PACTO SOBRE INMIGRACIÓN

 

El traspaso o delegación de competencias por parte del Gobierno central a la Generalitat de Catalunya siempre ha generado importantes polvaredas. Si echamos la vista atrás, veremos las polémicas que provocó la cesión del 15% del IRPF primero y después la del 30%, la crítica que se originó por traspasar a la Generalitat la competencia ejecutiva en materia penitenciaria, la cesión a los Mossos d’Esquadra de algunas competencias en la gestión del tráfico y, como no, el Estatut de Catalunya de 2006 que acabó en el Tribunal Constitucional (TC) y aún estamos pagando las consecuencias.

Después de catorce meses de negociaciones discretas, al fin, hay fumata blanca. Días atrás se hizo público el acuerdo alcanzado entre PSOE y Junts por Catalunya, mediante el cual se delegarán competencias del Estado, en materia de inmigración, ampliando las ya vigentes, a la Generalitat. Para hacerlo realidad ambas formaciones presentaron de forma conjunta una propuesta de ley orgánica en el Congreso.

Los tres puntos fuertes de esa iniciativa son: el control de fronteras –la Generalitat participará además en la instrucción de los procesos de expulsiones, que seguirán siendo responsabilidad del Estado–, la gestión de permisos de residencia y el control de los centros de internamiento de ciudadanos extranjeros.

Me parece oportuno señalar que el artículo 149 de la Constitución señala que la inmigración y el control de fronteras son competencias exclusivas del Estado Ahora bien, el 150.2 permite delegarlas, que no transferirlas. Eso significa que las competencias delegadas se podrían recuperar en caso de conflicto, aunque en España nunca ha pasado y toda competencia delegada ha quedado definitivamente en manos de las autonomías.

Como no podía ser de otro modo, no han faltado los tierraplanistas, en cuestiones del Estado de las autonomías, es decir, PP y Vox que han puesto el grito en el cielo y amenazan con llevar la ley, cuando se apruebe, al TC; si es que se aprueba porque, de momento, no toda la mayoría parlamentaria de la investidura está por la labor. Tampoco es de extrañar que algún que otro ilustre barón del PSOE haya salido a descalificar el acuerdo. Para aquellos que tienen una visión jacobina del Estado, esta delegación puede ser un anatema. Sin embargo, no se trata de ceder competencias, en un Estado descentralizado, la cogobernanza no solo es deseable, es necesaria.  No obstante, nunca llueve a gusto de todos porque para algunos independentistas asumir responsabilidades, pero no soberanía no vale la pena.

Sorprende, sin embargo, que un partido como Podemos, que daba soporte a un hipotético referéndum sobre la autodeterminación, ahora diga que no votará a favor de la ley. En opinión de los podemitas Junts pueda llegar a la presidencia de la Generalitat y aplicar el acuerdo con criterios restrictivos hacia la inmigración.  Que me disculpen los amigos de Podemos pero el argumento resulta naif ya que no evalúa el riesgo que supondría una situación inversa, esto es: un presidente del PP con apoyo de Vox en la Moncloa, me parece que si esa hipótesis se hace realidad, los problemas no serán solo en inmigración y quizás esos no serían de los más grave, gobernase quien gobernase en Catalunya.

Con este acuerdo, el Gobierno gana unas semanas de tranquilidad, aunque la derecha monte otra bronca a cuenta de otra hipotética humillación del Estado. Por su parte Junts había perdido presencia mediática tras la cesión de la gestión de los trenes de Rodalies a la Generalitat y la condonación de una parte de la deuda del FLA; además el Govern tuvo el acierto de dar relevancia a ERC a la hora de explicar los logros a los medios. Ante esa situación, el partido de Puigdemont necesitaba protagonismo para salir en las fotos y el traspaso de las competencias sobre inmigración les pareció idóneo para volver a la palestra.

En la dirección de Junts saben que hacen falta logros tangibles para justificar su estrategia de inflexibilidad ante el Gobierno de España. Con todo, este acuerdo no deja de ser una declaración de intenciones; y como ya se ha indicado más arriba, la propuesta presentada en forma de ley orgánica deberá ser aprobada en el Congreso de los diputados para que sea efectiva y, en estos momentos, no está claro que esa mayoría se pueda constituir. 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en CÒRTUM 11/03/2025

DISTOPÍA POLÍTICA

 

La prepotencia y la soberbia desmesuradas de Donald Trump nos están llevando a un escenario de la política internacional desconocido, al menos, en los últimos ochenta años. No hace ni dos meses que el mandatario norteamericano regresó a la Casa Blanca y ya ha desmantelado los frágiles equilibrios que sostienen las   relaciones entre los países soberanos, basadas en el respeto mutuo y las alianzas

Durante mucho tiempo y en muchas ocasiones esas relaciones han estado prendidas de alfileres, pero la cosa ha funcionado. Y eso nos ha permitido, con algunas excepciones, ir avanzando, hacia un mundo más seguro, con más progreso y más interrelacionado. Sin embargo, desde el 20 de enero de este año —día de la toma de posesión de Donad Trump—, el guion ha sufrido un giro muy sustancial.

Pero no solo nivel internacional, también en cuestiones internas. Siempre se había considerado a EEUU como uno de los paladines de las libertades. Sin embargo, eso ya no es así, en especial desde 2016, cuando Donald Trump ganó por primera vez las elecciones; pero es que ahora, envalentonado por su contundente victoria y azuzado por una cohorte de aduladores, ha declarado la guerra a las libertades civiles: están estigmatizando la libertad de expresión, hasta el punto que niegan la entrada en la Casa Blanca a miembros de Associated Press por hablar del golfo de México y no del de América. Asimismo, han prohibido utilizar en documentos oficiales expresiones como “diversidad”, “género” o “justicia ambiental”. También prevén deportar a millones de personas, despiden a miles de trabajadores en las administraciones federales y han cerrado la oficina de cooperación internacional, además de otros muchos disparates que su equipo de adlátares tiene entre manos.

Da la sensación que el líder yanqui se considera mandatado por alguna fuerza de orden superior y ha vuelto al Despacho Oval para ser el sheriff del planeta. Por consiguiente, tanto da que sean sus vecinos de México o los de Canadá, los habitantes de la Franja de Gaza o Volodomir Zelensky, presidente de Ucrania, todo el mundo ha de hacer lo que dice el inquilino de la Casa Blanca: Trump no negocia, Trump ordena.

Quizás lo único bueno que tiene (si es que tiene algo) es que no se anda con rodeos. Ya anunció en su campaña electoral que quiere anexionarse Groenlandia y recuperar el canal de Panamá. También advirtió que usaría el ejército contra los cárteles de la droga mexicanos.

Uno de los anclajes sobre los que ha evolucionado la geopolítica en las últimas décadas era considerar que el comercio internacional es la mejor vía para aumentar la prosperidad y de esa forma, en algún momento, China se iría pareciendo más a Occidente. Además, no importa qué parte de la producción se haga fuera del propio país mientras el PIB siga creciendo. Sin embargo, Trump no comparte ese punto de vista y todo indica que el proteccionismo que nos llega de EEUU y la política industrial serán la corriente dominante.

Todas las alarmas saltaron cuando se vieron las imágenes de desprecio y falta de consideración de Donald Trump y su lugarteniente en defensa J.D. Vance hacia Vlodomir Zelensky el día que éste acudió a la Casa Blanca a buscar un aliado para negociar una paz justa y duradera. Esa actitud ha hecho que La Comisión Europea planteé un plan de rearme europeo (Rearm Europe) que incluye varios canales. El primero es la creación de un nuevo “instrumento financiero” para proporcionar préstamos a los Estados miembros —respaldados por el presupuesto europeo— con una dotación de hasta 150.000 millones de euros, en una primera fase que podría llegar a los 800.000 millones.  

Pero es que casi sin solución de continuidad EEUU ha dejado de pertenecer a la zona de libre comercio.  Donald Trump ha decidido saltarse el tratado que él mismo negoció y firmó para regir las relaciones comerciales con sus dos vecinos: México y Canadá. Estados Unidos impone aranceles del 25% a las importaciones de productos provenientes de esos países —aliados y amigos—, y algo menores, del 20%, a los productos de su gran rival geoestratégico: China. De esa manera, Trump levanta un muro arancelario contra la integración económica de Norteamérica y abre una era de incertidumbre muy mal recibida por el mercado. Warren Buffett, el inversor más prestigioso de Estados Unidos, se ha referido a los aranceles como “un acto de guerra” y Wall Street sufrió su peor sesión del año y las bolsas más importantes del mundo cerraron con importantes pérdidas.

El caso es que para Europa durante mucho tiempo EEUU ha sido la solución, tanto en el ámbito comercial como en cuestiones de defensa. Sin embargo, ahora Trump se ha convertido en el problema. La economía europea está gripada. Las mayores economías de la UE —Alemania y Francia—son muy dependientes del comercio exterior y, por tanto, vulnerables a la amenaza arancelaria de la nueva Administración estadounidense. Pero al margen del riesgo comercial, el modelo de crecimiento europeo se halla inmerso en una crisis política, social e industrial cuya deriva no parece capaz de corregir. Frente al crecimiento del 2,8% previsto por el FMI para Estados Unidos en 2025, la zona euro apenas alcanzará un 0,8%.

Aunque resulta muy complicado hacer predicciones con personajes de la catadura política de Donald Trump. Se empieza a tener la certeza que estamos entrando en una nueva era y que será con una visión imperial del mundo. No es casualidad que Vladimir Putin esté callado y muy probablemente frotándose las manos porque su adversario de siempre le está haciendo el trabajo sucio, mientras que China aguarda expectante ante el temor de que Trump sea un elemento distorsionador entre el gigante asiático y Rusia.

Veremos cómo evolucionan los acontecimientos. Me gustaría equivocarme, pero me parece que la distopía geopolítica es con lo que vamos a tener que lidiar en los próximos tiempos.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 10/03/2025

LA QUITA DE LA DEUDA AUTONÓMICA Y EL MANIQUEISMO POLÍTICO

La posibilidad de pedir dinero barato al Estado, por parte de las CCAA, se puso en práctica en 2012 con los mecanismos extraordinarios de financiación, creados para que las comunidades no tuvieran que financiarse en el mercado a unos intereses entonces exorbitantes. De aquellas herramientas ahora quedan solo el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), dirigido a las autonomías que no cumplen con las reglas fiscales e incompatibles con cualquier otra fuente de financiación, y el Fondo de Facilidad Financiera (FFF), que se reserva a las regiones que respetan los límites presupuestarios y es compatible con el mercado. Estas líneas hubieran tenido que desaparecer con la vuelta a la normalidad, pero siguen funcionando. Entre 2012 y 2023, los mecanismos extraordinarios aportaron unos 417.240 millones a las arcas regionales. Cataluña es el territorio que más se ha beneficiado de ellos (135.000 millones en la última década), seguida por la Comunidad Valenciana (99.267).

La deuda de las comunidades autónomas anda sobre los 325.000 millones de euros. La mayor parte de ese pasivo está en manos del Estado que es el principal acreedor de los gobiernos regionales. Tiene en su poder un 60% de la deuda autonómica, equivalente a unos 200.000 millones. Cataluña, Valencia y Andalucía acaparan las tres cuartas partes de esta importación, que han acumulado a lo largo de los años a través de los préstamos baratos que el Tesoro empezó a conceder a las autonomías a partir de la crisis financiera de 2008. Ahora, el Gobierno ha decidido abrir el melón y buscar una solución a ese último en el marco de una reforma del sistema de financiación autonómica. Sin embargo, una vez más, el tacticismo político es posible que se imponga al sentido común.

Con estos antecedentes, el Ministerio de Hacienda convocó para el pasado 26 de febrero al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, propuso en la reunión que el Estado asumirá 83.252 millones de euros de deuda de las comunidades autónomas. Se trata de una medida sin precedentes que beneficia a todas las comunidades de régimen común, independientemente de que tengan o no deuda con el FLA u otro mecanismo de financiación extraordinaria del Estado.

El objetivo de esta propuesta, que había sido remitida con anterioridad a las comunidades autónomas, es corregir el sobreendeudamiento al que se vieron abocadas las administraciones autonómicas durante la crisis financiera y que quiere implementar el apoyo que recibió del Gobierno para afrontar la crisis sanitaria derivada de la pandemia o los efectos de la guerra en Ucrania. Con esa quita se podrán destinar a servicios sociales lo que ahora se reserva para pagar los intereses de la deuda. 

Ahora, el Gobierno ha propuesto extender la quita que ha pactado con ERC para Cataluña a todas las comunidades y eso ha puesto en un brete a los barones del PP y es que algunos dirigentes autonómicos populares lo admiten en privado que, si esa iniciativa se confirma, será difícil negarse.

Ante el riesgo de que la unidad de los populares pudiese resquebrajarse en la reunión (CFF) decidió echar mano del más burdo maniqueísmo político; todos los consejeros del PPon un paripé y abandonaron el encuentro una hora después de su inicio.   “No vamos a ser cómplices de las cesiones permanentes al independentismo”, dijo a la salida la titular de Hacienda andaluza, Carolina España, que comparó ante la prensa con el resto de consejeros de su partido; aunque a preguntas de los periodistas, los consejeros no descartaron aceptar la quita en sus respectivas comunidades.

El numerito montado por los populares fue un brindis al sol porque el Gobierno cuenta con la mitad de los votos en el órgano de coordinación fiscal y con el apoyo de Catalunya, Asturias y Castilla La Mancha, el Ministerio de Hacienda sacó adelante el acuerdo de condonación de deuda. Ahora el Ejecutivo tendrá que batir el cobre para aglutinar una mayoría suficiente en el Congreso que valide esa iniciativa para ponerla en práctica.

 

Con todo, la cuestión de fondo es la reforma del sistema de financiación autonómica. El modelo vigente caducó en 2014. Sin embargo, una vez años después no se ha tocado ni una coma, pero con la propuesta de financiación singular, lanzada desde Cataluña quién más y quine menos aguarda expectante. El asunto es tan complejo que ni siquiera en el PP tienen una única opinión. Mientras que comunidades como Galicia o Aragón sostienen que la distribución de recursos se calcula teniendo en cuenta la despoblación, la dispersión y el envejecimiento, otras comunidades como Andalucía, Valencia, la Región de Murcia o Madrid, presionan para dar mayor peso a la población. Si a esta situación añadimos que existe escasa o nula voluntad para sentarse a negociar, pactar y acordar, no nos debería extrañar que, se haga alguna excepción para Cataluña, y el sistema en vigor se mantiene sine die. 

Ya lo vamos a ver pero, en cualquier caso, la bronca política está garantizada.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalumya Press 03/03/2025

LA GLOBALIZACIÓN EN RETROCESO

Hay ocasiones en que las situaciones se encadenan de tal forma que hacen colapsar un hecho concreto. Es el caso de la globalización: empezó a flaquear con la crisis financiera de 2008, aún no nos habíamos recuperado y llegó la pandemia de la Covid, un poco más tarde la invasión de Ucrania y ahora las políticas ultra proteccionistas de Donald Trump van a poner en jaque al espacio logrado por el libre comercio y la libre circulación de bienes y personas; y eso hará que vayamos hacia un modelo de transacciones comerciales más fraccionado y compartimentado que el impulsado en décadas anteriores.

La globalización, como todo, ha supuesto beneficios, oportunidades, y también desafíos. La UE lo tuvo bastante claro desde un principio porque supo aprovechar las oportunidades que brindaba el nuevo paradigma y, a la vez, disminuir sus efectos negativos.

El régimen comercial europeo y los numerosos acuerdos comerciales que se han ido negociando por la Unión hacen que sea, con toda probabilidad, la mejor región del mundo para hacer negocios. Es el principal socio comercial de unos 80 países. Eso da como resultado que la UE sea uno de los principales actores del comercio internacional. Asimismo, es el segundo exportador mundial de mercancías después de China y el tercer importador tras EE.UU. y China. Además, la UE es el primer comerciante de servicios.

En 2022, unos 38 millones de empleos (uno de cada cinco) de todos los existentes en la UE, tuvieron que ver con las exportaciones a países de fuera de la Unión. En España, el 12% del empleo depende de las exportaciones extracomunitarias. Además, la mayoría de los puestos de trabajo españoles relacionados con la exportación son trabajadores altamente cualificados.

Los grandes beneficios de la globalización y el comercio para el consumidor provienen de las importaciones. Los acuerdos comerciales significan que los importadores pagan derechos reducidos. Junto con una mayor competencia, esto significa precios más bajos para productos (ropa, teléfonos inteligentes, televisores, software, automóviles, etc.) y servicios. De igual manera, Los consumidores también pueden beneficiarse de una mayor oferta de productos y servicios.

Se calcula que los precios más bajos han supuesto un ahorro de unos 24.000 millones de euros anuales para los consumidores. Además el nivel de riqueza y la comodidad están aumentando, al tiempo que mejora el nivel de vida.

Algunos expertos en la materia anticipan que la desglobalización puede tener efectos profundos e impredecibles. Es posible que el comercio mundial se desplome en los próximos meses y las transacciones comerciales se verán severamente reajustadas en busca de una mayor autosuficiencia, una dinámica que ya se inició con la pandemia.

Sin duda alguna, la globalización, tal como la hemos conocido, tiene aspectos negativos, no hay por qué negarlo. Ahora bien, su retroceso y/o congelación puede ser peor. El impacto que puede tener esa desaceleración sobre la huella de carbono, con toda probabilidad, será considerable porque va a primar la producción de proximidad y eso pasa por reducir la penalización por emisiones en el transporte. También es posible que, con este nuevo panorama se tienda a recuperar parte de la producción que se había externalizado a terceros países; por lo general, segmentos de la producción de poco o nulo valor añadido.

Es probable que los aranceles que ya ha empezado a aplicar Donald Trump a China sean, algo así como un torpedo en la línea de flotación de la globalización. En este contexto, no deberíamos esperar muchas diferencias de trato entre aliados y adversarios.

El proteccionismo estadounidense está acelerando un cambio estructural en la globalización.  Por eso, empresas chinas, en previsión a lo que pudiese venir, ya hace tiempo que empezaron a trasladar su producción a regiones con menores restricciones comerciales. De hecho, están en una nueva fase de conquista global. Sus compañías tecnológicas vinculadas a la transición verde han empezado a sembrar semillas por infinidad de territorios. Cada poco se anuncia un acuerdo para colocar la primera piedra de una planta de producción de vehículos eléctricos, de baterías, de electrolizadores para la producción de hidrógeno verde o de paneles solares. Mientras tanto, Europa enfrenta un dilema: o proteger su industria automovilística o avanzar en la descarbonización, de manera individual frente a la competencia de los vehículos eléctricos chinos.

Las políticas de Donald Trump están transformando las dinámicas económicas y políticas internacionales. Sus iniciativas, aunque centradas en fortalecer a Estados Unidos, redefinirán las reglas del comercio global y de la cooperación internacional. Los efectos de este cambio estructural, tanto positivos como negativos, se harán más evidentes en los próximos años, marcando un punto de inflexión en la historia económica global.

La cuestión es que las perspectivas son muy poco halagüeñas, más bien todo lo contrario. 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Club Còrtum 25/02/2025

 

LA CONQUISTA SILENCIOSA

A diferencia de EE.UU, que tras la Segunda Guerra mundial se expandió por el planeta haciendo ostentación, casi constante, de su poderío militar y su vocación intervencionista, China hace tiempo que puso en marcha una intensa actividad diplomática implementada con acuerdos comerciales, de financiación y soporte tecnológico con países emergentes o con posibilidades de serlo, haciendo gala de su potencial armamentístico en muy contadas ocasiones. Hace tiempo que la cúpula del Partido Comunista Chino se fijó el objetivo de convertir a su país en la primera potencia mundial en el siglo XX, y para lograrlo, lleva a cabo una conquista silenciosa, mediante una estrategia de penetración en diversas partes del mundo sin levantar polvo ni hacer ruido.

Hace tiempo que entramos en una nueva fase de la conquista global. Por eso, el gigante asiático, en previsión de posibles turbulencias, inició la deslocalización de sus empresas hace más de 30 años.  Es el caso del gigante de los electrodomésticos Haier, que empezó su internacionalización en los años 90. En aquella época las inversiones se hacían en fábricas de zapatos, de manufacturas textiles y productos similares.

Ahora Donald Trump ha puesto en práctica la “diplomacia del chantaje” y está desatando una guerra comercial que nadie sabe adónde nos va a llevar. Sin embargo, China lleva la delantera. Hace años que las empresas del gigante asiático vinculadas a la transición verde se expanden por casi todo el planeta, son punteras en el desarrollo y fabricación de productos tecnológicamente avanzados que tiene una fuerte demanda mundial para combatir el cambio climático o llevar a cabo la transición energética.

Cada dos por tres se inaugura una nueva planta para la fabricación de coches eléctricos, de baterías, de electrolizadores para la producción de hidrógeno verde o de paneles solares, puede ser en España, Alemania, México, Turquía, Brasil o Vietnam, tanto da, es prácticamente seguro que detrás hay una empresa china.

En opinión de Julien Chaisse, profesor especializado en Derecho económico internacional y arbitraje en la City University de Hong Kong, la expansión china va más allá de una reacción ante los aranceles” (…) “Refleja una respuesta estratégica a la fragmentación mundial en las cadenas de suministro” (…) “El plan lleva en marcha más de una década”. (…) “Las empresas chinas se están convirtiendo en actores globales, estableciendo centros de producción fuera de China para evitar aranceles y asegurarse puntos de apoyo económico a largo plazo en regiones como África y América Latina”.

Chaisse considera que las barreras comerciales de la UE y de EE UU están pensadas para “reducir el dominio mundial de China en industrias clave” y cree que, en parte, pueden frenar al gigante asiático. “Pero también empujan a sus empresas a ser más ágiles e integrarse globalmente”. Las compañías estarían mostrando su capacidad de adaptación y planificación estratégica “a menudo subestimada por los analistas occidentales”. Reconfiguran sus operaciones para esquivar aranceles, mantener el acceso a los mercados esenciales, al tiempo que amplían sus relaciones con las economías emergentes. Mitigan riesgos geopolíticos y amplían sus esferas de influencia. Su presencia crece en lugares donde la occidental se desdibuja. Y, al mismo tiempo, establecen sus fábricas en el corazón mismo de Occidente. En 2022, más de 270.000 personas no chinas trabajaban en la UE para empresas chinas. Es muy probable que la cifra siga creciendo.

Para Pekín la exportación de sus tecnologías es la respuesta a las restricciones comerciales que imponen la Unión Europea y Estados Unidos, pero es, también, una herramienta de penetración geopolítica para diseñar un nuevo mapa de relaciones amistosas, de manera preferente, con los países emergentes y el Sur global.

Una de las joyas de la corona en esta expansión masiva es un enorme conglomerado tecnológico del gigante del automóvil Greely en Malasia, se prevé una inversión de unos 9.000 millones de euros para fabricar coches enchufables.

El pasado mes de septiembre se celebró la macrocumbre China-Africa. Asistieron más de cincuenta líderes del continente en la capital del gigante asiático. El presidente chino, Xi Jinping, inauguró el encuentro con un discurso en el que pidió impulsar una modernización respetuosa con el medio ambiente. “China está dispuesta a ayudar a África a construir motores de crecimiento verde”, señaló. Los líderes africanos le reclamaron inversiones que permitan ascender en la cadena de valor. Y el secretario general de la ONU, António Guterres, otro de los invitados, proclamó: “La alianza entre China y África puede impulsar la revolución de la energía renovable. Puede ser un catalizador para transiciones clave en los sistemas alimentarios y la conectividad digital”.

Pocas semanas después era el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, quién aterrizaba en Pekín con la idea de atraer inversión china para nuestro país. Desde luego, no se vino de vacío, pues logró cerrar un acuerdo para desarrollar un proyecto de hidrógeno verde de 900 millones de euros del gigante Envision; y hay otros aún pendientes, como una posible fábrica de baterías de CATL, el mayor productor del mundo, en Zaragoza; y otra de coches enchufables de SAIC en Galicia. En China, Sánchez dejó un mensaje de amistad, tendió puentes y reclamó a la Unión Europea que reconsidere su posición de imponer aranceles de hasta el 47,6% a los vehículos eléctricos fabricados en el gigante asiático (después fueron revisados a la baja, hasta un 46,3%). “No necesitamos otra guerra comercial”, dijo Sánchez. “Tenemos que buscar un acuerdo entre la Comisión Europea y China en el marco de la OMC [Organización Mundial del Comercio]. Todos estamos reconsiderando nuestra posición”.

Estamos ante ese nuevo paradigma y nadie sabe hacia dónde vamos. Sin embargo, parece razonable pensar que la propuesta de colaboración que nos hace Pekín, sin estar exenta de riesgos, es mucho más atractiva y sensata que el todos contra todos y sálvese quien pueda que nos propone el actual inquilino de la Casa Blanca.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 24/02/2025

 

 

APUNTES SOBRE EL NUEVO SISTEMA DE FINANCIACIÓN

El Ministerio de Hacienda ha convocado el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para el próximo 26 de febrero. En esa reunión, el tema inmediato a tratar será la quita de parte de la deuda autonómica, algo que las CCAA esperan como agua de mayo, por mucho que algunos finjan mirar hacia otro lado. No obstante, la cuestión que todos esperan con el cuchillo entre los dientes es la reforma del sistema de financiación autonómica. El modelo vigente caducó en 2014, sin embargo, once años después no se ha tocado ni una coma, pero ahora, con la propuesta de financiación singular, lanzada desde y para Cataluña quién más y quine menos aguarda expectante.

El actual sistema de financiación tiene su punto de arranque en la Constitución del 78. No obstante se ha ido modificando con el paso de los años y los gobiernos centrales. Desde un principio, se acordó que el País Vasco y Navarra recaudasen los impuestos que se generaban en su demarcación; entonces eran muchas las cuestiones urgentes e importantes que había que afrontar y la financiación autonómica no era de las más relevantes. No obstante, desde la perspectiva actual, no parece muy razonable que un gobierno central, ya sea de un país federal o no, ceda la llave de la caja a otras administraciones de rango inferior, a cambio de nada, para que recauden los impuestos en el territorio. Por lo tanto, no es descabellado considerar los sistemas forales de Euskadi y Navarra como anomalías de nuestro sistema.

Tanto el País Vasco como Navarra son lugares con renta y capacidad tributaria por habitante superiores a la media. Sin embargo, las cuantías que aportan a la caja común son sensiblemente inferiores que la de las comunidades que se rigen por el régimen común y eso genera importantes agravios comparativos.

Esa especificidad, les permite disponer de muchos más recursos per cápita para financiar sus servicios públicos. Además, con el paso del tiempo hemos visto que las haciendas forales someten a una presión fiscal algo inferior a la media a sus contribuyentes; tanto las personas físicas como las empresas (he ahí las polémicas "vacaciones fiscales" y las denuncias de competencia fiscal de los territorios limítrofes). De hecho, los dos principales desajustes que reflejan las balanzas fiscales que publica el Ministerio de Hacienda son los de esos territorios. Dada su renta per cápita y necesidades de gasto relativas, deberían contribuir mucho más a la nivelación y la solidaridad interterritorial, como lo demuestran numerosas investigaciones aplicadas y publicadas en los últimos años.

Ante esta situación, lo primero que hay que poner sobre la mesa es la equidad en el sistema de financiación autonómica y el grado deseable de nivelación interterritorial. No se pueden obviar las grandes ventajas financieras que proporciona la metodología con la que se computan los flujos fiscales de las haciendas forales a la hacienda central. Una metodología que, por cierto, no se concreta en la Constitución cuya reforma no exige, pues, cambios constitucionales.

Desde luego, estamos ante un asunto de una tremenda complejidad política que no se puede afrontar desde la ingeniosidad. Pero lo que está claro es que no es de recibo que se tache a los catalanes de tacaños e insolidarios y, sin embargo, corramos un tupido velo con nuestros vecinos del norte.

El sistema de financiación autonómico vigente para las regiones de régimen común, de las que forma parte Cataluña, es complejo y casi inteligible para la mayoría de los mortales. Veamos, por ejemplo, que sucede con el principio de ordinalidad: Cataluña es la segunda comunidad que más aporta, solo por detrás de Madrid, según el estudio “La liquidación de 2021 del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común”, publicado por Fedea. Sin embargo, a la hora de recibir recursos queda relegada a la décima posición. Ante esa situación, es muy lógico pensar que la posición final debería aproximarse más al punto de partida. Es decir, si se es la segunda en aportar que sea la cuarta o la quinta en recibir, ¿pero la décima? Parece excesivo. Y eso no tiene que significar ni favoritismo ni tratos de favor; sino una redistribución más equitativa de la renta disponible.

Ante esta situación de evidente agravio comparativo, parece muy sensata la propuesta que ha puesto sobre la mesa Salvador Illa: crear un Consorcio Estado-Generalitat encargado de recaudar y gestionar los impuestos generados en Cataluña. Posibilidad contemplada en el Estatut de autonomía y que tiene el visto bueno del Tribunal Constitucional.

Con esa fórmula, tendríamos un órgano paritario entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Agencia Tributaria catalana para la gestión, recaudación, liquidación e inspección de los impuestos del Estado recaudados en Cataluña, al margen de los propios de la Generalitat. Además, ese organismo sería clave para resolver algunas discrepancias recurrentes entre la Generalitat y el Gobierno como, por ejemplo, la demora de las entregas a cuenta o la falta de información sobre la recaudación. Administraciones similares ya funcionan en Alemania, donde los länder gestionan todos los tributos mediante sus agencias, también las del Estado federal.

En una cosa coinciden todas las partes: hace falta más dinero para dar cobertura a los servicios que prestan la CCAA. Habrá que ver si el modelo propuesto por Cataluña es en exclusivo para esa comunidad o es exportable a otras autonomías, y si es así a cuales. El tema es de calado. Por consiguiente, ocasiones tendremos para seguir tratándolo con detalle. 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en CÒRTUM 18/02/2025

 

BLANQUEAR A JORDI PUJOL Y RESUCITAR CONVERGÈNCIA

El nacionalismo catalán no anda sobrado de referentes. De ahí la prisa por reivindicar el legado político de Jordi Pujol y blanquear su nombre, aunque se dejan al margen cuestiones tan escabrosas, como la ‘deixa de l’avi Florenci´, que están en manos de la justicia.

Eso explica que, a finales del pasado mes de noviembre, aprovechando que se cumplían 50 años de la fundación de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y 70 de la muerte de Enric Prat de la Riba, presidente de la Mancomunitat y líder de la Lliga Regionalista, se rindiera, en Castellterçol (provincia de Barcelona),  el enésimo homenajea Jordi Pujol.

Allí estaban los convergentes de toda la vida: desde Xavier Trias a Artur Mas, desde Magda Oranich a Feilp Puig, pasando por Núria de Gispert de Unió, expresidenta de Parlament, Josep Rull, actual presidente de la Cámara catalana y un largo etcétera de nacionalistas ilustres, es decir, el “pinyol” del conservadurismo catalán. 

Como es lógico, en el acto no podían faltar los parlamentos y si alguien había pensado que el viejo patriarca se iba a conformar con un discurso de trámite, se equivocaba. Cuando Jordi Pujol tomó la palabra no se anduvo por las ramas ni se dedicó a explicar batallitas. Fue en corto y por derecho. El expresident dejó varios mensajes muy claros. El primero, un baño de realidad para el secesionismo: "Sabemos que Cataluña no será independiente" (…) “se ha visto en los últimos años que esto de la independencia es muy difícil” (…) “Aún hay quien sigue teniendo esas ideas (independentistas), pero sabemos que no lo seremos, como mínimo ahora, ni en diez ni en quince años y ya no podemos pensar más allá”. Lástima que Pujol no dijera eso públicamente en los momentos álgidos del procés, seguro que algún disgusto nos hubiésemos ahorrado. Luego habló de la inmigración que, en su opinión, es un "problema" pues puede poner en "peligro" la lengua, elemento central de la identidad catalana. Ya en clave de partido regañó a los suyos: a su juicio, fue un error 'matar' a Convergència cuando en 2014 confesó la fortuna andorrana. "Tuvimos un gran partido", recordó con nostalgia. "Hicimos política positiva, tanto en Cataluña como en España", señaló. Para el fundador de CDC, hubiera valido la pena mantener el partido vivo y "superar un trauma" del que se siente "responsable". “Me podíais repudiar, pero el proyecto debía seguir” y lamentó que CDC ya no exista, aunque instó a que el hilo convergente continúe, desde otras siglas, sean o no las de Junts, aunque en ningún momento citó a la formación de Puigdemont.

Buena parte del nacionalismo conservador catalán y diversos sectores de la sociedad civil echan de menos a CDC. Aquel partido que tenía capacidad para negociar a derecha e izquierda sin perder ni la compostura ni las buenas relaciones con unos y con otros. CDC en coalición con Unió (CiU) supo llegar a acuerdos con UCD, el PSOE y el PP; esa predisposición, facilitó en diversas ocasiones la gobernanza de España.

Hoy las cosas han cambiado y mucho. Durante un tiempo se pensó que Junts podría ser la continuación de aquel proyecto, pero Carles Puigdemont, con sus palabras incumplidas, sus golpes de timón y su afición a los perfomances ha dilapidado el capital político que acumuló en 2017. El punto de inflexión se produjo en las elecciones al Parlament del pasado mes de mayo. Allí se vio que ni había proyecto ni había más programa que no fuese llegar a la plaza Sant Jaume para ostentar el poder.

Como escribía Milagros Pérez Oliva en un brillante artículo publicado en El País (19/01/25) “Su relación con la política es tormentosa, narcisista e imprevisible. Como Trump, con el que tiene más en común de lo que pudiera parecer. Está demostrando una idea de las relaciones políticas basadas no en la confianza, el respeto por las leyes y la lealtad institucional, sino en la fuerza, incluido el chantaje, y en el recurso permanente a la argucia y la teatralización para colocarse en el centro del tablero”.

Esa situación ha hecho que no pocos nacionalistas catalanes, ubicados en la zona templada del mapa ideológico, piensen que Puigdemont y su núcleo duro son más una rémora que un activo para asumir un rol determinante en la política de Estado. Los giros bruscos de guion no suelen ser bienvenidos y con Junts ya nos estamos acostumbrando a ver como al partido de Puigdemont cambia de bando con suma facilidad en el Congreso de los diputados, sin que les importe sumar sus votos a la derecha y a los ultras.  Tal vez, las alianzas de los “juntaires” con PP y Vox deberían servirnos para recordar que el alma de esa derecha (española o catalana, da igual) está en plena sintonía con la tormenta reaccionaria que sacude Europa.

No me gusta echarle agua al vino, y si como dijo Pujol en el homenaje de Castellterçol hay que mantener vivo el hilo de Convergència que se mantenga, pero que sea el de aquella CDC que negociaba, pactaba y llegaba a acuerdos razonables y beneficiosos para la ciudadanía. No la Convergència del caso Casinos, ni la del 3%, tampoco la del caso Palau de la Música, ni la de las ITV, que de todo hubo en los 23 años en los que el pujolismo fue hegemónico, y ahora algunos quieren presentarlo como modélico.

Las coas por su nombre. Por eso, al pan, pan y al vino, vino.

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 17/02/2025