REALIDAD POLIÉDRICA

 

El proceso extraordinario de regularización de migrantes, puesto en marcha por el Gobierno central, finalizó el pasado 30 de junio. Se presentaron 1.174,968 de solicitudes de personas que quieren normalizar su situación en nuestro país. El 52% de los expedientes han sido admitidos a trámite.

El 16 de junio, la licenciada en ciencias políticas por la Universidad de Roma, Paola Lo Cascio defendía, en un brillante artículo publicado en El País, que esa iniciativa “es una de las decisiones más importantes que el Ejecutivo ha tomado en esta legislatura (…)  La importancia de este proceso es, obviamente, atemporal, es de sentido común para cualquier sociedad que aspire a definirse democrática, que todas las personas que viven en ella puedan gozar de derechos”. No puedo estar más de acuerdo con esa afirmación. No obstante, en esta ocasión, quiero poner el foco en los números y analizar cómo está incidiendo en nuestra cotidianeidad el aumento demográfico en nuestro país.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), España superó el año pasado los 49,1 millones de habitantes y en pocos meses alcanzaremos los 50 millones.

No hay duda de que en ese aumento de la población la inmigración juega un rol fundamental porque nuestra tasa de natalidad está en mínimos históricos. En concreto, es la segunda más baja de Europa.

A esas cifras, hemos de añadir los cerca de 100 millones de turistas que nos visitaron el año pasado, cifra que este año vamos a superar ampliamente. Personas que utilizan las infraestructuras y, con toda probabilidad, alguno de los servicios públicos. Esa es la cuestión, y ahí es donde empiezan a surgir los problemas porque España es un país diseñado para 40 millones de personas.

Años de un fuerte déficit en inversiones y un importante crecimiento demográfico explican lo sucedido hace un año con el apagón, los graves daños humanos y materiales que causaron las inundaciones de Valencia en 2024 o el accidente ferroviario de Adamuz. Esas desgracias han encendido todas las alarmas sobre el estado de las infraestructuras en España. Los números de las grandes constructoras dejan pocas dudas. Según esos datos, la necesidad de inversión en infraestructuras asciende a unos 407.000 millones de euros en la próxima década. De esa cifra, unos 127.000 millones deberían destinarse a conservación y mantenimiento, y otros 280.000 a nuevos desarrollos y adaptación de las infraestructuras existentes.

En opinión de esas mismas empresas, las infraestructuras del agua y las ferroviarias son las que demandan mayor inversión, 44.000 millones y 31.000 millones en los próximos 10 años. Por otra parte, Diego Rodríguez, investigador de Fedea y catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid, nos advierte de que “Al cambio climático y la intensificación de los fenómenos extremos, con sequías más severas y prolongadas y mayor probabilidad de danas y lluvias torrenciales, se suma un consumo intensivo y una infraestructura obsoleta que colocan al país en una situación de estrés hídrico recurrente”.

Durante décadas el grueso de la inversión en ferrocarriles se ha concentrado en la alta velocidad; tenemos la segunda red más extensa del mundo solo por detrás de China. La liberalización del sector en 2021 ha abaratado el precio de los billetes y ha multiplicado el número de viajeros, lo que ha aumentado la presión sobre la red sin que el mantenimiento de las vías se haya incrementado en la misma proporción. Según un informe del Instituto de Estudios Económicos (IEE), mientras que el volumen de usuarios de alta velocidad ha crecido entre 2015 y 2024 un 100,8%, el gasto en mantenimiento por pasajero en el mismo periodo ha caído un 27,5%.

De forma paralela, el servicio de Cercanías sufre un colapso estructural por años de falta de inversión, lo que ha aumentado las incidencias en grandes núcleos urbanos. Según la AIREF entre 1990 y 2018 se invirtieron aproximadamente 3.650 millones de euros en líneas de Cercanías, que concentran el 90% de los usuarios ferroviarios, frente a los más de 55.000 millones invertidos en alta velocidad. El Ministerio de Transportes ya ha anunciado un plan para invertir más de 20.000 millones en la red ferroviaria en el próximo lustro, de los que la mitad se quiere destinar a la red convencional y de Cercanías.

He citado la situación de los ferrocarriles, pero esa problemática es extrapolable a otras infraestructuras como, por ejemplo, las carreteras o los recursos hídricos, pero lo mismo sucede con servicios como la sanidad pública que necesita una importante y urgente inversión para adecuarla a los tiempos que corren.

Ahora bien, la realidad es poliédrica y no podemos ignorar que, de no existir la inmigración, en España, en 2050, tendríamos un 19% menos de PIB, cerrarían 90.000 bares unas 40.000 aulas escolares y desaparecerían 220.000 explotaciones agrícolas.

También podemos analizar la situación desde otra perspectiva.  Supongamos que no hay inmigración: quién cuidaría a nuestros ancianos, quien recogería la fruta o como se pagarían las pensiones de nuestros mayores. Necesitamos a la gente que viene de fuera dispuesta a arrimar el hombro y echarnos una mano, poque solo así saldremos adelante.  

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 12/07/2026

AVISO PARA NAVEGANTES

Los referéndums los carga el diablo. El 23 de junio de 2016, cerca de un 52% de británicos votó salir de la UE, mientras que el 48% quería seguir en el club. Se han cumplido diez años desde aquella aciaga fecha y el balance no puede ser más desalentador.

Los promotores de aquel divorcio político, encabezados por Boris Johnson y Nigel Farage, entre otros, mintieron como bellacos, y la campaña propagandística que hicieron para salir de la Unión estuvo plagada de falsedades como se ha demostrado con el paso del tiempo. Una de las promesas era que los ciudadanos del Reino Unido mejorarían su calidad de vida y que con el dinero que se dejase de aportar a Europa se podría reforzar la sanidad pública. Sin embargo, el sistema de salud británico sigue siendo muy deficitario y está claro que la separación no ha traído nada nuevo ni bueno a los británicos.

El Brexit ha sido un auténtico pozo sin fondo para la economía británica. De hecho, la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria pronosticó en su día un descenso del PIB del 4% por la salida de la UE. No obstante, diversos estudios recientes sitúan la bajada en el 8%. Desde el 2016, más de 440 firmas financieras han trasladado parte de su actividad de la City a la UE, dejando escapar unos 900.000 millones de libras de activos bancarios (el 10% del sistema británico) al fragmentarse el negocio entre las plazas de París, Frankfurt, Dublín y Ams­­terdam, aunque el verdadero ganador no ha sido Europa, sino Nueva York ya que Londres ha perdido atractivo internacional.

La contracción de le economía tuvo como consecuencia la aparición inmediata de una serie de barreras no solo arancelarias, también surgió un denso entramado de burocracia, controles fitosanitarios y retrasos aduaneros que han supuesto un sobrecoste medio del 8% sobre el valor de las mercancías, actuando como un arancel encubierto que además ha lastrado la productividad un 4%. Ese sobrecoste ha golpeado al tejido empresarial de forma asimétrica. Algo así como una tasa regresiva encubierta que las multinacionales han absorbido como un coste administrativo, mientras que las pequeñas y medianas empresas han sido parcialmente expulsadas del comercio con Europa. Los microexportadores han perdido en esta década sobre el 31% de sus flujos hacia la UE.

Pero los inconvenientes no son solo económicos, también los hay a nivel práctico, como, por ejemplo, las restricciones a la hora de moverse entre el Reino Unido y la UE. Con la implantación del Brexit quienes quieran viajar de un territorio hacia otro solo pueden hacerlo libremente durante un máximo de 90 días, y desde abril de 2025 los ciudadanos comunitarios han de solicitar previamente una Autorización Electrónica de Viaje para poder cruzar la frontera. O sea, un eufemismo para no llamar al documento pasaporte.

Desde la salida de la UE la política en el Reino Unido ha entrado en una fase de inestabilidad permanente. En estos diez años ha habido seis primeros ministros y la dimisión del actual, Keir Starmer, ya está sobre la mesa y no tardará en hacerse efectiva.

Según diversos estudios, no fueron solo los asuntos económicos los que impulsaron a muchos ciudadanos a optar por el divorcio con la UE; la posibilidad de que, de esa manera, se reafirmaba la identidad nacional también jugó su papel. Querían más Reino Unido, menos Europa y, también, menos inmigración. Sin embargo, la realidad una década después es que muchos comunitarios han puesto pies en polvorosa, se calcula que entre 2021 y 2025, unos 160.000 ciudadanos comunitarios han marchado del Reino Unido, mientras que las llegadas procedentes de países extracomunitarios se han disparado, según datos oficiales.

Con la perspectiva que da el paso del tiempo, podemos afirmar que el Brexit fue un auténtico despropósito político, consecuencia del capricho de unos descerebrados que creyeron ver la luz donde todo eran tinieblas. Lo lamentable es que, por esa falta de capacidad de unos dirigentes ineptos, los ciudadanos británicos llevan diez años asumiendo los costes del desaguisado.

Ante este panorama tan poco talentoso, sería deseable que esta columna sirviera de aviso para navegantes y los separatistas más hiperventilados, que aprendan de la experiencia ajena, se den un baño de realidad y comprendan que las promesas imposibles acaban pasando factura a los ciudadanos. Ni la geopolítica del momento, ni la situación socioeconómica conforman el escenario idóneo para imaginar aventuras más propias de la ciencia ficción que de la realidad del siglo XXI.

El problema estriba en que no hay más sordo que el que no quiere oír ni más ciego que el que aquel que no quiere ver y, de esos, por desgracia, hay muchos.

 

 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 05/07/2026

 

LAS COSAS DE FLORENTINO

Desde hace años, el fútbol de élite se ha convertido es un pozo sin fondo. Aquel deporte-espectáculo, que empezó financiándose con las aportaciones de los socios de los clubes, ha ido extendiendo sus tentáculos a la publicidad, las camisetas, las televisiones…, pero es insaciable, cada vez necesita más. Cada vez las cifras que se manejan para pagar jugadores y satisfacer mil historias son más astronómicas. Ante esa situación, los máximos dirigentes de los principales clubs llevan tiempo buscando vías alternativas de financiación. En 2021 creyeron haber dado con la tecla: la Superliga de fútbol europeo. Tenía que ser la panacea y se iban a resolver todos los problemas económicos. Sin embargo, cinco años después de anunciar la competición que debía revolucionar el negocio y generar más de 4.000 millones de euros por temporada, la Superliga se cierra sin partidos, sin calendario y sin trofeos. Al final la realidad se ha impuesto y tanto el FC Barcelona como el Real Madrid, que eran de los que más fuerte habían apostado, dieron marcha atrás y pactado con UEFA una vuelta ordenada al sistema “por el bien del fútbol europeo de clubes”. De este modo, el conflicto más profundo que ha vivido el fútbol continental moderno en décadas termina sin sanciones, sin indemnizaciones y, sobre todo, sin una ruptura estructural del sistema establecido.

No obstante, la falta de liquidez persiste y es ahí donde el inefable Florentino Pérez se saca un as de la chistera. En efecto, haciendo de la necesidad virtud y ante el fracaso evidente del primer equipo del Real Madrid con dos temporadas seguidas sin un triste título que llevar a las vitrinas, convoca elecciones por sorpresa, las gana y recupera un viejo proyecto que tenía aparcado: transformar el club en sociedad mercantil.

La ley obliga a los clubes que están en ligas profesionales a elegir entre ser una sociedad anónima deportiva o una asociación. Y ahí Florentino Pérez ha visto la oportunidad: llevar a cabo una operación en la que la Fundación Real Madrid pasaría a tener el 51% de las acciones, mientras que el 49% restante se lo quedarían los inversores. Se trata de una estrategia que, como ya anunció el presidente hace meses, busca proteger el patrimonio de la entidad.

El plan está todavía en una frase embrionaria y el club no ha dado pistas sobre si la operación se llevará a cabo finalmente. No obstante, por los mensajes que lanzó Florentino en su campaña electoral se ve venir un intenso debate en el planeta fútbol. ¿Club deportivo o empresa? Esa es la cuestión. Y es que los equipos solo pueden escoger entre esas dos opciones. El fútbol en nuestro país está regido por la Ley del Deporte, que exige que las instituciones que compiten en ligas profesionales deben constituirse como clubes deportivos (o asociaciones sin ánimo de lucro) o como sociedades anónimas deportivas (SAD).

Elegir la estructura jurídica de un club no es una decisión fácil. Es el armazón sobre el que se gestiona absolutamente todo, desde la contratación de jugadores, patrocinios, eventos, abonados o los derechos de televisión Sin una estructura adecuada, no puede haber gestión eficaz, lo que puede desembocar, más pronto que tarde, en la quiebra de la entidad.

El futbol profesional anda explorando un tercer modelo: la fundación deportiva con estructura societaria. Se trata de un sistema no consolidado en la práctica, pero que empieza a estar presente en el discurso jurídico y estratégico. De momento, ninguna entidad deportiva funciona bajo este modelo. La ley no prohíbe que una fundación deportiva se constituya como sociedad mercantil. Eso sí, siempre que dicha participación sirva para canalizar proyectos sociales, educativos o culturales vinculados al club.

Florentino es una de esas personas nacidas con una flor en salva sea la parte. Lo demostró con la Operación Reformista del año 1986, allí, después del fiasco, cual ave Fénix remontó el vuelo. Lo vimos, de nuevo, con el Proyecto Castor, un fallido almacén subterráneo de gas natural ubicado frente a las costas de Vinaròs (Castellón), que provocó más de 500 seísmos, lo que obligó a cancelar la operación y sellar definitivamente la infraestructura, pero se tuvo que indemnizar a la empresa ACS con 1350 millones de euros que se repercuten en el recibo del gas de los consumidores durante 30 años. Por no hablar del rescate de las autopistas radiales de Madrid que, de momento, nos cuestan 1.680 millones de euros a los ciudadanos de a pie y ¡qué raro! Ahí estaban las empresas de Florentino, Dragados y Construcciones con su filial Irídium.

Es lo que tiene saber relacionarse con el poder.

 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en EL TRIANGLE

01/07/2026

 

UN PLANETA MÁS ACOGEDOR

Vivimos una época de carreras armamentísticas, guerras, migraciones y crisis climáticas. Pero no acabamos de ser conscientes de que todos estos fenómenos están relacionados.

Los genocidios retransmitidos en directo, la inacción de los grandes poderes y la redistribución acelerada de la riqueza en favor de la clase multimillonaria nos advierten de que el fin del orden mundial establecido hace ahora casi ochenta años, llega acompañado de una sensación de fin del mundo por la catástrofe del cambio climático.

El desmoronamiento de la arquitectura política internacional de posguerra —visible en el deterioro de las instituciones multilaterales, el retroceso de las normas de cooperación y el ascenso de Los populismos— coincide con otro desastre evidente: el debilitamiento de la base ecológica del planeta. Son dos tendencias que se retroalimentan. La descomposición de las estructuras políticas ha desencadenado una carrera armamentística para controlar la seguridad, el poder y la tecnología que agrava la crisis climática y hace más que posible la desaparición del mundo, al menos como lo conocemos hasta ahora.

A lo largo de la historia, la humanidad ha pasado por toda clase de procesos; desde periodos de claro expansionismo imperial, hasta etapas de evidente cerrazón sobre la propia sociedad. Con esa experiencia acumulada sería deseable que no abandonásemos la idea del mundo como un proyecto abierto, un lugar compartido por encima de las diferencias. Cada vez más, la afirmación revolucionaria de que “otro mundo es posible” parece mutar en: “el mundo, tal y como es, es imposible”. La descomposición actual es devastadora porque dificulta mucho la posibilidad de imaginar un futuro plausible.

El síntoma más evidente de que cada vez hay más riesgos es la nueva carrera armamentística, que incluye, junto con las armas tradicionales, la inteligencia artificial, la vigilancia espacial y la guerra cibernética. La diplomacia está en franco retroceso, la seguridad se entiende como herramienta preventiva y el planeta Tierra, que ya sufre una crisis ecológica, está siendo víctima del mayor resurgimiento militar.

Desde Washington hasta Pekín y desde Moscú hasta Delhi, los gobiernos están dedicando unos recursos sin precedentes al presupuesto de defensa. La OTAN ha elevado su objetivo de gasto del 2 al 5% del PIB. España ha sido el único país que se ha negado a asumir ese aumento; aunque Madrid recibe cada vez más presiones para que incremente el gasto armamentístico.

A diferencia de algunos de nuestros vecinos europeos, los motivos del presidente del Gobierno para resistirse no son meramente económicos, sino también éticos e históricos. Los españoles, que todavía tenemos en la memoria cicatrices de la dictadura, nos sentimos incómodos ante la perspectiva de insertar la lógica militar en la vida civil. Para gran parte de las nuevas generaciones, los peligros que nos acechan son otros como, por ejemplo, la sequía, la inseguridad alimentaria, las desigualdades y la industria extractiva.

La carrera no es solo militar e industrial, sino que también se desarrolla en los ámbitos de la inteligencia artificial, las armas autónomas y la militarización de la órbita espacial. Estamos entrando en una era en la que la inteligencia, que es artificial, no rinde cuentas a nadie, por lo que la responsabilidad se evapora. Los gobiernos están haciendo inversiones inmensas en sistemas diseñados para predecir, anticiparse y castigar; es decir, para gobernar utilizando la amenaza. Las armas desarrolladas con IA desestabilizan ecosistemas enteros y combinan el genocidio y el ecocidio. Las granjas de servidores consumen enormes cantidades de electricidad, agua y tierras raras. La extracción de litio ya ha arrasado regiones enteras de Bolivia, Chile o la República Democrática del Congo. El objetivo de garantizar la seguridad nacional hace que el planeta sea cada vez más inseguro. El gasto militar en logística, pruebas de armas y flotas navales que se alimentan de combustibles fósiles sigue en aumento, pese a que hay que descarbonizar nuestras vidas para afrontar la crisis climática.

 A pesar de las evidencias, las guerras, el clima, la IA y las migraciones no se abordan nunca como elementos relacionados, sino de forma aislada. En consecuencia, se olvida lo obvio: que estos no son problemas paralelos y el rastro que dejan no es de un posible nuevo orden mundial, sino de la precariedad del planeta.

De forma generalizada, nos hacen promesas que luego se olvidan. Sin un orden mundial que medie entre la interdependencia ecológica y la rivalidad geopolítica, los países vuelven al extractivismo. Está desapareciendo el mundo propiamente dicho, no solo como idea, sino como ámbito en el que los seres se relacionan y nacen los significados. Las ruinas del mundo son recintos aislados: fortalezas nacionales, cajas de resonancia digitales, zonas militarizadas.

Si hay una salida, no es a través de la nostalgia. El orden mundial que se derrumba participaba en la dominación y la explotación. Lo que necesitamos es algo más profundo: refundar el mundo como un espacio de relaciones y cuidados. Resistirse a militarizar la imaginación es también negarse a ver la Tierra como una reserva de recursos o un campo de batalla. Reconstruir el mundo no significa restaurar lo perdido, es dejar claro que, incluso en medio del colapso, hay un mínimo de sentido. Todavía existen formas de relación y actuación que mantienen abierta la posibilidad de algo que no sea la guerra. Es posible que la carrera armamentística acapare los titulares, pero, si aún existe un futuro, no será de quienes gobiernan por la fuerza, sino de quienes se atrevan a vivir —con cuidado, con respeto y con los demás—, mientras quede algo de un planeta más acogedor.

 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en la web de CORTUM 01/07/2026

 

LAS INESCRUTABLES DECISIONES DE LA jUSTICIA

 

“La justicia es un cachondeo”, dijo, en 1985, Pedro Pacheco, en aquel entonces alcalde de Jerez de la Frontera. La frase generó un considerable revuelo mediático y una cierta alarma social. Ahora, con lo que estamos viendo y viviendo, aquella frase ha resultado ser una auténtica premonición.

No vamos bien. El Poder Judicial nunca ha sido de fácil comprensión para la ciudadanía, pero, desde hace un tiempo, la Justicia de nuestro país se ha convertido en algo inescrutable para la mayoría de los mortales. Con demasiada frecuencia, decisiones de los tribunales, que tienen que ver con affaires políticos, a los ciudadanos de a pie nos dejan perplejos.

Es el caso de Álvaro García Ortiz, ex fiscal general del Estado al que el Tribunal Supremo condenó, el pasado noviembre, por un delito de revelación de secretos. La sentencia firmada por cinco de los siete miembros del tribunal concluye que él “o una persona de su entorno inmediato y con su conocimiento” filtró un correo del abogado de Alberto González Amador; pareja sentimental de Isabel Díaz Ayuso, y que, al día siguiente, redactó una nota de prensa que también revelaba datos confidenciales de la misma persona. No obstante, dos magistradas consideraron que no existen pruebas de que García Ortiz fuera el autor material de la difusión del mail, y que el comunicado no constituye ninguna infracción. Mientras, González Amador, defraudador confeso de Hacienda, sigue campando a sus anchas sin que, de momento, nadie le haya pedido explicaciones.

No entraré a valorar las imputaciones que se hacen al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, primero porque están en una fase muy embrionaria y, segundo, porque existen bastantes probabilidades de que la investigación sea declarada nula por la forma cómo se obtuvieron determinadas pruebas. 

Una de las causas que más asombro está suscitando y más tinta está haciendo correr es la que mantiene abierta el juez Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez. El proceder del magistrado instructor constituye un auténtico despropósito judicial. Su última decisión ha sido poner en duda la integridad profesional de los escoltas, al sostener en su escrito de acusación que “podrían ayudar a huir a Gómez fuera de España”. Además de retirar el pasaporte a la encausada y exigirle que comparezca cada 15 días ante el juzgado. Como ha señalado Baltasar Garzón: “Si Pedro Sánchez no fuese presidente del Gobierno, ese caso no hubiese llegado nunca hasta donde está”.

Otro caso que está a la espera de sentencia es el que se ha seguido contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por las supuestas irregularidades en la creación de un puesto de alta dirección en la Diputación de Badajoz en 2017. Quizás aquí habría que recordar que en aquel tiempo Pedro Sánchez, por no ser, no era ni diputado. Por cierto, la persona presuntamente perjudicada por aquella decisión presentó la querella en 2024, es decir, siete años después. Que cada cual saque sus propias deducciones.

Con todo, la sentencia que ha copado las portadas de todos los medios, artículos, columnas, tertulias y un largo etcétera es la que ha hecho pública el Tribunal Supremo sobre el affaire conocido como “Caso mascarillas”. Es innegable que es un auténtico torpedo en la línea de flotación del Gobierno y en estos momentos resulta imposible hacer una valoración de la consecuencias que pueda tener, ni siquiera aproximadas. De todas formas, sorprende por su contundencia y dureza con el exministro Ábalos y su mano derecha Koldo García. Nada que objetar. El fallo explica con claridad cómo funcionaba la trama de esos sinvergüenzas: el corruptor –el empresario Víctor de Aldama– y los corrompidos –Ábalos y Koldo–. Los tres se aprovecharon de la crisis sanitaria de la pandemia para adjudicar contratos de mascarillas a dedo para Aldama y este compensaba a sus socios con las correspondientes comisiones. Lo sorprendente es que Aldama se libre de entrar en prisión después de haber obtenido 3,7 millones de euros de manera ilegal. Como también irrita que no pague por haber mentido en diversas ocasiones en sus declaraciones como demostró la UCO. También enerva que no tenga que devolver la cantidad defraudada. Por todo eso, la argumentación del Supremo de que colaboró con la justicia es muy débil. lo que da pie a pensar que hay un trato de favor.

En este contexto, puede resultar muy clarificadora la actitud de Víctor de Aldama saliendo feliz del tribunal, parándose ante la prensa para mostrar su alegría y lanzar una frase que no ha pasado inadvertida en el mundo político: “Estoy satisfecho con la sentencia, y espero que con ella los que vienen detrás colaboren”.

Se puede decir más alto, pero no más claro.

 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 29/06/2026

IZQUIERDAS DESNORTADAS

Estamos a las puertas de un nuevo ciclo electoral. El próximo mes de mayo habrá elecciones municipales en toda España, autonómicas en varias regiones y las generales, tal y como están las cosas, pueden ser convocadas en cualquier momento.

Como no puede ser de otra manera habrá que recargar las pilas y dar la batalla. Pero no podemos pecar de incautos y hemo de admitir que la situación que se está viviendo desde la izquierda no es la mejor para afrontar un proceso electoral como el que nos espera.

No se trata, tan solo, de los casos de corrupción, compadreos diversos e investigaciones judiciales que en los últimos tiempos están poniendo en jaque al Gobierno que, con ser graves, no son lo peor. Estoy pensando en algo mucho más estructural y profundo: el progresismo en conjunto padece una crisis de identidad que está arrastrando a la izquierda en general y a la socialdemocracia en particular a la marginalidad. Las izquierdas están desnortadas, y así es materialmente imposible hilvanar un proyecto político que ilusione y pueda ser el embrión de un programa que reconecte a la ciudadanía con la política.

En cambio, la derecha, en especial la extrema, ha construido un relato en el que hace responsable de todos los males que nos aquejan a la élite política, al feminismo y a los inmigrantes. Esos son, a su modo de ver, los causantes de todas nuestras desgracias.

Y les funciona. Lo hemos podido comprobar en el miniciclo de elecciones autonómicas que se inició el pasado mes de diciembre en Extremadura y acabó el 17 de mayo con los comicios en Andalucía, después de haber ido a las urnas en Castilla León y Aragón. En todos esos lugares, los resultados para las fuerzas progresistas han sido malos y la derecha ha crecido. Y por si no hubiera bastante con esa muestra, todas las encuestas sin, prácticamente, ninguna excepción dicen lo mismo: la derecha extrema crece.

Vox se creó en 2013, pero durante los peores años de la crisis y los recortes, no despertó ningún entusiasmo en la ciudadanía. Sin embargo, el partido de Santiago Abascal ha mutado, y ya no es aquella organización que creció a rebufo del independentismo catalán. Para entender su desarrollo es necesario tener en cuenta la lenta gestación de un clima cultural y político que ha facilitado la popularidad de un partido de extrema derecha en España. Entre los fundadores de Vox se encuentran el propio Abascal y Alejo Vidal-Quadras, ambos procedentes del Partido Popular. El motivo que los llevó a abandonar el PP fueron las “concesiones” de los populares a los nacionalismos: Tanto Abascal como Vidal-Quadras comparten la visión de una España uniformista, sin matices, defensores del nacionalismo español más rancio, conservador, y tradicionalista. Aquel del “Santiago y cierra España”.

Nunca lo sabremos y jugar a especular suele ser sinónimo de perder el tiempo, pero es más que probable que sin el procés secesionista en Cataluña Vox no estaría hoy dónde está. A muchos ciudadanos aquellos sucesos les supuso abrir los ojos ante la cuestión nacional y muy pronto llegaron a la conclusión que la extrema derecha era quién mejor podía preservar la unidad de la patria.

Pero quedarnos ahí sería muy superficial. Desde aquel momento la derecha extrema ha ido ganando adeptos y en la actualidad el voto de Vox es tan transversal como el del resto de partidos; igual que lo es el voto por opciones análogas en otros países; como lo fue la mayoría que escogió a Trump. Sus votantes son personas en situación laboral precaria, pero también tiene profesionales, directivos o titulados superiores y, asómbrense, también se nutren con los votos de ciudadanos procedentes de la inmigración e incluso los votan los hijos de esos inmigrantes.

En un porcentaje muy importante, el votante de Vox es una persona que desea resolver los problemas sociales —inseguridad, vivienda, calidad de los servicios públicos—; algo compartido por la inmensa mayoría. La diferencia fundamental entre unos y otros estriba en que para unos todo eso se ha de generar dentro de unas normas establecidas de libertad y pluralismo, mientras que para los otros la autoridad debe ejercer el poder sin demasiados miramientos.

A todo esto, deberíamos añadir el desencanto de importantes segmentos de la clase trabajadora que han visto como sus referentes políticos pasaron de querer acabar con el capitalismo a hacerlo más justo (¿recuerdan? Bajar impuestos era de izquierdas).

Para que se entienda bien y no nos perdamos en disquisiciones metafísicas: los gobiernos del PP encabezados por José María Aznar fueron los que crearon la burbuja inmobiliaria. Cierto. Ahora bien, los que vinieron después no se preocuparon de pincharla hasta que les estalló en la cara. A cada cual lo suyo.

De todos modos, no quisiera acabar este breve análisis sin dejar una reflexión sobre la mesa: desde 2018, en nuestro país hay un gobierno de coalición y progreso. Todos conocemos los sucesos que en estos años se han tenido que afrontar, empezando por la pandemia de la Covid 19, hasta el cierre del estrecho de Ormuz, con un largo etcétera de por medio y todos vemos, también, como está el país. Llegados aquí me pregunto, ¿cómo estaríamos ahora, si en ese tiempo hubiese gobernado la derecha?

 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 22/06/2026

 

 

EVITAR LA GANGRENA

Muchos de los que empezamos a tener una edad, recordamos con indignación no disimulada cuando, un día de febrero de 1998, Luís María Anson reconoció públicamente que un grupo de plumíferos se conjuraron para, desde diversos medios de comunicación, poner en jaque al Gobierno de Felipe González hasta hacerlo caer. Obsesionados por alcanzar su objetivo, no regatearon en medios legítimos o ilegítimos, todo valía con tal de lograr su meta.

Aquella información que, en principio, algunos trataron de fantochada se confirmó cuando los exministros José Barrionuevo y Rafael Vera hicieron públicas unas cintas con conversaciones privadas. En ellas, Anson ampliaba la confesión e insinuaba oscuros planes impulsados por figuras como Mario Conde para derrocar a González.

El conocimiento público de aquellos hechos causó un terremoto político conocido en su momento como "la ansonada", provocando debates sobre la ética profesional y la manipulación de la opinión pública.

Pero eso ya es pasado. Ahora llevamos meses viendo como un grupo de sinvergüenzas han aprovechado que llevaban el carné del partido socialista en el bolsillo y han ocupado importantísimos cargos en el Gobierno de coalición y progreso para meter la mano en la caja y, no contentos con esas fechorías, se compincharon con otros personajes de su misma catadura moral y política con la idea de organizar una trama al más puro estilo de la Cosa Nostra y levantar una especie de  muralla que, supuestamente, debía proteger al partido y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez de posibles ataques, investigaciones judiciales o agresiones de cualquier tipo.

De nuevo la historia se repite, la posibilidad de que algunos desalmados con el marchamo de socialistas se muevan en esos ambientes tan poco virtuosos, ha sido el detonante para que las derechas políticas, judiciales y mediáticas sumen esfuerzos y quieran hundir políticamente al PSOE, derribar al Gobierno elegido de manera democrática y matar civilmente a su presidente. De lograrlo, el camino a la Moncloa quedaría expedito y los Feijóo y Abascal junto con sus adláteres podrían instalarse allí durante mucho tiempo.

A estas alturas, poco importa lo que haya de verdad o de conspiranoico en toda esta historia, se trata de establecer un relato que cale en la opinión pública. Por eso, los “ansones” del siglo XXI y sus conmilitones andan ocupados mezclando mentiras, verdades y especulaciones para construir una ficción que parezca verosímil. Algo muy similar a lo que ocurrió con los Papeles del Pentágono, entonces se puso de manifiesto el poder de una mentira organizada sobre un hecho: la guerra de Vietnam. Aquella manipulación impulsó a Hannah Arendt a escribir su ensayo “La mentira en política. Reflexiones sobre los documentos del Pentágono”, publicado en 1971. En ese escrito, Arendt analiza como las mentiras se utilizan por sistema en política para manipular la percepción pública y llevar la atención donde a un individuo y/o grupo le interesa. La filósofa alemana nos muestra de qué manera la mentira crea una realidad alternativa y acaba perjudicando la confianza en las instituciones y la legitimidad política.

En estos tiempos de posverdad que nos han tocado vivir, la distorsión de la verdad se repite de forma indecente. Lo vimos con claridad meridiana con Donad Trump. El líder norteamericano dijo hasta la saciedad que las elecciones de 2020 fueron “robadas”, a pesar de las pruebas que decían lo contrario. Incluso, cuando la Comisión de Investigación sobre el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 hacía públicas sus conclusiones, Trump, lejos de rectificar, seguía insistiendo en presentar los hechos como un intento descarado de desviar la atención del público de la verdad. “Para él la mentira se ha convertido en una estrategia política deliberada, destinada a dar forma a la narrativa que le conviene, con independencia de los hechos”, sostiene Máriam Matínez-Bascuñán, en su magnífico libro “El fin del mundo común” (Taurus).

No se trata de minimizar toda la bazofia que está surgiendo en el entorno del partido socialista. Al contrario, es necesario llegar al fondo de todas y cada una de las cuestiones que un día sí y otro también nos informan los medios y desinfectar, sin miramientos, todo lo que esté podrido, se llame como se llame quien esté detrás y sean cuales sean los motivos que han llevado a cometer semejantes tropelías.

Sin embargo, sorprende el mutismo que se ha impuesto en Ferraz y la falta de explicaciones políticas de la dirección del partido. Hay que evitar la gangrena política a toda costa. Pero todo eso se ha de hacer con medida, preservando la presunción de inocencia y dejando trabajar a la justicia. No es admisible una caza de brujas.

Cuando la ciudadanía pierde la confianza en las instituciones y desconfía de sus líderes y gobernantes llega la desafección, entonces los progresistas se desmovilizan y la reacción inmediata de la gente de izquierdas es no ir a votar “porque que todos los políticos son iguales y lo mejor es quedarse en casa”. No nos equivoquemos, la abstención no es neutral y eso es lo que da chance a la derecha para ganar las elecciones. Justo lo que están buscando ahora, con ahínco, los “ansones” del siglo XXI.

 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 15/06/2026