NO A LA GUERRA

 

La decisión de Pedro Sánchez de que España no participe, ni por activa ni por pasiva, en los ataques que, contra Irán, están llevando a cabo EE UU e Israel, nos coloca en el lado correcto de la historia.

Se estaba desarrollando una ronda de negociaciones, en Ginebra, entre Irán y Estados Unidos con mediadores de Omán, cuando el Gobierno de Teherán puso sobre la mesa una propuesta de reducción de su programa nuclear para disipar las dudas de Washington. Porque Donald Trump ya había advertido que si las conversaciones diplomáticas fracasaban, multiplicaría la presión con nuevas sanciones y con el mayor despliegue militar estadounidense desde la guerra del Golfo.

Parecía que las conversaciones iban razonablemente bien ya que ambas delegaciones se mostraban optimistas, mientras que el plazo de “diez o máximo quince” días que se había dado desde la Casa Blanca para negociar pensaban que no sería necesario agotarlo porque antes llegarían los acuerdos. El presidente iraní, Masud Pezeshkián, hablaba de una “perspectiva positiva”, y el vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, insistía en que el presidente seguía prefiriendo una solución pacífica: “vamos a sentarnos para mantener una nueva ronda de conversaciones diplomáticas con los iraníes e intentar lograr un pacto razonable”, dijo antes de marchar de fin de semana, con la idea de reemprender el diálogo el lunes.

Sin embargo, la colaboración de los servicios de espionaje e inteligencia estadounidenses e israelitas permitió saber que el líder supremo iraní, Alí Jamenei, y buena parte de los altos mandos del régimen se reunirían en el palacio presidencial. Entonces, Donald Trump, sin consultar a las cámaras legislativas de su país, y sin el conocimiento de Naciones Unidas, se pasó el derecho internacional por el arco del triunfo y junto con la aviación israelí en la madrugada que va del 28 de febrero al 1 de marzo, bombardearon la residencia del mandatario, matando a Jamenei y una cincuentena de altos cargos.

Por su parte, el genocida Benjamín Netanyahu y su cohorte de ministros extremistas no han perdido el tiempo y con la excusa de acabar con Hezbolá está atacando el Líbano, en especial la capital Beirut y ha cerrado a cal y canto Gaza, por lo tanto ya no es necesario que sigan bombardeando a los gazatíes, estos ya morirán de inanición y si no siempre estarán los colonos para acabar el trabajo.

De hecho, Estados Unidos e Israel, ya habían bombardeado Irán el pasado junio, pero aquel ataque fue más selectivo, destinado específicamente a destruir las instalaciones nucleares del régimen teocrático (lo consiguieron solo a medias). Esta vez se trata de una auténtica ofensiva bélica, Y cuyo objetivo, al menos aparentemente, es provocar una crisis interna en la República Islámica que acabe derrocando al régimen; aunque no deberíamos descartar el interés en hacer colapsar el petróleo iraní y el tráfico por el estrecho de Ormuz, con el objetivo de poner en valor el crudo estadounidense y venezolano por parte norteamericana. 

A partir de ahí, el caos político y diplomático ha sido total. La posición claudicante de la UE, debería hacernos sonrojar, en el primer comunicado ni se mencionaba el ataque; al contrario, se pedía moderación a la respuesta iraní y se abogaba por un cambio de régimen. Menos mal que con el paso de los días la Unión, aunque con tantos matices como divergencias, ha ido modulando su planteamiento.

Quien desde un principio lo tuvo claro fue el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que en una comparecencia en el Palacio de la Moncloa, dejó muy claro cuál es la posición de España en el conflicto de Oriente Medio que ya amenaza con extenderse a otras regiones, incluida Europa. Sánchez recuperó el lema del “no a la guerra” promovido durante la invasión de Irak en 2003 para resumir su postura ante la escalada de violencia; reivindicó la diplomacia y el diálogo para lograr una paz duradera en la región. "La pregunta no es si estamos o no a favor de los ayatolás. Nadie lo está. Desde luego, no lo está el pueblo español y, por supuesto, tampoco el Gobierno de España. La pregunta, en cambio, es si estamos o no del lado de la legalidad internacional y, por tanto, de la paz", dijo.

Como no podía ser de otra manera, esa declaración no sentó bien en la Casa Blanca. “España ha sido terrible. No queremos tener nada que ver con ellos”, dijo Donald Trump, tras saber que el Gobierno de España no permitirá que EE UU use las bases de Morón y Rota en la ofensiva contra Irán; al día siguiente el líder republicano amenazaba con embargar los productos españoles y poco después decía que “España es una perdedora”, es evidente que el sheriff, desde la negativa de Sánchez de a subir el gasto en defensa hasta el 5%, nos tiene manía. Solo ha faltado este plantarle cara, algo a lo que Trump no está acostumbrado. 

Sin embargo, el portavoz de comercio de la Comisión Europea respondió que: “La UE garantizará que los intereses de la Unión Europea estén plenamente protegidos. Expresamos nuestra total solidaridad con todos los Estados miembros y sus ciudadanos y, a través de nuestra política comercial común, estamos preparados para actuar si es necesario para salvaguardar los intereses de la UE”.

Esta situación ha puesto de manifiesto, una vez más, el guirigay reinante en la política de nuestro país. Para empezar a Pedro Sánchez le han faltado reflejos para informar al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y comunicarle que el Gobierno de España, atendiendo a sus compromisos como país miembro de la OTAN, enviaba la fragata “Cristóbal Colón” en tareas estrictamente defensivas y de apoyo a Chipre. Por su parte el PP ha vuelto a enredarse en sus propias incoherencias porque además de difundir noticias falsas sobre la ministra Margarita Robles, dice estar a favor de la guerra, pero en contra del envío de un barco para colaborar con un país aliado. Si alguien lo entiende que lo explique.

Volvemos a estar en un momento muy delicado de la política internacional y la actitud de Pedro Sánchez se, cuando menos, digna de respeto y consideración. Con todo, hemos de ser realistas y es más que probable que algún peaje tengamos que pagar por este nuevo desplante al sheriff de la Casa Blanca que, por mucho que digan que sus amenazas son volátiles, es de esa clase de tipos que, por su catadura moral, ni olvidan ni perdonan.

 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 09/03/2026

EL REARME EUROPEO Y SU IMPACTO ECONÓMICO

 

Desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca no hay tiempo para la relajación. Raro es el día que el mandatario norteamericano no protagoniza alguna barbaridad. Ahí está, sin ir más lejos, el salvaje ataque a Irán, de la mano de otro descerebrado como Benjamín Netanyahu. Sin embargo, quiero referirme a la reacción del mandatario estadounidense, tras el varapalo que le propinó la justicia de su país al declarar ilegales la mayoría de los aranceles que había establecido a su libre albedrío, no tuvo otra ocurrencia que subirlos todos el 10% y ni veinticuatro horas después al 15%.

Y claro, así no hay manera de establecer relaciones comerciales estables, ni empresa capaz de desarrollar un plan de expansión-exportación digno de tal nombre. Y es que la guerra arancelaria ha sacudido el tablero porque genera inseguridad que es lo último que necesita la economía mundial.

Con esta situación de fondo ha pasado bastante desapercibido que desde Washington llevan tiempo presionando a los países europeos para que aumenten su gasto en defensa y sean más autónomos. Ahora bien, no les gusta nada la nueva directiva europea —prevista para que entre en vigor el tercer trimestre de 2026— dé prioridad a la compra de armas europeas y a la industria de defensa de Europa. Una regulación que se ha elaborado en un momento clave del divorcio de la UE con Estados Unidos. El origen de esta iniciativa está en el temor de Europa a quedarse sin el paraguas de seguridad estadounidense que ha dejado de ser un socio fiable. Como no podía ser de otra maneara, con el fino estilismo político que caracteriza al líder norteamericano, EE UU ha amenazado a la UE con represalias y ha cargado contra esa directiva comunitaria, que en su opinión es “proteccionista”.

Desde luego, no estamos ante una cuestión menor. Los planes de inversión y rearme alcanzan los 1,3 billones de euros o, si lo prefieren, el 7,2% del PIB comunitario. Una cantidad tres veces más elevada de lo que se desplegó tras la pandemia con el programa Next Generation (contando solo el gasto ejecutado). Ni los informes de Mario Draghi y Enrico Letta, ni el diagnóstico compartido de riesgo “existencial” a que se enfrenta la economía europea, habían logrado despejar las divergencias entre socios comunitarios. Sin embargo, las amenazas geopolíticas han generado un importante cambio de criterios. Alemania ya ha decidido renunciar al límite de endeudamiento que encorseta su economía y ha puesto en marcha un fondo de inversión de 500.000 millones de euros para el próximo decenio. De forma paralela, se muestra partidaria de flexibilizar las reglas fiscales —en concreto para incrementar el gasto en Defensa—, alineándose así con las posiciones de Francia. La Comisión Europea, por su parte, anuncia un plan de rearme de 800.000 millones, a desarrollar en cuatro años, coordinando buena parte de los Estados miembros. En ese contexto, el Gobierno de España se comprometió a llegar el 2% del PIB, es decir, subir el gasto en defensa y desarrollo un 53%.

De llevarse a cabo el plan, tal y como se ha diseñado, supondría un estímulo colosal para la economía europea. El impulso aportado por los planes anunciados de gasto podría alcanzar el 1,8% del PIB cada año hasta 2029. En la práctica, el fondo de inversiones en infraestructuras prometido por el canciller de alemán está a la altura de las expectativas, pudiendo incidir, además, en el resto de economías europeas.

Que este proyecto llegue a buen puerto depende, en gran manera, de la capacidad de respuesta del tejido productivo de cada país, y ahí surgen las dudas. El 78% de las compras de armamento que se realizaron en 2022-2023 fueron importaciones, particularmente desde EE UU, según fuentes comunitarias, antes de la pandemia, el porcentaje alcanzaba el 60%.  Un incremento abrupto del gasto podría colapsar la industria europea y agravar el grado de dependencia de la Defensa comunitaria.

En nuestro país el efecto multiplicador podría ser menor, debido al tamaño de nuestro sector de la Defensa a pesar de disponer de capacidades relevantes en algunos sectores como la tecnología de los satélites y los radares. Además, hay quien duda de que el sector privado pueda complementar la inversión pública. Por otra parte, Europa carece de instrumentos de coordinación de semejante envergadura, lo que puede generar un riesgo y malbaratar esfuerzos.

Bruselas está llevando ahora a cabo un giro copernicano que hubiera sido deseable durante la crisis financiera. Sea como sea, lo importante es que la nueva estrategia se aplique con gradualidad para que redunde, simultáneamente, en un menor grado de dependencia del exterior y crecimiento económico sostenido.

Durante la Guerra Fría, los países europeos acometieron un considerable esfuerzo en Defensa, con un gasto que en el caso de España alcanzó el 3% del PIB en la década de los ochenta, muy similar a la media europea.  Tras la caída del muro de Berlín, el gasto en Defensa bajó hasta un mínimo cercano al 1% a principios del siglo XXI Desde entonces, la tendencia es ascendente, particularmente desde el estallido del conflicto en Ucrania.    

Ahora, con el nuevo orden mundial que nos está imponiendo Donald Trump, estamos obligados a tomar las precauciones que sean pertinentes para no acabar siendo vasallos de EE UU. Por eso, deberíamos hacer nuestras las palabras del ministro de Exteriores francés, French Response, que en tono irónico respondió al palmero Marcos Rubio, por unas declaraciones que hizo en la Conferencia de Seguridad de Múnich 2026, celebrada hace unas pocas semanas: “Socios fuertes, sin duda, en lugar de clientes financiados”.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 02/03/2026

PRESUPUESTOS A LA VISTA

Desde el Govern se había extendido un discreto mando de silencio, sobre los próximos presupuestos, para no entorpecer las conversaciones con los grupos parlamentarios que dan soporte al Ejecutivo catalán y evitar así que pudiesen descarrilar las negociaciones. Una decisión lógica que ha dado sus frutos. Porque con la correlación de fuerzas existente en el Parlament de Catalunya, hay que hacer auténtico encaje de bolillos para sacar adelante la ley más importante del año: los Presupuestos de la Generalitat para 2026.

Coincidiendo con la reincorporación de Salvador Illa a su puesto de trabajo, después de un mes de baja por una osteomielitis púbica que le obligó a estar primero en el hospital y más tarde a seguir el tratamiento antibiótico en su domicilio, el president se ha planteado como prioridad absoluta aprobar las cuentas de 2026, las primeras de su mandato.

A pesar de su baja laboral, Illa no ha perdido el contacto con la realidad y ha sido consciente en todo momento de los días críticos que, por razones diversas, ha afrontado la ciudadanía. Por eso, en su primera comparecencia, dejó claro que comprendía el malestar de la gente con la vivienda, su inquietud por los episodios de la emergencia climática y, por supuesto, Rodalies. “La prioridad absoluta es nuestra seguridad y protección”, dijo, refiriéndose a la revisión en las vías férreas, asegurando que el Govern está dispuesto a solucionar ese colosal problema de movilidad en un “rumbo de exigencia y ambición” hasta alcanzar parámetros de “excelencia”. No perdamos de vista que los trenes de Rodalies circulan con límites de velocidad, al menos hasta abril, y eso provoca, de forma inevitable, alteraciones en los recorridos, retrasos y toda clase de inconvenientes que tiene que asumir los usuarios. Pero está claro que para subsanar esas anomalías los Presupuestos son una herramienta fundamental.

Sobre el papel la cuestión de los presupuestos es sencilla. Sin embargo, todo se complica cuando el gobierno de turno no dispone de la mayoría parlamentaria suficiente para sacar las cuentas adelante y tiene que negociar con otros partidos para obtener sus soportes; algo que a día de hoy ocurre en casi todos los países europeos y donde ni España ni Catalunya son una excepción. En nuestro caso, el Govern ha de llegar a acuerdos con los Comuns y ERC para lograr los votos necesarios porque el resto de formaciones del arco parlamentario son oposición pura y dura, sin más objetivo que hacer embarrancar al Govern de Salvador Illa.

Comuns habían puesto sobre la mesa varias cuestiones en materia de vivienda, educación o movilidad para dar luz verde a las cuentas de 2026, pero el tema estrella era la limitación de la compra especulativa de pisos. En un principio, el Govern quería basar el veto en la fiscalidad, pero, finalmente, el acuerdo con los de Jéssica Albiach pivotará alrededor de la proposición de ley de Comuns registrada en el Parlament que comportará la modificación de la Ley de Urbanismo.

Con anterioridad, el Ejecutivo había encargado cuatro informes sobre la posibilidad de limitar las compras especulativas de vivienda en Catalunya, a expertos de contrastada solvencia como son los juristas Carles Viver Pi-Sunyer, Fuensanta Alcalá, Pablo Feu y el doctor en antropología económica Jaime Palomera, estos avalan la idea de hacerlo de forma temporal y en zonas de mercado tensionadas. La intervención pública en un mercado en el que hay diferentes condiciones de demanda (para vivir o para invertir), se ajusta a la legalidad vigente. Experiencias internacionales de regulación han reforzado la estabilidad residencial, y la legislación catalana y urbanística apuntalan el uso residencial del suelo y la función social de la vivienda.

Así pues, una vez constatada la viabilidad jurídica de la norma, el Govern incluía la iniciativa en los Presupuestos y Salvador Illa y Jéssica Albiach escenificaban el acuerdo firmando un documento el pasado jueves en la Generalitat.

Los que, de momento, se han negado a negociar esas cuentas ha sido ERC. Daba la sensación que la crisis de Rodalies podía abrir una ventana de oportunidad para que republicanos y socialistas salieran del callejón en que se habían metido. La solución pasaba por la creación de un consorcio que ejecute y haga el seguimiento de las infraestructuras; esa podría ser, al menos, la salida temporal.

Sin embargo, tras una reunión de Oriol Junqueras y Pedro Sánchez, celebrada el pasado viernes en la Moncloa, para los republicanos la condición sine qua non sigue siendo que la Agencia Tributaria Catalana recaude de forma íntegra el IRPF que se genera en la comunidad y ahí el Gobierno central se muestra reticente; de ahí que el presidente de ERC apriete a los socialistas catalanes para que convenzan al PSOE y este haga “gestos” para avanzar en la carpeta de la recaudación.

En todo esto, tiene mucho que ver que Oriol Junqueras está atrapado en una de las muchas martingalas de la política. Por un lado, la oposición interna le sigue muy de cerca y él necesita obtener logros tangibles para sacudirse la presión. En cambio, por otro, le conviene dar aire, tanto al Gobierno de Sánchez como al de Illa, porque unas elecciones anticipadas en España y/o Catalunya serían una muy mala noticia para los republicanos por su situación de extrema debilidad.

A pesar de todo, quiero ser razonablemente optimista y pensar que los presupuestos de la Generalitat para 2026, los tenemos a la vista y pronto serán realidad. Hay quien apuesta porque podrían ver la luz antes de Semana Santa. No lo sé. Conviene que los árboles no nos impidan ver el bosque y que nadie se obnubile con el mañana porque primero hay un hoy, y es imprescindible tener unas buenas cuentas conforme a lo que Catalunya (su gente) necesita. Por consiguiente, esperemos que los negociadores prioricen el qué sobre el cuándo.

Y es que cuando hablamos de presupuestos, hablamos, entre otras muchas cosas de sanidad, educación o servicios sociales.  Es decir, de que el país funcione y de ensanchar el Estado del bienestar.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 23/02/2026

 

CRISTÓBAL MONTORO Y SUS CHANCHULLOS

La noticia saltó a los medios de comunicación el pasado verano: en noviembre de 2017, los Mossos d’Esquadra hicieron un registro en las sedes que la empresa Messer Ibérica de Gases tiene en las localidades de Vila-Seca y El Morell (Tarragona). Los agentes buscaban indicios de un supuesto delito contra el territorio en una investigación iniciada aquel año. Sin embargo, al analizar la documentación obtenida por el volcado de los servidores donde se conservaban los correos electrónicos de los directivos y, en concreto, los de Rubén Folgado, director técnico de la planta química de la compañía, se encontraron mensajes que han resultado claves en la investigación de una supuesta trama de corrupción para beneficiar a empresas que tiene su epicentro en el exministro de Hacienda del PP, Cristóbal Montoro, y el despacho Equipo Económico (EE) que él mismo fundó.

Según las investigaciones llevadas a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, los mensajes intervenidos en Messer junto a otros localizados en diciembre de 2019, en otro registro realizado en la sede de la empresa Carburos Metálicos en Cornellá (Barcelona) han aportado un total de 31 documentos que el instituto armado considera “de interés” para las pesquisas, al concluir que han permitido apuntalar las sospechas de que Equipo Económico era contratado por diversas empresas con el objetivo de que, echando mano de sus contactos en las altas instituciones del Estado, gracias a los puestos ocupados por sus miembros en diferentes Gobiernos del PP, influyesen en decisiones del Ejecutivo de Mariano Rajoy. Y resulta que ahí, Cristóbal Montoro y su bufete eran las piezas imprescindibles para que la máquina funcionara.

Un informe de la Unidad Central Anticorrupción de los Mossos D’Esquadra aportado al juzgado número 2 de Tarragona vincula un “regalo” de 2.200 millones de Hacienda a las renovables con pagos del sector a Equipo Económico. Y las compañías englobadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM) pagaron al despacho casi 800.000 en siete años. Gracias a ese desembolso, según la investigación, fueron incluidas en una rebaja del impuesto especial sobre la electricidad (2014) y en otra sobre el impuesto de actividades económicas (2018). Además, en 2017, Hacienda inició una persecución fiscal al periodista Javier Chicote, del diario Abc, después de que este hubiese publicado artículos en los que desvelaba los pagos que empresas del Ibex habían realizado al despacho fundado por Montoro.

Según se desprende de las pesquisas policiales, el equipo de Cristóbal Montoro retocó el informe que debían enviar los peritos de la Agencia Tributaria designados por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz sobre las donaciones del Partido Popular en la investigación por la caja b del partido. Así consta en una serie de correos electrónicos en los que el director de la Agencia Tributaria de entonces, Santiago Menéndez, remitió un documento que se iba a enviar a la Audiencia Nacional sobre las donaciones del PP recogidas en la contabilidad paralela del partido en el conocido 'caso Bárcenas'.

Ese informe había sido elaborado por los peritos designados como auxilio judicial y que trabajaban a las órdenes del juez de la Audiencia Nacional. El instructor había reclamado a los peritos que contabilizaran las donaciones recibidas por el PP para saber si éstas superaban el máximo permitido y por tanto podrían incurrir en un delito fiscal. 

La ex directora de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), Margarita García Valdecasas, ya había intentado que ese informe no se realizase al considerar que las donaciones estaban exentas de tributación, por lo que a su entender no podían ser contabilizadas. En un enfrentamiento con Ruz, este la obligó a entregar el documento y la advirtió que los peritos trabajaban a sus órdenes y no a las de ella como coordinadora.

El caso había entrado en un discreto letargo. Sin embargo, la Agencia Tributaria ha detectado una arquitectura financiera, con “mezcolanza de fondos” y dispersión de los mismos a través de varias personas y cuentas bancarias, que parece ser que sirvieron al despacho de Equipo Económico (EE), para camuflar los pagos recibidos de distintos clientes. En concreto, se han localizado ingresos por un total de 35,5 millones de euros entre 2008 y 2013 que procederían de las gasísticas investigadas pero también de otros pagadores a los que se quiere identificar para poder determinar el origen y la finalidad del dinero.

Además de las transferencias realizadas a Montoro, también se han detectado pagos a la mujer del exministro que se hicieron cuando él ya no estaba vinculado al despacho. Se trata de dos envíos —en octubre de 2008 y septiembre de 2010— que suman 9.450,69 euros. No obstante, fuentes de la defensa del despacho aseguran que se trata de pagos por el catering de unas fiestas que se solían celebrar anualmente y a las que asistían los socios con sus familias.

Ante la sospecha de que estos movimientos sean el preludio de algo mucho más fraudulento, Hacienda ha solicitado al juez que reclame la colaboración de las autoridades de Alemania y Estados Unidos para ahondar en la información de cuentas que estarían vinculadas a Ricardo Martínez Rico, socio de Equipo Económico. Y pide indagar también en las salidas de divisas a Luxemburgo por parte de Manuel de Vicente Tutor, también socio del despacho.

Este affaire resulta muy llamativo y nos da una idea bastante ajustada de la catadura moral y el nivel político del PP. Mariano Rajoy se presentó a las elecciones de finales de 2011 con un programa electoral titulado “Lo que España necesita” y en el capítulo “Una democracia ejemplar” prometía medidas de lucha contra la corrupción, pero en cuanto llegó a la Moncloa nombró a Cristóbal Montoro ministro de Hacienda; es decir, puso un zorro a guardar las gallinas.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en la web de la plataforma Còrtum 18/02/2026

 

SU EXITO, NUESTRO FRACASO

 

Los políticos de nuestro país ya sienten el aliento de la extrema derecha en el cogote. Pero es que la situación política que se vive en las naciones de nuestro entorno tampoco invita al optimismo. En Italia, Giorgia Meloni, una neofascista reconvertida en conservadora ocasional, es la presidenta del Consejo de Ministros que impulsa el bloqueo naval de las fronteras italianas y las deportaciones exprés a Albania; en Alemania, el partido Alternativa por Alemania AfD de ideología nacional conservadora y euroescéptica de extrema derecha crece de forma exponencial en cada elección y ya es una serie amenaza para la estabilidad del sistema político germano  y por lo que respecta a Francia, las cosas no están mejor: en el país galo habrá elecciones a la presidencia de la Quinta República en 2027 y Marlne Le Pen o su delfín, Jordan Bardella, presidente de la Agrupación Nacional, si finalmente ella no puede presentarse por sus problemas con la justicia, será quién lo haga, y ambos, se perfilan como favoritos para suceder a Emmanuel Macron.  

En España el panorama no es muy diferente al de nuestros vecinos; ahí están las elecciones autonómicas es Extremadura, primero y Aragón después que nos dan una idea bastante ajustada de cómo está el ambiente. Con ese paisaje político, echar un vistazo a los estudios demoscópicos genera inquietud. Vox lleva cuatro meses creciendo de forma continuada, mientras que los populares se han estancado, el PSOE pierde cuatro puntos con respecto a las últimas elecciones generales y Sumar se deja en el camino más de cinco puntos desde 2023. Es más, los sondeos advierten de la derechización del electorado, puesto que PP y Vox aglutinan el 49,2% de la estimación de voto.  

Ante esta situación, somos muchos los que intuimos que el batacazo para el progresismo en las próximas elecciones generales puede ser de los que hacen época. Quizás por eso, Gabriel Rufián (el mismo que ahora hace 11 años decía que en 18 meses dejaría su escaño en el Congreso para venir a la república catalana, se ha caído del caballo y ha visto la luz de la sensatez y la cordura política) ha decidido hacer las maletas y marchar a las Españas a convertir fieles para su causa. El diputado de ERC lleva tiempo proponiendo una lista plurinacional de izquierdas para las generales y desde entonces su nombre ha estado en las quinielas para dirigir un futuro proyecto capaz de unir a todas las formaciones a la izquierda del PSOE bajo una única papeleta y contener así el auge de la extrema derecha. Días atrás se hizo público que el 18 de febrero participará en un acto en Madrid con el diputado autonómico de Más Madrid Emilio Delgado para hablar sobre el futuro de la izquierda: Es evidente que el acto adquiere mucha más relevancia tras los malos resultados para el espacio político en Aragón. No obstante, tanto ERC como EH Bildu ya han descartado la posibilidad de una lista conjunta.

Donde sí parece que hay un principio de acuerdo es entre los cuatro partidos que, a día de hoy, conforman Sumar y que tienen presencia en el Gobierno; el próximo 21 de febrero, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, con el slogan “Un paso al frente”, presentarán las bases del proyecto con el que quieren afrontar las próximas generales. Es verdad que todavía con muchas incógnitas por despejar como por ejemplo el liderazgo, la marca definitiva o la propuesta programática concreta. La idea central es presentar una alternativa estable a la derecha y la ultraderecha en España. Hace meses que dirigentes de Izquierda Unida, Más Madrid, Comunes y Movimiento Sumar trabajan en pro de la precoalición; aunque conviene dejar claro que Podemos, de momento, se ha desmarcado y no parece que vaya a formar parte de la iniciativa.

Quien, una vez más, ha hecho unas declaraciones impagables ha sido Felipe González que una charla en Los Desayunos del Ateneo, manifestó que en las circunstancias actuales y con Pedro Sánchez como candidato votará “en blanco”, no hará campaña para ningún partido ni votará otras opciones, menos mal. Además González cuestiona los pactos del PSOE con sus socios, y piensa que es peor pactar con Bildu que con Vox. Es decir, en opinión del que fuera gran líder indiscutido del socialismo español, es preferible llegar a acuerdos con los racistas, xenófobos y racistas que criminalizan por su origen o el color de piel a los que vienen de fuera, son antifeministas, negacionistas del cambio climático y euroescépticos, que con los que han renunciado a la violencia, respetan la Constitución y tienen un comportamiento social e institucional equiparable a la de cualquier otra formación política.

A pesar de todo, aún hay resquicios para la esperanza porque los resultados de los dos últimos comicios autonómicos indican que los progresistas se han quedado en casa. Por lo tanto, toca recuperar la confianza para que la gente vuelva a creer en la política como una herramienta útil para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. De no ser así, el triunfo de la derecha extrema no será tanto su éxito, si no nuestro fracaso. El fracaso de los progresistas por la incapacidad manifiesta de generar ilusión y esperanza en aquellos a los que el corazón les late a la izquierda.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 16/02/2026

DESMONTANDO FALACIAS

 

Con la aprobación del decreto que regula la inscripción extraordinaria de personas extranjeras, el Gobierno de Pedro Sánchez no ha hecho más que utilizar el sentido común y poner en marcha una iniciativa de justicia social. Sin embargo, la derecha no lo ve igual y, para variar, han montado una escandalera acusando a Sánchez y todo el Ejecutivo de querer tapar con esa decisión los problemas ferroviarios del país. Es igual, porque si no hubiera contrariedades con los trenes apuntarían a cualquier otra cuestión y es que el PP ha hecho de aquella célebre frase italiana que dice: “Piove porco Governo”, el centro de su estrategia política

En opinión de Isabel Díaz Ayuso, esa regularización no tiene otro objetivo que el electoralista. Para la presidenta de la Comunidad de Madrid los inmigrantes podrán votar en las elecciones generales de 2027, cuando, en realidad, la Constitución española deja claro en su artículo 13 que “el derecho de sufragio para las elecciones generales y autonómicas corresponde a los españoles mayores de edad”, es decir, a aquellos que tienen nacionalidad española, no solo residencia. Sí lo podrán hacer en las municipales los ciudadanos que procedan de la UE o de países con los que hay acuerdos de reciprocidad. En la práctica, los extranjeros residentes en nuestro país tardan unos diez años en obtener la nacionalidad, unos cinco si son hispanoamericanos. “Miente que algo queda”, deben pensar en Génova, 13 porque no ha salido nadie a enmendar a la presidenta madrileña.

En la etapa de José María Aznar, como presidente del Gobierno, se llevaron a cabo, entre los años 2000 y 2001 dos regularizaciones extraordinarias que supusieron normalizar a algo más de medio millón de personas; la diferencia es que entonces lo hizo un Ejecutivo como “Dios manda” y ahora la iniciativa es de un Gobierno progresista, “bolivariano” para los trumpistas castizos. Aunque resulta imposible de cuantificar con detalle, se calcula que unas 800.000 personas podrían regularizar su situación y beneficiarse de la medida.

La derecha y la derecha extrema nos quieren asustar al hablar de una supuesta “invasión” de inmigrantes por la frontera sur, ya sea con cayucos por la ruta canaria o balear –en descenso la primera, al alza la segunda– o a través de Ceuta o Melilla. Pero lo cierto es que en España las entradas irregulares, que no “ilegales” —porque no suponen ningún delito—, representan una ínfima parte de la inmigración, que mayoritariamente accede al país por vías regulares. El 94% de los inmigrantes –con permisos de residencia, en trámites de conseguirlos o simpapeles– entraron en el país por aeropuertos con visados o sin ellos (para la gran mayoría de países latinoamericanos no se exigen) pero, tras cumplir el periodo máximo de estancia, se quedan en nuestro país.

Para evitar esa supuesta invasión PP y Vox tienen sus fórmulas y proponen frenar la inmigración irregular con una mayor presencia de buques en el mar con el fin de contener los cayucos que siguen llegando a Canarias desde Mauritania. Los de Feijóo apuestan por un mayor despliegue de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, conocida como Frontex, mientras que los de Abascal se inclinan por la Armada. Ambas recetas chocan con la realidad; Frontex solo se puede desplegar en países europeos, como lo está en Canarias, y lo único que puede hacer son tareas de auxilio. Lo conveniente sería una mayor presencia de Frontex en África para disuadir las salidas, pero para eso es necesario el acuerdo con terceros países. Y en el caso de la Armada, ya lo dejó claro meses atrás el jefe del Estado Mayor de la Armada, almirante general Antonio Piñeiro: “Que nadie piense que vamos a estar combatiendo en la mar la inmigración”.

Con la regularización se va a dar carta de normalidad a esas personas que recogen la fruta en el campo, que nos sirven el café en le terraza de un bar o a los que les limpian el culo a los ancianos que están en las residencias; pero es que, además, saldrán de la economía sumergida, cotizarán al Estado por lo que harán crecer el PIB y con sus contribuciones fiscales ayudarán a pagar a nuestros pensionistas.

Según el diario inglés The Economist, poco sospechoso de ser de izquierdas, en un interesante reportaje, publicado recientemente, sostiene que los migrantes resultan indispensables para los mercados laborales de los países desarrollados. Sin ellos se perdería dinamismo y riqueza, por cuanto estas personas ocupan trabajos de difícil cobertura por parte de los nacionales de cada país. No “roban el empleo a nadie”. Más bien al contrario, contribuyen a la creación de puestos de trabajo de mayor calidad y mejor remuneración, que ocupan los nativos. Además —continúa el escrito—, aumentan la productividad y combaten la crisis demográfica que afecta al llamado Primer Mundo. Dado que, en general, al menos en la primera generación, como aún ocurre en nuestro país, son más jóvenes que la población de acogida, tienen necesidad imperiosa de trabajar y consumen menos servicios esenciales, como la sanidad de lo que lo hacen los nacionales. Aportan el 10% de la Seguridad Social, mientras que solo gastan el 1%, y según la OMS, el coste sanitario de las personas a partir de los 65 años llega hasta el 90% del total, edad que aún no han alcanzado la gran mayoría de migrantes que residen en España.

Los datos son muy elocuentes y en esta ocasión las falacias no tienen cabida, así que los profetas de la catástrofe y carroñeros de la política, harían bien hablando menos y leyendo más porque como decía Platón “Las opiniones sin conocimiento son la razón de la ignorancia”.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 09/02/2026

PROSPERIDAD COMPARTIDA

Las democracias liberales casan mal con Estados del bienestar que ofrecen a sus ciudadanos servicios públicos esenciales que no reducen lo suficiente las desigualdades y no hacen posible una vida digna. Eso provoca situaciones que acaban siendo terreno abonado para los populismos de uno u otro signo.

La falta de un compromiso real y verificable de los gobernantes con los ciudadanos para elevar los estándares de vida, hace que el autoritarismo está creciendo de manera exponencial en el mapa político de la UE. Hasta hace poco más de una década España era una excepción en ese ámbito, pero de forma sostenida la extrema derecha va ganando espacio electoral en nuestro país. Cataluña no es diferente y el extremismo de derechas, con un fuerte componente independentista en su credo ideológico, ha hecho acto de presencia en nuestro paisaje político, y según los estudios demoscópicos, con una fuerte intención de voto.

Según los expertos, el auge del apoyo electoral al autoritarismo es el resultado del malestar social provocado por las pronunciadas desigualdades que han surgido en los últimos treinta o cuarenta años en las sociedades occidentales desarrolladas. Esas diferencias sociales vienen provocadas por la coincidencia de varios procesos: las políticas neoliberales de desregulación de los mercados, en particular los del trabajo; la automatización de muchos procesos productivos industriales, favorecida por las nuevas tecnologías y la computación; la globalización comercial, con la incorporación de China al comercio internacional y la competencia de sus productos con la de los países desarrollados occidentales; así como  por la desindustrialización y pérdida de buenos empleos para las clases medias de nuestras sociedades, como consecuencia de las ya mencionadas  automatización y la globalización.

Otro factor a tener en cuenta que no debería caer en saco roto, es que el apoyo a las opciones autoritarias tiene mucho que ver con los cambios demográficos y generacionales que se han producido en las últimas décadas en las sociedades occidentales. Por un lado, el aumento de los flujos migratorios hacia los países que están padeciendo esa creciente desigualdad y la pérdida de empleos de las clases medias han dado lugar a reacciones de rechazo, racismo y xenofobia hacia los extranjeros; los inmigrantes son percibidos como competidores para los puestos trabajos, las prestaciones sociales y los servicios públicos del Estado del bienestar como la sanidad o la educación. Por otro, esos cambios han traído transformaciones en los valores culturales dominantes entre los jóvenes pues, especialmente los hombres, cuestionan ahora los avances en las políticas de igualdad y de reconocimiento de derechos a diferentes colectivos.

En este contexto, tan falaz es decir que los servicios sociales de nuestro país funcionan a las mil maravillas, como que son un desastre. Ni lo uno ni lo otro. El Ejecutivo de coalición progresista que nos gobierna es de los pocos que quedan en Europa decidido a luchar por el bien común o lo que es lo mismo: contra el cambio climático, por llevar a cabo una transición energética sostenible, porque se vayan eliminando los contratos de trabajo en precario o por establecer escudos sociales para los más desfavorecidos.

Mientras, de forma simultánea, la macroeconomía funciona como un tiro y se están logrando tasas de empleo que hacía muchísimos años que no se veían en nuestro país. Esa realidad, sin embargo, no puede disimular que las clases medias y populares están perdiendo poder adquisitivo, que la vivienda se ha convertido en un lujo inalcanzable para gran parte de ciudadanos o que la sanidad que no hace tanto era la joya de la corona, pierde eficiencia porque en los últimos años se han ido incorporando nuevos usuarios, mientras que ni las inversiones ni los profesionales aumentan en la misma proporción; más bien al contrario: se han recortado o congelado presupuestos y se han reducido plantillas.

La situación más evidente del deterioro del Estado del bienestar en España la hemos vivido estos días con el caos ferroviario, pero de manera muy especial en Cataluña con el colapso total de los servicios de Rodalies. No voy a insistir porque los medios de comunicación nos han tenido puntual y ampliamente informados, además de que muchos ciudadanos lo han vivido en primera persona. No olvidemos que son unas 400.000 personas las que usan Rodalies de manera regular y su inmensa mayoría son clases medias y populares que estos días han visto alterada su cotidianeidad por motivos totalmente ajenos.

Aquellos polvos trajeron estos lodos, y décadas de desinversión no se solventan por ensalmo, por lo que harán falta muchos años y mucho esfuerzo presupuestario para poner nuestros trenes a la altura de lo que una sociedad desarrollada necesita. Desde luego hay cosas que son inevitables y la fatalidad existe, pero en esta ocasión parece que se han conjugado una serie de factores para que la tormenta perfecta descargara sobre los ferrocarriles catalanes. No obstante, hubiese sido deseable una mayor explicación por parte de los prestadores de los servicios, de la misma manera que se hubieran tenido que poner, de forma inmediata, a disposición de los usuarios alternativas reales y fiables para paliar el desastre. Como está haciendo ahora el Govern que ha contratado 61 buses más para reforzar los servicios interurbanos que ya funcionan, mientras se trabaja para recuperar la normalidad en Rodalies. Con estas incorporaciones, la flota de refuerzo pasará de las 169 unidades hasta 230 vehículos que provienen de diferentes puntos de España, aunque, de momento, con resultados muy poco satisfactorios.

La situación es delicada. El futuro de nuestro modelo de sociedad está en entredicho. Se hace imprescindible un gran acuerdo de todos los agentes sociales para recuperar la capacidad de generar la prosperidad compartida que se logró en los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial. En esa etapa histórica, el contrato socialdemócrata —que se logró por un consenso entre socialdemócratas, liberales y cristianodemócratas— hizo que, por un lado, el capitalismo de mercado fuese capaz de crear buenos empleos para la clase media; y, por otro, que el nuevo Estado de bienestar —a través de la educación, la sanidad, el seguro de paro y las pensiones— fuese capaz de crear una sociedad más igualitaria y con buenas oportunidades de ascenso social. El resultado fue que las democracias y el capitalismo de mercado ganaron la batalla de la prosperidad compartida a otros sistemas políticos que operaban en otros puntos del planeta.

Repitamos la experiencia.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 02/02/2026