¿QUÉ PENSIONES? ¿QUÉ FUTURO?

Desde hace más de 50 años se viene diciendo de forma reiterada que el Estado del bienestar está en crisis y que es insostenible. En los años cincuenta del siglo pasado, muchos economistas advertían que su rápida expansión lo acabaría haciendo inviable. Sin embargo, vino un crecimiento sin precedentes durante dos o tres décadas que puso de manifiesto el diagnóstico erróneo de los expertos en la materia.

Unos pocos años después, fueron los puritanos de la izquierda los que cargaron contra el Estado del bienestar porque no se había logrado acabar con la pobreza. No obstante, y pese a los agoreros, el mayor declive de la pobreza que ha conocido la humanidad hasta la fecha se produjo en los años sesenta y setenta. Eso fue así porque, entre otras cosas, las reformas que se hicieron de las pensiones permitieron garantizar unos ingresos a las personas jubiladas.

En 2007 llegó el crac financiero junto a unos importantes cambios demográficos. En esta situación, los agoreros de turno volvieron a la palestra para anunciar que los gastos sociales que genera el envejecimiento de la población en el Estado del bienestar lo harán insostenible.

Según parece, Mariano Rajoy y su equipo de asesores son muy dados a escuchar a determinados voceros. Quizás esa es la razón por la que en 2013 el Ejecutivo del Partido Popular, al amparo de su mayoría absoluta, hizo una reforma del sistema público de pensiones con la que ponía fin a la vinculación de éstas con el IPC. Asimismo, ligó la prestación inicial a la esperanza de vida, si ésta sube bajará la pensión. Y eso, por muy sin sentido que parezca empezará a aplicarse en 2019, es decir, el año próximo.

El hecho cierto, es que desde 2016 el sistema de pensiones se ha cubierto con créditos extraordinarios del Estado. En 2107 el déficit ascendió a unos 18.800 millones de euros y, si bien es verdad, que las previsiones es que ese déficit disminuya ni las predicciones más optimistas prevén superávits en mucho tiempo.

En estas circunstancias, los jubilados han empezado a afrontar el problema al ver como su pérdida de poder adquisitivo, con la pírrica subida anual del 0,25%, es irreversible. De ahí, las movilizaciones de pensionistas en todo el país que cada vez son más frecuentes y más numerosas.

Esos movimientos han forzado a que el pasado 14 de marzo, se celebrara un pleno en el Congreso para tratar el tema y, en teoría, buscar soluciones. La verdad es que la sesión fue de poco nivel y pasó con más pena que gloria.

Mariano Rajoy estuvo en su línea. Su objetivo era ganar tiempo y aprovechar las pensiones para sacar los presupuestos de 2018 adelante y salvar la legislatura. Como señuelo, ofreció subir las pensiones mínimas con el IPC, elevar las de viudedad y conceder alguna ayuda fiscal en determinados supuestos a los pensionistas. Menos da una piedra, pero el presidente hizo una oferta muy limitada que no resuelve, ni de lejos, el problema de fondo.

Tampoco la oposición tuvo su mejor día. Propuestas arribistas algunas y vagas la mayoría. Nadie supo o pudo poner sobre la mesa un plan de choque para paliar el grave problema que tienen más de 9 millones de ciudadanos, más los que venimos detrás que somos legión.

Ciertamente, la cuestión es complicada y recetas mágicas no existen. Ahora bien, el argumento de que aumentar un 0,25% al año es para garantizar la viabilidad del sistema, es un insulto a la inteligencia. No es populismo ni demagogia plantear que, si hay dinero para bancos, AVES, aeropuertos sin aviones o rescates de autopistas debe haberlo para pensiones.

Lo lógico sería que las pensiones se revalorizaran con el IPC, como sucedía hasta 2013. Como lógico sería también derogar la reforma laboral. Puesto que, a su amparo, se hace un uso abusivo y fraudulento de la temporalidad. España es el país de la UE con más trabajadores sin contrato fijo, el 27,4%, mientras que en el resto de la Europa comunitaria la media está en el 14,2%. Además, el 90% de los nuevos contratos que se firman en nuestro país son temporales, y así no hay manera de subir las cotizaciones.

Asimismo, habría que ir pensando en hacer evolucionar la producción hacia sectores de alto valor añadido. Ese es un paso ineludible para lograr empleos de calidad con buenos sueldos y altas cotizaciones.

Un dato: en Italia, que no es ningún paradigma, el 14% del PIB, se destina a políticas sociales. Entre ellas las pensiones. En España no llegamos al 10,5%.

Con este panorama de fondo, deberíamos preguntarnos que clase de sociedad hemos construido, si el aumento de la esperanza de vida que debería ser motivo de júbilo, acaba siendo un problema.

De igual manera, deberíamos reflexionar para saber que hemos hecho mal para que los dirigentes que hemos puesto al frente de las instituciones ninguneen a aquellos que han cotizado a lo largo de su vida laboral para que otras generaciones cobraran su pensión. Mientras que ahora, cuando les toca a ellos percibir la suya, les dicen que hay que apretarse el cinturón porque no hay dinero y el sistema no es sostenible. O sea, les advierten de forma, más o menos sibilina, que sus pensiones y, en consecuencia, su futuro, están en riesgo.

Sencillamente, no hay derecho.

Bernardo Fernández

Publicado en e-notícies 19/03/18

NADA ES LO QUE PARECE

Al final va a resultar que todo esto del procés, la barbaridad jurídico-política perpetrada en el Parlament, los días 6 y 7 de septiembre pasado, cargándose la Constitución y el Estatuto, el referéndum del 1 de octubre, la proclamación de la república y unas cuantas mandangas más, han sido un invento de la prensa canallesca que, a falta de materia prima para llenar portadas, tertulias y debates, puso en marcha una historia fantástica y de terror para hacer caja.

Al menos, eso es lo que se desprende de las declaraciones que han hecho ante la justicia, la casi treintena de políticos y líderes sociales que han sido llamados a declarar.

Así, por ejemplo, Jordi Cuixart, el activista social a sueldo (cuando era presidente de Omnium cobraba 130.000 euros anuales), declaró ante el juez Pablo Llarena que un referéndum legal en Cataluña sería imposible sin el beneplácito del Estado. De forma parecida se expresó, en su declaración, Joaquim Forn que el 1 de octubre era el máximo responsable de la Mossos d’Esquadra. Oriol Junqueras además aludió a su condición de creyente para repudiar la violencia. Lástima que vivimos en un Estado aconfesional y que, en cualquier caso, las creencias religiosas pertenecen única y exclusivamente al ámbito privado de las personas.

Quien más, quien menos recuerda que el exjuez y exsenador Santiago Vidal, se paseó por Cataluña diciendo a los que le quisieran oír que se habían cometido irregularidades para diseñar un Estado independiente. Una de esas irregularidades era la obtención, de manera fraudulenta, de los datos fiscales de la ciudadanía, pero que era inevitable para “burlar al Gobierno central y a la justicia para lograr la independencia”.  Sin embargo, cuando días atrás fue a declarar como investigado al juzgado número 13 de Barcelona, afirmó que “los datos que daba no eran reales” eran simples “planteamientos de trabajo”, “hipótesis”. En definitiva, que sus palabras “no se correspondían con la realidad”.

En la misma línea se han expresado ante los tribunales Marta Rovira de ERC o Marta Pasca del PDeCat. Tampoco se ha apartado del guion Neus Lloveras hasta hace bien poco presidenta de la AMI, que en poco tiempo ha pasado de equiparar la España actual con la de la época franquista, para, acto seguido, ir a los tribunales a explicar como es y cómo funciona el mundo municipal; según dijo al salir de los juzgados. Ver y oír para creer.

Es verdad que en términos jurídicos se permite la mentira como arma de autodefensa. Ahora bien, en política eso, cuando menos, es reprobable. Y mucho más todos estos personajes que sabían de antemano las líneas rojas que estaban traspasando.

De todos modos, en toda esta historia de política de enredo y lío en que nos han metido, sin pedirnos opinión o, peor, en contra de nuestra voluntad, hay tres personajes que, en estos momentos, merecen una atención especial. Me estoy refiriendo a la cupera Mireia Bolla, con la que por razones más que obvias no iría ni a la puerta de la calle. Pero esa mujer ha tenido la dignidad y la decencia política de decir al juez Llarena que la declaración de la república fue perfectamente válida y que lo que hay que hacer, ahora, es implementarla. Pues muy bien, con dos… Piensa y actúa de una determinada manera, no se esconde y eso merece, cuando menos respeto.

La cruz de la misma moneda es su compañera de partido Anna Gabriel se ha largado a Suiza para no presentarse ante el juez. Eso sí, se ha hecho un new look, por si ha de pedir asilo político, no vaya a ser que con las pintas que llevaba se lo denieguen. Su actitud cobarde y mezquina se comenta sola y no merece la pena que perdamos más el tiempo con personajes de esa catadura moral.

Ahora bien, quien merece un tratamiento especial es Artur Mas. Él que fue quien empezó todo este jaleo, después de declarar ante el juez como el resto de colegas que nada era lo que parecía, se descuelga en una entrevista radiofónica diciendo que el 27 O fue un engaño y que la declaración de la república una cosa simbólica.

            ¿Qué podemos esperar de unos políticos que no son capaces de mantener en un juzgado aquello que dijeron en público?

            En mi opinión, nada.

Bernardo Fernández

Publicado en El Catalán 19/03/18

LA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Dicen los expertos en economía que España ha dejado atrás la crisis económica y estamos entrando en un tiempo de bonanza y que, por tanto, es el momento de revisar el sistema de financiación autonómica. Sea cierta o no esa afirmación, la verdad es que el sistema de financiación de las comunidades autónomas necesita, con urgencia, una revisión y puesta al día que no se puede demorar más. Hospitales, colegios y dependencia, entre otros, son servicios que dependen de esa financiación en todo el territorio.

En los últimos años los gastos de las 15 autonomías de régimen común han crecido casi el doble que los recursos asignados. Las consecuencias de ese desequilibrio son evidentes: las prestaciones del Estado del bienestar se deterioran y la deuda aumenta a velocidad de vértigo. En esas circunstancias, el Estado, de un modo u otro, ha tenido que poner sobre la mesa unos 250.000 millones de euros para que el sistema no se fuera a pique, pero eso hace que las comunidades cada vez sean menos autónomas y más dependientes de Hacienda, que viene a ser lo mismo que decir dependientes del Gobierno central de turno.

Así las cosas, se hace indispensable una revisión que analice la problemática del sistema de financiación autonómico en profundidad, y que tenga en cuenta que la deuda es una tenaza y una espada de Damocles para los gobiernos autonómicos. En esta situación y puesto que las quitas ya han quedado descartadas, hay que buscar mecanismos que permitan que los entes autonómicos asuman las responsabilidades que les correspondan y sigan haciendo su trabajo sin la dependencia que ahora soportan. 

El nuevo sistema debería corregir además de la deuda, otras disfunciones tan graves como ésta. Como explica la comisión de estudio de la financiación autonómica, la proliferación de Fondos confunde y distorsiona la transparencia, lo lógico sería simplificarlos. Dicen que el ministro de Hacienda tiene previsto reducirlos (de los cinco actuales a dos). Asimismo, parece lógico, también, homogeneizar los impuestos sobre sucesiones y donaciones, a la vez que otras cuestiones como los tributos medioambientales, por ejemplo. De ese modo, se evitarían diferencias considerables en la capacidad recaudatoria de cada autonomía, en función de lo que en cada lugar se grava o deja de gravar empresas y ciudadanos, en función del consejero de hacienda de turno. Claro que eso, generaría la queja de más de un responsable de finanzas autonómico porque se entendería como un recorte en la capacidad de actuación de cada cual.

Sea como sea, lo que no debería perderse nunca de vista, es la lógica social del Estado autonómico. Desde sus orígenes se ha guiado por el principio de recaudación y, sin embargo, el sistema debería estar basado en el principio de las necesidades. Se trata de coordinar una red de servicios mínimos para todos los ciudadanos, con independencia del lugar de residencia. En aplicación de ese principio, es obligado calcular el coste de esos servicios y garantizar su pago más allá de la recaudación esperada o real. Ese es en mi opinión el quid de la cuestión: si se consigue concretar ese principio, la reforma de la financiación autonómica será un éxito. Cualquier otra cosa, no dejará de ser un parche con fecha de caducidad.

De todas formas, la probabilidad de que el Gobierno de Rajoy consigan pactar o impulsar políticamente una reforma financiera de esta magnitud es, realmente escasa. La incapacidad de este Gobierno para articular negociaciones complejas es manifiesta. Tampoco en las sencillas o simples ha demostrado especial eficacia.

Por otra parte, es vergonzante el retraso en el comienzo de la negociación. El sistema se debía que haber revisado y renovado en 2014. La falta de criterios comunes entre los gobiernos autonómicos es otro hándicap a tener en cuenta.

Ahora bien, la cuestión de fondo, a mi entender, determinante es otra: los intereses de los dos socios potenciales del PP (Ciudadanos y PNV) son opuestos entre sí. Para los vascos eso de la financiación autonómica no va con ellos (con su concierto y su cupo, ya están servidos, y muy bien, por cierto). Por lo que respecta a Ciudadanos, no se les ve mucho entusiasmo por resolver las cuestiones de las comunidades, parece que por sus “venas corren gotas de sangre jacobina” que diría el poeta. Así las cosas, empezar a dialogar es como oír llover.

Bernardo Fernández

Publicado en e-notícies 12/03/18

BLOQUEO INSTITUCIONAL

Después de más de cuatro meses de inactividad, el pasado jueves, 1 de marzo, en el Parlament de Cataluña se celebró un pleno con el que se pretendía empezar a poner fin a la situación de excepcionalidad política que estamos viviendo en Cataluña.

Sin embargo, no parece que las fuerzas independentistas hayan aprendido la lección. Los secesionistas no progresan adecuadamente. Esta nueva sesión plenaria continúo en la línea de los últimos plenos de la legislatura anterior.

Una vez más los soberanistas hicieron caso omiso a las advertencias de los letrados de la cámara. Presentaron y aprobaron una resolución en la que se pide que cesen las “injerencias” del Gobierno y el Tribunal Constitucional. Además de reivindicarse el referéndum del 1 de octubre. En esa misma resolución se dice que las elecciones del 21-D ratificaron una “mayoría” favorable a constituir en Cataluña un estado independiente en forma de república y legitima a Carles Puigdemont a ejercer el cargo de presidente. Es decir, nuevamente se bordea la legalidad y se pone Cataluña a los pies de los caballos.

El mismo día, a última hora de la tarde, por las redes sociales se difundió un comunicado de Puigdemont, presuntamente grabado en Bruselas. Fue un discurso, con una escenificación pretendidamente institucional, agrio, lleno de rencor y amenazante contra lo que los independentistas llaman el Estado español. Encima, para complicar la cosa un poco más y seguir enganchado al pesebre, anunció que, en breve, convocaría solemnemente a todos los diputados (la pregunta aquí es obvia, ¿también a los de la oposición), y se constituiría un “consejo de la república” coordinado con el Govern, compuesto por cargos públicos y presidido por él. Por desbarrar que no quede. Sin embargo, además de mancillar el concepto de república, en ningún momento el ex president huido reconoció ni un error ni un fallo en sus acciones o decisiones, nada de nada. La culpa de todo para los otros.

Lo único positivo de su monserga fue que hizo pública su renuncia “provisional” a presidir la Generalitat. Decisión, por otra parte, esperada, incluso, por buena parte de los independentistas. También propuso, como si de una sucesión dinástica se tratase a Jordi Sánchez, número dos de la lista de JxCat, como presidenciable en su ausencia. Cosa harto difícil porque Sánchez está en prisión preventiva, y más allá de las cuestiones meramente legales de si el magistrado debe autorizar o no su salida para que tome posesión, no parece ni operativo ni recomendable que el president de una institución como la Generalitat esté privado de libertad. Además, es muy probable que, en un plazo más o menos breve, cuando se cierre el auto, el juez Pablo Llarena lo inhabilite junto a otros investigados por los mismos presuntos delitos.

Por si todo esto fuera poco, ERC no recibió nada bien la `propuesta. Los republicanos entendían que tras la renuncia de Puigdemont el nuevo candidato debería ser Oriol Junqueras.

Según el portavoz Sergi Segrià con la sugerencia de Sánchez se quiebra la argumentación del Gobierno legítimo utilizada por JxCat durante todo este tiempo. En consecuencia, le correspondería a Junqueras optar a la máxima magistratura de la Generalitat por haber sido vicepresidente con Puigdemont, cuando éste era jefe del ejecutivo.

El problema es que Junqueras está en la misma situación que Sánchez, prisión preventiva y, por tanto, si para uno la presidencia de la Generalitat es inviable, para el otro también. Quizás por eso, ERC ha echado el freno de mano y donde dijo digo, ahora dice Diego. Es decir, ahora le parece bien que el candidato sea Jordi Sánchez. Quizás porque saben que nunca será president.

Además de todo esto, la CUP reprocha a Puigdemont su retirada y anuncia que ellos no votaran a Sánchez, “por el carácter autonomista de la propuesta”, razonan los antisistema. Sorprendente, porque de llegar a producirse esa hipotética votación los independentistas no tendrían los votos necesarios. Entonces, deberían ser el propio Puigdemont y Toni Comín los que renunciaran a sus actas de diputados para, al correr la lista, que otros pudieran ejercer el derecho al voto. Todo absolutamente surrealista.

Veremos cómo evoluciona la situación en las próximas semanas. Lo más probable es que el bloqueo institucional se enquiste. Cada vez la lucha por el poder entre JxCat y ERC es más evidente. Ahora, la batalla está centrada en el control político de los medios de comunicación. Desde quien pone al director general hasta quien es el responsable de un informativo. En principio a ninguna de las dos formaciones les conviene verse de nuevo en las urnas. No obstante, tal y como están las cosas no se puede descartar nada.

Deberemos, pues, armarnos de paciencia y seguir esperando. Exactamente igual que hemos hecho hasta el momento; pero cada vez parecen más próximas unas nuevas elecciones.

Bernardo Fernández

Publicado en e-notícies 05/03/18

AMORDAZADOS

En poco más de 24 horas el cantante de rap Valtonyc ha sido condenado a tres años y medio de prisión, han retirado de la feria Arco la obra Presos políticos en la España contemporánea, de Santiago Serra, y el libro Fariña, de Nacho Carretero, sobre el narcotráfico en Galicia, ha quedado fuera de la circulación, por orden judicial.

Las canciones del mallorquín se han hecho virales en las redes y un montón de festivales, entre ellos el prestigioso Primavera Sound, le han propuesto que participe en sus certámenes. La obra pictórica retirada de Arco ha sido comprada por el periodista Tatxo Benet, socio de Jaume Roures y cofundador de Mediapro. Tatxo ha pagado la nada desdeñable cantidad de 90.000 euros, por las caras pixeladas de los políticos presos y todo indica que será expuesta en Lleida, donde el alcalde, Ángel Ros, ya ha ofrecido una sala para su exhibición.

Desde la prohibición de la venta del libro de Carretero que, por cierto, llevaba dos años en el mercado, Ámazon ha vendido diez libros por minuto y las librerías gallegas han abierto listas de espera para cuando Fariña vuelva al mercado.

Estamos en el siglo XXI y es muy posible que la censura sea una de las armas más potentes de la promoción de un producto u obra. En este contexto, recordemos aquella portada de la revista satírica El Jueves, de hace unos años. En la misma se veía a los entonces príncipes, hoy Reyes, en acción un tanto indecorosa, pero, probablemente, muy placentera. Desde luego, fue retirada del mercado, pero, bajo cuerda, se llegaron a pagar más de 1.000 euros por uno de aquellos ejemplares.

Estos hechos, tanto juntos como separados, son un torpedo en la línea de flotación de una sociedad diversa y plural que vive en un clima de libertades que sólo es posible en un sistema democrático consolidado. Sin embargo, todo indica que los tiempos están cambiando, como dijo el cantor y son malos tiempos para la lírica.

Todo esto, se lo debemos en primera instancia a Alberto Ruiz Gallardón y a continuación a toda su camarilla tanto en el PP como en el Gobierno del que él formó parte. Su Ley Mordaza, por un lado y, por otro, las diversas reformas chapuceras que se han ido haciendo del Código Penal, han ido dejando bien a las claras que la libertad de expresión está en riesgo de extinción en nuestro país.

No es casualidad que, para Ignacio González Vega, portavoz de jueces para la Democracia, la libertad de expresión está amenazada.

Sin ánimos de mitificar nada, quedan muy lejos los años ochenta con la movida madrileña o el rock radical vasco. Hoy muchas de las canciones de aquella época serían merecedoras de querellas y sus autores e intérpretes tales como Siniestro Total, Alaska o la Polla Récords, aplicándoles los recortes de libertades y la intolerancia que hoy en día se manejan irían directos a la cárcel.

Quizás, con el paso del tiempo, la sociedad se haya vuelto un poco mojigata. No lo sé. Desde luego la globalización sin reglas ni normas y que le terrorismo haya llegado hasta la sala de estar de nuestros hogares tiene mucho que ver. De todos modos, no es de recibo que los delitos de opinión puedan ser castigados con penas de prisión.

Es evidente que, a determinados gobiernos y a buena parte de los estamentos que conforman el Estado, ya les va bien esa mordaza que unas ocasiones se pone desde las esferas de poder y otras se la coloca la propia ciudadanía.

En este contexto, viene como anillo al dedo aquella frase del Tribunal Supremo de EE. UU., que en estos días nos ha recordado Carmen Calvo, premio Nacional de Artes Plásticas 2013, según la cual:” La libertad de expresión es una garantía para que las demás libertades puedan respirar”.

Bernardo Fernández

Publicado en e-notícies 26/02/18

LA INMERSIÓN NO ES EL PROBLEMA

El catalán, al igual que otras muchas cosas, fue duramente reprimido por la dictadura franquista en sus casi cuarenta años de existencia. Además de eso, se da la circunstancia de que al ser una lengua minoritaria debe ser tratada con especial delicadeza para que no quede en algo puramente anecdótico.

Así lo entendieron las fuerzas de izquierda (PSC y PSUC) en los comienzos de nuestra democracia, de tal manera que esa inquietud quedó plasmada en la ley de normalización lingüística que se aprobó en el Paralament de Cataluña en 1983. CiU que, en principio era partidaria de una doble red escolar (educar en catalán y castellano, por separado), acabó sumándose al acuerdo, logrando de ese modo un amplio consenso sobre el particular.

Ahora, con el artículo 155 en vigor, el Gobierno que preside Mariano Rajoy quiere acabar con la inmersión lingüística en Cataluña. Craso error. De hacerlo, la máquina de fabricar independentistas se pondría de nuevo en marcha a pleno rendimiento. La aplicación de ese artículo tiene sentido si es para recomponer el autogobierno, dentro de la legalidad, y que el día a día se desarrolle sin sobresaltos ni lagunas de poder. Nada más.

En esas circunstancias, declaraciones de personajes como el presidente de Aragón, Javier Lambán, que sostiene que el español está siendo legalmente maltratado en Cataluña, son sencillamente inadmisibles. Haría bien Lambán en preocuparse de resolver los problemas de sus conciudadanos, que bastantes tienen, y dejar que sus vecinos arreglen los suyos. Los problemas de Cataluña se resuelven en Cataluña.

Otra cosa es que, en una sociedad con dos lenguas oficiales, como es la catalana, los ciudadanos que así lo decidan tengan todo el derecho a recibir, o que sus hijos reciban, la educación en una de las dos lenguas o, en su defecto, que la enseñanza en una de ellas sea reforzada para que la utilización de ambas a lo largo de la formación pueda equiparlas. Pero, para que eso sea posible, habrá que echar mano, una vez más, de la voluntad política para hacer las cosas con sentido común. Sentido que, por cierto, últimamente se echa mucho a faltar.

La inmersión no es el problema. El problema es el adoctrinamiento que se hace de forma más o menos ocasional en determinados lugares, ya sean docentes o recreativos. No hace falta ir demasiado lejos ni en el tiempo ni en el espacio para encontrar ejemplos que subrayan mis afirmaciones.

Días atrás, en un centro educativo de Vilabareix (Girona) los niños celebraban el carnaval disfrazados con pañuelos amarillos y papeletas del 1-O, mientras el discurso carnavalesco leído por un niño decía: “El Estado no sirve para presidir. Ni tampoco para investir. A la Soraya la nombran presidenta y Puigdemont no lo acepta. Rajoy convoca elecciones y García Albiol saca cuatro escaños. El independentismo gana (…) Dicen que adoctrinamos y que castellano no hablamos, pero esto no es verdad, porque aprendemos todas las lenguas". Y continuaba: "El Rey de España saluda el día de Navidad, en un discurso que siempre acaba y comienza igual…"

En algunos lugares, se explica que en 1714 hubo una guerra de secesión y no de sucesión, como realmente fue. Incluso se ha llegado a decir que la primavera versión de El Quijote fue en catalán o que Cristóbal Colón era nacido en Cataluña.

Todo esto que, de si fueran hechos esporádicos, no dejarían de ser anécdotas malas, pero anécdotas, empieza a ser terreno abonado para que la brecha que parecía superada, no sólo se haya reabierto, sino que se agrande de manera peligrosa estableciendo castas de buenos y malos catalanes.

Estamos a tiempo de evitar que todo este disparate vaya a más, pero para eso la condición sine qua non es que tengamos un gobierno que efectivo que gobierne y tome decisiones. Después, llegará el momento de los debates, de los acuerdos y de los pactos, si procede. Para solventar nuestros problemas nos bastamos y sobramos los de aquí.

Bernardo Fernández

Publicado en e-notícies 19/02/18

APUNTES PARA UN REFORMA DE LA LEY ELECTORAL

Los independentistas catalanes, aunque intenten disimularlo, andan a la greña. Por un lado, el grupo de Puigdemont, JxCat, ha entrado   una propuesta en el registro del Parlament para modificar la Ley de Presidencia de la Generalitat y, poder así, investir de forma telemática al ex president fugado. Por otro, ERC exige un acuerdo firme y fuerte para nombrar un gobierno efectivo que permita levantar el 155, dejar aparcado, con un nombramiento simbólico, a Carles Puigdemont y pasar página. Los republicanos no quieren ni más gente inhabilitada ni en la cárcel. A todas éstas la CUP parece asistir como convidado de piedra, no sabe, no contesta.

Pues bien, mientras en el Parc de la Ciutadella las reuniones, idas y venidas, declaraciones y contra declaraciones son una constante, el planeta sigue girando alrededor del sol. Increíble para algunos, pero cierto.

Tan cierto como que Podemos y Ciudadanos han aparcado, al menos de manera temporal, algunas de sus hostilidades y han formado un frente común para cambiar la ley electoral vigente, la conocida ley d’ Hondt. El motivo de esta unión contra natura hay que buscarlo en unos estudios llevados a cabo recientemente, según los cuales, con un sistema electoral más proporcional, en los comicios de 2016, el partido naranja hubiera obtenido 12 diputados más y Podemos y sus confluencias seis. Mientras que el PP hubiera perdido 15, por uno los socialistas.

En estas circunstancias, no nos puede extrañar que los dos grandes partidos sean reacios a realizar determinados cambios, de manera especial los populares. El PSOE, si bien está dispuesto a sentarse y hablar del tema, pide, con razón, que haya un amplio consenso. En este contexto, los podemitas han lanzado la propuesta de adelantar la edad de votación a los 16 años.

Después de 40 años de vigencia del sistema electoral, quizás ha llegado el momento de las reformas. De todos modos, nuestro modelo ha permitido el pluralismo, que haya estabilidad y la alternancia política. En consecuencia, sería un error hacer una reforma sólo estética para variar la asignación de un puñado de escaños.

En mi opinión, las modificaciones deberían ser en profundidad y no estaría mal, tomar como referencia el sistema electoral alemán.

En ese país la mitad de los diputados son elegidos en distritos uninominales y la otra mitad en listas regionales (aquí serían provinciales), con distribución de los escaños proporcional a los votos de cada partido.

Ahora bien, que nadie se confunda, esa reforma es necesaria pero insuficiente. Para que realmente sea efectiva, debería implementarse con otras medidas tales como una ley de funcionamiento de partidos. De hecho, las listas no dejan de ser un reflejo de la correlación de fuerzas internas.

No es por casualidad que en Alemania la ley electoral regula también la elección de los candidatos en los partidos. En el caso de los distritos uninominales mediante primarias, en las que los afiliados eligen entre los candidatos que se presenten, aunque el órgano de dirección correspondiente puede convocar una segunda votación si el ganador no le satisface y cuyo resultado entonces sí es definitivo. Las listas a los landers (lo que aquí diríamos autonómicas) se aprueban mediante asambleas de compromisarios (léase delegados en nuestro argot). Estos procedimientos se aplican a elecciones regionales y locales.

De igual manera, la ley de partidos establece congresos cada dos años, regula la actividad interna de las organizaciones (composición de los órganos, sistemas de elección, etcétera) y auditoría de cuentas. En Gran Bretaña, el Partido Laborista celebra congresos anuales y los afiliados eligen a los candidatos a diputado, concejal o líder del partido. Estos procedimientos limitan, sustancialmente el poder de las direcciones y permiten la presencia en la política de dirigentes con apoyos sociales y con puntos de vista, a menudo, alejados de los estereotipos políticos convencionales.

Asimismo, esa hipotética nueva ley electoral debería regular, para todos los partidos que los afiliados (incluso los ciudadanos que se declarasen simpatizantes de un partido apuntándose para ello en un censo oficial dependiente de la Junta Electoral) eligieran en primarias a los candidatos a presidentes del gobierno, presidentes autonómicos y alcaldes, así como a los candidatos a diputado o concejal de su zona de residencia, mediante voto a personas -no a listas-. La experiencia aconseja que estas primarias se organicen de forma oficial, no por los aparatos de los partidos. Una ley de partidos, como la alemana, debería regular su funcionamiento democrático, la celebración de congresos cada dos años, al menos, y la publicación de sus estatutos en el BOE.

Desde luego no es tarea fácil, pues se requiere de la modificación y aprobación de todo un paquete legislativo. Además, con la situación de fragilidad de todos los grupos parlamentarios en el Congreso la tarea parece misión imposible. Ahora bien, algún día habrá que empezar y cuanto antes sea, mejor.

Bernardo Fernández

Publicado en e-notícies. 12/02/18