“La justicia es un cachondeo”, dijo, en
1985, Pedro Pacheco, en aquel entonces alcalde de Jerez de la Frontera. La
frase generó un considerable revuelo mediático y una cierta alarma social.
Ahora, con lo que estamos viendo y viviendo, aquella frase ha resultado ser una
auténtica premonición.
No vamos bien. El Poder Judicial nunca
ha sido de fácil comprensión para la ciudadanía, pero, desde hace un tiempo, la
Justicia de nuestro país se ha convertido en algo inescrutable para la mayoría
de los mortales. Con demasiada frecuencia, decisiones de los tribunales, que
tienen que ver con affaires políticos, a los ciudadanos de a pie nos dejan
perplejos.
Es el caso de Álvaro García Ortiz, ex
fiscal general del Estado al que el Tribunal Supremo condenó, el pasado
noviembre, por un delito de revelación de secretos. La sentencia firmada por cinco
de los siete miembros del tribunal concluye que él “o una persona de su entorno
inmediato y con su conocimiento” filtró un correo del abogado de Alberto
González Amador; pareja sentimental de Isabel Díaz Ayuso, y que, al día
siguiente, redactó una nota de prensa que también revelaba datos confidenciales
de la misma persona. No obstante, dos magistradas consideraron que no existen
pruebas de que García Ortiz fuera el autor material de la difusión
del mail, y que el comunicado no constituye ninguna infracción. Mientras,
González Amador, defraudador confeso de Hacienda, sigue campando a sus anchas
sin que, de momento, nadie le haya pedido explicaciones.
No entraré a valorar las imputaciones
que se hacen al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, primero porque están
en una fase muy embrionaria y, segundo, porque existen bastantes probabilidades
de que la investigación sea declarada nula por la forma cómo se obtuvieron determinadas
pruebas.
Una de las causas que más asombro está
suscitando y más tinta está haciendo correr es la que mantiene abierta el juez
Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez. El proceder del magistrado instructor
constituye un auténtico despropósito judicial. Su última decisión ha sido poner
en duda la integridad profesional de los escoltas, al sostener en su escrito de
acusación que “podrían ayudar a huir a Gómez fuera de España”. Además de
retirar el pasaporte a la encausada y exigirle que comparezca cada 15 días ante
el juzgado. Como ha señalado Baltasar Garzón: “Si Pedro Sánchez no fuese
presidente del Gobierno, ese caso no hubiese llegado nunca hasta donde está”.
Otro caso que está a la espera de
sentencia es el que se ha seguido contra David Sánchez, hermano del presidente
del Gobierno, por las supuestas irregularidades en la creación de un puesto de
alta dirección en la Diputación de Badajoz en 2017. Quizás aquí habría que
recordar que en aquel tiempo Pedro Sánchez, por no ser, no era ni diputado. Por
cierto, la persona presuntamente perjudicada por aquella decisión presentó la
querella en 2024, es decir, siete años después. Que cada cual saque sus propias
deducciones.
Con todo, la sentencia que ha copado las
portadas de todos los medios, artículos, columnas, tertulias y un largo
etcétera es la que ha hecho pública el Tribunal Supremo sobre el affaire
conocido como “Caso mascarillas”. Es innegable que es un auténtico torpedo en
la línea de flotación del Gobierno y en estos momentos resulta imposible hacer
una valoración de la consecuencias que pueda tener, ni siquiera aproximadas. De
todas formas, sorprende por su contundencia y dureza con el exministro Ábalos y
su mano derecha Koldo García. Nada que objetar. El fallo explica con claridad
cómo funcionaba la trama de esos sinvergüenzas: el corruptor –el empresario
Víctor de Aldama– y los corrompidos –Ábalos y Koldo–. Los tres se aprovecharon
de la crisis sanitaria de la pandemia para adjudicar contratos de mascarillas a
dedo para Aldama y este compensaba a sus socios con las correspondientes comisiones.
Lo sorprendente es que Aldama se libre de entrar en prisión después de haber
obtenido 3,7 millones de euros de manera ilegal. Como también irrita que no
pague por haber mentido en diversas ocasiones en sus declaraciones como
demostró la UCO. También enerva que no tenga que devolver la cantidad
defraudada. Por todo eso, la argumentación del Supremo de que colaboró con la
justicia es muy débil. lo que da pie a pensar que hay un trato de favor.
En este contexto, puede resultar muy
clarificadora la actitud de Víctor de Aldama saliendo feliz del tribunal,
parándose ante la prensa para mostrar su alegría y lanzar una frase que no ha
pasado inadvertida en el mundo político: “Estoy satisfecho con la sentencia, y
espero que con ella los que vienen detrás colaboren”.
Se puede decir más alto, pero no más
claro.
Bernardo Fernández
Publicado
en Catalunya Press 29/06/2026
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