MORIR DE ÉXITO

 En 1979, con las primeras elecciones municipales de la democracia recuperada, Narcís Serra llegó a la alcaldía de Barcelona. Lo hizo acompañado de un equipo urbanístico liderado por Oriol Bohigas. Era una época en la que había carencia de todo. Las infraestructuras estaban obsoletas, mientras que la movilización ciudadana pedía barrios y equipamientos dignos, pero la caja estaba vacía. En esas circunstancias los nuevos dirigentes de la ciudad tuvieran que buscar la colaboración con el sector privado para sacar adelante proyectos que sin esa cooperación nunca hubieran sido posibles. La triada iniciativa pública, cooperación del sector privado y participación ciudadana fue el embrión de lo que después se llamó “el modelo Barcelona”.

En menos de una década se diseñaron y llevaron a cabo casi un centenar de espacios públicos por todos los distritos de la ciudad. Con ese sistema de actuación se buscaba la redistribución de recursos y una cierta equidad territorial. Esas iniciativas fueron el origen de lo que, años más tarde, sirvió para poner como título a la filosofía de la acción urbanística municipal: “Todos los rincones de Barcelona son Barcelona”.

Las nuevas centralidades fueron el núcleo de lo que más tarde sería las áreas olímpicas que se construyeron en la ciudad. Pero una iniciativa destaca por encima de todas: la obertura de Barcelona al mar.

De hecho, buena parte de los proyectos que se llevaron a cabo con motivo de las Olimpiadas ya se habían diseñado antes de que Barcelona fuera nominada como sede de los Juegos. Pero con la nominación la financiación fue posible y los procesos se aceleraron.

Pasqual Maragall dijo en más de una ocasión que: “la cita olímpica servirá para acabar aquello que las grandes exposiciones de 1888 y 1929 dejaron a medias, Poblenou y Montjuic”. Después de los Juegos la ciudad siguió creciendo porque se había posicionado internacionalmente. La colaboración entre la iniciativa pública y el sector privado que tan provechosa había sido se truncó porque a la ciudad empezaron a llegar los grandes inversores y las reglas del juego empezaron a marcarlas el sector inmobiliario y financiero.

De esa manera, el “modelo Barcelona” que tanto juego había dado durante las dos primeras décadas de la democracia recuperada fue languideciendo. No obstante, ese modelo fue utilizado con gran éxito tanto en el campo académico (escuelas de arquitectura y urbanismo), como en la organización local de muchos municipios. Y es que Barcelona ha sido durante décadas referencia y modelo a seguir para ciudades que quieren crecer de manera equilibrada. Sin embargo, la ciudad agotó su propio modelo.

Quizás por eso, el modelo fue sustituido por “la marca Barcelona” que se impulsó desde el Ayuntamiento. Una marca que está especialmente representada por edificios icónicos como la Torre d’Agbar de Jean Nouvel. Pero ya nada fue igual.

Sea como sea, la sensación que tenemos muchos ciudadanos es que la ciudad está atravesando una crisis que si no se ataja de manera adecuada podría convertirse en crónica y generar decadencia. La situación política, la marcha de empresas, la pandemia o el vandalismo que de forma recurrente reaparece cada dos por tres son factores que inciden negativamente en el desarrollo y en la imagen de la ciudad. Se transmite la sensación de falta de seguridad y de problemas de orden público.    

En este contexto, la administración local debería tomar la iniciativa porque no son pocos los expertos que consideran que el gobierno municipal ha dimitido de algunas de sus responsabilidades. Por ejemplo, liderar los proyectos de ciudad. El urbanismo es antes que cualquier otra cosa político. Y es evidente que desde hace unos años el debate político está brillando por su ausencia.

Por otra parte, la Barcelona real es la Barcelona metropolitana y se necesita un gobierno metropolitano real. La gran Barcelona es plurimunicipal, y ahí se dan las mayores diferencias y desigualdades. Los problemas más graves se están trasladando hacia la periferia. Por lo tanto hay que poner en práctica políticas de redistribución adecuadas para que esa problemática no se cronifique y nos encontremos con una Barcelona rica y otra pobre.

Hemos visto lo que ha sucedido cuando se juega todo a una carta. La pandemia, aunque momentáneamente ha acabado con el turismo. Por eso, hay que hacer una apuesta decidida por la economía productiva, sin discriminar ningún sector, pero atendiendo de manera especial a la alimentación, el deporte amateur, la investigación, la educación y las nuevas tecnologías. Todos ellos son campos donde Barcelona tiene fuerte predicamento y es considerada a nivel mundial.

Hay que recuperar la participación y la cultura de la movilización ciudadana que poco a poco se ha ido extinguiendo.

Y por último, no podemos perder de vista el espacio público de calidad. El modelo ha cambiado mucho desde las placetas duras de los años ochenta; ahora hay que establecer espacios que nos conecten con la naturaleza. Los interiores de islas brindan unas condiciones inmejorables que hay que recuperar y potenciar. Necesitamos, como mínimo, un 40% más de espacio público del existente en la actualidad.

Barcelona tiene capacidad para reinventarse. Lo hizo en 1888, en 1929 y, también, en 1992. Ahora necesita un nuevo empuje para soltar lastre y seguir en el cresta de la ola internacional sin dejar de lado ni a sus ciudadanos   ni a su entorno. De no hacerlo podría morir de éxito, pero no sé yo si el gobierno municipal está por la labor.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 26/04/2021

 

MADRID DESDE LA DISTANCIA

 

Cuando estas líneas salgan a la luz, ya habrá dado comienzo la campaña electoral para las elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid, que se celebrarán el 4 de mayo.

Empezaré este análisis de la situación, sin rodeos, de forma clara y contundente: el mandato de Isabel Díaz Ayuso al frente del Gobierno de la Comunidad de Madrid ha sido un caos, y para corroborar esa afirmación ahí van unos cuantos datos.

Tras año y medio al frente del Gobierno de la Comunidad, el balance de Isabel Díaz Ayuso es: ningún Presupuesto presentado a la Asamblea, una sola ley aprobada para poner en marcha una universidad privada y una reforma de la ley del suelo para facilitar los trámites de los constructores. Iniciativa que ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional por que fue aprobada sin el número mínimo de diputados presentes exigido por el reglamento. Como se puede comprobar un balance legislativo brillantísimo.

Por lo que respecta a los números sobre la pandemia, es decir, en el gobierno de lo concreto, y utilizando los datos facilitados por Sanidad, el pasado 9 de abril, Madrid es la comunidad autónoma con más casos confirmados, 640.656, el 19,18% del total. También es la comunidad con más personas contagiadas que han tenido que ser hospitalizadas y, a la vez, el lugar donde más afectados han tenido que ser ingresados en las UCI. De igual manera Madrid ostenta el triste record de ser la comunidad con más contagios entre el personal sanitario y, por el contrario, de las dosis de vacunas que han recibido Madrid está a la cola de todas las autonomías en vacunaciones realizadas. La campeona es Extremadura que ha suministrado un 88,1%, Cataluña un 87,2%, Navarra un 84,7%, mientras que la Comunidad madrileña se queda en el 83,3%.

Estas cifras nos dan una idea bastante ajustada de la gestión que ha hecho Isabel Díaz Ayuso al frente del Gobierno de la Comunidad de Madrid en el año y medio que ha sido presidenta. Si nos queremos adentrar en un análisis más político y escrutar los motivos que llevaron a la presidenta a convocar las elecciones de forma totalmente inesperada deberemos atender a otros parámetros.

Como por ejemplo que, unas elecciones en Madrid siempre son importantes y, si se me permite una cierta frivolidad, también tienen algo de morbo. Tampoco podemos perder de vista que la Comunidad madrileña tiene una proyección especial y desde hace veinticinco años Madrid ha sido escaparate y banco de pruebas de las políticas del PP. Quizás por eso, algunos analistas han calificado estas elecciones como unas primarias de la generales.

En mi opinión esa afirmación es un tanto exagerada. Ahora bien, no es casualidad que Ayuso busque el cuerpo a cuerpo con Sánchez. En el PP piensan que polarizar la tensión entre Moncloa y Sol favorece a su candidata. No obstante, podría suceder que, aún ganando las elecciones el PP, Ayuso no contara con los soportes necesarios para formar gobierno y es que Pablo Casado ha anunciado que no quiere consejeros de Vox en el hipotético gobierno autonómico, mientras que la actual presidenta se decanta con hacer entrar gestores del partido de Abascal en el sottogoverno.  Si eso ocurre, el enfrentamiento entre Ayuso y Casado estaría servido.

De todas formas hay encuestas que señalan que PP y Vox pueden llegar a obtener un 54% del total de los sufragios. Sí es así que nadie dude que esos dos partidos acabarán pactando, la fórmula será lo de menos.

Pero no son solo los populares los que se la juegan. También Pablo Iglesias ha decidido arriesgar al dejar la vicepresidencia del Gobierno para bajar a la arena de unas elecciones autonómicas. Es cierto que los pronósticos previos a la convocatoria anunciaban que Podemos podía quedar fuera de la Asamblea y los podemitas después de los batacazos del País vasco, Galicia, la escisión en Valencia y la quiebra en Andalucía no pueden permitirse más salidas de pista. Aunque si como parece, Más Madrid, el partido de Iñigo Errejón queda por delante, el fracaso de Iglesias será de los que marcan época. Ya me lo imagino buscando la puerta de salida porque no lo veo sentado en la bancada de la oposición de la Asamblea madrileña.

Tampoco a Ciudadanos les llega la camisa al cuerpo. El fantasma de no llegar al 5% y quedarse fuera de la Cámara tiene cada vez más posibilidades de hacerse realidad, y ellos lo saben.

Por lo que respecta al candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, tiene mucho a ganar y muy poco a perder. De hecho, ganó las últimas elecciones, pero sabe lo que es ser líder de la oposición, porque el pacto PP-Cs le privó de ser el presidente autonómico.  Además, si se observan determinados movimientos parece que el partido socialista está preparando un desembarco por todo lo alto en la Comunidad pensando en el próximo ciclo electoral que será en 2023, pero no nos avancemos a los acontecimientos.

Es posible que al hacer este análisis desde la distancia se me haya escapado algún matiz, pero también es verdad que la lejanía da una perspectiva que no se tiene cuando se está en la brega diaria.

De todas formas, todo está muy abierto. Hemos de ver cómo evoluciona la campaña y si se produce alguna alteración de lo que nos vienen anunciando las encuestas que, hasta el momento, señalan una victoria holgada de Ayuso sin mayoría absoluta.

Como se solía decir en la última página de los cómics en mi juventud: “continuará”.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 19/04/2021

EL QUID DE LA CUESTIÓN

 La política tiene su razón de ser cuando es un instrumento útil para resolver problemas de los ciudadanos y permite mejorar su calidad de vida. En cambio, cuando los intereses personales y/o de partido se priorizan sobre el bien común, la política puede llegar a ser algo tan deleznable como mezquino.

Y eso es lo que sucede ahora mismo en Cataluña. Porque más allá de las diferencias programáticas que existen entre ERC y Junts y hacen que sea difícil llegar a un acuerdo para formar gobierno, existe un problema de fondo que es lo que tiene a la política catalana paralizada.

En efecto, el nudo del bloqueo no está tanto la estrategia a seguir por el nuevo Govern, que, desde luego, tiene su importancia, si no en el reparto de consellerías, empresas públicas y organismos autónomos; y, por consiguiente, en el nombramiento de cargos y la asignación de salarios, con todo lo que eso conlleva.

Esos cargos, más o menos entre bambalinas, es lo que en el argot se conoce como sottogoverno.  De hecho, el sottogoverno es el nexo entre la responsabilidad política y la gestión que llega a los ciudadanos. De ahí, el interés existente en las altas esferas para colocar en esos lugares gente a fin y de confianza. Ellos son el hilo conductor entre gobernante y gobernado. Pero son, sobre todo, los encargados de crear de redes clientelares que tantos réditos electorales han dado a los gobiernos nacionalistas en nuestro país. Ahí es donde de verdad se está jugando el partido porque hay demasiadas cosas en juego.

Según el último informe del Ministerio de Hacienda, sobre el impacto del sector púbico autonómico en la actividad económico financiera, publicado en julio de 2020, Cataluña es la Comunidad con más entes vinculados a su gobierno, un total de 363, seguida de Andalucía, 276, País Vasco, 154 y Comunidad de Madrid, 145.

El interés de que esas empresas y organismos estén controlados por personas afines es muy grande porque tienen una gran capacidad para hacer las contrataciones administrativas que consideren oportunas y, en cambio, los controles a los que están sometidos son muy laxos. En conjunto, a esos organismos se destinaron en 2020, más 21.000 millones de euros. La magnitud de estas cifras nos puede dar una idea de la importancia

De todo este entramado de organismos y empresas conviene destacar, tanto por su importancia presupuestaria, como por la fuerte trascendencia socio-política, dos entes muy relevantes. Uno es el Institut Català de la Salut (ICS) dependiente de la consellería de Salut y que tiene una inmensa capacidad de compra, y otro es la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) que controla los medios públicos de comunicación, con eso está casi todo dicho.

Desde luego, no son pocos ni pequeños los palos que va poniendo en las ruedas Junts para llegar a un acuerdo y formar gobierno. Los adeptos al hombre de Waterloo pretenden que se reconozca a ese oscuro Consell de la República como “Autoridad Nacional” (sic). De la misma manera que buscan la unidad de voto en el Congreso. Algo fuera de toda lógica porque ERC tiene 13 diputados y por lo tanto grupo propio, mientras que Junts solo tiene cuatro y los republicanos, legítimamente, quieren hacer vales esos escaños cuando lo crean oportuno sin condicionantes de ningún tipo.

A nadie se le escapa que la pugna que mantienen ERC y Junts es una lucha por el poder. Por eso, Jordi Sánchez, secretario general de Junts, lanzó días atrás un globo sonda invitando a ERC a gobernar sin que los postconvergentes entren en el Govern.  De lanzarse Pere Aragonés a esa aventura podría suponer dos cosas: una, que los republicanos se viesen obligados a pactar con el PSC y, entonces, deberían renunciar, aunque fuera temporalmente, a algunos de sus postulados y esa sería la coartada perfecta para que el independentismo más hiperventilado los tratase de traidores y botiflers, que es lo que andan buscando los acólitos de Puigdemont. O bien que Aragonés tenga que mendigar una y otra vez los apoyos parlamentarios de Junts y deba actuar, como ya hizo Quim Torra, como president vicario.

En Junts saben del pánico que a los republicanos les entra solo de pensar que pueden aparecer ante su parroquia como los malos de la película en ese culebrón inacabable en que se ha convertido el procés. Por eso, los de Puigdemont, cada día que pasa, hacen subir el precio de sus votos para investir a Pere Aragonés. Además, en ERC están acomplejados. Lo hemos visto estos días con la sustitución de Jaume Alonso Cuevillas por Aurora Madaula para la segunda secretaría de la Mesa del Parlament, los republicanos han anunciado su voto favorable…, sin negociar nada. En las circunstancias que estamos, eso no es ni buenismo, es candidez o miedo a la reacción del otro, y lo digo con toda la suavidad de que soy capaz.

De todas formas, tranquilos y que no cunda el pánico. Unos y otros sabrán frenar a tiempo y pactar lo que haga falta para que el carro no se despeñe por el pedregal. El apartamento en la Costa Brava y la casa en la Cerdanya se han de preservar. Son los símbolos de un estatus y una manera de entender la vida que, por encima de todo, se han de preservar. Ese es el quid de la cuestión.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 12/04/2021

 

EL FEDERALISMO ES LA SOLUCIÓN

 En estos días de recogimiento para los creyentes y de relajo y cierta holgazanería para todos, me ha parecido oportuno aparcar, por una vez, el comentario mordaz y la crítica a la acción política cotidiana, para hacer una breve reflexión sobre cuál puede ser la solución al problema que como sociedad y país tenemos pendiente de resolver desde el siglo XIX: la organización territorial del Estado.

Tanto España como Europa tienen en su estructura organizativa muchos aspectos federales. Desde 1978, nuestro país ha evolucionado desde un Estado centralista y unitario hacia un sistema fuertemente descentralizado, donde los gobiernos, a excepción de las diputaciones, son escogidos directamente por los ciudadanos. En ese contexto las Comunidades Autónomas se han consolidado como importantes centros de poder. Es cierto, sin embargo, que a lo largo del tiempo se han producido disfunciones y distorsiones del modelo, pero eso se podría corregir si tuviéramos un Senado que fuera una auténtica Cámara territorial, cosa que ahora no sucede.

Por otra parte, a lo largo de estos años, tampoco se clarificado de manera clara y concreta una distribución efectiva de las competencias entre las distintas administraciones ni la financiación de las mismas. Todo ello, constituye una fuente de tensiones constante y supeditado al albur de los gobiernos de turno. Por eso, una reforma de la Constitución en sentido federal resolvería problemas y, por consiguiente, nos ahorraría disgustos.

Desde hace años, las encuestas y estudios de opinión, con leves oscilaciones, acostumbran a indicar que, tanto en Cataluña como en el resto de España, el 40 % de la población consultada se muestra a favor de una reforma de la Constitución en sentido federal, mientras que el 60% restante se distribuye en posiciones diferentes, algunas enfrentadas entre sí. En consecuencia, el planteamiento federalista es la fórmula que genera más consensos para llevar a cabo una renovación de nuestro sistema organizativo e institucional.

Una de las excusas, que con más frecuencia han esgrimido los contrarios a esa reforma, es la tensión que se generaría entre los ciudadanos que habitan en distintos territorios. Los que así lo ven no comprenden que el federalismo no es un obstáculo para la igualdad, todo lo contrario, la facilita. El reconocimiento de la diversidad y la singularidad no tiene nada que ver con la igualdad de derechos de todas las personas. En una federación todos los ciudadanos tienes los mismos derechos a unos servicios básicos. De la misma manera que tienen derecho a gastar de diversas maneras unos ingresos fiscales. Dicho de otro modo: federalismo es el derecho a la diferencia sin diferencia de derechos.

Con esto no quiero decir que el federalismo sea la panacea, ni mucho menos. Los problemas no desaparecen de un día para otro en ningún sistema democrático; tanto da si es federal como si no. Se trata, pues, de gestionar nuestras discrepancias en una sociedad integrada y con unas bases de relación en pie de igualdad, con unas reglas de juego claras aceptadas por todos y con lealtad institucional.

De todas formas, no avanzaremos en la dirección adecuada, mientras los soberanistas de aquí y de allí prefieran movilizar a sus partidarios con proclamas patrioteras avivando el enfrentamiento para obtener unos pingües réditos electorales. Hoy en día, plantear batallas por la soberanía nacional cuando ningún Estado en Europa tiene una política económica autónoma, un ejército independiente del resto o una moneda propia, es algo que, en mi opinión, no tiene sentido.

También resulta un contrasentido apoyar una Europa federal a la vez que se rechaza una España federal. No es razonable querer eliminar fronteras con otros países y querer levantarlas en el propio. Como tampoco es lógico pretender que los otros rebajen sus afanes nacionalistas y nosotros no estemos por rebajar el nuestro.  Los símbolos y las emociones siguen siendo mayoritariamente nacionales. Sin embrago, la política y las transacciones lo son cada vez menos.

Como ha dicho en reiteradas ocasiones el filósofo alemán, Jürgen Habermas, cuestiones como los combates contra la desigualdad o las crisis migratorias no se pueden afrontar desde el estado-nación porque son de tal magnitud que no se puede dar respuesta a los grandes problemas que ha conllevado la globalización de manera individualizada. Me parece innecesario recordar aquí como se ha tambaleado Europa, por la falta de coordinación entre los Estados, con la llegada a nuestras costas de gentes desesperadas en busca de un futuro, no digo mejor, simplemente, un futuro.

Soy consciente de que no estamos en el momento más apropiado para llevar a cabo una reforma de semejante calado. Ni la coyuntura política ni la situación socio económica son favorables. No obstante, tengo la firme convicción que un federalismo que supere el concepto de estado-nación es el mejor antídoto contra el repliegue identitario y el nacional-populismo en ascenso en toda Europa y también entre nosotros. Además, es la manera más adecuada para organizarnos institucionalmente y gobernar en tiempos de globalización, a la vez que progresamos, sin codazos, de forma conjunta.

Quizás hoy no es posible, pero vayamos diseñando como queremos que sea nuestro futuro en común porque más pronto o más tarde el mañana llegará y las bagatelas y mandangas que ahora nos atenazan no van a durar toda la vida.

Y como dice el poeta: “si la inspiración llega mejor que nos encuentre con los codos sobre la mesa”.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 29/03/2021

AMNISTÍA NI EN BROMA

 

Tengo serias dudas sobre la conveniencia de aplicar un indulto a los líderes del procés condenados por sus tropelías políticas. En cambio, tengo muy claro que jamás se les ha de conceder una amnistía porque eso sería tanto como legitimar el discurso independentista, darles la razón y una invitación a la barra libre y al “ho tornarem a fer”.

A diferencia del indulto, que extingue la responsabilidad penal actuando sobre la pena derivada de un delito (la persona sigue siendo culpable, pero se le ha perdonado el cumplimiento de la pena), la amnistía actúa sobre el delito mismo. Por ello, la amnistía suele tener efectos retroactivos y, entre otros, extingue toda responsabilidad penal o civil y anula los antecedentes penales. Por ese mismo motivo es general, dado que actúa sobre todos los que cometieron ese delito, y no sobre individuos concretos.

La amnistía suele suponer un nuevo planteamiento sobre la conveniencia de prohibir o sancionar una conducta. Por esa razón, las leyes o actos de amnistía son más frecuentes en momentos de fuertes cambios sociales o de regímenes políticos y, en ocasiones, se asocia al perdón de presos políticos.

Debería ser innecesario decirlo aquí pero ha de quedar claro que no estamos, ni por asomo, en un cambio de régimen, pero quiero dejarlo por escrito no sea que alguien tenga alguna duda.

He traído a colación el tema de la amnistía porque el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, en unas recientes declaraciones y con su habitual tono chulesco dijo que “Los problemas no pueden posponerse, tenemos una situación pandémica y de crisis económica brutal, pero sigue habiendo gente en la prisión de manera injusta y salvaje, también en el exilio, y creemos que la mejor manera es presentar la ley de amnistía para limpiar el tablero, poder hacer política y lo único que espera esta propuesta son contrapropuestas políticas, no esperamos ni indultos ni silencios cómplices, sino empezar a hablar de política”; además el portavoz de Esquerra ha lanzado una amenaza afirmando que “Esquerra tomará decisiones” y ha recordado que son “imprescindibles” para sacar adelante según qué leyes.

No quiero pensar que el portavoz de ERC en el Congreso está proponiendo cambiar medidas de gracia por apoyos parlamentarios. Eso sería, además de inmoral, indecente y no creo que alguien que se llena la boca todos los días hablando de democracia se le ocurra semejante vileza. Somos muchos los ciudadanos que ya estamos cansados y sentimos hartazgo por el nivel tabernario de las intervenciones y declaraciones de señor Rufián y de otros individuos de su mismo pelaje político y nivel intelectual.

Personajes así, aunque cueste creerlo, abundan. Sin ir más lejos, días atrás, Jair Domínguez colaborador habitual de TV· y Cataluña Radio pedía, medio en broma, medio en serio, “gente dispuesta a morir por Cataluña”, pero la cosa no se acaba ahí, otra iluminada como Pilar Cárdenas que también colabora en TV3 y en RAC1, está promocionando a la banda terrorista Terra Lliure por las redes sociales con una pancarta en la que se puede leer: “Contra las fuerzas de ocupación, organización y lucha. Pueblo catalán armado. Pueblo respetado”.  Y como estos hay bastantes más. Ya sé que estos mensajes con frecuencia se maquillan con desenfado y se dicen en tono supuestamente humorístico, pero el recado se ha enviado y no todo el mundo tiene la misma capacidad para discernir lo que se dice de veras y lo que no.

Esos personajes que tanto amenazan y despotrican, harían bien documentándose un poco antes de opinar. Quizás es que no saben o no recuerdan que los días 6 y 7 de septiembre de 2017 una mayoría parlamentaria, que no social, vulneró los derechos civiles y políticos de la oposición en el Parlament de Cataluña y de los ciudadanos que representaban. Sin que les temblara el pulso aprobaron la legislación para celebrar un referéndum de autodeterminación sin garantía jurídica alguna, que debería dar lugar, automáticamente, a la proclamación de una república independiente. Entonces nadie dijo nada de sentarse a hablar ni a negociar con los representantes de los ciudadanos disconformes con aquel camino ilegal por anticonstitucional y antiestatutario. Al contrario, el desprecio a la minoría y a todas las opiniones y dictámenes legales, como los organismos del Parlament de Cataluña y el Tribunal Constitucional, pasando por el Consell Consultiu fueron una constante en aquellos días aciagos.

Después, el 20 de septiembre vino la concentración ante la consellería de Hacienda, entonces ubicada en Rambla de Cataluña que fue convocada por las rede sociales. Allí se destrozaron varios vehículos de la Guardia Civil, se produjo el asedio a una comitiva judicial que estuvo retenida casi 18 horas en la sede de la consellería y tuvo que salir saltando por los terrados de los inmuebles vecinos. Pocos días más tarde se llevó a cabo el simulacro de referéndum.

Aquellos polvos trajeron estos lodos. Los responsables de todos esos acontecimientos fueron los máximos dirigentes políticos del país, y precisamente por eso, no pueden argumentar desconocimiento o ignorancia. Porque de sobras fueron asesorados y avisados de los riesgos que podían correr.

Dejémonos de marear la perdiz, de martingalas y declaraciones chulescas y amenazas que en nada ayudan a rebajar la tensión que tanto está enrareciendo la situación. Por más que algunos se empeñen no va haber independencia, no va haber referéndum de autodeterminación y ni siquiera habrá amnistía.

Por lo tanto, sugiero que los que sueñan con entelequias se den un baño de realidad y, por el bien de todos, empiecen a trabajar con rigor y pragmatismo. 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en El catalán 23/03/2021

SER O NO DE IZQUIERDAS

 

Con la elección de Laura Borrás como presidenta del Parlament la XIII legislatura de la Cámara catalana ya está en marcha. Borrás fue elegida por mayoría simple, con los votos de su formación Junts y los de ERC. Poco ha importado a los republicanos votar para tan alta magistratura a una persona que está imputada por un delito de presunta corrupción. En plena campaña electoral del 14 F Oriol Junqueras dijo que “si Borras tuviera el carné de ERC no iría en sus listas”. Sin embargo, ahora la han votado para que sea la segunda autoridad de Cataluña. Eso nos puede dar una idea del respeto y la consideración que tienen en ERC por las instituciones del país.

La nueva singladura política catalana no ha empezado bien. En el discurso de toma de posesión la flamante presidenta habló de “guerra sucia del Estado español contra Cataluña”, de “represión” y de “completar el camino hacia la liberación nacional”, entre otras perlas. El alegato fue cualquier cosa menos conciliador y de mano tendida.

El candidato del PSC a la presidencia de la Generalitat, Salvador Illa, está decidido a presentarse a la investidura, aunque no parece que, en principio, tenga los apoyos necesarios. Si no los logra, será Pere Aragonés, salvo imprevistos, quién ocupe la máxima magistratura catalana. Más de 80 años después el sueño de ERC se hará realidad y un miembro de ese partido volverá a presidir el Govern de la Generalitat.

Estos días se están llevando a cabo negociaciones para formar Govern. De momento, los antisistema de la CUP se han descolgado porque según parece se sienten ninguneados. Por lo tanto, el nuevo Ejecutivo será una copia de la misma coalición del Govern anterior que fue un fracaso total. Eso sí, en esta ocasión, y atendiendo a los resultados electorales, se invertirán los papeles.

Como he escrito en alguna otra ocasión, no hay ninguna razón objetiva para pensar que, un gobierno que anduvo a la greña gran parte de su mandato y que acabó como el rosario de la aurora, vaya a adquirir en una nueva edición concepto de equipo, lealtad institucional y sentido de Estado, aspectos indispensables para ejercer como un ejecutivo eficaz y competente. O sea, justo lo que no fueron capaces de hacer en el anterior mandato.

Ahora hay que ve si Pere Aragonés forma un Govern eficiente y para todos o solo para el 26% del censo (los que votaron independentismo). Si opta por un Ejecutivo integrador y con visión de futuro, deberá diseñar una estrategia que siente las bases para detener el declive económico, recuperar la conciliación interna de la ciudadanía catalana, la defensa de la seguridad jurídica, que revoque los estragos que está generando la pandemia y que facilite el retrono de las 5.000 empresas que trasladaron sus sedes. Así se empezaría a recuperar el prestigio de Cataluña y su cohesión social, el bien más preciado de este país.

No soy partidario de echarle agua al vino. No obstante, no podemos pecar de ingenuos y la historia reciente nos dice que ERC siempre ha preferido pactar con la derecha antes que con la izquierda. Además, los republicanos llevan cinco años en el Govern y no han revertido ni uno solo de los recortes que llevó a cabo Artur Mas.

Oriol Junqueras ha dicho en reiteradas ocasiones que “el PSC es el partido más antagónico que hay en Cataluña para ERC”. Debe ser porque su aspiración es ocupar el espacio socialdemócrata que ocupan los socialistas catalanes. El problema para los republicanos es que el PSC tiene una mala salud de hierro y si pudo aguantar la embestida del primer procesismo, y ahora, después de haber ganado las elecciones al Parlament, más vale que los de ERC se dejen de sueños imposibles y admitan la realidad porque hay PSC para rato, mucho rato.

De todas formas, los republicanos ni siquiera se han molestado en tantear un acercamiento a las izquierdas. No lo han hecho con el PSC, pero tampoco con En Comú Podem, con los que ni siquiera han tenido la deferencia de cederles un sitio en la Mesa del Parlament y eso que, aunque lo hubiesen hecho, el independentismo hubiera conservado la mayoría en ese órgano.

La cuestión de fondo es que ERC no comparte casi ninguno de los valores primordiales de la izquierda. No se puede ser verdaderamente de izquierdas si se subordinan las políticas sociales una y otra vez a las pulsiones identitarias. No se es de izquierdas si se pacta de forma sistemática con la derecha. ERC es un partido tradicionalista y menestral.  Su base política es la tradición y una historia hecha a medida, mientras que su interés por el progreso es más bien escaso.

Todo eso puede ser muy respetable, no lo pondré en cuestión. Ahora bien, de ahí, al internacionalismo de la izquierda clásica, a la lucha de clases, hoy tan necesaria como siempre, aunque sea con otros nombres, a la lucha por al justica social y la igualdad de oportunidades hay una inmensidad.

Pero si alguien, aún no lo tiene claro, que analice las políticas que hace ERC teniendo en cuenta aquella máxima de Winston Churchill que dice: “dime que presupuestos apruebas y te diré que política practicas”.

En una próxima ocasión lo comentamos.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 22/03/2021

¡¡ AYUSAZO!!

 

Los que siguen de cerca la política nacional sabían que la situación de Murcia podía estallar en cualquier momento. Quizás por eso, no extrañó demasiado que socialistas y Ciudadanos llegasen a un acuerdo para presentar una moción de censura en la Asamblea murciana.

De hecho, las elecciones autonómicas de 2109 las ganó el PSOE. Sin embargo, un pacto de las derechas permitió a PP y Cs formar gobierno con el apoyo externo de los cuatro diputados de VOX.  Lo que nadie había previsto es que Fernando López Miras, presidente del PP en la región y, también, presidente en la Comunidad, lanzara una OPA sobre los diputados de Ciudadanos. Según parece la propuesta de López fue tan sustanciosa que tres de los seis parlamentarios cambiaran de opinión y de bando, a cambio de un cargo en el Gobierno y tal vez alguna prebenda más que quizás nunca conozcamos. Ante esa situación, el fantasma del tamayazo, que en 2003 años sacudió los cimientos de la política madrileña para favorecer al PP, ha vuelto a sobrevolar los ambientes políticos.

Pocas veces, como ahora, se ha hecho tan evidente que un acuerdo entre partidos políticos puede ser papel mojado.  En 1998 se firmó el primer pacto anti transfuguismo que se renovó en los años 2000, 2006 y 2020; en ese tiempo lo han suscrito hasta 22 organizaciones, entre ellas PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos, pero vemos que cuando conviene algunos se olvidan de lo que han firmado.

De todas formas, y con todo el respeto para la región de Murcia y los murcianos, este affaire no hubiera tenido mucha más trascendencia si no hubiera habido transfuguismo y la moción se hubiese sustanciado como está perfectamente pautado en la normativa parlamentaria. Pero un par de horas después de saltar la noticia a los medios, se descolgaba la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunciando el cese de la mitad de su Gobierno (los consejeros que pertenecían a Ciudadanos), disolvía la Asamblea madrileña y convocaba elecciones. En cuanto la izquierda tuvo conocimiento de las intenciones de Ayuso, reaccionó rápido y presentó dos mociones de censura, una Más Madrid y otra el PSOE.

Qué fue primero el huevo o la gallina debieron preguntarse los letrados de la Asamblea y, por eso, interpusieron un recurso al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para que paralizara la convocatoria de elecciones. Sin embrago, el Tribunal, reunido de urgencia, emitió una resolución unánime desestimando las medidas cautelarísimas solicitadas por la Mesa de la Asamblea por lo que es válida la convocatoria electoral, y el 4 de mayo los madrileños serán llamados a las urnas.  

Es muy pronto para hacer conjeturas y habrá que ver cómo evolucionan los acontecimientos. Ahora bien, es fácil deducir que todos estos movimientos puedan desestabilizar la ya de por sí inestable situación política española.

Está por ver cómo encaja el golpe Ciudadanos, pero el futuro no parece nada halagüeño para la formación naranja. De momento ya ha empezado el trasvase de cargos de Cs al PP. Fran Hervías que fue secretario de organización con Albert Rivera ya ha anunciado que deja su acta de senador y se pasa a las filas de los populares y se espera que en los próximos días otros responsables políticos de Cs sigan los pasos de Hervías.

La estocada final le puede llegar a los de Arrimadas con las elecciones madrileñas, porque Ciudadanos tiene en la Comunidad más 600.000 votos que serán un bocado muy apetecible para el PP e, incluso, una parte para el PSOE y se hace difícil pensar que en la situación actual CS los pueda retener.

Además, a nivel de la política estatal, un Cs estable podría jugar, en un futuro más o menos inmediato, un papel bisagra fundamental. Todo depende de si ERC se empeña en poner al Gobierno de Sánchez las cosas más difíciles de lo que ya están, pero con Ciudadanos en caída libre quién sabe el rumbo y las decisiones que puede tomar la dirección de un partido en vías de extinción.  

A modo de justificación, Inés Arrimadas, en comparecencia ante la prensa, dijo que había llamado a Pablo Casado para asegurarle que lo de Murcia, bajo ningún concepto se repetiría en Madrid. Sin embargo, el líder de los populares hizo oídos sordos a la presidenta de Ciudadanos y dio total soporte al órdago de Ayuso. De esa manera, para bien o para mal, el tiempo lo dirá, Casado y Ayuso han unido su futuro político.

Si el PP resulta vencedor el 4 de mayo todo serán felicitaciones y parabienes, aunque el precio sea derechizar más, las ya de por sí políticas ultra liberales que se practican en la Comunidad madrileña para congratularse con VOX. Si por el contrario Ayuso, aunque gane, no puede mantener la presidencia de la Comunidad por falta de aliados, pierde, en el PP van a caer chuzos de punta y a Casado le van a llover palos de todas partes.

En la calle Génova hace tiempo que el malestar y la inquietud son evidentes. Entre el descalabro en julio pasado en las elecciones vascas, los cantos de Bárcenas, el intento de vender la sede central para ahuyentar los malos espíritus, el vía crucis judicial que está desangrando al partido y los resultados en las elecciones catalanas, el horno no está para bollos.

Solo les falta ahora jugar a la ruleta rusa. Con Arrimadas desaparecida en combate y Casado fagocitado por los suyos, ya veo a Santiago Abascal líder de la oposición.

Que Dios nos coja confesados.

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 15/03/2021