ESPERANDO AL GENERAL INVIERNO

Tememos la suerte de vivir en un rincón privilegiado del Mediterráneo. Eso nos permite, celebrar este año la “Castañada” con manga corta y el 1 de noviembre muchos ciudadanos irán a la playa a mojarse los pies mientras toman el sol. Además, aunque los precios de algunos productos y servicios están disparados por la coyuntura inflacionista internacional, no nos falta de nada. Sin embargo, no en todas partes es así. En Ucrania, por ejemplo, ya hace unas cuantas semanas que cuando llega la noche las temperaturas caen por debajo de cero y los ataques sistemáticos del ejército ruso contra la red energética del país amenazan con dejar a millones de personas sin electricidad, agua y calefacción en los meses de frío y, tanto los alimentos, como los productos de primera necesidad, escasean porque falla todo, desde los sistemas de distribución hasta los de almacenamiento y siempre por el mismo motivo: la guerra.    

Vladimir Putin y su Estado Mayor habían previsto que la invasión de Ucrania sería un paseo. Pero no, el arrojo de los ucranianos y los apoyos de todo tipo, tanto de la UE como de la UE han desbaratado los planes del Kremlin. Ante esa situación, el Alto Mando ruso ha decidido hacer de la necesidad virtud. Por eso, lanzó una propuesta de negociación totalmente inverosímil porque excluye de la mesa de diálogo a los representantes de Ucrania; pero así se gana tiempo a la espera de que los fríos del invierno hagan su presencia, y la vida se ponga en Ucrania más difícil de lo que ya lo está. De ahí, las acciones constantes de las tropas rusas para arrasar la red energética.   

La cuestión es que a lo largo de la historia a los ejércitos rusos les ha ido bien dejar a los invasores a la intemperie entre los meses de noviembre y abril. Las crudas temperaturas han sido letales para aquellos que no estaban ni preparados ni pertrechados para las extremas inclemencias de las llanuras y montañas.

La climatología fue fundamental en los fracasos militares de las invasiones de Napoleón y de Hitler. El ejército napoleónico ya estaba sufriendo un serio desgaste antes del invierno, debido a la falta de suministros, enfermedades, deserciones y bajas de guerra, pero la llegada del invierno acabó por destrozar a las tropas napoleónicas. Por su parte, la Wehrmacht hitleriana había sufrido más de 734.000 bajas y se estaba quedando sin suministros en noviembre de 1941, cuando la llegada del invierno significó el principio del fin de la aventura porque la batalla de Stalingrado dio la estocada a las tropas de Hitler en su asalto a Rusia.

Con estas referencias históricas, no es de extrañar que en el Kremlin esperen que el invierno general resitúe al ejército ruso en Ucrania. El planteamiento es simple: aprovechar la moral del enemigo debilitada por los estragos que hayan provocado las inclemencias meteorológicas para obtener una situación ventajosa. Así Putin puede esperar la llegada de la primavera para proponer, entonces, una mesa de negociación a partir de las posiciones establecidas.

La unidad europea, hasta el momento, ha sido ejemplar, pero cuando faltan pocas semanas para que llegue el invierno algunas de las políticas más incisivas frente a Moscú podrían empezar a mostrar claroscuros. 

Pero es que, además, Putin espera a la reacción de los 27 cuando llegue el frío de verdad. Este invierno, en occidente nos tocará rascarnos aún más el bolsillo para seguir financiando el apoyo militar a Kiev, y habrá que ver si las opiniones públicas de los países de la UE están dispuestas a soportar el tirón y no salen a protestar en las calles ya exigir un cambio de rumbo en las políticas de apoyo al pueblo ucraniano.

Sin duda alguna, la política energética es la que marcará la agenda política en los próximos meses en Europa. El impacto de la crisis energética en las empresas y hogares europeos está siendo brutal. El precio de la electricidad ha incrementado 10 veces de promedio en esta última década y el del gas se ha multiplicado por 14 en el mismo periodo, pero es que todavía no se ha producido el temido corte de suministro total por parte de  Rusia .

Se mire como se mire, no parece verosímil una derrota militar de Rusia. La admirable resistencia ucraniana ha hecho posible repeler buena parte de la invasión rusa, primero y reconquistar territorio que los rusos habían ocupado, después. El apoyo logistico de la OTAN ha tenido mucho que ver en esos movimientos. Pero la asimetría es tal entre unos y otros que la diferencia en motivación no es suficiente para inclinar la balanza y los soportes exteriores no pueden ser infinitos. Habrá ofensivas y contraofensivas con enorme costo humano para ambos ejércitos, pero eso a Putin le da igual. Tiene previsto terminar de reclutar y formar 300.000 soldados para que asuman tareas en la retaguardia unos y enviar al frente otros como ropas de refresco. .

Ante esta situación tan escasamente esperanzadora se impone el pragmatismo. Hay que saber que determinadas guerras no se pueden ganar. Cuando eso ocurre, se hace necesario acabarlas con negociación o aceptación. Quizás se está acercando la hora de que unos y otros negocien y/o acepten una forma realista. Parte de la solución podría pasar porque los ucranianos prorrusos conserven el territorio ocupado por los rusos a cambio de paz en Europa.

Tal vez para algunos puede resultar muy doloroso, pero a lo mejor es lo más razonable. Porque seguir masacrando vidas, bajo ningún concepto, es una opción.

 

Bernardo Fernandez

Publicado en e notícies 31/10/2022

 

HACE CUARENTA AÑOS

 

Siete años después de la muerte de Franco, España encaraba 1982 como un año crucial: La inflación rondaba el 15%, el déficit público era superior al 5% y el paro pasaba del 17%. La situación social era muy delicada y, como es suponer, las coberturas sociales de entonces nada tenían que ver con las que tenemos ahora. Si ahora, en muchas ocasiones, son insuficientes, entonces podrían ser paupérrimas. Con ese paisaje de fondo el presidente de Gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, convocó elecciones generales pare el 28 de octubre.

Ante el buen temor de que ganase la izquierda, parte de las clases pudientes, puso sus dineros a buen recaudo en lugares de fiscalidad templada como Suiza. Las reservas bancarias disminuyeron aquel año cerca del 20% y solo en octubre se esfumaron unos 1.500 millones de dólares, porque existió la certeza, como así fue, de que el PSOE iba a ganar aquellas elecciones.

En efecto, los socialistas ganaron aquellos cómicos con una ventaja abrumadora. Recuerdo aquel día como si hubiera sido ayer: estábamos un grupo de amigos, entre nerviosos, expectantes y esperanzados, esperando novedades. Poco después del cierre de los colegios electorales, en una comparecencia televisiva, Alfonso Guerra anunció que, con los datos que le dio un sondeo que había hecho el partido, obtendrían 202 diputados; alguien a mi lado dijo algo así como «este tío está loco». Algo más tarde, era el entonces ministro del Interior, Juan José Rosón, quien daba como oficiales las cifras que poco antes solo eran fruto de un sondeo. Guerra no estaba loco, el PSOE, con más de 10 millones de votos, obtuvo 202 escaños, algo que aún no se ha igualado a día de hoy.  

Mientras tanto, una coalición de izquierdas gobernaba en Francia. En mayo de 1981 los socialistas habían ganado las elecciones. Formaron un gobierno con los comunistas que presidió François Mitterrand y tuvo como primer ministro a Pierre Mauroy. Su primera intención fue gobernar con un ambicioso proyecto socialdemócrata clásico para la época: impuestos a las grandes fortunas, aumento del salario mínimo, ayudas a las familias, quinta semana de vacaciones pagadas, jornada laboral de 39 horas semanales, adelanto de la edad de jubilación a los 60 años, nacionalización de bancos grandes, empresas y un largo etcétera. Sin embargo, la realidad fue muy distinta a lo que habían imaginado. El resultado inmediato fue un incremento del paro, del déficit público y una reacción brutal en contra de los mercados. para sobrevivir, Mitterrand hubo de volver con rapidez a la senda de la ortodoxia. Se descubrió la imposibilidad del “keynesianismo en un solo país”.

Como se vio después, Felipe González y su equipo más próximo tomó buena nota de la experiencia francesa y su primera decisión fue guardar bajo siete llaves el programa económico que los economistas socialistas habían diseñado y con el que se había hecho la campaña electoral y tenían previsto gobernar Comprendieron que de seguir por aquel camino repetirían los fracasos de Mitterrand. De ahí que se empezasen a aplicar reformas más liberales, protagonizadas por ministros pragmáticos como Miguel Boyer primero y Carlos Solchaga más tarde. Ese giro hizo que González fuera muy cuestionado a lo largo del tiempo por los más puristas del socialismo ortodoxo. Sin embargo, la evolución socioeconómica del país puso de manifiesto que las decisiones del Ejecutivo eran las adecuadas en aquel contexto.

Poco después de la gran victoria, un eufórico Alfonso Guerra decía: “Vamos a poner a España que no la va a reconocer ni la madre que la parió”. Y efectivamente, en la primera legislatura socialista (1982-1986), el Gobierno de González tuvo que hacer frente a una difícil situación económica. El gabinete socialista cumplió un estricto plan de seguridad económica que implicó un proceso de reconversión industrial que llevó al cierre de muchas industrias obsoletas. Estas medidas provocaron el desconcierto entre las centrales sindicales, pero permitieron sanear la economía y prepararla para la recuperación.

El gobierno socialista tuvo que hacer frente a una dura campaña terrorista de ETA, con más de cien muertos durante la legislatura, ya la vez reformar el Ejército para acabar con el peligro del golpismo. Esta reforma fue uno de los grandes éxitos del gabinete.

Otras medidas fueron la aprobación de la reforma universitaria, la LODE, que establecía la enseñanza gratuita y obligatoria hasta los dieciséis años, y una despenalización parcial del aborto.

Se sucedió la Ley General de Sanidad de 1986, donde se propusieron las bases legales para la universalización de la atención sanitaria. ​

España finalmente consiguió acceder a la Comunidad Económica Europea el 1 de enero de 1986. El viejo anhelo de integración en Europa se convirtió en realidad.

Como contrapartida, Felipe González cambió radicalmente su discurso sobre la OTAN. La negativa al ingreso en la alianza militar occidental se tornó en apoyo. González mantuvo su promesa de convocar un referéndum y pidió el voto afirmativo a la permanencia en la OTAN. El triunfo de la postura defendida por González posiblemente marcó su cenit como líder político.

Como colofón de esa legislatura, se terminó de diseñar el mapa autonómico español con la aprobación de los diversos estatutos de autonomía.

En 1986, el PSOE volvió a ganar las elecciones por mayoría absoluta propiciando la crisis entre sus contrincantes. Fraga repitió resultados lo que siguió una larga crisis en su partido y el PCE se coaligó con diversas fuerzas menores configurando Izquierda Unida.

Pero todo eso lo dejaremos para otra ocasión, hoy toca recordar el 28-O del 82. Por el cambio.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 24/10/2022

POR UNA LEY ELECTORAL CATALANA

 

Cataluña es la única comunidad autónoma que carece de ley electoral propia. Es posible que haya quien sostenga que, tal y como está el panorama político, no es el momento oportuno para tratar la cuestión. Lo siento, pero discrepo. Llevamos 40 años largos aparcando el tema y si no tenemos legislación propia sobre el particular es, en mi opinión, porque así ya les va bien a los que con este sistema logran mayorías parlamentarias cómodas. 

Durante el tiempo que Convergencia i Unió (CiU) estuvo en el Govern de Generalitat, los nacionalistas no tuvieron ningún interés en desarrollar una nueva ley electoral, ¿por qué? La respuesta es sencilla: Además de las ventajas evidentes que les daba el sistema, CiU debía contestar de forma simultánea a dos demandas contradictorias. Por una parte, los intereses del propio partido que se repartió el territorio como un auténtico reino de taifas y, por otra, que un sistema electoral ha de ser consensuado con otras fuerzas políticas y eso significaba ir a un concepto más proporcional y, por lo tanto, a un modelo menos favorable para sus intereses. Luego, cuando pasaron a la oposición, tampoco mostraron ninguna disponibilidad para revertir la situación. 

En septiembre de 2021 el Consejo Ejecutivo aprobó el Plan de Govern para la actual legislatura. Entre otras muchas medidas, el Plan proponía “la aprobación de un proyecto de ley electoral de Cataluña”. Pues bien, estamos en octubre de 2022 y lo único que sabemos de ese proyecto es que el president, Pere Aragonés, lo volvió a plantear, un año después, en el Debate sobre la orientación política general, celebrado semanas atrás, pero el órdago lanzado por Junts y los hechos posteriores lo sepultaron todo.

El hecho cierto es que, a día de hoy, las elecciones al Parlament siguen reguladas por la disposición transitoria cuarta del Estatuto de Autonomía de 1979 y la Ley Orgánica del Régimen Electoral General española. Esa disposición transitoria repartió los 135 diputados a elegir entre las cuatro provincias catalanas de una manera deliberadamente no proporcional a su población. A la provincia de Barcelona le correspondieron 85 diputados en lugar de los 105 que le habrían tocado en función de su número de habitantes. Hay quien sostiene que 85 fue una especie de decisión salomónica entre los 65 que proponían los que querían castigar todavía más a Barcelona y los 105 de los partidarios de atender al criterio de la población.

La cuestión es que el punto de partida de cualquier sistema electoral ha de ser la igualdad del voto entre todos los ciudadanos. El voto de todos los electores ha de tener el mismo valor en el momento de distribuir escaños y debe tener una influencia equiparable en el parlamento que se constituya. Es muy difícil explicar que hagan falta muchos más votos para ser diputado por Barcelona que por Lleida. Es cierto, no obstante, que eso ocurre en otros lugares como, por ejemplo, Bélgica, Francia y también en España, pero sucede de manera mucho menos pronunciada y el porcentaje de escaños de cada partido se acerca mucho al porcentaje de votos que obtienen.

Sin tomamos como referencia las elecciones de febrero de 2021, resulta que la holgada mayoría absoluta independentista en el Parlament de que gozan ERC, JxCat y la CUP (55% de los escaños, aunque ya vemos para que les ha servido) reposa solo en el 48% de los votos. (Mucho se ha hablado del 52% de voto independentista; sin entrar en el generoso redondeo del porcentaje exacto, hay que recordar que en los parlamentos serios los votos de candidaturas extraparlamentarias simplemente no cuentan). En cualquier caso, esa amplia mayoría en escaños 74 de 135 no se corresponde con el recuento voto a voto. O sea, mientras que el bloque independentista sumó 1.360.000 votos, los votos no independentistas aglutinaron 1.332.000 de ciudadanos que apostaron por ellos, en resumen, una diferencia de menos de 30.000 votos disparó, de forma excepcional, la consecución de escaños. Me parece, sencillamente, una anomalía, no sé si democrática o no, pero anomalía al fin.

Comprendo que abrir ese melón no sea plato de gusto para aquellos que sacan provecho de la situación. Los partidos independentistas, aunque ahora mimo estén a la greña, no tienen ningún incentivo para poner en riesgo sus mayorías holgadas en pro de una mayor proporcionalidad. Es evidente que ni a ERC ni a JxCat les interesa que la provincia de Lérida (un feudo independentista por naturaleza) pase de los 15 escaños que le corresponden actualmente a los 6 que le tocarían por población.

En consecuencia, no espero buenismo político ni altura de miras. Ahora bien, sería deseable empezar por el principio: Por eso, tan solo exijo democracia: un hombre, un voto, que a todos los ciudadanos se nos trate por igual, incluso cuando se trata de nuestros votos. El problema es que a lo mejor algunos opinan que no todos valen lo mismo. 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 17/10/2022

BALANCE DE UN FRACASO

 

Con la salida de JxCat del Govern se pone fin al proceso secesionista catalán, al menos como lo hemos conocido en estos años. Eso no significa que el independentismo vaya a desaparecer de nuestro universo político. Son decenas de miles los ciudadanos que sueñan con una Cataluña independiente y eso no se erradica como por ensalmo. Ante esta nueva situación, las instituciones del Estado, empezando por el Gobierno central y siguiendo por todas las demás, deberían poner en práctica, sin caer en favoritismos absurdos, políticas muy afinadas, para que ese secesionismo vaya reduciéndose paulatinamente a unos porcentajes residuales, como los que había en los primeros años de la recuperación de la democracia.

Hubiese sido clarificador para unos, reconfortante para otros y balsámico para todos que algún líder procesista hubiera tenido la gallardía política suficiente para admitir que su proyecto desde el primer día estaba abocado al fracaso. Desgraciadamente, no ha sido así, nadie ha sido capaz de entonar el mea culpa y miles de personas aún no tienen claro que aquello de la “revolució dels somriures” era una patraña que no tenía ninguna posibilidad de prosperar, pero que ha servido para que un nutrido grupo de aprovechados vivan a cuerpo de rey a costa de las arcas del Estado. Esto es, de lo que pagamos todos.  

Desde hace tiempo el independentismo más pragmático ha asumido que su proyecto no tiene recorrido ni a corto ni a medio plazo. Parece que el president Pere Aragonés lo tiene claro y, aunque de vez en cuando, recuerda lo de volver a votar, acabar con la represión, la amnistía y algunas soflamas más. Resulta evidente que son mensajes para mantener alta la moral de la parroquia y que no cunda el desánimo entre sus bases. No obstante, los dirigentes políticos independentistas saben que la barra libre se ha terminado y ahora toca gobernar la autonomía.

Sería interesante que alguien nos explicara que hemos ganado los ciudadanos catalanes, independentistas o no, con el procés; si ha mejorado nuestra calidad de vida, si los servicios básicos como la sanidad, la educación o las prestaciones sociales son ahora mejores que antes de que empezara la milonga de la secesión. En mi opinión, no.

Tampoco a nivel macroeconómico hemos ganado nada con el procés, más bien al contrario. El movimiento generó pánico bancario y las dos entidades financieras catalana, Banc Sabadell y CaixaBank pusieron tierra de por medio y trasladaron sus residencias fiscales. Marcharon para evitar quedar fuera del sistema del Banco Central Europeo (BCE), y en los día posteriores al 1-O los clientes de La Caixa retiraron unos 7.000 millones de euros, pero es que la fuga siguió durante varios meses y de Cataluña marcharon, la friolera, de unos 33.000 millones de euros.

Igual que los bancos, varios miles de empresas grandes y medianas siguieron el mismo camino. Los expertos en la materia calcularon que unas 4.500 sociedades optaron por buscar la seguridad jurídica y política que aquí no tenían en otras ciudades españolas, sobre todo en Madrid. No obstante, la Generalitat redujo ese número pero asumiendo que afectó a 3.700 compañías. Fuera el número de traslados que fuese, fueron demasiados miles de empresas las que marcharon. Ciertamente, se podrá cuestionar el impacto real que esos movimientos han tenido en la economía catalana, pero lo que no se puede discutir es la imagen poco edificante que hemos transmitido al mundo. Es triste pero real, de las grandes compañías que cambiaron su domicilio social, solo ha regresado Agbar, pero con menos activos que con los que marchó.

Pero es que tras las empresas también la élite de los ejecutivos ha ido mudando su domicilio fiscal y eso significa que su IRPF y el conjunto de impuestos los pagan en otras administraciones.

No obstante, justo es escribir que la evolución del PIB y del empleo ha ido en paralelo al conjunto de España y se ha recuperado el turismo, tanto el vacacional como el de negocios.  Si bien hay que decir que ese sector aporta muy poco valor añadido y escasa cualificación profesional.

Sintetizando: Después de diez años de proceso independentista la economía catalana no ha mejorado, más bien todo lo contrario. La calidad de vida de la ciudadanía tampoco ha experimentado ninguna mejora, los servicios que nos presta la Administración se han deteriorado. La cohesión social se ha resquebrajado y estamos ante un riesgo de quiebra como sociedad.

Por su parte, el Govern de la Generalitat no ha obtenido ni una sola nueva competencia y el prestigio de nuestras instituciones como, por ejemplo, el Parlament ha caído como no podíamos imaginar. Ese estado de cosas hace que lamentablemente Cataluña, como región europea, ya no sea referencia para nadie ni motor de nada.  

Ante esta situación de fracaso incuestionable de una determinada manera de hacer, pretender prolongar la situación que nos atenaza es de una insensatez descomunal. Por si alguien tenía alguna duda el exsecretario general de JxCat Jordi Sánchez afirmó el pasado sábado, en declaraciones a Catalunya Radio que "el procés, definitivamente, se ha cerrado", tras la decisión de Junts de romper el Govern de coalición con ERC y pasar a la oposición.  Así pues, ahora, que JxCat ha decidido poner en práctica el suicidio político se cierra definitivamente una etapa política en Cataluña.

En estas circunstancias, el president, Pere Aragonés, tiene la oportunidad de dar un puñetazo en la mesa y dando un giro copernicano a la acción política del Govern, abrir un nuevo ciclo que permita a la sociedad catalana sosegarse, recomponer la cohesión social, trabajar por mejorar la calidad de vida y recuperar el prestigio que nunca debimos perder.  Esa sería la mejor fórmula para iniciar una época de bienestar y progreso para todos, sin tener en cuenta ni credos ni ideologías.

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 10/10/2022.

PROPUESTA ESTRELLA...ESTRELLADA

 

Como no podía ser de otra manera, la crisis del Govern está ocupando todos los medios de comunicación. Estos días se pueden oír, ver y leer comentarios y opiniones de todo tipo sobre el tema, muy sensatos y rigurosos la mayoría y algunos descabellados. Por eso, y como creo que no puedo aportar nada sustancial, voy a orillar la cuestión y haré una breve reflexión sobre la propuesta estrella que hizo Pere Aragonés en el Debate de Orientación Política celebrado la semana pasada en el Parlament: un acuerdo de claridad con el Estado, al estilo del que se consiguió en Canadá en el año 2000. 

Para empezar, quiero poner de manifiesto que, en mi opinión, esa propuesta es de lo más juicioso que ha planteado el independentismo dese que dio comienzo ese carrusel de despropósitos que hemos convenido en llamar “el proceso”. Otra cosa es si el presidente Aragonés y su equipo han evaluado correctamente o no las posibilidades reales que esa iniciativa tiene para salir adelante, porque ni siquiera en el Parlament de Cataluña obtuvo el soporte del independentismo, puesto que JxCat, se abstuvo en la votación y la COPA votó no.

En principio, el presidente lo quiere plantear en la Mesa de Diálogo con el Gobierno central. Sin embargo, como todos sabemos, la portavoz del Gobierno, la ministra Isabel Rodríguez, se desmarcó ipso facto de la propuesta. Pero es que, además, la iniciativa superó, en mucho, la capacidad de decisión que pueda haber en la mencionada Mesa de Negociación.   Lo lógico es que la iniciativa se planteé, mediante una proposición de ley y, por lo tanto, se sustancie en el Congreso de los diputados, que es donde reside la soberanía popular. Ese es el quid de la cuestión.  

Si de verdad el presidente piensa que ese es el camino, y no hay motivo para creer otra cosa, debería armarse convenientemente su propuesta y pedir a su grupo parlamentario en el Congreso de los diputados que la presente y la defensa. Ahora bien, en ERC han de ser conscientes de que esa iniciativa lleva implícito que la soberanía del Estado se puede fragmentar y la Constitución española, igual que sucede con las constituciones de Francia, Italia, Alemania o EE UU, esa posibilidad no la contempla. Por eso, tanto la sentencia del Juicio a los líderes del proceso como algunas del Constitucional dejan claro que el derecho de autodeterminación en nuestro sistema jurídico vigente no tiene cabida.

No obstante, y como ejercicio de reflexión analicemos el proceso canadiense:
Lo primero que hay que aclarar es que la Constitución canadiense, que no reconoce el derecho a la secesión unilateral, sí permite la celebración de referendos de independencia. Ello hace de Canadá una excepción en el universo de las democracias, que se fundan en el principio de indivisibilidad del territorio. Sin embargo, para evitar la inestabilidad política que conlleva esa facultad, el federalismo canadiense ideó un mecanismo restrictivo. Fue el ministro de Asuntos Exteriores, Stéphane Dion, quien solicitó de la Corte Suprema de Canadá un dictamen sobre las condiciones en que tal ejercicio del derecho de autodeterminación se podía practicar. En su respuesta el Tribunal concluyó: que Quebec no tiene un derecho a la secesión unilateral, pero sí a entablar negociaciones con la federación al efecto de separarse; y que solo habría lugar a esas negociaciones tras un referendo con una pregunta clara y que, en todo caso, la negociación no tenía por qué abocar no obstante a la separación, si Ottawa y Quebec no alcanzaran un acuerdo. Esa doctrina fue luego transformada en ley mediante la Clarity Act del año 2000. Es decir, y esto es lo crucial: la Ley de Claridad no nació para facilitar referendos, sino para dificultarlos, al explicitar el largo y complicado proceso de la ruptura pactada.

En ningún artículo de la Constitución canadiense de 1982 se habla de Canadá como un Estado plurinacional. En realidad, lo que se ha desplegado, en Canadá, en los últimos 50 años no ha sido una política de plurinacionalidad sino de multiculturalidad y, sobre todo, de bilingüismo. Porque Ottawa entendió que si los quebequeses veían representados su lengua, su desafección disminuiría

En opinión de los expertos, si el ardor secesionista se ha apagado en Quebec, no es porque haya obtenido rango legal de nación, ni porque se haya reconocido su derecho de autodeterminación. La razón del éxito en la gestión territorial ha sido la correcta localización del problema, a partir de los años sesenta del siglo pasado, en la cuestión de la lengua. La élite política en Ottawa entendió, no sin resistencias, que si los quebeques vieron adecuadamente representados su lengua en las instancias federales de gobierno, su desafección disminuiría y el nacionalismo se vería privado de su principal argumento de beligerancia. Fue así como en 1972, la Official Languages ​​Act dio igual rango federal a inglés y francés. Gracias a esa medida, gradualmente implementada, hoy indiscutida, el soberanismo quebequés llegó a sus referendos con la pólvora mojada.

No sé hasta qué punto la situación de Canadá es equiparable a la nuestra, pero si los republicanos piensan que la ley de claridad canadiense es la vía para conseguir su objetivo de independencia para Cataluña, tienen todo el derecho de trabajar en ello. Desde mi modesta condición de ciudadano anónimo, animo a Pere Aragonés y a los suyos para que empiecen a buscar las complicidades indispensables que les permitan sacar su proyecto adelante. Eso sí, por coherencia, primero entre sus acólitos y luego entre los demás. Y mientras, que los árboles no les impidan ver el bosque, y gestionen con eficacia y eficiencia el Govern de la Generalitat de Cataluña que no es poca cosa porque, pensemos como pensemos, nos concierne a todos. 

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 03/10/2022

PELEAS DE PATIO DE COLEGIO

 

Desde que se constituyó el actual Govern de la Generalitat, en mayo de 2021, los enfrentamientos entre los socios del Ejecutivo (ERC y Junts) han sido una constante. Los motivos han sido variopintos, pero los rifirrafes frecuentes.

Con esa situación de enfrentamientos gubernamentales, como telón de fondo y con el ambiente político muy enrarecido, llegamos a las vacaciones de verano La razón fundamental: la suspensión de Laura Borrás como diputada y, como consecuencia, la pérdida de la presidencia del Parlament.

El inicio de este curso ha sido eléctrico. A JxCat le faltó tiempo para lanzar un órdago a Pere Aragonés, amagando con salir del Govern si no se optaba netamente por la independencia. Sin solución de continuidad, la ANC, quizás porque la Diada de este año se presentaba un tanto descafeinada, quiso caldear el ambiente y puso un poco más de sal en el cisma independentista al acusar al Ejecutivo catalán de no trabajar por la secesión, y advertía que, de seguir en esa línea, a las próximas elecciones autonómicas podrían presentar una candidatura propia, si no se cambia de estrategia. Olvidó Dolors Feliu, la actual presidenta de la ANC, aquel popular refrán que dice “no muerdas la mano que te da de comer”. La señora Feliu y sus comilitones no calcularon que si el Govern de la Generalitat dejase de subvencionar a la ANC, tan generosamente como lo hace ahora, la entidad iba a durar “Lo que duran dos peces de hielo en un güisqui on the rocks”, que canta el gran Joaquín Sabina. 

Después de todo esto, y cuando parecía que las aguas políticas catalanas podían volverse a encauzar, Oriol Junqueras se descolgó diciendo que “algunos líderes de Junts se tapan la corrupción con los del PSC…”. Y claro, la respuesta no se hizo esperar. Jordi Turull, secretario general de JxCat, acusó a Pere Aragonés de “hacer recular” el independentismo, el exconvergente considera que “no se puede actuar unilateralmente al margen del acuerdo del Govern”   

Desde luego, el jaleo que hay entre independentistas es más que considerable. Ahora bien, el sentido común y la lógica política (no siempre coincidentes) nos dicen que, ni el horno está para bollos, ni hay que dar saltos mortales sin red. Mientras que en ERC, aunque dan una de cal y otra de arena, parece que han optado por el pragmatismo, las dos almas que conviven en Junts luchan por imponer su criterio. De momento, da la sensación que son los más hiperventilados los que están ganando la partida. Lo peor es que no están dispuestos a aprender de sus propios errores y dicen estar decididos a volver a las andadas.

La cuestión es que salir del Govern supondría para Junts muchos más inconvenientes que beneficios. Por ejemplo, JxCat es un partido en construcción y necesita consolidarse; esa tarea siempre es mucho más fácil a cubierto desde las instituciones que si se está a la intemperie. Su presidenta está suspendida a la espera de juicio, el secretario general está inhabilitado y los consellers no son diputados. Por lo tanto, si salen del Govern lo tendrán muy complicado para conectar con la ciudadanía. Estamos a siete meses de las elecciones municipales y eso puede ser una ventana de oportunidad para empezar a pisar territorio. Además Junts puede pescar algún alcalde en los restos del naufragio del PDeCat. Da la sensación de que en el partido postconvergente no se han enterado de la gran utilidad que tiene la caja de resonancia que significa estar una institución, cuanto más alta mejor. Y si salen del Ejecutivo no serían ni más ni menos que un grupo parlamentario en la oposición… el tercero, por detrás en número de escaños de PSC y ERC. ¿Tendrían entonces mejores condiciones para llevar a cabo su proyecto que estando en el Govern?

Y si alguien piensa que la hipotética ruptura de Junts supondría un adelanto electoral, que se lo vaya quitando de la cabeza. Porque entre otras cosas, el conseller de Economía, Jaume Giró que por cierto es de JxCat, ya está negociando los presupuestos con los Comunes y el PSC siempre estará dispuesto a echar una mano cuando haga falta.

Ahora hay que ver cómo se desarrolla el debate de política general y cómo salva la dirección de Junts el escollo que supone consultar a la militancia sobre la continuidad o no del partido en el Govern. Para empezar, ya llevamos unos días en los que la bronca intergubernamental ha bajado en muchísimos decibelios y, aunque se ha oído algún que otro reproche, como el de Junqueras a Giró por negociar los presupuestos, “con los que no quieren ni la amnistía ni la independencia”, ha sido con sordina. Y por si acaso, Laura Borrás ha reculado y ha dicho que Junts nunca planteó un ultimátum. Menos mal que existen hemerotecas y hacen que las mentiras tengan las patas muy cortas.

Por todo lo expuesto, y alguna razón más que me dejo en el tintero, es por lo que he titulado esta columna como peleas de patio de colegio. Claro que tanto va el cántaro a la fuente que cualquier día ocurre una desgracia.

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 26/09/2022

EL FANTASMA DE LA RECESIÓN ACECHA

 

Nos dijeron que de la pandemia saldríamos todos juntos. Sin embargo, ese compromiso no se está cumpliendo. Desde que empezamos a dejar atrás el coronavirus, no hace todavía un año, vivimos en una incertidumbre creciente. No solo no hemos sorteado la crisis de forma equitativa, sino que las diferencias sociales se han acentuado. Tras la epidemia, como dice el poeta: “la zorra pobre ha vuelto al rosal, la zorra rica al portal y el avaro a sus divisas”;pero es que además la guerra en el Este de Europa ha venido a complicar la situación. Sus consecuencias son difíciles de predecir, y sus impactos económicos se materializan a través de diversos canales: subida de precios de materias primas (energéticas y no energéticas), inflación disparada, caída de la confianza de hogares y empresas, volatilidad de los mercados.. En este contexto, a lgunos organismos económicos ya advierten que en los 19 países que comparten el euro como moneda única, puede haber una bajada temporal del PIB que se sitúe entre el 2% y el 4%, y el Banco de España espera cerrar el año con una inflación que ande sobre el 7,5%.

En el ámbito europeo la situación es complicada. El temor a una recesión debido a que a principios del verano los inversores recelasen de nuevo de los bonos italianos y españoles. Luego, la presión se relajó tras la subida de tipos por parte del BCE. No obstante, en opinión de algunos expertos, es muy posible que el efecto empiece a diluirse a la vez que crezca el miedo a la contracción económica. Incluso el sacrosanto bono alemán está elevando su rendimiento a niveles de julio pasado.

La inquietud de los mercados está justificada. Las economías de Alemania y Francia, los dos principales motores de la eurozona, han registrado una ralentización de la actividad en el mes de agosto fuera de lo habitual. La práctica totalidad de los indicadores reflejan el empeoramiento de las perspectivas económicas y la menor propensión al consumo de los hogares, como consecuencia de la incertidumbre y de las subidas de precios. El agravamiento de la economía de la zona euro ya se refleja en el euro, que cotiza por debajo de la paridad con el dólar.

Como es natural España no es ajena a lo que sucede en su entorno y, con ese panorama, se hace necesario un pacto de rentas. El aumento del precio de las materias primas supone una pérdida de renta de nuestra economía, que se traduce en una merma de capacidad económica para todos. Desde luego de las empresas y hogares, pero también de las Administraciones Públicas. En estas circunstancias, lo razonable sería que se asumieran las pérdidas de manera equitativa, para evitar una realimentación de los incrementos de precios y costes. Una subida no pactada de precios y salarios podría provocar una pérdida de competitividad exterior, con efectos negativos tanto en el crecimiento económico como en el empleo.

En opinión de la patronal ese reparto de los costes entre empresas y trabajadores ya se produciría (sic). Sin embargo, los aumentos salariales pactados para 2022 en los convenios colectivos registrados hasta marzo se situaron en el 2,4%, por lo que los trabajadores están cambiando una pérdida de su capacidad de compra; mientras que, por su parte, cerca del 82% de las empresas, en el primer trimestre de 2022, aumenteon el precio de venta de sus productos y, en conjunto, sus beneficios han crecido en el primer semestre del año sobre el 65%

Distribuir de forma equitativa los costos de la inflación, entre el poder de compra de los salarios y los márgenes y los beneficios empresariales, además de razonable es imprescindible, y eso solo es posible con un acuerdo entre los diversos actores sociales involucrados. No obstante, las conversaciones del Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), están actualmente bloqueadas y no por voluntad de los sindicatos.

No existe otra fórmula para evitar una etapa prolongada de estanflación (estancamiento de la economía e inflación sostenida) que no sea la negociación y el pacto. Ante este panorama, la sensatez indica que el aumento indiscriminado de precios y no modular los beneficios empresariales, hará que, más pronto que tarde, se asfixie el consumo y si eso sucede perderemos todos.

Como es lógico, las facturas no las pueden pagar siempre las mismas. Si echamos un vistazo a nuestra historia laboral más reciente, veremos que 2021 terminó con una pérdida del poder adquisitivo de los salarios pactados en convenio del 1,3% y que en lo que llevamos de año, el poder adquisitivo de los trabajadores cubiertos por la negociación colectiva ha caído un 6,7%. A todo esto, hay que añadir la fuerte devaluación salarial acumulada durante la última década. Según el Índice de Precios del Trabajo que elabora el INE, el año anterior a la pandemia se ganó un salario real un 6,4% inferior al que se pagó en 2008 por realizar el mismo trabajo. Los salarios pactados en convenio colectivo  crecen actualmente al 2,56% y mientras estamos soportando una inflación superior al 10%.

Las clases medias y populares llevan muchos años haciendo sacrificios y no pueden, como ha ocurrido en otras ocasiones, pagar los platos rotos de una fiesta en la que no han resultado. El Gobierno ya ha puesto en marcha algunas medidas que tal vez sean insuficientes y se tendrán que retocar y plantear otras nuevas. En cambio, las grandes empresas (las que cotizan en el IBEX 35 y otras similares) están obteniendo unos beneficios obscenos y pagando a sus directivos una media de ocho veces más de lo que se paga en Europa por las mismas responsabilidades. Y eso, además de ser inmoral es insostenible. 

Ante esta situación, de la misma manera que hace unos meses Gobierno, patronal y sindicatos llegaron a un acuerdo histórico que dio paso a la reforma laboral; ahora, ante el futuro tan poco halagüeño que se nos anuncia, es razonable pensar en una reedición de aquellas negociaciones, esta vez, en forma de pacto de rentas.   Así, si llega la recesión, al menos, que nos coja preparada.

 

Bernardo Fernández

Publicado en e-noticias 19/09/2022