Desde hace años, el fútbol de élite se
ha convertido es un pozo sin fondo. Aquel deporte-espectáculo, que empezó financiándose
con las aportaciones de los socios de los clubes, ha ido extendiendo sus
tentáculos a la publicidad, las camisetas, las televisiones…, pero es
insaciable, cada vez necesita más. Cada vez las cifras que se manejan para
pagar jugadores y satisfacer mil historias son más astronómicas. Ante esa
situación, los máximos dirigentes de los principales clubs llevan tiempo buscando
vías alternativas de financiación. En 2021 creyeron haber dado con la tecla: la
Superliga de fútbol europeo. Tenía que ser la panacea y se iban a resolver
todos los problemas económicos. Sin embargo, cinco años después de anunciar la
competición que debía revolucionar el negocio y generar más de 4.000
millones de euros por temporada, la Superliga se cierra sin partidos, sin
calendario y sin trofeos. Al final la realidad se ha impuesto y tanto el
FC Barcelona como el Real Madrid, que eran de los que más fuerte habían
apostado, dieron marcha atrás y pactado con UEFA una vuelta ordenada al sistema
“por el bien del fútbol europeo de clubes”. De este modo, el conflicto más
profundo que ha vivido el fútbol continental moderno en décadas termina sin sanciones,
sin indemnizaciones y, sobre todo, sin una ruptura estructural del sistema
establecido.
No obstante, la falta de liquidez persiste
y es ahí donde el inefable Florentino Pérez se saca un as de la chistera. En
efecto, haciendo de la necesidad virtud y ante el fracaso evidente del primer
equipo del Real Madrid con dos temporadas seguidas sin un triste título que
llevar a las vitrinas, convoca elecciones por sorpresa, las gana y recupera un
viejo proyecto que tenía aparcado: transformar el club en sociedad mercantil.
La ley obliga a los clubes que están en
ligas profesionales a elegir entre ser una sociedad anónima deportiva o una
asociación. Y ahí Florentino Pérez ha visto la oportunidad: llevar a cabo una operación
en la que la Fundación Real Madrid pasaría a tener el 51% de las acciones,
mientras que el 49% restante se lo quedarían los inversores. Se trata de una
estrategia que, como ya anunció el presidente hace meses, busca proteger el
patrimonio de la entidad.
El plan está todavía en una frase
embrionaria y el club no ha dado pistas sobre si la operación se llevará a cabo
finalmente. No obstante, por los mensajes que lanzó Florentino en su campaña
electoral se ve venir un intenso debate en el planeta fútbol. ¿Club deportivo o
empresa? Esa es la cuestión. Y es que los equipos solo pueden escoger entre esas
dos opciones. El fútbol en nuestro país está regido por la Ley del Deporte, que
exige que las instituciones que compiten en ligas profesionales deben
constituirse como clubes deportivos (o asociaciones sin ánimo de lucro) o como
sociedades anónimas deportivas (SAD).
Elegir la estructura jurídica de un club
no es una decisión fácil. Es el armazón sobre el que se gestiona absolutamente
todo, desde la contratación de jugadores, patrocinios, eventos, abonados o los
derechos de televisión Sin una estructura adecuada, no puede haber gestión
eficaz, lo que puede desembocar, más pronto que tarde, en la quiebra de la
entidad.
El futbol profesional anda explorando un
tercer modelo: la fundación deportiva con estructura societaria. Se trata de un
sistema no consolidado en la práctica, pero que empieza a estar presente en el
discurso jurídico y estratégico. De momento, ninguna entidad deportiva funciona
bajo este modelo. La ley no prohíbe que una fundación deportiva se constituya
como sociedad mercantil. Eso sí, siempre que dicha participación sirva para
canalizar proyectos sociales, educativos o culturales vinculados al club.
Florentino es una de esas personas nacidas
con una flor en salva sea la parte. Lo demostró con la Operación Reformista del
año 1986, allí, después del fiasco, cual ave Fénix remontó el vuelo. Lo vimos,
de nuevo, con el Proyecto Castor, un fallido almacén subterráneo de gas natural
ubicado frente a las costas de Vinaròs (Castellón), que provocó más de 500
seísmos, lo que obligó a cancelar la operación y sellar definitivamente la
infraestructura, pero se tuvo que indemnizar a la empresa ACS con 1350 millones
de euros que se repercuten en el recibo del gas de los consumidores durante 30
años. Por no hablar del rescate de las autopistas radiales de Madrid que, de
momento, nos cuestan 1.680 millones de euros a los ciudadanos de a pie y ¡qué
raro! Ahí estaban las empresas de Florentino, Dragados y Construcciones con su
filial Irídium.
Es lo que tiene saber relacionarse con el
poder.
Bernardo Fernández
Publicado en EL TRIANGLE
01/07/2026
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