PRESUPUESTOS

El Gobierno de la Generalitat de Cataluña tiene previsto entrar al Parlament los presupuestos para 2016  el próximo mes de mayo. Eso está bien. Así podremos saber si el republicano Oriol Junqueras, desde el Departamento de la Vicepresidencia, Economía y Hacienda que dirige, quiere poner tierra de por medio a las políticas austericidas de Artur Mas o solamente asistimos a un lamentable punto y seguido.

Es verdad que para algunos políticos entre la crisis económica que nos sacude y las relaciones, cada vez más deterioradas,  con el gobierno central hacer presupuestos es una cuestión meramente técnica. Para ellos las posibilidades de establecer prioridades en función de ideologías es prácticamente nula. Sinceramente considero que es un error. Winston Churchill solía decir: “dime que presupuestos apruebas y te diré que políticas practicas”, Tenía razón el mandatario británico. Los republicanos tienen ahora una ocasión de oro, con una nueva coalición, un nuevo presidente y un nuevo ejecutivo para poner sobre la mesa su sensibilidad por las cuestiones sociales, casi inédita hasta la fecha.

Es el momento de marcar las diferencias con el neoliberal Mas-Colell  e incluir en las cuentas para este año, partidas con sensibilidad social y criterios  de redistribución de la riqueza. Y deben hacerlo, primero, para que la CUP apoye ese presupuesto y la legislatura pueda seguir adelante y, después, porque quizá nunca vuelvan a tener una oportunidad como ésta para marcar perfil social.

Claro que Junqueras puede tomar la decisión de seguir la estela presupuestaria de Artur Mas y hacer como hizo él: buscar las facilidades que en su día le dio el PP para aprobar sucesivamente dos presupuestos que sirvieron para desballestar el Estado de bienestar que tanto había costado construir. De ser así, seguro que alguna fuerza política encontrarían, que les diera soporte en ese viaje. Y ha de quedar claro que la decisión que tomen los republicanos, tanto una como otra, será legítima: sí; pero con toda seguridad ésta última sería su suicidio político. No sé si en directo o en diferido (es decir, cuando se celebren las próximas elecciones) pero suicidio, sin duda.

En cualquier caso, la piedra de toque vendrá dada por el pacto firmado con la CUP para que estos facilitaran la investidura y por la resoluciones aprobadas en el plena monográfico sobre la pobreza celebrado días atrás en el Parlament. Ahí el Govern Puigdemont deberá pasar la prueba del algodón en sensibilidad social.

En ese pleno se aprobaron 40 medidas, de ellas 13 por unanimidad, para luchar contra la emergencia social. Ahora bien, sólo tres resoluciones tienen, a día de hoy, el dinero comprometido para llevarlas a cabo, unos 30 millones de euros. Otras de las resoluciones aprobadas ya estaban en el plan de choque firmado entre Junts pel SÍ y la CUP y ascienden a 270 millones de euros. No obstante, todo queda condicionado a que se aprueben los presupuestos y se tenga la suficiente liquidez.

A priori parece mucho dinero para unas finanzas tan asfixiadas como las de la Generalitat de Cataluña. Ahora podremos comprobar la destreza de Oriol Junqueras y su capacidad de maniobra. Veremos si se pone del lado de los inmovilistas que afirman que la situación financiera actual junto con los gastos fijos no admite ningún tipo de variación o, por el contrario, el vicepresidente republicano opta por unos presupuestos con una fuerte carga social.

En mayo saldremos de dudas.

Bernardo Fernández

Publicado en Crónica Global 17/03/16

LA ALCALDESA Y LA MILICIA

Desde hace bastantes años el Ejercito, igual que otras instituciones, acostumbra a montar un estand del recinto ferial del Saló d’Ensenyament que cada año se celebra en Barcelona. Como no podía ser de otra manera, la alcaldesa de la ciudad, Ada Colau hizo una visita al certamen. Hasta aquí todo normal. El esperpento ocurrió cuando la edil se dirigió a dos militares allí presentes y les dijo: “preferiría que ustedes no estuvieran aquí”. Éstos, con sumo respeto y educación contestaron: “muy bien, hasta otra”.

Considero que la conversación fue del todo surrealista y merece alguna consideración. Veamos.

Afortunadamente, vivimos en un Estado democrático y de Derecho, y el Ejército, guste o no, es una institución que forma parte de ese Estado y es, por consiguiente, una parte consustancial de la sociedad. Por otra parte, conviene no olvidar que, a día de hoy, el Ejército, en nuestro país, es profesional y no obligatorio como antaño

Además, el estand que las fuerzas armadas montaron en el mencionado salón tenía por finalidad mostrar a los jóvenes una posible salida profesional incorporándose a sus filas. Asunto, en los tiempos que corren, nada desdeñable. Y como institución que es, ciertamente, el Ejército tiene obligaciones, sin duda, pero también derechos; en consecuencia, explicarse y acercarse a la ciudadanía se enmarca dentro de esos derechos.

La señora Colau  argumentó luego, ante los medios, para justificar su actitud que “en un pleno municipal se había votado pedir a las fuerza armadas que marcharan de Barcelona”.  Pues bien, tengo serias dudas de que en el pleno de un consistorio sean pertinentes votaciones de ese tipo. Hasta donde yo sé, la defensa no es asunto de los ayuntamientos. Cada cosa en su lugar. Pero aunque así fuere, hay canales más adecuados para hacer saber una opinión   que en una visita protocolaria.

Por si todo eso fuera poco, la alcaldesa olvida con demasiada frecuencia que los es de todos los barceloneses, la hayan votado o no. No sólo de aquellos que tienen un gusto, una fobia concreta o un color político determinado. Otra cosa es que Ada Colau haya decidido tener a su “gente” contenta y a los demás que les parta un rayo. Nuestra primera regidora debería tener en cuenta que en política, con frecuencia, tan importante como el fondo, son las formas; y eso, lamentablemente, algunos lo han olvidado.

Bernardo Fernández

Publicado en ABC 16/03/16

EL CATALANISMO POLÍTICO A EXAMEN

Los orígenes del catalanismo político se remontan a la primera mitad del siglo XIX e incluso antes. No obstante, es con el crecimiento de la oposición al modelo centralista del Estado liberal y con el desarrollo del movimiento conocido como la  Renaixença que el catalanismo empieza a tener carta de naturaleza.

Su afirmación como opción política adquiere impulso en el contexto del «desastre del 98».  Aquellas circunstancias fueron terreno abonado para el nacionalismo conservador representado por la Lliga Regionalista. Su irrupción en la escena política española se produce en 1907 con motivo del resonante triunfo electoral de las candidaturas de Solidaridad Catalana, El primer fruto de la presión de los catalanistas  sobre el gobierno central fue la creación en 1914 de la Mancomunidad de Cataluña, presidida por Enric Prat de la Riba..

Según el catedrático de derecho constitucional, ex senador y ex presidente del PSC, Isidre Molas, “durante más de un siglo el catalanismo político ha sido en España un factor capital de renovación, modernización, iniciativa y de libertad”.

Ciertamente, el catalanismo, entre otras cosas, siempre ha pretendido la regeneración democrática de España. A veces, incluso de manera sui generis. Así por ejemplo, tanto en abril de 1931, como en octubre de 1934, aprovechando el desconcierto reinante en el conjunto del Estado, se declara, en la primera ocasión, la República Catalana y, en la segunda, el Estado  Catalán dentro de la República Federal Española.

Sería inútil negar que dentro del catalanismo han existido siempre radicales e independentistas. No obstante, hasta hace bien poco habían sido sectores minoritarios. Es a partir de 2010 y como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre l’Estatut que el secesionismo empieza a despegar de forma nítida. Para muchos, que tenían su soberanismo agazapado en espera de tiempos más propicios, esa sentencia fue la señal de que el Estado de las autonomías se había agotado y había llegado el momento de poner rumbo a Ítaca y crear un Estado propio. Si hiciéramos un listado de los personajes públicos que abrazaron esa idea, la misma resultaría interminable.

La situación política que se genera en Cataluña a partir de esa sentencia del TC  desentierra los peores fantasmas del pasado, y es caldo de cultivo para un estado de malestar generalizado, propicio para enconar, aún más, una situación política ya compleja de por sí. En ese contexto, los profetas del desastre aprovechan para crear un tótum revolútum donde se confunde catalanismo con nacionalismo y donde se quiere transitar del autogobierno a la soberanía plena sin el más mínimo respeto por las reglas establecidas.

Marina Subirats, socióloga y ex regidora del Ayuntamiento de Barcelona, opina que “se ha tensado mucho la cuerda en un sentido y eso ha provocado la reacción de los contrarios”.  No le falta razón a la ex edil; ahora bien, los del otro lado tampoco han sido un ejemplo de flexibilidad y voluntad de acuerdo. Para el ex diputado socialista y profesor de derecho constitucional Joan Marcet, el catalanismo “continua siendo transversal, porque todavía caben derecha e izquierda. Pero se ha dislocado. Los dos partidos de la izquierda tradicional han perdido peso significativamente”.

Es verdad que la cuestión independentista ha polarizado la atención política de la sociedad catalana. Sin embargo, persiste el paradigma catalanista básico, según el cual una mayoría sustancial considera que el actual conflicto con el resto de España, acabará con un pacto, mediante el cual se dotará a Cataluña de más autogobierno.

Los números son elocuentes: en el periodo que va de 1980 a 2015 el catalanismo ha perdido casi 10 puntos porcentuales. En las primeras elecciones al Parlament celebradas en 1980, los partidos autodenominados catalanistas recibieron el 78% de los votos, mientras que los no catalanistas se quedaban en un raquítico 15,6%. En las elecciones del pasado 27 de septiembre, los partidos catalanistas, independentistas incluidos, recibían el 69,3% de los votos y los abiertamente no catalanistas llegaban al 26,5%. Estos datos deberían hacer reflexionar a los líderes de los partidos y a los voceros que pretenden orientar la opinión pública.

Es una obviedad que el planteamiento plebiscitario de las últimas elecciones al Parlament redujo mucho las opciones y los matices quedaron para mejor ocasión. En cualquier caso, se ha puesto de manifiesto que aquel eslogan que hizo fortuna en los ochenta: “Cataluña un solo pueblo”, no es del todo cierto. Al menos, no lo es en el ámbito electoral. En ese espacio hay una división clara que en los últimos comicios favoreció netamente a Ciudadanos. En este contexto aquella aseveración de José María Aznar cuando dijo que “antes se romperá Cataluña que España”, adquiere ahora toda su dimensión.

Hace ya más de nueve años que el ex presidente a la Generalitat, José Momtila, advertía de la “desafección, la sensación de abandono y maltrato inversor sufrido por Cataluña.”  Aquellos polvos trajeron estos lodos y es evidente que esta situación ha generado una “tensión social latente” como apunta el politólogo Ucelay-Da.

De todos modos, en muchas ocasiones resulta difícil establecer la línea diferenciadora entre nacionalismo catalán y catalanismo, No obstante,  cuando hablamos de catalanismo y nacionalismo, deberíamos hacerlo  desde planteamientos políticos claros; hay que diferenciar entre los que quieren el máximo desarrollo competencial y de autogobierno de Cataluña dentro de una España diversa y plural, de aquellos que lo que pretenden es una Cataluña fuera de España. Ese planteamiento es legítimo, ciertamente, pero los que lo propugnan escamotean la verdad. A día de hoy, nadie ha puesto sobre la mesa la verdad de los números, ni han hablado con rigor de las consecuencias de una hipotética separación. Y es que el nacionalismo, guste o no, es excluyente sectario e  insolidario.  En consecuencia, muy alejado del catalanismo.

Sea como sea, siempre he entendido el catalanismo político cómo un elemento regenerador e integrador, de ahí que me considere razonablemente catalanista. Por eso ahora, cuando surgen voceros secesionistas que apuntan sin rubor que la razón de ser  del catalanismo es la independencia, digo: por favor, paren el tren que yo me quedo aquí.

Bernardo Fernández

Publicado en Crónica Global 29/02/16

LAS CUENTAS DE LA FIESTA

Decimos, y es verdad, que las elecciones son la fiesta de la democracia. Pues bien, las fiestas ocasionan gastos y los gastos, tarde o temprano, hay que pagarlos.

Después del último y larguísimo ciclo electoral: elecciones al Parlamento europeo, municipales, autonómicas y generales, los tesoreros de los partidos políticos  han de poner manos a la obra para recomponer las generalmente maltrechas finanzas de sus  formaciones. Excepto, claro está, aquellos que disponen de una caja B para financiarse, pero a eso me referiré otro día.

Si las cosas han ido bien y se ha conseguido una buena representación institucional, las deudas se enjugarán con relativa facilidad. Es el caso de ERC o Ciudadanos que, además de los recientes éxitos electorales, tienen una economía muy saneada.

Si por el contrario, las cosas han ido sólo regular, tirando a mal, como le ha sucedido al PSC, se tendrán que hacer juegos  malabares y negociar, con mucha habilidad y tacto para obtener unas condiciones que permitan amortizar deuda sin sucumbir en el empeño.

Ahora bien, como hayan pintado bastos en las urnas, como es el caso de Unió: con cero diputados –tanto en el Parlament catalán como en las Cortes españolas-  y una escasa representación de concejales, pagar sus deudas será misión poco menos que imposible.

Según un informe del Tribunal de Cuentas fechado en 2013, los demócrata-cristianos deben 17,2 millones de euros. A eso se debe sumar la deuda compartida con CDC cuando eran socios. Y éstos, aunque gobiernan la Generalitat, tienen 13 sedes embargadas, con unos resultados electorales nada brillantes, andan bastante apurados.

Históricamente en Cataluña habían sido La Caixa y el Banco de Sabadell los mayores donantes de crédito a los partidos políticos. Todo quedaba en casa. Sin embargo, desde hace un tiempo el Banco Popular se ha convertido en el máximo financiador de campañas electorales. De hecho, esa entidad dispone de un departamento especializado en esas cuestiones y un sistema específico de análisis de riesgo. Eso les permite evaluar con bastante exactitud el éxito que un partido puede lograr en unos comicios determinados. En consecuencia, el Banco otorgará un volumen de subvención acorde con las expectativas creadas.

Ahora, con unas nuevas elecciones generales en el horizonte,  algunos políticos cruzan los dedos, la fiesta puede  acabar siendo un auténtico drama. Si de ellos dependiera, preferirían que no hubieran fiestas, al menos no tantas.

Bernardo Fernández

Publicado en ABC 23/02/16

HACIENDA SOMOS TODOS

Esta historia arranca en un ya lejano 2007, cuando el juez  José Castro empieza a instruir la causa conocida  como caso Palma Arena, contra Jaume Matas, antiguo presidente del gobierno autonómico de las Islas Baleares. De ahí, se desprendieron más de 25 piezas separadas, una de ellas el caso Noós, en la que presuntamente existe apropiación indebida de fonos públicos, malversación de caudales públicos y fraude a la Administración. La determinación del juez instructor hizo que no le temblara el pulso e imputara a un miembro de la Casa Real, la infanta Cristina de Borbón y Grecia. Algo insólito hasta entonces por estos lares.

Pese a que se intentaron diversas argucias legales para evitar que la infanta se sentara en el banquillo, como por ejemplo el razonamiento de la abogada del Estado que sostenía que eso de qué Hacienda somos todos era tan solo un eslogan publicitario. Al final, Cristina de Borbón ha tenido que pasar por las horcas caudinas y ubicar sus reales posaderas en el banco de los presuntos culpables como cualquier mortal. Y es que, mal les sepa a algunos, Hacienda sí somos todos.

La cuestión es que  la semana pasada se puso en marcha la última fase del caso Nóos, más conocido entre la ciudadanía por el juicio de la Infanta.  La hermana del rey Felipe VI esta acusada de un delito de supuesta cooperación en dos delitos tributarios que habría cometido su marido, Iñaki Urdangarín, mediante la compañía Aizoon, S.L.

El asunto no es ninguna tontería, hay una petición de 19 años y medio de cárcel para el cuñado del rey y de ocho años para su mujer, la infanta Cristina. Hasta el momento, algunos de los efectos colaterales de esa situación, presuntamente delictiva, han sido la desaparición de la web de la Casa del Rey de Urdangarín o la caída del callejero mallorquín de la infanta y su marido. Pero este affaire puede tener consecuencias de mucho más calado, como por ejemplo que la Casa Real salga salpicada en alguna declaración de los muchos investigados o testigos que han de pasar por la Audiencia de Mallorca. Y esto puede ser así porque deberán dar explicaciones a la justicia diversos ex altos cargos de la Zarzuela que, a su vez, gozaron de gran confianza por parte de la familia real.

Todo indica que, a lo largo de la vista oral, se va a desmenuzar una manera de hacer  bastante generalizada durante mucho tiempo en la vida pública española. La lista de autoridades de Baleares, Madrid y Valencia que han de pasar por el juicio es impresionante: Francisco Camps, Rodrigo Rato o Rita Barbará entre otros. También “gente guapa” como presidentes y ex presidentes de equipos de fútbol, ex atletas olímpicos, banqueros  o lo más granado de los constructores habituados a trabajar para las administraciones. O sea, lo mejor de cada casa.

Con este paisaje de fondo, resulta difícil pensar que no existieran ciertas concomitancias entre estos personajes y las más altas esferas del Estado.  En consecuencia, no sería de extrañar que cualquier día salte alguna sorpresa.

Sin solución de continuidad, Jordi Pujol y su esposa, Marta Ferrusola y al día siguiente el primogénito, Jordi Pujol Ferrusola,  comparecían en la Audiencia Nacional para explicar al magistrado de la Mata la procedencia de los dineros que tienen depositados en Andorra. Mientras que padre e hijo estuvieron declarando más de 3 horas respectivamente, la matriarca, Marta Ferrusola, se acogió a su derecho de no declarar. Es decir, colaboración cero.

Hasta el momento el caso Pujol pivotaba sobre dos teorías. Una la defendida por el ex president de la Generalitat, que ha sostenido desde  su confesión en 2014 que el dinero de Andorra provenía de una donación hecha por su padre, “l’avi Florenci” por si en política pintaban bastos, y otra, la sostenida por los investigadores,  que ese dinero tiene que ver con comisiones, mordidas, 3% y otras bagatelas. No obstante, tras la declaración ante el juez de la Mata, ha empezado a cobrar fuerza la posibilidad de que esos dineros tengan su origen en la descapitalización de Banca Catalana.

Sea como sea, las declaraciones de los Pujol en la Audiencia Nacional debieron resultar poco creíbles porque el magistrado de la Mata dictó un auto en el que acusaba a Pujol Ferrusola de mentir y capitalizar capitales de presunto origen criminal. En consecuencia, le retiró el pasaporte, le prohíbe salir de España sin permiso y le obliga a presentarse a los juzgados cada semana.

Ciertamente, resulta difícil decidir cual de los tres posibles orígenes del dinero puede resultar más deleznable. Máxime cuando se trata de un hombre que lo ha sido todo en Cataluña, y durante casi un cuarto de siglo ha estado dando lecciones de moralidad a diestro y siniestro. En su currículum tan solo le ha faltado decirnos a los ciudadanos como, cuando y con quien teníamos que hacer el amor. Seguro que ganas no le faltaron.

Y a todo esto, el Partido Popular, para que quede meridianamente clara su lucha sin cuartel contra la corrupción, no sólo mantiene a Rita Barberá como aforada, sino que la designa para la Diputación Permanente del Senado, de esa forma, seguiría siendo aforada en el supuesto de que se disuelvan y haya que ir a nuevas elecciones.

Y es que los hay que piensan en todo.   

Bernardo Fernández

Publicado en Crónica Global 17/02/16

PACTOS IMPOSIBLES

Los comicios del pasado 20 de diciembre dejaron unos resultados muy difíciles de gestionar. Quizás el bipartidismo imperfecto, que teníamos hasta ahora, no era el mejor de los sistemas, pero el multipartidismo recién instaurado nos ha dejado, de momento, en una situación de ingobernabilidad. Repetir las elecciones no parece la solución más conveniente; sin embargo, y, a juzgar, cómo están evolucionando las cosas, esa probabilidad se va abriendo paso.

Y eso es así porque la gran coalición, al estilo alemán (PP-PSOE con la colaboración o no de Ciudadanos), por la que apuestan algunos poderes fácticos como el económico, es inviable. Ni el PP es la CDU ni el PSOE el SPD y, desde luego, el talante político de los electores españoles nada tiene que ver con el de los germanos. En la hipótesis de que ese gran acuerdo llegara a materializarse, el suicidio de los socialistas sería un hecho y, en consecuencia, dejarían huérfano el espacio de la izquierda que inmediatamente ocuparía Podemos.

Asimismo, hay que descartar un pacto de derechas (PP-Ciudadanos)  con la condición de que los socialistas se abstuvieran en la investidura.  Los de la calle Ferraz han dicho que ni por activa ni por pasiva ellos facilitaran ni a Rajoy ni a nadie del PP el acceso a La Moncloa.

Otra posibilidad sería una coalición de izquierdas (PSOE- Podemos), pero más allá de cualquier consideración, la suma de esos dos partidos no da los 176 escaños que son la mayoría absoluta. Se necesitaría poner en práctica una geometría variable sumamente complicada con la participación de CiU, ERC, y PNV que, a buen seguro, acabaría siendo un auténtico guirigay.

Visto lo visto, la solución más plausible sería incorporar a Ciudadanos al pacto PSOE-Podemos y hacer una coalición de centro izquierda. Esa es la propuesta que hizo Pedro Sánchez en el último Comité Federal y que los suyos recogieron con no pocas reticencias. Tan solo el compromiso, del secretario general, de que cualquier pacto se consultaría a las bases y sería evaluado por el Comité, hizo que la reunión no acabará como el rosario de la Aurora. 

Sánchez ha decidido jugar a todo o nada.  Si el órdago le sale bien será investido presidente, si la coalición no cuaja serán los suyos los que le indiquen la puerta de salida.

Y en mi opinión, lo segundo es más probable que lo primero.

Bernardo Fernández

Publicado en ABC 03/02/16

CARTA ABIERTA A TONI COMIN, CONSEJERO DE SALUD DEL GOBIERNO DE LA GENERALITAT

Hola Toni:

No te engañaré, guardo un gratísimo recuerdo y una cierta nostalgia, también,  de aquella etapa de mi vida en la que siendo yo diputado al Parlament, por el PSC, llegaste tú, ya terciada la legislatura, a ocupar un escaño en representación de Ciutadans pel Canvi (CpC), la plataforma ideada   por Pasqual Maragall para llegar a sectores de la sociedad que no llegaba el partido. Conservo de ti una imagen de parlamentario un tanto vehemente, pero capaz, apasionado, pero eficiente.

Tengo en mi memoria pinceladas de algunos de tus debates con parlamentarios entonces nacionalistas, y ahora independentistas, de Convergencia, les  decías de todo menos guapos. Eras un auténtico martillo de herejes. Para ti, en aquel tiempo, el nacionalismo, o eso me parecía a mí, era peor que las siete plagas de Egipto. Sin embargo, supongo que, cosas de la vida, en cuanto comenzó el declive  de CpC  te afiliaste al PSC. Ya me disculparás, pero a mí esos giros súbitos en la militancia nunca me han acabado de convencer. Por sistema desconfío de los que llegados a una cierta edad, ven de pronto la luz. Bien, sea como sea, te convertiste en afiliado al partido de los socialistas de Cataluña y cuando las cosas empezaron a ir mal y te quedaste sin escaño te acercaste al sector de la organización más cercano a las tesis soberanistas. En principio nada que objetar, cada cual es muy libre de evolucionar como más le plazca, pero no me negarás que tu proceso evolutivo, en cuestiones ideológicas, fue, cuando menos, acelerado. Después, cuando  el PSC inició su caída libre, te diste de baja y a los pocos meses ingresaste en ERC. A punto estuviste de ir en las listas de los republicanos al Parlamento europeo, pero ahí, otro converso, Ernest Maragall te piso el sitio.

Sin embargo, las recompensas siempre llegan a quien sabe esperar  y no incomoda a la dirección, y ERC  te recompensó incluyéndote en lista de Junts pel Sí, primero y como consejero de sanidad después. Casi nada, deberás gestionar el 40%  del total del presupuesto de la Generalitat.    

En mi opinión, una de los mayores errores cometidos por Artur Mas, en el lustro que estuvo al frente de la Generalitat de Cataluña, fue nombrar a Boi Ruiz, expresidente de la patronal Unió Catalana d’Hospitals, como consejero de Salud. Algo así como poner la zorra a guardar las gallinas. Con ese nombramiento, como no podía ser de otra manera, los problemas empezaron a menudear. Sin el menor disimulo, Ruiz intentó reducir el Institut Català de Salut (ICS) a la mínima expresión, para dar entrada  a la iniciativa privada en el sector público de la sanidad. No le tembló el pulso para fusionar  el Institut d’Assistència Sanitària (concertado) y el Hospital Josep Trueta (público), en Girona, con esa fórmula resultaba más fácil derivar pacientes a las clínicas privadas de la región.

De igual manera, se desviaban pacientes, sin el menor pudor, del Hospital de Bellvitge a la Clínica Platón o al Hospital de Sagrado Corazón, ambos, por supuesto, privados. Pero es que lo mismo sucede en la práctica totalidad de los centros de titularidad pública e incluso concertados. El recorte en la sanidad pública  genera negocio en la privada y eso, no lo olvidemos, es promovido desde la Administración.

En esa época estalló  el caso Innova. Una trama colosal de corrupción sanitaria al más puro estilo de la mafia siciliana y en la que están encausados importantes barones convergentes como Josep Poblet alcalde de Vila-seca. Y mientras todo eso sucedía el bueno del consejero de salud siguió en su cargo, sin dar la más mínima explicación y sin que los colores se le subieran a la cara.

Después de toda esta mascarada y otras bagatelas, se hace imprescindible revertir la situación. Para empezar, se deberían reintegrar los 1500 millones de euros que se le recortaron al departamento de Salud entre 2010 y 2014. Asimismo, es urgente resolver el problema originado con el pretendido Consorcio sanitario de Lleida. De hecho, una privatización encubierta. Deberás tomar una decisión sobre el proyecto de venta de datos sanitarios, en teoría, anónimos.  Hay que reducir de forma drástica las listas de espera, ya sea en visitas a especialistas, pruebas diagnósticas o  intervenciones. Y, evidentemente, expulsar de la red de hospitales públicos (SISCAT) a las empresas con ánimo de lucro.

Ciertamente, no lo tienes fácil para llevar a buen término estas reformas. Se necesita, entre otras cosas, dinero, algo de lo que me parece que la Generalitat no anda precisamente sobrada, voluntad, tener las ideas claras, capacidad de dialogo acuerdo y pacto.

Espero que tengas éxito en la gestión, no por ti, sino por los cientos de miles de ciudadanos que necesitan de unos servicios   sanitarios públicos de calidad para poder desarrollar una vida, sencillamente, decorosa.

Atentamente.

Bernardo Fernández

Publicado en Crónica Global 28/01/16