REALIDAD POLIÉDRICA

 

El proceso extraordinario de regularización de migrantes, puesto en marcha por el Gobierno central, finalizó el pasado 30 de junio. Se presentaron 1.174,968 de solicitudes de personas que quieren normalizar su situación en nuestro país. El 52% de los expedientes han sido admitidos a trámite.

El 16 de junio, la licenciada en ciencias políticas por la Universidad de Roma, Paola Lo Cascio defendía, en un brillante artículo publicado en El País, que esa iniciativa “es una de las decisiones más importantes que el Ejecutivo ha tomado en esta legislatura (…)  La importancia de este proceso es, obviamente, atemporal, es de sentido común para cualquier sociedad que aspire a definirse democrática, que todas las personas que viven en ella puedan gozar de derechos”. No puedo estar más de acuerdo con esa afirmación. No obstante, en esta ocasión, quiero poner el foco en los números y analizar cómo está incidiendo en nuestra cotidianeidad el aumento demográfico en nuestro país.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), España superó el año pasado los 49,1 millones de habitantes y en pocos meses alcanzaremos los 50 millones.

No hay duda de que en ese aumento de la población la inmigración juega un rol fundamental porque nuestra tasa de natalidad está en mínimos históricos. En concreto, es la segunda más baja de Europa.

A esas cifras, hemos de añadir los cerca de 100 millones de turistas que nos visitaron el año pasado, cifra que este año vamos a superar ampliamente. Personas que utilizan las infraestructuras y, con toda probabilidad, alguno de los servicios públicos. Esa es la cuestión, y ahí es donde empiezan a surgir los problemas porque España es un país diseñado para 40 millones de personas.

Años de un fuerte déficit en inversiones y un importante crecimiento demográfico explican lo sucedido hace un año con el apagón, los graves daños humanos y materiales que causaron las inundaciones de Valencia en 2024 o el accidente ferroviario de Adamuz. Esas desgracias han encendido todas las alarmas sobre el estado de las infraestructuras en España. Los números de las grandes constructoras dejan pocas dudas. Según esos datos, la necesidad de inversión en infraestructuras asciende a unos 407.000 millones de euros en la próxima década. De esa cifra, unos 127.000 millones deberían destinarse a conservación y mantenimiento, y otros 280.000 a nuevos desarrollos y adaptación de las infraestructuras existentes.

En opinión de esas mismas empresas, las infraestructuras del agua y las ferroviarias son las que demandan mayor inversión, 44.000 millones y 31.000 millones en los próximos 10 años. Por otra parte, Diego Rodríguez, investigador de Fedea y catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid, nos advierte de que “Al cambio climático y la intensificación de los fenómenos extremos, con sequías más severas y prolongadas y mayor probabilidad de danas y lluvias torrenciales, se suma un consumo intensivo y una infraestructura obsoleta que colocan al país en una situación de estrés hídrico recurrente”.

Durante décadas el grueso de la inversión en ferrocarriles se ha concentrado en la alta velocidad; tenemos la segunda red más extensa del mundo solo por detrás de China. La liberalización del sector en 2021 ha abaratado el precio de los billetes y ha multiplicado el número de viajeros, lo que ha aumentado la presión sobre la red sin que el mantenimiento de las vías se haya incrementado en la misma proporción. Según un informe del Instituto de Estudios Económicos (IEE), mientras que el volumen de usuarios de alta velocidad ha crecido entre 2015 y 2024 un 100,8%, el gasto en mantenimiento por pasajero en el mismo periodo ha caído un 27,5%.

De forma paralela, el servicio de Cercanías sufre un colapso estructural por años de falta de inversión, lo que ha aumentado las incidencias en grandes núcleos urbanos. Según la AIREF entre 1990 y 2018 se invirtieron aproximadamente 3.650 millones de euros en líneas de Cercanías, que concentran el 90% de los usuarios ferroviarios, frente a los más de 55.000 millones invertidos en alta velocidad. El Ministerio de Transportes ya ha anunciado un plan para invertir más de 20.000 millones en la red ferroviaria en el próximo lustro, de los que la mitad se quiere destinar a la red convencional y de Cercanías.

He citado la situación de los ferrocarriles, pero esa problemática es extrapolable a otras infraestructuras como, por ejemplo, las carreteras o los recursos hídricos, pero lo mismo sucede con servicios como la sanidad pública que necesita una importante y urgente inversión para adecuarla a los tiempos que corren.

Ahora bien, la realidad es poliédrica y no podemos ignorar que, de no existir la inmigración, en España, en 2050, tendríamos un 19% menos de PIB, cerrarían 90.000 bares unas 40.000 aulas escolares y desaparecerían 220.000 explotaciones agrícolas.

También podemos analizar la situación desde otra perspectiva.  Supongamos que no hay inmigración: quién cuidaría a nuestros ancianos, quien recogería la fruta o como se pagarían las pensiones de nuestros mayores. Necesitamos a la gente que viene de fuera dispuesta a arrimar el hombro y echarnos una mano, poque solo así saldremos adelante.  

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 12/07/2026