LA VIVIENDA: PROBLEMA ENDÉMICO

 

En el pleno del Ayuntamiento de Barcelona, ​​celebrado a finales de septiembre, acordó exigir al Gobierno central   que agilice y permita “de forma inmediata” que se regule el alquiler en Cataluña, tal y como prevé la  Ley de Vivienda aprobada el pasado mes de abril. .

No le quiero echar agua al vino, pero el problema de la vivienda es común al de otras grandes ciudades como pueden ser París, Roma Lisboa o Nueva York, solo por poner algunos ejemplos y dudo mucho que con la regularización de los alquileres se arregla.

De hecho, en nuestra ciudad este problema lo venimos arrastrando, como mínimo, desde hace un siglo. En abril de 1931 se inició, en la Barceloneta, una huelga de arrendatarios, impulsada por la CNT, que se extendió rápidamente a otros barrios como Sants, el Clot o Poblenou, pero también a localidades cercanas como l'Hospitalet o Santa Coloma. El motivo era la carestía de los alquileres conjugada con la precariedad laboral que había generado el brusco frenazo de la construcción tras el final de la Exposición Universal de 1929. La represión fue brutal y estuvo dirigida por el gobernador civil, Oriol Anguera de Sojo, con el visto bueno del presidente de la Cámara de la Propiedad, Joan Pich i Pon, que más tarde sería alcalde de Barcelona. De todas maneras, aquella movilización permitió a muchos arrendatarios renegociar los alquileres y se introdujeron algunos cambios en el mercado de la vivienda.

Más tarde, ya con la dictadura, la cosa siguió igual o peor. Los realquilados adquirieron carta de naturaleza y las habitaciones con derecho a cocina se convirtieron en algo codiciado. No obstante, a partir de los años sesenta la construcción de Viviendas de Protección Oficial (VPO), vino a paliar ligeramente la situación.

Y así seguimos. El problema es endémico. Cada vez es más difícil acceder a una vivienda y cada vez hay que irse a vivir más lejos del centro de las grandes ciudades. Hasta ahora, los escasos intentos que han llevado a cabo los gobiernos de turno, para encarar la cuestión, han sido fracasos de solemnidad. En mi opinión, el problema no se ha afrontado ni con el suficiente pragmatismo, ni teniendo en cuenta todos los factores que inciden.

Es evidente que cada población tiene su propia idiosincrasia y el hecho de “copiar y pegar”, no siempre da los resultados esperados. No obstante, no sería de más que ante un problema de tanta magnitud como es el de la vivienda buscásemos, como ciudad, algún referente y, en mi opinión, Viena podía ser un buen ejemplo a seguir.

La capital de Austria, según el censo de 2021, está habitada por 1.900.000 personas, mientras que Barcelona tenía 1.600.000, atendiendo al censo de 2022, es decir una diferencia de unos 300.000 habitantes. Sin embargo, en el ámbito de la vivienda las diferencias son siderales. Para empezar, en Viena existen unas 220.000 viviendas municipales y sobre 200.000 apartamentos construidos en régimen de cooperativa. Los alquileres de este tipo de viviendas no superan los 500 euros mensuales. Es cierto, no obstante, que para optar a eses tipo de residencia hay una lista de espera de unos dos años. En cualquier caso, el hecho cierto es que, alrededor, del 50% de los vieneses viven en régimen de alquiler.

A diferencia de muchas otras capitales, desde el Ayuntamiento de Viena siempre se han resistido a la privatización del parque inmobiliario público. El Consistorio nunca ha cedido a la presión, especialmente fuerte a finales de los ochenta y en los noventa, para crear propietarios; quizá movidos por la consciencia de que, una vez realizada la transacción, el municipio perdía toda capacidad de regular los alquileres. “Además, la vivienda social se distribuye por todos los distritos”, destaca Barbara Laa, investigadora especializada en planeamiento urbano de la Universidad Técnica de Viena. “Comparada con otras ciudades, Viena es bastante mixta”, opina, en referencia a la diversidad socioeconómica de los barrios de la urbe. “No se han creado guetos”, remarca. Considera que ha habido un enfoque “sólido y constante” en las políticas públicas que, además de desincentivar la segregación urbana, ha ayudado a controlar los precios del alquiler.

Si echamos un vistazo a nuestro entorno, veremos qué Países Bajos es líder (con el 30%) de viviendas en alquiler seguido de Austria, donde son públicas una de cada cuatro viviendas; mientras que el Reino Unido mantiene casi un 18% de su parque de vivienda como pública y Francia roza el 17%,

En contrapartida, en España La vivienda social representa un escueto 2,5% del parque inmobiliario unas 290.000 casas, gestionadas por comunidades autónomas (72%) y ayuntamientos (27%), según detalla en un informe (Observatorio de Vivienda y Suelo: vivienda social 2020) el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Muy por debajo de la media europea, que se sitúa en el 9%.

En este contexto, se hace indispensable una mesa de diálogo y un marco de colaboración entre el sector público y el privado para sincronizar sinergias. Además, la cuestión ha de plantarse no sólo a nivel de ciudad, que también, pero, sobre todo, a nivel metropolitano. Y eso significa repensar el actual modelo urbanístico y de servicios, desde la red de transporte público, hasta los centros de atención primaria (CAPs); sin echar en el olvido la oferta de enseñanza pública que ha de ser de calidad y asequible. Es decir, las administraciones deberían recuperar el concepto de ciudades poli céntricas que tan en boga estuvo en los años noventa.

En el último año la renta mensual de los alquileres se disparó un 20% en 01 barrios de Barcelona y eso es sencillamente insostenible. Por eso hace bien el Gobierno de la ciudad en buscar medidas de choque. Ahora bien, si se quiere ir a la raíz del problema hay que construir un parque público de vivienda, con precios por debajo de mercado, para aquella parte de la ciudadanía a la que la situación económica no le permite el acceso al libre mercado.

Eso sería una muy buena política social y de redistribución de rentas.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 12/10/2023

LA PELOTA EN EL TEJADO INDEPENEDENTISTA

 

Una vez hecha la preceptiva ronda de consultas, Felipe VI ha encargado a Pedro Sánchez que intente ser investido. Ahora, le corresponde al secretario general del PSOE empezar, de manera formal, las negociaciones para lograr la confianza del Congreso de los diputados.

Sin embargo, parece que los independentistas tienen prisa y ganas por airear este asunto y han demostrado, a lo largo de las últimas semanas incontinencia verbal, primero y una actitud de chulería tabernaria después. Además, son tan obtusos que, ni el 29 de septiembre, cuando se podía visualizar mediáticamente el fracaso de Feijóo, fueron capaces de estar quietos y callados. Al contrario, en el marco del Debate de Política General, celebrado en el Parlament, aprobaron una resolución en la que se exige a un futuro gobierno de Sánchez que se “comprometa a trabajar para hacer efectivas las condiciones para la celebración del referéndum de autodeterminación para apoyar la investidura de Pedro Sánchez”.

En un principio, parecía que el nudo gordiano de esas negociaciones iba a ser la amnistía a todos los implicados en el proceso independentista catalán. Si había acuerdo Pedro Sánchez sería investido presidente. Pero si no había olvido y perdón por los presuntos delitos cometidos en el procés, con toda probabilidad, a mediados de enero, tendríamos que volver a las urnas.

En algunos círculos políticos dan por hecha la amnistía. Está por ver si es así y cuál es su alcance. La cuestión es que la amnistía tiene efectos retroactivos y, entre otros, extingue toda responsabilidad penal o civil y anula los antecedentes penales. Por ese mismo motivo es general, y actúa sobre todos los que cometieron ese delito, y no sobre individuos concretos. Además, suele suponer un nuevo planteamiento sobre la conveniencia de prohibir o sancionar una conducta. Por esa razón, las leyes o actos de amnistía son más frecuentes en momentos de fuertes cambios sociales o de regímenes políticos y conlleva asociado el perdón de los posibles presos políticos. Me parece ocioso señalar que en España no se da ninguno de esos supuestos.

Ante la hipótesis de que se apruebe una ley de amnistía, es necesario que se nos diga en que situación moral y política quedarán aquellos que antes, durante y después del aciago otoño de 2017 estuvieron a favor de la legalidad y en contra de que se conculcasen derechos a la ciudadanía.

Con todo, siendo esa desconsideración muy grave, eso no sería lo peor. Lo peor, sería que, si se cede ahora en demasía para lograr la investidura de Sánchez, con la aritmética parlamentaria salida del 23 J se abrirá la temporada de caza en el Congreso y lograr votos, para sacar adelante cualquier iniciativa, se pondrá por las nubes y en política no todo vale.

Lo he dicho y escrito en varias ocasiones y lo seguiré haciendo hasta que los secesionistas lo interioricen: en noviembre de 2020, los representantes, de los casi 450 millones de ciudadanos de los 27 estados miembros de la UE, legítimamente escogidos aprobaron una resolución según la cual la autodeterminación, o sea, la independencia no tiene cabida en el ámbito comunitario. 

Asimismo, para el derecho internacional el ejercicio del derecho de autodeterminación aparece vinculado a situaciones de dominación colonial y de vulneración sistemática de los derechos de la población sometida. Únicamente en tal contexto represivo, las resoluciones internacionales legitiman su uso y se reconoce su legitimidad. Así pues, en el marco de un Estado democrático y de derecho como el español, en el que se respetan los estándares de libertades y derechos establecidos a nivel internacional, el derecho de autodeterminación no cuenta con el amparo de dicho ámbito. Sin embargo, nuestros independentistas no se sienten concernidos.

De todas formas, soy de la opinión que hay que dejar que las personas y los grupos exploren, dentro de la legalidad, sin cortapisas los caminos que consideren oportunos. Por eso, sin tan convencidos están los independentistas de la bondad de su proyecto, lo que tienen que hacer es presentar una propuesta de revisión constitucional ante el Congreso de los diputados. Nuestra Constitución permite, a diferencia de otros ordenamientos, activar procesos para alterar cualquiera de sus preceptos, incluidos los relativos a la soberanía y a la unidad e indivisibilidad de España. Que dichas iniciativas prosperen y lleguen a aprobarse dependerá, pues, de un complejo, aunque plausible, proceso de revisión constitucional, cuyo punto final debe ser, necesariamente, la ratificación por parte de toda la ciudadanía mediante referéndum.

En cualquier caso, esas iniciativas políticas, que pueden ser muy dignas y respetables, serían a futuro. En estos momentos, el reloj institucional está en marcha. Urge, pues, sentarse a dialogar, pero las cuestiones que desborden el marco constitucional no deberían ni estar sobre la mesa. Ahora, podemos seguir avanzado en conquistas sociales, progreso y bienestar económico o podemos volver a las urnas con el riesgo de que la derecha de un sorpasso y, si eso ocurre, en la próxima legislatura ni se hablaría catalán ni euskera vasco ni gallego en el Congreso, ni el gobierno saliente movería un dedo para que esas lenguas sean oficiales en Europa, más bien todo lo contrario. Y, desde luego, flexibilizar el reglamento para que los secesionistas catalanes tengan grupos parlamentarios propios, nada de nada.

Estamos viviendo una etapa de excepcionalidad en la el independentismo tiene la llave de la gobernabilidad y, en consecuencia, la pelota de la negociación está en su tejado. Es una buena ocasión para que cada cual demuestre su inteligencia política.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 05/10/2023

¿ESPAÑA NOS ROBA?

 

La investidura de Pedro Sánchez, como presidente del Gobierno, cada vez está más complicada. Los independentistas catalanes saben que sus votos son decisivos y los quieren hacer valer. Hasta ahí nada que objetar, ese tira y afloja forma parte de la negociación política. No obstante, todo tiene un límite y los secesionistas están demostrando que no tienen mesura. Ante la situación privilegiada en que quedaron tras el 23-J, a pesar de que perdieron votos a capazos, están demostrando su determinación a engancharse a las ubres del Estado como si fuera una vaca y ordeñarlo hasta dejarlo en los huesos.

La muchachada indepe no tiene bastante con pedir la amnistía y la autodeterminación, también exigen el traspaso de los trenes de Cercanías, las competencias en inmigración y un largo etcétera. Según parece, todo eso no es suficiente para investir a Sánchez y hace unos días la consejera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Natalia Mas, se descolgó diciendo que el déficit fiscal ronda los 22.000 millones de euros. Y claro, a Junts x Cat les ha faltado el tiempo para decir que el déficit acumulado en los últimos 33 años, asciende a 450.000 millones de euros. Sostienen que son 50.900 millones en déficit de infraestructuras, 375.000 millones en partidas sociales y 30.000 millones en pensiones. Queda claro que el papel lo aguanta todo.

Es evidente que lo que subyace en ese supuesto proceso de negociación de investidura es una lucha cainita entre las dos formaciones independentistas, ERC y Junts por ver quién logra la hegemonía en el campo del secesionismo. Las elecciones al Parlament se podrían convocar de forma inesperada y conviene estar preparados. Además, eso de que “España nos roba” enerva al personal y conviene tener a la parroquia tensionada, por lo que pueda ser.

Pero volvamos al núcleo central de esta columna: el déficit fiscal. Da la sensación que, los sabios contables del secesionismo, cuando hacen sus cálculos no tienen en cuenta la aportación catalana a los gastos comunes como es, por ejemplo, La Defensa, el coste de los bienes y servicios que reciben todos los ciudadanos, con independencia de su lugar de residencia o la balanza comercial entre comunidades que es netamente favorable a Cataluña.

Por otra parte, si echamos un vistazo a nuestro entorno, veremos que el déficit fiscal de Cataluña es similar al de las regiones ricas de otros países. Es el caso de los Länder alemanes que tienen un nivel de renta similar al nuestro: Baviera, Baden-Wüttemberg o Hesse. Y si abrimos un poco más el foco, encontraremos situaciones parecidas en países federales como por ejemplo, Nueva York o Nueva Jersey, en Estados Unidos, Lombardía y Véneto, en Italia o Ontario, en Canadá.

Con todo, considero conveniente clarificar que, ni todos los impuestos que se cobran en Cataluña los pagan los catalanes ni todo lo que pagan los catalanes se recauda en Cataluña. Hecha esta aclaración, hemos de saber que Cataluña es la tercera comunidad autónoma que más aporta a las arcas del Estado y, sin embargo, a la hora de recibir recursos queda relegada a la décima posición. Ante esa situación, es muy razonable pensar que la posición final debería aproximarse más al punto de partida. Es decir, si se es la tercera en aportar que se sea la quinta en recibir, ¿pero la décima? Eso es lo que se denomina principio de ordinalidad: no perder la posición inicial. Y eso, no tiene que significar ni favoritismo ni tratos de favor; sino una redistribución más equitativa de la renta disponible.

Visto lo visto, queda claro que el mantra de “España nos roba”, es una falacia que el independentismo utiliza para mantener alta la moral de sus feligreses. No obstante, no se pueden negar las evidencias: España tiene un grave problema con Cataluña; la dejadez y desidia de algunos altos representantes del Estado nos han traído hasta aquí y eso, aderezado de forma adecuada, ha dado alas al independentismo, y no cabe duda que en todo este affaire la fiscalidad juega un papel fundamental. Por consiguiente, el tema del nuevo sistema de financiación autonómica debería ser una prioridad ineludible para el nuevo Gobierno en la próxima legislatura. Se trata de redistribuir con el máximo de justicia y equidad. Está claro que los talibanes hiperventilados de una y otra orilla nunca se darán por satisfechos, pero es cuestión de irles quitando argumentos porque es, sin duda, la mejor manera para que vayan perdiendo adeptos. Si logramos encasillar el radicalismo en la marginalidad, habremos ganado la convivencia y esa sería una noticia inmejorable.      

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en E notícies 28/09/2023

LA DESIGUALDAD PERSISTE

 

En los últimos días, hemos seguido con expectación y angustia las tragedias ocasionadas por el terremoto en Marruecos y la catástrofe de la riada en Libia. Sucesos que, más allá de los fenómenos naturales que las han desencadenado, son, también, la consecuencia, de la precariedad de un Estado que no llega, ni por asomo, a lo que deben ser los estándares de una Administración del siglo XXI, la primera y la otra, directamente, el resultado de un Estado fallido.

En ambas casos, tanto los muertos cono los desaparecidos se cuentan por miles y la recuperación de la frágil normalidad ni se atisba en el horizonte, por la incompetencia manifiesta de los gobiernos para dar una respuesta mínimamente adecuada a cada situación.

Es evidente que no tienen nada que ver la debilidad institucional de esos países del Magreb con la situación socioeconómica de España, pero creo que es oportuno mencionar lo que allí ocurre para remover algunas conciencias. Aquí, por fortuna, no hemos padecido ningún seísmo y, aunque hemos soportado alguna que otra riada, no han tenido nada que ver con lo ocurrido en el país norteafricano. Sin embargo, nos bastará con echar un vistazo a nuestro alrededor para constatar que las desigualdades sociales nos dan motivos, más que sobrados para la preocupación y el sonrojo.

Resulta que en España más de un cuarto de la población, un 27%, vive en riesgo de pobreza o exclusión. Eso quiere decir que los ingresos que hace unos años daban para vivir al día, a uno de cada cuatro ciudadanos, hoy no dan ni siquiera para terminar la jornada. La pandemia ha cronificado esa patología.

El drama humano, una vez más, se cierne sobre quienes tienen menos capacidad de resistencia. En una sociedad híper desarrollada como la nuestra centenares de miles de familias viven sin un clavo al que aferrase. Es cierto que el Gobierno ha puesto en marcha diversas ayudas: algunas tan importantes como los ERTE que en plena pandemia fueron un potente amortiguador. Sin embargo, la gravedad del problema persiste y los datos siguen siendo escalofriantes. El ingreso mínimo vital fue bienvenido, también, una buena medida, pero su gestión ha estado envuelta en una espesa carga burocrática y no ha beneficiado a todos los que debería.

La desigualdad está hoy en los mismos niveles de hace 20 años. Y eso nos lleva a pensar que, es muy improbable que la ciudadanía afectada por esa lacra, pueda encontrar los estímulos indispensables para, por lo menos, intentar salir del pozo en el que cayeron con la crisis de 2008 y que, en 2020, con la irrupción de la pandemia terminaron de hundirse; justo cuando algunos empezaban a vislumbrar un futuro algo mejor.

Las consecuencias de estas desigualdades son múltiples. Para Antón Costas y Xosé Carlos Arias, según afirman en Laberintos de prosperidad (Galaxia Gutenberg), editado en 2021, pero de plena vigencia, “la principal es que supone un elemento de corrosión de primer orden para el contrato social, una fuente de malestar y tensionamiento que amenaza seriamente el futuro de las sociedades avanzadas.” En efecto, es difícil separar la desigualdad de la desafección democrática; de hecho, son vasos comunicantes.

Como recuerdan los profesores Costas y Arias, se suele aludir a dos tipos de factores para explicar el deterioro de la confianza en la democracia: aquellos que apelan a elementos culturales, y los de carácter socioeconómico. Cada vez se hace más evidente que son estos segundos los que suelen estar en la base de la desafección y desconfianza en el sistema, aunque en ocasiones pueden activar también los culturales, multiplicando así sus efectos. Todo esto acaba debilitando el contrato social en el que se fundan nuestras sociedades.

La brecha ha crecido porque quienes menos tienen, tienen menos cada vez, y ese poco se adelgaza peligrosamente, en particular entre jóvenes, mujeres, población con menor cualificación profesional y economía sumergida. Según el Banco de España, a finales del año 2020, los ingresos del 10% más rico eran más de ocho veces superiores que los del 10% más pobre. La brecha se mantiene con casi el doble de parados en España que la media europea, mientras que la presión fiscal, según datos de Eurostat, sigue entre cinco y seis puntos por debajo del entorno.

Todos estos datos me han parecido más que elocuentes para, por una vez, dejar de lado los entresijos de la política cotidiana, sus rifirrafes constantes y poner sobre el papel una realidad que considero de especial gravedad y que por desgracia muchas veces ni percibimos porque forman parte del paisaje habitual y de nuestro entorno.

A partir de aquí, cada cual es muy libre de reflexionar sobre lo que aquí se ha escrito. Claro que, también, se puede, mirar hacia otro lado. Al fin y al cabo, es algo que, con mayor o menor frecuencia, todos hacemos.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en E notícies 21/09/2023

ENTRE LO MALO Y LO PEOR

 

Es posible que más de un lector, cuando termine de leer esta columna, piense que soy un pesimista. No lo creo. Los que me conocen saben que se acostumbra a ver la botella medio llena. No obstante, la situación política en la que vivimos me preocupa mucho, y lo peor es que no veo solución ni a corto ni a medio plazo.

Dentro de un par de semanas se celebrará en el Congreso de los diputados el plenario para la investidura de Alberto Núñez Feijóo. Si no hay imprevistos de última hora, el PP no sumará más de 172 escaños y, por consiguiente, Feijóo no romperá su techo de cristal y la investidura será fallida. Llegará entonces la oportunidad para Pedro Sánchez. Según parece los socialistas tienen los votos amarrados de todas las fuerzas políticas que han de dar soporte a Sánchez, a excepción de Junts y esa es la cuestión que me atribula: el precio a pagar para que los “junteros” den el sí.

En algún rincón de mi cerebro guardaba la secreta esperanza de que Carles Puigdemont utilizaría el sentido común y el pragmatismo político para negociar la investidura del secretario general del PSOE. Sin embrago, mis ilusiones se desvanecieron en cuanto el expresident empezó hablar, el pasado 5 de septiembre, en la conferencia celebrada en un hotel de Bruselas, donde hizo públicas sus exigencias para investir a Sánchez. Poco dura la alegría en casa del pobre, dice el refrán y eso es lo que me sucedió a mí cuando Puigdemont recordó la “legitimidad del 1 de octubre” o que “no iban a renunciar a la unilateralidad”, y que “no había que olvidar”. 

Ya metidos en harina, Puigdemont dijo que sus exigencias para dar soporte a Sánchez eran: 1. Que se produzca un “abandono completo y efectivo de la vía judicial contra el independentismo”, mediante una Ley de Amnistía; 2. Que se cree un “mecanismo de mediación y verificación” (mediador, dicho en Román paladino) para garantizar el cumplimiento de los acuerdos; 3. Que el Estado respete “la legitimidad democrática” del independentismo; y 4. Que los “únicos límites” a cualquier pacto sean los establecidos por los “tratados internacionales que hacen referencia a los derechos humanos”, es decir, que el límite no sea la Constitución.

Puigdemont no quiso ser más explícito (tampoco hacía falta), pero apuntó que en la negociación para la investidura habría dos vertientes: la de las “cuestiones materiales pendientes” (financiación, trenes de Cercanías, competencias en inmigración, inversiones del Estado), etc. y la de “la cuestión de fondo: el derecho de autodeterminación”. Y remachó el clavo diciendo que “sólo un referéndum acordado con el Estado español podría sustituir el mandato político del 1 de octubre”.

Pregunta inocente: ¿y ellos a qué se comprometen?

A Puigdemont y sus acólitos no les iría nada mal un baño de realismo y recordar que en Cataluña las elecciones, primero las municipales y luego las generales, las ganó con mucha solvencia el PSC. Es decir, el electorado ha respaldado, muy mayoritariamente, la política llevada a cabo por el Gobierno de coalición, capitaneado por los socialistas. Y por si no lo tienen claro que piensen cómo les fue la manifestación del pasado 11-S.

Ante esta situación, celebro el optimismo que nos llega desde La Moncloa. “Plantea --dicen sobre la conferencia de Bruselas-- un programa de máximos” que no será el que finalmente se acuerde, pero sobre todo señala con claridad que quiere negociar la investidura de Pedro Sánchez”. Lo lamento, pero me cuesta creer que con estos planteamientos de partida se puede llevar a cabo una negociación con voluntad de acuerdo.

Pero es que si cambiamos de registro y miramos a la derecha nos pueden dar escalofríos. Allí nos encontramos desde el trumpismo de Ayuso a los pactos del PP y VOX en comunidades autónomas y ayuntamientos, y si esa es la solución para mi país, desde este momento me declaro apátrida.

Todo esto, me lleva a pensar que, si malo será pactar con unos, peor sería acordar con los otros, porque ya vemos como las gastan allí donde gobiernan.

Ya sé que en política ni los enemigos son para siempre ni los amigos para toda la vida y cosas que parecían imposibles han acabado en el BOE, pero en esta ocasión me temo que el problema es de mucho calado. Es más, no creo que ni con nuevas elecciones se arregle, porque sería muy posible que, si se tuviesen que volver a convocar, más allá de lo que significaría de parón para el conjunto de la sociedad, pudiera ser que los resultados fueran muy similares a los actuales y, por consiguiente, estaríamos de nuevo en la casilla de salida.

Quizás, el núcleo gordiano de todo este embrollo sea el contrasentido de que la fuerza política que obtuvo el 1,6% de todos los votos sea quien tenga la llave de la gobernabilidad; eso es, sin duda, una anomalía democrática.

Creo que tras esta breve reflexión mi presunto pesimismo, les parecerá más que justificado.

 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en E notícies 14/09/2023

RUBIALES NUNCA MÁS

 

En algunos bares de este país, detrás de la barra, tienen colgado un cartel que dice algo así como: “Hoy hace un día esplendido, seguro que viene un gilipollas y nos lo jode”, (disculpen el lenguaje tabernario) Pues eso es, exactamente, lo que hizo Luís Rosales cuando, en la final del Campeonato Mundial de fútbol Femenino de Australia y Nueva Zelanda, celebrada en Sídney, le dio un “pico” a Jennifer Hermoso: fastidiar el magnífico triunfo de la selección española

Sea cual sea el deporte que se practique, llegar a la final de una competición suele ser muy difícil. Si además ese deporte es el fútbol, donde la competitividad acostumbra a ser máxima, la cosa se complica, pero si encima se trata del Campeonato Mundial de Fútbol Femenino, se llega a la final y se gana, es para tocar el cielo con las manos.

Los aficionados tenemos archivado en la memoria el gol de Andrés Iniesta en el Mundial de Sudáfrica. Ahora ya tenemos otro para guardar junto a los recuerdos más preciados: el golazo que marcó Olga Carmona el 20 de agosto en la final del Mundial Femenino de Australia-Nueva Zelanda.

Muy pocos podían imaginar hace, tan solo unos meses atrás, cuando estalló el conflicto entre un nutrido grupo de jugadoras y el seleccionador, que esto llagaría a ocurrir. Sin embargo, ellas han demostrado que cuando hay calidad y determinación todo es posible. Por eso, a pesar de las dificultades, que no han sido ni pocas ni menores, se ha llegado a la meta de una carrera que empezaron hace ya mucho tiempo unas chicas por las que nadie apostaba un “duro”. Recuerdo los comentarios despectivos de un muy afamado periodista deportivo diciendo que “las mujeres no tenían fuerza ni para sacar un córner”, me gustaría saber la opinión de aquel avispado comentarista ahora.

Lo lamentable de todo este affaire es la que la machada (por llamarlo de algún modo) de Rubiales a puesto sordina al gran triunfo de las jugadoras. En este contexto, tienen especial relevancia las palabras de Alexia Putellas que en una reciente entrevista dijo:” Queremos que se respete nuestra profesión, simplemente peleamos por eso”, y añadió. “Queremos más facilidades y mejores infraestructuras que nos ayuden a hacer bien nuestro trabajo, que haya ejecutivos e instituciones que peleen por eso para poder estar centradas en el fútbol”.

En mi opinión, todas las futbolistas que han hablado estos días han demostrado una sensatez envidiable, pero quién puso la guinda en el pastel de la cordura y el sentido común fue Aitana Bonmatí. La jugadora catalana, en la gala celebrada por la UEFA en Mónaco, recogió el premio a la mejor jugadora de 2023; en la intervención que hizo, tras el sorteo de la Champions y procederse a la entrega de los premios a mejores entrenadoras, entrenadores, jugadores y jugadores, llegó el momento estelar con las palabras de la centrocampista del Barça.

Bonmatí no se anduvo por las ramas y habló claro para que todo el mundo pudiera entenderla y dijo: "Venimos de ganar el Mundial, pero no se está hablando mucho de ello. Han pasado cosas que no me gustaría dejar pasar. Como sociedad no debemos permitir que se lleven a cabo abusos de poder en una relación laboral, ni otras faltas de respeto. Desde mi compañera Jenni, a todas las mujeres que sufren lo mismo, estamos con vosotras y espero que sigamos trabajando para que esta sociedad mejore", se puede decir más alto, pero no más claro.

Junto a la jugadora catalana estuvo, entre otras celebridades del mundo del fútbol, Sarina Wiegman, seleccionadora inglesa subcampeona del mundo que se llevó el premio a mejor entrenadora del año y que le dedicó el galardón a la selección femenina española de fútbol. “Me ha hecho mucho daño lo que pasó en la selección española, demuestra que queda mucho por recorrer en el fútbol femenino. Le dedico este premio al equipo español que ha hecho un gran torneo. Este equipo debe ser escuchado y celebrado. Pido un aplauso para ellas”, dijo la seleccionadora que ha dirigido a la selección inglesa en 39 partidos con 30 victorias.

No voy a entrar en el galimatías técnico-jurídico sobre si la falta cometida por Luís Rubiales es grave o muy grave, como proponía el Consejo Superior de Deportes para poder sancionar con rigor la conducta del presidente de la Real Federación Española de Fútbol.  Para el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD)  solo existe una  falta grave (y no muy grave, como esperaba el Gobierno) al considerarse que, con la información de la que dispone, el beso a Jenni Hermoso no puede calificarse de abuso de poder.

No nos confundamos, hay, por desgracia, todavía muchos Rubiales agazapados por las esquinas. Pero debe quedar claro que individuos como ese no nos representan y personajes de esa catadura moral no pueden estar ni un minuto más en las instituciones. Y es que, ni Rubiales ni actitudes como las de Rubiales nuca más

Ante esta situación que voy a calificar de “anómala”, entiendo que nuestra posición debe ser de serena indignación y dejar que sean los organismos competentes los que hagan su labor. Pero mientras, nos corresponde: apoyar sin fisuras a las campeonas, disfrutar de su buen hacer y aprender de su actitud, y es que como diría el gran Johan Cruyff, verlas jugar pone la gallina de piel. 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en E-notícies 07/09/2023

LO QUE NOS ESPERA

La flamante presidenta del Congreso de los diputados, Francina Armengol, acordó con Alberto Núñez Feijóo que se sustancie su investidura los días 26 y 27 de septiembre. Así se da curso al encargo que le hizo el Rey Felipe VI al líder de los populares, tras la ronda de consultas con los cabezas de lista de los partidos más votados; a la vez que se pone en marcha el reloj institucional para que se constituya un nuevo gobierno, y si no es posible se celebren nuevas elecciones.

A día de hoy, los números, para que Feijóo sea presidente no dan; los populares están estancados en 172 escaños y con muy escasas posibilidades de sumar alguno más. El PNV se ha auto descartado, pero en la calle Génova no dan la batalla por perdida y dicen estar dispuestos a hablar con todas las fuerzas políticas, incluidos los independentistas, excepto Bildu. Curioso porque cuando lo hace el PSOE, entonces son unos golpistas, pero si lo hace el PP son partidos constitucionales dentro de la legalidad. De todas formas, los de Feijóo no descartan tocar a los diputados socialistas más críticos para ver si logran un tamayazo, como le hicieron en 2003 a Rafael Simancas, consiguiendo así la presidencia de la comunidad madrileña para Esperanza Aguirre. Ante estos planteamientos resulta difícil encontrar a alguien que sea moral y políticamente más mezquino.

En cualquier caso, si, como parece, la investidura de Feijóo resulta fallida, el jefe del Estado deberá hacer otra rueda de consultas, y entonces lo más lógico será que encargue al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que intente ser investido.

Si esa posibilidad llega a darse, considero que antes de empezar a negociar con otras formaciones políticas, la dirección del PSOE debería, si no lo ha hecho ya, decidir qué precio están dispuestos los socialistas a pagar para gobernar. Existen determinadas líneas rojas que no se deben traspasar.

Ojalá me equivoque, pero si Sánchez logra ser investido presidente del Gobierno, la próxima legislatura va a ser un auténtico calvario. Es una anomalía democrática que un huido de la justica, como Carles Puigdemont, tenga la llave de la gobernabilidad de España. En esas circunstancias, aprobar cualquier iniciativa parlamentaria, por intrascendente que sea, le puede suponer al Ejecutivo un suplico; no quiero pensar lo que pudiera llegar a ser aprobar, por ejemplo, la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Junts per Catalunya ha optado por el todo o nada y con esa radicalidad está arrastrando a Esquerra Republicana de Catalunya a planteamientos maximalistas para no perder pie ante su parroquia, aunque eso les suponga alejarse de la centralidad política. Es evidente que el independentismo catalán cada vez se encuentre más lejos del pragmatismo de partidos como el PNV e, incluso, EH-Billdu. No es casual que la portavoz en el Congreso de ese partido, Mertxe Aizpurúa, haya dicho en una reciente entrevista que, “utilizaremos nuestra fuerza para defender los derechos de la mayoría social trabajadora. La negociación para celebrar un referéndum de independencia lo dejamos para más adelante”.

Sin embargo, tanto Junts como ERC han dejado meridianamente claro que exigirán la amnistía para los encausados del procés como requisito indispensable para investir a Pedro Sánchez.

Una de las normas no escritas del independentismo es menospreciar lo que se les concede. Por eso, aunque en el verano de 2021 el Gobierno concedió indultos a los líderes del procés que estaban en prisión, aquella iniciativa les supo a poco y Junts, ERC  y la CUP impulsaron una proposición de ley de amnistía, que no prosperó porque los letrados de la Cámara alegaron que infringía el artículo 62 de la Constitución que prohíbe los indultos generales.

En síntesis: Entre indulto y amnistía la diferencia estriba en que el primero es una medida de gracia del Gobierno a personas condenadas, mientras la segunda es de carácter general y supone pasar página y olvidar además los antecedentes penales. Y ni la sociedad española en general ni la catalana en particular tienen ni que pasar página ni olvidar nada y, mucho menos, arrepentirse por no haber sido procesistas ni haber comulgado con el procés y sus trágalas.

Si este posicionamiento de máximos se mantiene, no es difícil imaginar cómo evolucionarán los acontecimientos a medida que avance la legislatura: las posiciones se irán enquistando y el precio de los apoyos subirá. Además, en 2024 hay elecciones en Euskadi; por consiguiente, el enfrentamiento entre PNV y EH-Bildu está servido. Después, en 2025, tocan elecciones al Parlament de Cataluña y la razón de ser, tanto de ERC como de Junts, es el Govern de la Generalitat; por lo que, tanto unos como otros, querrán marcar perfil.

A lo largo de la legislatura ya finiquitada, el PSOE demostró su voluntad de solventar el conflicto catalán; los indultos, la mesa de diálogo o la derogación del delito de sedición son ejemplos claros de esa voluntad. Ahora le toca al secesionismo mover ficha y, sin renunciar a nada, plantear cuestiones razonables que encajen en el marco constitucional, ahí seguro que se encuentran soluciones, pero la amnistía y el derecho a la autodeterminación no pueden ser reconocidos como constitucionales.

En principio, a nadie le interesa que se tengan que repetir las elecciones, pero tampoco sería el fin del mundo. Al fin y al cabo, unas elecciones se pueden ganar o se pueden perder. Lo que no se debe perder nunca, en especial un partido con vocación de gobierno: es la dignidad, la decencia y la honestidad.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en E notícies 31/08/2023