En política las formas suelen ser tan
importantes como el fondo. Por eso, desde que empezó a hablarse de un “sistema
de financiación singular para Cataluña”, pensé que era una equivocación. Ya que
si un ciudadano de, pongamos por caso, Villamorillo pregunta: “¿Por qué los
catalanes pueden tener un sistema de financiación singular y nosotros no?” ¿Qué le vamos a responder? ¿Que su comunidad autónoma no tiene derecho? Está
claro que no.
Sé que la derecha de nuestro país es
carpetovetónica y rechaza por sistema todo lo que no nace en sus propias filas.
Pero, en la situación actual, convendría ser muy cuidadosos para no regalarle
argumentos. No es casualidad que, en el último Consejo de Política Fiscal y
Financiera, celebrado el pasado 4 de septiembre, solo Cataluña y Canarias
votaran a favor del nuevo sistema de financiación; el resto de las comunidades,
gobernadas por el PP, junto con las dos comunidades socialistas, votaron en
contra.
Y eso, a pesar de que el nuevo sistema es
mejor que el vigente. Se trata de un modelo más justo y razonable que el actual;
garantiza mayores recursos para todas las comunidades reforzando los servicios
públicos, reconociendo las singularidades y las diferentes variables
determinantes de los costes, ya que asegura la igualdad de derechos en el
acceso a los servicios públicos independientemente del territorio dónde se viva.
Pues bien, para el PP el acuerdo
alcanzado por el Gobierno, la Generalitat y ERC se debe al “chantaje”
independentista para establecer lo que denominan el “cupo catalán”,
terminología que el Ejecutivo rechaza. “A más corrupción, más debilidad, más
negocio para independentistas y más cesiones. La corrupción ha traído barra
libre“, apostillan los populares.
El hecho cierto es que la propuesta que
el Ejecutivo ha puesto sobre la mesa, después de un impás de 12 años, parte de
un cambio contundente: Hacienda llevará a cabo diversas modificaciones
tributarias de calado para inyectar 21.000 millones más, cada año, a todas las
comunidades del régimen común, con el objetivo de recomponer la maltrecha hucha
que las nutre de recursos. De esa forma, todos los territorios aumentarían su
financiación efectiva en términos absolutos.
En opinión de Ángel de la Fuente, actual
director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), uno de los
mayores expertos en financiación autonómica que hay en España, “los cambios
benefician de forma notable a las comunidades que partían de posiciones más
débiles en el sistema actual, aunque no exclusivamente a ellas”.
Cataluña es la gran beneficiada en términos
de población ajustada, con un aumento de 507 euros por habitante, seguida muy
de cerca por la Comunidad Valenciana, que gana 496 euros, y por Murcia, con 468
euros adicionales. También registran incrementos significativos Baleares (450
euros extra), Madrid (409 euros), y Andalucía (367 euros). Valga decir aquí que
la población ajustada se obtiene mediante un cálculo que tiene en cuenta la
insularidad, la edad media, la dispersión geográfica o la orografía del
territorio; así se puede ponderar a los habitantes según sus características,
que influyen directamente en el coste de los servicios públicos. En cambio, si el
cálculo se llevase a cabo sin ajustar población, las grandes beneficiadas serían,
por este orden, Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid y Murcia.
Que el nombre que le pusieron al nuevo
modelo, en mi opinión, no fuera muy acertado no significa que no sea un buen
sistema. Por lo tanto, ahora, le corresponde al Partido Popular explicar por
qué rechaza este nuevo modelo de financiación que beneficia a sus gobiernos autonómicos,
que están claramente entre los más favorecidos. El problema, dicen, es que se
ha diseñado al gusto de Cataluña. Obvian, no obstante, que con el nuevo sistema
sus barones gestionarán presupuestos más holgados y, que la condonación de la
deuda, que va aparejada, supondrá un fuerte alivio de la carga financiera para
las autonomías.
Ahora queda un largo camino por
recorrer. La aprobación parlamentaria no será fácil. Al tratarse de una ley
orgánica, se requiere mayoría absoluta en el Congreso. El Ejecutivo confía en
que el beneficio general para todas las comunidades, incluidas las gobernadas
por el PP, facilitará el proceso. Pero la oposición frontal de Génova y las
dudas de otras formaciones anticipan un debate áspero. Sería muy lamentable que,
una iniciativa justa y equitativa que beneficia a todos los ciudadanos, por
intereses partidistas quedase aparcada en el rincón del olvido.
Bernardo Fernández
Publicado en EL TRINAGLE 18/09/2026
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