El domingo, 17 de mayo, las urnas en Andalucía certificaban la hegemonía incuestionable del PP en política autonómica, mientras que el PSOE obtenía el peor resultado de su historia en aquella comunidad.
Los hicieron populares la campaña de las autonómicas andaluzas convencidos de que podrían lograr la mayoría absoluta, pero se quedaron a las puertas y eso les aboca a buscar algún tipo de acuerdo con Vox; algo que, con toda seguridad, llevará a Moreno Bonilla (candidato a la presidencia de Andalucía del PP) a tener que encajar la “prioridad nacional” y la marginación de los inmigrantes entre otras políticas discriminatorias; de la misma manera que las han tenido que asumir sus colegas en Extremadura y Aragón. Además, esos resultados reabrirán una carpeta que en el PP había guardado en un cajón: el modelo de gobernanza, templado, moderado y tranquilo como ha practicado Juanma Moreno en Andalucía o el presidencialismo de trumpismo cheli que practica Isabel Díaz Ayuso. El debate para los populares está servido.
Todo esto, no le quita ni un ápice de gravedad al fracaso de los socialistas en Extremadura, Aragón y ahora en Andalucía, en menos de seis meses se han perdido cuatro elecciones, tres por goleada. La situación es crítica. Por lo tanto, es urgente que en la calle Ferraz hagan un diagnóstico correcto de la situación y comiencen a aplicar medidas adecuadas. El partido se está yendo por el sumidero y hay que reaccionar con de choque y con un proyecto de recuperación. Es evidente que el invento de poner a miembros del Gobierno como candidatos a un gobierno autonómico no ha dado resultados. Rectificar es de sabios.
En paralelo al proceso electoral andaluz, en la sala de máquinas del Palau de la Generalitat, los alquimistas del Govern, con la inestimable colaboración de algún gurú de ERC ultimaban una fórmula magistral para lograr al elixir de la vida que, en esta ocasión, equivale a aprobar los Presupuestos del Govern para 2026. Los primeros de Salvador Illa como presidente.
Unas cuentas que habían quedado aparcadas, ante la imposibilidad de que la Agencia Tributaria Catalana (ATC) pudiera gestionar y recaudar el IRPF. Ahora, como por ensalmo, aquella línea roja ha desaparecido para ERC, parece ser que a cambio de recuperar un proyecto de tren orbital que unirá Mataró con Vilanova i la Geltrú sin pasar por Barcelona. A la vez, el Govern ha asumido el compromiso de dotar a la ATC, con 527 millones de euros más, de aquí a 2029, para que gane músculo e infraestructura; Asimismo, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona serán mayoritarios en el Consorcio de la Zona Franca y se creará una sociedad mercantil que supervise e impulse las inversiones del Estado en Cataluña. Para más adelante ha quedado la negociación que ha de permitir una mayor presencia de la Generalitat en la dirección del aeropuerto de El Prat. Poco después de alcanzado el acuerdo, una reunión de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado validaba el pacto PSC ERC
En este vorágine negociador, los
Comunes, se habían puesto un poco de perfil, pero, tras algunos nuevos acuerdos,
principalmente, en políticas de vivienda han actualizado su rúbrica en el
documento de los Presupuestos.
Cuando escribo estas líneas, la
piedra en el zapato para el Govern Illa, sigue siendo la huelga de docentes y
aunque se ha producido algún avance en materias tan sensibles como la escuela
inclusiva, los salarios de los docentes son el gran escollo.
Por si no había suficiente
desconcierto en las filas socialistas, el pasado martes se hizo público que el
juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que instruye el caso Plus
Ultra, atribuye al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y
personas de su entorno el cobro supuestamente irregular de 1,95 millones de
euros procedentes de la trama investigada. Según el juez el expresidente es el
presunto líder de “una estructura estable y jerarquizada de tráfico de
influencias” que obtuvo “beneficios económicos” tras intermediar “ante
instancias públicas en favor de terceros, principalmente [la aerolínea] Plus
Ultra”, que resultó beneficiaria de una ayuda pública de 53 millones de euros.
Esa supuesta trama utilizó sociedades instrumentales, documentación simulada y
canales financieros opacos para, entre otros fines, “ocultar el origen y
destino de los fondos” supuestamente recibidos por sus gestiones.
Por respeto a la justicia y a la
presunción de inocencia, no se deberían hacer juicios de valor que podrían ser
erróneos. Ahora bien, si se confirma que hay caso Rodríguez Zapatero, el mazazo
a la militancia socialista será brutal. Con los principales líderes de los
últimos 50 años fuera de circulación por razones diversas, Zapatero era un referente.
Él fue el presidente que mandó retirar las tropas de Irak, también quien dio un
gran impulso a los derechos sociales y las libertades en nuestro país, además
de acabar con ETA.
Si exceptuamos Cataluña y quizás
Asturias y Castilla la Mancha, está claro que el socialismo español no está
pasando por buenos momentos. No obstante, sería deseable que los profetas de la
catástrofe no se frotasen las manos porque no hay nada que nos indique que los
resultados de las elecciones autonómicas se trasladan de forma mimética a las
elecciones generales.
Lo que sí resulta evidente es que,
con los resultados en Andalucía, el PP se va a ir más arriba de lo que ya está.
Solo faltaba la imputación a Rodríguez Zapatero para que la polarización de la
política nacional suba de manera exponencial.
Qué le vamos a hacer. Es lo que hay. Tenderemos
que convivir con ello y plantar cara al adversario. No queda otra.
Bernardo Fernández
Publicado en Catalunya Press
26/05/2026





