LA CARA OCULTA DE LA IA

El debate está servido. Nadie duda que la inteligencia artificial (IA) ha venido para quedarse, pero resulta evidente que, al menos en un principio, va a destruir más puestos de trabajo de los que va a crear. Según algunos estudios, en un plazo relativamente corto, la IA estará en disposición de hacer las tareas que, en la actualidad, hacen algo así como el 60% de los humanos. Ante esa situación tan poco halagüeña para nuestro estilo de vida, se hace necesario que los gobernantes estudien cual es la mejor manera para que haya el menor número de afectados posible.

En muy poco tiempo, la IA se ha convertido en el gran objeto del deseo. Las grandes empresas tecnológicas están destinando cantidades astronómicas en su desarrollo a la espera de obtener unos beneficios que compensen esas inversiones. No obstante, como casi todo en esta vida, también aquí hay una cara oculta y es que ese gasto disparado y la escalada de sus acciones en el mercado, podría estar generando una burbuja de consecuencias imprevisibles. Los analistas también alertan de que el consumo energético de estas tecnologías es tan elevado que su huella climática podría contrarrestar los beneficios previstos con su crecimiento.

Tampoco deberíamos relativizar los más que previsibles recortes de plantilla, porque, de hecho, son el quid de la cuestión. Gigantes como Amazon o Meta ya están intentado compensar sus inversiones reduciendo el personal asalariado en sus centros de trabajo. Y eso significa que los estados tendrán menos ingresos para cubrir las prestaciones sociales de la ciudadanía.

Los rendimientos del trabajo, mediante el IRPF y las cotizaciones de los trabajadores son dos pilares básicos de los sistemas fiscales de la práctica totalidad de los países, al menos en Occidente. De hecho, la posibilidad de que un determinado tipo de máquinas aporten a las arcas del Estado hace tiempo que está sobre la mesa. En 2019 el premio Nobel de economía Edmund Phelps propuso un impuesto a los robots para contribuir al mantenimiento de las prestaciones sociales. Poco antes lo había hecho Bill Gates, fundador de una de las mayores tecnológicas del mundo, Microsoft que sugirió aplicar a los robots la misma carga fiscal que soportaría el trabajador sustituido por ellos.

Como ya se ha mencionado más arriba, una de las consecuencias no deseadas de la implantación de la IA es la pérdida de sitios de trabajo que, a su vez, lleva aparejada la merma de ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social. En concreto, en nuestro país, a principios de 2026, la Seguridad Social española mostraba un superávit en su ejecución presupuestaria mensual, alcanzando los 3.172 millones de euros hasta febrero (0,2% del PIB) gracias al aumento de cotizaciones. Sin embargo, el sistema ha mantenido un déficit estructural histórico que se ha reducido gracias a las transferencias del Estado, reflejando un saldo negativo de 7.387 millones de euros al cierre del ejercicio 2025.  Por lo tanto, no hay que descartar que nuestra Seguridad Social vuelva a la senda del déficit impulsada por la IA.

Ante una cuestión de tanto calado y tan compleja como la que nos ocupa, la diversidad de opiniones es incuestionable. Según afirma Sanjay Patnaik, director del Centro de Regulación y Mercado del think tank estadounidense Brookings Institution, los gobiernos deben abordar “los riesgos que plantea la IA” elevando la tributación del capital en lugar de crear un impuesto específico sobre ella, por las dificultades en su diseño y las distorsiones que podría generar. En cambio, Goldman Sachs estima que la IA empujará el PIB mundial un 7% en la próxima década; el FMI prevé que aporte hasta ocho décimas adicionales al año al crecimiento de aquí a 2030. Mientras que, la Organización Mundial del Trabajo calcula que uno de cada cuatro trabajadores en el mundo, concentrados en los países de altos ingresos, desempeña una ocupación con cierto grado de exposición a la IA, pero al mismo tiempo pronostica que la mayoría de los empleos se transformen en lugar de desaparecer.

Ya lo alertaron en un documento para el FMI los economistas del MIT Daron Acemoğlu y Simon Johnson en 2023. “En las últimas cuatro décadas, la automatización ha aumentado la productividad y multiplicado las ganancias corporativas, pero no ha conducido a una prosperidad compartida en los países industriales”. “La tecnología y la inteligencia artificial producen impactos sociales que tienen que ver con la política. “No podemos permitir el determinismo tecnológico” sostiene Luz Rodríguez, catedrática de Derecho del Trabajo y exsecretaria de Estado de Empleo, “El debate es necesario e iremos donde queramos ir”.

Es una evidencia que no se puede ir contra el progreso. Sería absurdo. Ahora bien, hemos de lograr que los avances científicos, tecnológicos o de cualquier otra índole sean nuestros aliados y no nuestros adversarios. Por consiguiente, hemos de encauzar los elementos que generan progreso para que este redunde en nuestro beneficio económico y bienestar social, no en contra nuestra. En ello nos va el futuro.

 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 18/05/2026

 

DESIGULADAD SIN CONTROL

Un reciente informe publicado por OXFAM Intermón, con el título “El saqueo continúa”, resulta demoledor Según ese documento, en 2024, la riqueza conjunta de los milmillonarios creció tres veces más rápido que en 2023. De seguir a ese ritmo, dentro de una década habrá cinco millones de billonarios. Mientras tanto, el número de personas que viven en la pobreza apenas ha variado desde 1990. Así pues, la desigualdad está fuera de control.

El informe enfatiza en que la mayor parte de la riqueza de los milmillonarios no es fruto del esfuerzo, sino del saqueo: el 60% o es heredada, o, bien, está marcada por el clientelismo, la corrupción, o vinculada al poder de monopolio.  Vivimos en un mundo profundamente desigual donde el colonialismo continúa estando presente de diversas maneras. Existe una larga historia de dominación colonial que ha beneficiado, principalmente, a las personas más ricas. El sistema actual sigue extrayendo riqueza del sur global en beneficio del 1% más rico, a un ritmo de 30 millones de dólares por hora, que reside, mayoritariamente, en el norte global. Por lo tanto, es urgente revertir la situación.

No somos conscientes de que billones de dólares se están transmitiendo a través de herencias o mediante los sistemas de ingeniería financiera, dando lugar a una nueva aristocracia de superricos que ejerce un inmenso poder y condiciona nuestra vida política y nuestra economía.

Las personas que viven en la pobreza en todo el mundo siguen siendo quienes más sufren los efectos de las múltiples crisis, desde las heridas que dejó la pandemia, pasando por conflictos de todo tipo hasta la crisis climática. Es un círculo vicioso que agrava aún más la pobreza, el hambre y la desigualdad.

Por otra parte, aunque la economía crezca y las empresas, con la automatización y la incorporación de las nuevas tecnologías hayan aumentado su producción de forma exponencial, en los últimos cincuenta o sesenta años los salarios han evolucionado a la baja en comparación con el incremento del coste de la vida. O dicho de otro modo, a pesar de que la riqueza nacional crece, el dinero se lo quedan los de siempre.

La cuota por ingresos del trabajo ha pasado de representar aproximadamente dos tercios del PIB global a principios de los años 80, a situarse cerca del 52% en la actualidad, es decir, poco más de la mitad, la tasa más baja de la serie histórica de acuerdo según  datos del año pasado de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Los expertos de ese organismo opinan que si hoy los trabajadores recibieran la misma proporción que en el 2004, sus bolsillos tendrían 2,4 billones de dólares más.

La economía mundial, a día de hoy, está más enfocada en obtener retornos financieros rápidos para los accionistas, lo que incentiva a las empresas a “contener” el gasto en nóminas para maximizar el dividendo. Con la globalización, la facilidad para mover la producción a países de bajo coste ha presionado los salarios a la baja en todo el planeta. Esta deslocalización, junto al menor poder e influencia de los sindicatos, ha hecho que el trabajador tenga menos fuerza para exigir mayor parte del pastel.

“Estamos ante un fenómeno dramático”, sostiene el consultor y ensayista Lasse Rouhiainen, autor del libro Domina la inteligencia artificial antes de que ella te domine a ti (Alienta, 2026). “Hace unos años creía que la IA también abriría oportunidades, pero ya no está tan claro de qué tipo. Las empresas antes fichaban a personas que sabían aplicar la IA. Ahora trabajan directamente con agentes de IA”, (…) “El modelo tradicional de pago por horas trabajadas se desmorona cuando una hora con la IA produce diez veces más que una hora sin ella. Asimismo, habría que repensar el sistema educativo, con títulos universitarios que deberían actualizarse cada año, porque el avance es muy rápido” comenta.

Según el Banco Mundial, si la desigualdad sigue creciendo al ritmo actual, tardaríamos más de un siglo en acabar con la pobreza, y tan solo el 8 % de la población mundial vive en países con un nivel de desigualdad bajo.   Según el índice de compromiso con la reducción de la desigualdad que ha sido elaborado por Oxfam y Development Finance International revela que, desde 2022, la inmensa mayoría de países registran tendencias negativas en las políticas de lucha contra la desigualdad.

Es evidente que las perspectivas son muy poco esperanzadoras. No obstante, no nos podemos rendir. Nos queda un largo camino por recorrer para lograr todo lo que soñamos, pero podemos encontrar esperanza, inspiración y motivación en los movimientos de personas que luchan contra la desigualdad y oponen resistencia al colonialismo. 

Por consiguiente, hemos de sumar esfuerzos con aquellos que luchan por un mundo más justo y construir economías basadas en la equidad y la justicia social, desterrando la codicia de una minoría privilegiada. Que la desigualdad siga sin control es un lujo que no nos podemos permitir.

 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en la web de la plataforma Còrtum 12/05/2026

 

LA LEY DE LA SELVA

 

A nivel internacional estamos viviendo una situación caótica. Las reglas que nos habían guiado en las siete u ocho últimas décadas han sido fagocitadas y las instituciones que daban razón de ser al orden establecido están cayendo en la irrelevancia. Si nadie lo remedia, vamos camino de volver a la ley de la selva, es decir, a la ley del más fuerte.

Donald Trump, Vladímir Putin o Benjamín Netanyahu son líderes profundamente diferentes entre sí, al mando de países que en muchos sentidos se hallan en las antípodas unos de otros. No obstante, comparten un hilo conductor en sus actitudes que nos sirve para entender la época en la que nos adentramos: la disposición a sembrar el caos en el mundo para hacer avanzar sus intereses nacionales y/o personales. Esa predisposición es un factor clave del acelerado hundimiento del planeta en una espiral de conflictos.

Aunque no son ni mucho menos aliados geopolíticos, esos tres personajes cooperan en la destrucción de un orden que nos hace funcionar con instituciones y reglas compartidas. Ninguno de ellos tiene reparos en espolear el caos en el mundo para avanzar en objetivos imperialistas, nacionalistas o personalistas. Mucho de ese caos tiene que ver con su propia supervivencia en el poder. Trump surfea el caos para mantener constantemente atención mediática y el control del relato. Mientras que Netanyahu y Putin aprovechan sus guerras para azuzar el sentimiento nacionalista y el cierre de filas en tiempos difíciles. Pero, al margen de los objetivos específicos, esa política de caos erosiona las reglas que diferencian una sociedad civilizada de una de la selva.

Me parece oportuno recordar aquí una resolución de condena de la invasión rusa de Ucrania que se votó el 2 de marzo de 2022, en la Asamblea General de la ONU. En esa votación 18 países mostraron su rechazo a la condena. Junto a Rusia, dijeron que no, entre otros, Estados Unidos, Israel, Corea del Norte, Bielorrusia, Nicaragua, Hungría, Sudán y Eritrea (Irán se abstuvo, aunque suministra drones letales a los rusos). O sea, un listado que nos pone sobre la pista para detectar a los señores del caos.

En un interesante ensayo, publicado en 2019,  Giuliano da Empoli, profesor de política comparada en el Instituto de Estudios Políticos de París, formuló el concepto de “ingenieros del caos” para referirse a los asesores, propagandistas y expertos tecnológicos que han sabido manipular como nadie el mundo digital para promover liderazgos populistas. Esos individuos propician que en el ámbito de la geopolítica asistamos al protagonismo cada vez más desatado de los señores del caos, mientras el multilateralismo y sus normas se erosionan de manera constante.

De hecho, no es un perfil nuevo. Siempre han existido señores del caos. Estados Unidos, en distintas etapas, ha promovido golpes de Estado o emprendido invasiones ilegales como la de Irak. Por su parte la URSS buscaba subvertir las democracias occidentales a través de programas de agitación y/o elementos de presión para controlar a otros países. Europa no se queda atrás y tiene un largo historial de colonialismo, donde para lograr el control de los pueblos a menudo utilizaba el caos como herramienta.

En la actualidad, la diferencia con otras etapas viene dada por unos rasgos de inestabilidad muy acusados. El orden anterior ha desaparecido con la implosión de la URSS; el colonialismo europeo es una reliquia de museo y la preponderancia de EE UU en el mundo se está desintegrando de forma acelerada. En este contexto, algunos buscan su camino con total desprecio por las instituciones o reglas internacionales establecidas.

El autogolpe propinado a la primacía de EE UU está generando la destrucción del formidable entramado de alianzas que Washington construyó a lo largo y ancho del mundo durante ocho décadas. Ningún aliado se fía ya de la Casa Blanca. Muchos ponen al mal tiempo buena cara por temor a quedarse desamparados de repente —pero todos se están organizando para no depender nunca más de forma tan directa de Estados Unidos—. En público, muchos líderes optan por la contención, pero en privado el nivel de desconfianza hacia Washington es extraordinario, incluso desde sectores, en principio, filoestadounidenses. La lógica subyacente es que hay que reducir los riesgos de la dependencia de Washington tanto como de China.

La cuestión es que el mundo avanza hacia un nuevo orden que nos viene dado por el regreso de la gran influencia de las potencias que quieren imponer sus lógicas imperiales. Esta idea se puso de manifiesto en los discursos públicos y en las conversaciones privadas de la Conferencia de Seguridad de Múnich, celebrada hace un par de meses. Mientras que Rusia lleva a cabo desde hace años una política imperialista por medios militares y China se declara sostenedora de un orden mundial multilateral, pero no lo respeta cuando se trata de su área influencia; entonces, para el impero asiático las sentencias de los organismos internacionales son papel mojado; y para rematar el panorama EE UU desprecia olímpicamente los más elementales tratados de derecho internacional e invaden un país soberano poniendo en jaque, entre otras cosas, la economía mundial, sin el soporte de ningún parlamento nacional, ningún organismo supranacional y ni, tan siquiera, el apoyo de sus aliados más cercanos. Si eso no es la ley de la selva que alguien diga que es. 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 11/05/2026

 

 

 

LA INMIGRACIÓN COMO REALIDAD ALTERNATIVA

Para el próximo día 17 de este mes están convocadas elecciones autonómicas en Andalucía. Los siguientes comicios, si no hay una convocatoria inesperada de por medio, serán municipales y autonómicas en algunas comunidades en el mes de mayo de 2027.

En política el futuro siempre es una incógnita, pero, observando el panorama, me atrevo a pronosticar que la inmigración será uno de los temas estrella en todos los procesos electorales que están por venir a corto y medio plazo. Y si no, ya se encargarán la derecha y la derecha extrema de ponerlo en la palestra porque según sus cálculos ese asunto les genera réditos entre la ciudadanía.

Poco importa que las entradas irregulares hayan caído en la UE un 43% en poco más de un año. Para importantes segmentos de la población, en especial, los más desfavorecidos hay demasiados inmigrantes en España y, con demasiada frecuencia, se los asocia a conceptos negativos. Sin embargo, cuando se les pregunta por la experiencia personal con ellos, los votantes de todos los partidos la juzgan de forma positiva. Un estudio publicado de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), subraya que la inmigración, en general, no resulta perjudicial ni para los trabajadores locales ni para los servicios públicos.

Uno de los mantras más repetidos por la extrema derecha es la supuesta “invasión” de inmigrantes por la frontera sur, ya sea con cayucos por la ruta canaria o balear –en descenso la primera, al alza la segunda– o a través de Ceuta o Melilla. Pero lo cierto es que en España las entradas irregulares, que no “ilegales” porque no suponen ningún delito, representan una ínfima parte de la inmigración que mayoritariamente accede al país por vías regulares. Según las cifras facilitadas por el Gobierno el 94% de los inmigrantes –con permisos de residencia, en trámites de conseguirlos o sin papeles– entraron en el país por aeropuertos con visados o sin ellos (para la gran mayoría de países latinoamericanos no se exigen) pero, tras cumplir el periodo máximo de estancia, se han quedado en España.

El Consejo Económico y Social de España (CES) —institución consultiva del Gobierno— que está compuesto por 60 consejeros y consejeras que representan a las grandes organizaciones sindicales y empresariales, así como a las organizaciones agrarias, del mar, los consumidores y la economía social, además de seis consejeros independientes de reconocido prestigio, recientemente, ha hecho público un Informe con el título “La realidad migratoria en España: prioridades para las políticas públicas”. Ese documento es el resultado del diálogo y el consenso entre sus integrantes; y aunque resulta imposible, por su extensión, presentar aquí todos los datos y conclusiones, quiero destacar algunos asuntos que me parecen muy esclarecedores.

A mediados del siglo pasado éramos uno de los principales países exportadores de emigrantes, ahora somos uno de los principales importadores. Hemos pasado prácticamente de 0 a 10 millones de inmigrantes en muy pocos años. Otros países europeos tardaron seis o siete décadas en este proceso. Tenemos porcentajes de inmigración más elevados que Francia, Italia o Países Bajos y similares a los de Alemania.

No hay evidencia que respalde la afirmación de que la llegada de inmigrantes perjudique las oportunidades de empleo de los nativos Según un estudio realizado a partir de datos del Registro de Permisos de Trabajo y del Censo las oportunidades de empleo de los trabajadores nativos no se ven afectadas de forma significativa por la inmigración.

Sin embargo, a pesar de la elocuencia estos datos y otros muchos del mismo sesgo que se pueden poner sobre la mesa, la derecha extrema (a menudo con la inestimable colaboración de la derecha clásica) está construyendo una realidad alternativa sobre la inmigración basada en falsedades, calumnias y patrañas porque les reporta pingües beneficios electorales. Entre los inmigrantes hay, como entre los nativos, personas con un corazón de oro y algún que otro canalla. Por eso hay que juzgar a los venidos de fuera por sus actos, no por su lugar de procedencia o residencia. Igual que hacemos con los de aquí.

No por casualidad PP y Vox han incluido en sus pactos para la gobernabilidad de Extremadura y Aragón el concepto “prioridad nacional”; en estos momentos, algo quizás más simbólico que real porque su aplicación tendrá efectos más bien escasos. Pero si algún día PP y Vox tienen capacidad para modificar la legislación, prescindiendo de las fuerzas progresistas, los resultados serán demoledores.

Según diversos expertos en la materia, el desafío principal radica en diseñar políticas que permitan aprovechar los beneficios de la inmigración mientras se minimizan los posibles efectos negativos. Para lograrlo, hay que poner en marcha iniciativas de integración y garantizar que los inmigrantes puedan participar activamente en la sociedad y en el desarrollo de la economía del país; atender las necesidades del mercado laboral y coordinarse en el ámbito europeo, puesto que la inmigración es un fenómeno transnacional.

No obstante, yo me atrevo añadir otro elemento que, en mi opinión, es fundamental: no perder nunca de vista que estamos tratando con seres humanos. Algo que algunas formaciones políticas no tienen en cuenta.

 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 04/05/2026

 

SENTIDO COMÚN, DECENCIA Y DIGNIDAD

 

Una vez más, Pedro Sánchez ha enarbolado la bandera del sentido común, la decencia humana y la dignidad política. No es la primera ocasión. Demostró su compromiso cívico cuando planteó la solución de los dos estados como la mejor vía para lograr una paz justa y duradera en el conflicto palestino israelí. Se plantó con el “no a la guerra” cuando se inició el ataque de EE UU e Israel contra Irán, prohibió la utilización de las bases de Rota y Morón con fines bélicos y ahora se ha vuelto a poner en el lado correcto de la historia al proponer a la UE que suspenda el Tratado de Asociación que tiene con Israel.

A pesar del teórico alto el fuego en Gaza, el genocida Benjamín Netanyahu, acompañado por sus adlátares de la extrema derecha que tiene por ministros, están aprovechando la pasividad de la comunidad internacional para llevar a cabo el sueño más preciado del sionismo: construir el Gran Israel, y si nadie les para los pies, no se detendrán hasta cambiar el equilibrio de la región con un nuevo orden que les permita alcanzar y cualquier punto de Oriente Próximo cuando les venga en gana, como están haciendo en Cisjordania y Líbano.

Hace unos meses, Donald Trump presentó un plan para lograr la paz para Gaza. Ese plan preveía la entrada y distribución de ayuda humanitaria en la Franja, a un nivel similar al registrado en el alto el fuego que hubo a inicios de 2025, cuando el flujo diario oscilaba entre 500 y 600 camiones diarios. Sin embargo, organizaciones humanitarias afirman que el volumen real de ayuda que debía entrar en el territorio palestino hasta el estallido del conflicto con Irán era muy inferior y desde el 1 de marzo —día que empezaron las hostilidades con Irán—, el gobierno israelí ordenó cerrar, por motivos de “seguridad”, todos los pasos, tanto a personas como a mercancías. Eso se ha convertido esa parte del mundo en algo muy similar a un campo de exterminio.

Ante esa situación, días atrás España, Eslovenia e Irlanda enviaron una carta a la alta representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, solicitando una revisión del Acuerdo con Israel; en la misiva alegaban que el mismo está vinculado a la observación de los derechos humanos y el derecho internacional. En concreto el artículo 2 del Acuerdo establece que la relación se basa en el respeto a los derechos humanos y los principios democráticos, los cuales son un “elemento esencial” del Pacto. “Las relaciones entre las Partes, así como todas las disposiciones del propio Acuerdo, se fundamentan en el respeto de los derechos humanos y de los principios democráticos...”, reza el artículo mencionado. Jurídicamente, esto se considera una “condición esencial”. Si una parte la incumple, la otra tiene el derecho legal de suspender el acuerdo (según la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados).

Sin embargo, la realidad es mucho más prosaica y en la tensa reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de la UE, celebrada en Luxemburgo, el pasado 21 de abril, a puerta cerrada, aunque quedaba clara la frustración de cada vez más países de la UE con un Israel que, pese a los llamamientos y advertencias, sigue saltándose el derecho internacional dentro y fuera de sus fronteras, el no de países como Alemania o Italia hizo que no se pudiese alcanzar ningún entente para suspender el Acuerdo de Asociación UE-Israel.

Los expertos en cuestiones internacionales consideran normal que no se tome ninguna decisión, dicen que se trata de tantear el ambiente y ver si se puede concretar alguna iniciativa en una próxima ocasión. En ese contexto, el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, lamentó el silencio de la UE, pues "Desde que Israel ha lanzado esta guerra permanente contra todos sus vecinos, no hay ni una sola respuesta de la Unión. Por eso nos estamos jugando nuestra credibilidad. Hay que mandar un mensaje fuerte al Gobierno de Israel, decirle que no podemos mantener una relación como si no estuviera pasando nada", enfatizó el ministro.

Más del 30% de todo lo que vende Israel en el mundo lo hace en le UE. Por lo tanto, suspender el Tratado equivaldría a que sus exportaciones pagarían aranceles mucho más altos, perdiendo competitividad frente a otros países. Decaería su estatus de socio prioritario, y eso acabaría afectando a la inversión extranjera directa. También se cortaría el acceso a fondos de investigación europeos y redes de intercambio académico y tecnológico vitales para el sector de defensa israelí y su alta tecnología se vería afectado.

Ciertamente, suspender el acuerdo requiere unanimidad por parte de los países miembros y eso, a día de hoy parece poco probable. Y es que hay importantes sectores europeos que dependen de tecnología israelita; es el caso de los productos químicos o agrícolas que podrían sufrir un aumento de costes.

Como todo lo que tiene que ver con la política internacional estamos ante un asunto de una tremenda complejidad porque se mezclan intereses cruzados y los problemas difíciles nunca han tenido soluciones sencillas. No obstante, hay algo que debería estar por encima de cualquier consideración que sea: el sentido común, la decencia humana y la dignidad política.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 27/04/2026

ALGUNAS PREGUNTAS SOBRE EL ENVEJECIMIENTO

 

Entre los últimos años del siglo XX y los que llevamos del XXI el aumento de la esperanza de vida, en los piases desarrollados, ha sido exponencial.

El porcentaje de los ciudadanos que pasan de los sesenta años es cada vez más elevado. En principio, eso debería ser una muy buena noticia, puesto que debe entenderse como una mejora para la condición humana, un avance que nos aleja de la más drástica de nuestras limitaciones: la muerte.

Sin embargo, no siempre es así, esa posibilidad a veces nos abruma —o lo parece— porque vemos a los mayores más como un estorbo y un gasto añadido que como algo a potenciar. Y eso es lamentable porque, entre otras cosas, también nosotros seremos mayores, si no es que lo somos ya, y si no llegamos… malo.

Es evidente que la idea de vivir más es algo deseable para la inmensa mayoría de los mortales. Ahora bien, ¿equivale siempre a gozar de una buena calidad de vida? Pensemos que tener personas mayores entre nosotros significa poseer un formidable tesoro de experiencias y sabiduría. Pero, ¿son compatibles los valores de la tercera edad con los que genera nuestra sociedad, propios del universo consumista en el que estamos inmersos? ¿Resultará plausible que en una misma estructura familiar deban convivir hasta cinco generaciones, porque ahora la convivencia entre tres es ya bastante complicada? ¿Podrá ser sostenible una sociedad en la que la pirámide de población esté totalmente invertida?

Japón es una sociedad envejecida y cerrada que prefiere invertir en tecnología antes que abrir las puertas a la inmigración, nos puede servir como referencia.  Allí, los que están en edad laboral empiezan a ser minoría frente a la población inactiva, y, por lo tanto, el sistema económico acabará resintiéndose Según diversos estudios, en 2050 la población mayor de sesenta años representará, casi el 38% del total de los ciudadanos del país del sol naciente.

Ante semejante situación, parece lógico pensar que la edad de jubilación deba retrasarse, y más si tenemos en cuenta el excelente estado de salud de muchas de las personas que llegan a los sesenta y cinco años. Por consiguiente, deberíamos ir asumiendo que más pronto que tarde la jubilación a los setenta años será algo habitual en un futuro no muy lejano.

En este contexto, no estaría de más que nos preguntásemos: ¿cuál será nuestro estado físico y psíquico después de una veintena de años de preparación y estudio más cincuenta o sesenta de trabajo? ¿Evolucionará la ciencia de tal manera que podremos llagar a disfrutar de una buena salud durante veinte o treinta años más después de jubilarnos a los setenta? Y si esto es así, ¿no puede ocurrir que, cuanto más tiempo permanezcamos sanos, más tiempo deberemos trabajar? Y si no, ¿de qué nos sirve vivir más años sin que, paralelamente, se nos pueda garantizar una buena calidad de vida?

Desde luego, la reflexión es sumamente compleja y no veo argumentos para predecir jubilaciones doradas. Es cierto, no obstante, que algunos investigadores sostienen que el desarrollo de determinadas técnicas científicas serán claves en el alargamiento futuro de la esperanza de vida. Otros, en cambio, apuestan por nuevos fármacos, terapias génicas y trasplantes de órganos sin posibilidad de rechazo, gracias a la clonación. Esa evolución de la ciencia nos podría acercar a los ciento treinta años. Sin embargo, no deberíamos perder de vista que el ser humano es un ente natural y, por tanto, complejo, muy complejo. Y nada nos garantiza que si mejoramos una parte de nuestra complejidad, no dañemos otra.

Eso no significa que, si existe alguna posibilidad de retardar y/o evitar la muerte, sea, de todo punto, necesaria ponerla en práctica y que todo el mundo pueda acceder en igualdad de condiciones a esa conquista social.

Seguro que a nadie se le escapan las hipotéticas posibilidades de negocio que subyacen tras estas reflexiones, pero eso no significa que, como sociedad, dejemos de apostar para que se haga todo cuanto sea posible para vivir más.  Aunque hemos de ser conscientes de que todo esto puede acabar en una tragedia y, en consecuencia, necesitamos que los investigadores no pierdan nunca el principio de precaución ante cualquier riesgo, por remoto que sea y anteponer siempre la cordura y la prudencia. O sea, que la búsqueda del bien no genere males peores que los que se quieren evitar. Todos hemos conocido a personas mayores con ganas de morir, porque aunque están vivos, están privados de movilidad, de sentidos e incluso de recuerdos, es decir de una mínima calidad de vida.  Imaginémonos, pues, como podría ser llegar a los 130 años en determinadas condiciones.

No hay duda que el envejecimiento plantea muchas dudas y pocas certezas; pero, en mi opinión, el hecho fundamental es gestionar correctamente las infinitas posibilidades que tiene ciencia para caminar en la dirección correcta. Y para lograrlo, es preciso que la sociedad adquiera la madurez necesaria que permita asumir plenamente sus potencialidades. De no ser así, se pueden cometer auténticas barbaridades.

 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en la web de Còrtum 23/04/2026

LADRAN, LUEGO CABALGAMOS

Quizás a los gobiernos de coalición y progreso presididos por Pedro Sánchez se les podrán criticar muchas cosas. Ahora bien, lo que no se puede negar es que esos ejecutivos han tenido una gran determinación para reforzar el Estado del bienestar y, de manera especial, poner en práctica políticas para mejorar la calidad de vida de los más desfavorecidos.

Asuntos como la reforma del mercado laboral, reducir la temporalidad a mínimos históricos, disparar la creación de empleo superando los dos millones de afiliados a la Seguridad Social o que el SMI haya subido un 61%, que se haya garantizado la revalorización de las pensiones por ley o se haya puesto en marcha el Ingreso Mínimo Vital (IMV), son algunas de las iniciativas con las que se ha reforzado el escudo social desde que Sánchez llegó a la presidencia del Gobierno en 2018.

Ahora, el Ejecutivo ha dado un paso más y en el Consejo de Ministros del pasado 14 de abril (no sé si la fecha es pura casualidad o no) aprobó el real decreto para la regularización extraordinaria de inmigrantes que se encuentran en España. Con esa iniciativa se prevé que unas 500.000 personas en situación irregular puedan incorporarse al sistema, cotizar, pagar impuestos, tener derechos y obligaciones. Para evitar problemas, el Gobierno ha tenido que ajustar la norma a las recomendaciones hechas por el Consejo de Estado y endurecer todo lo relativo a los antecedentes penales. Con el fin de paliar posibles inconvenientes, el Ejecutivo se ha ofrecido a ayudar a los inmigrantes pidiendo a sus países de origen los certificados por vía diplomática si estos se retrasan.

Los solicitantes tendrán que demostrar que llevan cinco meses viviendo en España, haber entrado en el país antes del 1 de enero de 2026, ser mayores de edad y presentar un pasaporte u otros documentos identitarios en vigor o caducados. Es imprescindible carecer de antecedentes penales.  ¿Cuánta gente hay en esas circunstancias? Al tratarse de personas en situación irregular, no hay una estadística definitiva, pero sí existen estimaciones basadas en registros donde sí constan esas personas, como el padrón o las encuestas laborales. Algunos estudios apuntan que unas 850.000 viven en nuestro país en situación irregular. Esa cifra equivale al 17%, aproximadamente, de todos los extranjeros nacidos fuera de la UE que actualmente viven en España.

En un interesante artículo publicado en EL PAÍS (14/04/26), en referencia a esa regularización extraordinaria, Andrea Rizzi, sostiene que, “es un gesto político a contracorriente en el panorama global contemporáneo” (…) “las democracias avanzadas se mueven en otra dirección”. (…) “Se está produciendo un repliegue identitario, de desconfianza y recelo y xenofobia hacia los extranjeros”. (…) “Los nacionalpopulistas marcan el discurso en materia migratoria. En ese contexto, muchas derechas convencionales e incluso algunas fuerzas progresistas —como en Dinamarca—han girado hacia políticas migratorias de extrema dureza en las cuales resulta inconcebible una medida como una regularización masiva”.

Y no solo eso, nuestra sociedad, como casi todas las sociedades occidentales, padecen un claro declive demográfico; necesitamos, mano de obra para cubrir los empleos que los de aquí no quieren; por otra parte, los que vienen de fuera nos aportan dinamismo y multiculturalidad. Y no podemos olvidar que es de primero de solidaridad otorgar derechos a quienes ya residen, trabajan, aportan y conviven con nosotros.

Resulta deprimente ver como los populares hacen caso omiso a los empresarios y de la Iglesia que en 2024 auspició una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que promovía la regularización masiva de inmigrantes y entonces votaron a favor. En cambio, ahora, a rebufo de la extrema derecha han endurecido su discurso sobre inmigración. El propio Feijóo defendía que se diera una salida al medio millón de extranjeros que se calculaba que residen en España de forma irregular. “Hay un debate que tenemos que dar y debemos zanjar con los inmigrantes que viven y trabajan en España, pero que no han obtenido de momento beneficios”, dijo en una entrevista en la COPE en abril de 2024. Los migrantes en situación irregular, añadió, “pueden estar tranquilos que el PP es sensible con ellos y buscará soluciones para una inclusión social correcta y legal”.

Pero ahora, al líder del PP le ha faltado tiempo para decir que la medida aprobada por el Gobierno para dar papeles a unos 500.000 extranjeros que ya residen en España “va en contra de las Cortes, va en contra de Europa y de la mayoría de los españoles”. Y ha argumentado que “alienta a las mafias”, ya que reciben el mensaje de que “España es un chollo”; que “perjudica a quien cumple y ha entrado de forma legal”; que es “insegura”, porque no se sabe a cuántas personas afecta; y que “sobrecarga el Estado del Bienestar”.

Estos días hemos conocido el acuerdo alcanzado entre PP y Vox para gobernar Extremadura. Ese pacto, advierte que no se subvencionará a la ONG que acojan a irregulares, aunque pertenezcan a la Iglesia como, por ejemplo, Cáritas y tiene una “medida estrella” que es: dar prioridad absoluta a los españoles en las prestaciones sociales, ayudas, subvenciones y acceso a la vivienda pública. Sobran los comentarios.

Para cerrar la apretada agenda política de los últimos días, Barcelona acogía, este último fin de semana, a un muy nutrido grupo de líderes progresistas de todo el mundo que asistían a un cumbre donde se ha puesto en valor el multilateralismo frente a los EE UU de Trump y donde se han hecho propuestas para relanzar a la izquierda. En ese contexto, el presidente colombiano, Gustavo Petro, entre otras cosas, dijo que: “España es vanguardia en Europa”.

Mientras, en un desesperado intento de contraprogramar a Sánchez, la derecha organizaba un encuentro en Madrid, con la opositora venezolana, María Corina Machado, que además de ser espléndidamente agasajada por el PP,   se reunía con Núñez Feijóo, Santiago Abascal e Isabel Díaz Ayuso, a la vez que declinaba verse con el presidente del Gobierno.

Visto lo visto, queda claro el nivel político y la catadura moral que tiene la oposición en nuestro país y la derecha extrema a nivel global. Ante esta situación y las expectativas de futuro que generan los tierraplanistas de la política y negacionistas del progreso; no es de extrañar que la gente progresista piense: “Ladran, luego cabalgamos”, y es que esa tropa no da más de sí.

 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 20/04/2026