EL ÚLTIMO GRAN BALUARTE DE LA SOCIALDEMOCARCIA

Si a los dirigentes políticos se les asignara el salario en función de la aceptación o rechazo que tienen de la ciudadanía, como antaño ocurría con las vedettes de variedades, no hay duda de que Pedro Sánchez tendría, sobre todo, a nivel internacional, un caché altísimo.

Me he permitido comenzar esta columna con esta licencia retórica porque me viene muy bien para introducir el tema que hoy quiero tratar: la socialdemocracia como la única ideología que más y mejor ha aguantado los embates del capitalismo y aún le planta cara, aunque la pregunta es: ¿hasta cuándo?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convertido a España en el último gran baluarte de la socialdemocracia europea y, probablemente, mundial. Pero es que lo ha hecho a base de progreso económico y bienestar social para los ciudadanos que viven en nuestro país y con dignidad política y ética en los asuntos internacionales.

El posicionamiento de España en una cuestión tan delicada como el enfrentamiento entre Israel y Palestina es claro: nuestro país exige el estricto respeto al derecho internacional, la protección de los civiles y el cese de hostilidades. España reconoció oficialmente al Estado de Palestina el 28 de mayo de 2024, una medida coordinada junto con otros países europeos. Y aboga por la solución de dos Estados como la vía más plausible para cerrar de forma definitiva el conflicto.

Hace ahora, poco más de un año, Donal Trump criticó con dureza la resistencia del Gobierno español a invertir el 5% del Producto Interior Bruto (PIB) en defensa, tal y como habían acordado el resto de los líderes de la OTAN.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ya había anunciado su disconformidad con esa iniciativa, respondió sin rodeos al mandatario norteamericano y en la cumbre de la OTAN del pasado mes de julio lo dijo con rotundidad: España no aumentará al 5% del PIB el gasto en defensa. Somos el tercer país de la Unión Europea con más efectivos en misiones de la OTAN; y también el único socio de la OTAN que en los últimos ocho años ha aumentado el gasto en defensa en más de un 150%.

Instalado en esa línea de coherencia y respeto a los tratados internacionales, Pedro Sánchez fue el primer mandatario internacional que salió a criticar el salvaje ataque de EE. UU. e Israel a Irán, en los primeros días del pasado mes de marzo, cuando las delegaciones estadounidense e iraní se habían dado un margen para analizar los papeles que habían intercambiado en unas conversaciones de paz que estaban llevando a cabo. Sánchez fue contundente con su NO A LA GUERRA. Días después, otros líderes, con más menos matices, siguieron el camino marcado por el presidente del Gobierno de España.

Por lo que respecta a la política interior, desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, los Gobiernos que él ha presidio se han centrado en llevar a cabo iniciativas progresistas encaminadas a reforzar el Estado del bienestar, la ampliación de derechos sociales, la transición ecológica y la transformación del modelo productivo, han sido los pilares de esa evolución 

En estos momentos, el Ejecutivo impulsa medidas como la regulación del mercado de la vivienda con la declaración de zonas tensionadas para topar los precios del alquiler en diversas comunidades autónomas. De manera simultánea, se está poniendo en marcha el desarrollo de un plan masivo de vivienda pública protegida.

Asimismo, el Gobierno ha puesto el énfasis en los Derechos Laborales y la Cohesión Social: ahí se han desarrollado políticas orientadas a la reducción de la jornada laboral, la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y las pensiones en línea con el IPC o la consolidación de la reforma laboral para reducir la temporalidad. Estas iniciativas ha tenido como consecuencia el mayor número de afilados a la Seguridad Social como nunca en la historia.

Tampoco se están escatimando esfuerzos para llevar a cabo una Transición Ecológica justa y equilibrada, para ello se está aprovechando el despliegue de las inversiones vinculadas a los fondos europeos para la reindustrialización verde, el fomento de las energías renovables y la Ley de Cambio Climático

Se ha profundizado en las leyes de igualdad de trato, medidas de conciliación laboral y familiar, y la lucha activa contra la brecha salarial de género.

Estos son, tan solo, algunos ejemplos de las iniciativas que los Gobiernos de coalición presidios por Pedro Sánchez están llevando a cabo y que han hecho posible que nuestro país de un salto cualitativo incuestionable.

Esa forma de ser y proceder ha convertido a Sánchez en uno de los gobernantes más valorados de nuestro entorno sociopolítico. No obstante, a la sombra de ese progreso irrebatible, ha aflorado un grupo de indeseables que, aunque no son muchos son demasiados, algunos muy próximos al presidente que están haciendo jaque a todo el proyecto.  Y a la vez, dan argumentos a la derecha política, jurídica y mediática, hasta el punto de que algunos ya se han sentado a la puerta de su casa para ver los restos inertes del último gran baluarte de la socialdemocracia pasar, pero no derrotado por el capitalismo financiero como muchos piensan, si no carcomido por su propia incapacidad para detectar y evitar corruptelas internas que amenazan con convertirse en una auténtica metástasis. 

 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 26/07/2026

 

TORPEZAS Y TROPIEZOS DE NÚÑEZ FEIJÓO

Hace ahora poco más de cuatro años, Alberto Núñez Feijóo asumía la presidencia del PP a nivel nacional. En su toma de posesión dijo que como nuevo presidente del partido haría de la “moderación” y el “sentido de Estado” bandera “que su objetivo era hacer política sin insultar, y que venía a ganar a Pedro Sánchez”.

Feijóo llegó con un halo de político moderado, dialogante y pactista. Sin embargo, muy pronto vimos que era una persona errática que un día decía una cosa y al siguiente la contraria, con muchas más carencias que virtudes. Sus declaraciones sobre asuntos claves para la ciudadanía o sus intervenciones en el Congreso de los Diputados, han puesto de manifiesto que el político gallego no está capacitado para ser el presidente del Gobierno de España. Es más, todo indica que su capacidad intelectual no le da ni para liderar la oposición.

Veamos algunas perlas que ha ido dejando en su hipotético camino a la Moncloa.

En 2022 Núñez Feijóo rechazó que el Gobierno subiera las pensiones para 2023 lo mismo que el IPC, tal y como habían establecido todos los partidos en el Pacto de Toledo, y como acordó España con la Comisión Europea en el marco de la negociación de las reformas para recibir los fondos europeos para la recuperación económica tras la pandemia. El líder de la oposición puso en duda que el Estado pudiese afrontar el gasto, asegurando que “de nada le sirve” a los pensionistas que les suban la prestación “un 8%” (previsión hecha entonces para final de año) y, en cambio exigió al Ejecutivo que, en su lugar, controlase la escalada de precios.

Días antes de las elecciones generales de 2023, en una entrevista sobre las pensiones, defendió, sin inmutarse, que el PP "nunca dejó de revalorizar las pensiones conforme al IPC" y que "el partido que las congeló fue el PSOE”. Aunque ante la evidencia de los datos tuvo que acabar rectificando.

En 2024, el PP votó a favor de la toma en consideración de la Iniciativa Legislativa Popular auspiciada por la Iglesia que promovía la regularización masiva de inmigrantes. Sin embargo, en un discurso ante sus diputados y senadores reunidos en el Congreso, a principios de 2025, Feijóo proclamó que el PP está “absolutamente en contra de la regularización masiva, irresponsable, de un millón de migrantes irregulares” que había aprobado el Consejo de Ministros.

Hace unos meses, Feijóo, secundado por un coro de adláteres (léase aquí barones territoriales), salieron en tromba a criticar la decisión del Gobierno de hacer públicos los documentos sobre el fallido golpe de Estado de 1981 que se habían guardado durante cuarenta y cinco años. “Es una cortina de humo” vinieron a decir los populares para criticar la iniciativa del Ejecutivo. Sin embargo, no habían pasado ni veinticuatro horas cuando Feijóo decía que: “La desclasificación de los documentos del 23-F debía reconciliar a los españoles con quien paró el golpe de Estado. Creo que sería deseable que el Rey Emérito regresara a España”, apuntaba el líder del PP.

Pero es que Juan Carlos de Borbón nunca ha sido desposeído de su pasaporte; por consiguiente, tiene el mismo derecho a entrar y salir del país que cualquier otro ciudadano. De hecho, desde que marchó en 2020 y fijó su residencia en los Emiratos Árabes ha venido a España siempre que ha querido. Otra cosa es que como le advirtieron desde la Casa Real, si desea retornar ha de ser con dos condiciones: Una, deberá tener residencia fiscal en España, y por tanto declarar todos sus ingresos y aclarar el origen y la dimensión de su fortuna opaca; y dos, ha de vivir en un espacio privado, no en La Zarzuela, pagada con dinero público y, además, residencia del jefe del Estado. Es una cuestión de ejemplaridad: no puede vivir del dinero público un hombre que ha defraudado enormes cantidades a Hacienda, aunque no pudo ser procesado por su inviolabilidad.

Feijóo también discrepa de la denominada “ley de nietos” por facilitar la nacionalidad a los descendientes de españoles exiliados por culpa del franquismo. Una iniciativa que ha pasado 32 trámites parlamentarios, nueve debates en pleno y sendas comisiones en el Congreso y el Senado. No obstante, para Feijóo su aprobación es “ingeniería electoral”, ya que, en su opinión, millones de personas puedan obtener la nacionalidad de un día para otro “sin las garantías necesarias y por encima de los límites legales que se habían fijado”. Sin embargo, poco después desde el PP tuvieron que modular la crítica.

La guinda del pastel la puso Feijóo, hace unos días, en unas jornadas de la patronal vasca a las que había sido invitado. El líder popular entró en el debate sobre las bajas laborales como un elefante en una cacharrería, confundiendo dos fenómenos distintos: las ausencias injustificadas del puesto de trabajo y las bajas médicas. Y, encima, propuso que las personas que estén en situación de incapacidad temporal cobren menos y calificó la situación de “cáncer”, a la vez que afirmaba que la reforma debe producirse con o sin la aquiescencia de los sindicatos. Sin tener en cuenta que toda modificación del sistema de bajas médicas debe contar con la participación de todos los agentes sociales.

El presidente del Gobierno de un país como España debe ser, entre otras muchas cosas, una persona con una sólida formación intelectual, tener la cabeza muy bien amueblada y plena integridad moral y ética; y está claro que Núñez Feijóo con sus torpezas, tropiezos, falsedades y mezquindades no encaja ni de lejos en esos mínimos imprescindibles.  

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 20/07/2026

 

REALIDAD POLIÉDRICA

 

El proceso extraordinario de regularización de migrantes, puesto en marcha por el Gobierno central, finalizó el pasado 30 de junio. Se presentaron 1.174,968 de solicitudes de personas que quieren normalizar su situación en nuestro país. El 52% de los expedientes han sido admitidos a trámite.

El 16 de junio, la licenciada en ciencias políticas por la Universidad de Roma, Paola Lo Cascio defendía, en un brillante artículo publicado en El País, que esa iniciativa “es una de las decisiones más importantes que el Ejecutivo ha tomado en esta legislatura (…)  La importancia de este proceso es, obviamente, atemporal, es de sentido común para cualquier sociedad que aspire a definirse democrática, que todas las personas que viven en ella puedan gozar de derechos”. No puedo estar más de acuerdo con esa afirmación. No obstante, en esta ocasión, quiero poner el foco en los números y analizar cómo está incidiendo en nuestra cotidianeidad el aumento demográfico en nuestro país.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), España superó el año pasado los 49,1 millones de habitantes y en pocos meses alcanzaremos los 50 millones.

No hay duda de que en ese aumento de la población la inmigración juega un rol fundamental porque nuestra tasa de natalidad está en mínimos históricos. En concreto, es la segunda más baja de Europa.

A esas cifras, hemos de añadir los cerca de 100 millones de turistas que nos visitaron el año pasado, cifra que este año vamos a superar ampliamente. Personas que utilizan las infraestructuras y, con toda probabilidad, alguno de los servicios públicos. Esa es la cuestión, y ahí es donde empiezan a surgir los problemas porque España es un país diseñado para 40 millones de personas.

Años de un fuerte déficit en inversiones y un importante crecimiento demográfico explican lo sucedido hace un año con el apagón, los graves daños humanos y materiales que causaron las inundaciones de Valencia en 2024 o el accidente ferroviario de Adamuz. Esas desgracias han encendido todas las alarmas sobre el estado de las infraestructuras en España. Los números de las grandes constructoras dejan pocas dudas. Según esos datos, la necesidad de inversión en infraestructuras asciende a unos 407.000 millones de euros en la próxima década. De esa cifra, unos 127.000 millones deberían destinarse a conservación y mantenimiento, y otros 280.000 a nuevos desarrollos y adaptación de las infraestructuras existentes.

En opinión de esas mismas empresas, las infraestructuras del agua y las ferroviarias son las que demandan mayor inversión, 44.000 millones y 31.000 millones en los próximos 10 años. Por otra parte, Diego Rodríguez, investigador de Fedea y catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid, nos advierte de que “Al cambio climático y la intensificación de los fenómenos extremos, con sequías más severas y prolongadas y mayor probabilidad de danas y lluvias torrenciales, se suma un consumo intensivo y una infraestructura obsoleta que colocan al país en una situación de estrés hídrico recurrente”.

Durante décadas el grueso de la inversión en ferrocarriles se ha concentrado en la alta velocidad; tenemos la segunda red más extensa del mundo solo por detrás de China. La liberalización del sector en 2021 ha abaratado el precio de los billetes y ha multiplicado el número de viajeros, lo que ha aumentado la presión sobre la red sin que el mantenimiento de las vías se haya incrementado en la misma proporción. Según un informe del Instituto de Estudios Económicos (IEE), mientras que el volumen de usuarios de alta velocidad ha crecido entre 2015 y 2024 un 100,8%, el gasto en mantenimiento por pasajero en el mismo periodo ha caído un 27,5%.

De forma paralela, el servicio de Cercanías sufre un colapso estructural por años de falta de inversión, lo que ha aumentado las incidencias en grandes núcleos urbanos. Según la AIREF entre 1990 y 2018 se invirtieron aproximadamente 3.650 millones de euros en líneas de Cercanías, que concentran el 90% de los usuarios ferroviarios, frente a los más de 55.000 millones invertidos en alta velocidad. El Ministerio de Transportes ya ha anunciado un plan para invertir más de 20.000 millones en la red ferroviaria en el próximo lustro, de los que la mitad se quiere destinar a la red convencional y de Cercanías.

He citado la situación de los ferrocarriles, pero esa problemática es extrapolable a otras infraestructuras como, por ejemplo, las carreteras o los recursos hídricos, pero lo mismo sucede con servicios como la sanidad pública que necesita una importante y urgente inversión para adecuarla a los tiempos que corren.

Ahora bien, la realidad es poliédrica y no podemos ignorar que, de no existir la inmigración, en España, en 2050, tendríamos un 19% menos de PIB, cerrarían 90.000 bares unas 40.000 aulas escolares y desaparecerían 220.000 explotaciones agrícolas.

También podemos analizar la situación desde otra perspectiva.  Supongamos que no hay inmigración: quién cuidaría a nuestros ancianos, quien recogería la fruta o como se pagarían las pensiones de nuestros mayores. Necesitamos a la gente que viene de fuera dispuesta a arrimar el hombro y echarnos una mano, poque solo así saldremos adelante.  

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 12/07/2026

AVISO PARA NAVEGANTES

Los referéndums los carga el diablo. El 23 de junio de 2016, cerca de un 52% de británicos votó salir de la UE, mientras que el 48% quería seguir en el club. Se han cumplido diez años desde aquella aciaga fecha y el balance no puede ser más desalentador.

Los promotores de aquel divorcio político, encabezados por Boris Johnson y Nigel Farage, entre otros, mintieron como bellacos, y la campaña propagandística que hicieron para salir de la Unión estuvo plagada de falsedades como se ha demostrado con el paso del tiempo. Una de las promesas era que los ciudadanos del Reino Unido mejorarían su calidad de vida y que con el dinero que se dejase de aportar a Europa se podría reforzar la sanidad pública. Sin embargo, el sistema de salud británico sigue siendo muy deficitario y está claro que la separación no ha traído nada nuevo ni bueno a los británicos.

El Brexit ha sido un auténtico pozo sin fondo para la economía británica. De hecho, la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria pronosticó en su día un descenso del PIB del 4% por la salida de la UE. No obstante, diversos estudios recientes sitúan la bajada en el 8%. Desde el 2016, más de 440 firmas financieras han trasladado parte de su actividad de la City a la UE, dejando escapar unos 900.000 millones de libras de activos bancarios (el 10% del sistema británico) al fragmentarse el negocio entre las plazas de París, Frankfurt, Dublín y Ams­­terdam, aunque el verdadero ganador no ha sido Europa, sino Nueva York ya que Londres ha perdido atractivo internacional.

La contracción de le economía tuvo como consecuencia la aparición inmediata de una serie de barreras no solo arancelarias, también surgió un denso entramado de burocracia, controles fitosanitarios y retrasos aduaneros que han supuesto un sobrecoste medio del 8% sobre el valor de las mercancías, actuando como un arancel encubierto que además ha lastrado la productividad un 4%. Ese sobrecoste ha golpeado al tejido empresarial de forma asimétrica. Algo así como una tasa regresiva encubierta que las multinacionales han absorbido como un coste administrativo, mientras que las pequeñas y medianas empresas han sido parcialmente expulsadas del comercio con Europa. Los microexportadores han perdido en esta década sobre el 31% de sus flujos hacia la UE.

Pero los inconvenientes no son solo económicos, también los hay a nivel práctico, como, por ejemplo, las restricciones a la hora de moverse entre el Reino Unido y la UE. Con la implantación del Brexit quienes quieran viajar de un territorio hacia otro solo pueden hacerlo libremente durante un máximo de 90 días, y desde abril de 2025 los ciudadanos comunitarios han de solicitar previamente una Autorización Electrónica de Viaje para poder cruzar la frontera. O sea, un eufemismo para no llamar al documento pasaporte.

Desde la salida de la UE la política en el Reino Unido ha entrado en una fase de inestabilidad permanente. En estos diez años ha habido seis primeros ministros y la dimisión del actual, Keir Starmer, ya está sobre la mesa y no tardará en hacerse efectiva.

Según diversos estudios, no fueron solo los asuntos económicos los que impulsaron a muchos ciudadanos a optar por el divorcio con la UE; la posibilidad de que, de esa manera, se reafirmaba la identidad nacional también jugó su papel. Querían más Reino Unido, menos Europa y, también, menos inmigración. Sin embargo, la realidad una década después es que muchos comunitarios han puesto pies en polvorosa, se calcula que entre 2021 y 2025, unos 160.000 ciudadanos comunitarios han marchado del Reino Unido, mientras que las llegadas procedentes de países extracomunitarios se han disparado, según datos oficiales.

Con la perspectiva que da el paso del tiempo, podemos afirmar que el Brexit fue un auténtico despropósito político, consecuencia del capricho de unos descerebrados que creyeron ver la luz donde todo eran tinieblas. Lo lamentable es que, por esa falta de capacidad de unos dirigentes ineptos, los ciudadanos británicos llevan diez años asumiendo los costes del desaguisado.

Ante este panorama tan poco talentoso, sería deseable que esta columna sirviera de aviso para navegantes y los separatistas más hiperventilados, que aprendan de la experiencia ajena, se den un baño de realidad y comprendan que las promesas imposibles acaban pasando factura a los ciudadanos. Ni la geopolítica del momento, ni la situación socioeconómica conforman el escenario idóneo para imaginar aventuras más propias de la ciencia ficción que de la realidad del siglo XXI.

El problema estriba en que no hay más sordo que el que no quiere oír ni más ciego que el que aquel que no quiere ver y, de esos, por desgracia, hay muchos.

 

 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 05/07/2026

 

LAS COSAS DE FLORENTINO

Desde hace años, el fútbol de élite se ha convertido es un pozo sin fondo. Aquel deporte-espectáculo, que empezó financiándose con las aportaciones de los socios de los clubes, ha ido extendiendo sus tentáculos a la publicidad, las camisetas, las televisiones…, pero es insaciable, cada vez necesita más. Cada vez las cifras que se manejan para pagar jugadores y satisfacer mil historias son más astronómicas. Ante esa situación, los máximos dirigentes de los principales clubs llevan tiempo buscando vías alternativas de financiación. En 2021 creyeron haber dado con la tecla: la Superliga de fútbol europeo. Tenía que ser la panacea y se iban a resolver todos los problemas económicos. Sin embargo, cinco años después de anunciar la competición que debía revolucionar el negocio y generar más de 4.000 millones de euros por temporada, la Superliga se cierra sin partidos, sin calendario y sin trofeos. Al final la realidad se ha impuesto y tanto el FC Barcelona como el Real Madrid, que eran de los que más fuerte habían apostado, dieron marcha atrás y pactado con UEFA una vuelta ordenada al sistema “por el bien del fútbol europeo de clubes”. De este modo, el conflicto más profundo que ha vivido el fútbol continental moderno en décadas termina sin sanciones, sin indemnizaciones y, sobre todo, sin una ruptura estructural del sistema establecido.

No obstante, la falta de liquidez persiste y es ahí donde el inefable Florentino Pérez se saca un as de la chistera. En efecto, haciendo de la necesidad virtud y ante el fracaso evidente del primer equipo del Real Madrid con dos temporadas seguidas sin un triste título que llevar a las vitrinas, convoca elecciones por sorpresa, las gana y recupera un viejo proyecto que tenía aparcado: transformar el club en sociedad mercantil.

La ley obliga a los clubes que están en ligas profesionales a elegir entre ser una sociedad anónima deportiva o una asociación. Y ahí Florentino Pérez ha visto la oportunidad: llevar a cabo una operación en la que la Fundación Real Madrid pasaría a tener el 51% de las acciones, mientras que el 49% restante se lo quedarían los inversores. Se trata de una estrategia que, como ya anunció el presidente hace meses, busca proteger el patrimonio de la entidad.

El plan está todavía en una frase embrionaria y el club no ha dado pistas sobre si la operación se llevará a cabo finalmente. No obstante, por los mensajes que lanzó Florentino en su campaña electoral se ve venir un intenso debate en el planeta fútbol. ¿Club deportivo o empresa? Esa es la cuestión. Y es que los equipos solo pueden escoger entre esas dos opciones. El fútbol en nuestro país está regido por la Ley del Deporte, que exige que las instituciones que compiten en ligas profesionales deben constituirse como clubes deportivos (o asociaciones sin ánimo de lucro) o como sociedades anónimas deportivas (SAD).

Elegir la estructura jurídica de un club no es una decisión fácil. Es el armazón sobre el que se gestiona absolutamente todo, desde la contratación de jugadores, patrocinios, eventos, abonados o los derechos de televisión Sin una estructura adecuada, no puede haber gestión eficaz, lo que puede desembocar, más pronto que tarde, en la quiebra de la entidad.

El futbol profesional anda explorando un tercer modelo: la fundación deportiva con estructura societaria. Se trata de un sistema no consolidado en la práctica, pero que empieza a estar presente en el discurso jurídico y estratégico. De momento, ninguna entidad deportiva funciona bajo este modelo. La ley no prohíbe que una fundación deportiva se constituya como sociedad mercantil. Eso sí, siempre que dicha participación sirva para canalizar proyectos sociales, educativos o culturales vinculados al club.

Florentino es una de esas personas nacidas con una flor en salva sea la parte. Lo demostró con la Operación Reformista del año 1986, allí, después del fiasco, cual ave Fénix remontó el vuelo. Lo vimos, de nuevo, con el Proyecto Castor, un fallido almacén subterráneo de gas natural ubicado frente a las costas de Vinaròs (Castellón), que provocó más de 500 seísmos, lo que obligó a cancelar la operación y sellar definitivamente la infraestructura, pero se tuvo que indemnizar a la empresa ACS con 1350 millones de euros que se repercuten en el recibo del gas de los consumidores durante 30 años. Por no hablar del rescate de las autopistas radiales de Madrid que, de momento, nos cuestan 1.680 millones de euros a los ciudadanos de a pie y ¡qué raro! Ahí estaban las empresas de Florentino, Dragados y Construcciones con su filial Irídium.

Es lo que tiene saber relacionarse con el poder.

 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en EL TRIANGLE

01/07/2026

 

UN PLANETA MÁS ACOGEDOR

Vivimos una época de carreras armamentísticas, guerras, migraciones y crisis climáticas. Pero no acabamos de ser conscientes de que todos estos fenómenos están relacionados.

Los genocidios retransmitidos en directo, la inacción de los grandes poderes y la redistribución acelerada de la riqueza en favor de la clase multimillonaria nos advierten de que el fin del orden mundial establecido hace ahora casi ochenta años, llega acompañado de una sensación de fin del mundo por la catástrofe del cambio climático.

El desmoronamiento de la arquitectura política internacional de posguerra —visible en el deterioro de las instituciones multilaterales, el retroceso de las normas de cooperación y el ascenso de Los populismos— coincide con otro desastre evidente: el debilitamiento de la base ecológica del planeta. Son dos tendencias que se retroalimentan. La descomposición de las estructuras políticas ha desencadenado una carrera armamentística para controlar la seguridad, el poder y la tecnología que agrava la crisis climática y hace más que posible la desaparición del mundo, al menos como lo conocemos hasta ahora.

A lo largo de la historia, la humanidad ha pasado por toda clase de procesos; desde periodos de claro expansionismo imperial, hasta etapas de evidente cerrazón sobre la propia sociedad. Con esa experiencia acumulada sería deseable que no abandonásemos la idea del mundo como un proyecto abierto, un lugar compartido por encima de las diferencias. Cada vez más, la afirmación revolucionaria de que “otro mundo es posible” parece mutar en: “el mundo, tal y como es, es imposible”. La descomposición actual es devastadora porque dificulta mucho la posibilidad de imaginar un futuro plausible.

El síntoma más evidente de que cada vez hay más riesgos es la nueva carrera armamentística, que incluye, junto con las armas tradicionales, la inteligencia artificial, la vigilancia espacial y la guerra cibernética. La diplomacia está en franco retroceso, la seguridad se entiende como herramienta preventiva y el planeta Tierra, que ya sufre una crisis ecológica, está siendo víctima del mayor resurgimiento militar.

Desde Washington hasta Pekín y desde Moscú hasta Delhi, los gobiernos están dedicando unos recursos sin precedentes al presupuesto de defensa. La OTAN ha elevado su objetivo de gasto del 2 al 5% del PIB. España ha sido el único país que se ha negado a asumir ese aumento; aunque Madrid recibe cada vez más presiones para que incremente el gasto armamentístico.

A diferencia de algunos de nuestros vecinos europeos, los motivos del presidente del Gobierno para resistirse no son meramente económicos, sino también éticos e históricos. Los españoles, que todavía tenemos en la memoria cicatrices de la dictadura, nos sentimos incómodos ante la perspectiva de insertar la lógica militar en la vida civil. Para gran parte de las nuevas generaciones, los peligros que nos acechan son otros como, por ejemplo, la sequía, la inseguridad alimentaria, las desigualdades y la industria extractiva.

La carrera no es solo militar e industrial, sino que también se desarrolla en los ámbitos de la inteligencia artificial, las armas autónomas y la militarización de la órbita espacial. Estamos entrando en una era en la que la inteligencia, que es artificial, no rinde cuentas a nadie, por lo que la responsabilidad se evapora. Los gobiernos están haciendo inversiones inmensas en sistemas diseñados para predecir, anticiparse y castigar; es decir, para gobernar utilizando la amenaza. Las armas desarrolladas con IA desestabilizan ecosistemas enteros y combinan el genocidio y el ecocidio. Las granjas de servidores consumen enormes cantidades de electricidad, agua y tierras raras. La extracción de litio ya ha arrasado regiones enteras de Bolivia, Chile o la República Democrática del Congo. El objetivo de garantizar la seguridad nacional hace que el planeta sea cada vez más inseguro. El gasto militar en logística, pruebas de armas y flotas navales que se alimentan de combustibles fósiles sigue en aumento, pese a que hay que descarbonizar nuestras vidas para afrontar la crisis climática.

 A pesar de las evidencias, las guerras, el clima, la IA y las migraciones no se abordan nunca como elementos relacionados, sino de forma aislada. En consecuencia, se olvida lo obvio: que estos no son problemas paralelos y el rastro que dejan no es de un posible nuevo orden mundial, sino de la precariedad del planeta.

De forma generalizada, nos hacen promesas que luego se olvidan. Sin un orden mundial que medie entre la interdependencia ecológica y la rivalidad geopolítica, los países vuelven al extractivismo. Está desapareciendo el mundo propiamente dicho, no solo como idea, sino como ámbito en el que los seres se relacionan y nacen los significados. Las ruinas del mundo son recintos aislados: fortalezas nacionales, cajas de resonancia digitales, zonas militarizadas.

Si hay una salida, no es a través de la nostalgia. El orden mundial que se derrumba participaba en la dominación y la explotación. Lo que necesitamos es algo más profundo: refundar el mundo como un espacio de relaciones y cuidados. Resistirse a militarizar la imaginación es también negarse a ver la Tierra como una reserva de recursos o un campo de batalla. Reconstruir el mundo no significa restaurar lo perdido, es dejar claro que, incluso en medio del colapso, hay un mínimo de sentido. Todavía existen formas de relación y actuación que mantienen abierta la posibilidad de algo que no sea la guerra. Es posible que la carrera armamentística acapare los titulares, pero, si aún existe un futuro, no será de quienes gobiernan por la fuerza, sino de quienes se atrevan a vivir —con cuidado, con respeto y con los demás—, mientras quede algo de un planeta más acogedor.

 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en la web de CORTUM 01/07/2026

 

LAS INESCRUTABLES DECISIONES DE LA jUSTICIA

 

“La justicia es un cachondeo”, dijo, en 1985, Pedro Pacheco, en aquel entonces alcalde de Jerez de la Frontera. La frase generó un considerable revuelo mediático y una cierta alarma social. Ahora, con lo que estamos viendo y viviendo, aquella frase ha resultado ser una auténtica premonición.

No vamos bien. El Poder Judicial nunca ha sido de fácil comprensión para la ciudadanía, pero, desde hace un tiempo, la Justicia de nuestro país se ha convertido en algo inescrutable para la mayoría de los mortales. Con demasiada frecuencia, decisiones de los tribunales, que tienen que ver con affaires políticos, a los ciudadanos de a pie nos dejan perplejos.

Es el caso de Álvaro García Ortiz, ex fiscal general del Estado al que el Tribunal Supremo condenó, el pasado noviembre, por un delito de revelación de secretos. La sentencia firmada por cinco de los siete miembros del tribunal concluye que él “o una persona de su entorno inmediato y con su conocimiento” filtró un correo del abogado de Alberto González Amador; pareja sentimental de Isabel Díaz Ayuso, y que, al día siguiente, redactó una nota de prensa que también revelaba datos confidenciales de la misma persona. No obstante, dos magistradas consideraron que no existen pruebas de que García Ortiz fuera el autor material de la difusión del mail, y que el comunicado no constituye ninguna infracción. Mientras, González Amador, defraudador confeso de Hacienda, sigue campando a sus anchas sin que, de momento, nadie le haya pedido explicaciones.

No entraré a valorar las imputaciones que se hacen al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, primero porque están en una fase muy embrionaria y, segundo, porque existen bastantes probabilidades de que la investigación sea declarada nula por la forma cómo se obtuvieron determinadas pruebas. 

Una de las causas que más asombro está suscitando y más tinta está haciendo correr es la que mantiene abierta el juez Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez. El proceder del magistrado instructor constituye un auténtico despropósito judicial. Su última decisión ha sido poner en duda la integridad profesional de los escoltas, al sostener en su escrito de acusación que “podrían ayudar a huir a Gómez fuera de España”. Además de retirar el pasaporte a la encausada y exigirle que comparezca cada 15 días ante el juzgado. Como ha señalado Baltasar Garzón: “Si Pedro Sánchez no fuese presidente del Gobierno, ese caso no hubiese llegado nunca hasta donde está”.

Otro caso que está a la espera de sentencia es el que se ha seguido contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por las supuestas irregularidades en la creación de un puesto de alta dirección en la Diputación de Badajoz en 2017. Quizás aquí habría que recordar que en aquel tiempo Pedro Sánchez, por no ser, no era ni diputado. Por cierto, la persona presuntamente perjudicada por aquella decisión presentó la querella en 2024, es decir, siete años después. Que cada cual saque sus propias deducciones.

Con todo, la sentencia que ha copado las portadas de todos los medios, artículos, columnas, tertulias y un largo etcétera es la que ha hecho pública el Tribunal Supremo sobre el affaire conocido como “Caso mascarillas”. Es innegable que es un auténtico torpedo en la línea de flotación del Gobierno y en estos momentos resulta imposible hacer una valoración de la consecuencias que pueda tener, ni siquiera aproximadas. De todas formas, sorprende por su contundencia y dureza con el exministro Ábalos y su mano derecha Koldo García. Nada que objetar. El fallo explica con claridad cómo funcionaba la trama de esos sinvergüenzas: el corruptor –el empresario Víctor de Aldama– y los corrompidos –Ábalos y Koldo–. Los tres se aprovecharon de la crisis sanitaria de la pandemia para adjudicar contratos de mascarillas a dedo para Aldama y este compensaba a sus socios con las correspondientes comisiones. Lo sorprendente es que Aldama se libre de entrar en prisión después de haber obtenido 3,7 millones de euros de manera ilegal. Como también irrita que no pague por haber mentido en diversas ocasiones en sus declaraciones como demostró la UCO. También enerva que no tenga que devolver la cantidad defraudada. Por todo eso, la argumentación del Supremo de que colaboró con la justicia es muy débil. lo que da pie a pensar que hay un trato de favor.

En este contexto, puede resultar muy clarificadora la actitud de Víctor de Aldama saliendo feliz del tribunal, parándose ante la prensa para mostrar su alegría y lanzar una frase que no ha pasado inadvertida en el mundo político: “Estoy satisfecho con la sentencia, y espero que con ella los que vienen detrás colaboren”.

Se puede decir más alto, pero no más claro.

 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 29/06/2026