LAS INESCRUTABLES DECISIONES DE LA jUSTICIA

 

“La justicia es un cachondeo”, dijo, en 1985, Pedro Pacheco, en aquel entonces alcalde de Jerez de la Frontera. La frase generó un considerable revuelo mediático y una cierta alarma social. Ahora, con lo que estamos viendo y viviendo, aquella frase ha resultado ser una auténtica premonición.

No vamos bien. El Poder Judicial nunca ha sido de fácil comprensión para la ciudadanía, pero, desde hace un tiempo, la Justicia de nuestro país se ha convertido en algo inescrutable para la mayoría de los mortales. Con demasiada frecuencia, decisiones de los tribunales, que tienen que ver con affaires políticos, a los ciudadanos de a pie nos dejan perplejos.

Es el caso de Álvaro García Ortiz, ex fiscal general del Estado al que el Tribunal Supremo condenó, el pasado noviembre, por un delito de revelación de secretos. La sentencia firmada por cinco de los siete miembros del tribunal concluye que él “o una persona de su entorno inmediato y con su conocimiento” filtró un correo del abogado de Alberto González Amador; pareja sentimental de Isabel Díaz Ayuso, y que, al día siguiente, redactó una nota de prensa que también revelaba datos confidenciales de la misma persona. No obstante, dos magistradas consideraron que no existen pruebas de que García Ortiz fuera el autor material de la difusión del mail, y que el comunicado no constituye ninguna infracción. Mientras, González Amador, defraudador confeso de Hacienda, sigue campando a sus anchas sin que, de momento, nadie le haya pedido explicaciones.

No entraré a valorar las imputaciones que se hacen al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, primero porque están en una fase muy embrionaria y, segundo, porque existen bastantes probabilidades de que la investigación sea declarada nula por la forma cómo se obtuvieron determinadas pruebas. 

Una de las causas que más asombro está suscitando y más tinta está haciendo correr es la que mantiene abierta el juez Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez. El proceder del magistrado instructor constituye un auténtico despropósito judicial. Su última decisión ha sido poner en duda la integridad profesional de los escoltas, al sostener en su escrito de acusación que “podrían ayudar a huir a Gómez fuera de España”. Además de retirar el pasaporte a la encausada y exigirle que comparezca cada 15 días ante el juzgado. Como ha señalado Baltasar Garzón: “Si Pedro Sánchez no fuese presidente del Gobierno, ese caso no hubiese llegado nunca hasta donde está”.

Otro caso que está a la espera de sentencia es el que se ha seguido contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por las supuestas irregularidades en la creación de un puesto de alta dirección en la Diputación de Badajoz en 2017. Quizás aquí habría que recordar que en aquel tiempo Pedro Sánchez, por no ser, no era ni diputado. Por cierto, la persona presuntamente perjudicada por aquella decisión presentó la querella en 2024, es decir, siete años después. Que cada cual saque sus propias deducciones.

Con todo, la sentencia que ha copado las portadas de todos los medios, artículos, columnas, tertulias y un largo etcétera es la que ha hecho pública el Tribunal Supremo sobre el affaire conocido como “Caso mascarillas”. Es innegable que es un auténtico torpedo en la línea de flotación del Gobierno y en estos momentos resulta imposible hacer una valoración de la consecuencias que pueda tener, ni siquiera aproximadas. De todas formas, sorprende por su contundencia y dureza con el exministro Ábalos y su mano derecha Koldo García. Nada que objetar. El fallo explica con claridad cómo funcionaba la trama de esos sinvergüenzas: el corruptor –el empresario Víctor de Aldama– y los corrompidos –Ábalos y Koldo–. Los tres se aprovecharon de la crisis sanitaria de la pandemia para adjudicar contratos de mascarillas a dedo para Aldama y este compensaba a sus socios con las correspondientes comisiones. Lo sorprendente es que Aldama se libre de entrar en prisión después de haber obtenido 3,7 millones de euros de manera ilegal. Como también irrita que no pague por haber mentido en diversas ocasiones en sus declaraciones como demostró la UCO. También enerva que no tenga que devolver la cantidad defraudada. Por todo eso, la argumentación del Supremo de que colaboró con la justicia es muy débil. lo que da pie a pensar que hay un trato de favor.

En este contexto, puede resultar muy clarificadora la actitud de Víctor de Aldama saliendo feliz del tribunal, parándose ante la prensa para mostrar su alegría y lanzar una frase que no ha pasado inadvertida en el mundo político: “Estoy satisfecho con la sentencia, y espero que con ella los que vienen detrás colaboren”.

Se puede decir más alto, pero no más claro.

 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 29/06/2026

IZQUIERDAS DESNORTADAS

Estamos a las puertas de un nuevo ciclo electoral. El próximo mes de mayo habrá elecciones municipales en toda España, autonómicas en varias regiones y las generales, tal y como están las cosas, pueden ser convocadas en cualquier momento.

Como no puede ser de otra manera habrá que recargar las pilas y dar la batalla. Pero no podemos pecar de incautos y hemo de admitir que la situación que se está viviendo desde la izquierda no es la mejor para afrontar un proceso electoral como el que nos espera.

No se trata, tan solo, de los casos de corrupción, compadreos diversos e investigaciones judiciales que en los últimos tiempos están poniendo en jaque al Gobierno que, con ser graves, no son lo peor. Estoy pensando en algo mucho más estructural y profundo: el progresismo en conjunto padece una crisis de identidad que está arrastrando a la izquierda en general y a la socialdemocracia en particular a la marginalidad. Las izquierdas están desnortadas, y así es materialmente imposible hilvanar un proyecto político que ilusione y pueda ser el embrión de un programa que reconecte a la ciudadanía con la política.

En cambio, la derecha, en especial la extrema, ha construido un relato en el que hace responsable de todos los males que nos aquejan a la élite política, al feminismo y a los inmigrantes. Esos son, a su modo de ver, los causantes de todas nuestras desgracias.

Y les funciona. Lo hemos podido comprobar en el miniciclo de elecciones autonómicas que se inició el pasado mes de diciembre en Extremadura y acabó el 17 de mayo con los comicios en Andalucía, después de haber ido a las urnas en Castilla León y Aragón. En todos esos lugares, los resultados para las fuerzas progresistas han sido malos y la derecha ha crecido. Y por si no hubiera bastante con esa muestra, todas las encuestas sin, prácticamente, ninguna excepción dicen lo mismo: la derecha extrema crece.

Vox se creó en 2013, pero durante los peores años de la crisis y los recortes, no despertó ningún entusiasmo en la ciudadanía. Sin embargo, el partido de Santiago Abascal ha mutado, y ya no es aquella organización que creció a rebufo del independentismo catalán. Para entender su desarrollo es necesario tener en cuenta la lenta gestación de un clima cultural y político que ha facilitado la popularidad de un partido de extrema derecha en España. Entre los fundadores de Vox se encuentran el propio Abascal y Alejo Vidal-Quadras, ambos procedentes del Partido Popular. El motivo que los llevó a abandonar el PP fueron las “concesiones” de los populares a los nacionalismos: Tanto Abascal como Vidal-Quadras comparten la visión de una España uniformista, sin matices, defensores del nacionalismo español más rancio, conservador, y tradicionalista. Aquel del “Santiago y cierra España”.

Nunca lo sabremos y jugar a especular suele ser sinónimo de perder el tiempo, pero es más que probable que sin el procés secesionista en Cataluña Vox no estaría hoy dónde está. A muchos ciudadanos aquellos sucesos les supuso abrir los ojos ante la cuestión nacional y muy pronto llegaron a la conclusión que la extrema derecha era quién mejor podía preservar la unidad de la patria.

Pero quedarnos ahí sería muy superficial. Desde aquel momento la derecha extrema ha ido ganando adeptos y en la actualidad el voto de Vox es tan transversal como el del resto de partidos; igual que lo es el voto por opciones análogas en otros países; como lo fue la mayoría que escogió a Trump. Sus votantes son personas en situación laboral precaria, pero también tiene profesionales, directivos o titulados superiores y, asómbrense, también se nutren con los votos de ciudadanos procedentes de la inmigración e incluso los votan los hijos de esos inmigrantes.

En un porcentaje muy importante, el votante de Vox es una persona que desea resolver los problemas sociales —inseguridad, vivienda, calidad de los servicios públicos—; algo compartido por la inmensa mayoría. La diferencia fundamental entre unos y otros estriba en que para unos todo eso se ha de generar dentro de unas normas establecidas de libertad y pluralismo, mientras que para los otros la autoridad debe ejercer el poder sin demasiados miramientos.

A todo esto, deberíamos añadir el desencanto de importantes segmentos de la clase trabajadora que han visto como sus referentes políticos pasaron de querer acabar con el capitalismo a hacerlo más justo (¿recuerdan? Bajar impuestos era de izquierdas).

Para que se entienda bien y no nos perdamos en disquisiciones metafísicas: los gobiernos del PP encabezados por José María Aznar fueron los que crearon la burbuja inmobiliaria. Cierto. Ahora bien, los que vinieron después no se preocuparon de pincharla hasta que les estalló en la cara. A cada cual lo suyo.

De todos modos, no quisiera acabar este breve análisis sin dejar una reflexión sobre la mesa: desde 2018, en nuestro país hay un gobierno de coalición y progreso. Todos conocemos los sucesos que en estos años se han tenido que afrontar, empezando por la pandemia de la Covid 19, hasta el cierre del estrecho de Ormuz, con un largo etcétera de por medio y todos vemos, también, como está el país. Llegados aquí me pregunto, ¿cómo estaríamos ahora, si en ese tiempo hubiese gobernado la derecha?

 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 22/06/2026

 

 

EVITAR LA GANGRENA

Muchos de los que empezamos a tener una edad, recordamos con indignación no disimulada cuando, un día de febrero de 1998, Luís María Anson reconoció públicamente que un grupo de plumíferos se conjuraron para, desde diversos medios de comunicación, poner en jaque al Gobierno de Felipe González hasta hacerlo caer. Obsesionados por alcanzar su objetivo, no regatearon en medios legítimos o ilegítimos, todo valía con tal de lograr su meta.

Aquella información que, en principio, algunos trataron de fantochada se confirmó cuando los exministros José Barrionuevo y Rafael Vera hicieron públicas unas cintas con conversaciones privadas. En ellas, Anson ampliaba la confesión e insinuaba oscuros planes impulsados por figuras como Mario Conde para derrocar a González.

El conocimiento público de aquellos hechos causó un terremoto político conocido en su momento como "la ansonada", provocando debates sobre la ética profesional y la manipulación de la opinión pública.

Pero eso ya es pasado. Ahora llevamos meses viendo como un grupo de sinvergüenzas han aprovechado que llevaban el carné del partido socialista en el bolsillo y han ocupado importantísimos cargos en el Gobierno de coalición y progreso para meter la mano en la caja y, no contentos con esas fechorías, se compincharon con otros personajes de su misma catadura moral y política con la idea de organizar una trama al más puro estilo de la Cosa Nostra y levantar una especie de  muralla que, supuestamente, debía proteger al partido y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez de posibles ataques, investigaciones judiciales o agresiones de cualquier tipo.

De nuevo la historia se repite, la posibilidad de que algunos desalmados con el marchamo de socialistas se muevan en esos ambientes tan poco virtuosos, ha sido el detonante para que las derechas políticas, judiciales y mediáticas sumen esfuerzos y quieran hundir políticamente al PSOE, derribar al Gobierno elegido de manera democrática y matar civilmente a su presidente. De lograrlo, el camino a la Moncloa quedaría expedito y los Feijóo y Abascal junto con sus adláteres podrían instalarse allí durante mucho tiempo.

A estas alturas, poco importa lo que haya de verdad o de conspiranoico en toda esta historia, se trata de establecer un relato que cale en la opinión pública. Por eso, los “ansones” del siglo XXI y sus conmilitones andan ocupados mezclando mentiras, verdades y especulaciones para construir una ficción que parezca verosímil. Algo muy similar a lo que ocurrió con los Papeles del Pentágono, entonces se puso de manifiesto el poder de una mentira organizada sobre un hecho: la guerra de Vietnam. Aquella manipulación impulsó a Hannah Arendt a escribir su ensayo “La mentira en política. Reflexiones sobre los documentos del Pentágono”, publicado en 1971. En ese escrito, Arendt analiza como las mentiras se utilizan por sistema en política para manipular la percepción pública y llevar la atención donde a un individuo y/o grupo le interesa. La filósofa alemana nos muestra de qué manera la mentira crea una realidad alternativa y acaba perjudicando la confianza en las instituciones y la legitimidad política.

En estos tiempos de posverdad que nos han tocado vivir, la distorsión de la verdad se repite de forma indecente. Lo vimos con claridad meridiana con Donad Trump. El líder norteamericano dijo hasta la saciedad que las elecciones de 2020 fueron “robadas”, a pesar de las pruebas que decían lo contrario. Incluso, cuando la Comisión de Investigación sobre el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 hacía públicas sus conclusiones, Trump, lejos de rectificar, seguía insistiendo en presentar los hechos como un intento descarado de desviar la atención del público de la verdad. “Para él la mentira se ha convertido en una estrategia política deliberada, destinada a dar forma a la narrativa que le conviene, con independencia de los hechos”, sostiene Máriam Matínez-Bascuñán, en su magnífico libro “El fin del mundo común” (Taurus).

No se trata de minimizar toda la bazofia que está surgiendo en el entorno del partido socialista. Al contrario, es necesario llegar al fondo de todas y cada una de las cuestiones que un día sí y otro también nos informan los medios y desinfectar, sin miramientos, todo lo que esté podrido, se llame como se llame quien esté detrás y sean cuales sean los motivos que han llevado a cometer semejantes tropelías.

Sin embargo, sorprende el mutismo que se ha impuesto en Ferraz y la falta de explicaciones políticas de la dirección del partido. Hay que evitar la gangrena política a toda costa. Pero todo eso se ha de hacer con medida, preservando la presunción de inocencia y dejando trabajar a la justicia. No es admisible una caza de brujas.

Cuando la ciudadanía pierde la confianza en las instituciones y desconfía de sus líderes y gobernantes llega la desafección, entonces los progresistas se desmovilizan y la reacción inmediata de la gente de izquierdas es no ir a votar “porque que todos los políticos son iguales y lo mejor es quedarse en casa”. No nos equivoquemos, la abstención no es neutral y eso es lo que da chance a la derecha para ganar las elecciones. Justo lo que están buscando ahora, con ahínco, los “ansones” del siglo XXI.

 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 15/06/2026

 

LEÓN XIV EN BARCELONA, UNA VISIÓN AMABLE

Cuando estas líneas salgan a la luz, faltarán pocas horas para que el avión que ha de trasladar al Papa León XIV, de Madrid a Barcelona, tome tierra en el aeropuerto de El Prat.

No hay duda de que la estancia del Papa en España y, de manera especial, en nuestra ciudad será un acontecimiento mundial. Lo será porque el eje vertebrador de todo el viaje es celebrar Misa en la Sagrada Familia e inaugurar la torre de Jesús de la iglesia más alta del mundo, casi 150 años después de que comenzarán las obras de construcción.  

En las cuarenta y ocho horas escasas que Robert Prevost esté en Barcelona la ciudad quedará colapsada, es decir, calles cortadas, líneas de bus alteradas y un sinfín de contrariedades para los sufridos ciudadanos de a pie que, con Papa o sin Papa, han de seguir con sus “insignificantes” rutinas diarias que, por otra parte, son las que mantienen vivo el ritmo del país.

Unos ciudadanos que ya empiezan a estar hartos de que Barcelona se esté convirtiendo en algo muy parecido a la pista de un circo, donde un día se celebra la cursa (carrera) de El Corte Inglés y se blinda el centro de la ciudad, al día siguiente se bloquean las arterias principales porque el Barça que ha ganado la Liga lo festeja con una rúa, y cuando no se corta el tráfico porque no sé quién hace una huelga o se montan una manifestación por no sé qué, cualquier excusa sirve para poner la ciudad patas arriba. Y no es que la gente no tenga derecho a usar y disfrutar la ciudad, faltaría más; pero la pregunta es: y los ciudadanos que no participamos en todo eso ¿Cuándo y cómo podemos gozar de la metrópoli en que vivimos y pagamos nuestros impuestos?   

Que se entienda bien. No digo que la estancia en Barcelona del pontífice no merezca algún sacrificio y/o padecer algún inconveniente en nuestras vidas diarias, está claro que sí. Solo quiero poner algunas dudas sobre el tapete.

Este Papa que cuando salió elegido parecía más bien tibio y contemporizador ha demostrado tener una gallardía ética, política y moral que ya quisieran para sí más de uno de esos líderes políticos que chulean con los de abajo, pero doblan la rodilla e inclinan la cabeza ante los de arriba.  

Con la elección de León XIV la Iglesia católica tomó una decisión estratégica. León XIV es el primer Papa estadounidense y el segundo americano. Eso le permite hablar directamente, no solo a los católicos de Estados Unidos, sino también, con mucha más autoridad, a los de origen latinoamericano. Pero sobre todo puede hablar de tú a tú con Donald Trump y en su mismo idioma; no es un Pontífice al que puede tratar como un intruso o un peligroso marxista, como hacía con Francisco. Prevost puede erigir su autoridad moral ante Trump y, además, con una actitud dialogante.

Eso es, justamente, lo que hizo León XIV el pasado mes de abril; el Papa calificó de "inaceptable" la amenaza lanzada por Trump de acabar con “toda una civilización” refiriéndose a Irán y el líder estadounidense no dudó en acusar al pontífice de "débil" y "pésimo en “política exterior”. León XIV defendió que era su "obligación moral" oponerse a la guerra y dijo no tener miedo del líder republicano. "Si Trump no hubiera reaccionado de forma exagerada, pocos habrían prestado atención a una postura que, en realidad, no tiene nada de extraordinaria. El Vaticano siempre ha defendido el derecho internacional", dijo entonces el director del Observatorio Geopolítico de la Religión del Instituto de Relaciones Internacionales y Estratégicas (IRIS) François Mabille. La reacción destemplada de Trump ante cualquier tipo de desacuerdo con sus políticas de inmigración y aventuras bélicas era de esperar.

León XIV fue elegido Papa meses después del regreso de Trump al Despacho Oval y ya había criticado algunas de sus políticas. Entre otras cuestiones, Prevost manifestó su descontento con las políticas migratorias de la Administración Trump y expresó su apoyo a la carta enviada por Francisco a los obispos de EE. UU., en la que denunciaba las deportaciones masivas ordenadas por Washington.

Hace ahora un par de semanas que se hizo pública la primera encíclica, de León XIV titulada: “Magnífica Humanitas”, en ese texto se señalan algunos temas que en estos momentos le preocupan: el reto de la inteligencia artificial (IA) y el poder creciente de las empresas que la dominan, en su opinión la inteligencia artificial “no es moralmente neutra”, sino que es un arma, y señala el peligro del “paradigma tecnocrático” que propugna una parte de Silicon Valley y algunos ideólogos cercanos a Trump. León XIV llama a “desarmar la IA (…) sustraerla a la lógica de la competencia armamentística, que hoy ya no es solo militar, sino económica y cognitiva”. “Desarmar no significa renunciar a la tecnología, sino impedirle el dominio sobre lo humano. La IA es ya un ambiente en el que estamos inmersos y un poder que debemos afrontar. Por eso, no basta regularla; es necesario desarmarla y hacerla acogedora”.

Sin duda, muy interesante, pero que los árboles no nos impidan ver el bosque. Porque más allá de las buenas palabras, todavía no ha habido ningún propósito de enmienda tangible por los abusos cometidos en nombre de la Iglesia. En cambio, la actitud de León XIV frente a los desmanes de Donald Trump o su posicionamiento sobre la IA, es algo que deberían haber dicho los líderes mundiales y puede suponer un cambio de paradigma en las relaciones entre la Iglesia y los poderes públicos.

Por todo eso, deberíamos convenir que la estancia del Papa en Barcelona es un hecho fuera de lo común y, por consiguiente, parece justificado qué en la ciudad, por un par de días, soportemos unos inconvenientes excepcionales, pero que afecten el mínimo imprescindible a la ciudadanía que, al fin y al cabo, es quien sostiene el país.

 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 08/06/2026

 

LA DERIVA DERECHISTA DEL NACIONALISMO CATALÁN

En los albores de la democracia recuperada, decían que Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) era un partido de centro con una altísima sensibilidad por las cuestiones sociales; mientras que Jordi Pujol se postulaba como político nacionalista con una visión poliédrica de la situación sociopolítica. Esa supuesta cosmovisión le llevó a flirtear con la socialdemocracia. Pero desde que, en 1980, contra pronóstico, alcanzó la presidencia de la Generalitat, los gobiernos dirigidos por él empezaron a aprobar presupuestos y a hacer política desde su credo ideológico; entonces quedó claro que, CDC no era un partido de centro, sino directamente de derechas y lo de la socialdemocracia un espejismo, porque Pujol y su entorno eran conservadores en lo económico, paternalistas en lo social y radicalmente extremistas en los asuntos identitarios. 

Con esos mismos criterios, el patriarca de la política catalana lideró, con mano de hierro, CDC todo el tiempo que fue president de la Generalitat; mientras que, a sus socios de coalición, Unió, ya les iban bien aquellas tendencias si podían tocar poder.

Todos sabemos cómo acabó CDC, No voy a insistir en ello. Quiero poner el foco en lo que vino después: el Partit Demòcrata Català (PDCat), que fue la organización que sucedió a la desaparecida Convergencia. Los mismos que habían liderado CDC, siguieron pilotando la nueva formación, incorporando alguna cara nueva de muy segunda fila para blanquear la imagen. No obstante, la aventura fue corta, de 2016 a 2018, tras diversos bandazos y alguna lucha intestina nació Junts per Catalunya. Tras ser registrado como partido en julio de 2018, permaneció bajo el paraguas de la coalición homónima Junts per Catalunya (JuntsxCat) como mera entidad instrumental, sin —digamos— vida propia. Esa situación mutó en julio de 2020, cuando Carles Puigdemont y varios miembros de su entorno asumieron el control del partido, apartándolo de la coalición JuntsxCat con el objetivo recuperar el espacio político que aglutinó CiU, pero ahora bajo el liderazgo del expresident fetiche (Puigdemont). El primer congreso de Junts se llevó a cabo entre julio y octubre de 2020 y concurrieron como partido en solitario por primera vez en las elecciones al Parlament de 2021.

Tras las elecciones generales de julio de 2023 y con la firma de los acuerdos con el PSOE para investir a Pedro Sánchez, se abrió una ventana de esperanza ante la posibilidad de que Junts se instalase en la centralidad de la política catalana y colaborase de forma activa en la política española con una visión progresista. Sin embargo, aquello fue como el sueño de una noche de verano; porque hemos visto como los pos posconvergentes han ido mudando la piel de forma continua, deslizándose a posiciones cada vez más de derechas, hasta el punto que resulta difícil discernir si determinadas iniciativas y/o posicionamientos políticos son de Junts, del PP o de Vox, a juzgar por sus planteamientos sectarios, cuando no elitistas e incluso xenófobos. En lo que llevamos de legislatura, los de Puigdemont han votado más veces con el bloque de la derecha que con la mayoría de la investidura. El diario de sesiones del Congreso de los Diputados da fe de estas afirmaciones.    

Un ejemplo evidente de esa derechización se produjo en el mes de abril, cuando Junts votó con el PP y Vox la tramitación de una proposición de los populares para una ley del Suelo. En texto incluye una disposición derogatoria para eliminar “los aspectos más lesivos” de la ley de vivienda de 2023. En concreto, se propone la supresión de “las medidas intervencionistas en el mercado de alquiler como las zonas de mercado tensionado, los índices de los alquileres, el control de precios y los instrumentos de apoyo a la inquiocupación”.  La intención última de Junts al dar soporte a esa iniciativa era derrumbar toda la arquitectura legislativa en la que se basa la política de vivienda del Govern catalán. Como si no hubiera decenas de miles de catalanes que ven truncados sus proyectos de vida porque no pueden acceder a una vivienda por su carestía.

Ahora vemos con claridad lo que Junts buscaba al hacer pactos con el PSOE: primero, conseguir la amnistía para los condenados por el procés y, luego, exprimir al Gobierno (máximo representante del pérfido Estado español) como si fuera un limón para luego dejarlo tirado. El resto les importa un pimiento.

Y parece que esto ya no más de sí. En estos momentos difíciles que vive el socialismo y por extensión el Gobierno de coalición, los de Junts, por boca de su portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, con su elegante y cuidada oratoria no desaprovechan las ocasiones que se les presentan para decirle al presidente que: “menosprecia a la democracia” o que carece “legitimidad democrática”, entre otras lindezas por el estilo.

Los proyectos económicos y sociales de PP y Junts son, prácticamente, intercambiables, difieren en lo identitario porque mientras para unos lo español es prioritario, para los otros su visión de Cataluña está por encima de todo y de todos; en lo demás las diferencias son “peccata minuta”. Por eso, en Junts no tendrían ningún empacho en pactar con los populares, y si no apoyan la cacareada moción de censura del PP es porque la línea roja la marca Vox. 

Solo faltaba la aparición en el tablero político de Alianza Catalana, con las encuestas advirtiendo que ese partido les está comiendo el terreno para que en Junts entren en pánico, y para salvar la situación no han tenido mejor ocurrencia que poner en práctica las políticas de PP y Vox. La prioridad nacional, y primero los de aquí en versión catalana.

Por lo visto, los de Puigdemont piensan que derechizando el discurso encontrarán la solución a sus problemas. Craso error. Como diría un creyente “en el pecado tendrán la penitencia”.

 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 31/05/2026

 

DE ANADALUCÍA AL PALAU DE LA GENERALITAT VIAJANDO CON PLUS ULTRA

 

El domingo, 17 de mayo, las urnas en Andalucía certificaban la hegemonía incuestionable del PP en política autonómica, mientras que el PSOE obtenía el peor resultado de su historia en aquella comunidad.

Los hicieron populares la campaña de las autonómicas andaluzas convencidos de que podrían lograr la mayoría absoluta, pero se quedaron a las puertas y eso les aboca a buscar algún tipo de acuerdo con Vox; algo que, con toda seguridad, llevará a Moreno Bonilla (candidato a la presidencia de Andalucía del PP) a tener que encajar la “prioridad nacional” y la marginación de los inmigrantes entre otras políticas discriminatorias; de la misma manera que las han tenido que asumir sus colegas en Extremadura y Aragón. Además, esos resultados reabrirán una carpeta que en el PP había guardado en un cajón: el modelo de gobernanza, templado, moderado y tranquilo como ha practicado Juanma Moreno en Andalucía o el presidencialismo de trumpismo cheli que practica Isabel Díaz Ayuso. El debate para los populares está servido.   

Todo esto, no le quita ni un ápice de gravedad al fracaso de los socialistas en Extremadura, Aragón y ahora en Andalucía, en menos de seis meses se han perdido cuatro elecciones, tres por goleada. La situación es crítica. Por lo tanto, es urgente que en la calle Ferraz hagan un diagnóstico correcto de la situación y comiencen a aplicar medidas adecuadas. El partido se está yendo por el sumidero y hay que reaccionar con de choque y con un proyecto de recuperación. Es evidente que el invento de poner a miembros del Gobierno como candidatos a un gobierno autonómico no ha dado resultados. Rectificar es de sabios.

En paralelo al proceso electoral andaluz, en la sala de máquinas del Palau de la Generalitat, los alquimistas del Govern, con la inestimable colaboración de algún gurú de ERC ultimaban una fórmula magistral para lograr al elixir de la vida que, en esta ocasión, equivale a aprobar los Presupuestos del Govern para 2026. Los primeros de Salvador Illa como presidente.

Unas cuentas que habían quedado aparcadas, ante la imposibilidad de que la Agencia Tributaria Catalana (ATC) pudiera gestionar y recaudar el IRPF. Ahora, como por ensalmo, aquella línea roja ha desaparecido para ERC, parece ser que a cambio de recuperar un proyecto de tren orbital que unirá Mataró con Vilanova i la Geltrú sin pasar por Barcelona. A la vez, el Govern ha asumido el compromiso de dotar a la ATC, con 527 millones de euros más, de aquí a 2029, para que gane músculo e infraestructura; Asimismo, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona serán mayoritarios en el Consorcio de la Zona Franca y se creará una sociedad mercantil que supervise e impulse las inversiones del Estado en Cataluña. Para más adelante ha quedado la negociación que ha de permitir una mayor presencia de la Generalitat en la dirección del aeropuerto de El Prat. Poco después de alcanzado el acuerdo, una reunión de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado validaba el pacto PSC ERC

En este vorágine negociador, los Comunes, se habían puesto un poco de perfil, pero, tras algunos nuevos acuerdos, principalmente, en políticas de vivienda han actualizado su rúbrica en el documento de los Presupuestos.

Cuando escribo estas líneas, la piedra en el zapato para el Govern Illa, sigue siendo la huelga de docentes y aunque se ha producido algún avance en materias tan sensibles como la escuela inclusiva, los salarios de los docentes son el gran escollo.

Por si no había suficiente desconcierto en las filas socialistas, el pasado martes se hizo público que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que instruye el caso Plus Ultra, atribuye al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y personas de su entorno el cobro supuestamente irregular de 1,95 millones de euros procedentes de la trama investigada. Según el juez el expresidente es el presunto líder de “una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” que obtuvo “beneficios económicos” tras intermediar “ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente [la aerolínea] Plus Ultra”, que resultó beneficiaria de una ayuda pública de 53 millones de euros. Esa supuesta trama utilizó sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos para, entre otros fines, “ocultar el origen y destino de los fondos” supuestamente recibidos por sus gestiones.

Por respeto a la justicia y a la presunción de inocencia, no se deberían hacer juicios de valor que podrían ser erróneos. Ahora bien, si se confirma que hay caso Rodríguez Zapatero, el mazazo a la militancia socialista será brutal. Con los principales líderes de los últimos 50 años fuera de circulación por razones diversas, Zapatero era un referente. Él fue el presidente que mandó retirar las tropas de Irak, también quien dio un gran impulso a los derechos sociales y las libertades en nuestro país, además de acabar con ETA.

Si exceptuamos Cataluña y quizás Asturias y Castilla la Mancha, está claro que el socialismo español no está pasando por buenos momentos. No obstante, sería deseable que los profetas de la catástrofe no se frotasen las manos porque no hay nada que nos indique que los resultados de las elecciones autonómicas se trasladan de forma mimética a las elecciones generales.

Lo que sí resulta evidente es que, con los resultados en Andalucía, el PP se va a ir más arriba de lo que ya está. Solo faltaba la imputación a Rodríguez Zapatero para que la polarización de la política nacional suba de manera exponencial.

Qué le vamos a hacer. Es lo que hay. Tenderemos que convivir con ello y plantar cara al adversario. No queda otra. 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 26/05/2026

LA CARA OCULTA DE LA IA

El debate está servido. Nadie duda que la inteligencia artificial (IA) ha venido para quedarse, pero resulta evidente que, al menos en un principio, va a destruir más puestos de trabajo de los que va a crear. Según algunos estudios, en un plazo relativamente corto, la IA estará en disposición de hacer las tareas que, en la actualidad, hacen algo así como el 60% de los humanos. Ante esa situación tan poco halagüeña para nuestro estilo de vida, se hace necesario que los gobernantes estudien cual es la mejor manera para que haya el menor número de afectados posible.

En muy poco tiempo, la IA se ha convertido en el gran objeto del deseo. Las grandes empresas tecnológicas están destinando cantidades astronómicas en su desarrollo a la espera de obtener unos beneficios que compensen esas inversiones. No obstante, como casi todo en esta vida, también aquí hay una cara oculta y es que ese gasto disparado y la escalada de sus acciones en el mercado, podría estar generando una burbuja de consecuencias imprevisibles. Los analistas también alertan de que el consumo energético de estas tecnologías es tan elevado que su huella climática podría contrarrestar los beneficios previstos con su crecimiento.

Tampoco deberíamos relativizar los más que previsibles recortes de plantilla, porque, de hecho, son el quid de la cuestión. Gigantes como Amazon o Meta ya están intentado compensar sus inversiones reduciendo el personal asalariado en sus centros de trabajo. Y eso significa que los estados tendrán menos ingresos para cubrir las prestaciones sociales de la ciudadanía.

Los rendimientos del trabajo, mediante el IRPF y las cotizaciones de los trabajadores son dos pilares básicos de los sistemas fiscales de la práctica totalidad de los países, al menos en Occidente. De hecho, la posibilidad de que un determinado tipo de máquinas aporten a las arcas del Estado hace tiempo que está sobre la mesa. En 2019 el premio Nobel de economía Edmund Phelps propuso un impuesto a los robots para contribuir al mantenimiento de las prestaciones sociales. Poco antes lo había hecho Bill Gates, fundador de una de las mayores tecnológicas del mundo, Microsoft que sugirió aplicar a los robots la misma carga fiscal que soportaría el trabajador sustituido por ellos.

Como ya se ha mencionado más arriba, una de las consecuencias no deseadas de la implantación de la IA es la pérdida de sitios de trabajo que, a su vez, lleva aparejada la merma de ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social. En concreto, en nuestro país, a principios de 2026, la Seguridad Social española mostraba un superávit en su ejecución presupuestaria mensual, alcanzando los 3.172 millones de euros hasta febrero (0,2% del PIB) gracias al aumento de cotizaciones. Sin embargo, el sistema ha mantenido un déficit estructural histórico que se ha reducido gracias a las transferencias del Estado, reflejando un saldo negativo de 7.387 millones de euros al cierre del ejercicio 2025.  Por lo tanto, no hay que descartar que nuestra Seguridad Social vuelva a la senda del déficit impulsada por la IA.

Ante una cuestión de tanto calado y tan compleja como la que nos ocupa, la diversidad de opiniones es incuestionable. Según afirma Sanjay Patnaik, director del Centro de Regulación y Mercado del think tank estadounidense Brookings Institution, los gobiernos deben abordar “los riesgos que plantea la IA” elevando la tributación del capital en lugar de crear un impuesto específico sobre ella, por las dificultades en su diseño y las distorsiones que podría generar. En cambio, Goldman Sachs estima que la IA empujará el PIB mundial un 7% en la próxima década; el FMI prevé que aporte hasta ocho décimas adicionales al año al crecimiento de aquí a 2030. Mientras que, la Organización Mundial del Trabajo calcula que uno de cada cuatro trabajadores en el mundo, concentrados en los países de altos ingresos, desempeña una ocupación con cierto grado de exposición a la IA, pero al mismo tiempo pronostica que la mayoría de los empleos se transformen en lugar de desaparecer.

Ya lo alertaron en un documento para el FMI los economistas del MIT Daron Acemoğlu y Simon Johnson en 2023. “En las últimas cuatro décadas, la automatización ha aumentado la productividad y multiplicado las ganancias corporativas, pero no ha conducido a una prosperidad compartida en los países industriales”. “La tecnología y la inteligencia artificial producen impactos sociales que tienen que ver con la política. “No podemos permitir el determinismo tecnológico” sostiene Luz Rodríguez, catedrática de Derecho del Trabajo y exsecretaria de Estado de Empleo, “El debate es necesario e iremos donde queramos ir”.

Es una evidencia que no se puede ir contra el progreso. Sería absurdo. Ahora bien, hemos de lograr que los avances científicos, tecnológicos o de cualquier otra índole sean nuestros aliados y no nuestros adversarios. Por consiguiente, hemos de encauzar los elementos que generan progreso para que este redunde en nuestro beneficio económico y bienestar social, no en contra nuestra. En ello nos va el futuro.

 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 18/05/2026