LA NUEVA REALIDAD ECONÓMICA

Con la crisis financiera de 2008, la promesa “revolucionaria” del libre mercado iniciada por Margarte Thatcher y Ronald Reagan hace más de 40 años acabó por colapsar; sus impulsores sobreestimaron la capacidad de los mercados para regularse y ser eficientes y, de ese modo, reducir al mínimo del papel del Estado en la economía.

Dieciocho años después, los países occidentales no han acabado de recuperarse de aquella crisis, a la que se han ido sumando la crisis de la deuda soberana europea, una pandemia global, la vuelta a la guerra, un nuevo shock de precios de la energía, el retorno de la inflación, la subida de los tipos de interés y la emergencia climática.  Ante esta realidad resulta evidente que “los modelos existentes son inadecuados ante la amplitud y magnitud de los retos que afrontamos”, como no se cansa de repetir el prestigioso economista y periodista turco Dani Rodrik.

El propio FMI ha reconocido sus errores durante la crisis financiera y resulta fácil comprobar la enorme diferencia entre cómo abordó la Unión Europea la crisis desatada por la pandemia de la covid-19 y las recetas impuestas durante la crisis financiera. Sin duda alguna, es un reconocimiento implícito de lo equivocado que fue imponer austeridad fiscal en medio de una crisis. También los bancos centrales han desplegado en estos últimos años una política monetaria mucho más imaginativa de lo que recogían los libros de texto, con la que han cosechados éxitos, aunque no exentos de riesgos.

La cuestión es que, el paradigma neoliberal ha venido marcando la política económica desde los años setenta, bajo los principios de que la pérdida de ingresos derivada de la bajada de impuestos se compensaba con un aumento de la actividad, y así se podía reducir el papel del sector público, algo imprescindible para estimular el dinamismo de la economía. Un marco asumido por buena parte del espectro político, no solo por los sectores más conservadores; también buena parte de la socialdemocracia, a principios de este siglo, hizo suya aquella frase de “bajar impuestos es de izquierdas”.

Faltaríamos a la verdad si no admitiésemos que en los años del paradigma neoliberal se consiguieron importantes logros, desde la incorporación de muchos países emergentes a las cadenas globales de suministro, un aumento de sus niveles de renta y una reducción considerable de la pobreza. Pero, a la vez, hoy la desigualdad es mucho mayor que hace 40 años y la erosión de la clase media, advierten los expertos, se ha convertido en la amenaza más importante para nuestro escenario social y político.

La competencia comercial china, fomentada mediante subvenciones públicas y mano de obra barata, ha traído grandes beneficios para los consumidores occidentales, pero ha provocado una fuerte desindustrialización en algunas regiones, dejando a mucha gente atrás. Una competencia desigual, pues Pekín limita el margen de la inversión extranjera en su economía. “Quizás lo más significativo es que la política comercial se haya convertido en un instrumento de redistribución de renta”, apuntaba el economista exjefe del FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, en una reciente conferencia dictada en el Peterson Institute.

Ante la situación de un nuevo orden mundial, la Unión Europea ha optado por evitar el enfrentamiento abierto con China, su segundo socio comercial, sobre todo ahora que las relaciones con EE UU están en sus niveles más bajos. Con buen criterio, desde la pandemia la UE ha apostado por repatriar parte de la producción y diversificar sus cadenas de suministro buscando una mayor seguridad de abastecimiento; además de las restricciones a productos como los coches eléctricos o los paneles solares por considerar que China hace competencia desleal. Sin embargo, como apuntaba el profesor de Harvard, Pol Antràs, “lo que están provocando estas medidas es una simple desviación de las rutas comerciales chinas”. De hecho, el gigante asiático basa parte de su estrategia en instalar fábricas de productos de alto valor añadido, como son los coches eléctricos, lejos de sus fronteras, con lo que dejan de ser vehículos made in China. Es lo que han hecho en México, donde ya se han instalado cinco de los mayores fabricantes chinos de automóviles y otros dos planean hacerlo en breve, lo que les abre la puerta al mercado estadounidense. Siempre que el sheriff Trump no diga otra cosa, claro está.

No obstante, los economistas advierten de que estas políticas tienen como resultado precios más caros por los mismos productos, que obligarán a los bancos centrales a lidiar con unos niveles de inflación más elevados por mucho más tiempo y con tipos de interés también más altos de los que nos tenían acostumbrados. Los tiempos de tipos cero parecen haber quedado definitivamente atrás. El proteccionismo impone un papel mucho más activo de los gobiernos en la economía. Lo tuvieron cuando estalló la crisis financiera y acudieron al rescate del sistema con inyecciones millonarias de dinero público para evitar la quiebra del sector bancario, y ahora como agentes decisivos del cambio en forma de política industrial, dirigiendo la inversión pública a impulsar la transición energética, la transformación tecnológica y, más recientemente, la apuesta por la seguridad y la defensa, un papel en línea con el Estado emprendedor como defiende Mariana Mazzucato, Catedrática de Economía de la Innovación y Valor Público en el University College de Londres

Después de los rescates financieros, la política industrial se ha convertido en la punta de lanza de la vuelta del Estado a la economía, pero ese es solo el principio. La transición energética y la mitigación climática son políticas tan urgentes e ineludibles como caras de financiar y que exigen un importante componente de inversión pública para que la descarbonización se produzca con éxito. Un buen ejemplo lo ofrecía la economista Keyu Jin en el Peterson Institute. “El uso generalizado de los coches eléctricos no despegará hasta que la infraestructura esté instalada y para eso se necesitan inversiones colosales, como las que ha llevado a cabo China en la última década: Estados Unidos tiene 160.000 estaciones de carga para los coches eléctricos y China, cuatro millones”.

 “Es verdad que la sucesión de crisis ha propiciado de manera natural una mayor presencia del sector público en la prestación de servicios. Pero hay un debate pendiente respecto a, por un lado, cómo se financia este incremento del gasto público global y, por otro, hasta dónde debe llegar la presencia del Estado en la economía, porque no es lo mismo subvencionar paneles solares o financiar un plan de reindustrialización que la participación del Estado en empresas privadas”, subraya Javier Pérez, director de Economía Internacional y Área del Euro del Banco de España. Es lo que ha sucedido con Telefónica donde años después de su total privatización, el Estado español se ha hecho con una participación del 10% del capital por la que ha desembolsado 2.280 millones de euros.

Poco a poco, todos estos movimientos empiezan a dibujar un nuevo modelo económico aunque aún esté por definir. Pero la ola resulta imparable. “El sistema no va a permanecer como está, algo está a punto de cambiar. Lo que no sabemos es qué hay al otro lado”, sentenciaba el ya mencionado Pierre-Olivier Gourinchas.

Todo eso, siempre y cuando a Donald Trump no le dé por hacer alguna barbaridad algo más bestia de las viene haciendo hasta ahora, porque puede ser que alguien pierda los estribos, apriete el botón que no se ha de apretar y se vaya todo al garete, y es que, tal y como se está poniendo el panorama internacional cualquier cosa es posible. 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en CÒRTUM 11/03/2026

 

NO A LA GUERRA

 

La decisión de Pedro Sánchez de que España no participe, ni por activa ni por pasiva, en los ataques que, contra Irán, están llevando a cabo EE UU e Israel, nos coloca en el lado correcto de la historia.

Se estaba desarrollando una ronda de negociaciones, en Ginebra, entre Irán y Estados Unidos con mediadores de Omán, cuando el Gobierno de Teherán puso sobre la mesa una propuesta de reducción de su programa nuclear para disipar las dudas de Washington. Porque Donald Trump ya había advertido que si las conversaciones diplomáticas fracasaban, multiplicaría la presión con nuevas sanciones y con el mayor despliegue militar estadounidense desde la guerra del Golfo.

Parecía que las conversaciones iban razonablemente bien ya que ambas delegaciones se mostraban optimistas, mientras que el plazo de “diez o máximo quince” días que se había dado desde la Casa Blanca para negociar pensaban que no sería necesario agotarlo porque antes llegarían los acuerdos. El presidente iraní, Masud Pezeshkián, hablaba de una “perspectiva positiva”, y el vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, insistía en que el presidente seguía prefiriendo una solución pacífica: “vamos a sentarnos para mantener una nueva ronda de conversaciones diplomáticas con los iraníes e intentar lograr un pacto razonable”, dijo antes de marchar de fin de semana, con la idea de reemprender el diálogo el lunes.

Sin embargo, la colaboración de los servicios de espionaje e inteligencia estadounidenses e israelitas permitió saber que el líder supremo iraní, Alí Jamenei, y buena parte de los altos mandos del régimen se reunirían en el palacio presidencial. Entonces, Donald Trump, sin consultar a las cámaras legislativas de su país, y sin el conocimiento de Naciones Unidas, se pasó el derecho internacional por el arco del triunfo y junto con la aviación israelí en la madrugada que va del 28 de febrero al 1 de marzo, bombardearon la residencia del mandatario, matando a Jamenei y una cincuentena de altos cargos.

Por su parte, el genocida Benjamín Netanyahu y su cohorte de ministros extremistas no han perdido el tiempo y con la excusa de acabar con Hezbolá está atacando el Líbano, en especial la capital Beirut y ha cerrado a cal y canto Gaza, por lo tanto ya no es necesario que sigan bombardeando a los gazatíes, estos ya morirán de inanición y si no siempre estarán los colonos para acabar el trabajo.

De hecho, Estados Unidos e Israel, ya habían bombardeado Irán el pasado junio, pero aquel ataque fue más selectivo, destinado específicamente a destruir las instalaciones nucleares del régimen teocrático (lo consiguieron solo a medias). Esta vez se trata de una auténtica ofensiva bélica, Y cuyo objetivo, al menos aparentemente, es provocar una crisis interna en la República Islámica que acabe derrocando al régimen; aunque no deberíamos descartar el interés en hacer colapsar el petróleo iraní y el tráfico por el estrecho de Ormuz, con el objetivo de poner en valor el crudo estadounidense y venezolano por parte norteamericana. 

A partir de ahí, el caos político y diplomático ha sido total. La posición claudicante de la UE, debería hacernos sonrojar, en el primer comunicado ni se mencionaba el ataque; al contrario, se pedía moderación a la respuesta iraní y se abogaba por un cambio de régimen. Menos mal que con el paso de los días la Unión, aunque con tantos matices como divergencias, ha ido modulando su planteamiento.

Quien desde un principio lo tuvo claro fue el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que en una comparecencia en el Palacio de la Moncloa, dejó muy claro cuál es la posición de España en el conflicto de Oriente Medio que ya amenaza con extenderse a otras regiones, incluida Europa. Sánchez recuperó el lema del “no a la guerra” promovido durante la invasión de Irak en 2003 para resumir su postura ante la escalada de violencia; reivindicó la diplomacia y el diálogo para lograr una paz duradera en la región. "La pregunta no es si estamos o no a favor de los ayatolás. Nadie lo está. Desde luego, no lo está el pueblo español y, por supuesto, tampoco el Gobierno de España. La pregunta, en cambio, es si estamos o no del lado de la legalidad internacional y, por tanto, de la paz", dijo.

Como no podía ser de otra manera, esa declaración no sentó bien en la Casa Blanca. “España ha sido terrible. No queremos tener nada que ver con ellos”, dijo Donald Trump, tras saber que el Gobierno de España no permitirá que EE UU use las bases de Morón y Rota en la ofensiva contra Irán; al día siguiente el líder republicano amenazaba con embargar los productos españoles y poco después decía que “España es una perdedora”, es evidente que el sheriff, desde la negativa de Sánchez de a subir el gasto en defensa hasta el 5%, nos tiene manía. Solo ha faltado este plantarle cara, algo a lo que Trump no está acostumbrado. 

Sin embargo, el portavoz de comercio de la Comisión Europea respondió que: “La UE garantizará que los intereses de la Unión Europea estén plenamente protegidos. Expresamos nuestra total solidaridad con todos los Estados miembros y sus ciudadanos y, a través de nuestra política comercial común, estamos preparados para actuar si es necesario para salvaguardar los intereses de la UE”.

Esta situación ha puesto de manifiesto, una vez más, el guirigay reinante en la política de nuestro país. Para empezar a Pedro Sánchez le han faltado reflejos para informar al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y comunicarle que el Gobierno de España, atendiendo a sus compromisos como país miembro de la OTAN, enviaba la fragata “Cristóbal Colón” en tareas estrictamente defensivas y de apoyo a Chipre. Por su parte el PP ha vuelto a enredarse en sus propias incoherencias porque además de difundir noticias falsas sobre la ministra Margarita Robles, dice estar a favor de la guerra, pero en contra del envío de un barco para colaborar con un país aliado. Si alguien lo entiende que lo explique.

Volvemos a estar en un momento muy delicado de la política internacional y la actitud de Pedro Sánchez se, cuando menos, digna de respeto y consideración. Con todo, hemos de ser realistas y es más que probable que algún peaje tengamos que pagar por este nuevo desplante al sheriff de la Casa Blanca que, por mucho que digan que sus amenazas son volátiles, es de esa clase de tipos que, por su catadura moral, ni olvidan ni perdonan.

 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 09/03/2026

EL REARME EUROPEO Y SU IMPACTO ECONÓMICO

 

Desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca no hay tiempo para la relajación. Raro es el día que el mandatario norteamericano no protagoniza alguna barbaridad. Ahí está, sin ir más lejos, el salvaje ataque a Irán, de la mano de otro descerebrado como Benjamín Netanyahu. Sin embargo, quiero referirme a la reacción del mandatario estadounidense, tras el varapalo que le propinó la justicia de su país al declarar ilegales la mayoría de los aranceles que había establecido a su libre albedrío, no tuvo otra ocurrencia que subirlos todos el 10% y ni veinticuatro horas después al 15%.

Y claro, así no hay manera de establecer relaciones comerciales estables, ni empresa capaz de desarrollar un plan de expansión-exportación digno de tal nombre. Y es que la guerra arancelaria ha sacudido el tablero porque genera inseguridad que es lo último que necesita la economía mundial.

Con esta situación de fondo ha pasado bastante desapercibido que desde Washington llevan tiempo presionando a los países europeos para que aumenten su gasto en defensa y sean más autónomos. Ahora bien, no les gusta nada la nueva directiva europea —prevista para que entre en vigor el tercer trimestre de 2026— dé prioridad a la compra de armas europeas y a la industria de defensa de Europa. Una regulación que se ha elaborado en un momento clave del divorcio de la UE con Estados Unidos. El origen de esta iniciativa está en el temor de Europa a quedarse sin el paraguas de seguridad estadounidense que ha dejado de ser un socio fiable. Como no podía ser de otra maneara, con el fino estilismo político que caracteriza al líder norteamericano, EE UU ha amenazado a la UE con represalias y ha cargado contra esa directiva comunitaria, que en su opinión es “proteccionista”.

Desde luego, no estamos ante una cuestión menor. Los planes de inversión y rearme alcanzan los 1,3 billones de euros o, si lo prefieren, el 7,2% del PIB comunitario. Una cantidad tres veces más elevada de lo que se desplegó tras la pandemia con el programa Next Generation (contando solo el gasto ejecutado). Ni los informes de Mario Draghi y Enrico Letta, ni el diagnóstico compartido de riesgo “existencial” a que se enfrenta la economía europea, habían logrado despejar las divergencias entre socios comunitarios. Sin embargo, las amenazas geopolíticas han generado un importante cambio de criterios. Alemania ya ha decidido renunciar al límite de endeudamiento que encorseta su economía y ha puesto en marcha un fondo de inversión de 500.000 millones de euros para el próximo decenio. De forma paralela, se muestra partidaria de flexibilizar las reglas fiscales —en concreto para incrementar el gasto en Defensa—, alineándose así con las posiciones de Francia. La Comisión Europea, por su parte, anuncia un plan de rearme de 800.000 millones, a desarrollar en cuatro años, coordinando buena parte de los Estados miembros. En ese contexto, el Gobierno de España se comprometió a llegar el 2% del PIB, es decir, subir el gasto en defensa y desarrollo un 53%.

De llevarse a cabo el plan, tal y como se ha diseñado, supondría un estímulo colosal para la economía europea. El impulso aportado por los planes anunciados de gasto podría alcanzar el 1,8% del PIB cada año hasta 2029. En la práctica, el fondo de inversiones en infraestructuras prometido por el canciller de alemán está a la altura de las expectativas, pudiendo incidir, además, en el resto de economías europeas.

Que este proyecto llegue a buen puerto depende, en gran manera, de la capacidad de respuesta del tejido productivo de cada país, y ahí surgen las dudas. El 78% de las compras de armamento que se realizaron en 2022-2023 fueron importaciones, particularmente desde EE UU, según fuentes comunitarias, antes de la pandemia, el porcentaje alcanzaba el 60%.  Un incremento abrupto del gasto podría colapsar la industria europea y agravar el grado de dependencia de la Defensa comunitaria.

En nuestro país el efecto multiplicador podría ser menor, debido al tamaño de nuestro sector de la Defensa a pesar de disponer de capacidades relevantes en algunos sectores como la tecnología de los satélites y los radares. Además, hay quien duda de que el sector privado pueda complementar la inversión pública. Por otra parte, Europa carece de instrumentos de coordinación de semejante envergadura, lo que puede generar un riesgo y malbaratar esfuerzos.

Bruselas está llevando ahora a cabo un giro copernicano que hubiera sido deseable durante la crisis financiera. Sea como sea, lo importante es que la nueva estrategia se aplique con gradualidad para que redunde, simultáneamente, en un menor grado de dependencia del exterior y crecimiento económico sostenido.

Durante la Guerra Fría, los países europeos acometieron un considerable esfuerzo en Defensa, con un gasto que en el caso de España alcanzó el 3% del PIB en la década de los ochenta, muy similar a la media europea.  Tras la caída del muro de Berlín, el gasto en Defensa bajó hasta un mínimo cercano al 1% a principios del siglo XXI Desde entonces, la tendencia es ascendente, particularmente desde el estallido del conflicto en Ucrania.    

Ahora, con el nuevo orden mundial que nos está imponiendo Donald Trump, estamos obligados a tomar las precauciones que sean pertinentes para no acabar siendo vasallos de EE UU. Por eso, deberíamos hacer nuestras las palabras del ministro de Exteriores francés, French Response, que en tono irónico respondió al palmero Marcos Rubio, por unas declaraciones que hizo en la Conferencia de Seguridad de Múnich 2026, celebrada hace unas pocas semanas: “Socios fuertes, sin duda, en lugar de clientes financiados”.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 02/03/2026

PRESUPUESTOS A LA VISTA

Desde el Govern se había extendido un discreto mando de silencio, sobre los próximos presupuestos, para no entorpecer las conversaciones con los grupos parlamentarios que dan soporte al Ejecutivo catalán y evitar así que pudiesen descarrilar las negociaciones. Una decisión lógica que ha dado sus frutos. Porque con la correlación de fuerzas existente en el Parlament de Catalunya, hay que hacer auténtico encaje de bolillos para sacar adelante la ley más importante del año: los Presupuestos de la Generalitat para 2026.

Coincidiendo con la reincorporación de Salvador Illa a su puesto de trabajo, después de un mes de baja por una osteomielitis púbica que le obligó a estar primero en el hospital y más tarde a seguir el tratamiento antibiótico en su domicilio, el president se ha planteado como prioridad absoluta aprobar las cuentas de 2026, las primeras de su mandato.

A pesar de su baja laboral, Illa no ha perdido el contacto con la realidad y ha sido consciente en todo momento de los días críticos que, por razones diversas, ha afrontado la ciudadanía. Por eso, en su primera comparecencia, dejó claro que comprendía el malestar de la gente con la vivienda, su inquietud por los episodios de la emergencia climática y, por supuesto, Rodalies. “La prioridad absoluta es nuestra seguridad y protección”, dijo, refiriéndose a la revisión en las vías férreas, asegurando que el Govern está dispuesto a solucionar ese colosal problema de movilidad en un “rumbo de exigencia y ambición” hasta alcanzar parámetros de “excelencia”. No perdamos de vista que los trenes de Rodalies circulan con límites de velocidad, al menos hasta abril, y eso provoca, de forma inevitable, alteraciones en los recorridos, retrasos y toda clase de inconvenientes que tiene que asumir los usuarios. Pero está claro que para subsanar esas anomalías los Presupuestos son una herramienta fundamental.

Sobre el papel la cuestión de los presupuestos es sencilla. Sin embargo, todo se complica cuando el gobierno de turno no dispone de la mayoría parlamentaria suficiente para sacar las cuentas adelante y tiene que negociar con otros partidos para obtener sus soportes; algo que a día de hoy ocurre en casi todos los países europeos y donde ni España ni Catalunya son una excepción. En nuestro caso, el Govern ha de llegar a acuerdos con los Comuns y ERC para lograr los votos necesarios porque el resto de formaciones del arco parlamentario son oposición pura y dura, sin más objetivo que hacer embarrancar al Govern de Salvador Illa.

Comuns habían puesto sobre la mesa varias cuestiones en materia de vivienda, educación o movilidad para dar luz verde a las cuentas de 2026, pero el tema estrella era la limitación de la compra especulativa de pisos. En un principio, el Govern quería basar el veto en la fiscalidad, pero, finalmente, el acuerdo con los de Jéssica Albiach pivotará alrededor de la proposición de ley de Comuns registrada en el Parlament que comportará la modificación de la Ley de Urbanismo.

Con anterioridad, el Ejecutivo había encargado cuatro informes sobre la posibilidad de limitar las compras especulativas de vivienda en Catalunya, a expertos de contrastada solvencia como son los juristas Carles Viver Pi-Sunyer, Fuensanta Alcalá, Pablo Feu y el doctor en antropología económica Jaime Palomera, estos avalan la idea de hacerlo de forma temporal y en zonas de mercado tensionadas. La intervención pública en un mercado en el que hay diferentes condiciones de demanda (para vivir o para invertir), se ajusta a la legalidad vigente. Experiencias internacionales de regulación han reforzado la estabilidad residencial, y la legislación catalana y urbanística apuntalan el uso residencial del suelo y la función social de la vivienda.

Así pues, una vez constatada la viabilidad jurídica de la norma, el Govern incluía la iniciativa en los Presupuestos y Salvador Illa y Jéssica Albiach escenificaban el acuerdo firmando un documento el pasado jueves en la Generalitat.

Los que, de momento, se han negado a negociar esas cuentas ha sido ERC. Daba la sensación que la crisis de Rodalies podía abrir una ventana de oportunidad para que republicanos y socialistas salieran del callejón en que se habían metido. La solución pasaba por la creación de un consorcio que ejecute y haga el seguimiento de las infraestructuras; esa podría ser, al menos, la salida temporal.

Sin embargo, tras una reunión de Oriol Junqueras y Pedro Sánchez, celebrada el pasado viernes en la Moncloa, para los republicanos la condición sine qua non sigue siendo que la Agencia Tributaria Catalana recaude de forma íntegra el IRPF que se genera en la comunidad y ahí el Gobierno central se muestra reticente; de ahí que el presidente de ERC apriete a los socialistas catalanes para que convenzan al PSOE y este haga “gestos” para avanzar en la carpeta de la recaudación.

En todo esto, tiene mucho que ver que Oriol Junqueras está atrapado en una de las muchas martingalas de la política. Por un lado, la oposición interna le sigue muy de cerca y él necesita obtener logros tangibles para sacudirse la presión. En cambio, por otro, le conviene dar aire, tanto al Gobierno de Sánchez como al de Illa, porque unas elecciones anticipadas en España y/o Catalunya serían una muy mala noticia para los republicanos por su situación de extrema debilidad.

A pesar de todo, quiero ser razonablemente optimista y pensar que los presupuestos de la Generalitat para 2026, los tenemos a la vista y pronto serán realidad. Hay quien apuesta porque podrían ver la luz antes de Semana Santa. No lo sé. Conviene que los árboles no nos impidan ver el bosque y que nadie se obnubile con el mañana porque primero hay un hoy, y es imprescindible tener unas buenas cuentas conforme a lo que Catalunya (su gente) necesita. Por consiguiente, esperemos que los negociadores prioricen el qué sobre el cuándo.

Y es que cuando hablamos de presupuestos, hablamos, entre otras muchas cosas de sanidad, educación o servicios sociales.  Es decir, de que el país funcione y de ensanchar el Estado del bienestar.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 23/02/2026

 

CRISTÓBAL MONTORO Y SUS CHANCHULLOS

La noticia saltó a los medios de comunicación el pasado verano: en noviembre de 2017, los Mossos d’Esquadra hicieron un registro en las sedes que la empresa Messer Ibérica de Gases tiene en las localidades de Vila-Seca y El Morell (Tarragona). Los agentes buscaban indicios de un supuesto delito contra el territorio en una investigación iniciada aquel año. Sin embargo, al analizar la documentación obtenida por el volcado de los servidores donde se conservaban los correos electrónicos de los directivos y, en concreto, los de Rubén Folgado, director técnico de la planta química de la compañía, se encontraron mensajes que han resultado claves en la investigación de una supuesta trama de corrupción para beneficiar a empresas que tiene su epicentro en el exministro de Hacienda del PP, Cristóbal Montoro, y el despacho Equipo Económico (EE) que él mismo fundó.

Según las investigaciones llevadas a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, los mensajes intervenidos en Messer junto a otros localizados en diciembre de 2019, en otro registro realizado en la sede de la empresa Carburos Metálicos en Cornellá (Barcelona) han aportado un total de 31 documentos que el instituto armado considera “de interés” para las pesquisas, al concluir que han permitido apuntalar las sospechas de que Equipo Económico era contratado por diversas empresas con el objetivo de que, echando mano de sus contactos en las altas instituciones del Estado, gracias a los puestos ocupados por sus miembros en diferentes Gobiernos del PP, influyesen en decisiones del Ejecutivo de Mariano Rajoy. Y resulta que ahí, Cristóbal Montoro y su bufete eran las piezas imprescindibles para que la máquina funcionara.

Un informe de la Unidad Central Anticorrupción de los Mossos D’Esquadra aportado al juzgado número 2 de Tarragona vincula un “regalo” de 2.200 millones de Hacienda a las renovables con pagos del sector a Equipo Económico. Y las compañías englobadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM) pagaron al despacho casi 800.000 en siete años. Gracias a ese desembolso, según la investigación, fueron incluidas en una rebaja del impuesto especial sobre la electricidad (2014) y en otra sobre el impuesto de actividades económicas (2018). Además, en 2017, Hacienda inició una persecución fiscal al periodista Javier Chicote, del diario Abc, después de que este hubiese publicado artículos en los que desvelaba los pagos que empresas del Ibex habían realizado al despacho fundado por Montoro.

Según se desprende de las pesquisas policiales, el equipo de Cristóbal Montoro retocó el informe que debían enviar los peritos de la Agencia Tributaria designados por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz sobre las donaciones del Partido Popular en la investigación por la caja b del partido. Así consta en una serie de correos electrónicos en los que el director de la Agencia Tributaria de entonces, Santiago Menéndez, remitió un documento que se iba a enviar a la Audiencia Nacional sobre las donaciones del PP recogidas en la contabilidad paralela del partido en el conocido 'caso Bárcenas'.

Ese informe había sido elaborado por los peritos designados como auxilio judicial y que trabajaban a las órdenes del juez de la Audiencia Nacional. El instructor había reclamado a los peritos que contabilizaran las donaciones recibidas por el PP para saber si éstas superaban el máximo permitido y por tanto podrían incurrir en un delito fiscal. 

La ex directora de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), Margarita García Valdecasas, ya había intentado que ese informe no se realizase al considerar que las donaciones estaban exentas de tributación, por lo que a su entender no podían ser contabilizadas. En un enfrentamiento con Ruz, este la obligó a entregar el documento y la advirtió que los peritos trabajaban a sus órdenes y no a las de ella como coordinadora.

El caso había entrado en un discreto letargo. Sin embargo, la Agencia Tributaria ha detectado una arquitectura financiera, con “mezcolanza de fondos” y dispersión de los mismos a través de varias personas y cuentas bancarias, que parece ser que sirvieron al despacho de Equipo Económico (EE), para camuflar los pagos recibidos de distintos clientes. En concreto, se han localizado ingresos por un total de 35,5 millones de euros entre 2008 y 2013 que procederían de las gasísticas investigadas pero también de otros pagadores a los que se quiere identificar para poder determinar el origen y la finalidad del dinero.

Además de las transferencias realizadas a Montoro, también se han detectado pagos a la mujer del exministro que se hicieron cuando él ya no estaba vinculado al despacho. Se trata de dos envíos —en octubre de 2008 y septiembre de 2010— que suman 9.450,69 euros. No obstante, fuentes de la defensa del despacho aseguran que se trata de pagos por el catering de unas fiestas que se solían celebrar anualmente y a las que asistían los socios con sus familias.

Ante la sospecha de que estos movimientos sean el preludio de algo mucho más fraudulento, Hacienda ha solicitado al juez que reclame la colaboración de las autoridades de Alemania y Estados Unidos para ahondar en la información de cuentas que estarían vinculadas a Ricardo Martínez Rico, socio de Equipo Económico. Y pide indagar también en las salidas de divisas a Luxemburgo por parte de Manuel de Vicente Tutor, también socio del despacho.

Este affaire resulta muy llamativo y nos da una idea bastante ajustada de la catadura moral y el nivel político del PP. Mariano Rajoy se presentó a las elecciones de finales de 2011 con un programa electoral titulado “Lo que España necesita” y en el capítulo “Una democracia ejemplar” prometía medidas de lucha contra la corrupción, pero en cuanto llegó a la Moncloa nombró a Cristóbal Montoro ministro de Hacienda; es decir, puso un zorro a guardar las gallinas.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en la web de la plataforma Còrtum 18/02/2026

 

SU EXITO, NUESTRO FRACASO

 

Los políticos de nuestro país ya sienten el aliento de la extrema derecha en el cogote. Pero es que la situación política que se vive en las naciones de nuestro entorno tampoco invita al optimismo. En Italia, Giorgia Meloni, una neofascista reconvertida en conservadora ocasional, es la presidenta del Consejo de Ministros que impulsa el bloqueo naval de las fronteras italianas y las deportaciones exprés a Albania; en Alemania, el partido Alternativa por Alemania AfD de ideología nacional conservadora y euroescéptica de extrema derecha crece de forma exponencial en cada elección y ya es una serie amenaza para la estabilidad del sistema político germano  y por lo que respecta a Francia, las cosas no están mejor: en el país galo habrá elecciones a la presidencia de la Quinta República en 2027 y Marlne Le Pen o su delfín, Jordan Bardella, presidente de la Agrupación Nacional, si finalmente ella no puede presentarse por sus problemas con la justicia, será quién lo haga, y ambos, se perfilan como favoritos para suceder a Emmanuel Macron.  

En España el panorama no es muy diferente al de nuestros vecinos; ahí están las elecciones autonómicas es Extremadura, primero y Aragón después que nos dan una idea bastante ajustada de cómo está el ambiente. Con ese paisaje político, echar un vistazo a los estudios demoscópicos genera inquietud. Vox lleva cuatro meses creciendo de forma continuada, mientras que los populares se han estancado, el PSOE pierde cuatro puntos con respecto a las últimas elecciones generales y Sumar se deja en el camino más de cinco puntos desde 2023. Es más, los sondeos advierten de la derechización del electorado, puesto que PP y Vox aglutinan el 49,2% de la estimación de voto.  

Ante esta situación, somos muchos los que intuimos que el batacazo para el progresismo en las próximas elecciones generales puede ser de los que hacen época. Quizás por eso, Gabriel Rufián (el mismo que ahora hace 11 años decía que en 18 meses dejaría su escaño en el Congreso para venir a la república catalana, se ha caído del caballo y ha visto la luz de la sensatez y la cordura política) ha decidido hacer las maletas y marchar a las Españas a convertir fieles para su causa. El diputado de ERC lleva tiempo proponiendo una lista plurinacional de izquierdas para las generales y desde entonces su nombre ha estado en las quinielas para dirigir un futuro proyecto capaz de unir a todas las formaciones a la izquierda del PSOE bajo una única papeleta y contener así el auge de la extrema derecha. Días atrás se hizo público que el 18 de febrero participará en un acto en Madrid con el diputado autonómico de Más Madrid Emilio Delgado para hablar sobre el futuro de la izquierda: Es evidente que el acto adquiere mucha más relevancia tras los malos resultados para el espacio político en Aragón. No obstante, tanto ERC como EH Bildu ya han descartado la posibilidad de una lista conjunta.

Donde sí parece que hay un principio de acuerdo es entre los cuatro partidos que, a día de hoy, conforman Sumar y que tienen presencia en el Gobierno; el próximo 21 de febrero, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, con el slogan “Un paso al frente”, presentarán las bases del proyecto con el que quieren afrontar las próximas generales. Es verdad que todavía con muchas incógnitas por despejar como por ejemplo el liderazgo, la marca definitiva o la propuesta programática concreta. La idea central es presentar una alternativa estable a la derecha y la ultraderecha en España. Hace meses que dirigentes de Izquierda Unida, Más Madrid, Comunes y Movimiento Sumar trabajan en pro de la precoalición; aunque conviene dejar claro que Podemos, de momento, se ha desmarcado y no parece que vaya a formar parte de la iniciativa.

Quien, una vez más, ha hecho unas declaraciones impagables ha sido Felipe González que una charla en Los Desayunos del Ateneo, manifestó que en las circunstancias actuales y con Pedro Sánchez como candidato votará “en blanco”, no hará campaña para ningún partido ni votará otras opciones, menos mal. Además González cuestiona los pactos del PSOE con sus socios, y piensa que es peor pactar con Bildu que con Vox. Es decir, en opinión del que fuera gran líder indiscutido del socialismo español, es preferible llegar a acuerdos con los racistas, xenófobos y racistas que criminalizan por su origen o el color de piel a los que vienen de fuera, son antifeministas, negacionistas del cambio climático y euroescépticos, que con los que han renunciado a la violencia, respetan la Constitución y tienen un comportamiento social e institucional equiparable a la de cualquier otra formación política.

A pesar de todo, aún hay resquicios para la esperanza porque los resultados de los dos últimos comicios autonómicos indican que los progresistas se han quedado en casa. Por lo tanto, toca recuperar la confianza para que la gente vuelva a creer en la política como una herramienta útil para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. De no ser así, el triunfo de la derecha extrema no será tanto su éxito, si no nuestro fracaso. El fracaso de los progresistas por la incapacidad manifiesta de generar ilusión y esperanza en aquellos a los que el corazón les late a la izquierda.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 16/02/2026

DESMONTANDO FALACIAS

 

Con la aprobación del decreto que regula la inscripción extraordinaria de personas extranjeras, el Gobierno de Pedro Sánchez no ha hecho más que utilizar el sentido común y poner en marcha una iniciativa de justicia social. Sin embargo, la derecha no lo ve igual y, para variar, han montado una escandalera acusando a Sánchez y todo el Ejecutivo de querer tapar con esa decisión los problemas ferroviarios del país. Es igual, porque si no hubiera contrariedades con los trenes apuntarían a cualquier otra cuestión y es que el PP ha hecho de aquella célebre frase italiana que dice: “Piove porco Governo”, el centro de su estrategia política

En opinión de Isabel Díaz Ayuso, esa regularización no tiene otro objetivo que el electoralista. Para la presidenta de la Comunidad de Madrid los inmigrantes podrán votar en las elecciones generales de 2027, cuando, en realidad, la Constitución española deja claro en su artículo 13 que “el derecho de sufragio para las elecciones generales y autonómicas corresponde a los españoles mayores de edad”, es decir, a aquellos que tienen nacionalidad española, no solo residencia. Sí lo podrán hacer en las municipales los ciudadanos que procedan de la UE o de países con los que hay acuerdos de reciprocidad. En la práctica, los extranjeros residentes en nuestro país tardan unos diez años en obtener la nacionalidad, unos cinco si son hispanoamericanos. “Miente que algo queda”, deben pensar en Génova, 13 porque no ha salido nadie a enmendar a la presidenta madrileña.

En la etapa de José María Aznar, como presidente del Gobierno, se llevaron a cabo, entre los años 2000 y 2001 dos regularizaciones extraordinarias que supusieron normalizar a algo más de medio millón de personas; la diferencia es que entonces lo hizo un Ejecutivo como “Dios manda” y ahora la iniciativa es de un Gobierno progresista, “bolivariano” para los trumpistas castizos. Aunque resulta imposible de cuantificar con detalle, se calcula que unas 800.000 personas podrían regularizar su situación y beneficiarse de la medida.

La derecha y la derecha extrema nos quieren asustar al hablar de una supuesta “invasión” de inmigrantes por la frontera sur, ya sea con cayucos por la ruta canaria o balear –en descenso la primera, al alza la segunda– o a través de Ceuta o Melilla. Pero lo cierto es que en España las entradas irregulares, que no “ilegales” —porque no suponen ningún delito—, representan una ínfima parte de la inmigración, que mayoritariamente accede al país por vías regulares. El 94% de los inmigrantes –con permisos de residencia, en trámites de conseguirlos o simpapeles– entraron en el país por aeropuertos con visados o sin ellos (para la gran mayoría de países latinoamericanos no se exigen) pero, tras cumplir el periodo máximo de estancia, se quedan en nuestro país.

Para evitar esa supuesta invasión PP y Vox tienen sus fórmulas y proponen frenar la inmigración irregular con una mayor presencia de buques en el mar con el fin de contener los cayucos que siguen llegando a Canarias desde Mauritania. Los de Feijóo apuestan por un mayor despliegue de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, conocida como Frontex, mientras que los de Abascal se inclinan por la Armada. Ambas recetas chocan con la realidad; Frontex solo se puede desplegar en países europeos, como lo está en Canarias, y lo único que puede hacer son tareas de auxilio. Lo conveniente sería una mayor presencia de Frontex en África para disuadir las salidas, pero para eso es necesario el acuerdo con terceros países. Y en el caso de la Armada, ya lo dejó claro meses atrás el jefe del Estado Mayor de la Armada, almirante general Antonio Piñeiro: “Que nadie piense que vamos a estar combatiendo en la mar la inmigración”.

Con la regularización se va a dar carta de normalidad a esas personas que recogen la fruta en el campo, que nos sirven el café en le terraza de un bar o a los que les limpian el culo a los ancianos que están en las residencias; pero es que, además, saldrán de la economía sumergida, cotizarán al Estado por lo que harán crecer el PIB y con sus contribuciones fiscales ayudarán a pagar a nuestros pensionistas.

Según el diario inglés The Economist, poco sospechoso de ser de izquierdas, en un interesante reportaje, publicado recientemente, sostiene que los migrantes resultan indispensables para los mercados laborales de los países desarrollados. Sin ellos se perdería dinamismo y riqueza, por cuanto estas personas ocupan trabajos de difícil cobertura por parte de los nacionales de cada país. No “roban el empleo a nadie”. Más bien al contrario, contribuyen a la creación de puestos de trabajo de mayor calidad y mejor remuneración, que ocupan los nativos. Además —continúa el escrito—, aumentan la productividad y combaten la crisis demográfica que afecta al llamado Primer Mundo. Dado que, en general, al menos en la primera generación, como aún ocurre en nuestro país, son más jóvenes que la población de acogida, tienen necesidad imperiosa de trabajar y consumen menos servicios esenciales, como la sanidad de lo que lo hacen los nacionales. Aportan el 10% de la Seguridad Social, mientras que solo gastan el 1%, y según la OMS, el coste sanitario de las personas a partir de los 65 años llega hasta el 90% del total, edad que aún no han alcanzado la gran mayoría de migrantes que residen en España.

Los datos son muy elocuentes y en esta ocasión las falacias no tienen cabida, así que los profetas de la catástrofe y carroñeros de la política, harían bien hablando menos y leyendo más porque como decía Platón “Las opiniones sin conocimiento son la razón de la ignorancia”.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 09/02/2026