INMIGRANTES, ¿PROBLEMA O SOLUCIÓN?

Vox empezó a sacar la cabeza en nuestro complejo sistema político a raíz de la eclosión del independentismo catalán, con la milonga de que España se rompe. Sin embargo, una vez que el procés estuvo amortizado y España sigue tan entera como antes de 2017, los de Abascal necesitaban algún argumento tremendista y con gancho para seguir a rueda del PP y no dejar de pellizcarle las posaderas; esa tesis la encontraron en su animadversión a los que vienen de fuera. Además, el rechazo a lo foráneo es uno de sus nexos de unión con personajes como Donald Trump, Viktor Orban, Giorgia Meloni o Marine Le Pen.   Y, de momento, no solo les funciona, sino que están llevando a su terreno al que se supone gran partido de la derecha de España, que cada vez se aleja más del centro y se acerca más al extremo. Pues bien, todo eso hace que la extrema derecha está imponiendo su relato sobre inmigración.

El pasado mes de abril, el único grupo parlamentario que en el Congreso de los diputados votó en contra de admitir a trámite una iniciativa legislativa promovida por organizaciones sociales para regularizar a cientos de miles de inmigrantes que viven en España, fue el de Vox. Cuatro meses después, era el PP el que se negaba a modificar la Ley de Extranjería para obligar a las comunidades autónomas a acoger a menores inmigrantes cuando una de ellas esté sobresaturada, como está ocurriendo este año en Canarias. Esa negativa de los populares supuso un duro enfrentamiento (uno más) entre Gobierno y oposición. En medio del rifirrafe Feijóo no tuvo ningún empacho en relacionar de forma torticera inmigración, delincuencia y ocupación de viviendas. “Pido el voto a los que no admiten que la inmigración ilegal se meta en nuestras casas, ocupando nuestros domicilios, mientras nosotros no podemos entrar en nuestras propiedades”; dijo en un acto electoral, y cuentan algunos de los allí presentes que se quedó tan pancho y no se le cayó la cara de vergüenza.

Barbaridades de ese tipo han hecho que la inmigración haya escalado puestos entre las preocupaciones de los españoles. El barómetro del CIS de junio la colocaba en el puesto noveno. Solo un mes después, ya se encontraba en el cuarto lugar de la clasificación de los grandes problemas del país entre los encuestados, impulsada por la crisis canaria de los menores, la imagen repetida en televisión de barcazas abarrotadas de personas desfallecidas por la travesía llegando a El Hierro y, por supuesto, la subida de intensidad del debate político.

Cuando se producen situaciones complejas como la que nos ocupa, no faltan iluminados que proponen soluciones mágicas. Es el caso del mamporrero, Miguel Tellado, portavoz parlamentario del PP. Por eso, el fino estilista dialéctico propuso en su momento que “el ejército controlase las costas para evitar la llegada de pateras” y “deportaciones masivas”. Algo que como denuncian los especialistas está sencillamente prohibido por el derecho internacional. Además, de ser literalmente impracticable, ¿cómo se hace?  A ver, se coge a 20.000 personas y ¿dónde los llevas?, ¿qué haces con ellas? Comenta un experto en la materia.

La realidad es que los inmigrantes son la solución a buena parte de nuestros problemas. Los empresarios encuentran mano de obra disponible para trabajos que normalmente los de aquí no quieren hacer, porque, por lo general, suelen ser tareas, bastante ingratas, en el sector de los servicios y/o de soporte a las personas mayores o con discapacidad, con horarios muy amplios y, habitualmente, bastante mal pagados. También las clases sociales acomodadas los pueden pagar para que los recién llegados se ocupen de sus hijos o de sus padres, mientras ellos llevan a cabo un trabajo más atractivo y mejor remunerado. 

Es cierto, sin embargo, que entre las clases más populares y los inmigrantes, a menudo, se producen algunos choques por conflictos de intereses. Suele ocurrir con las ayudas que las administraciones otorgan a los más desfavorecidos. Quizás el asunto más paradigmático, en este terreno, sean las becas comedor, pero no el único. Y ese es el caldo de cultivo perfecto para que el populismo arraigue en esos segmentos de la población.

Hay quién ve la llegada de los inmigrantes más como un problema que como una solución, cuando en realidad esas personas son más parte de lo segundo que de lo primero. Hemos de ser conscientes de que la democracia está en jaque y la inmigración es un medio para acosarla. En Hungría, por ejemplo, Víktor Orban ataca con dureza la inmigración, cuando se da la paradoja que en su país casi no existe. Y es que esto no va solo de inmigración, también va de democracia. En consecuencia, debemos persistir en la lucha contra las desigualdades y no segregar a las personas por haber nacido en otro sitio. Los inmigrantes no tienen menos derechos que nosotros y ellos también merecen poder desarrollar un proyecto de vida.

En definitiva, son muchos los pros que avalan la llegada de gente que viene buscando un lugar donde vivir y un futuro mejor, mientras que son muy pocos o ninguno los contras que sugieren su rechazo. Por consiguiente, tengamos claro que los inmigrantes son más parte de la solución que del problema.

 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en CatalunyaPress 08/12/2024

 

VIENA COMO REFERENCIA

Según el censo de 2021, la ciudad de Viena estaba habitada por 1.900.000 personas, mientras que Barcelona tenía, en 2022, 1.600.000 censados, es decir, una diferencia de unos 300.000 habitantes. Sin embargo, en el ámbito de la vivienda las diferencias son abismales. Para empezar, en la capital de Austria existen unas 220.000 viviendas municipales y sobre 200.000 apartamentos construidos en régimen de cooperativa. Los alquileres de este tipo de viviendas no superan los 500 euros mensuales. Es cierto, no obstante, que para optar a ese tipo de residencia hay una lista de espera de unos dos años. En cualquier caso, el hecho cierto es que, alrededor, del 50% de los vieneses viven en régimen de alquiler.

A diferencia de otras ciudades, desde el ayuntamiento de Viena siempre se han resistido a la privatización del parque inmobiliario público. El consistorio nunca ha cedido a la presión, especialmente, fuerte a finales de los ochenta y noventa, para crear propietarios; quizá movidos por la consciencia de que, una vez realizada la transacción, el municipio perdía toda la capacidad de regular los alquileres. Ese enfoque riguroso y constante de las políticas públicas de vivienda ha desincentivado la segregación urbana, ha evitado que se creasen guetos y ha hecho de Viena una ciudad donde la vivienda social se distribuye por todos los distritos.

Si echamos un vistazo a nuestro entorno, veremos qué Países Bajos es líder (con el 30%) de viviendas en alquiler seguido de Austria, donde son públicas una de cada cuatro residencias; mientras que el Reino Unido mantiene casi un 18% de su parque de vivienda como pública y Francia roza el 17%,  En contrapartida, en España La vivienda social representa un escueto 2,5% del parque inmobiliario unas 290.000 casas, gestionadas por comunidades autónomas (72%) y ayuntamientos (27%), muy por debajo de la media europea, que se sitúa en el 9%.

De hecho, en Barcelona, ese problema lo venimos arrastrando, como mínimo, desde hace un siglo. Ya en abril de1931 se inició, en la Barceloneta, una huelga de arrendatarios, impulsada por la CNT, que se extendió rápidamente a otros barrios como Sants, el Clot o Poblenou, pero también a localidades cercanas como l’Hospitalet o Santa Coloma. El motivo era la carestía de los alquileres conjugada con la precariedad laboral que había generado el brusco frenazo de la construcción tras finalizar la Exposición Universal de 1929. La represión fue brutal y estuvo dirigida por el gobernador civil, Oriol Anguera de Sojo, con el visto bueno del presidente de la Cámara de la Propiedad, Joan Pich i Pon, que más tarde sería alcalde de Barcelona. De todas maneras, aquella movilización permitió a muchos arrendatarios renegociar los alquileres y se introdujeron algunos cambios en el mercado de la vivienda.

Más tarde, ya con la dictadura, la cosa siguió igual o peor. Los realquilados adquirieron carta de naturaleza y las habitaciones con derecho a cocina se convirtieron en algo codiciado. No obstante, a partir de los años sesenta la construcción de Viviendas de Protección Oficial (VPO), vino a paliar ligeramente la situación.

Y así seguimos. El problema es endémico. Cada vez es más difícil acceder a una vivienda y cada vez hay que irse a vivir más lejos del centro de las grandes ciudades. Hasta ahora, los escasos intentos que han llevado a cabo los gobiernos de turno para encarar la cuestión han sido totalmente ineficaces. Recordemos, por ejemplo, que en la etapa de Ada Colau al frente del ayuntamiento de Barcelona, la medida estrella para solventar el problema era la obligatoriedad de dedicar un 30% de las nuevas promociones a vivienda de protección oficial, pero aquello fue un auténtico fiasco. Eso demuestra que la cuestión no se ha afrontado ni con el suficiente pragmatismo ni teniendo en cuenta todos los factores que inciden.

En el debate de política general del pasado octubre, Salvador Illa se comprometió a llevar a cabo una inversión de 4.400 millones de euros para construir 50.000 viviendas públicas antes de 2030. Es, sin duda, una iniciativa loable. No obstante, hemos de ser realistas y la ciudadanía necesitas soluciones ya. La vivienda es uno de los pilares del Estado del bienestar; por lo tanto, si no tenemos un parque de viviendas amplio y asequible para las clases populares, no podremos hablar, con propiedad, de calidad de vida.

La vivienda se ha convertido en el principal problema para una buena parte de la sociedad. Por eso, hace poco más de una semana, una manifestación multitudinaria recorría las calles de Barcelona exigiendo alquileres accesibles y condiciones adecuadas para acceder a una vivienda digna, algo que está contemplado en el artículo 47 de la Constitución, aunque, a día de hoy, parece más un sueño que una realidad tangible.

Estamos ante un problema común para todas las grandes ciudades como, por ejemplo, pueden ser París, Roma Lisboa o New York y Barcelona no es una excepción. Por consiguiente, es necesario afrontar la cuestión con medidas de choque. Pero dudo mucho que la regularización de los alquileres sea la solución, para bien o para mal, vivimos en una economía de libre mercado y, precisamente por eso, soy escéptico. Si se quiere ir a la raíz del problema hay que construir un parque público de vivienda, con precios por debajo de mercado, para aquella parte de la ciudadanía a la que la situación económica no le permite el acceso al libre mercado.

En este contexto, se hace indispensable una mesa de diálogo y un marco de colaboración entre el sector público y el privado para sincronizar sinergias. Hay que repensar el actual modelo urbanístico y de servicios, desde la red de transporte público, hasta los centros de atención primaria (CAPs); sin echar en el olvido la oferta de enseñanza pública que ha de ser de calidad y asequible. Es decir, las administraciones deberían recuperar el concepto de ciudades poli céntricas que tan en boga estuvo en los años noventa.

Es evidente que cada lugar tiene su propia idiosincrasia y “copiar y pegar”, casi nunca da buenos resultados. No obstante, no estaría de más que, ante un problema de semejante magnitud, como es el de la vivienda, nos fijásemos en algún modelo de éxito y, en mi opinión, Viena podría ser un buena referencia.

 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 02/12/2024

 

INCOMPETENTES, MEZQUINOS Y CORRUPTOS

 

Es posible que algunos lectores consideren demasiado espantoso el título de esta columna. Yo sé mal. Pero considero que el cinismo y la hipocresía de los líderes del Partido Popular no tienen límites, y eso me irrita sobremanera.

Por desgracia, el pasado 29 de octubre, día de la trágica dana que ha costado más de dos centenares de vidas, un número todavía por concretar de desaparecidos y pérdidas económicas incalculables, la incompetencia del presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, se puso de manifiesto.

La cuestión se puede analizar desde diversos puntos de vista y, si queremos, siempre podremos encontrar atenuantes para amortiguar la desastrosa inacción del Ejecutivo valenciano. No obstante, hay un hecho nuclear que determina el gran fiasco del 29 O en Valencia: la desaparición del presidente autonómico durante casi cinco horas. Si Carlos Mazón hubiera estado en su sitio, es muy probable que se hubieran tomado medidas que, por poco sensatas que hubieran sido, con toda seguridad, hubieran atenuado la tragedia.

Desde luego, es una evidencia de que Carlos Mazón es un incompetente y no está capacitado para gobernar una comunidad autónoma, pero la mezquindad de Alberto Núñez Feijóo y todo el equipo dirigente del PP es espeluznante. Han sido ellos los que desde la calle Génova han diseñado la estrategia para descargar toda la responsabilidad de la catástrofe en la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. Los españoles populares no han dudado, ni un momento, en involucrar a sus compañeros europeos del PPE para cargar en el haber de Ribera lo que es responsabilidad incuestionable del presidente autonómico. Tanto énfasis puso Feijóo en el asunto que los conservadores bloquearon la votación para designar a la ministra española como vicepresidenta para uno de los cargos de mayor poder en la UE, amenazando así la formación de la nueva Comisión Europea de Ursula von der Leyen, que ha de tomar posesión el próximo 1 de diciembre.

Sin embargo, un encuentro de Pedro Sánchez con la Comisaria Europea von der Layen, la semana pasada en la cumbre del G 20 sirvió para desbloquear la situación. Cuando se negocia siempre hay que ceder en algo para lograr un objetivo mayor y eso también ha ocurrido en esta ocasión: en contrapartida a la entrada de Ribera como vicepresidenta y con amplias competencias en la Comisión, los socialdemócratas deberán tragarse algún sapo y dar su apoyo. a Raffaele Fitto, designado por la ministra italiana, la ultraderechista Giorgia Meloni, y, también, al candidato a otra vicepresidencia comunitaria, el húngaro Olivér Vàrhelyi, aliado del primer ministro de Hungría, el nacional populista Viktor Orbán, como comisario de Salud y Bienestar Animal. Eso era algo que el PPE ha puesto como condición sine qua non para apoyar a Ribera. Para algunos socialistas (especialmente los franceses) eso es cruzar una línea roja respecto a la ultraderecha. Y para Feijóo y sus feligreses se quedarán solos y descolgados de sus socios europeos, una prueba más de que para el PP es imposible llegar a acuerdos hasta con sus correligionarios.

Llámenme mal pensado si quieren, pero no me sorprendería nada que los populares, ante el previsible fracaso de su bloqueo a Ribera, hubieran orquestado la comparecencia de Víctor Aldama en la Audiencia Nacional y sus explosivas declaraciones denunciando mordidas de Pedro Sánchez, medio Gobierno y parte. de la cúpula socialista, aunque de momento sin pruebas, así montan una bronca más, Feijóo sugiere a los socios del Ejecutivo que apoyen una moción de censura que él encabezaría y, de paso, disimulan su soledad en Europa.

El guirigay político que originó la gestión de la dana ha hecho pasar casi inadvertido que la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha confirmado la base de la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó al PP como responsable civil subsidiario por el fraude tributario en la reforma de la sede del partido en la calle Génova de Madrid, que se pagó parcialmente con dinero de la caja B que gestionaba su tesorero Luis Bárcenas. La sentencia detallada que el PP utilizó una caja B para hacer pagos en metálico para la remodelación de su sede principal en Madrid.

Por decencia democrática no deberíamos borrar de nuestra memoria que la Audiencia Nacional emitió como resultado de las investigaciones del llamado Caso Gürtel la existencia, desde la fundación del Partido Popular en 1989, de una estructura de contabilidad paralela a lo que el propio partido informaba oficialmente. ​ La Audiencia, en la sentencia, argumenta que el PP ayudó a establecer «un sistema genuino y efectivo de corrupción institucional a través de la manipulación de la contratación pública central, autonómica y local».

O dicho de otro modo, el PP ha sido el único partido en Europa que ha sido condenado por corrupción. Y es que hay cosas que no se pueden olvidar; para que luego nos quieran dar lecciones.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en CtalunyaPrensa 24/11/2024

LA NUEVA NORMALIDAD

 

Sostienen los expertos que las guerras provocan cambios estructurales en la economía global. Eso es lo que ocurrió tras la Primera Guerra Mundial, con la contienda se frenó una primera ola globalizadora y algo similar sucedió tras la Segunda. Entonces, por un lado surgió la Guerra Fría y, por otro, se establecieron las bases que propiciaron la mayor etapa de desarrollo y progreso que jamás se había conocido en la historia. Bien es verdad que esa fase de expansión ni llegó a todos los lugares por igual ni se redistribuyeron sus logros siempre de manera equitativa. Ahora, a juzgar de cómo está evolucionando la situación mundial desde la invasión de Rusia a Ucrania y los conflictos bélicos en Oriente Próximo, parece que los entendidos en la materia no andaban errados. Se están acelerando cambios que se venían gestando desde hace años y se está reescribiendo un nuevo orden geopolítico y de relaciones multilaterales.

El statu quo que ha imperado en los últimos setenta años, empieza a formar parte del pasado. Vamos a presenciar transformaciones drásticas. La globalización sufrió un duro revés con la crisis financiera de 2008, de la que aún no se ha recuperado, después vino la pandemia, la ya mencionada invasión, el pulso comercial entre Estados Unidos y China, y el polvorín árabe-israelí entró en ebullición; todo eso, son elementos que debilitan de forma evidente el espacio del libre comercio, así como la libre circulación de bienes y personas. Esa situación, hace que avancemos hacia un mundo más fraccionado y compartimentado del que conocimos en los finales del Siglo XX y principios del XXI.

Esta nueva normalidad no afecta solo a las relaciones comerciales, va mucho más allá de las cadenas de suministros. Uno de los argumentos más utilizados de Donald Trump, en su primer mandato, era que la seguridad de EE UU pasaba por la guerra comercial y tecnológica con China. Ahora, con su vuelta a la Casa Blanca, es más que probable que intensifique su discurso; basta con ver los nombramientos para su próximo gabinete y comprender que el margen para el optimismo es escaso.

Desde el final de la Segunda Guerra Mundial la idea de que las relaciones internacionales tuvieran como uno de los ejes vertebradores la interdependencia económica ha ido ganando peso específico. Es lo que los alemanes denominan “Mandel durch habdel” que podríamos traducir por algo así como el cambio mediante el comercio. No son pocos los expertos en política internacional que piensan que las políticas autoritarias de países como Rusia o China se transformarían en sistemas más libres, abiertos y democráticos si mantuvieran lazos económicos estables con países de talente liberal.

Con todo, el mayor cambio que se está produciendo es el que afecta al sistema financiero mundial, que ha sido el sector más beneficiado por la globalización. La exclusión del sistema de mensajería interbancario Swift de varios bancos rusos y del procesamiento de pagos a través de la cámara de compensación llevó a China a acelerar sus planes para reducir su vulnerabilidad. Algo similar sucedió con las reservas en divisas y el uso de monedas alternativas al dólar para desvincularse progresivamente del billete estadounidense.

No obstante, eso no es algo que vaya a pasar de un día para otro. Se necesita tiempo, porque para que un país se convierta en depositario de reservas hace falta que la moneda sea plenamente convertible, que exista estabilidad política, garantías jurídicas y esté garantizada la independencia del banco central. Pero el camino ya se ha iniciado. El banco central de China ya practica cambios de divisas con otros bancos centrales y facilita que empresas y gobiernos extranjeros emitan valores en los mercados chinos, para así ganar credibilidad y liquidez.

Este nuevo escenario afecta profundamente a las relaciones internacionales. Las instituciones surgidas tras la Segunda Guerra Mundial, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), no han sido capaces de adaptarse al cambio experimentado por la economía y la política global en estos años. La Organización Mundial del Comercio (OMC), que ya estaba en el punto de mira de Trump, reformarla ahora resulta literalmente imposible. Y el futuro de foros que habían surgido más recientemente, como el G-20, y que permitió una cierta coordinación global en plena crisis financiera, están seriamente en peligro.

Esta es la cruda realidad. En ningún momento he pretendido hacer una loa a la globalización desenfrenada porque, como todo en esta vida, tiene cosas positivas y otras que no lo son tanto. No obstante, creo que el balance es bastante provechoso. Sin embargo, ahora se ciernen muchas incertidumbres sobre el futuro; si a eso le añadimos los recientes movimientos políticos en el país más poderoso del mundo, coincidiremos en que hay razones sobradas para estar inquietos. Estamos ante una nueva normalidad y, con Donald Trump en el despacho Oval de la Casa Blanca, ojalá me equivoque, pero parece que lo peor está por llegar. Así pues, agárrense que vienen curvas.

 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 19/112024

CUANDO LO HAS PERDIDO TODO

Más pronto que tarde, el interés mediático generado por la tremenda tragedia que en Valencia y Castilla-La Mancha ocasionó una inmensa dana, irá perdiendo intensidad.  Llegará un momento en que los focos se apaguen y los reporteros que han cubierto la información, a menudo, con barro hasta las rodillas, volverán a sus cuarteles de invierno, pero la cruda realidad seguirá ahí: dos centenares largos de vidas perdidas, un número indeterminado de desaparecidos y unas pérdidas materiales incalculables. En medio de todo eso, decenas de miles de personas se han quedado sin nada y tendrán que volver a empezar. 

El ser humano es extremadamente frágil y la naturaleza tiene giros imprevisibles, si a eso añadimos la falta de previsión, un cierto nihilismo político, errores en cadena e incapacidad manifiesta para afrontar una situación muy delicada y compleja, la tormenta perfecta está servida.

Quizás no sea posible señalar culpables directos por la falta de previsión a la hora de diseñar las infraestructuras y desarrollar un urbanismo totalmente arbitrario que han hecho posible que las aguas se desmadraran. Sin embargo, sí hay responsables políticos que, como se va sabiendo, no actuaron con la diligencia y eficiencia que cabía esperar.

El 29 de octubre, mientras las inundaciones ya afectaban gravemente a la comunidad valenciana, el presidente Mazón comía en un conocido restaurante ubicado en el centro de Valencia y se incorporaba a la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada a las 19:30, es decir, una hora y media después de la convocatoria. Expertos en estas cuestiones consideran que la llegada tardía del presidente y la falta de experiencia de su equipo retrasaron decisiones claves, como la emisión de alertas a la población. 

Por otra parte, hemos sabido que la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, estuvo reunida con su equipo de crisis desde primeras horas de la mañana del fatídico 29 de octubre. Ante la crecida del río Magro a su paso por Utiel y de las previsiones de tormentas torrenciales, Bernabé informó a la consejera autonómica de Justicia e Interior y responsable de emergencias, Salomé Pradas, hasta en tres ocasiones, de la gravedad de la situación y le indicó que le podía pedir todos los medios que considerara necesarios. Sin embargo, la consejera hizo oídos sordos, hasta que, finalmente, la Generalitat pidió la intervención de la UME.  Días después, la consejera ha asegurado que no conocía la existencia del sistema ES-Alert —que permite a las autoridades enviar mensajes directos de manera masiva a los teléfonos móviles de una determinada zona de cobertura—. Por eso, la ciudadanía no recibió ningún aviso hasta que las riadas ya habían arrasado buena parte de los pueblos afectados por la dana.

Con toda seguridad, en esta ocasión, nadie está libre de pecado. Nunca sabremos, con certeza, si la decisión del presidente del Gobierno de no decretar la emergencia nacional fue un acierto o no. Pero está claro que, de haber decretado esa emergencia, no hubiesen faltado los carroñeros de la política acusando al Ejecutivo de aplicar un 155 encubierto por ser Valencia una autonomía gobernada por el PP. En realidad, aquí subyace una cuestión que es: ¿Esto del Estado de las autonomías y la descentralización nos lo creemos o es solo una milonga para tener entretenido al personal y cuando pintan bastos que sea papá Estado quién se coma el marrón?

Lo que no se puede negar es que Sánchez, desde el minuto uno, se puso a disposición de Mazón y el 5 de noviembre aprobaba un Decreto Ley por un importe de 10.600 millones de euros para poner en práctica un Plan de Respuesta Inmediata para atender las necesidades más urgentes de la población y restaurar el orden. Más adelante vendrá una Fase de Reconstrucción y posteriormente una Fase de Relanzamiento. También se ha pedido la colaboración de la Unión Europea.

Todo eso no significa que Sánchez o el Ejecutivo no hayan cometido errores. Los ha habido, por ejemplo, ir el domingo, día 3 de noviembre, con los reyes a la primera línea de la tragedia. Eran momentos para arrimar el hombro, dejar trabajar y no enredar (claro que si no hubiesen ido, también se les hubiera criticado por no ir). Sin embargo eso les vino que ni pintado a los descerebrados de la derecha extrema para montar el barullo. La indignación de los que lo han perdido todo es perfectamente comprensible, como también lo es que el pasado sábado las calles de Valencia se llenaran de gente pidiendo la dimisión del presidente Carlos Mazón y su Consell. Pero es inadmisible el  estallido de violencia verbal y física promovida por aquellos que aprovechan el dolor ajeno para alimentar una estrategia de populismo contra el Estado de derecho.

En estos días llenos de angustia, miedo y dolor hemos visto lo peor y lo mejor del ser humano. Miles de personas con escobas, mochos o palas caminando para ir a ayudar a gentes que no conocían.  Personas y entidades de toda índole que están donando y/o recogiendo alimentos, productos de higiene personal y material de limpieza para hacerlo llegar al lugar de los damnificados. Pero también hemos sabido de un puñado de sinvergüenzas que se han dedicado al pillaje y desalmados que, haciéndose pasar por miembros de la Cruz Roja, iban de casas en casa pidiendo dinero.

Estamos ante una tragedia de dimensiones estratosféricas. La respuesta de la ciudadanía ha sido y está siendo extraordinaria, pero no podemos decir lo mismo de la respuesta institucional. Por lo tanto, hemos de exigir que nuestros gobernantes, todos sin excepción, estén a la altura de las circunstancias o que se vayan a sus casas. Por compromiso cívico y solidaridad con nuestros conciudadanos, no deberíamos dejar pasar ni una, estar pendientes para que quien la haga que la pague y, sobre todo, no dejar de apoyar a nuestros vecinos de Levante hasta que recuperen la normalidad. Si es que eso es posible

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 11/11/2024

 

SUMAR: UN PROYECTO A LA DERIVA

Desde que, a principios de los años ochenta, el PCE de Santiago Carrillo entró en barrena, la teórica izquierda a la izquierda de la izquierda de nuestro país, casi siempre ha tenido una salud precaria. A pesar de que, los intentos para desarrollar un movimiento sólido y robusto en el margen sociopolítico que el PSOE deja huérfano, se han sucedido, las decepciones han sido constantes, mientras que los éxitos han sido escasos y más bien efímeros.    

La lista de dirigentes que han intentado vestir un proyecto con arraigo es extensa: Gerardo Iglesias, Paco Frutos, Julio Anguita, Gaspar llamazares, Cayo Lara, Alberto Garzón y, en la actualidad, Enrique Santiago (disculpen si me dejo alguno). A la vez, en ese tiempo, la fórmula para presentarse a las elecciones ha variado en función del momento. Al principio el PCE acudió a las urnas en solitario, pero, puesta de manifiesto su debilidad electoral, tuvo que refugiarse bajo el paraguas de Izquierda Unida y tras diversos bandazos en la primera década del siglo XXI, un PCE bastante débil se alió con Podemos.

Podemos se constituyó como partido político en enero de 2014. Su ascenso fue meteórico: En las elecciones europeas de ese mismo año logró 5 escaños de un total de 54, lo que lo convirtió en el cuarto partido más votado de España. Sin embargo, en menos de una década pasaron de asaltar los cielos al grupo mixto.

El declive electoral de Podemos hizo que Pablo Iglesias, líder indiscutido, abandonase política activa en 2021, y Yolanda Díaz se convirtiera en la líder de la coalición Unidas Podemos. No obstante, ante la imagen mediática áspera y nada empática que habían cultivado los podemitas, se decidió crear una coalición que se presentaría a las elecciones generales de julio de 2023. A esa coalición, encabezada por Yolanda Díaz, la denominaron Sumar y se constituyó con una veintena de partidos de ámbito estatal y autonómico.

Desde su constitución, las cosas nunca han sido fáciles en Sumar. A pesar de que Díaz ha sazonado su liderazgo con buenas maneras, afabilidad e incluso simpatía, esa formación no ha llegado a percibirse como una organización preparada para dar la batalla y perdurar en el tiempo. Aglutinar ese puñado tan heterogéneo de sensibilidades parecía misión imposible. De hecho, tras el revolcón sufrido en las elecciones europeas del pasado mes de junio, se encendieron todas las alarmas sobre la viabilidad del proyecto. Entonces Yolanda Díaz dimitió de sus cargos en la coalición, pero se mantuvo en el Gobierno.

Ahora bien, lo que les ha puesto contra las cuerdas, ha sido el órdago que supuso la dimisión de Iñigo Errejón, anunciada el pasado 24 de octubre. Por si fuera poco, Podemos, quiere aprovechar la situación para ajustar algunas cuentas que creen tener pendientes con Díaz. De forma simultánea, dentro de Sumar se ha abierto una crisis de consecuencias imprevisibles. Todo eso, hace que, en estos momentos, Sumar sea un proyecto a la deriva.

Yo no voy a echar más leña al fuego. El affaire ya es sobradamente conocido por todos y los medios lo han tratado con detalle. Entiendo que, en primera instancia, es su partido el que tiene que aplicar, con el máximo rigor, la normativa interna y que la justicia actúe como corresponde. Voy, sin embargo, a intentar descifrar el alcance político del asunto.

No cabe duda de que este affaire para el Gobierno es un torpedo en la línea de flotación. Aunque Pedro Sánchez ya ha anunciado que la legislatura se va a agotar, es evidente que es munición para los conservadores que lo aprovechan todo para desgastar al presidente. Además, este asunto viene precedido por otros como el caso Koldo (que con toda probabilidad acabará siendo el caso Ábalos), el affaire Begoña Gómez, la llegada de Delcy Rodríguez o el intríngulis de la foto de Sánchez con Víctor Aldama. O sea, llueve sobre mojado, y que esos temas tengan enjundia o no para acorralar al Ejecutivo carece de importancia, lo que cuenta es socavar al Gobierno e ir minando su credibilidad.

Pero más allá de la repercusión que este tema tenga en el acontecer político, hemos visto como en el Gobierno de coalición Sumar, como socio minoritario, impulsaba iniciativas que, tal vez, un Ejecutivo de un solo partido nunca hubiera puesto en marcha. Pero, sobre todo, es necesaria una formación que ocupe el espacio que queda a la izquierda del PSOE porque ahí existe un segmento de ciudadanía que no se identifica con las propuestas socialistas, pero que tienen los conceptos de la igualdad y la justicia social muy arraigados porque para ellos son la base de la convivencia y el pacto social. Y a esas personas no las podemos defraudar otra vez.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en CatalunyaPress 06/11/2024  

 

CONGRESOS CON MAR DE FONDO

Tras repetidos traspiés en los últimos procesos electorales y, de manera especial, en la convocatoria de las elecciones al Parlament, del pasado 12 M, en los partidos independentistas catalanes se encendieron todas las alarmas. Por eso, tanto en JxCat como en ERC decidieron convocar, para el otoño, sus respectivos congresos y ver la manera de taponar las vías de agua que amenazan con anegar las naves que los habían de llevar a la tierra prometida y evitar quedar convertirlos en fuerzas políticas marginales. Y en eso estamos.

Los “juntaires” han sido los más madrugadores y este último fin de semana han celebrado su tercer cónclave en la Fábrica. Llobet –Guri ubicada en Calella. En principio, se han cumplido, casi literalmente, tanto el guion como el escenario previsto que habíamos ido conociendo en los últimos días.

Desde que se supo que Carles Puigdemont optaría a la presidencia, cargo que venía ejerciendo de facto, desde 2022, en el partido se acabaron las especulaciones.  El poder del expresident dentro de Junts es omnímodo y, en consecuencia, las disputas solo podían ser por la pedrea y poco más.

A Carles Puigdemont, le acompañará Jordi Turull que seguirá en la secretaría general y Judith Toronjo, un valor emergente, ocupará la secretaría de organización. Las vicepresidencias pasarán a manos de Antoni Castellá, un auténtico vividor profesional de la política, actual líder de Demócratas, que hace unos días se integró en Junts, Miriam Nogueras, Josep Rius y Mónica Sales todos ellos diputados en el Congreso o en el Parlament;. En cambio, el jarrón chino en que se ha convertido Laura Borrás, ya amortizada políticamente, se reubicará en la fundación que Demócratas aporta a la fusión.

Los estrategas orgánicos consideran que es el momento de “abrir las fronteras del partido” y poner especial atención en materias como la fiscalidad, infraestructuras, vivienda o inmigración. Además, renuncian a romper con el PSOE y, aunque en la ponencia política se habla de unilateralidad, en ningún momento se ha sometido a votación. Eso nos puede dar una idea de las intenciones de Puigdemont a corto y medio plazo.

A pesar de la tranquilidad ambiental que se ha respirado en el congreso de Calella, en Junts hay mar de fondo. Las decisiones importantes las toma Puigdemont y, como mucho, consulta con un reducido grupo de asesores que caben en una cabina telefónica. Por lo que el espacio para la discrepancia es nulo.  No son pocos los pragmáticos que empiezan a estar hartos del egocentrismo de Carles Puigdemont, sus promesas incumplidas y decisiones tan absurdas como dejar vacante la plaza de líder de la oposición en el Parlament. Por eso, esperan sumar fuerzas y el momento oportuno para dar un golpe de timón.

No obstante, el expresident sigue siendo para muchos el líder mesiánico que viene para hacer de Catalunya una nación independiente, “rica i plena”, y con ese telón de fondo cualquier intento para cambiar la situación está condenado al fracaso. Solo la pérdida de protagonismo de JxCat como formación política y su inevitable caída en la marginalidad, como le viene ocurriendo desde hace tiempo, les forzará en algún momento a replantear su posición y sus postulados.  Y eso, muy probablemente, ocurrirá cuando sus diputados dejen de ser imprescindibles en Madrid.

ERC celebrará su congreso a finales del mes de noviembre y la situación es muy diferente a la de Junts. Para los republicanos, el traspaso de poderes casi siempre ha sido tormentoso. Basta con echar un vistazo a su historia. Los republicanos parecen tener una vocación cainita incrustada en su ADN.

Desde 2010, Oriol Junqueras ha ejercido la presidencia de ERC con mano de hierro y aire entre profesoral y monástico, con el convencimiento, mal disimulado, de creerse superior a sus correligionarios y a muchos de sus adversarios. Ha manejado desde las bambalinas los hilos del poder; estando en la cárcel designó a su delfín institucional, que un tiempo después, acabaría siendo president de la Generalitat. Junqueras. Renegó “in aeternum” de los socialistas, por considerarlos artífices del 155, pero pactó con ellos y, según dicen, acabó arrastrándose ante Salvador Illa para que mantuviera en sus sitio a un treintena larga de altos cargos republicanos.  

Sin embargo, el tiempo acaba poniendo a cada uno en su lugar y tras los reiterados fracasos electorales de Esquerra se ha destapado la caja de los truenos. Según dicen los suyos, el bueno de Oriol estaba en Montserrat el 27 de octubre, mientras se declaraba la independencia, sabe más de lo que dice de los carteles contra los hermanos Maragall y no fue ajeno a la colocación de un muñeco, que, en teoría, pretendía ridiculizarlo, en un puente de Sant Vicenç dels Horts, aunque ahora él lo niega todo, incluso ha puesto en cuestión el apoyo a la investidura de Salvador Illa.

Lo que queda claro es que en ERC alguien miente y mucho. A ellos corresponde que la verdad florezca, condición sine qua non si quieren recuperar la confianza de su electorado. En ERC, no solo hay mar de fondo, es que se está gestando una tormenta que, lejos de ser perfecta, amenaza con convertirse en huracán y llevarse todo cuanto encuentre a su paso. Veremos cuáles son las consecuencias.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en CatalunyaPress 27/10/2024