.

La situación está complicada. Núñez Feijóo ha instado al presidente a que retire la propuesta y ponga el contador de la negociación a cero, algo que todo el mundo sabe que no va suceder, y es que en el PP piensan que utilizar la financiación autonómica para atacar al Gobierno en los comicios que se avecinan (Aragón, Castilla León y Andalucía), les puede dar pingües beneficios electorales. Por consiguiente, parece que la negociación que ofrecía la ministra Montero tendrá que esperar.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 19/01/2026