ECHAR EL RESTO

Los secesionistas catalanes saben que el tiempo se les acaba. Parece sorprendente, pero ellos solos se pusieron la soga al cuello al pronosticar que en 18 meses Cataluña sería independiente. En junio se cumplirá ese plazo y, a juzgar por cómo están las cosas, no es descabellado pronosticar qué de independencia, nada de nada.

Por eso, es de esperar que en estos meses que quedan hasta el verano, los independentistas echen el resto para forzar al máximo la situación. También es verdad que no ayuda a serenar los ánimos la judicialización de la política que se está haciendo desde el Estado.

Llegados a este punto, sería deseable que todas aquellas fuerzas, tanto políticas como sociales, que no están por la secesión redoblaran esfuerzos para poner de manifiesto las falacias con las que nos quieren embaucar. No debemos perder de vista que los interesados en ruptura, si alguna virtud tienen es la de la perseverancia, y, por consiguiente, utilizarán todo cuanto esté en su mano para cantar y contar las supuestas bondades de la secesión

Para la política catalana, el año 2016 ha sido convulso e intenso. Este nuevo 2017, se presenta con más dudas que certezas, si bien todo parece indicar que el conflicto irá in crescendo. En esas circunstancias, está por ver quién da su brazo a torcer.

De hecho, para muchos el margen de maniobra es de tres meses.  Después de ese tiempo, casi 400 cargos electos independentistas deberán desfilar por los juzgados acusados de diversos actos de desobediencia relacionados con el proceso independentista. Por eso, entre los secesionistas menudea la opinión de que una vez iniciado ese calvario judicial el diálogo será, definitivamente, imposible.

Desde luego, sea cual sea el final de toda esta historia, es incuestionable que el proceso secesionista ha fragmentado la situación política en Cataluña, está fracturando la cohesión social, y empiezan a aflorar riesgos tanto para la convivencia como para la economía.

Sería absurdo negar que la independencia es una opción legítima. De hecho, así lo afirmó el Tribunal Constitucional en una sentencia emitida tiempo atrás. Ahora bien, no tiene en la sociedad catalana el arraigo suficiente para hacerla realidad. Si para reformar el Estatut hacen falta 2/3 de los diputados del Parlament de Cataluña, carece de lógica que con una mayoría simple se quiera proclamar la independencia. Es evidente que nadie daría validez a ese sin sentido. Pero es que además se situaría a las instituciones catalanas fuera de la legalidad.

Para los secesionistas la independencia es un bien superior, sean cuales sean sus costes. Nada que objetar. Sin embargo, no todos los catalanes somos de la misma opinión. En consecuencia, los dirigentes que propugnan esa salida como solución a todos nuestros males, tienen la obligación de explicar a la ciudadanía, con pelos y señales, los costes y beneficios que deberíamos asumir de triunfar esa opción.

Así por ejemplo, según Jean-laude Piris, director general del Servicio Jurídico de la UE de 1998 a 2010, aquellos que mantienen que la UE incorporaría a una supuesta Cataluña independiente demuestran un desconocimiento craso, tanto del derecho aplicable como de las realidades políticas en los Estados miembros de la UE.

Suponiendo –que ya es suponer- que aquí unos descerebrados proclamasen una declaración unilateral de independencia) (DUI) y se solicitase la integración de Cataluña como miembro de la Unión, tan solo se podría admitir la candidatura si cumpliese determinadas condiciones, tales como ser un Estado europeo o tener en cuenta los criterios de elegibilidad acordados por el Consejo Europeo. Pues bien, para poder ser reconocido como tal, sería necesario que a Cataluña la reconocieran los 28 Estados miembros de la Unión. Bastaría que uno solo negara ese reconocimiento para que el mismo no se llevara a cabo, como reza el artículo 49 del Tratado de la Unión Europea (TUE).

Por otra parte, el letrado de la Administración de la Seguridad Social, José Domingo, sostiene que la creación de una frontera entre Cataluña y España conllevaría empobrecimiento, despoblación y envejecimiento demográfico para Cataluña, lo que se traduciría en pensiones más bajas.

Es evidente que un sistema de Seguridad Social es algo tremendamente complejo y, en consecuencia, resulta imprescindible regular perfectamente la financiación, quienes son los sujetos a proteger, cuales las prestaciones, y cuales los requisitos que dan derechos a las mismas entre otros asuntos no menores.  Asimismo, sería interesante saber cómo se calcularían las pensiones de los catalanes, de dónde saldría el dinero para pagarlas, cuál sería el nivel de protección social, o bien si la gestión de esa teórica Seguridad Social sería pública o privada. Son cuestiones que los nacional soberanistas no han explicado jamás. Como mucho han dicho que las pensiones en una Cataluña independiente podrían ser más elevadas que las actuales, sin razonar ni cómo ni por qué.

Justo es decir que Cataluña transfiere dinero a otras comunidades (éste es el cacareado tema de las balanzas fiscales). Ciertamente hay que buscar soluciones, que haberlas hay las. Ahora bien, no es menos cierto que las mencionadas balanzas fiscales tienen una conexión muy profunda con las balanzas comerciales.

El Centro de Predicción Económica, financiado, por siete comunidades autónomas, hizo público un informe en julio de 2015, según el cual Cataluña fue la autonomía con un saldo más positivo (unos 14.700 millones de euros en 2014) en las transacciones comerciales con el resto comunidades autónomas. ¿Alguien es capaz de pensar qué con una independencia de por medio en Cuenca o en Villanueva de los Caballeros (pongamos por caso) comprarían de igual manera los productos provenientes de Cataluña, al menos a corto y medio plazo? O ¿Estarían dispuestas las empresas asentadas en nuestro país a renunciar a un mercado potencial de casi 40.000 millones de personas qué es España?

En definitiva, se podría hacer una lista mucho más larga y exhaustiva de las falsedades utilizadas por los independentistas para llevar el agua a su molino. Pero considero que lo expuesto aquí es suficiente para calibrar la magnitud de la cuestión y tomar conciencia de lo que está en juego.

Por eso y porque en pocos meses nos jugamos mucho, es necesario que los líderes de opinión, políticos o no, que me consta contemplan con estupor el proceso, se desperecen y salgan a la palestra a decir en público, lo que dicen en privado.

Es el momento de contraponer a la demagogia y a la falsedad, el razonamiento coherente, la lógica y la verdad argumentada. Ahora,  les toca, también, echar el resto a los que no creen en entelequias. No vaya a ser que cuando nos queramos dar cuenta ya sea demasiado tarde.

Bernardo Fernández

Publicado en e-notícies.cat 13/01/17

HACER DE LA NECESIDAD VIRTUD

Me ha sorprendido gratamente el cambio de talante con que el Gobierno del PP está afrontando algunas cuestiones en este inicio de legislatura. Cambio, sin duda alguna, motivado por la nueva correlación de fuerzas existente en el Congreso de los diputados. Cierto. Pero, cambio al fin. Con el tiempo y el devenir de los acontecimientos sabremos si ese movimiento es sincero o, simplemente, un postureo.

Parece que los populares han decidido hacer de la necesidad virtud. Por eso, me ha generado un moderado optimismo la voluntad de dialogo mostrada por la Vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, así como el nombramiento de Enric Millo, como Delegado del Gobierno en Cataluña.

Conocí a Millo siento portavoz adjunto de Unió en el parlamento catalán, y puedo dar fe de su afabilidad, capacidad de dialogo y voluntad para llegar a acuerdos.

Frente a esa predisposición, sorprende la actitud del Presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que pide dialogo con “la condición de que no haya condiciones” y, simultáneamente, exige “bilateralidad” porque “el pueblo catalán se lo ha ganado”. Sin comentarios.

No le falta razón al delegado del Gobierno cuando sostiene que hay cosas que deben negociarse directamente entre el Gobierno central y el catalán, mientras que otros asuntos es mejor tratarlos en comisiones multilaterales. Y eso es, justamente, lo que hizo el Vicepresidente, Junqueras, asistiendo al Consejo de Política Fiscal y Financiera, celebrado recientemente. Sin embargo, Puigdemont se niega a asistir a la conferencia de Presidentes autonómicos convocada para el próximo 17 de enero. Sin duda, evidente disparidad de talantes.

Ciertamente, no ayudarán los desaires ni una pretendida superioridad moral a desencallar el conflicto. Pero tampoco, la judicialización de la política, sacralizar las normas establecidas y el menosprecio al otro, son factores para el entendimiento.

Pues bien, con este panorama de fondo, algunos opinan que la oferta de dialogo, hecha por el Gobierno para encauzar el “problema catalán”, llega tarde y, además, es insuficiente. Es posible, pero, en cualquier caso, siempre es preferible el dialogo, aunque sea raquítico, la negociación y el pacto a la algarada en la calle, la falta de respeto a los símbolos institucionales y al desprecio a la legalidad que es lo que sucede cuando la gobernabilidad de un país se confía a los antisistema.

Ha llegado el momento de decidir: o dialogo o desastre. No hay mucho más.

Bernardo Fernández

Publicado en ABC 21/12/16 

MARTINGALA PRESUPUESTARIA

Días atrás el Vicepresidente del Gobierno, Oriol Junqueras, presentó, a bombo y platillo los presupuestos para 2017.  Justo es decir que son unas cuentas que contemplan un gasto considerable en cuestiones sociales. En concreto se destinarán unos 1.700 millones más de euros que en 2015 a esas partidas. De hecho, un 74% del total del presupuesto tiene como objetivo materias como la sanidad, la educación u otros servicios de índole similar.

En esa presentación Junqueras anunció que su prioridad era la recuperación del gasto social. Eso está bien. No obstante, hay que observar que esas cuentas no revierten la batería de recortes que en 2010 puso en marcha Artur Mas. En conjunto el gasto previsto para 2017, si se aprueban estas cifras, será un 11,7% inferior a los últimos presupuestos del tripartito 2010, comandado entonces por los socialistas.

En aquel año las partidas sociales del Gobierno de la Generalitat sumaron 19.129 millones de euros, mientras que para el próximo ejercicio la inversión prevista es de 16.883.

De todos modos, los recortes siguen siendo el denominador común de todas las partidas. Así, por ejemplo, en sanidad se está en un 10,50% menos de inversión que en 2010, si echamos un vistazo a educación la diferencia es de 9,9% menos respecto al último presupuesto del Gobierno de José Montilla, un 11,7% en promoción social y la friolera de un 44% menos en vivienda.

En cualquier caso, la partida que ha soportado un mayor varapalo ha sido la destinada a reducir las listas de espera. Se ha recortado ni más ni menos que 51 millones de euros. Ahí es nada. Y eso, que Junts pel Sí y los antisistema de la CUP habían pactado un plan de choque según el cual el Departamento de Sanidad dispondría de 96 millones de euros, para reducir las larguísimas listas de espera existentes en Cataluña desde que Artur Mas empezó a ejercer de Manos tijeras.

Con este panorama de fondo, a los anticapitalistas les faltó tempo para anunciar que estos presupuestos, no eran sus presupuestos. Si bien los cuperos celebraron que se haya incluido una partida específica para el hipotético referéndum. A su vez lamentaron que no se haya querido ir más allá en la carga impositiva a las fortunas más elevadas. En consecuencia, esperan que en el trámite parlamentario sus aspiraciones se vean reflejadas, de un modo u otro, cuando, por allá el mes de febrero, se aprueben las cuentas.

Por su parte, el resto de grupos parlamentarios ya ha anunciado iniciativas diversas, que van desde las clásicas enmiendas a la totalidad, hasta impugnaciones o peticiones para que la mesa reconsidere la admisión a trámite de la ley, dado que algunas partidas incumplen la resolución del Tribunal Constitucional (TC). De hecho, los letrados del Parlamento ya advirtieron que, si las cuentas vulneran lo previsto por el TC, no podrían tramitarse.

En definitiva, con este panorama de fondo, no sería de extrañar que después de esta martingala presupuestaria que venimos soportando desde los primeros meses del verano -que fue cuando la CUP se negó a dar su plácet para que las cuentas de 2016 se tramitaran en sede parlamentaria-, ahora nos encontremos que estos presupuestos son recurridos ante el Constitucional, y los ciudadanos de a pie nos quedemos otra vez sin presupuestos.

Desde luego, no sería el fin del mundo, pero la sanidad, la educación o los servicios sociales, entre otros, dispondrían, nuevamente, de menos recursos. En consecuencia, eso equivaldría a un nuevo atentado al Estado del bienestar y de esos hemos sufrido ya unos cuantos. Y todo por la obcecación de unos irresponsables empeñados en practicar lo impracticable.

¿Hasta cuándo estos descerebrados abusaran de nuestra paciencia? Que diría un clásico.

Bernardo Fernández

Publicado en e-notícies.cat 02/12/16

ÚLTIMOS PRESUPUESTOS AUTONÓMICOS

Después de varios meses de reuniones, más o menos discretas, entre miembros de la consejería de Vicepresidencia, Economía y Hacienda y miembros de la CUP, los antisistema han dado su plácet para que los presupuestos de la Generaitat de Cataluña para 2017 inicien su trámite parlamentario.

Esas cuentas, pactadas con los anticapitalistas, llegan trufadas de impuestos que se incluirán en el cajón de sastre que es la Ley de Acompañamiento.

Los hay para todos los gustos. Desde uno para las grandes superficies que pretende gravar los efectos medioambientales u otro que será una tasa turística que recaerá sobre aquellos que se alojen en apartamentos turísticos. Asimismo, se crea otro más con el que la Generalitat grabará “el número de desintegraciones nucleares”. En este caso, se ha reconvertido el antiguo impuesto sobre las nucleares que tumbara el Tribunal Constitucional. Y, como no, se vuelven a querer penalizar las bebidas azucaradas, algo que ya intentó Artur Mas, pero tuvo que desistir ante las fuertes presiones de la industria.

Esta cascada de impuestos castiga de nuevo a las ya muy maltratadas clases medias, familias numerosas y monoparentales. Según los expertos en fiscalidad los nuevos tributos no son nada acertados. Argumentan que la supresión del 1,5% de deducción del IRPF para jóvenes, personas en paro o con hijos a su cargo y que pagan hipoteca es un ataque sin paliativos a las economías más débiles.

En definitiva, unos números hechos para contentar a los que nunca estarán contentos (los antisistema) que, además, podrían ser recurridos si incorporan partidas para iniciativas independentistas, y entonces quedarían sin efecto.

Los presupuestos son el arma más potente y eficaz de que dispone un gobierno para reducir las desigualdades sociales. Sin embargo, todo indica que el ejecutivo de Carles Puigdemont prefiere fantasear imposibles, dejará pasar la oportunidad y no utilizará los dineros de que dispondrá el año próximo para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y combatir las emergencias sociales existentes en Cataluña. Paro, precariedad laboral, pobreza o riesgo de exclusión social son, tristemente, algo cotidiano en nuestra sociedad. No obstante, en la Plaza Sant Jaume no se dan por aludidos.

De todos modos, si la situación no fuera tan dramática, tendría su gracia: para los antisistema estos deberían ser los últimos presupuestos autonómicos. El problema es que, eso mismo dijo Esquerra en 2013 y, ahí seguimos.

Bernardo Fernández

Publicado en ABC 23/11/16

LO QUE NOS ESPERA

Siendo Mariano Rajoy presidente en funciones, en un acto de humildad -que vamos a suponer sincera-, dijo que no aprovecharía la crisis del PSOE para poner condiciones y que trabajará día a día para ganarse la confianza de las otras formaciones presentes en el Congreso, y de los ciudadanos por añadidura.

Pues bien, por cortesía política no entraré a valorar esas palabras, en principio, vamos a conceder al flamante Presidente del nuevo Gobierno, el beneficio de la duda. Sin embrago, lo que no ha dicho Rajoy es que no podrá aplicar el programa electoral con el que acudió a las elecciones del 20 de diciembre, que era prácticamente el mismo de las elecciones del 26 de junio. La razón es sencilla: pocos días después de esos últimos comicios Bruselas cambió algunas normas.

Así, por ejemplo, España, a cambio de librarse de una multa por los continuos incumplimientos de los objetivos de déficit (ni un solo año el ejecutivo de Rajoy se ha ajustado a lo previsto), tendrá su economía bajo un sistema de vigilancia reforzada. Nuestra política económica será tutelada por la Comisión Europea. Es decir, volverán los antiguos hombres de negro de nuevo por Madrid.

Sí o sí, hay que llegar a un objetivo de déficit del 2,2% del PIB a finales de 2018 (lo que significa qué desde finales de este año hasta esa fecha, deberemos hacer un esfuerzo fiscal, uno más —combinación de más ingresos y menos gastos— de unos 24.000 millones de euros). Además, es una obligación imperiosa, de no lograrlo, se nos congelarán fondos europeos por valor de 1.000 millones de euros y se debería pagar una multa, esta vez sin amnistía, de 5.500 millones, lo cual agravaría, aún más, todos nuestros problemas.

Desde el gobierno dicen que de cada 100 euros de dinero público que se gasta el Estado, 63 corresponden a gasto social. Su distribución es la siguiente: 26 euros a pensiones (9,5 millones de pensionistas gastan anualmente 130.000 millones de euros), 14 euros a sanidad, nueve a educación, ocho a otros gastos sociales, y seis a la protección por desempleo. En estas circunstancias, sería bueno que nos explicaran como se van a pagar las misas sin que afecte al Estado del bienestar

Con este panorama de fondo, más pronto que tarde se va a poner de manifiesto la debilidad del PP en un parlamento que va a ser el más hostil y fraccionado a que se ha enfrentado un gobierno en la reciente historia democrática. Por eso, no deberá extrañar que muchos de los debates que allí se produzcan se lleven hasta los extremos, incluso algunos se realicen a cara de perro.

En este contexto, está por ver cómo reacciona el PSOE. El horizonte socialista se ve lleno de negros nubarrones que amenazan algo más que una tormenta política más o menos intensa. Existe el peligro serio de que el socialismo español se convierta en una suma de federaciones, reinos de taifas y baronías, en el que cada cual se preocupe tan solo de su parcela de poder y donde los hilos conductores comunes pasen a ser algo totalmente secundario. De suceder algo así, sería una muy mala noticia. No obstante, una organización con 137 años de vida, que se ha visto en situaciones harto comprometidas y ha sabido siempre salir airosa, merece un respeto y unos cuantos votos de confianza. De momento, hay que esperar y ver si son capaces de sobreponerse a sus contradicciones internas y cerrar heridas.

En circunstancias normales la actual gestora del partido de Ferraz no podrá aplazar indefinidamente el congreso que el PSOE tiene pendiente. Será el año próximo cuando el conclave socialista deba decidir un nuevo proyecto y, a su vez, escoger un nuevo líder. De cómo se haga esa elección, si en primarias por toda la militancia o directamente en el congreso, puede depender, por mucho tiempo, el futuro del partido.

Y mientras, los “podemitas” se frotan las manos y aguardan ansiosos para asaltar el espacio de la segunda fuerza política que los socialistas parecen empeñados en abandonar. De hecho, Pablo Iglesias ya ha anunciado que su formación se debe radicalizar, enfrentase al sistema y ser beligerantes. Considera que, si el PSOE se abstiene en la investidura de Rajoy, obtener el liderazgo de la oposición es cosa hecha.

Ahora bien, de hacer autocrítica y analizar porque perdieron un millón de votos en las elecciones del 26 de junio, nada de nada.

Madre del amor hermoso lo que nos espera.

Bernardo Fernández

Publicado en e-noticíes.cat 07/11/16

CEMENTERIO PARA REFUGIADOS

Estos días lo que se lleva en los medios de comunicación es hablar sobre la fractura de los socialistas, la investidura de Mariano Rajoy,  quien será ministro en el nuevo ejecutivo y otras bagatelas diversas. Todos ellos, asuntos importantes, sin duda, porque de un modo u otro tienen que ver con nuestra vida cotidiana.

Sin embargo, se habla poco o nada y miramos de reojo el drama humanitario que los migrantes viven, un día sí y otro también, en ese mar tan nuestro, el Mediterráneo. Pero, claro, como eso afecta a las conciencias, mejor no tocarlo, aunque los números sean escalofriantes. 

Según informa Acnur  (la agencia de la ONU para los refugiados) al menos 3.800 personas han desaparecido o muerto en el Mediterráneo este año. 2016 es ya, con diferencia, el año más mortífero de los últimos diez, que fue cuando la ONU comenzó a registrar las llegadas y los fallecimientos en esta ruta. Pero es que, además, las llegadas a Europa a través del mar fueron más el año pasado que éste. En 2015 llegaron a las costas comunitarias más de un millón de personas y fallecieron 3.771, algunas menos que este año. La diferencia está, pues, en las llegadas: 327.846, en los diez meses que llevamos de año y, sin embargo, han muerto más en el trayecto. La explicación a este aumento de desgracias se debe al pacto migratorio entre la UE y Turquía que entró en vigor la pasada primavera. Desde entonces, la ruta central Libia-Italia, se ha convertido en la preferida de los traficantes de personas, pese a ser la más peligrosa.

Estamos viviendo la mayor crisis de refugiados que el mundo afronta desde la Segunda Guerra Mundial. En estas circunstancias, es necesario establecer vías seguras y legales para que la llegada de los refugiados sea como lo que son: seres humanos. Una vez aquí, deben encontrar una respuesta humanitaria, mínimamente digna, con atención específica para las necesidades de los más vulnerables, mujeres, niños y personas dependientes.

“A fuerza de desventuras, su alma es profunda y oscura”, dice el poeta, y tiene razón. Primero, por codicia, el Mediterráneo se convirtió en un vertedero y, ahora, por la inacción de nuestros dirigentes en un cementerio para refugiados que cometen el gravísimo delito de huir de guerras y hambrunas en busca de un futuro y aquí les cerramos las puertas. ¡Qué vergüenza!

Bernardo Fernández

Publicado en ABC 02/11/16

ESPERPENTO POLÍTICO

La política española se ha instalado en una situación grotesca. La imagen ofrecida por los socialistas en su último comité federal y en días posteriores, ha sido, además de bochornosa, lamentable.

Por otra parte. tampoco el PP, pese a ser el partido que da y, con toda probabilidad, seguirá dando soporte al gobierno, transmite la seguridad y confianza política que, en momentos como el actual, se requiere. Ahí están los casos Soria, Barberá y ahora los juicios de la trama Gürtel y las tarjetas “black”, con nombres que lo fueron todo en la política española, bajo el paraguas de los populares, para sembrar zozobras más que razonables ante la nueva etapa de gobernabilidad que ha de abrirse ya en nuestro país.

Pero es qué si echamos un vistazo a los partidos emergentes, aquellos que iban a traer savia nueva a la vieja política y desterrar los malos hábitos, no se puede decir que estén por la labor.

En efecto, Podemos está viviendo una fuerte crisis interna como consecuencia de sus malos resultados el 26-J. Esa situación ha provocado un duro enfrentamiento entre sus dos máximos dirigentes, Iglesias y Erejón, la suerte de los “podemitas”, ha sido que el desmoronamiento socialista está ocultando temporalmente sus dificultades.

Tampoco en Ciudadanos andan demasiado bien, pese a la voluntad mediadora de su líder Abert Rivera. La ropa no les llega al cuerpo ante la posibilidad de nuevas elecciones y las expectativas de perder un buen puñado de escaños.

Y en Cataluña seguimos imperturbables hacia el abismo. Ahora se anuncia un nuevo referéndum, esta vez vinculante, pactado o no con el gobierno central, para, lo más tardar, septiembre de 2017. Se demoniza a un consejero e incluso se le amenaza gravemente en las redes sociales por defender la españolidad de la cultura catalana. Mientras el gobierno, que dice ser de gente de orden, se sostiene por un partido que se declara antisistema. Pues bien, a eso algunos lo llaman coherencia, tolerancia y hacer bien las cosas.

Hay quien opina que cada sociedad tiene los políticos que se merece. Discrepo. Considero que una mayoría de ciudadanos españoles son gente progresista, formada y tolerante. Sin embargo, nuestros dirigentes actúan como si de un país tercermundista se tratase. Por eso, el mundo occidental nos contempla estupefacto y es que estamos padeciendo un auténtico esperpento político.

Esa es la realidad, aunque a muchos nos duela.

Bernardo Fernández

Publicado en ABC 12/10/16