Para el próximo día 17 de este mes
están convocadas elecciones autonómicas en Andalucía. Los siguientes comicios,
si no hay una convocatoria inesperada de por medio, serán municipales y
autonómicas en algunas comunidades en el mes de mayo de 2027.
En política el futuro siempre es una
incógnita, pero, observando el panorama, me atrevo a pronosticar que la
inmigración será uno de los temas estrella en todos los procesos electorales
que están por venir a corto y medio plazo. Y si no, ya se encargarán la derecha
y la derecha extrema de ponerlo en la palestra porque según sus cálculos ese
asunto les genera réditos entre la ciudadanía.
Poco importa que las entradas
irregulares hayan caído en la UE un 43% en poco más de un año. Para importantes
segmentos de la población, en especial, los más desfavorecidos hay demasiados
inmigrantes en España y, con demasiada frecuencia, se los asocia a conceptos
negativos. Sin embargo, cuando se les pregunta por la experiencia personal con
ellos, los votantes de todos los partidos la juzgan de forma positiva. Un
estudio publicado de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea),
subraya que la inmigración, en general, no resulta perjudicial ni para los trabajadores
locales ni para los servicios públicos.
Uno de los mantras más repetidos por
la extrema derecha es la supuesta “invasión” de inmigrantes por la frontera
sur, ya sea con cayucos por la ruta canaria o balear –en descenso la primera,
al alza la segunda– o a través de Ceuta o Melilla. Pero lo cierto es que en
España las entradas irregulares, que no “ilegales” porque no suponen ningún
delito, representan una ínfima parte de la inmigración que mayoritariamente
accede al país por vías regulares. Según las cifras facilitadas por el Gobierno
el 94% de los inmigrantes –con permisos de residencia, en trámites de
conseguirlos o sin papeles– entraron en el país por aeropuertos con visados o
sin ellos (para la gran mayoría de países latinoamericanos no se exigen) pero,
tras cumplir el periodo máximo de estancia, se han quedado en España.
El Consejo Económico y Social de
España (CES) —institución consultiva del Gobierno— que está compuesto por 60
consejeros y consejeras que representan a las grandes organizaciones sindicales
y empresariales, así como a las organizaciones agrarias, del mar, los
consumidores y la economía social, además de seis consejeros independientes de
reconocido prestigio, recientemente, ha hecho público un Informe con el título “La
realidad migratoria en España: prioridades para las políticas públicas”. Ese documento
es el resultado del diálogo y el consenso entre sus integrantes; y aunque
resulta imposible, por su extensión, presentar aquí todos los datos y
conclusiones, quiero destacar algunos asuntos que me parecen muy
esclarecedores.
A mediados del siglo pasado éramos
uno de los principales países exportadores de emigrantes, ahora somos uno de
los principales importadores. Hemos pasado prácticamente de 0 a 10 millones de
inmigrantes en muy pocos años. Otros países europeos tardaron seis o siete
décadas en este proceso. Tenemos porcentajes de inmigración más elevados que Francia,
Italia o Países Bajos y similares a los de Alemania.
No hay evidencia que respalde la
afirmación de que la llegada de inmigrantes perjudique las oportunidades de
empleo de los nativos Según un estudio realizado a partir de datos del Registro
de Permisos de Trabajo y del Censo las oportunidades de empleo de los
trabajadores nativos no se ven afectadas de forma significativa por la
inmigración.
Sin embargo, a pesar de la elocuencia
estos datos y otros muchos del mismo sesgo que se pueden poner sobre la mesa,
la derecha extrema (a menudo con la inestimable colaboración de la derecha
clásica) está construyendo una realidad alternativa sobre la inmigración basada
en falsedades, calumnias y patrañas porque les reporta pingües beneficios
electorales. Entre los inmigrantes hay, como entre los nativos, personas con un
corazón de oro y algún que otro canalla. Por eso hay que juzgar a los venidos
de fuera por sus actos, no por su lugar de procedencia o residencia. Igual que
hacemos con los de aquí.
No por casualidad PP y Vox han
incluido en sus pactos para la gobernabilidad de Extremadura y Aragón el
concepto “prioridad nacional”; en estos momentos, algo quizás más simbólico que
real porque su aplicación tendrá efectos más bien escasos. Pero si algún día PP
y Vox tienen capacidad para modificar la legislación, prescindiendo de las
fuerzas progresistas, los resultados serán demoledores.
Según diversos expertos en la
materia, el desafío principal radica en diseñar políticas que permitan
aprovechar los beneficios de la inmigración mientras se minimizan los posibles
efectos negativos. Para lograrlo, hay que poner en marcha iniciativas de
integración y garantizar que los inmigrantes puedan participar activamente en
la sociedad y en el desarrollo de la economía del país; atender las necesidades
del mercado laboral y coordinarse en el ámbito europeo, puesto que la
inmigración es un fenómeno transnacional.
No obstante, yo me atrevo añadir otro
elemento que, en mi opinión, es fundamental: no perder nunca de vista que
estamos tratando con seres humanos. Algo que algunas formaciones políticas no
tienen en cuenta.
Bernardo Fernández
Publicado en Catalunya Press
04/05/2026
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