APUNTES PARA UN NUEVO MODELO DE FINANCIACIÓN

En una iniciativa inédita hasta la fecha, en materia financiera, una veintena de entidades empresariales catalanas hicieron público, días atrás, su punto de vista, sobre la ineludible necesidad de actualizar el sistema de financiación autonómica.

Desde luego, no le falta razón al empresariado catalán. El actual modelo de financiación de las comunidades autónomas (CCAA) caducó en 2014. Desde entonces, por motivos que no vienen al caso, su actualización se ha ido postergando sine die. Ahora, esa actualización ya no puede esperar mucho más y habrá que afrontarlo en breve.

Los empresarios catalanes sabían que el Govern de la Generalitat estaba ultimando una propuesta de financiación “singular” para Cataluña, que tenía la intención de presentar en este mes de marzo. Tal vez por eso, las entidades empresariales no hicieron una propuesta concreta, pero sí dibujaron un perímetro para esa financiación que tiene como referente el pacto fiscal Vasco y de Navarra. Sin embargo, con la convocatoria inesperada de las elecciones al Parlament, para el 12 de mayo, el proyecto del Govern ha quedado congelado.

De hecho, el eje vertebrador de la propuesta del empresariado, y presumiblemente del Govern, sería que la Generalitat recaude y administre todos los tributos que se pagan en Cataluña y, después, el Govern aporte a las arcas del Estadio la parte que previamente se haya acordado con el Gobierno central.

Estamos tratando cosas muy serias y pienso que son temas que se deben tratar con mucho rigor y analizando muy bien cada posibilidad. Porque, en opinión de los expertos, con la propuesta de los empresarios catalanes estaríamos restando recursos, no solo al sistema de financiación autonómico, sino a las arcas del Estado para sustentar políticas públicas a nivel nacional.

Según Ángel de la Fuente, economista y director del centro de análisis Fedea: “El impacto se notaría tanto en el sistema de financiación autonómico como en los ingresos del Estado”(…) “La aportación de los ciudadanos de Cataluña a través de los impuestos estatales supera los 20.000 millones de euros, más la parte correspondiente del impuesto de sociedades. Y esa es una parte importante de los ingresos del Estado”.

El sistema de financiación autonómico vigente para las regiones de régimen común, de las que forma parte Cataluña, es complejo y casi ininteligible para la mayoría de los mortales. Veamos, por ejemplo, que sucede con el principio de ordinalidad: Cataluña es la segunda comunidad que más aporta, 2.168 millones de euros, solo por detrás de Madrid con 6.300, según el estudio “La liquidación de 2021 del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común”, publicado por Fedea. Sin embargo, a la hora de recibir recursos queda relegada a la décima posición. Ante esa situación, es muy lógico pensar que la posición final debería aproximarse más al punto de partida. Es decir, si se es la segunda en aportar que sea la cuarta o la quinta en recibir, ¿pero la décima?  Parece excesivo. Y eso no tiene que significar ni favoritismo ni tratos de favor; sino una redistribución más equitativa de la renta disponible.

Además, deberíamos ser conscientes de que, ni todos los impuestos que se cobran en Cataluña los pagan los catalanes ni todo lo que pagan los catalanes se recauda en Cataluña.

Ante esta compleja realidad, el Gobierno central ha fijado como uno de sus principales objetivos para esta legislatura aprobar la reforma que reclaman tanto los presidentes autonómicos del PP como los socialistas. Por eso, el Ministerio de Hacienda envió, hace un tiempo, un documento a las CCAA para que presentaran alegaciones sobre el mismo como punto de partida. El texto aludía, de forma explícita, a la población ajustada (población en un territorio ponderado sus necesidades, definidas según determinados criterios, es decir, envejecimiento, dispersión etc.), así como dar más peso al gasto sanitario y educativo a la hora de repartir los fondos, dos de las variables sobre las que se asienta el modelo.

Es cierto, no obstante, que con la negativa del Partido Popular a aprobar el techo de gasto, propuesto por el Ministerio de Hacienda —los populares, haciendo valer su mayoría absoluta en el Senado ya lo han tumbado dos veces—, la capacidad de gasto de las CCAA sufrirá un serio recorte y eso complicará las negociaciones.

Es deseable que avancemos hacia un modelo de financiación como el que tienen los países más descentralizados y de larga tradición federal, como pueden ser Canadá, EEUU o Suiza. Algo muy difícil, aunque no imposible. Y es que para lograrlo hay que perseverar en una verdadera cultura federal.

Pero mientras no alcancemos ese estatus de perfección esperemos que el nuevo sistema sea mucho más simple, eficaz, entendible y transparente. Y es que el actual modelo no deja de ser una “anomalía” entre los sistema de financiación de los estados federales.

En este contexto de cambio, una buena iniciativa sería poner en marcha la Agencia Tributaria consorciada acordada en el actual Estatuto de Autonomía de Cataluña, con el objetivo de dar mayor agilidad en el sistema a la hora de repartir recursos, de forma que se pueda reducir. el periodo necesario entre liquidaciones de impuestos y transferencias a las comunidades. Incluso los cambios normativos de determinados impuestos, que provocan que entre una modificación del IRPF y su impacto en la tesorería autonómica pasen, como mínimo, dos años.

De todas maneras, está por ver si el adelanto incidente electoral, y como, en el desarrollo y negociaciones de sistema de financiación autonómico. Cataluña tiene un peso muy específico en el conjunto del país y lo que ocurre aquí, acaba repercutiendo allí.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en E-Notícies 16/03/2024 

 

CONTRA VIENTO Y MAREA

 

Hace algo más de cien días que el Gobierno de coalición echó a andar y los problemas se le acumulan. Nadie esperaba que la legislatura fuese un camino de rosas, pero tampoco era previsible que tan pronto las cosas se complicasen tanto. Y eso que este Ejecutivo goza, al menos sobre el papel, de una de las mayorías más amplias que en el Congreso de los diputados han existido nunca. Sin embrago, ya hemos visto que ese bloque es muy heterogéneo y se quiebra con facilidad.

El primer aviso lo dieron, en el Pleno del Congreso, del 10 de enero, Podemos y Junts. Los primeros, sumando sus votos a PP y Vox para tumbar el decreto de ley de reforma del subsidio de desempleo. Los segundos amenazaron con derribar una serie de iniciativas gubernamentales que al final se aprobaron porque ellos, a pesar de sus amenazas, se abstuvieron en la votación. Sin embargo, unas semanas después, en el Pleno del 30 de enero, los de Puigdemont decidieron dejar caer la ley de amnistía por entender que no daba las suficientes garantías.

Esas son algunas de las consecuencias de la realidad parlamentaria que viene dada por la compresión de fuerzas salida de las urnas el 23 J. Nadie pude llamarse un engaño. Otra cosa muy distinta, es que, con los resultados de las elecciones gallegas todavía por digerir, saltase, por un lado, el caso Koldo y, por otro, que los sectores judiciales, abiertamente en contra de la ley de amnistía, hayan perdido todo pudor y recato y quieran hacer jaque al Gobierno.

Pero vayamos por partes.

El que fuera hombre para todo de José Luis Ábalos, durante su etapa como ministro de Transportes y secretario de organización del PSOE, hasta julio del 2021, Koldo García Izaguirre fue detenido y puesto a disposición judicial por su posible implicación en un caso de presunta corrupción. por el cobro de comisiones ilegales en contratos públicos de compra de mascarillas durante la pandemia. Un asunto con muy mala pinta, que de momento, es de alcance desconocido, pero que amenaza con extenderse como una mancha de aceite y es muy posible que acabe salpicando a personajes ilustres de ambas riberas ideológicas. Además, puede ser, como está intentando el PP, que se ha lanzado a acusar sin pruebas y solo con indicios o recortes de periódico, un obús en la línea de flotación de Pedro Sánchez, que precisamente llegó a la Moncloa haciendo de la lucha contra. la corrupcion una de sus senas de identidad.

Los que me conocen saben que con el independentismo, sus líderes y proyectos no tengo ninguna sintonía. Es más, soy de la opinión que quien la hace la paga. Por eso, aquellos que quisieron subvertir el orden en Cataluña y no han pasado todavía por los tribunales de Justicia no pueden irse de rositas. Ahora bien, eso es una cosa y otra muy distinta que justo ahora, cuando el Gobierno, ERC y Junts han llegado a un acuerdo sobre la futura ley de amnistía, el Tribunal Supremo (TS) haya decidido investigar al expresident Carles Puigdemont por terrorismo en el caso Tsunami Democràtic, causa en la que se indagan las protestas y disturbios que siguieron, en octubre de 2019, a la sentencia del procés.

No nos corresponde a la ciudadanía discernir si los hechos que se imputan a Tsunami Democràtic son disturbios o terrorismo, eso deben calificarlos los expertos. De igual manera, han de clarificar si Puigdemont era, o no, el hombre a la sombra de esa organización. Pero la cuestión es otra. La cuestión es que se da una extraña coincidencia en el tiempo entre la iniciativa legislativa y la investigación judicial; después de que el asunto durmiese un prolongado sueño de cuatro años en alguna de las incontables carpetas que descansan en las estanterías de los juzgados.  Ahora, justo ahora que se ha llegado a un acuerdo que quizás dé una relativa estabilidad parlamentaria y una nueva perspectiva a la situación política, desde el Poder Judicial lanzan una andanada que puede dar al traste con la legislatura.

Como he dicho y escrito en reiteradas ocasiones he sido contrario a la ley de amnistía y soy escéptico por lo que respecta a sus supuestos efecto terapéuticos; el tiempo será quién dé y quites razones. Pero eso no es un impedimento para que vea en la maniobra de determinados jueces intereses que no buscan ni la justicia ni el bien común, sino todo lo contrario: un intento deliberado de alterar la realidad política. Algo tan deleznable como, en su momento, fue el movimiento secesionista, con la diferencia de que el independentismo podía alegar un cierto desconocimiento de la normativa jurídica y “sus señorías”, obviamente, no.

Ante esta situación, Pedro Sánchez ya sabe que deberá luchar contra viento y marea para seguir adelante. Precisamente por eso, no estaría de más que parafraseando a Felipe II en aquella celebérrima frase de: «Yo no mandé a mis barcos a luchar contra los elementos» dijera algo así como: «Yo me dispuse a gobernar para seguir trasformando la real social de nuestro país, y no para defenderme de los sinvergüenzas que se enriquecieron con la desgracia ajena ni de los poderes fácticos».

 

Bernardo Fernández

Publicado en E-Notícies 09/03/2024.

DESIGUALDAD, S.A.

Alguna cosa no funciona en nuestra sociedad. Perdón: debí escribir, muchas cosas no funcionan. Pero me refiero, en concreto, a nuestro sistema económico.

Esta semana hemos conocido la Encuesta de Condiciones de Vida publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Según ese estudio, el porcentaje de población en riesgo de exclusión social en 2023 alcanzó el 26,5%, cinco décimas por encima que en 2022 y tres décimas más que antes de la pandemia. Además, el porcentaje de personas que presentan una situación de carencia material y social grave también aumentó en más de un punto, hasta alcanzar al 9% de los encuestados. Es decir, la peor cifra desde 2014, cuando comenzaron a elaborarse estas informes.

Esa encuesta viene a ratificar un estudio publicado por OXFAM Intermón, el pasado mes de enero, con el título “Desigualdad, S.A., Filial España”, en 2022, más de la mitad del valor de la riqueza en España se concentraba en manos de apenas un 10% de la población; y un 22%, en las del 1% más rico. Mientras, los hogares que conforman el 50% más pobre apenas concentraban el 7% de la riqueza total del país y han visto cómo se ha reducido el valor de su riqueza neta promedio.

En los últimos 20 años, la brecha entre quienes más y menos tienen se ha hecho más grande: la diferencia entre el valor de la riqueza de un hogar situado en el 50% más pobre y otro del 10% más rico se ha duplicado. Una de las causas principales de esta desigualdad es el creciente porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB) que generan las rentas de capital, concentradas en unas pocas personas, frente a las rentas del trabajo.

Ante esta preocupante tendencia, debemos añadir la evolución de la riqueza financiera: el peso de los activos financieros sobre la riqueza bruta casi se ha doblado en los últimos 20 años, y el 79,2% del valor de los mismos está en manos del 10% más rico de la población.

Es especialmente relevante señalar que casi la mitad de las 50 grandes empresas españolas tienen una vinculación significativa (vía propiedad o por su presencia en los órganos directivos) de personas que están en el 1% más rico.

Eso significa que una enorme concentración de poder corporativo está acentuando la desigualdad en el conjunto de la economía mundial y España no es una excepción. No obstante, esas brechas tienen solución: Podemos lograr unas sociedades más equitativas si desde los gobiernos se regula para redistribuir de manera drástica el poder de las principales fortunas y de las grandes empresas hacia el resto de la población y reinventamos eficazmente el sector privado como un actor que contribuya más y mejor al bien común y no a generar una riqueza cada vez mayor para unos pocos.

Pocos días después de hacerse público el estudio “Desigualdad, S.A., Filial España”, conocíamos un informe según el cual la gran banca española ganó más que nunca en 2023: superó los 26.000 millones de beneficios, un 26% más. Casi la mitad cosechados en España, gracias al repunte de los ingresos por las alzas de tipos del BCE

Los grandes bancos españoles cerraron un 2023 de record. Entre las cinco entidades principales —Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Banco Sabadell y Bankinter— ganaron 26.088 millones de euros, un 25,96% más. Esto es, una cifra nunca antes alcanzada de forma agregada a la que se ha llegado gracias al impulso de los ingresos tras la abrupta subida de tipos del Banco Central Europeo (BCE) en el último año y medio en su lucha contra la inflación. Así como a una contención de costes generales y de los depósitos, con una remuneración del ahorro de los clientes que sube a menor ritmo que el precio de los préstamos.

De los seis grupos financieros que cotizan en el Ibex, tan solo Unicaja presentó unas cuentas con unos beneficios inferiores en un 4% al ejercicio anterior. De las ganancias anotadas por los cinco grandes, se cosecharon en España 11.428 millones de euros. Es decir, el beneficio en el país se ha disparado un 52,8% más y supone casi la mitad del total. Ante este repunte esperado del resultado, el Gobierno impuso un impuesto extraordinario, en principio temporal por dos años, pero luego prorrogado por un tercero y con la idea de hacerlo permanente.

Que las grandes entidades financieras y empresas tengan beneficios es tan deseable como necesario porque esa es su razón de ser. Ahora bien, la cuestión es dónde ponemos el listón para diferenciar los beneficios empresariales lícitos y decentes de los abusivos e indecentes.

Si queremos revertir esta situación es ineludible avanzar hacia una gobernanza democrática de las empresas y un reparto equitativo de beneficios... Abrir la cultura empresarial de nuestro país hacia modelos inclusivos abordando una reforma empresarial que atienda al artículo 129 de la Constitución, que defiende, como principio, la participación de las personas trabajadoras en las grandes empresas. Asimismo, hay que modificar la Ley de Sociedades de Capital que faciliten y promuevan la representación de los y las trabajadoras en los Consejos de administración y en la comisión de nombramientos y retribuciones.  Sin olvidar la participación de las personas trabajadoras en los beneficios de la empresa, a través de distintos esquemas de reparto.

En definitiva, se trata de introducir un modelo de gobernanza empresarial basado en el bien común y romper, a la vez, la priorización cortoplacista de maximizar la retribución financiera a los accionistas.

Soy consciente de que para muchos esto viene a ser un brindis al sol, y quizás no les falte algo de razón, pero en algún momento tendrán que empezar a cambiar las cosas. Y tal vez ese momento es ahora, ¿por qué no?

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en E notícies 02/03/2024

 

AL RINCÓN DE PENSAR

De un tiempo para acá el PSOE acumula un buen puñado de reveses electorales. Sin embargo, parece que la dirección del partido no acierta con la tecla que ha de revertir la situación. 

Este nefasto ciclo electoral para los intereses socialistas se inició en junio de 2022 con los comicios al Parlamento de Andalucía. Entonces el PP de Moreno Bonilla logró su primera mayoría absoluta, a la vez que el socialismo sufría un serio correctivo. Menos de un año después llagaron las autonómicas en diversas comunidades y municipales en toda España, donde el PSOE se dejó unos 400.000 votos. Seguro que todos recordamos como casi todo el país se tiño de azul con alguna honrosa excepción como Asturias, Castilla la Mancha o Cataluña, donde el PSC hizo un gran papel y frenó al independentismo.

Sin solución de continuidad se convocaron las elecciones generales de julio de 2023 y, aunque los resultados fueron más bien discretos, los pactos con grupos minoritarios permitieron que meses más tarde se pudiera formar gobierno; y eso fue balsámico. No obstante, estamos viendo como el Ejecutivo, a pesar de tener, sobre el papel, una amplia mayoría, no goza de la necesaria estabilidad en el Congreso de los diputados. En estos momentos es Junts x Cat quien, a cuenta de la amnistía, genera zozobra, pero mañana puede ser cualquier otro grupo el que ponga precio a la continuidad de la legislatura.

El resultado electoral del pasado domingo en Galicia, es  un fracaso estrepitoso del socialismo (el peor de la reciente historia democrática). Desde luego, esos resultados pueden interpretarse en clave exclusivamente gallega. Ahora bien, no es menos cierto que entre unas elecciones autonómicas y la situación general del país existen incuestionables vasos comunicantes. Y, en cualquier caso, se ha puesto de manifiesto la debilidad territorial del PSOE en determinados lugares.

"Se ha votado en términos muy territoriales", declaró Esther Peña, la flamante portavoz del partido, a la vez que aseguraba que la amnistía no había influido en el resultado. Pues no habrá influido, pero algún motivo habrá para semejante batacazo.

De nuevo, quién ha puesto el dedo en la llaga ha sido Emiliano García Page, presidente de Castilla La Mancha, en su opinión: “las elecciones gallegas obviamente tienen un componente autonómico” (…) “Pero no vamos a engañarnos, la realidad es que el producto era regional, pero el guiso era nacional”, Por ello, ha pedido sacar conclusiones “desde la seriedad” (...) “Si el PP no hubiera sacado mayoría absoluta, hoy hablaríamos de las consecuencias nacionales, no gallegas. Y sería el principio de la decadencia de Feijóo. Si pasa lo contrario, la conclusión también tiene que ser nacional”. Con sinceridad creo que al, tantas veces denostado, líder castellano-manchego no le falta razón.

Con todo, la situación no deja de ser paradójica. Veamos. Desde hace más de cuatro años en España gobierna un Ejecutivo de coalición y progresista que se sostiene en una mayoría socialista y ese Gobierno, que las ha visto de todos los colores, pandemia, guerras, etc. es el que más y mejores políticas sociales ha llevado a cabo. Recordemos: reforma de la reforma laboral, subida por ley de las pensiones conforme al IPC, subida sistémica del salario mínimo profesional,  instauración del Ingreso Mínimo Vital (IMV), subvenciones a los combustibles, subvenciones al transporte público, rebajas sustanciales del precio de la electricidad o del gas, creación de puestos de trabajo como muy pocas veces se había visto en nuestro país (algo que siempre había sido el talón de Aquiles de los gobiernos) son algunas de las iniciativas sociales que este Gobierno ha llevado a cabo. Tampoco se ha andado con medias tintas a la hora de legislar. Así, por ejemplo, entre otras, se han aprobado leyes sobre feminismo, vivienda, transición ecológica o memoria democrática y, sin embargo, no parece que todo eso tenga la aceptación en la calle que, a priori, cabría esperar. 

En opinión de Pedro Sánchez es necesario “consolidar liderazgos fuertes” en las comunidades autónomas “que incluso trasciendan la marca del partido”. Seguramente no anda descaminado el secretario general y presidente del Gobierno, aunque eso sea condición necesaria, pero no suficiente.  Además, es innegable que no todo, ni desde el Gobierno ni desde el partido se está haciendo bien. Como mínimo o falla la comunicación o falla la capacidad de involucrar e ilusionar a la ciudadanía, o ambas cosas a la vez.

Por consiguiente, me parecería muy razonable que se constituyera un grupo de “cerebros pensantes” y se les enviase, por un tiempo, al rincón de pensar, a ver si así es posible discernir que impide al socialismo reconectar con la sociedad. Porque para no perder el tren del progreso, España necesita una profunda trasformación y, desengañémonos, o la pilota el PSOE o aquí no se transforma nada. Por eso, García Page tiene toda la razón cuando dice: “hay que evitar que este ciclo electoral se convierta en un ciclón”.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en E Notícies 24/02/2024

 

NO ES SOLO LA SEQUÍA

Aquellos polvos nos han traído estos lodos. Ahora, en Cataluña, estamos pagando el desbarajusta de más de una década de malos gobiernos.

En diciembre de 2023 saltó la primera alarma: según el informe PISA Cataluña registró unos resultados “catastróficos” y se situó a la cola de España. Los alumnos catalanes de 4º de ESO fueron los que más puntos perdieron en matemáticas desde 2018. También suspendimos en inclusión, el alumno de origen migratorio va dos cursos por detrás respecto al nativo.

El pasado 1 de febrero los 202 municipios que forman parte del sistema Ter-Llobregat entraron en emergencia por sequía. Esta situación afecta a más de seis millones de personas. La medida se tomó porque los embalses de esa cuenca están con un caudal por debajo del 16%, y esa situación, como indica el Plan de Sequía, implica una reducción del uso del agua.

Desde ese momento, 239 municipios se encuentran en escenario de emergencia (los 202 del sistema Ter Llobregat, 22 del acuífero del Fluvià Muga, 12 del embalse de Darnius Boadella, 2 de Riudecanyes y Vallirana). En cambio, los municipios que dependen del Consorcio de Aguas de Tarragona han pasado de alerta a prealerta, al mejorar el estado del embalse de Mequinenza.

Es cierto que en los últimos tres años prácticamente no ha llovido y eso nos ha  llevado a la sequía más severa desde que se tienen registros . De todas formas situaciones como esa no deberían cogernos por sorpresa. Hace tiempo que los científicos avisaron de que el cambio climático es un hecho. Año tras año se baten  récords  de temperatura, primero en verano y ahora también en invierno. En el Mediterráneo los episodios de sequía no son nuevos. En el siglo XX sucedieron con frecuencia relativa, pero en las últimas décadas cada vez son más habituales. Tuvimos sequía en 1985-86, también en 1988-90 que dejó la reserva de agua del pantano de Sau en el 5,7%, y entre 1999 y 2003 se tuvieron que emitir hasta tres decretos de sequía.

La  falta de previsión  y de inversiones en los últimos años, han hecho que más de dos tercios de la población catalana estén en una grave situación de falta de agua.  Esa circunstancia nos ha llevado a la imposición de  restricciones  a su consumo y la búsqueda a de medidas alternativas para intentar paliar un problema que se veía venir desde hace tiempo.

 La solución que se ha encontrado es que, de persistir la situación, a finales de primavera se traiga agua procedente de Valencia. En concreto, desde la planta desalinizadora de Sagunto. Eso sí, con la inestimable colaboración económica de papá Estado. Al final va a resultar que el opresor Estado español y una autonomía gobernada por PP y VOX nos va a sacar del atolladero en que nos han metido nuestros gobernantes con su falta de previsión. 

 La Comunidad Valenciana cuenta en la actualidad con el  triple de plantas desoladoras  (un total de  seis ) que Cataluña (tan sólo  dos ). Y, por consiguiente, con una capacidad mucho mayor de obtener agua por esta vía. Así, mientras las dos de  Cataluña  sólo pueden llegar a generar un total de  80 hectómetros cúbicos al año , la capacidad de producción  valenciana  es de más del doble: hasta unos  200 hectómetros cúbicos  anuales.

 De las  dos desoladoras existentes en Cataluña , la última de ellas se acabó de construir en 2009, cuando gobernaba el segundo Tripartito, presidido por José Montilla. O sea, hace ya 15 años, y desde entonces, tanto Artur Mas, como Carles Puigdemont, como Quim Torra y, en la actualidad, Pere Aragonès han ido postergando los proyectos que se podrían haber desarrollado, seguramente porque para ellos la política de las cosas era —y es— poco importante.

 Eso sí, grandilocuencia y arrogancia no faltan. Si entramos en la página web de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) , que es el ente encargado de la planificación y la gestión del ciclo del agua en Cataluña, nos explican que disponemos de la desalinizadora  “más grande de Europa para el abastecimiento urbano" y eso "ha permitido incrementar la garantía y la disponibilidad de agua" en Barcelona, ​​su área metropolitana y comarca, así como también las del Penedès, Baix Llobregat, Anoia, Garraf, Maresme y Vallès. Ni un ápice de autocrítica.

 También nos dicen que la segunda desalinizadora de Cataluña, y primera que se construyó en 2002, fue la de  La Tordera . Ubicada en el municipio gerundense de Blanes, su objetivo, según el Govern, es "satisfacer la demanda de la zona". Sin embargo, en ningún momento se menciona que en 2022 se perdió casi el 25% de agua potable por la mala conservación de las tuberías de distribución. 

El origen de esta sequía hay que buscarlo en nuestra ubicación geográfica y en el cambio climático. Cierto y hay poco o nada podemos hacer. Ahora bien. La desidia y/o la falta de capacidad de los sucesivos gobiernos de la Generalitat son los causantes de esta lamentable situación de escasez; dramático para sectores como la agricultura o la ganadería. Por eso, la realidad nos pone de nuevo frente al espejo y, como ciudadano de a pie, siento vergüenza ajena por lo mal que se han gestionado nuestros recursos en los últimos años. Algún día alguien tendrá que explicar que hemos ganado y que hemos perdido en ese viaje a ninguna parte que iniciamos hace más de 10 años sin norte y sin brújula.

Pero es que no solo es la sequía. Como me comentaba, días atrás, un viejo luchador con muchas experiencias sociopolíticas acumuladas, ¿qué podemos esperar de un Govern que es incapaz de mandar un mensaje de pésame a la familia de un servidor público, nacido en Cataluña, que ha perdido su vida, ¿A manos del narco, intentando protegernos a todos? Ciertamente, nada.

 

Bernardo Fernández

Publicado en E Notícies 15/02/2024

 

LA VIA CANADIENSE

 

Estos últimos días, los medos de comunicación se han volcado en el esperpéntico espectáculo que, una vez más, dio Junts en el pleno del Congreso de los diputados, el pasado 30 de enero, al votar no a la ley de Amnistía. Y, como sinceramente, creo que, a estas alturas, se ha dicho casi todo y no se puede aportar nada sustancial a la cuestión, me ha parecido oportuno dedicar esta columna a continuar la reflexión que inicié en la anterior entrega sobre la conveniencia o no de habilitar vías legales que permitan aspirar a la secesión dentro del marco legal del Estado.

Para empezar, sería interesante que nos fijásemos en Canadá. Porque ese país es la única democracia que ha gestionado con éxito un intento de separación de raíz identitaria y lingüística. Y es que en Cataluña la lengua es el hecho diferencial —si es que hay hecho diferencial— y no bagatelas de otra índole.

Lo primero que hay que aclarar es que la Constitución canadiense, no reconoce el derecho a la secesión unilateral, sí permite, sin embargo, la celebración de referendos de independencia. Ello hace de Canadá una excepción en el universo de las democracias que se basan en el principio de indivisibilidad del territorio. Ahora bien, para evitar la inestabilidad política que conlleva esa facultad, el federalismo canadiense ideó un mecanismo restrictivo. El entonces diputado federal, Stéphane Dion, solicitó de la Corte Suprema de Canadá un dictamen sobre las condiciones en que el ejercicio del derecho de autodeterminación se podía practicar. En su respuesta el Tribunal concluyó: que Quebec no tiene un derecho a la secesión unilateral sino a entablar negociaciones con la federación al efecto de separarse y que sólo habría lugar a esas negociaciones tras un referendo con una pregunta clara (los celebrados en 1980 y 1995 no la tenían); y que, en todo caso, la negociación no tenía por qué abocar necesariamente a la separación si Ottawa y Quebec no alcanzaban un acuerdo.

Tal doctrina fue luego llevada a ley mediante la Clarity Act del año 2000. Mensaje para independentistas: la Ley de Claridad no nació para facilitar referendos, sino para dificultarlos, al explicitar el largo y complicado proceso de la ruptura pactada.

En ningún punto de la Constitución canadiense de 1982 se habla de Canadá como un Estado plurinacional. Sin embargo, en 2006, en una hábil jugada el Gobierno de Stephen Harper, el Parlamento Federal, neutralizó una moción del Bloque quebequés, y reconoció que “los quebequeses forman una nación en un Canadá unido”.

De esa forma se quería poner de manifiesto que la cuestión es demasiado compleja como para llevarla a la Constitución. Y, a la vez, que el reconocimiento de nación, en su acepción sociológica y no política, se circunscribe a los descendientes francófonos de los primeros colonos franceses, dejando fuera a quebequeses de lengua inglesa que no quisieran sentirse aludidos. Además, el reconocimiento de esta nación histórica y cultural se llevaba a cabo dentro de un Canadá unido.

Comparemos ese sutil, eficaz e inteligente gesto con las apresuradas e irreflexivas llamadas a reconocer la plurinacionalidad del Estado español, sin saber, a ciencia cierta, cuántas y cuáles son las naciones que lo componen. Y es que, en realidad, en Canadá, lo que se ha desplegado en los últimos 50 años no ha sido una política de plurinacionalidad sino de multiculturalidad y, sobre todo, de bilingüismo.

Si el ardor secesionista se ha apagado en Quebec, no es porque haya obtenido rango legal de nación, ni porque se haya reconocido su derecho de autodeterminación. La razón del éxito en la gestión territorial fue la correcta localización del problema, a partir de los años sesenta del pasado siglo, en la cuestión de la lengua. La élite política en Ottawa entendió, no sin resistencias, que si los quebequeses veían adecuadamente representada su lengua en las instancias federales, su desafección disminuiría y el nacionalismo se vería privado de su principal instrumento de agitación y disidencia. Fue así como en 1972, la Official Languages Act dio igual rango federal a inglés y francés. Gracias a esa medida, gradualmente implementada, hoy indiscutida, el soberanismo quebequés llegó a sus referendos con la pólvora mojada.

Los federalistas hicieron suyo el francés, pero ni por un momento hubieran aceptado la exclusión del inglés en Quebec. Tanto cuidado puso Ottawa en que los francófonos no se sintieran excluidos, como que los anglófonos no sufrieran merma en sus derechos en Quebec (la Sección 13 de la Constitución garantiza el derecho a ser escolarizado en ambas lenguas, en determinadas condiciones).

Canadá y España presentan no pocas similitudes en sus crisis territoriales. Pero divergen en algo importante: la actitud política de sus dirigentes. En Canadá, desde la aprobación de la ley de Claridad no se promueven referendos de autodeterminación; al contrario, hacen lo posible por evitarlos y los desacreditan como mecanismos anómalos en democracia, porque enfrentan a los ciudadanos entre sí. En cambio, aquí, en España, a muchos el derecho a decidir les parece el bálsamo de todo mal territorial.

Quizás sería conveniente que nos mirásemos en el espejo canadiense. Parece que hemos empezado a dar pasos en esa dirección, la utilización de las lenguas cooficiales en el Congreso es un ejemplo. Ahora sería muy interesante la aprobación de una Ley de Lenguas Oficiales que, realzando el valor de las diversas lenguas autonómicas, siente de manera justa e inclusiva los derechos lingüísticos de todos los ciudadanos españoles.

De todas formas, tanto si el secesionismo acaba encajando en nuestro marco jurídico como si no, seamos cautos y no nos dejemos embaucar por apóstoles de falsas utopías que prometen el paraíso a la vuelta de la esquina. No vaya a ser que el independentismo más avispado esté pidiendo una ley de Claridad para que la independencia no llegue nunca y, mientras, ellos van viviendo del momio como marajás.

 

Bernardo Fernández

Publicado en E Noticies 08/02/2024

 

APUNTES PARA UNA REFLEXIÓN CONVENIENTE

En los últimos años, los movimientos secesionistas han adquirido una cierta carta de naturaleza en Europa. Escocia Y Cataluña son los casos más paradigmáticos, pero no los únicos. Lugares como el País Vasco, Flandes, Véneto o Córcega, son susceptibles de que en cualquier momento prenda la mecha que ponga en jaque a sus respectivos Estados.

La Unión europea se ha mantenido al margen de esos procesos por entender que eran cuestiones internas que debían resolverse sin interferencias comunitarias. No obstante, la crisis catalana de 2017 obligó a las instituciones europeas a reaccionar haciendo público su apoyo al orden constitucional español. Y esa situación es quizás el ejemplo más claro de cómo los ordenamientos jurídicos pueden servir de dique a los procesos independentistas.

Ante esta realidad, se ha abierto el debate entre expertos constitucionalistas, sobre si la posibilidad de secesión debe o no contemplarse en la carta magna de los Estados.

Muchos expertos se oponen porque entienden que el Estado nación no es una organización más de la que es posible retirarse. Consideran que el derecho a la secesión es diferente a otras demandas, ya que tiene que ver con asuntos emocionales como historia, cultura o identidad, temas que tienen la capacidad de inflamar a las partes en el debate y eso dificulta en gran medida la gestión racional de la cosa pública.

En cambio, otros estudiosos del Derecho Constitucional consideran que la posibilidad de la secesión si debe contemplarse en el ordenamiento jurídico. Es decir, constitucionalizar los procesos de secesión. Sostienen que esa posibilidad obligaría a que los grupos independentistas valorasen de forma racional los costes y beneficios de su proyecto. De ese modo, los aspirantes a la secesión estarían sometidos a normas y procedimientos legales. Lo que les restaría atractivo a la vez que reduciría esa aurea de romanticismo y heroicidad que lleva aparejado cualquier movimiento que se asocia con la lucha contra el statu quo y el orden establecido.

Una conveniente articulación jurídica de la secesión pondría una cierta sordina a las tensiones territoriales porque en las regiones en las que hay claras demandas independentistas se producirían debates rigurosos sobre los pros y los contras de decidir sobre el propio destino. La posibilidad de una secesión pactada haría desaparecer una de las principales fuentes de insatisfacción del independentismo: no poder decidir su futuro como pueblo o nación. Pero también obligaría a poner todas las cartas boca arriba, desde la defensa hasta las relaciones comerciales, pasando por los tratados internacionales, las políticas de alanzas o la financiación de la futura nación en los mercados, cuestiones, entre otras muchas, de las que no se habla cuando se habla de independencia.

Deberíamos tener en cuenta que la situación de vacío legal puede ser más contraproducente que si se siguen unos parámetros previamente establecidos. Es evidente que con determinadas previsiones y límites el orden constitucional puede estar mejor pertrechado para afrontar las embestidas de los movimientos secesionistas.

Llegados a este punto sería interesante ver de qué manera se puede articular la secesión dentro del marco constitucional. Para empezar se debería clarificar quien puede y quien no puede iniciar un proceso de ese calado, es decir, requisitos previos para otorgar estatus de comunidad política a un determinado grupo. Después habría que especificar la pregunta y las condiciones en que se debería llevar a cabo un hipotético referéndum de secesión, estableciendo los porcentajes mínimos de participación y aprobación para considerarlo válido. De igual manera, se tendría que clarificar quién sería la autoridad competente para negociar la secesión en caso de que el resultado de la consulta fuera favorable.

La cuestión no es baladí, aunque para algunos esto pueda parecer un brindis al sol. Me ha parecido oportuno traer este tema a colación porque una vez esté la amnistía vigente en los tribunales (en el supuesto de que la ley se apruebe porque si no tenderemos elecciones generales a la vista), el independentismo catalán no tardará en pasar a la siguiente fase: un referéndum de autodeterminación. Es más, Pere Aragonés no se ha mordido la lengua y no ha perdido ocasión para señalar que ese era su objetivo y el de ERC.

Y me gustaría equivocarme, pero mucho me temo que decir que eso no está contemplado en la Constitución va servir entre poco y nada. Ante esa situación, sería razonable que los dos grandes partidos se sentasen a hacer una reflexión tan serena como necesaria para analizar con detenimiento la situación y, llegado el caso, llevaran a cabo una reforma constitucional para marcar la senda por la que deberían discurrir las aspiraciones independentistas; aunque claro, tal y como están las cosas en nuestra arena política, eso es como pedir peras al olmo.

De todas formas, el tema es tan candente que, con toda seguridad, tendremos que volver a tratarlo. Así pues, continuará…

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en E notícies 01/02/2024