PRESUPUESTOS EN STAND BY

No ha podido ser. El Govern de la Generalitat ha tenido que echar el freno de mano y retirar los Presupuestos para 2026, que se hubiesen tenido que empezar a debatir el pasado viernes en el Parlament. De esa forma, el Consell Executiu evita un serio revolcón y, de paso, elude convocar elecciones.  

ERC se ha mantenido firme en sus planteamientos maximalistas y no ha cedido un ápice; los republicanos han hecho de la cesión de la recaudación del IRPF bandera. En algún momento, pareció que la crisis de Rodalies podía abrir una ventana de oportunidad para que republicanos y socialistas salieran del callejón, en apariencia sin salida, en que se habían metido. La solución pasaba por la creación de un consorcio que ejecutase e hiciera seguimiento de las infraestructuras; esa hubiera podido ser, al menos, una salida temporal.

Para los republicanos es condición sine qua non que la Agencia Tributaria Catalana recaude de forma íntegra el IRPF que se genera en la comunidad y ahí el Gobierno central se muestra reticente. Como mínimo hasta después de las elecciones autonómicas en Andalucía que según parece serán en el mes de junio.  

Ante esta situación, los de Oriol Junqueras han preferido aplazar el debate y la hipotética aprobación de las cuentas para el final del presente periodo de sesiones parlamentarias. En ERC piensan que la ministra María Jesús Montero es el tapón que impide que avancen las negociaciones sobre el IRPF. Por eso esperan que con la convocatoria de las elecciones andaluzas la ministra deje el Gobierno porque es la candidata del PSOE a la Junta.

De todas maneras, si hemos de dar credibilidad a las declaraciones de Junqueras, tras la retirada de las cuentas por parte del Govern, resulta que ahora el problema no es la cesión del IRPF, sino que los presupuestos, según el líder republicano, no son "suficientemente buenos". "Lo queremos todo", dijo, pero parece que han cambiado prioridades. Es más, Junqueras se ha felicitado por haber forzado al Govern a reordenar su agenda, recordando que "es la primera vez en la historia del país" en que se retiran unos presupuestos antes de votarse, tampoco hizo referencia a posibles "incumplimientos de los acuerdos de investidura", que en las semanas anteriores había sido su principal argumento para amenazar con tumbar las cuentas en el Parlament.

En definitiva, una actitud un tanto extraña que invita a pensar en la eventualidad de que Oriol Junqueras se haya visto forzado a jugar el papel de oposición y no de socio del Govern por la delicada situación interna de su partido. Es un secreto a voces que el último congreso de ERC se cerró en falso y la disidencia interna le está marcando muy de cerca, obligando a la dirección a realizar cabriolas para no enconar los ánimos más de lo que ya lo están y, en ese contexto, Junqueras tiene que marcar perfil para que sus adversarios domésticos no le pongan contra las cuerdas.

Aunque, quizás, la clave de este desvarío esté en unas declaraciones que hizo el portavoz de los republicanos en el Parlament, Josep María Jové que dijo: “queremos unos presupuestos para seguir avanzando en soberanía”; o sea, para ellos la soberanía pasa por la recaudación del IRPF por parte de la Generalitat, mientras que la sanidad, la educación o las infraestructuras, es decir, mejorar la vida cotidiana de los ciudadanos, que es de lo que han de ir unos presupuestos autonómicos, les importa un pito. Una vez más los republicanos confunden el culo con las témporas que diría Don Camilo, si estuviera entre nosotros.

A veces ocurre que los árboles no nos dejan ver el bosque y eso es, en mi opinión, lo que le está sucediendo a ERC. Obsesionados por lograr la cesión de la competencia recaudatoria, han perdido de vista la Cataluña actual.  Hay que tener en cuenta que la Generalitat funciona con los presupuestos prorrogados de 2023, y sin presupuestos o, en su defecto, un suplemento de crédito, a partir del mes de abril podría haber problemas de tesorería. Las nóminas y el pago de la deuda no peligran, pero serían muchos los asuntos que quedarían aparcados.

Por el contrario, los presupuestos contemplan un aumento del gasto de unos 9.126 millones de euros, mientras que el presupuesto total ronda los 50.000 millones y si se incluye el sector público se alcanzarán los 65.000 millones. Pero si finalmente no se aprueban las cuentas se perderán 1.500 millones de euros.

Para evitar males mayores, el Govern aprobó el pasado jueves un suplemento de crédito de casi 6.000 millones de euros; con esos recursos se garantiza el pago de las nóminas y las subidas salariales acordadas con profesores y mossos. En cambio, no se podrán poner en marcha proyectos como la segunda fase del Pla de Barris o el incremento de la plantilla de la Agenta Tributaria Catalana.

En las últimas horas, Junqueras se ha descolgado pidiendo nuevos traspasos de competencias a cambio de desvincular la recaudación del IRPF de los presupuestos. No obstante, la consellera, Alicia Romero, ha enviado un claro aviso a navegantes al decir que: “espera que ERC plantee cosas que estén al alcance del Govern de la Generalitat y bajo sus competencias", a los buenos entendedores con pocas palabras les basta.

Una vez más, en Esquerra se ha impuesto la pulsión soberanista a su supuesto progresismo. Estamos ante una crisis que, según todos los indicios, a los protagonistas no les interesa que vaya mucho más allá y, aunque de momento, los presupuestos van a quedar en stand by; es bastante probable que lleguemos a la canícula con los las cuentas aprobadas. De ser así, todo habrá quedado en una tormenta de verano o si lo prefieren de primavera.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 23/03/2026

 

LLEGAR O NO LLEGAR A FINAL DE MES

Me he tomado la libertad de parafrasear el título de la inmortal obra de William Shakespeare, Hamlet, para dar nombre a esta columna.  Y es que somos muchos los ciudadanos que andamos atribulados intentando explicarnos los motivos por los cuales la derecha y/o la derecha extrema crecen en cada proceso electoral.

Lo hemos visto en las tres últimas elecciones autonómicas que se han celebrado en nuestro país: Extremadura, Aragón y Castilla-León, en las tres las derechas han aumentado sus porcentajes y la diferencia respecto a las izquierdas.

Esa realidad, resulta especialmente paradójica en España, porque aquí, a pesar de que tenemos un Gobierno socialdemócrata que, sin ningún género de dudas, es, con diferencia, el que más políticas sociales está llevando a cabo, desde que se recuperó la democracia, vemos, con estupor, que importantes segmentos de la población, se inclinan por otorgar su confianza política  a las derechas, formaciones políticas que siempre han tenido entre poca y ninguna sensibilidad hacia los problemas de las clases populares.

En este contexto, conviene echar un vistazo a nuestro entorno socioeconómico porque a pesar de que la macroeconomía va como un tiro, crecemos muy por encima de lo que lo hacen nuestros vecinos, el paro desciende de forma sistemática y se registran avances incuestionables en materia de derechos sociales, la ciudadanía no percibe esas mejoras. Por lo tanto, algo está fallando, la cuestión es qué.

Me parece que no yerro, si digo que el problema de fondo es que la riqueza que se genera no se redistribuye de forma adecuada y no llega a los bolsillos de los ciudadanos, por lo que estos no ven mejorar sus condiciones de vida.

Según el Instituto Nacional de Estadística los indicadores macroeconómicos regionales muestran que en la foto general Cataluña goza de buena salud: en 2024 el PIB sumó 301.894 millones de euros, un 3,6% más que el año anterior, una décima más que la media de crecimiento de España. Esta cifra también significa que Cataluña aporta un 18,8% del PIB español. Es la segunda comunidad que más aporta, después de la Comunidad de Madrid, que tuvo un PIB de 316.242 millones y supone un 19,7% del total.

Sin embargo, si vamos más al detalle comprobaremos que el PIB es lo que producen todos los habitantes en conjunto, el PIB per cápita es lo mismo pero dividido entre todos los habitantes: es decir, cuánto le tocaría a cada uno de media. Y ahí es donde Cataluña pierde posiciones: con 37.426 euros por cabeza de media en 2024, pasa a la cuarta posición entre las comunidades autónomas, por detrás de Madrid, País Vasco y Navarra. Cataluña sigue estando por encima de la media española (32.633 euros) pero queda por debajo de la media de la Unión Europea (39.870 euros), mientras que Madrid se sitúa por encima (44.755 euros).

El motivo es que cuantas más personas haya, menos tocará a cada uno. Pero ahí se da una cierta incoherencia, porque si el PIB está subiendo en los últimos años no es porque la economía sea más productiva, es decir, que nuestra actividad genera más dinero porque ha logrado más eficiencia. Sino que el PIB crece, precisamente, porque hay crecimiento demográfico; básicamente por la entrada de inmigrantes: más personas trabajando generan más actividad, aunque esta no sea más productiva. La metáfora de la cafetera lo explica: un camarero puede preparar un número determinado de cafés al día, pero hay un límite; varios camareros con varias cafeteras pueden hacer más cafés. Se aumenta el número de la producción en total, pero también el número de personas a repartir.

El PIB, en Cataluña, crece muy rápido en trabajo y muy poco en productividad, eso sucede por nuestra estructura productiva, que está muy escorada hacia el sector servicios y en particular hacia sectores muy intensivos en trabajo pero poco productivos como la hostelería y la restauración. El turismo representa entre el 12% y el 14% del PIB catalán y entre el 13% y el 14% de los empleos.

Entre los años 2010 y 2023, los últimos de los que el Idescat tiene datos disponibles, el salario bruto anual en Cataluña subió un 22% hasta los 29.978 euros de media. En cambio, el aumento del IPC entre 2010 y enero de 2025, según el INE, ha sido del 37%. En el incremento del coste de la vida hay un elemento que no aparece bien reflejado en el IPC, que es el encarecimiento de la vivienda. El alquiler en Cataluña —de media, con incrementos mucho más acusados en ciudades como Barcelona y su área metropolitana— ha subido un 37% en los últimos 15 años, según los datos del Incasol.

Todos estos datos, junto con una tasa AROPE, que mide la proporción de personas en riesgo de pobreza o exclusión social, cronificada alrededor del 24% de la población, hace que no sea creíble el discurso de una economía boyante. Existe cierta desconfianza, porque el crecimiento no llega a ser una realidad para todos; la crisis de 2008 y como salimos de aquello aún está muy presente en el imaginario colectivo. Antes de aquella crisis, el crecimiento del PIB llegaba a la gente por la vía de los salarios y de la ocupación, pero era una economía dopada: gastábamos mucho más de lo que producíamos. Se iba generando déficit exterior y deuda pública y privada.

Con todo, parece que en los últimos tiempos la situación está empezando a cambiar: Los salarios están empezando a mejorar y a crecer por encima de la inflación (con permiso de Donald Trump que con sus veleidades conquistadoras la está poniendo por las nubes). Según los expertos en el tema, para que crezcan los salarios, tiene que aumentar mucho más la productividad. Sin embargo, con la productividad actual los hay que se están haciendo de oro. Por consiguiente, resulta imprescindible que se hagan distribuciones de renta mucho más equitativas entre todos los sectores sociales y no que las ganancias queden en unas pocas manos. Es cuestión de transferir renta de las clases de mayor nivel económico a las menos favorecidas a través de instrumentos fiscales y otras medidas de carácter público, como pueden ser, una mayor progresividad en el impuesto sobre la renta (IRPF), subsidios, pensiones, prestaciones por desempleo y servicios públicos universales.

No pretendo dar lecciones de nada anadie. Soy muy consciente de que los problemas complejos jamás han tenido soluciones sencillas, pero si empezamos a tirar del hilo de los salarios, es muy posible que lleguemos al meollo del asunto.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en la web de CÒRTUM 23/03/2026

 

IMPERIALISMO SIN ESCRÚPULOS

Los gobernantes mundiales y, en especial, los europeos deberían estar atentos porque, aunque parece que, de momento, Donald Trump ha aparcado sus delirios imperialistas sobre Groenlandia y ha puesto el ojo en Irán que se ha convertido en objeto de su deseo, es evidente que Irán no es Venezuela y el riesgo de que la economía mundial entre en barrena es plausible y no permite frivolidades.

El éxito militar de la operación para secuestrar a Nicolás Maduro, hizo que la autoestima de Trump creciera de forma exponencial. Ese triunfo ha hecho que el sheriff de la Casa Blanca y sus halcones estén decididos a llevar adelante su imperialismo trasnochado sin ningún escrúpulo.

La ambición expansionista de Trump no tiene límites. En una comparecencia ante los medios, el presidente aseguró que La Habana “quiere llegar a un acuerdo” y parece que hay contactos entre el gobierno cubano y el secretario de Estado, Marco Rubio porque, según el mandatario estadounidense, “el régimen castrista está en sus últimos momentos de vida”.

No es fácil saber cuándo Trump fanfarronea y cuándo está anunciado asuntos planificados. Por eso, lo de Cuba es una incógnita porque allí, a diferencia de Venezuela o Irán ni hay petróleo, ni tierras raras, ni uranio enriquecido, como sí lo hay en los países citados; y es más que dudoso que a Trump le preocupen los derechos humanos o la situación socioeconómica en que malviven los cubanos. Ante esa realidad, lo más razonable es pensar que alguien del entorno del presidente está viendo la manera de hacer negocio en la isla con una ribera de gran lujo, en la línea de la que quieren desarrollar en Gaza, tras la desaparición de los gazatíes.

Por lo que pueda ser, no deberíamos bajar la guardia y estar ojo avizor, porque cualquier día, el mandatario norteamericano se levanta con el pie izquierdo, se lía la manta a la cabeza y monta alguna barbaridad. Por ejemplo, si decide actuar en Groenlandia el conflicto está servido: la OTAN se desintegraría, y eso haría jaque a la seguridad de Estados Unidos, la de Occidente y la estabilidad mundial. Además de que un comportamiento de esas características, daría pie a la depredación territorial por parte de las grandes potencias, lo que haría más probable la acción china sobre Taiwán y la expansión rusa en el Báltico, e incluso en Asia Central.

Trump quiere hacernos creer que la toma de Groenlandia es una necesidad imperiosa para la seguridad nacional de Estados Unidos, pero la cuestión es que ya tienen un acuerdo de defensa con Dinamarca, mantienen una presencia militar en la isla y gozan de amplios derechos de base. Por lo que resulta difícil prever qué beneficios podrían obtener de una ocupación ilegal.

Sea como sea, el riesgo de fractura de la OTAN es muy grande; su desaparición sería desastrosa para ámbitos tan diversos como el militar o el económico. Pero es que un ataque impulsivo contra un aliado de larga duración como Dinamarca sería catastrófico, ya que llevaría a Japón, Taiwán, Corea del Sur, Canadá y otros países a considerar acuerdos de seguridad alternativos que reduzcan su dependencia de un Estados Unidos poco fiable.

Las amenazas de Trump también ponen en peligro las perspectivas económicas de EE UU. Tanto Dinamarca como la Unión Europea, en su conjunto, son socios indispensables en cualquier estrategia de crecimiento realista de Estados Unidos frente al auge de China. Los mercados de consumo, la base manufacturera, las cadenas de suministro y los ecosistemas de investigación de la UE son fundamentales para los avances en inteligencia artificial, computación cuántica, energía limpia y de fusión. Por consiguiente, arrinconar a Europa socavaría prácticamente todos los sectores de la economía estadounidense.

No perdamos de vista que más de 1.000 millones de consumidores en América del Norte, Europa, Japón, Corea del Sur y varias partes de Asia —unidos por una larga historia de alianzas económicas exitosas, aunque a veces inestables— representan la base más sólida para una prosperidad sostenible a largo plazo. Si a esto le sumamos a la India, que se está acercando a Estados Unidos y sus aliados como contrapeso a China, el resultado sería una alianza prácticamente imbatible.

Sin embargo, el imperialismo sin escrúpulos de Trump amenaza con arrasar ese futuro.  El expansionismo internacional del líder estadounidense pone de relieve su extralimitación, su corrupción y su disposición a aceptar regímenes cleptocráticos y autocráticos. Algunos sugieren paciencia, esperar y ver qué pasa para determinar si las tácticas de Trump reportan beneficios estratégicos. Eso es un error. La vacilación solo denota indecisión y provoca daños mayores. El momento actual exige un claro rechazo a las apropiaciones imperialistas de tierras.

Las motivaciones comerciales también son importantes. Las iniciativas de política exterior de Trump a menudo se centran en crear oportunidades de negocios privadas que le benefician personalmente, siendo su plan utilizar fondos públicos para subsidiar a empresas petroleras, Venezuela es un claro ejemplo. En este contexto, la oposición de su país debería hacer hincapié en la posibilidad de futuras investigaciones del Congreso, sanciones y enjuiciamiento penal para quienes se sientan tentados a participar en planes netamente ilegales.

Los magnates sin conciencia y el imperialismo sin escrúpulos van de la mano, intentando recomponer la política exterior estadounidense a su imagen y semejanza, Trump está reviviendo un orden internacional definido por la fuerza bruta, en el que los países poderosos se apoderan de territorios para que sus líderes puedan enriquecerse.

Ante esta preocupante situación resulta imprescindible que los líderes demócratas que aspiran a volver a gobernar planten cara, de lo contrario, corren el riesgo de heredar un mundo en el que los cimientos de la prosperidad y la seguridad hayan sido dañados de forma irreparable.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 15/03/2026

 

LA NUEVA REALIDAD ECONÓMICA

Con la crisis financiera de 2008, la promesa “revolucionaria” del libre mercado iniciada por Margarte Thatcher y Ronald Reagan hace más de 40 años acabó por colapsar; sus impulsores sobreestimaron la capacidad de los mercados para regularse y ser eficientes y, de ese modo, reducir al mínimo del papel del Estado en la economía.

Dieciocho años después, los países occidentales no han acabado de recuperarse de aquella crisis, a la que se han ido sumando la crisis de la deuda soberana europea, una pandemia global, la vuelta a la guerra, un nuevo shock de precios de la energía, el retorno de la inflación, la subida de los tipos de interés y la emergencia climática.  Ante esta realidad resulta evidente que “los modelos existentes son inadecuados ante la amplitud y magnitud de los retos que afrontamos”, como no se cansa de repetir el prestigioso economista y periodista turco Dani Rodrik.

El propio FMI ha reconocido sus errores durante la crisis financiera y resulta fácil comprobar la enorme diferencia entre cómo abordó la Unión Europea la crisis desatada por la pandemia de la covid-19 y las recetas impuestas durante la crisis financiera. Sin duda alguna, es un reconocimiento implícito de lo equivocado que fue imponer austeridad fiscal en medio de una crisis. También los bancos centrales han desplegado en estos últimos años una política monetaria mucho más imaginativa de lo que recogían los libros de texto, con la que han cosechados éxitos, aunque no exentos de riesgos.

La cuestión es que, el paradigma neoliberal ha venido marcando la política económica desde los años setenta, bajo los principios de que la pérdida de ingresos derivada de la bajada de impuestos se compensaba con un aumento de la actividad, y así se podía reducir el papel del sector público, algo imprescindible para estimular el dinamismo de la economía. Un marco asumido por buena parte del espectro político, no solo por los sectores más conservadores; también buena parte de la socialdemocracia, a principios de este siglo, hizo suya aquella frase de “bajar impuestos es de izquierdas”.

Faltaríamos a la verdad si no admitiésemos que en los años del paradigma neoliberal se consiguieron importantes logros, desde la incorporación de muchos países emergentes a las cadenas globales de suministro, un aumento de sus niveles de renta y una reducción considerable de la pobreza. Pero, a la vez, hoy la desigualdad es mucho mayor que hace 40 años y la erosión de la clase media, advierten los expertos, se ha convertido en la amenaza más importante para nuestro escenario social y político.

La competencia comercial china, fomentada mediante subvenciones públicas y mano de obra barata, ha traído grandes beneficios para los consumidores occidentales, pero ha provocado una fuerte desindustrialización en algunas regiones, dejando a mucha gente atrás. Una competencia desigual, pues Pekín limita el margen de la inversión extranjera en su economía. “Quizás lo más significativo es que la política comercial se haya convertido en un instrumento de redistribución de renta”, apuntaba el economista exjefe del FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, en una reciente conferencia dictada en el Peterson Institute.

Ante la situación de un nuevo orden mundial, la Unión Europea ha optado por evitar el enfrentamiento abierto con China, su segundo socio comercial, sobre todo ahora que las relaciones con EE UU están en sus niveles más bajos. Con buen criterio, desde la pandemia la UE ha apostado por repatriar parte de la producción y diversificar sus cadenas de suministro buscando una mayor seguridad de abastecimiento; además de las restricciones a productos como los coches eléctricos o los paneles solares por considerar que China hace competencia desleal. Sin embargo, como apuntaba el profesor de Harvard, Pol Antràs, “lo que están provocando estas medidas es una simple desviación de las rutas comerciales chinas”. De hecho, el gigante asiático basa parte de su estrategia en instalar fábricas de productos de alto valor añadido, como son los coches eléctricos, lejos de sus fronteras, con lo que dejan de ser vehículos made in China. Es lo que han hecho en México, donde ya se han instalado cinco de los mayores fabricantes chinos de automóviles y otros dos planean hacerlo en breve, lo que les abre la puerta al mercado estadounidense. Siempre que el sheriff Trump no diga otra cosa, claro está.

No obstante, los economistas advierten de que estas políticas tienen como resultado precios más caros por los mismos productos, que obligarán a los bancos centrales a lidiar con unos niveles de inflación más elevados por mucho más tiempo y con tipos de interés también más altos de los que nos tenían acostumbrados. Los tiempos de tipos cero parecen haber quedado definitivamente atrás. El proteccionismo impone un papel mucho más activo de los gobiernos en la economía. Lo tuvieron cuando estalló la crisis financiera y acudieron al rescate del sistema con inyecciones millonarias de dinero público para evitar la quiebra del sector bancario, y ahora como agentes decisivos del cambio en forma de política industrial, dirigiendo la inversión pública a impulsar la transición energética, la transformación tecnológica y, más recientemente, la apuesta por la seguridad y la defensa, un papel en línea con el Estado emprendedor como defiende Mariana Mazzucato, Catedrática de Economía de la Innovación y Valor Público en el University College de Londres

Después de los rescates financieros, la política industrial se ha convertido en la punta de lanza de la vuelta del Estado a la economía, pero ese es solo el principio. La transición energética y la mitigación climática son políticas tan urgentes e ineludibles como caras de financiar y que exigen un importante componente de inversión pública para que la descarbonización se produzca con éxito. Un buen ejemplo lo ofrecía la economista Keyu Jin en el Peterson Institute. “El uso generalizado de los coches eléctricos no despegará hasta que la infraestructura esté instalada y para eso se necesitan inversiones colosales, como las que ha llevado a cabo China en la última década: Estados Unidos tiene 160.000 estaciones de carga para los coches eléctricos y China, cuatro millones”.

 “Es verdad que la sucesión de crisis ha propiciado de manera natural una mayor presencia del sector público en la prestación de servicios. Pero hay un debate pendiente respecto a, por un lado, cómo se financia este incremento del gasto público global y, por otro, hasta dónde debe llegar la presencia del Estado en la economía, porque no es lo mismo subvencionar paneles solares o financiar un plan de reindustrialización que la participación del Estado en empresas privadas”, subraya Javier Pérez, director de Economía Internacional y Área del Euro del Banco de España. Es lo que ha sucedido con Telefónica donde años después de su total privatización, el Estado español se ha hecho con una participación del 10% del capital por la que ha desembolsado 2.280 millones de euros.

Poco a poco, todos estos movimientos empiezan a dibujar un nuevo modelo económico aunque aún esté por definir. Pero la ola resulta imparable. “El sistema no va a permanecer como está, algo está a punto de cambiar. Lo que no sabemos es qué hay al otro lado”, sentenciaba el ya mencionado Pierre-Olivier Gourinchas.

Todo eso, siempre y cuando a Donald Trump no le dé por hacer alguna barbaridad algo más bestia de las viene haciendo hasta ahora, porque puede ser que alguien pierda los estribos, apriete el botón que no se ha de apretar y se vaya todo al garete, y es que, tal y como se está poniendo el panorama internacional cualquier cosa es posible. 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en CÒRTUM 11/03/2026

 

NO A LA GUERRA

 

La decisión de Pedro Sánchez de que España no participe, ni por activa ni por pasiva, en los ataques que, contra Irán, están llevando a cabo EE UU e Israel, nos coloca en el lado correcto de la historia.

Se estaba desarrollando una ronda de negociaciones, en Ginebra, entre Irán y Estados Unidos con mediadores de Omán, cuando el Gobierno de Teherán puso sobre la mesa una propuesta de reducción de su programa nuclear para disipar las dudas de Washington. Porque Donald Trump ya había advertido que si las conversaciones diplomáticas fracasaban, multiplicaría la presión con nuevas sanciones y con el mayor despliegue militar estadounidense desde la guerra del Golfo.

Parecía que las conversaciones iban razonablemente bien ya que ambas delegaciones se mostraban optimistas, mientras que el plazo de “diez o máximo quince” días que se había dado desde la Casa Blanca para negociar pensaban que no sería necesario agotarlo porque antes llegarían los acuerdos. El presidente iraní, Masud Pezeshkián, hablaba de una “perspectiva positiva”, y el vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, insistía en que el presidente seguía prefiriendo una solución pacífica: “vamos a sentarnos para mantener una nueva ronda de conversaciones diplomáticas con los iraníes e intentar lograr un pacto razonable”, dijo antes de marchar de fin de semana, con la idea de reemprender el diálogo el lunes.

Sin embargo, la colaboración de los servicios de espionaje e inteligencia estadounidenses e israelitas permitió saber que el líder supremo iraní, Alí Jamenei, y buena parte de los altos mandos del régimen se reunirían en el palacio presidencial. Entonces, Donald Trump, sin consultar a las cámaras legislativas de su país, y sin el conocimiento de Naciones Unidas, se pasó el derecho internacional por el arco del triunfo y junto con la aviación israelí en la madrugada que va del 28 de febrero al 1 de marzo, bombardearon la residencia del mandatario, matando a Jamenei y una cincuentena de altos cargos.

Por su parte, el genocida Benjamín Netanyahu y su cohorte de ministros extremistas no han perdido el tiempo y con la excusa de acabar con Hezbolá está atacando el Líbano, en especial la capital Beirut y ha cerrado a cal y canto Gaza, por lo tanto ya no es necesario que sigan bombardeando a los gazatíes, estos ya morirán de inanición y si no siempre estarán los colonos para acabar el trabajo.

De hecho, Estados Unidos e Israel, ya habían bombardeado Irán el pasado junio, pero aquel ataque fue más selectivo, destinado específicamente a destruir las instalaciones nucleares del régimen teocrático (lo consiguieron solo a medias). Esta vez se trata de una auténtica ofensiva bélica, Y cuyo objetivo, al menos aparentemente, es provocar una crisis interna en la República Islámica que acabe derrocando al régimen; aunque no deberíamos descartar el interés en hacer colapsar el petróleo iraní y el tráfico por el estrecho de Ormuz, con el objetivo de poner en valor el crudo estadounidense y venezolano por parte norteamericana. 

A partir de ahí, el caos político y diplomático ha sido total. La posición claudicante de la UE, debería hacernos sonrojar, en el primer comunicado ni se mencionaba el ataque; al contrario, se pedía moderación a la respuesta iraní y se abogaba por un cambio de régimen. Menos mal que con el paso de los días la Unión, aunque con tantos matices como divergencias, ha ido modulando su planteamiento.

Quien desde un principio lo tuvo claro fue el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que en una comparecencia en el Palacio de la Moncloa, dejó muy claro cuál es la posición de España en el conflicto de Oriente Medio que ya amenaza con extenderse a otras regiones, incluida Europa. Sánchez recuperó el lema del “no a la guerra” promovido durante la invasión de Irak en 2003 para resumir su postura ante la escalada de violencia; reivindicó la diplomacia y el diálogo para lograr una paz duradera en la región. "La pregunta no es si estamos o no a favor de los ayatolás. Nadie lo está. Desde luego, no lo está el pueblo español y, por supuesto, tampoco el Gobierno de España. La pregunta, en cambio, es si estamos o no del lado de la legalidad internacional y, por tanto, de la paz", dijo.

Como no podía ser de otra manera, esa declaración no sentó bien en la Casa Blanca. “España ha sido terrible. No queremos tener nada que ver con ellos”, dijo Donald Trump, tras saber que el Gobierno de España no permitirá que EE UU use las bases de Morón y Rota en la ofensiva contra Irán; al día siguiente el líder republicano amenazaba con embargar los productos españoles y poco después decía que “España es una perdedora”, es evidente que el sheriff, desde la negativa de Sánchez de a subir el gasto en defensa hasta el 5%, nos tiene manía. Solo ha faltado este plantarle cara, algo a lo que Trump no está acostumbrado. 

Sin embargo, el portavoz de comercio de la Comisión Europea respondió que: “La UE garantizará que los intereses de la Unión Europea estén plenamente protegidos. Expresamos nuestra total solidaridad con todos los Estados miembros y sus ciudadanos y, a través de nuestra política comercial común, estamos preparados para actuar si es necesario para salvaguardar los intereses de la UE”.

Esta situación ha puesto de manifiesto, una vez más, el guirigay reinante en la política de nuestro país. Para empezar a Pedro Sánchez le han faltado reflejos para informar al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y comunicarle que el Gobierno de España, atendiendo a sus compromisos como país miembro de la OTAN, enviaba la fragata “Cristóbal Colón” en tareas estrictamente defensivas y de apoyo a Chipre. Por su parte el PP ha vuelto a enredarse en sus propias incoherencias porque además de difundir noticias falsas sobre la ministra Margarita Robles, dice estar a favor de la guerra, pero en contra del envío de un barco para colaborar con un país aliado. Si alguien lo entiende que lo explique.

Volvemos a estar en un momento muy delicado de la política internacional y la actitud de Pedro Sánchez se, cuando menos, digna de respeto y consideración. Con todo, hemos de ser realistas y es más que probable que algún peaje tengamos que pagar por este nuevo desplante al sheriff de la Casa Blanca que, por mucho que digan que sus amenazas son volátiles, es de esa clase de tipos que, por su catadura moral, ni olvidan ni perdonan.

 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 09/03/2026

EL REARME EUROPEO Y SU IMPACTO ECONÓMICO

 

Desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca no hay tiempo para la relajación. Raro es el día que el mandatario norteamericano no protagoniza alguna barbaridad. Ahí está, sin ir más lejos, el salvaje ataque a Irán, de la mano de otro descerebrado como Benjamín Netanyahu. Sin embargo, quiero referirme a la reacción del mandatario estadounidense, tras el varapalo que le propinó la justicia de su país al declarar ilegales la mayoría de los aranceles que había establecido a su libre albedrío, no tuvo otra ocurrencia que subirlos todos el 10% y ni veinticuatro horas después al 15%.

Y claro, así no hay manera de establecer relaciones comerciales estables, ni empresa capaz de desarrollar un plan de expansión-exportación digno de tal nombre. Y es que la guerra arancelaria ha sacudido el tablero porque genera inseguridad que es lo último que necesita la economía mundial.

Con esta situación de fondo ha pasado bastante desapercibido que desde Washington llevan tiempo presionando a los países europeos para que aumenten su gasto en defensa y sean más autónomos. Ahora bien, no les gusta nada la nueva directiva europea —prevista para que entre en vigor el tercer trimestre de 2026— dé prioridad a la compra de armas europeas y a la industria de defensa de Europa. Una regulación que se ha elaborado en un momento clave del divorcio de la UE con Estados Unidos. El origen de esta iniciativa está en el temor de Europa a quedarse sin el paraguas de seguridad estadounidense que ha dejado de ser un socio fiable. Como no podía ser de otra maneara, con el fino estilismo político que caracteriza al líder norteamericano, EE UU ha amenazado a la UE con represalias y ha cargado contra esa directiva comunitaria, que en su opinión es “proteccionista”.

Desde luego, no estamos ante una cuestión menor. Los planes de inversión y rearme alcanzan los 1,3 billones de euros o, si lo prefieren, el 7,2% del PIB comunitario. Una cantidad tres veces más elevada de lo que se desplegó tras la pandemia con el programa Next Generation (contando solo el gasto ejecutado). Ni los informes de Mario Draghi y Enrico Letta, ni el diagnóstico compartido de riesgo “existencial” a que se enfrenta la economía europea, habían logrado despejar las divergencias entre socios comunitarios. Sin embargo, las amenazas geopolíticas han generado un importante cambio de criterios. Alemania ya ha decidido renunciar al límite de endeudamiento que encorseta su economía y ha puesto en marcha un fondo de inversión de 500.000 millones de euros para el próximo decenio. De forma paralela, se muestra partidaria de flexibilizar las reglas fiscales —en concreto para incrementar el gasto en Defensa—, alineándose así con las posiciones de Francia. La Comisión Europea, por su parte, anuncia un plan de rearme de 800.000 millones, a desarrollar en cuatro años, coordinando buena parte de los Estados miembros. En ese contexto, el Gobierno de España se comprometió a llegar el 2% del PIB, es decir, subir el gasto en defensa y desarrollo un 53%.

De llevarse a cabo el plan, tal y como se ha diseñado, supondría un estímulo colosal para la economía europea. El impulso aportado por los planes anunciados de gasto podría alcanzar el 1,8% del PIB cada año hasta 2029. En la práctica, el fondo de inversiones en infraestructuras prometido por el canciller de alemán está a la altura de las expectativas, pudiendo incidir, además, en el resto de economías europeas.

Que este proyecto llegue a buen puerto depende, en gran manera, de la capacidad de respuesta del tejido productivo de cada país, y ahí surgen las dudas. El 78% de las compras de armamento que se realizaron en 2022-2023 fueron importaciones, particularmente desde EE UU, según fuentes comunitarias, antes de la pandemia, el porcentaje alcanzaba el 60%.  Un incremento abrupto del gasto podría colapsar la industria europea y agravar el grado de dependencia de la Defensa comunitaria.

En nuestro país el efecto multiplicador podría ser menor, debido al tamaño de nuestro sector de la Defensa a pesar de disponer de capacidades relevantes en algunos sectores como la tecnología de los satélites y los radares. Además, hay quien duda de que el sector privado pueda complementar la inversión pública. Por otra parte, Europa carece de instrumentos de coordinación de semejante envergadura, lo que puede generar un riesgo y malbaratar esfuerzos.

Bruselas está llevando ahora a cabo un giro copernicano que hubiera sido deseable durante la crisis financiera. Sea como sea, lo importante es que la nueva estrategia se aplique con gradualidad para que redunde, simultáneamente, en un menor grado de dependencia del exterior y crecimiento económico sostenido.

Durante la Guerra Fría, los países europeos acometieron un considerable esfuerzo en Defensa, con un gasto que en el caso de España alcanzó el 3% del PIB en la década de los ochenta, muy similar a la media europea.  Tras la caída del muro de Berlín, el gasto en Defensa bajó hasta un mínimo cercano al 1% a principios del siglo XXI Desde entonces, la tendencia es ascendente, particularmente desde el estallido del conflicto en Ucrania.    

Ahora, con el nuevo orden mundial que nos está imponiendo Donald Trump, estamos obligados a tomar las precauciones que sean pertinentes para no acabar siendo vasallos de EE UU. Por eso, deberíamos hacer nuestras las palabras del ministro de Exteriores francés, French Response, que en tono irónico respondió al palmero Marcos Rubio, por unas declaraciones que hizo en la Conferencia de Seguridad de Múnich 2026, celebrada hace unas pocas semanas: “Socios fuertes, sin duda, en lugar de clientes financiados”.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 02/03/2026

PRESUPUESTOS A LA VISTA

Desde el Govern se había extendido un discreto mando de silencio, sobre los próximos presupuestos, para no entorpecer las conversaciones con los grupos parlamentarios que dan soporte al Ejecutivo catalán y evitar así que pudiesen descarrilar las negociaciones. Una decisión lógica que ha dado sus frutos. Porque con la correlación de fuerzas existente en el Parlament de Catalunya, hay que hacer auténtico encaje de bolillos para sacar adelante la ley más importante del año: los Presupuestos de la Generalitat para 2026.

Coincidiendo con la reincorporación de Salvador Illa a su puesto de trabajo, después de un mes de baja por una osteomielitis púbica que le obligó a estar primero en el hospital y más tarde a seguir el tratamiento antibiótico en su domicilio, el president se ha planteado como prioridad absoluta aprobar las cuentas de 2026, las primeras de su mandato.

A pesar de su baja laboral, Illa no ha perdido el contacto con la realidad y ha sido consciente en todo momento de los días críticos que, por razones diversas, ha afrontado la ciudadanía. Por eso, en su primera comparecencia, dejó claro que comprendía el malestar de la gente con la vivienda, su inquietud por los episodios de la emergencia climática y, por supuesto, Rodalies. “La prioridad absoluta es nuestra seguridad y protección”, dijo, refiriéndose a la revisión en las vías férreas, asegurando que el Govern está dispuesto a solucionar ese colosal problema de movilidad en un “rumbo de exigencia y ambición” hasta alcanzar parámetros de “excelencia”. No perdamos de vista que los trenes de Rodalies circulan con límites de velocidad, al menos hasta abril, y eso provoca, de forma inevitable, alteraciones en los recorridos, retrasos y toda clase de inconvenientes que tiene que asumir los usuarios. Pero está claro que para subsanar esas anomalías los Presupuestos son una herramienta fundamental.

Sobre el papel la cuestión de los presupuestos es sencilla. Sin embargo, todo se complica cuando el gobierno de turno no dispone de la mayoría parlamentaria suficiente para sacar las cuentas adelante y tiene que negociar con otros partidos para obtener sus soportes; algo que a día de hoy ocurre en casi todos los países europeos y donde ni España ni Catalunya son una excepción. En nuestro caso, el Govern ha de llegar a acuerdos con los Comuns y ERC para lograr los votos necesarios porque el resto de formaciones del arco parlamentario son oposición pura y dura, sin más objetivo que hacer embarrancar al Govern de Salvador Illa.

Comuns habían puesto sobre la mesa varias cuestiones en materia de vivienda, educación o movilidad para dar luz verde a las cuentas de 2026, pero el tema estrella era la limitación de la compra especulativa de pisos. En un principio, el Govern quería basar el veto en la fiscalidad, pero, finalmente, el acuerdo con los de Jéssica Albiach pivotará alrededor de la proposición de ley de Comuns registrada en el Parlament que comportará la modificación de la Ley de Urbanismo.

Con anterioridad, el Ejecutivo había encargado cuatro informes sobre la posibilidad de limitar las compras especulativas de vivienda en Catalunya, a expertos de contrastada solvencia como son los juristas Carles Viver Pi-Sunyer, Fuensanta Alcalá, Pablo Feu y el doctor en antropología económica Jaime Palomera, estos avalan la idea de hacerlo de forma temporal y en zonas de mercado tensionadas. La intervención pública en un mercado en el que hay diferentes condiciones de demanda (para vivir o para invertir), se ajusta a la legalidad vigente. Experiencias internacionales de regulación han reforzado la estabilidad residencial, y la legislación catalana y urbanística apuntalan el uso residencial del suelo y la función social de la vivienda.

Así pues, una vez constatada la viabilidad jurídica de la norma, el Govern incluía la iniciativa en los Presupuestos y Salvador Illa y Jéssica Albiach escenificaban el acuerdo firmando un documento el pasado jueves en la Generalitat.

Los que, de momento, se han negado a negociar esas cuentas ha sido ERC. Daba la sensación que la crisis de Rodalies podía abrir una ventana de oportunidad para que republicanos y socialistas salieran del callejón en que se habían metido. La solución pasaba por la creación de un consorcio que ejecute y haga el seguimiento de las infraestructuras; esa podría ser, al menos, la salida temporal.

Sin embargo, tras una reunión de Oriol Junqueras y Pedro Sánchez, celebrada el pasado viernes en la Moncloa, para los republicanos la condición sine qua non sigue siendo que la Agencia Tributaria Catalana recaude de forma íntegra el IRPF que se genera en la comunidad y ahí el Gobierno central se muestra reticente; de ahí que el presidente de ERC apriete a los socialistas catalanes para que convenzan al PSOE y este haga “gestos” para avanzar en la carpeta de la recaudación.

En todo esto, tiene mucho que ver que Oriol Junqueras está atrapado en una de las muchas martingalas de la política. Por un lado, la oposición interna le sigue muy de cerca y él necesita obtener logros tangibles para sacudirse la presión. En cambio, por otro, le conviene dar aire, tanto al Gobierno de Sánchez como al de Illa, porque unas elecciones anticipadas en España y/o Catalunya serían una muy mala noticia para los republicanos por su situación de extrema debilidad.

A pesar de todo, quiero ser razonablemente optimista y pensar que los presupuestos de la Generalitat para 2026, los tenemos a la vista y pronto serán realidad. Hay quien apuesta porque podrían ver la luz antes de Semana Santa. No lo sé. Conviene que los árboles no nos impidan ver el bosque y que nadie se obnubile con el mañana porque primero hay un hoy, y es imprescindible tener unas buenas cuentas conforme a lo que Catalunya (su gente) necesita. Por consiguiente, esperemos que los negociadores prioricen el qué sobre el cuándo.

Y es que cuando hablamos de presupuestos, hablamos, entre otras muchas cosas de sanidad, educación o servicios sociales.  Es decir, de que el país funcione y de ensanchar el Estado del bienestar.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 23/02/2026