HUELGA GENERAL

 

Cuando estas líneas vean la luz, faltarán menos de 48 horas para que en nuestro país se lleve a cabo una huelga general. En un principio fue la Confederación de Sindicatos de Inquilinas la convocante. El desahucio de Maricarmen Abascal, una anciana de 87 años, que tuvo que marchar del que había sido su hogar toda la vida, por la codicia desmesurada de una inmobiliaria, y que falleció a los pocos días de ser desalojada, fue la chispa que encendió la hoguera de un malestar enquistado, desde hace muchos años, por los precios inasumibles de la vivienda para la mayoría de los mortales. Tras unos titubeos iniciales los sindicatos UGT y CC OO se sumaron a la convocatoria para denunciar la carestía de la vida y exigir unos salarios dignos, así como prestaciones y pensiones en relación con el aumento del coste de vida y de la vivienda.

Hasta aquí la narración sintética de lo acontecido hasta la fecha. No obstante, sería absurdo obviar que esta convocatoria tiene una franca deriva política porque pocas horas después comenzará la campaña de las elecciones generales que se celebrarán el 29 N. Veamos.

Las huelgas nunca han gustado a la gente de derechas. Esas movilizaciones pueden perjudicar sus intereses. Son ellos, directa o indirectamente, los dueños de los centros de producción y, cuanto paran, su cuenta de resultados se resiente. La clase trabajadora, sin embargo, pone la cara y se resigna a que les descuenten, de promedio, una jornada laboral y media por cada día de paro por defender aquello que consideran justo.   

Ante esta situación, al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo le faltó tiempo para pedir a los sindicatos que desconvoquen la huelga general del próximo día 11 por la tragedia ferroviaria de Urda. “No cuestiono el derecho constitucional de huelga. Cuestiono el sentido de la oportunidad”, dijo Feijóo en un desayuno informativo en Madrid, y lanzó un claro mensaje a las centrales sindicales diciéndoles: “Y por eso quiero dirigirme directamente a los sindicatos: reconsideren esa huelga, convocada contra la oposición, tal y como ha confirmado la directora de la campaña del PSOE. Antes era incomprensible. 69 muertos después, es un grave error”.

Me pregunto porque el bueno de Feijóo no se dirigió a los caseros para pedirles que rebajen sus ansias de ganar dinero a la hora de fijar un alquiler y a los empresarios para que no racaneen tanto cuando negocian los salarios. Pero no. El líder de los populares dijo que no busca “abrir ningún frente” con los agentes sociales, aunque lanzó un aviso velado porque según dijo: “necesitaré interlocutores sindicales responsables con los que se pueda sentar a hablar, dialogar, discrepar y aprobar: Si esos interlocutores sociales inician la legislatura con un problema reputacional, serán más débiles”. En opinión del líder popular,   “las huelgas generales no se convocan contra quien no gobierna” ―aquí Feijóo parece que se ha despistó porque en realidad, esta huelga es contra la carestía de la vivienda y el coste de la vida—, pero hoy “la situación es todavía más grave, ya que tras el accidente de Urda han quedado a la vista las debilidades profundas del sistema, cuya responsabilidad política, sostuvo el jefe de la oposición, “corresponde exclusivamente al Gobierno”.

Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, que no es precisamente un fino orador ni un consumado diplomático, amenazó a los sindicatos al decir que si siguen adelante con la huelga general del 11 de noviembre. “Tomaremos nota si hay un cambio de ciclo en España”, en clara alusión a un posible cambio de Gobierno tras las elecciones del 29 de noviembre. O sea, la amenaza como argumento político.

Como no podía ser de otro modo, los sindicatos no tardaron en responder. Así para Pepe Álvarez, secretario general de UGT, el planteamiento de Feijóo es “insultante”. “La verdad es que no ha dado un argumento de fondo”, dijo Álvarez para señalar que “no vamos a desconvocar la huelga general, no hay ninguna razón para desconvocarla”.

Mientras que el secretario general de CC.OO. Unai Sordo, también respondió a Feijóo sobre la inversión en servicios públicos y le emplazó a que no gobierne con un partido (Vox) que defiende una rebaja fiscal. ” ¿Usted está dispuesto a gobernar con un partido que dice que hay que rebajar los ingresos fiscales del Estado en 64.000 millones de euros, un 4 % del PIB? ¿Con qué recursos va a afrontar, por tanto, el refuerzo de las infraestructuras públicas?”

Pero no han sido solo los sindicatos los que han rechazado de plano la propuesta de Feijóo, ha sido toda la izquierda, sin excepción, la que con dureza ha criticado al líder del PP.

Quizás esa ola de indignación está perfectamente condesada en las palabras de la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón que ha calificado de “indecencia moral y política” la petición de Feijóo utilizando el accidente y a las víctimas para “atacar a los trabajadores”.

 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 9/11/2026

EUROPA ARDE

Una corriente de malestar, desconfianza e indignación está sacudiendo a Europa. El detonante fueron unas protestas estudiantiles en Francia que muy pronto se mezclaron con otras cuestiones que atenazan a la sociedad. La mecha prendió con especial virulencia en el departamento de Seine-Saint Denis, la provincia más pobre del país, la que tiene más inmigrantes y más jóvenes con la sensación de haber perdido el tren del futuro.

Media Europa ha salido a la calle en las últimas semanas. Desde Grecia hasta Bélgica, pasando por Albania, Francia, Portugal y España. Como sostiene Joaquín Estefanía, “casi siempre se empieza por un minúsculo conflicto que se extiende como la pólvora”. 

Las reivindicaciones varían de un país a otro, pero existe un hilo conductor: vivienda, educación y el coste de la vida. Francia ha sido el centro de las concentraciones por la educación y el coste de la vida. En España, el foco es la vivienda; la primera gran manifestación del otoño se celebró el 26 de septiembre, tras el desahucio de Maricarmen y reunión a, al menos, 25.000 personas en Madrid, según la Delegación del Gobierno (el Sindicato de Inquilinas contabilizó 300.000). Hasta esa fecha, ha sido la mayor protesta en una ciudad de este ciclo, y ha inspirado a manifestantes de Portugal e Italia. Mientras que en el este del continente, los motivos son otros: la corrupción es el problema principal en Albania y Serbia. En Alemania, las concentraciones son, de momento, más pequeñas, aunque van in crescendo.

Los estudiantes han protagonizado buena parte de las protestas, pero se han ido sumando sindicatos, docentes y otros colectivos. Coinciden en el tiempo y comparten reclamaciones, pero responden a conflictos nacionales distintos y no forman un movimiento coordinado. Que las movilizaciones sean en otoño tiene una explicación: “Los estudiantes vuelven a los centros, las redes organizativas se activan y los cambios en las tasas, las ayudas y las condiciones de estudio se vuelven inmediatamente tangibles”, apuntan desde la Unión Europea de Estudiantes.

Es cierto que existe una brecha generacional, pero es, también, una lucha de clases. Muchos de los jóvenes que han salido a las calles de París, Madrid, Milán, Lisboa… (Provienen en parte de las clases medias) opinan que bastantes de los antiguos obreros se han aburguesado, tienen cosas (casas) que perder, y, por lo tanto, no pueden formar parte de la vanguardia política. No se esconden: Lo expresan delante de las televisiones y en las redes sociales. La juventud interclasista, contradictoria, transversal ha debido tirar del carro en más de una ocasión (vivienda, chalecos amarillos, educación, sanidad, etcétera), arrastrando a los sindicatos tradicionales para que se movilicen. Aunque hay jóvenes de formación marxista entre los indignados, la mayoría retoma los valores fundamentales de la Revolución Francesa (libertad, igualdad, solidaridad).

Una vez más, en las legítimas protestas estudiantiles, se han infiltrado agentes provocadores para generar violencia. El Gobierno francés señaló grupos coordinados, encapuchados y vestidos de negro, transformando las protestas estudiantes del 17 de octubre en disturbios, incendios y saqueos. Las redes prorrusas no han parado de difundir los acontecimientos añadiendo relatos falsos, pero no fueron el origen de la manifestación. Fue una movilización genuina de personas enfadadas con las instituciones del Estado por motivos legítimos, utilizadas por diferentes actores para instalar su versión alternativa de la realidad.

Aquí los instigadores fueron un grupo desconocido denominado “Blocus”, que convocó por las redes para vandalizar y robar comercios en Barcelona (días después en Bilbao) y provocar incendios en diversos establecimientos, pero no lo hicieron ni por la educación, la sanidad o la vivienda... Según los Mossos, convocaron a través de Tik Tok y distribuyeron instrucciones precisas de cómo vestir, cómo actuar, y los objetivos a saquear por canales de WhatsApp y Telegram. La táctica fue muy similar a la utilizada para la campaña que logró que unas 80.000 personas cruzaran de Marruecos a Ceuta. Hoy, en día, todo eso es posible con un grupo de personas entrenadas en IA y un ordenador.

El contrato social que se puso en marcha tras la Segunda Guerra Mundial está obsoleto. Hace falta un nuevo pacto que amplíe el Estado del bienestar a aspectos tan centrales como el ecologismo, el feminismo o derechos como el de la vivienda, no solo como principios rectores. Sus partidarios están en contra de una interpretación de la sociedad en términos economicistas y en contra de la identificación de la democracia (y la libertad) con el mercado; consideran que la solidaridad implementa la eficacia, y entienden que el ciudadano es mucho más que un número. Si queremos revertir la situación debemos dialogar, establecer puentes y ser autocríticos, sin por ello renunciar a valores que son conquista histórica de la humanidad. La mayoría de los jóvenes condenan el genocidio en Gaza. Y se sienten preocupados por la crisis ecológica global. Pero debemos constatar que nuestras instituciones gastadas han perdido su legitimidad en la mente de nuestros jóvenes. Y, por consiguiente, proceda su reconstrucción.

 

 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 02/11/2026

 

EN BUSCA DE LA CENTRALIDAD PERDIDA

Desde que, el pasado mes de julio, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dio el aval a la ley de amnistía, aprobada en el Congreso de los Diputados para exculpar a los líderes independentistas catalanes, la idea de que, más pronto que tarde, Carles Puigdemont pudiera volver a Cataluña ha ido tomando carta de naturaleza. Por ese motivo, a primeros de septiembre, con tanto sigilo como determinación, se iniciaron los contactos para acercar la élite empresarial de Cataluña al partido de Carles Puigdemont, JxCat.

En las conversaciones llevadas a cabo en la primera semana de octubre, la patronal, aprovechando la ocasión, presionó para que el grupo parlamentario de Junts en el Congreso votase en contra de los decretos que sobre vivienda iba a presentar el Gobierno central. Eso explica el cambio de posición de los diputados “juntaires” horas antes del Pleno. Al fin y al cabo, para la inmensa mayoría de empresarios y clases pudientes, el mercado de la vivienda es un parte más de su entramado de intereses.

Las clases burguesas catalanas añoran aquellos tiempos en que negocio y política iban de la mano. La entente entre CiU y el mundo financiero catalán generó unos resultados excelentes para ambas partes durante la larga estancia de Jordi Pujol al frente de la Generalitat. Luego, con la desaparición de CiU y los años turbulentos del procés todo quedó en agua de borrajas. La fiebre independentista hizo que el centro político nacionalista catalán quedara desierto. Sin embargo, ahora, que existe una cierta normalidad política en Cataluña, determinados sectores sociales, entre los que no falta ni la élite empresarial ni las clases más acomodadas (en realidad, dos caras de la misma moneda) están moviendo resortes para recuperar aquel espacio de centroderecha que ocupaba Convergencia y, para lograrlo, nadie mejor que los herederos de la coalición que hizo posibles tan suculentos negocios, JxCat.  

El primer paso para recuperar aquella centralidad es potenciar un partido político con un líder que tenga tirón popular y sea sensible a los intereses del empresariado y el mundo de las finanzas. Y ahí, todas las miradas están puestas en Carles Puigdemont porque, de momento, no hay nadie más.

Hace unos días que el juez Pablo Llarena levantó la orden de detención al expresident y los dos “exconsellers”, Lluís Puig y Toni Comín que le acompañaron en el teórico exilio por lo que ya pueden volver a España, y así lo hicieron. El primero tuvo su minuto de gloria cuando apareció en el Parlament para ocupar su escaño. Mientras que Comín fue a Madrid para acatar la Constitución; la misma que él y otros diputados independentistas derogaron en el Parlament de Catalunya los días 6 y 7 de septiembre de 2017, solo así podía recuperar el acta de parlamentario europeo y el sueldo, las dietas y el apoyo logístico que conlleva.  

Tanto uno como otro han fanfarroneado de la victoria del independentismo frene al Estado. Olvidando que, si no hubiese sido porque un Gobierno progresista puso en marcha la ley de amnistía, seguirían en el extranjero.

Mientras tanto, en el entorno de Puigdemont están valorando cuando le será más rentable regresar. Con tantas fechas “históricas” que nos dejó el procés hay dónde escoger. No obstante, va ganando fuerza la idea de que sea después del 29-N, no vaya a ser que en esos comicios los resultados no sean boyantes para Junts y atribuyan al expresident el batacazo. Además, si vuelve en plena contienda electoral, difícilmente miembros de otros partidos querrán participar en los fastos. Sin embargo, si lo hace en otra época, la concurrencia puede ser más numerosa.

Puigdemont ya ha dicho que quiere hacer un recorrido por el país “para tomar el pulso al territorio”, y qué luego no piensa ejercer de líder de la oposición. Está claro que eso de ir al Parlament y tragarse alguna que otra sesión soporífera, preparar intervenciones para rebatir a Salvador Illa, arremangarse y batallar en la política de las cosas o hacer propuestas para solventar asuntos como la vivienda, la dependencia o los problemas de Rodalies que son los temas que preocupan a los catalanes no va con él. Lo suyo son las grandes hazañas como huir de la justicia escondido en un coche y vivir a cuerpo de rey en una residencia con un alquiler de 30.000 euros mensuales.

Ahora bien, si no le interesa ejercer de líder de la oposición ¿por qué se ha hecho guardar un escaño en el Parlament y no ha permitido que otro diputado ocupe su lugar?  

Vienen tiempos muy complejos para Junts, con un líder que no quiere bajar a la arena y sin nadie de su entrono capaz de asumir esa responsabilidad. Mucho me temo que aquellos que añoran la época dorada del pujolismo y sueñan reeditarlos con Puigdemont recuperado, deberán ir pensando en otro cesto para poner los huevos, porque para ellos esto va de negocios más que de política. Se trata de tener una brillante cuenta de resultados.  Lo demás, en realidad, les importa entre menos y nada.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 26/10/2026

 

CAMBIO DE PARADIGMA

La ultraderecha está exultante: En quince días han ganado dos elecciones regionales en Alemania, mientras que la Democracia Cristiana (CDU) se ha desplomado y quedado fuera de un parlamento regional. En Francia, todos los estudios demoscópicos dan a la Agrupación Nacional de Marine Le Pen como favorito para ganar las próximas elecciones presidenciales que se celebrarán en primavera; y en nuestro país los nostálgicos del franquismo ya salivan imaginando el resultado de las legislativas de 2027.

En América Latina, la extrema derecha ha vencido en los últimos siete ciclos electorales y en Brasil el ultra conservador, Flavio Bolsonaro, ha ganado en la primera vuelta de las presidenciales al izquierdista Lula da Silva.  

Sin embargo, a la vez que la tormenta arrecia, en forma de buenas expectativas para la extrema derecha, se empiezan a ver algunos tímidos brotes verdes que invitan a un optimismo contenido. Es el caso de Suecia, donde la socialdemocracia ganó las elecciones hace unas semanas, la derecha extrema bajó por lo que el centro izquierda puede volver a gobernar si son capaces de armar una coalición que dé soporte al gobierno. 

Algo similar ha sucedido en Berlín, allí, el partido de Izquierdas, Die Linke, encabezado por Elif Eralp, una abogada alemana de origen turco se impuso con un 24 a 25,8 % de los votos frente al 20 % de la Unión Cristianodemócrata (CDU) y un modestísimo 12% de los socialdemócratas del SPD, en los comicios locales. Eralp hizo del sentido común, preservar la convivencia y lograr vivienda asequible su divisa electoral

No se trata tan solo de un cambio político o cultural. Estamos ante un cambio de paradigma. Se difunden de manera incontrolada mensajes e ideologías que mistifican la realidad y manipulan a la gente Poniendo en tela de juicio los valores que llamamos progresistas y que son, en realidad, afirmación de libertad, igualdad y fraternidad y que en las redes sociales tienen un magnífico caldo de cultivo. Ahora bien, esas redes no son causa del éxito del mensaje, aunque amplifican su efecto considerablemente. La eficiencia de cualquier mensaje depende de la receptividad y predisposición de quienes lo reciben.

Vivimos una época de cambios acelerados que están transformando nuestra cotidianeidad. Las desigualdades aumentan y eso erosiona la confianza en las instituciones que, con demasiada frecuencia, se ven sacudidas por la corrupción y la sospecha permanente, tanto da que sea o no justificada. Además, a la ciudadanía le quedó marcado a fuego el hecho de que en la crisis de 2008, desde las instituciones se priorizase la atención a las empresas y la banca antes que a las personas a las que se les impuso el austericismo. 

En este contexto, aunque la economía crezca, con la automatización y la incorporación de las nuevas tecnologías y las empresas hayan aumentado su producción de forma exponencial, en los últimos cincuenta o sesenta años los salarios han evolucionado a la baja en comparación con el incremento del coste de la vida. O dicho de otro modo, a pesar de que la riqueza nacional crece, el dinero se lo quedan los de siempre.

La cuota por ingresos del trabajo ha pasado de representar aproximadamente dos tercios del PIB global a principios de los años 80, a situarse cerca del 52% en la actualidad, es decir, poco más de la mitad, la tasa más baja de la serie histórica de acuerdo según  datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Los expertos de ese organismo opinan que si hoy los trabajadores recibieran la misma proporción en masa salarial que en el 2004, sus bolsillos tendrían 2,4 billones de dólares más.

La derecha extrema, con la complicidad de la derecha más convencional, nos quieren asustar al hablar de una supuesta “invasión” de inmigrantes por la frontera sur (ahí está el affaire Ceuta), pero lo cierto es que en España las entradas irregulares, que no “ilegales” —porque no suponen ningún delito—, representan una ínfima parte de la inmigración, que mayoritariamente accede al país por vías regulares. El 94% de los inmigrantes –con permisos de residencia, en trámites de conseguirlos o simpapeles– entraron en el país por aeropuertos con visados o sin ellos (para la gran mayoría de países latinoamericanos no se exigen) pero, tras cumplir el periodo máximo de estancia, se quedan en nuestro país.

Seamos claros, quien más sufre las carencias del Estado del bienestar es la gente joven: falta de vivienda, precariedad laboral y sueldos bajos. Por lo tanto, deberíamos iniciar un proceso de acercamiento para dialogar, establecer puentes y ser autocríticos, sin por ello renunciar a valores que son conquista histórica de la humanidad. Y no estaría de más comenzar admitiendo que nuestro sistema institucional se ha deteriorado, está desgastado y necesita una puesta a punto. O sea, un cuidadoso proceso de rehabilitación que hemos de hacer entre todos.

No veo otra posibilidad.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en EL TRIANGLE 21/10/2026

 

LA MALA SALUD DE HIERRO DE LAS PENSIONES

Cada vez que hay elecciones generales en España, la sostenibilidad del sistema público de pensiones se pone en cuestión. Algo muy preocupante porque tanto las pensiones como la vivienda, la educación o la sanidad son pilares básicos del Estado del bienestar y, por consiguiente, su aplicación y desarrollo deberían estar basados en acuerdos, como mínimo, de los dos grandes partidos nacionales. Sin embargo, en un clima de polarización como el que estamos viviendo eso es una entelequia.

La controversia, en nuestro país, sobre si las pensiones son viables o no viene de lejos. En la década de los 90, las entidades financieras y sus empresas afines, jaleadas por los palmeros de la derecha, nos advertían de la inviabilidad del sistema público de pensiones. El envejecimiento de la población comportaría la quiebra de la Seguridad Social. Por eso, sugerían la conveniencia de contratar un plan de pensiones privado, para no llegar a la jubilación y encontrarse sin cobertura económica y, de paso, ellos hacían caja.

Pero resulta que se está acabando 2026 y el sistema goza de una mala salud de hierro. No ha sido fácil llegar hasta aquí: en 2012, con el PP en el Gobierno las pensiones se congelaron, mientras que en 2013 subieron un pírrico 1% en 2013 debido a la crisis financiera, nos dijeron. Acto seguido, el Ejecutivo de Mariano Rajoy puso en práctica el Índice de Revalorización de las Pensiones limitando la subida al 0,25%

Al llegar el PSOE al Gobierno, las pensiones empezaron a recuperarse: 1,6% en 2019; 0,9% en 2020 y 2021. En 2022 se aprobó por ley que las pensiones se revaloricen automáticamente cada año según el IPC medio interanual para proteger el poder adquisitivo. Esto ha traído incrementos destacados como el 2,5% en 2022, el 8,5% en 2023 (por la alta inflación previa) y ajustes posteriores rondando el 2%–3% (como el 2,7% en 2026. Los números son elocuentes: desde que el partido socialista gobierna las pensiones contributivas han aumentado de manera acumulada entre un 24% y un 25% en los últimos 7 años (desde 2019 hasta 2026) impulsadas por la indexación al Índice de Precios al Consumo (IPC)

Ahora, a la puerta de unas nuevas elecciones generales el debate se ha recrudecido y mientras Pedro Sánchez asegura que si él sigue en La Moncloa el aumento de las pensiones según el IPC está garantizado, la derecha y la extrema derecha vuelven a cuestionar el sistema.

En el partido de las contradicciones (PP), mientras que Núñez Feijóo dice que si él llega a la Moncloa el aumento de las pensiones según el IPC está garantizado, la portavoz en el Congreso, Ester Muñoz asegura que el modelo está colapsado y hay que cambiarlo, ¿en qué quedamos? ¿A quién hacemos caso? Desde luego, la trayectoria de los populares cuando gobernaron y, muy especialmente, la gestión que hicieron de las pensiones ni genera confianza ni da pie al optimismo.

En cambio en Vox lo tienen claro: según su portavoz económico, José María Figaredo, “El sistema de pensiones es un zombi. Lo han quebrado”. Para corregir esos supuestos defectos, la portavoz en el Parlamento, Pepa Millán, no se esconde y plantea una reforma estructural hacia un modelo mixto que combine el reparto con la capitalización individual, como han hecho otros países europeos y es cierto. Pero no explican que para aplicar esos modelos se requiere una participación del empresariado que aquí ni en el mejor de los sueños sería posible.  Seguramente piensan copiar el sistema que se ensayó en el Chile de Augusto Pinochet que quebró. 

En el año 2023, el entonces ministro de la Seguridad Social, José Luís Escrivá, con el visto bueno de los sindicatos, los socios del Gobierno, la opinión favorable de la Comisión Europea y el criterio contrario de los empresarios, llevó a cabo una reforma del sistema público de pensiones para adecuarlo a los tiempos que corren, pulir las deficiencias que han ido apareciendo y hacerlo sostenible para muchas décadas. Con esa reforma se despejaban algunas incógnitas que podían ensombrecer su futuro.

A lo largo del tiempo se ha demostrado que nuestro modelo de pensiones públicas es sostenible y lo será para los que vienen detrás nuestro, mientras que las prestaciones destinadas a pagar pensiones, más una cantidad dedicada a la gestión sean igual a los ingresos. Los servicios sociales –y las pensiones públicas pertenecen a ese ámbito- ni pueden estar sometidos a la lucha política, ni deben ser una mercancía a disposición de aquellos que la puedan comprar, tampoco son una asistencia social y, en ningún caso, una caridad para aquellos con menos recursos. Los servicios sociales son derechos ciudadanos y tienen que ser universales, disponibles e iguales para todos.

 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 19/10/2026

 

CONTRATO SOCIAL O PRIORIDAD NACIONAL

Pedro Sánchez ha hecho lo correcto al convocar elecciones generales para el 29 de noviembre, La caída de los decretos sobre vivienda, en el Congreso de Diputados, conducía a un bloqueo de una legislatura ya muy cuestionada por la inestabilidad parlamentaria del Gobierno. La polarización que estamos viviendo hará que sean unos comicios plebiscitarios: Pedro Sánchez, sí o no.

Estamos ante un súper ciclo electoral. Un tsunami generado por la extrema derecha está sacudiendo el statu quo político en vigor. En Suecia, aunque los socialdemócratas ganaron por la mínima las elecciones, están siendo incapaces de armar una coalición que dé soporte al gobierno. Hemos visto los resultados de las elecciones regionales en Alemania. Hace unos días el ultra conservador, Flavio Bolsonaro, le ganaba la primera vuelta de los comicios presidenciales a Lula da Silva, lo que hace muy probable que si en la segunda vuelta la izquierda no remonta, el involucionismo vuelva a la presidencia de Brasil. La derecha extrema y/o los populistas han vencido en los siete últimos ciclos electorales que se han celebrado en aquella parte del mundo. Muy pronto habrá comicios en Israel y allí, gane quien gane, la derecha extrema seguirá en el gobierno porque el sistema electoral israelí lo facilita. A primeros de noviembre, elecciones de medio mandato en EE.UU, y ahí puede pasar cualquier cosa. En Europa, el año que viene tendremos elecciones en Francia e Italia, y está por ver si la coalición que gobierna Alemania resiste: con ese panorama no se me ocurren demasiados motivos para el optimismo, ¿será España una excepción?

El martes, 6 de octubre, el Consejo de Ministros recuperó los decretos sobre vivienda que habían tumbado las derechas en el Congreso, y los ajustó con mejoras jurídicas y refuerzos de la protección de los inquilinos más vulnerables, para llevarlos a la Diputación Permanente. Al estar disueltas las Cámaras legislativas es ese órgano el responsable de sustanciar los temas que se presenten. La diferencia es que ahí los votos de Junts son irrelevantes.   Por lo tanto, el “decreto Maricarmen” estará vigente, como mínimo, hasta que haya nuevo gobierno y eso, en el mejor de los casos, no será antes de mediados del mes de enero de 2027.

En cambio, decaerán asuntos que estaban en tramitación como, por ejemplo, el traspaso de Rodalies a la Generalitat, la reforma del sistema de financiación o la condonación de una parte de la deuda de las comunidades autónomas; mientras el Tribunal Supremo mantiene la suspensión del derecho al voto de los nacionalizados por la ley de nietos para el 29 N.

Como no podía ser de otra forma, la derecha salió en tromba a celebrar la convocatoria y, a la vez a criticar a Sánchez por la decisión. Todo en uno. Y para variar, Díaz Ayuso, Santiago Abascal y un poco más tarde Núñez Feijóo agitaban el fantasma del pucherazo y recomendaban no votar por correo.

Pero no nos hagamos trampas al solitario, según un interesante análisis de Kiko Llaneras (El País 04/10/2026) El PSOE ha perdido cinco puntos desde las elecciones de 2023, y sus socios tampoco aguantan: Sumar y Podemos, que ahora se cuentan por separado, caen otros tres puntos. El PP no rentabiliza nada de eso —está donde empezó—, pero sí lo hace su potencial socio: Vox que ha pasado del 12% al 18% en estos tres años. El giro a la derecha es potentísimo. En noviembre de 2019, los bloques de derecha (PP, Vox y Cs) e izquierda (PSOE, Podemos y Más País) empataron al 43%. En 2023, la derecha se impuso 45% a 44%. ¿Y ahora? El promedio de sondeos dice que PP, Vox y Se Acabó la Fiesta (SALF) rondan el 52%, y dejarían a PSOE, Sumar y Podemos en el 36%. Una ventaja de 16 o 17 puntos es inédita para la derecha.

Si estos números se hicieran realidad, resultaría que aunque el PP se quede lejos de la mayoría absoluta, con los votos de Vox andarían en los 199 escaños, 23 por encima de los 176 que son la mayoría absoluta.

Este adelanto ha cogido a la izquierda alternativa con los “meaos” en el vientre. Eso del frente amplio es todavía una idea más que una realidad y está por ver si Sumar y Podemos son capaces de aparcar diferencias e ir en un sola lista. Muchas incógnitas y muy poco tiempo para despejarlas.

Sea como sea, nada está escrito y lo que vamos a decidir el 29 de noviembre próximo es si Pedro Sánchez sigue en la presidencia del Gobierno para reeditar un nuevo contrato social y continuar ampliando derechos y mejorando las condiciones de vida de las clases medias y populares o es Núñez Feijóo el nuevo inquilino de la Moncloa quién, con el inestimable soporte de Santiago Abascal, impondrá a todas las iniciativas que ponga en práctica la prioridad nacional. No hay más.

 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 13/10/2026

 

EL RETO DE ENVEJECER

 

 

El envejecimiento de la población es uno de los grandes retos que deberá afrontar Europa en las próximas décadas. En el mundo desarrollado la proporción de mayores de 65 años crece de forma imparable. La generación del “baby bomm” ya se está jubilando y esa situación proyecta un panorama en el que los costos asociados a la atención de una población mayor se incrementarán notablemente. Entre los sectores más afectados estarán el mercado laboral y los sistemas de salud, que deberán adaptarse a una población cada vez más envejecida.

El modelo económico del siglo XX estaba basado en una abundante población trabajadora que mantenía a una proporción menor de dependientes. Esta ecuación se invierte ahora y la tasa de dependencia (número de trabajadores por cada pensionista) no solo presiona nuestro sistema de pensiones sino que reduce nuestra capacidad productiva per cápita, socavando el crecimiento potencial de la economía; o eso es lo piensan algunos cerebros grises estadounidenses. Pero la verdadera bomba de relojería es el envejecimiento que ralentiza significativamente el crecimiento de la productividad. No es solo que tengamos menos trabajadores; es que la innovación disminuye, la creación de empresas se contrae y la transferencia de conocimiento entre generaciones se interrumpe; apostillan esos mismos genios,

Desconozco cuánto hay de cierto y cuanto de falso en esos supuestos estudios que plantean el edadismo como origen de todos los males que nos acechan. Ahora bien, ante esa situación me pregunto: ¿qué clase de sociedad hemos construido para que un logro histórico, como es el incremento de la esperanza de vida, que debería llenarnos de gozo y júbilo, se esté convirtiendo en una pesada carga hasta el punto que puede poner en jaque el bienestar de las generaciones futuras a medio y largo plazo?

En nuestro país no se destina ni el 1% del PIB a cuidados de larga duración (incluida la asistencia sanitaria y social), mientras que en otros países de la OCDE, ese gasto representa el 1,5%. Estas cifras ponen de manifiesto que no estamos a la altura en inversión que nos correspondería por ser uno de los países con una de las esperanzas de vida más longevas. Los Estados que más aportan son Países Bajos, donde esta partida alcanza el 4,1% del PIB, y Noruega, donde supone el 3,7%. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que el gasto en cuidados se duplicará e incluso triplicará en 2050, impulsado por el envejecimiento de la ciudadanía. La cuestión es: como encontrar el equilibrio para ofrecer acceso a una atención de buena calidad con un sistema económicamente sostenible.

La mayoría de expertos consultados opinan que hasta 2050 el gasto público en nuestro país en cuidados debería crecer más del 2% del PIB, ya que el número de mayores de 65 años beneficiarios de ayudas a la dependencia podría duplicarse, hasta llegar a 1,6 millones de personas. Por otra parte, el gasto público en pensiones podría incrementarse hasta cinco puntos de PIB (ahora supone el 12% de ese índice) y el gasto sanitario podría aumentar en más de un punto. Una factura que, de un modo u otro, tendremos que pagar. Por lo tanto, conviene ir buscando soluciones: incrementar las cotizaciones y prolongar la vida laboral, al menos en determinados sectores, reduciría el gasto en pensiones y no tendría por qué ir en detrimento del empleo de los jóvenes si se hace con la suficiente destreza.

Uno de los segmentos de negocio que más está creciendo son las distintas fórmulas para convertir la vivienda en dinero y seguir viviendo en ella hasta el final. No olvidemos que la casa es considerada por los mayores de 65 años como su mejor plan de pensiones. Es el lugar en el que quieren residir. El colectivo de edades más avanzadas no tiene acceso a financiación bancaria; y, ante una dependencia severa, lo más probable es que el flujo de renta sea insuficiente. Según un estudio de Seguros Santalucía, el coste económico de los cuidados de la dependencia de grado III representa 1,6 veces el importe medio de la pensión pública por jubilación entre las personas de 80 y 84 años, aumentando hasta 1,8 veces entre la población de 85 y más años. Ese déficit es mayor en el caso de las mujeres, ya que el importe medio de las pensiones contributivas por jubilación es menor que el que reciben los hombres.

Debemos tener muy presente que nuestras estructuras sociales van a experimentar cambios muy profundos en los próximos años. Así por ejemplo, el mercado laboral vivirá una auténtica transformación. Para 2040, habrá más trabajadores entre los 65 y 74 años que menores de 24 años, debido a carreras laborales más largas y una menor incorporación de jóvenes al empleo.  La educación pasará a representar una porción más pequeña del gasto público, reflejando un país en el que los jóvenes serán una minoría en el mercado laboral.

La humanidad entera se enfrenta a unos retos impensables hace unos pocos años. El edadismo es uno de ellos y no de los menores. Dar respuestas adecuadas a esos retos va a requerir de grandes esfuerzos, tanto a nivel individual como colectivo. Pero ese es el único camino si queremos un mundo justo y equilibrado donde la razón y la ética marquen el ritmo silenciando los egoísmos particulares y los intereses espurios. 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en la web de CÒRTUM 07/10/2026