LA CARA OCULTA DE LA IA

El debate está servido. Nadie duda que la inteligencia artificial (IA) ha venido para quedarse, pero resulta evidente que, al menos en un principio, va a destruir más puestos de trabajo de los que va a crear. Según algunos estudios, en un plazo relativamente corto, la IA estará en disposición de hacer las tareas que, en la actualidad, hacen algo así como el 60% de los humanos. Ante esa situación tan poco halagüeña para nuestro estilo de vida, se hace necesario que los gobernantes estudien cual es la mejor manera para que haya el menor número de afectados posible.

En muy poco tiempo, la IA se ha convertido en el gran objeto del deseo. Las grandes empresas tecnológicas están destinando cantidades astronómicas en su desarrollo a la espera de obtener unos beneficios que compensen esas inversiones. No obstante, como casi todo en esta vida, también aquí hay una cara oculta y es que ese gasto disparado y la escalada de sus acciones en el mercado, podría estar generando una burbuja de consecuencias imprevisibles. Los analistas también alertan de que el consumo energético de estas tecnologías es tan elevado que su huella climática podría contrarrestar los beneficios previstos con su crecimiento.

Tampoco deberíamos relativizar los más que previsibles recortes de plantilla, porque, de hecho, son el quid de la cuestión. Gigantes como Amazon o Meta ya están intentado compensar sus inversiones reduciendo el personal asalariado en sus centros de trabajo. Y eso significa que los estados tendrán menos ingresos para cubrir las prestaciones sociales de la ciudadanía.

Los rendimientos del trabajo, mediante el IRPF y las cotizaciones de los trabajadores son dos pilares básicos de los sistemas fiscales de la práctica totalidad de los países, al menos en Occidente. De hecho, la posibilidad de que un determinado tipo de máquinas aporten a las arcas del Estado hace tiempo que está sobre la mesa. En 2019 el premio Nobel de economía Edmund Phelps propuso un impuesto a los robots para contribuir al mantenimiento de las prestaciones sociales. Poco antes lo había hecho Bill Gates, fundador de una de las mayores tecnológicas del mundo, Microsoft que sugirió aplicar a los robots la misma carga fiscal que soportaría el trabajador sustituido por ellos.

Como ya se ha mencionado más arriba, una de las consecuencias no deseadas de la implantación de la IA es la pérdida de sitios de trabajo que, a su vez, lleva aparejada la merma de ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social. En concreto, en nuestro país, a principios de 2026, la Seguridad Social española mostraba un superávit en su ejecución presupuestaria mensual, alcanzando los 3.172 millones de euros hasta febrero (0,2% del PIB) gracias al aumento de cotizaciones. Sin embargo, el sistema ha mantenido un déficit estructural histórico que se ha reducido gracias a las transferencias del Estado, reflejando un saldo negativo de 7.387 millones de euros al cierre del ejercicio 2025.  Por lo tanto, no hay que descartar que nuestra Seguridad Social vuelva a la senda del déficit impulsada por la IA.

Ante una cuestión de tanto calado y tan compleja como la que nos ocupa, la diversidad de opiniones es incuestionable. Según afirma Sanjay Patnaik, director del Centro de Regulación y Mercado del think tank estadounidense Brookings Institution, los gobiernos deben abordar “los riesgos que plantea la IA” elevando la tributación del capital en lugar de crear un impuesto específico sobre ella, por las dificultades en su diseño y las distorsiones que podría generar. En cambio, Goldman Sachs estima que la IA empujará el PIB mundial un 7% en la próxima década; el FMI prevé que aporte hasta ocho décimas adicionales al año al crecimiento de aquí a 2030. Mientras que, la Organización Mundial del Trabajo calcula que uno de cada cuatro trabajadores en el mundo, concentrados en los países de altos ingresos, desempeña una ocupación con cierto grado de exposición a la IA, pero al mismo tiempo pronostica que la mayoría de los empleos se transformen en lugar de desaparecer.

Ya lo alertaron en un documento para el FMI los economistas del MIT Daron Acemoğlu y Simon Johnson en 2023. “En las últimas cuatro décadas, la automatización ha aumentado la productividad y multiplicado las ganancias corporativas, pero no ha conducido a una prosperidad compartida en los países industriales”. “La tecnología y la inteligencia artificial producen impactos sociales que tienen que ver con la política. “No podemos permitir el determinismo tecnológico” sostiene Luz Rodríguez, catedrática de Derecho del Trabajo y exsecretaria de Estado de Empleo, “El debate es necesario e iremos donde queramos ir”.

Es una evidencia que no se puede ir contra el progreso. Sería absurdo. Ahora bien, hemos de lograr que los avances científicos, tecnológicos o de cualquier otra índole sean nuestros aliados y no nuestros adversarios. Por consiguiente, hemos de encauzar los elementos que generan progreso para que este redunde en nuestro beneficio económico y bienestar social, no en contra nuestra. En ello nos va el futuro.

 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 18/05/2026