Una de las cuestiones de fondo que más preocupa la ciudadanía, en
especial cuando se ha superado la frontera de los 50 años, es el sistema
público de pensiones. Y es que las pensiones, junto con la sanidad y la educación
son tres pilares básicos del Estado del bienestar. De hecho, estos tres ejes
vertebradores son los signos de identidad de la izquierda en general y de la
socialdemocrácia en particular.
Pues bien, a pesar de que España se incorporó más tarde que la mayoría
de países europeos al proceso de desarrollo histórico del Estado social, se ha
llevado a cabo un gran esfuerzo en los últimos 30 años para ganar el terreno
perdido en el ámbito de las políticas sociales.
En este contexto, el sistema español de pensiones, después de tres
décadas de reformas y adaptaciones permanentes, ha ido elevando su capacidad de
cobertura y ha llegado a dar cobijo a más de 9 millones de pensionistas. Pero
con la llegada del Partido Popular y haciendo valer su mayoría absoluta al
Congreso de los Diputados el gobierno puso en marcha una contrarreforma que ha
hecho que nuestro sistema sufra los cambios más trascendentales llevados a
cabo, en esta materia, hasta el momento y, desgraciadamente, no para mejorar la
calidad de vida de sus beneficiarios.
Muchos lo advirtieron, pero no sirvió de nada: la mal llamada reforma
de las pensiones del actual gobierno, fue una auténtica chapuza. Los números
hablan por sí solos. Cuando Mariano Rajoy llegó a la Moncloa encontró 70.000
millones de euros en la hucha de las pensiones, ahora la cifra anda sobre los
30.000 millones, de seguir a ese ritmo queda poco más de un año de hucha. La
pregunta es obvia ¿Y después qué?
A pocas semanas de unas nuevas elecciones, el PSOE ha querido poner el
tema sobre la mesa, de ahí que su responsable económico, Jordi Sevilla, haya
dicho: “o impuestos o recortes. No hay más alternativa”. Es decir, propone crear una tasa sobre
impuestos ya existentes para sufragar parte de las pensiones. Y lo plantea d
ese modo porque los impuestos no pueden ser finalistas. Y añade: “las pensiones
no deben vincularse exclusivamente a la población activa sino a la riqueza
general del país”.
No le falta razón a líder socialista. Las arcas de la Seguridad Social
se están quedando vacías, los salarios cada vez son más precarios y eso es
sinónimo de cotizaciones más bajas, además la población cada vez tiene una
mayor esperanza de vida, lo que equivale a más tiempo para cobrar la pensión,
por tanto, sólo cabe buscar nuevas vías de financiación.
Lamentablemente,
todos los indicadores económicos nos dicen que nuestra economía será incapaz de
generar puestos de trabajo suficientes para que las cotizaciones que se generen
cubran las necesidades creadas. Casi la totalidad de las previsiones augura, en
el mejor de los casos, un ritmo tibio de crecimiento económico en los próximos
años. Incluso con una clara recuperación de la actividad, la creación de
puestos de trabajo no será suficiente para absorber el destrozo hecho en los
años de crisis financiera. Se da por hecho que una parte del paro es
estructural, prácticamente imposible de eliminar, aunque el PIB crezca,
incluso, muy por encima de lo previsto.
En
cualquier caso, conviene aclarar que si hemos llegado a esta situación es por
nuestro modelo de desarrollo, con una economía de poco valor añadido y donde
los salarios cada vez tienen menos peso en el conjunto de las rentas. De hecho,
estos son algunas de las consecuencias de la aplicación de las políticas
neoliberales por los gobiernos estatales, siguiendo las directrices de la Unión
Europea.
De todos modos, no podemos perder de vista que los servicios sociales
–y las pensiones públicas de jubilación pertenecen a ese ámbito- ni pueden estar sometidos a la lucha
política, ni deben ser una mercancía a disposición de aquellos que la puedan
comprar, y tampoco son una asistencia social y en ningún caso una caridad para
aquellos con menos recursos. Los servicios sociales son derechos ciudadanos y
tienen que ser universales, disponibles e iguales para todos.
Llegados a este punto, conviene no olvidar dos cuestiones, no menores:
una, que es urgente la asimilación de todos los regímenes especiales al régimen
general; y dos, se deben aumentar de forma sustancial las pensiones de viudedad
durante el tiempo que exista este tipo de prestación.
Sea como fuere, es evidente que nuestro sistema de pensiones públicas
necesita reformas en profundidad, y esas reformas deben estar orientadas por
los principios internacionales que establece la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) que son: “universalidad,
trato igual, solidaridad social, equidad de género, suficiencia de
prestaciones, regulación y supervisión públicas, gastos administrativos
moderados, participación social en la gestión y sostenibildad financiera a
largo plazo para garantizar las pensiones futuras.”
Visto lo visto, la reforma de las pensiones es necesaria y, en
consecuencia, debe hacerse orientada a que sea la sociedad en su conjunto, y no
sólo la clase trabajadora, la que mantenga a la población dependiente.
En definitiva, ahora nos toca a todos arrimar el hombro.
Bernardo Fernández
Publicado en Crónica Global 01/06/16
