¿COALICIÓN EN CIERNES?

Después de unas negociaciones al borde del precipicio, Gobierno y Junts han llegado a un acuerdo para aprobar las medidas sociales (subida de las pensiones, subvención al transporte de cercanías, ayudas a los afectados por la DANA y otras iniciativas sociales) que por tacticismo había tumbado la derecha en el último pleno del Congreso. A cambio, los “juntaires” han obtenido unas compensaciones que nada tienen que ver con las prestaciones al conjunto de la ciudadanía. En fin, bien está lo que bien acaba. Ante ese giro de guion, al PP le ha faltado tiempo para decir que apoyará el decreto que presente el Ejecutivo y, cómo es lógico, esa falta de criterio ha descolocado a buena parte de sus barones que temen sufrir un desgaste innecesario frente a los pensionistas. .

No obstante, por si había alguna duda, es evidente que la mayoría de la investidura cada vez es menos mayoría y, además, es más frágil. No es la primera vez que Junts cambia de bando sin que les tiemble el pulso. Y, mucho me temo, que eso va a ser bastante habitual de ahora en adelante.

En realidad, a Junts, la gobernabilidad de España les importa entre poco y nada. El objetivo de los de Carles Puigdemont (quizás el único) es volver al Palau de la Generalitat. Por eso, pactaran con quién sea, lo que sea, si piensan que eso les allana al camino a la plaza Sant Jaume.

En el supuesto de que Pedro Sánchez tuviese que convocar elecciones anticipadas, la victoria de las derechas es bastante probable y eso haría que el Govern Illa perdiese uno de sus apoyos más sólidos: el soporte del Gobierno central, un acicate más para que los neoconvergentes busquen la caída del presidente. Tal vez ese sea el escenario soñado por Puigdemont y sus acólitos.

En algunos conciliábulos políticos se empieza a contemplar como muy plausible, la formación de un gobierno PP-Vox con apoyos externos de Junts. Al fin ya al cabo, los de Alberto Núñez Feijóo y los de Carles Puigdemont comparten el credo neoliberal, es decir, rebajar la presión fiscal a las grandes empresas, limitar cuando sea posible los derechos sociales y desregularizar el mercado laboral son algunos de los ejes. vertebradores de sus políticas, las cuestiones identitarias que les separan parece que, en estos momentos, no son determinantes. Además, es un hecho que a nivel internacional soplan vientos favorables a ese tipo de alianzas.

Al PP no le iría nada mal un pacto con Junts, porque más allá de las coincidencias ideológicas. Los acuerdos con el partido catalán les servirían para blanquear sus pactos con Vox, ya que les daría un barniz de fuerza dialogante capaz de acordar con diversas fuerzas políticas a la vez. 

Según algunos expertos en cuestiones legales, es muy posible que el Tribunal Constitucional decida sobre la ley de amnistía en el próximo otoño. Sí eso es así y la resolución es favorable a Carles Puigdemont, quizás habrá llegado la hora de dejar caer a Pedro Sánchez.

Nada de lo que pueda ocurrir nos debería sorprender. Los nacionalindependentistas acostumbran a dar giros inesperados al guion. Quién no recuerda a Artur Mas acudiendo al notario para dejar constancia, por escrito, de que él nunca pactaría con los populares. Sin embargo, en cuanto llegó al Govern, le faltó tiempo para acordar a discreción con el PP de Alicia Sánchez Camacho. Luego, como, a pesar de todo, le resultaba imposible tapar las vergüenzas de Convergencia se echó en manos del independentismo.

Si Aznar hablaba catalán en la intimidad, no nos ha de extrañar que cualquier día, amnistía mediante, Puigdemont se marque un chotis con Díaz Ayuso de pareja. ¿Por qué no? Más verdes han madurado. Demos tiempo al tiempo.

Soy poco partidario de hacer predicciones a medio o largo plazo porque vivimos en la época de la inmediata y cualquier imponderable puede echar al traste el análisis más riguroso que se pueda hacer. No obstante, en esta ocasión me parece bastante obvio que hay una coalición de derecha y extrema derecha en ciernes. No por casualidad en las altas esferas del poder político y económico, de rango abolengo, ya se frotan las manos, aunque la sabiduría popular nos dice que no conviene vender la piel del oso antes de cazarlo.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 03/02/2025

 

MALA GENTE

Quizás el calificativo que he elegido como título de este artículo a algún lector le puede parecer demasiado grueso. Lo siento, pero cómo calificar sí no a unos grupos políticos que con su voto en contra hacen que más de doce millones de pensionistas pierdan poder adquisitivo o que se congele la subida del Salario Mínimo interprofesional (SMI). Con ese voto en contra se han bloqueado las ayudas del Gobierno al transporte, así que para ir a trabajar, a estudiar o llevar los niños al colegio los ciudadanos se tendrán que rascar un poco más el bolsillo; también se quedan en un cajón un paquete de medidas para los afectados por la DANA de octubre y la protección a personas vulnerables. Eso es lo que hicieron el último pleno del Congreso PP y Junts, con la inestimable colaboración de Vox, al votar en contra del decreto ómnibus 2025 del Gobierno. Si esa actitud no es de mala gente que alguien me lo explique.

Cuando se habla de un decreto o ley ‘ómnibus’ se hace referencia a un texto legislativo que recoge medidas de distintos ámbitos que no guardan relación entre sí. Es lo que ya ocurrió con el real decreto –ley 9/2024 del 24 de diciembre de 2024, y tumbado en el Congreso, que incluía reformas en materia económica, de transporte y de Seguridad Social. 

Desde 2022, se han aprobado hasta ocho paquetes de medidas, cada uno de ellos con reformas de todo tipo que se han ido adaptando a la evolución de la situación económica y social. Algunos de esos decretos incluían ayudas para afrontar las consecuencias de España en la guerra de Ucrania, ayudas para la isla de La Palma tras la erupción volcánica de 2021 o bonificaciones para el transporte, cuando la inflación originada por la invasión Rusia de Ucrania estaba en su punto más álgido.

Tanto en el PP como en Junts se han liado a la hora de intentar explicar su voto y es que es muy difícil explicar lo inexplicable, pero la primera justificación que dio la portavoz de Junts, Miriam Noguera, fue para nota. Según la señora de verbo irrespetuoso y grosero, que tiene la sensibilidad social en salva sea la parte, el voto en contra de su grupo fue porque no quieren que suba el IVA del aceite o del pan, entre otros (Sic) 

La cuestión es que con la polarización política que estamos viviendo, del PP no cabe esperar nada. Los populares están ansiosos por llegar al poder, creen que la estancia de Pedro Sánchez en la Moncloa empieza a tener fecha de caducidad y, además, está muy próxima. Por eso, han decidido que al Gobierno ni agua.

Sin embargo, la actitud de Junts es, hasta cierto punto, desconcertante. ¿Quizás piensan que con un gobierno del PP y Vox las cosas irán mejor para Cataluña? ¿Qué pretende Carles Puigdemont? Tal vez piensa que debe empezar a construir puentes para que cuando le llegue la amnistía ya esté en disposición de negociar, pactar y acordar con aquellos con los que comparte el ideario económico y social, y de los que tan solo le separan las cuestiones identitarias y Eso, a estas alturas, a quién le puede importar. En mi opinión lo que subyace en todo este culebrón es la lucha a muerte por la supervivencia y hegemonía en el mundo independentista y Junts ha escogido la vía de la confrontación con ERC, pero con enemigo interpuesto, aunque dudo de la efectividad de la estrategia cuando se ponen por medio cosas tan delicadas como las pensiones.

De todas formas, Puigdemont haría bien en recordar que hace ahora un año el PP presentó en el Congreso una propuesta que planteaba la disolución de los partidos que promuevan declaraciones de independencia o referéndums sobre esa posibilidad. Asimismo, Feijóo ha solicitado en más de una ocasión la detención del político catalán. Así pues, que cada cual sepa con quién se juega el futuro.

En definitiva, es lógico que los partidos utilicen las armas que tienen a su alcance y les parecen adecuadas para desgastar al adversario, pero, como en todo, hay líneas rojas que no se pueden sobrepasar y las pensiones, el SMI, las subvenciones al transporte. o las ayudas a los afectados por la DANA, forman parte de las cosas de comer y con eso no se juega, no vayamos a tener un disgusto.

 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 27/01/2025

 

FINAL FELIZ

Por una vez, y sin que sirva de precedente, los lectores me van a permitir que aparque las cuestiones políticas y sociales, que suelen constituir el núcleo duro de mis escritos, para que comente el culebrón económico-jurídico que nos ha brindado en las últimas semanas el F.C. Barcelona.

Cuando el pasado mes de agosto, el presidente del Barça, Joan Laporta firmó los contratos de Dani Olmo y Pau Víctor, se sabía que, para poder seguir jugando en 2025, deberían ser inscritos, en La Liga, de forma definitiva, como  muy tarde el 31 de diciembre. Dada la delicada situación financiera del club, la opción más viable era vender los ingresos futuros de unas 200 localidades de los palcos más VIP del nuevo Camp Nou Spotify. Y eso equivalía a un escrupuloso proceso de presentación de documentos en La Liga: los contratos firmados de la operación, una auditoría que confirmara las valoraciones y los correspondientes comprobantes de ingresos como prueba de que la transacción se había ejecutado.

En La Liga hace tiempo que se sienten ninguneados por los dirigentes blaugrana, entre otras cosas, por el affaire que con el Barça Studios montaron, simulando una venta que resultó falsa para ampliar su margen de inscripciones. De ahí que, al faltar el último día del año pasado las correspondientes acreditaciones conforme se había hecho la venta y recibido el dinero, se negaron a tramitar las inscripciones.

Ante la negativa de La Liga y la Federación de fútbol de inscribir a los dos jugadores, el F.C. Barcelona presentó, ante el Consejo Superior de Deportes, un recurso para que se suspendiera de forma cautelar la resolución de La Liga y ha así ha sido: El Consejo estima el recurso del F.C. Barcelona y devuelve las inscripciones a Dani Olmo y Pau Víctor. Por consiguiente, los futbolistas vuelven a tener licencia con carácter provisional, hasta que se resuelva el fondo del asunto, aunque La liga y algunos clubs ya han anunciado que acudirán a la justicia ordinaria para impugnar esa decisión.

Esta vez, de momento, el culebrón ha tenido un final feliz, pero no siempre es así. Por eso, me permito sugerir a los socios culés que no se dejen embaucar por cantos de sirena. Porque Joan Laporta es un ilusionista al que le gusta sacar conejos de la chistera, pero eso casa mal con la realidad cuando se está al frente de una entidad en la que hay que gestionar centenares de millones de euros cada año.

Hace tiempo que la gestión financiera del club inició una deriva errática difícil de explicar. Resulta que mientras nos decían que el Barça era más que un club, el mejor equipo del mundo y tenía la mejor plantilla, la entidad se sumergiría en el proceloso mundo de los números rojos y la bancarrota era el islote más inmediato dónde la institución hubiera ido. a recordar de haber sido una empresa con ánimo de lucro. Si se salvó de una quiebra necesaria fue por ser una institución con profundas raíces en Cataluña y un símbolo de hondo significado. No obstante, todo eso, no nos ha librado de asistir a una demostración bochornosa de falta de capacidad, previsión y rigor en la gestión por parte de su actual presidente: Joan Laporta.

Dice el refrán que “segundas partes nunca fueron buenas”, algo de verdad debe haber en esa afirmación porque justo es reconocer que en el primer mandato de Joan Laporta, como presidente del FC Barcelona, ​​aunque las finanzas no fueron el capítulo más brillante, si Tuvimos el mejor Barça de la historia. Un equipo de fútbol que enamoraba e invitaba a soñar.

Sin embargo, desde que Laporta se hizo cargo del club, por segunda vez, en marzo de 2021, su actuación al frente de la institución ha sido caótica y perturbadora. Es cierto que el anterior presidente, Josep María Bartomeu, dejó al club desnortado y en la UCI financiera —algo que no se ha investigado lo suficiente y por lo que nadie ha asumido responsabilidades—, pero en los ya tres años que Joan Laporta lleva al frente la entidad no está claro que la situación haya mejorado y todo indica que, con sus famosas palancas, está hipotecando el futuro del club.

Este segundo mandato está jalonado de asuntos, tan poco brillantes, como la marcha de Messi, los incumplimientos reiterados de los plazos en las obras del Nou Camp, el sueño de la súper liga que se ha evaporado sin dejar rastro, la defenestración de Xavi como Entrenador, el bochornoso vodevil del jugador de básquet, Heurtel y una veintena de ejecutivos han abandonado el proyecto, mientras que los intermediarios y comisionistas han ganado peso específico a la sombra del organigrama del club. 

La situación del club es delicada, se ha puesto el prestigio de la entidad a los pies de los caballos, mientras que el desbarajuste en la dirección es notorio. Con este panorama de fondo, se debería afrontar la situación con humildad y realismo, pero para eso se hay que proceder con sentido común.   Sin embargo, eso es una quimera porque Joan Laporta entró en el palco de autoridades del estadio Jawhara, donde se disputó la semifinal de la Supercopa entre el Athletic y el Barça, haciendo butifarras, dando golpes y gritando “hijos de puta” “cobardes”. y “sin vergüenzas”, y no se le pueden pedir peras al olmo.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 16/01/2025

 

NO REPITAMOS LA HISTORIA

 

 

Hace poco más de un siglo, algunos países, incapaces de afrontar los graves problemas sociales, en especial el paro, eligieron el camino de la barbarie y el fascismo. Es el caso de la República de Weimar en Alemania; la necedad e incompetencia de sus dirigentes hizo posible la llegada al poder de Hitler y sus adlátares en las elecciones de marzo de 1933. La difícil situación social que se vivía en Europa favoreció el efecto dominó y otras naciones del continente viraron hacia el autoritarismo.

De forma simultánea, algunas democracias liberales supieron impulsar políticas públicas eficaces para afrontar la delicada situación social y conectar con la ciudadanía. De ese modo, países como Estados Unidos, Suecia o Reino Unido se libraron de la barbarie totalitaria y pudieron lograr un nuevo contrato social para alcanzar una prosperidad compartida.

Aquel gran acuerdo fue posible porque se priorizaron las similitudes a las diferencias y se supieron conjugar distintas sensibilidades. Para lograrlo hubo que concitar amplios consensos sociales y hacer renuncias. La experiencia sueca fue singular y sirvió como punto de referencia. En el caso norteamericano fue determinante el discurso de las “cuatro libertades” (libertad de expresión, libertad religiosa, libertad para aspirar a una vida mejor y libertad de vivir sin miedo) del presidente Roosevelt del año 1941. La gran novedad política fueron las dos últimas libertades: aspirar a vivir mejor y vivir sin miedo a la inseguridad económica. Aquella propuesta concitó el apoyo mayoritario de la población. El siguiente paso en la arquitectura definitiva de ese nuevo contrato social para el crecimiento y la prosperidad compartida lo dio el Reino Unido al final de la Segunda Guerra Mundial. Por un lado, el pilar económico, inspirado por el economista británico John M. Keynes, con la aceptación de la responsabilidad del Estado en la gestión del gasto agregado de la economía para mantener el pleno empleo y el impulso a las inversiones públicas para estimular el crecimiento económico. Por otro, el pilar social, inspirado por William Beveridge, economista y político liberal británico, con su defensa de nuevos bienes públicos orientados a garantizar una educación y una sanidad pública universal y gratuitas y seguros públicos de desempleo y jubilación.

En el siglo XIX, entre diciembre de 1851 y marzo de 1852 Karl Mark escribió “El 18 brumario de Luís Bonaparte” que comienza con la conocida frase: “La historia siempre ocurre dos veces, la primera como tragedia y la segunda como miserable farsa”. Por nuestro bien, espero que no tengamos que repetir la historia, pero entre los años treinta y cuarenta del pasado siglo XX y la actualidad existen unas similitudes evidentes.

En estos inicios de 2025, el panorama que se nos presenta no es nada halagüeño. Nos rodean diversos conflictos bélicos que, en cualquier momento, pueden hacer saltar por los aires el delicado statu quo que ha imperado en los últimos setenta años. El inminente retorno a la Casa de Blanca de Donald Trump acompañado, en esta ocasión, por su lugarteniente de facto, un tipo tan arrogante y prepotente, como Elon Musk,   genera inquietud y es muy posible que intensifique su relato y ponga el acento en las políticas sectarias y divisivas que anunció en la campaña electoral; basta con ver los nombramientos para su próximo gabinete y comprender que el margen para el optimismo es escaso. Además, personajes como Javier Milei, Giorgia Meloni o Víctor Orban se sienten más legitimados con un personaje como Trump en el despacho Oval. Y eso es terreno abonado para que los nacional populismos que están surgiendo en Europa, se legitimen y adquieran velocidad de crucero para su expansión.

Por si todo eso fuera poco, Europa tampoco está en su mejor momento. Para empezar el modelo de crecimiento europeo está inmerso en una crisis política, industrial y social a la que no se le ve salida. Las dos grandes economías europeas, Alemania y Francia, están gripadas, solo nos faltaría que las amenazas de Donald Trump de subir los aranceles se hagan realidad. Entonces, en muchas zonas del planeta podríamos pasarlo francamente mal.

Con todo, no quisiera concluir este escrito, sin dejar alguna puerta abierta a la esperanza, al menos, entreabierta: parece que la inflación está bastante bien controlada, los carburantes, a pesar del polvorín que es Oriente Medio, mantienen sus precios de manera razonable y, según los expertos, los intereses seguirán a la baja.

Algo es algo. De momento, quedémonos con eso.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en CÒRTUM club de debat 13/01/2025

¿QUÉ SOCIEDAD HEMOS COSNTRUIDO?

Bien entrado ya el siglo XXI, el mundo rico se hace mayor a marchas forzadas y todos los esfuerzos para tener una natalidad que compense esa senectud son, a todas luces, insuficientes. El envejecimiento de la generación del "baby boom" proyecta un panorama en el que los costos generados por la atención de una población mayor se incrementarán notablemente. Entre los sectores más afectados se encuentran el mercado laboral y los sistemas de salud, que deberán adaptarse a una población cada vez más envejecida.

Hasta el momento, la inmigración es el único factor que está permitiendo amortiguar la imparable curva de la vejez en los países desarrollados. Este impulso, sin embargo, no puede resolver por sí solo todo el desbarajuste demográfico. “Por supuesto que ayuda: es, de hecho, el único canal de ajuste en el corto y medio plazo. Pero difícilmente podrá compensarlo del todo” , opina Uwe Sunde profesor de la Universidad de Múnich y miembro del Instituto Federal de Investigaciones sobre la Población de Alemania.

Ante esa situación me pregunto: ¿qué clase de sociedad hemos construido para que un logro histórico, como es el incremento de la esperanza de vida, que debería llenarnos de gozo y júbilo, se esté convirtiendo en una pesada carga financiera que puede poner en jaque? ¿El bienestar de las generaciones futuras a medio y largo plazo?

Lugares como Corea del Sur, Japón, Italia o España es donde más se acentúa la cuestión. Hasta China, que durante más de tres décadas (hasta 2016) tuvo en vigor la política de un solo hijo por familia para frenar la explosión demográfica, ve que su situación no es la deseada. La India ya le ha arrebatado el título de nación más poblada que ostentó durante más de un siglo. Y eso significa que, a medio plazo, China perderá el modelo de salarios bajos que tantos réditos le ha dado.

Aunque de manera mucho más lenta, los países emergentes también están abocados a asomarse al balcón del nuevo orden demográfico. Con un agregado: tener una población envejecida sin antes haberse convertido en economías avanzadas. “No hay precedentes de nada similar y me preocupa, incluso, más que Europa; no estamos mirando a China ni a India, y es donde más problemas puede haber” , sostiene el prestigioso investigador demográfico y economista Timothy J. Kehoe. El mejor ejemplo, dice, es Pekín: “Su modelo de bajos salarios ha funcionado bien durante 50 años gracias a la emigración interna, del campo a la ciudad. Pero no está claro que vaya a hacerlo a partir de ahora, con la población envejeciendo y contrayéndose” .

Pero si ponemos el foco en nuestro entorno más inmediato, vemos que las sociedades occidentales están envejeciendo de forma exponencial. Europa va camino de convertirse en un enorme geriátrico y, por consiguiente, el modelo que ha estado vigente en las últimas décadas empieza a tener fecha de caducidad. 

Algunos expertos sostienen que para nuestro continente cada vez será más difícil atraer talento. Antes o después, los países emisores también caerán bajo las garras del envejecimiento. Y, quizás lo más importante: cada vez más países —entre ellos, muchos emergentes— necesitarán más mano de obra, en especial la de los mejores perfiles laborales, por lo que dejará de ser una cuestión occidental para convertirse en un fenómeno global.

A día de hoy, en nuestro país, la factura de las pensiones representa más del 13% del Producto Interior Bruto (PIB), pero se estima que esta cifra alcanzará el 16,7% para 2070. En este contexto, la madre de todas las batallas se centran en cómo garantizar unos ingresos razonables cuando se vende del mercado de trabajo por razones de edad. Y aquí la cuadratura del círculo solo es posible si se aumenta la edad de jubilación o se suben los impuestos. No hay más.

Desde luego, estamos hablando de cifras estratosféricas que marean solo de escribirlas. No obstante, no podemos perder de vista que los servicios sociales —y las pensiones públicas de jubilación pertenecen a ese ámbito— ni pueden estar sometidos a la lucha política, ni expuestos a la voracidad de la especulación financiera y, mucho menos, una mercancía a disposición de aquellos que la puedan comprar. Tampoco son una asistencia social y en ningún caso una caridad para aquellos con menos recursos. Los servicios sociales son derechos ciudadanos y tienen que ser universales, disponibles e iguales para todos.

En definitiva, no hay ninguna razón especial para que las pensiones se financien exclusivamente con las cotizaciones de los trabajadores. Toda la riqueza social producida, en la que se incluye el trabajo de muchos años de los actuales pensionistas, debe servir, también, para el mantenimiento de aquellos que, o bien por edad o por cualquier otro tipo de incapacidad, no están en condiciones de trabajar. 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 01/08/2025

 

ARGUMENTOS CONTRA LAS FALACIAS SOBRE INMIGRACIÓN

El pasado día 8 de este mes de diciembre, en esta magnífica ventana que es Catalunya Press, me publicaban un artículo con el título “Inmigrantes, ¿problema o solución?”. Pues bien, algunos lectores se han dirigido a mí para pedirme que, a ser posible, dé más datos sobre la cuestión para poderse hacer una idea lo más ajustada posible a la realidad. Así que, atendiendo la petición, me pongo a ello.

Según Frontex en 2023 llegaron a la UE de forma ilegal unos 380.000 inmigrantes, de los cuales alrededor de 58.000 lo hicieron a España, segundo país en recepción de foráneos después de Italia. Se calcula que unos 3.800 se quedaron por el camino y desde nuestro país se repatriaron casi 4.000 personas.

Diversos estudios corroboran que los inmigrantes aportan a nuestro sistema de la Seguridad Social un 10% del total de los ingresos y generan el 1% de los gastos. Si tomamos en consideración la opinión de los expertos, con el envejecimiento creciente de la población, necesitaremos la entrada de 200.000 personas cada año para mantener ese sistema en condiciones similares a las actuales. Mientras que en Alemania precisan del doble de personas inmigradas que nosotros.

No obstante, hemos de admitir que en determinados sectores de la sociedad, la llegada de inmigrantes genera inquietud económica y miedo a que colapse nuestro Estado del bienestar. También existe el temor a que la llegada de mano de obra haga aumentar el desempleo y reduzca los salarios. Sin embargo, la realidad es muy diferente. El impacto de la inmigración en el desempleo es muy bajo o nulo. Ciertamente puede repercutir cuando inmigrantes y autóctonos compiten por los mismos puestos, aunque lo más frecuente es que los inmigrantes, en particular los no cualificados, acepten tareas peor remuneradas, y eso posibilita que los locales pueda acceder a trabajos mejores y mejor pagados.

Pero es que, además, los inmigrantes también consumen. El aumento de la demanda de bienes y servicios se traduce en un incremento de la necesidad de mano de obra que, a su vez, contribuye a evitar una disminución generalizada de los salarios. El mercado laboral no es un juego de suma cero, lo vimos, tiempo atrás, con la incorporación masiva de las mujeres.

En opinión del prestigioso economista estadounidense, Michael Clemens, si se eliminaran todas las barreras migratorias el PIB mundial subiría entre un 50% y un 150%. Pero quizás no haya que llegar tan lejos, bastaría con que tan solo el 7% de la población mundial emigre para incrementar un 10% la productividad global.

Si ponemos el foco en el potencial delictivo de los recién llegados, como apuntan los partidos de la derecha extrema, veremos que es falso. Según datos de 2022, la tasa de criminalidad española es de 48 infracciones penales por cada 1.000 habitantes (incluido el cibercrimen), es decir, bastante inferior a la de países de nuestro entorno, como Reino Unido (79,5 por mil habitantes), Bélgica (74,8), Alemania (60,7) o Dinamarca (53,9). La tasa de criminalidad convencional en España, en la que no se incluye el cibercrimen porque en su mayoría se comete desde fuera del país, tiene incluso una tendencia a la baja o estable en los últimos 13 años y se sitúa en 41 delitos por cada 1.000 habitantes, según datos del Ministerio del Interior.

El equipo de coordinación y estudios del Ministerio, que realiza los balances de criminalidad, ha comparado esta última tasa con las cifras de extranjeros en España (que no distinguen entre comunitarios y no comunitarios) y ha concluido que “el fenómeno de la inmigración no está teniendo un impacto negativo ni significativo sobre la criminalidad”, según fuentes del departamento de Fernando Grande-Marlaska. La población extranjera se encuentra en estos momentos en un 13,4%, según estas cifras.

Las razones que invoca la inmensa mayoría de esas personas para salir de sus países, dejar lo poco o nada que tienen y marchar, son las mismas que invocaríamos nosotros de vivir en las circunstancias que ellos lo hacen: buscar un lugar en paz done poder vivir, trabajar y poder forjar un futuro para ellos y, sobre todo, sus hijos. Frente a eso, los Estados utilizan los mismos argumentos que cualquier club o asociación: el derecho a decidir quién es miembro. No es un conflicto sencillo de dirimir. Quizás el primer paso sería clarificar si el que pone la valla tiene derecho a hacerlo porque lo que hay detrás es, verdaderamente o no, de su propiedad.

Desde luego, es evidente que en las sociedades avanzadas hay muchas cosas que mejorar. Sobre todo en lo tiene que ver con el trato que damos a los que vienen de fuera.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 24/12/2024

 

EL LABERINTO DE LA POLÍTICA CATALANA

 

“Quítate que tiznas”, dicen que le dijo la sartén al cazo. Algo similar le podría decir Pedro Sánchez a Carles Puigdemont, ahora que se ha descolgado pidiendo al presidente que se someta a una cuestión de confianza porque “no es de fiar”. Miren ustedes por dónde. Y eso lo dice un personaje que proclamó una república de ocho segundos, que no tuvo narices de descolgar la bandera de España del Palau de la Generalitat, que dijo que si no ganaba las elecciones dejaría la primera línea política y no lo ha hecho, que también dijo que estaría presente en el debate de investidura y no estuvo, que cobra sueldo de diputado, pero no aparece por los plenos y pretende dirigir la política española desde su mansión de Waterloo. En fin, que voy a explicar que ustedes no sepan.

Tras una reunión de la Comisión Ejecutiva de Junts celebrada el pasado 9 de diciembre en Waterloo (eso es lo más normal del mundo, celebrar reuniones de trabajo a miles de quilómetros del lugar donde se lleva a cabo la acción política y la entidad tiene su sede), compareció el expresident ante los medios de comunicación para poner de manifiesto su malestar por la tardanza, según él, en el traspaso de las competencias en inmigración a Cataluña, el uso del catalán en las instituciones europeas y de la ley de amnistía de la que no se beneficia por estar acusado de malversación, que es el argumento que utilizan los jueces para dejarlo al margen de la norma.

Es posible que en el Gobierno central haya ciertas reticencias para llevar a cabo determinadas transferencias. Pero, en mi opinión, la realidad es más sencilla. Carles Puigdemont sabe que está colgado de una brocha y necesita marcar perfil propio. El procés, como arma política, ya es historia, el independentismo está bajo mínimos, Junts tiene una muy escasa representación institucional y su capacidad de influir en el Govern es inexistente, pero, sin embargo, por esas carambolas de la aritmética parlamentaria, sus siete votos son decisivos en el Congreso de los diputados. Esa es la cuestión.

Como el propio expresident manifestó, solicitar a la Cámara una moción de confianza es competencia exclusiva del presidente del Gobierno. Por lo tanto, si de verdad en Junts están tan preocupados por esos traspasos, hubiera sido mucho más operativo descolgar el teléfono de algún negociador del PSOE y hacerle una seria advertencia. Seguro que así se hubiese obtenido alguna contrapartida, pero, en ese caso, Puigdemont no hubiera tenido protagonismo y no habría salido en los telediarios, algo de lo que anda muy escaso desde su performance de agosto en Barcelona.

La política catalana es un auténtico laberinto y lo que está detrás de esta sobreactuación, es la lucha cainita que mantienen Junts y ERC para ver quién es el partido hegemónico del independentismo catalán. Los republicanos han celebrado este fin de semana la segunda vuelta de su proceso electoral interno para escoger a la dirección del partido. Oriol Junqueras ha sido el ganador y, según parece, su ajustada victoria se debe, en buena parte, a las advertencias que lanzó durante la campaña de subir el listón de cumplimiento a los socialistas. Después de hacer un seguimiento de declaraciones y contradeclaraciones de los líderes republicanos, es fácil llegar a la conclusión que el voto para que Illa fuera investido president es una espina que llevan clavada y piensan que puede infectar su pureza nacional, y para evitar esa posible propagación hay que marcar distancias con el socialismo porque no son gente de fiar. Aunque visto lo visto, mejor harían los de Junqueras en poner la casa en orden y levantar las alfombras no vaya a ser que encuentren algún cadáver escondido y el mal olor les inunde la estancia.

Tanto Junts como ERC necesitan marcar perfil propio y eso pasa por ver quién es más exigente con el Gobierno central y cuál de las dos formaciones se lo pone más difícil a Salvador Illa para gobernar en la Generalitat. Aunque los republicanos dieron un sí a la investidura de Illa, fue un sí crítico y coyuntural, cargado de noes. Al fin y al cabo, en su opinión, los del PSC son unos botiflers y no tienen pedigrí de catalanidad.

Para el nacional-independentismo los socialistas siempre han sido unos advenedizos españolistas. Lo son tanto que no les ha importado incorporar a la Policía Nacional y a la Guardia Civil al servicio de Emergencias y con esa maniobra han descatalanizado el 112. Por eso, desde ERC exigen que se revierta la integración o amenazan con no negociar los Presupuestos para 2025.  Están tan obcecados que han olvidado aquello de “no importa que el gato sea blanco o negro, lo que cuenta es que cace ratones”

Resulta muy difícil llegar a acuerdos fiables y solidos con formaciones políticas que tienen una visión tan primaria, simplista y cerrada como es el caso de Junts y ERC. Así pues, seamos conscientes de que tanto la legislatura nacional como la catalana penden de un hilo y cualquier día el carro se puede despeñar por el pedregal. Pero es lo que hay. Con estos mimbres solo se pueden hacer estos cestos.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 16/12/2024