MARTINGALA ECONÓMICA

Los sufridos lectores que tienen la gentileza de dedicar cada semana unos minutos a leer la columna que publico en esta magnífica ventana que es Catalunya Press comprenderán que, en esta ocasión, aparque los temas que trato habitualmente, política, cuestiones sociales, etcétera, y trate un asunto que puede parecer banal: fútbol, pero que, en realidad, no lo es porque ahí se mueven centenares de millones de euros y el control es más bien escaso, por no decir inexistente.  

El F.C Barcelona está haciendo un inicio de campaña de ensueño. En cada partido establecen un nuevo record. Además, los culés tenemos el goce añadido de que el Real Madrid no anda, que digamos, nada fino. A veces pienso que casi disfrutamos más con los fracasos del eterno rival que con las victorias propias. El batacazo que se dieron los merengues en el campo del Atlético de Madrid no se paga con dinero. Nunca estaremos lo suficientemente agradecidos a Florentino Pérez por haber traído, de nuevo, al gran Joseph Mourinho, con él la diversión la tenemos garantizada.

Explico todo esto porque de forma paralela a los éxitos de unos y los fracasos de otros, el Barça celebró, el pasado 19 de septiembre, de forma telemática, una asamblea ordinaria. Aunque la verdad: aquello, más que una reunión para examinar la situación económica de una entidad de prestigio mundial, parecía un grupo de amiguetes tomando unas cañas y parodiando las cuentas del gran capitán. Ya saben, el de los picos, las palas y los azadones.

Vaya por delante que cualquier empresa con un saldo negativo en sus cuentas de resultados durante tres ejercicios consecutivos debería presentar concurso de acreedores y, muy probablemente, estaría abocada a la quiebra forzosa. Sin embargo, Joan Laporta, y su junta directiva, hacen ostentación de un optimismo que raya en la imprudencia o un desconocimiento de la situación económica del club muy preocupante.

El Barça, con la reconstrucción del campo, se ha hipotecado, al menos, por 30 años en los que tendrá que devolver unos 4.000 millones de euros. Las cuentas del ejercicio 2025-26, se cerraron con un saldo neto negativo de 168 millones. El presupuesto para el año próximo está previsto con solo un millón de beneficio, y se pedirán dos nuevos créditos, de 300 y 210 millones, para terminar el Espai Barça. Pero esta es la industria del fútbol, y así funciona las cosas en ese universo paralelo.

Según se informó a los socios compromisarios, la deuda total anda en unos 2.680 millones, de los que 1.800 están vinculados al estadio, mientras que 710 son de bonos y 170 otros préstamos. Los mandamases del club han decidido jugar a todo o nada y para eso confían que el Camp Nou sea una máquina de fabricar dinero ya que esperan unos ingresos de 1.450 millones en 2031, de los que 450 saldrían del estadio.

El objetivo inmediato es terminar esta temporada con un aforo de 72.000 espectadores, más el 75% de los palcos VIP activados. Ahora bien, la siguiente temporada habrá que regresar a Montjuïc, si todo va bien hasta enero. Para entonces, el estadio ya podrá albergar a más de 90.000 espectadores, hasta llegar a los 104.000 al final de la temporada 2027-2028. En 2029 debería estar finalizado para albergar la final de la Champions.

Según se explicó, antes de que se decidiera renovar el estadio, la rentabilidad era de unos 200 millones por temporada. Se espera que, una vez acabado la cifra ronde los 450, a la que habrá que descontarle 150 entre intereses y amortización de la deuda.

Más allá del optimismo desbordado la realidad es la que es y, en consecuencia, el Palau deberá esperar. Así lo reconoció la directiva en la Asamblea. El Espai Barça se separa del Palau y la junta busca un socio inversor que construya el pabellón a cambio de explotarlo durante los próximos años.

Sé que el tema que estoy tratando no entra en la lógica de la mayoría de mortales. El planeta fútbol se rige por otros parámetros. No obstante, tengo la sensación que a Laporta y su equipo les falta hacer una previsión real de la situación y la prudencia necesaria para moverse en un ámbito tan proceloso como el que nos ocupa.

Es cierto que con Ansi Flick en el banquillo los resultados del primer equipo invitan a ser optimistas. Pero los responsables de una entidad que manejan dineros que no son suyos tienen una responsabilidad añadida. No sería admisible que por dejadez negligencia o cualquier otro nihilismo el club se encontrase, de nuevo, en una situación similar a las que ya se han vivido. Quizás es que ya hemos olvidado la época de Joan Gaspart o más recientemente la de Josep Maria Bartomeu. Por mucho que el fútbol sea de otro planeta, allí dos y dos seguirán siendo cuatro. Supongo.

 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 28/09/2026

 

NEGACIONISTAS GENOCIDAS

 

En el último Festival de cine de Venecia, celebrado recientemente, el documental NAZA dirigido por los cineastas y periodistas de investigación israelíes, Yuval Abraham y Rachel Szor, ha alcanzado el Premio Especial del Jurado, tras su estreno mundial en la Sala Grande del Palazzo del Cinema. El filme recibió una ovación del público, puesto en pie, de casi 25 minutos. Ha sido el aplauso más largo registrado en la historia del Festival de Venecia, superando récords anteriores.

El título del largometraje proviene del término "Naza", una palabra utilizada por los mandos de inteligencia militar para referirse a los daños o "víctimas colaterales" civiles de los bombardeos. El documental aborda las operaciones militares en la Franja de Gaza. La producción recopila los testimonios anónimos de 24 soldados y miembros de la inteligencia de Israel que detallan el uso de sistemas tecnológicos y de inteligencia artificial en la toma de decisiones militares. Como no podía ser de otra manera, ha generado una enorme controversia política y el rechazo oficial de las autoridades gubernamentales y del ejército israelí.

“Algunos bombardeos mataron a 20, 30, o incluso a 300 personas”, dice uno de los entrevistados en la película. Ese mismo interlocutor explica que se rastrean barrios gazatíes, con información sobre los inquilinos de cada hogar y las consecuencias que acarrearía cada ataque. “Una vez se aprobó un bombardeo que (se preveía que) causara 500 víctimas mortales”, responde el soldado, al ser preguntado por el mayor número de muertos que recuerda en un solo ataque.

Los autores del film sostienen que “es su responsabilidad como israelíes denunciar los crímenes de Estado que se están cometiendo sistemáticamente”, y lamentan las reacciones de algunos funcionarios que: “No solo no niegan los crímenes y las atrocidades, sino que las justifican y aplauden”.

Pero no es solo el Gobierno de Netanyahu y sus adlátares los que niegan la realidad, personajes como Benny Gantz, miembro de la oposición que durante una campaña electoral en 2019 proclamó que, cuando fue el jefe del ejército durante la guerra de 2014, había devuelto partes de Gaza “a la Edad de Piedra”, para él NAZA es una mentira: “Ningún ejército del mundo ha luchado en un entorno urbano evitando el uso de las armas como lo hace el israelí”. También Avigdor Lieberman, antiguo ministro de Defensa, y Naftali Bennet, ex primer ministro, ambos con opciones de participar en un, hipotético, próximo Ejecutivo de coalición han vinculado el documental con una campaña de difamación contra Israel.

O sea, negacionistas genocidas como el descerebrado Miki Zohar, ministro de Cultura, del actual Gobierno de Netanyahu que ha acusado a los cineastas de estar “dispuestos a dañar a su patria para recibir aplausos de los antisemitas del mundo” y les ha amenazado con retirarles la nacionalidad.

De manera prácticamente simultánea al triunfo de NAZA, la ONG israelí B’Tselem hacía público un documento en el que acusa a las autoridades israelíes de combinar la violencia, las barreras a la movilidad y la asfixia económica para desmantelar “las condiciones necesarias para la existencia colectiva palestina” en el territorio ocupado. En ese informe se identifican cinco ámbitos básicos de acción con los que Israel implementa su proyecto: violencia e intimidación; restricciones de movimiento; estrangulamiento económico; destrucción sociopolítica; limpieza étnica y apoderamiento territorial. Y subraya que “operan simultáneamente y están interconectados implementándose unos a otros y formando un mismo proyecto.

Esa película y el documento de B’Tselem me han recordado el libro de Hanna Arendt “Eischmann en Jerusalén”, pero más que el libro en sí, la polvareda intelectual que levantó su publicación; entre otras cosas porque puso de manifiesto que la verdad casi nunca es cómoda. Tal vez por eso, me parece genial aquella reflexión de Arendt que dice: “Puedes engañar a alguna gente todo el tiempo, y a toda la gente algún tiempo, pero no puedes engañar a toda la gente todo el tiempo”. En consecuencia, estoy convencido de que más pronto o más tarde acabaremos sabiendo la verdad de todas las barbaridades que el Gobierno israelí está cometiendo en Cisjordania. No tengo nada claro, sin embargo, que los genocidas Netanyahu & CIA acaben delante de un tribunal.

Más allá del valor intrínseco del film NAZA y el documento de B’Tselem —que es mucho—, esas denuncias ponen de manifiesto que una parte de la sociedad israelí rechaza las atrocidades del Estado judío al pueblo palestino. Además, resulta estimulante ver que aún quedan personas dispuestas a jugarse su integridad y su futuro para denunciar algo que consideran injusto.

 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 21/09/2026

LA IMPORTANCIA DE LAS FORMAS

En política las formas suelen ser tan importantes como el fondo. Por eso, desde que empezó a hablarse de un “sistema de financiación singular para Cataluña”, pensé que era una equivocación. Ya que si un ciudadano de, pongamos por caso, Villamorillo pregunta: “¿Por qué los catalanes pueden tener un sistema de financiación singular y nosotros no?” ¿Qué le vamos a responder? ¿Que su comunidad autónoma no tiene derecho? Está claro que no.

Sé que la derecha de nuestro país es carpetovetónica y rechaza por sistema todo lo que no nace en sus propias filas. Pero, en la situación actual, convendría ser muy cuidadosos para no regalarle argumentos. No es casualidad que, en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera, celebrado el pasado 4 de septiembre, solo Cataluña y Canarias votaran a favor del nuevo sistema de financiación; el resto de las comunidades, gobernadas por el PP, junto con las dos comunidades socialistas, votaron en contra.   

Y eso, a pesar de que el nuevo sistema es mejor que el vigente. Se trata de un modelo más justo y razonable que el actual; garantiza mayores recursos para todas las comunidades reforzando los servicios públicos, reconociendo las singularidades y las diferentes variables determinantes de los costes, ya que asegura la igualdad de derechos en el acceso a los servicios públicos independientemente del territorio dónde se viva.

Pues bien, para el PP el acuerdo alcanzado por el Gobierno, la Generalitat y ERC se debe al “chantaje” independentista para establecer lo que denominan el “cupo catalán”, terminología que el Ejecutivo rechaza. “A más corrupción, más debilidad, más negocio para independentistas y más cesiones. La corrupción ha traído barra libre“, apostillan los populares.

El hecho cierto es que la propuesta que el Ejecutivo ha puesto sobre la mesa, después de un impás de 12 años, parte de un cambio contundente: Hacienda llevará a cabo diversas modificaciones tributarias de calado para inyectar 21.000 millones más, cada año, a todas las comunidades del régimen común, con el objetivo de recomponer la maltrecha hucha que las nutre de recursos. De esa forma, todos los territorios aumentarían su financiación efectiva en términos absolutos.

En opinión de Ángel de la Fuente, actual director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), uno de los mayores expertos en financiación autonómica que hay en España, “los cambios benefician de forma notable a las comunidades que partían de posiciones más débiles en el sistema actual, aunque no exclusivamente a ellas”.

Cataluña es la gran beneficiada en términos de población ajustada, con un aumento de 507 euros por habitante, seguida muy de cerca por la Comunidad Valenciana, que gana 496 euros, y por Murcia, con 468 euros adicionales. También registran incrementos significativos Baleares (450 euros extra), Madrid (409 euros), y Andalucía (367 euros). Valga decir aquí que la población ajustada se obtiene mediante un cálculo que tiene en cuenta la insularidad, la edad media, la dispersión geográfica o la orografía del territorio; así se puede ponderar a los habitantes según sus características, que influyen directamente en el coste de los servicios públicos. En cambio, si el cálculo se llevase a cabo sin ajustar población, las grandes beneficiadas serían, por este orden, Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid y Murcia.

Que el nombre que le pusieron al nuevo modelo, en mi opinión, no fuera muy acertado no significa que no sea un buen sistema. Por lo tanto, ahora, le corresponde al Partido Popular explicar por qué rechaza este nuevo modelo de financiación que beneficia a sus gobiernos autonómicos, que están claramente entre los más favorecidos. El problema, dicen, es que se ha diseñado al gusto de Cataluña. Obvian, no obstante, que con el nuevo sistema sus barones gestionarán presupuestos más holgados y, que la condonación de la deuda, que va aparejada, supondrá un fuerte alivio de la carga financiera para las autonomías.

Ahora queda un largo camino por recorrer. La aprobación parlamentaria no será fácil. Al tratarse de una ley orgánica, se requiere mayoría absoluta en el Congreso. El Ejecutivo confía en que el beneficio general para todas las comunidades, incluidas las gobernadas por el PP, facilitará el proceso. Pero la oposición frontal de Génova y las dudas de otras formaciones anticipan un debate áspero. Sería muy lamentable que, una iniciativa justa y equitativa que beneficia a todos los ciudadanos, por intereses partidistas quedase aparcada en el rincón del olvido.

 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en EL TRINAGLE 18/09/2026

 

FIN DE CICLO..., O NO

Estamos en el último curso de esta legislatura y quién sabe si, también, este es el último curso de este ciclo político.

Todo empezó a raíz de la alarma y malestar social generado por la sentencia del caso Gürtel. Aquella situación hizo que un alicaído y despistado PSOE se animara a presentar una moción de censura contra Mariano Rajoy. La moción proponía como candidato a la presidencia del Gobierno al secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez.  Sánchez declaró que establecería un gobierno «de transición», que asegurase la «gobernanza» del país y recuperase la «normalidad democrática», por la crisis política desatada y, para cuanto antes, convocar elecciones generales anticipadas.

El 13 de febrero de 2019 el Congreso de los Diputados rechazó los Presupuestos Generales del Estado propuestos para 2019, por lo que Sánchez llamó a las urnas el 28 de abril. Comenzaba así un nuevo ciclo político que es el que estamos viviendo.

En efecto, el 7 de enero de 2020, Pedro Sánchez prometía su cargo, los ministros hacían lo propio, quedaba constituido el primer Gobierno de coalición de la democracia recuperada y la XIV legislatura del Congreso de los Diputados echaba a andar.

A partir de ahí, una pandemia, una erupción volcánica, una crisis energética global, una inflación disparada, el conflicto catalán, una compleja aritmética parlamentaria y una sucesión de polémicas investigaciones judiciales que han asediado a personas de su entorno político y personal, han jalonado la trayectoria presidencial de Pedro Sánchez.

Ningún presidente de la democracia recuperada ha tenido que encajar tantos contratiempos ni gobernar en un contexto tan cambiante como Pedro Sánchez. La etapa de Sánchez ha estado marcada por una constante sucesión de sobresaltos, pero también por la aprobación de algunas de las reformas sociales y económicas más relevantes de las últimas décadas.

La irrupción de la covid-19 en marzo de 2020 alteró por completo el rumbo de la legislatura. Se decretó el estado de alarma, confinó a millones de ciudadanos y paralizó buena parte de la actividad económica en una situación sin precedentes. La gestión de la pandemia se convirtió en el principal desafío del presidente. Su Ejecutivo impulsó medidas extraordinarias para sostener empresas y empleo, entre ellas los ERTE, ayudas a autónomos y diversas prestaciones sociales destinadas a amortiguar el impacto económico de las restricciones.

De forma casi simultánea, se fue planificando un amplio paquete de reformas que después se han ido haciendo realidad. Una de las más destacadas fue la reforma laboral, planteada para reducir la temporalidad y mejorar la estabilidad en el empleo. A la vez, se han ido sucediendo subidas del salario mínimo interprofesional, la revalorización de las pensiones conforme al IPC y la aprobación del ingreso Mínimo Vital.

La agenda legislativa incluyó leyes de fuerte contenido social y simbólico, como la regulación de la eutanasia, la ley de memoria democrática, la ley trans o distintas medidas orientadas a facilitar el acceso a la vivienda.

En 2021 entró en erupción el volcán de La Palma lo que obligó al Ejecutivo a desplegar un amplio dispositivo de ayudas para los afectados. Meses después, llegaba invasión rusa de Ucrania que desencadenó una crisis energética que disparaba los precios y obligó a adoptar medidas para contener la inflación y el coste de gas y electricidad.

A diferencia de lo que hizo Mariano Rajoy, en los años más duros del “procés”, Sánchez apostó por el diálogo con los líderes independentistas catalanes, La consecuencias más notables de esa política de apaciguamiento y normalización fueron, primero, los indultos concedidos en 2021 a los dirigentes independentistas y, después la ley de amnistía impulsada tras las elecciones generales de 2023.

Buena parte de las políticas de modernización como la transición a una economía verde han sido posibles por el colchón que han supuesto los fondos europeos Next Generation: Ahí Pedro Sánchez se dejó la piel, ante el rechazo de parte de los países nórdicos, hasta lograr su objetivo de conseguir créditos y subvenciones para reflotar las economías nacionales tras la pandemia.

En el ámbito económico hemos crecido, no solo con el mayor dinamismo de Europa, sino, también, con más empuje y vigor que el resto de las economías desarrolladas El producto interior bruto (PIB) creció un 3,5% en 2024 y un 3,1% interanual en el tercer trimestre de 2025 y hay más de 22 millones de personas ocupadas, cifra récord jamás alcanzada hasta ahora.

No obstante, tras las elecciones de 2023, diversos casos de corrupción por parte de personas de la plena confianza política del presidente y una presión judicial inusual sobre su entorno familiar han ensombrecido la gestión del Ejecutivo y enturbiado la situación.

En abril de 2024 el presidente anunció la suspensión temporal de su agenda pública, durante cinco días, para reflexionar sobre su continuidad tras la apertura de diligencias contra su esposa, Begoña Gómez. Aquella decisión abonó el terreno para todo tipo de especulaciones hasta que Sánchez compareció para anunciar que continuaría al frente del Gobierno.

Poco tiempo después saltaron a la palestra los casos Koldo y José Luís Ábalos que sacudieron los cimientos del partido y del Gobierno. Pero es que, cuando aún no se había digerido aquel affaire, era Santos Cerdán, uno de los dirigentes más cercanos al presidente, y durante años, responsable de Organización del PSOE, el que aparecía implicado en asuntos muy turbios.

Sin solución de continuidad surgió el llamado caso Leire Diez, una ex militante socialista que buscaba información sobre miembros de la UCO y otros actores relacionados con investigaciones de relevancia política que tuvieran que ver con el PSOE y/o sus dirigentes para cortocircuitarlos.

De todas formas, contra viento y marea el Gobierno ha seguido impulsando medidas de fuerte impacto social, entre ellas nuevas reformas en materia de vivienda, transición energética o inmigración, incluyendo iniciativas para facilitar la regularización de cientos de miles de migrantes en situación irregular.

Sin embargo, este verano la crisis de Ceuta ha venido a tensionar un poco más la ya súper polarizada política española. En ese asunto al Gobierno le han faltado reflejos y comunicación entre los departamentos implicados y ahora está atrapado en la normativa del Estado de derecho. Todo eso, sumado a la implicación de una parte de la judicatura en la política, la presión de determinados medios de comunicación y el enmarañado clima que se respira, podrían ser factores decisivos para que la legislatura finalizara de una forma más abrupta de lo que cabría pensar.

Que sea, también, un fin de ciclo está por ver.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 14/09/2026

 

DECLIVE DEL NACIOANLISMO BURGUÉS CATALÁN

Cuando, en 2016, Artur Mas dio un paso al lado, para que Carles Puigdemont fuese president de la Generalitat, se rompió un matrimonio de conveniencia que se había consumado tras la llegada de Jordi Pujol a la presidencia del Govern Cataluña en 1980.

Tanto Pujol, como las clases pudientes catalanas entendieron muy pronto que el nacionalismo moderado y el mundo de las finanzas podían establecer fructíferas colaboraciones que iban a beneficiar de forma recíproca y generosa a unos y a otros. Una oposición desubicada y ya, en los años noventa, la debilidad parlamentaria de los gobiernos socialistas y populares, la entonces “minoría catalana” (así llamaban en los cenáculos políticos madrileños a los nacionalistas), CiU, se convirtió en un partido bisagra, lo que les permitió ampliar el campo de acción sin problemas. 

Esa situación hizo posible que durante casi cinco lustros el nacionalismo burgués campara a sus anchas. Tras la llegada a la plaza de Sant Jaume de los tripartitos, primero de Pasqual Maragall y después de José Montilla parecía que aquello se había terminado, pero fue un espejismo, en 2010 CiU volvió a ganar las elecciones y Artur Mas se convirtió en el inquilino de la Casa dels Canonges, aunque ya nada volvió a ser como antes. Muy pronto quedó claro que Mas no era Pujol, y la forma de hacer de uno y otro no tenían nada que ver.

La política catalana de la segunda década del siglo XXI fue un auténtico disparate. Artur Mas pactó sus primeros presupuestos con el PP, para acabar pocos años después en brazos del independentismo más hiperventilado; disolvió Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), fundó un nuevo partido, PDCat, que jamás se consolidó y se hicieron pactos y alianzas contra natura con Esquerra y los antisistema de la CUP, hasta que todo acabó política y socialmente peor que mal.

No obstante, por esas carambolas que tiene la vida, y también la política, cuando parecía que todo se iba a Norris, los resultados de las elecciones generales de julio de 2023 brindaron a Junts (partido sucesor natural de CDC) la posibilidad de recolocarse en el tablero de la política nacional. Pero muy pronto se vio que a los de Puigdemont lo de la gobernabilidad de España les importaba un pito. Habían pactado con el PSOE para lograr una ley de amnistía y poco más.

Tras la investidura de Pedro Sánhez, como presidente del Gobierno central, los posconvergentes empezaron a poner en práctica una estrategia política de vuelo gallináceo. Solo les interesaba garrapiñar alguna migaja en las negociaciones para presentarse ante los suyos como los máximos defensores de Cataluña. Sin embargo, el tiempo acostumbra a poner las cosas en su lugar y a medida que avanzaba la legislatura quedaba claro que lo único que buscaban los “juntaires” era el titular de los medios y muy poco o nada las políticas de calado o mejorar la calidad de vida de la ciudadanía

La irrupción de Alianza Catalana en la arena política y su fulgurante ascenso, según las encuetas, encendió todas las alarmas. Algo que mal que bien se iba disimulando. pero ya no lo pudieron ocultar cuando hubo que convocar primarias para designar al candidato a la alcaldía de Barcelona: ahí el tablero saltó por los aires, ganó el candidato enfrentado a Puigdemont y, por si no había bastante con el desplante al líder, pocas semanas después, Jaume Girò, que fue conseller de Economía por Junts en el Govern de coalición con ERC, se daba de baja del partido por las reiteradas discrepancias con las decisiones que había tomado la dirección.

La cuestión de fondo, que subyace entre los posconvergentes, es que estamos a las puertas de un nuevo ciclo electoral y el bagaje que puede mostrar Junts a sus potenciales votantes de estos años de apoyo y rechazo, casi simultáneo, al Gobierno es paupérrimo. Se sienten acosados por la ultraderecha independentista que crece de manera exponencial en todas las encuestas y a estas alturas, lo que quiera hacer Carles Puigdemont y el tirón que pueda tener entre la ciudadanía cuando regrese, son auténticas incógnitas.

A todo ello se suma que Junts carece, en realidad, de un proyecto político sólido y, por lo tanto, difícilmente puede presentar un programa electoral convincente. Su único objetivo parece ser regresar a la plaza de Sant Jaume para recuperar el acceso y el control de los resortes del poder. Eso es lo único que realmente les interesa.

El hecho cierto es que el nacionalismo conservador (como lo hemos conocido hasta ahora) está en franco declive, mientras que otro nacionalismo etnicista y xenófobo va disparado según la demoscopia.

Las cartas están sobre la mesa, ahora tendrán que jugar la partida.

 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en EL TRINAGLE 09/09/2026

 

¿Por qué crece la extrema derecha?

Solemos decir que en la extrema derecha todos son iguales y los metemos en el mismo saco. Tremendo error. La ultraderecha es heterodoxa y, por consiguiente, deberíamos ser muy cautelosos a la hora de generalizar. No obstante, está claro que existen concomitancias entre las clases más populares y los partidos más derechistas.

La expansión del extremismo de derechas hace tiempo que se incuba. El Brexit es un claro ejemplo. Fue el primer gran estallido del nacional populismo que culminó, en 2016, con el divorcio entre Gran Bretaña y la UE. Las clases trabajadoras de la Inglaterra profunda, embaucadas por vendedores de humo, vieron la oportunidad de darle una patada, en salva sea la parte, al establishment y no se lo pensaron demasiado.

Unos meses después, Donald Trump ganaba, por un estrecho margen, las elecciones a la presidencia de EE. UU.; lo logró gracias a que había conectado con importantes sectores de trabajadores blancos desencantados con la situación. Ocho años más tarde, volvió a ganar, pero en esta ocasión añadió a su nicho de votantes buena parte de las clases populares latinas y afroamericanas.

Algo muy similar está sucediendo en Francia con el partido de Le Pen y en Alemania, el respaldo a Alternativa para Alemania (AfD) crece en cada proceso electoral, sobre todo en la parte oriental, pero también en los entornos más desfavorecidos de la antigua república federal y lo mismo podríamos decir el FPÖ en Austria.

En España, sin embargo, el proceso ha sido algo diferente. Es cierto que aquí la extrema derecha no tenía presencia en las instituciones, pero la sombra del franquismo es muy alargada y sigue presente en buena parte de la judicatura y de los medios de comunicación. Pero, desde la pasada década, los ultras han perdido la timidez y cada día que pasa están más presentes en la vida cotidiana, mientras va logrando cuotas de poder en ayuntamientos y comunidades autónomas. 

Con todo, esta evolución no deja de ser paradójica. Porque el cuerpo doctrinal de Vox está trufado de principios que chocan con los intereses de las clases populares. No obstante, con ganchos como la “prioridad nacional” y otras simplezas similares consiguen atraer a ciudadanos que se sienten defraudados por la política más convencional.

El terreno abonado que facilita el incremento continuado de ultraderecha viene dado por la insatisfacción socioeconómica que genera el sistema, malestar con respecto a cómo va el mundo, ya sea por la precarización, por los efectos de la globalización, la deslocalización de empleos, el incremento de la inmigración o los cambios sociales que desorientan. Ante ese malestar, a veces indefinido, aunque bastante generalizado, hay una fuerte propensión a considerar como culpables de la situación a los partidos del sistema y responsables del statu quo vigente. La socialdemocracia, pese a ser abanderada de la protección social, no se han librado de ese estigma en muchos casos. Y, en gran medida, se han convertido en referente para clase media-alta urbana.

Desde los años ochenta del siglo pasado, los partidos socialdemócratas europeos han girado hacia posiciones más centristas, al calor de la hegemonía del conservadurismo liberal. La socialdemocracia ha perdido credibilidad porque, cuando llega al gobierno, suele adaptarse casi de inmediato a las exigencias de los mercados globalizados y mantiene, en lo esencial, las políticas económicas de la derecha como mal menor. Da la impresión de que ha renunciado a su razón histórica de ser: redistribuir la riqueza para reducir las desigualdades sociales, y regular el capitalismo mediante iniciativas reformistas.

En este contexto, resulta interesante analizar el caso Trump, que ya en su primer mandato aprobó una reforma fiscal que solo favorecía al 1% más rico de la población y, a pesar de ello, logró conseguir un segundo mandato con el apoyo de clases que no fueron beneficiadas en el primer periodo. El Brexit y sus líderes más destacados ―Johnson y Farage― no son, ni por casualidad, paladines de las clases populares, pero obtuvieron el apoyo de ellas. Pues bien, con Vox sucede algo similar.

Mientras escribo estas líneas, llega la noticia de que la AfD ha ganado este domingo en las elecciones del Estado de Sajonia-Anhalt con un 44,5% de los votos, eso les da 39 escaños en el Parlamento regional, cuando la mayoría absoluta son 42. A su vez, los democratacristianos de la CDU bajan de 40 a 16 escaños y los socialdemócratas del SPD aguantan con un raquítico 9.1% perdiendo un solo diputado (de 9 a 8). Ese triunfo nos interpela a todos y nos obliga a replantearnos las estrategias que hemos seguido hasta ahora con los extremistas de derechas.

Pese a todo, y sin caer en la candidez, debemos ser razonablemente optimistas. Para ello, es imprescindible que la socialdemocracia quiera recuperar la credibilidad como opción defensora de los desfavorecidos. Por lo tanto, habrá que cambiar de rumbo estratégico y, sobre todo, de modos de actuar desde los gobiernos. Es cierto que la composición actual UE no facilita el cambio de enfoque, aunque ello no nos debe llevar al repliegue nacionalista (como propugna la extrema derecha). Hay que romper definitivamente con el neoliberalismo, impulsar otras políticas desde las instituciones para atacar a fondo las causas de la actual crisis que están en el aumento de las desigualdades. Para decirlo claro: la socialdemocracia debe tomarse en serio la democracia, reforzar mucho más los vínculos supranacionales a nivel europeo, conectar con los perdedores, atreverse a regular los mercados desde el gobierno e impulsar una redistribución de riqueza justa y equitativa.

 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 07/09/2026

 

RIQUEZA GLOBAL

Vivimos en un mundo paradoxal. Las grandes empresas cada vez acumulan más riqueza, mientras que los salarios están estancados y la precariedad laboral le va ganando la partida al trabajo estable y bien remunerado.

Según un informe de la gestora de renta fija Pimco, la mayor del mundo, elaborado con datos oficiales de la Oficina de Estadísticas norteamericana (Why U.S. productivity gains no longer reach workers), aunque la economía crece y las empresas son más productivas (en gran medida, gracias a las nuevas tecnologías), la parte proporcional que reciben los trabajadores en forma de sueldo es la más pequeña desde que se tienen registros en Estados Unidos, es decir, hace unos 80 años. O sea, la riqueza aumenta, pero el dinero se lo quedan los de siempre.

En la actualidad, en las empresas prima la obtención de beneficios rápidos por encima de cualquier otra consideración. Eso las lleva a “contener” los gastos en las nóminas para maximizar los dividendos. Además, la globalización hace posible que las grandes empresas trasladen sus centros de producción a países con bajos costes laborales, donde los sindicatos tienen poca influencia por lo que las reivindicaciones laborales son entre escasas y nulas.

En este contexto, el caso más paradigmático es de las tecnológicas que han convertido la Inteligencia Artificial (IA) en el objeto del deseo y están destinando ingentes cantidades de dinero en su desarrollo a la espera de unos beneficios estratosféricos.  Ahí el riesgo estriba en los recortes de plantilla, con la automatización como telón de fondo. No hay multinacional que se precie que no anuncie disminución de sus puestos de trabajo. Y eso tiene una evidente repercusión en las arcas públicas. Menos personas que trabajan significa menos contribuyentes al fisco, por lo que la pregunta es obvia: si las máquinas y los algoritmos sustituyen a los humanos en sus trabajos, ¿también deberían asumir los impuestos que estos dejan de pagar?

“En un principio fueron ordenadores y software, y ahora se está añadiendo automatización e inteligencia artificial, las herramientas tecnológicas sustituyen fácilmente a mano de obra de nivel medio y cada vez más la cualificada. Las perspectivas para la participación laboral no son buenas. Las grandes empresas tienen ahora un fuerte incentivo fiscal para invertir en tecnologías que ahorran costes laborales. La IA sigue siendo un sustituto relativamente asequible y desplegable para muchas tareas que actualmente realizan los humanos”, sostiene Tiffany Wilding, economista de Pimco.

El factor trabajo, vía IRPF y las cotizaciones sociales, son uno de los pilares de los sistemas fiscales de la práctica totalidad de los países, y el impacto de la automatización en las bases imponibles —o, dicho en otras palabras, la merma que puede generar en la recaudación— empieza a ser un tema de preocupación. En 2019, el premio Nobel Edmund Phelps propuso un impuesto a los robots para contribuir al mantenimiento de las prestaciones sociales. Poco antes lo había hecho Bill Gates, fundador Microsoft que sugirió aplicar a los robots la misma carga fiscal que soportaría el trabajador sustituido por ellos.

“La tendencia hacia la automatización y la IA podría provocar una disminución de los ingresos fiscales. En Estados Unidos, por ejemplo, cerca del 85% de la recaudación federal proviene de las rentas del trabajo”, afirma Sanjay Patnaik, director del Centro de Regulación y Mercado del think tank estadounidense Brookings Institution. Y sugiere que los Gobiernos aborden “los riesgos que plantea la IA” elevando la tributación del capital en lugar de crear un impuesto específico sobre ella, por las dificultades en su diseño y las distorsiones que podría generar.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) también se ha sumado al debate. Economistas del organismo no recomiendan gravar de forma específica la IA —podría frenar la productividad y distorsionar el mercado—, pero instan a los Estados a permanecer vigilantes ante posibles escenarios disruptivos. Entre sus propuestas figuran elevar la imposición sobre el capital, crear un impuesto complementario sobre los beneficios corporativos “excesivos” y revisar los incentivos fiscales a la innovación, las patentes y otros intangibles que pueden favorecer la destrucción de empleo.

Este asunto no ha hecho más que empezar, En el aire quedan preguntas como, por ejemplo, si los trabajadores pierden poder adquisitivo, ¿quién tendrá dinero para comprar lo que las máquinas producen? ¿Si el peso de los salarios disminuye, de dónde vendrán los futuros ingresos fiscales?

La cuestión de fondo es que en el mundo hay riqueza más que suficiente para que todos los habitantes del planeta Tierra podamos vivir con dignidad. Sin embargo, la codicia de las oligarquías económicas es tan desmesurada que nos condiciona en función de nuestros lugares de origen, residencia o extracción social. Algo que se debería evitar a toda costa.

 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en CORTUM 01/09/2026