EL EMBROLLO DE LA POLÍTICA ESPAÑOLA

Me gustaría ser optimista y ver la botella de la situación política española medio llena. Sin embargo, la veo medio vacía. Lo siento. Me considero un tipo realista y bastante racional pero, lamentablemente, me parece que esto no se aguanta.

Los acuerdos del PSOE con las formaciones independentistas, para la investidura de Pedro Sánchez, me generan inquietud. Y más que la investidura en sí, mis zozobras se centran en las posibilidades de desarrollar la legislatura con normalidad. Ahí la impresión que tengo es que este mandato que empezará en breve va a ser un mandato fallido. Ojalá me equivoque. Si es así, no tendré ningún inconveniente en reconocerlo y, además, alegrarme de mi error.

Voy a obviar la amnistía y las concesiones que el equipo negociador de Pedro Sánchez ha hecho al independentismo. Desde mi punto de vista, demasiadas. Pero no voy a insistir. Lo hecho, hecho está y no hay que darle vueltas. Me preocupa la actitud, en especial de Junts, pero no solo la de ellos. Mucho me temo que, cuando haya que aprobar iniciativas legislativas de calado, y los de Puigdemont y/u otros se sepan decisivos para sacar adelante o no las propuestas del Gobierno, el Ejecutivo tendrá que sudar tinta y hacer concesiones desproporcionadas para que sus proyectos no decaigan.

Cuando Félix Bolaños estaba anunciado el acuerdo alcanzado entre PSOE y ERC para investir a Sánchez, Pere Aragonès comparecía para insistir en el referéndum tras pactar la investidura porque en su opinión la amnistía no cierra el conflicto. Eso es, por lo menos —lo diré suave—, una falta de respeto.

Pero es que se ha filtrado que en la ejecutiva de Junts se ha trazado una estrategia de exigencia constante al PSOE, con el objetivo de no perder protagonismo. Así pues, ante cada necesidad de apoyo que precise el Gobierno, desde Junts plantearán nuevas demandas. Cuestiones como, por ejemplo, la participación de las selecciones deportivas catalanas en competiciones internacionales, una silla de Cataluña en la UNESCO o la retirada del estado del Consorcio de la Zona Franca. O sea, el papel de los “juntaires” a lo largo de la legislatura consistirá en obtener transferencias y/o concesiones en cada votación.

No por casualidad, el PNV ya ha filtrado que ellos también van a exigir al traspaso de” Cercanías” para estar a la altura de las circunstancias. Lógico, aquí nadie va a querer quedarse atrás en conseguir concesiones y traspasos del Gobierno central y esto no ha hecho más que empezar.

Pero donde hemos de poner toda la atención es en Cataluña, porque en el origen de todas las exigencias de los partidos independentistas lo que hay es una lucha cainita por la hegemonía en el secesionismo catalán. La verdad es que a ellos la gobernabilidad y estabilidad de España les importa una higa. Lo que buscan es rentabilizar sus negociaciones, ahora con el PSOE y luego con el Ejecutivo para posicionarse de cara a las próximas elecciones al Parlament.

La cuestión es que tanto ERC como Junts empezaron a negociar la investidura de Pedro Sánchez desde posiciones sino opuestas, si diametralmente diferentes. Veamos.

Los republicanos se mantienen en el Govern de la Generalitat, gracias al soporte crítico de los socialistas catalanes y, por consiguiente, les conviene que el socialismo tenga estabilidad en Madrid porque de lo contrario sería muy plausible pensar que Pere Aragonés dejaría de estar respaldado por el PSC y solo con sus 33 diputados, dándole soporte, ya podría ir pensando en convocar elecciones.

Situación casi inversa es la de Junts: fuera del Govern, de la Diputación de Barcelona y sin ningún gran ayuntamiento en su lista de plazas gobernadas, los de Puigdemont han visto en las negociaciones con el PSOE la posibilidad de reengancharse a la rueda institucional y, sobre todo, ganar presencia en los medios. Algo que en la política actual es casi tan necesario como el aire que se respira. Ahora bien, Madrid…, ni fu ni fa, y puestos a escoger más bien fa.

Por eso, el expresident ha tensado tanto la cuerda, pero poniendo mucha atención en varias cuestiones claves: una que no se rompiera, otra, irse preparando un regreso que podría ser en olor de multitudes y otra, quizás la más importante, que sus logros sean mejores y más vistosos que los de ERC. Y todo esto, se puede resumir en un solo objetivo: colocarse en el mejor sitio de la parrilla de salida para cuando llegue la carrera por el sillón de la Generalitat.

Resulta muy lamentable que dos partidos que juntos no llegan ni al 3,50% de los votos tengan la llave de la gobernabilidad de este país, y que sean esas formaciones, gracias a la aritmética parlamentaria, las que vayan a marcar el paso en la próxima legislatura, con el riesgo de que en el momento que se les antoje pueden hacer caer al Gobierno.

Muy distinto sería si en este país tuviésemos una derecha como Dios manda: civilizada, moderna y europea, pero eso es algo inexistente por aquí. Todo lo contrario. La derecha está desatada, llama a arrebato y promueve algaradas para soliviantar al personal a ver si logra en la calle, mediante acciones antidemocráticas, lo que no consiguió en las urnas: colocar a su líder en la Moncloa y acceder a la sala de máquinas del Estado para tener los resortes del poder.

Y esos son los que nos quieren gobernar.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en E notíicies 09/11/2023

 

LA AMNISTÍA, ¿UN MAL MENOR?

 

 

Han pasado ya tres meses desde las elecciones generales del 23 J y seguimos con el Gobierno en funciones. Sin embargo, a tenor de la intervención de Pedro Sánchez en el Comité Federal del PSOE, celebrado el pasado, 28 de octubre, parece que muy pronto va a haber fumata blanca de investidura. 

 

En efecto, Sánchez tomó la palabra en el cónclave socialista para anunciar la concesión de  la amnistía “por los hechos acaecidos en Cataluña en la década pasada”; según el líder del PSOE, el interés de España, la convivencia y evitar la repetición electoral, para no dar una segunda oportunidad a la derecha, son algunos de los motivos que le empujan a tomar esa decisión.

 

Días atrás, PSOE y Sumar firmaron un acuerdo para reeditar el Gobierno de coalición de la anterior legislatura, No obstante, todos sabemos que se necesita el concurso de otros agentes políticos para que Pedro Sánchez sea investido presidente. En ese contexto, tanto Junts como ERC son fundamentales. El problema es que los independentistas catalanes se saben imprescindibles en las actuales circunstancias y, ante ese estado de cosas, cada día que pasa hacen subir un poco más el precio de sus apoyos.

 

Así, por ejemplo, en opinión de Pere Aragonès, "no estamos avanzando satisfactoriamente en el traspaso de Rodalies", e "independientemente de que se logre un acuerdo para la amnistía", este punto es "fundamental" para lograr el apoyo a la investidura que Pedro Sánchez necesita. Por su parte, Carles Puigdemont ha anunciado que en Junts no han renunciado nunca ni renunciarán a la DUI. Por si todo eso fuese poco, el fin de semana fue Oriol Junqueras el que se descolgó diciendo que la mejora de la financiación es algo incuestionable para dar el soporte a Sánchez.

 

El problema de fondo radica en que el secesionismo no sigue los patrones clásicos de una negociación (todos sabemos que sentarse a una mesa a negociar, a menudo, significa renunciar a una serie de planteamientos para alcanzar unos objetivos que en ese momento se consideran de interés superior). Sin embargo, da la sensación qué el independentismo lo que pretende es imponer sus criterios y que la otra parte acepte, sin más.  Y eso, no es negociar; eso es exigir e imponer.

 

La política actual tiene más de vasos comunicantes que de compartimentos estancos, pero parece que en ERC no lo entienden. Veamos: Es de suponer que los republicanos querrán aprobar los presupuestos para 2024, la pregunta es ¿con quién? Por eso sería razonable que fueran un poco más comedidos, puesto que sus exigencias se pueden desactivar con relativa facilidad.

 

Algo muy distinto es la situación de Junts. Ahora, los de Puigdemont tienen la oportunidad de bajar del monte y abandonar el callejón sin salida en el que se encuentran. Con sus votos, los “juntaires” pueden generar un cambio de paradigma. Deberían ser conscientes de que tienen mucho más a ganar que a perder facilitando la investidura de Pedro Sánchez. Los dirigentes de Junts han de tener la suficiente inteligencia política para tirar de la cuerda, pero sin que se rompa. Los correligionarios de Puigdemont saben que la cuestión de la autodeterminación es una línea roja que el PSOE no va a traspasar. Si se vota algo algún día, será la ratificación o no de un acuerdo previo sobre la evolución del modelo territorial y/o un nuevo Estatut. Así pues, que nadie sueñe entelequias.

 

Sería muy lamentable que la falta de visión de conjunto echase al traste una legislatura que debería ser la de la consolidación de las conquistas sociales. Logros históricos como el Ingreso Mínimo Vital (IMV), la revalorización de las pensiones conforme al IPC, subida del salario mínimo, la ley trans y LGTBI, ley de derechos sexuales y reproductivos para garantizar el aborto en la sanidad pública, la ley de familias, la ley de vivienda y un largo etcétera no están garantizados de por vida; existe un riesgo cierto de que sean suprimidos y/o derogados si la derecha llega al poder.

 

De igual manera, en el PSOE se está viviendo una etapa crucial. Es un secreto a voces como está tensionando la amnistía las costuras del partido. No obstante, si la organización logra salir de la confrontación sin demasiados damnificados irrecuperables, el socialismo español tiene la oportunidad de esquivar el laberinto al que le está llevando el PP con su estrategia de confrontación y negación de la pluralidad nacional, porque si el partido entra en ese zafarrancho tiene mucho a perder y muy poco o nada a ganar.

 

Con ese telón de fondo, habrá que ver cuál es el alcance de la amnistía, su justificación jurídica y, también, política. Para algunos, la medida de gracia puede ser un mal menor. Lo siento, pero yo no soy partidario y no tengo empacho en decirlo. Si al fin el acuerdo cristaliza, veremos la evolución de la legislatura. Cruzaremos los dedos para que el nuevo Gobierno de coalición y progresista haga posible seguir mejorando social y económicamente y no le hagan descarrilar en el primer recodo del camino.

 

Desde luego, la situación es sumamente compleja y lo peor es que en el horizonte no se adivinan soluciones, porque, lo más probable, es que, ni con una repetición electoral, pudiéramos salir del bloqueo político en el que estamos inmersos.

 

De todas formas, la foto de Carles Puigdemont con Santos Cerdán en Bruselas es, cuando menos, una desconsideración a los miles y miles de ciudadanos que se mantuvieron impertérritos el nefasto otoño político de 2017. Luego, que nadie se extrañe si en las próximas elecciones al Parlament una parte sustancial de votantes socialistas se queda en casa o, directamente, cambia de opción.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 02/11/2023

COMO UNA GOTA DE AGUA EN UN OCEANO

 

Con el título “La vivienda: un problema endémico”, publicaba, hace un par de semanas, en este mismo espacio, una columna con la que pretendía denunciar el pasotismo histórico de las administraciones   en un asunto de tanta enjundia como es el lugar de residencia de la ciudadanía.

Por si aquel escrito era poco esclarecedor, me ha parecido oportuno transcribir aquí algunos datos del informe de “La vivienda en la metrópoli de Barcelona 2022”; del Observatorio de la vivienda 2022 (OHB), que se publicó hace pocos días.

Según el mencionado estudio los alquileres han subido en Cataluña, en el último año, sobre un 7,7%, mientras que los ingresos de las personas crecieron entorno al 2,6% en el mismo periodo. Sin embargo, en Barcelona, los alquileres están desbocados y la distancia entre precios de alquiler e ingresos de los arrendatarios es cada vez mayor. Así pues, si en nuestra ciudad las rentas subieron el 2.6% como en el conjunto de la comunidad, el incremento del alquiler se acerca al 12%.    

Casi resulta ocioso decir que familias con pocos ingresos y jóvenes son los más perjudicados por esta situación. En efecto, el informe concluye que la mitad de los jóvenes entre 18 y 29 no puede acceder a un piso de alquiler de precio medio en más de la mitad de los municipios de Barcelona (132 de los 244 municipios de los que hay datos). “Los precios les machacan, porque el 45% de los jóvenes ocupados en la ciudad tiene ingresos inferiores a 25.000 euros”, alerta la presidenta del OHB, Carme Trilla. Recientemente, el Instituto Metrópoli señalaba un hogar formado por dos adultos y dos menores con unos ingresos por debajo de 24.800 euros, como referencia de los que están en riesgo de pobreza.

Hemos de tener presente que en Barcelona un hogar con esos ingresos debería destinar el 81% de lo que recauda a comprar obra nueva o el 49% a alquilar, cuando se considera que el porcentaje que una familia debe invertir en costear la vivienda no debe superar el 30%, de su renta, si quiere satisfacer las necesidades básicas. Asimismo, el informe apunta que un hogar con unos ingresos anuales de 25.000 euros no podría comprar ni alquilar un piso (destinando un tercio de sus ingresos) en ninguno de los tres ámbitos estudiados: ni Barcelona capital, ni su área metropolitana ni el resto de la provincia.

El informe es demoledor, y para remachar el clavo solo hay que leer la memoria de Cáritas de 2022. Ahí se señala la falta de vivienda digna como uno de los principales problemas para más de dos tercios de las personas que atienden: “Un 67% de las personas atendidas no disponen de una vivienda digna, ya sea porque viven realquilados, en casas de familiares o conocidos, con alquiler sin contrato o han de sobrevivir en un piso compartido”.

Desde luego, el panorama es desesperante. No obstante y sin ánimos de edulcorar la situación parece que en las administraciones empiezan a ser conscientes de la magnitud del problema. Quizás por eso, la Sociedad de Activos de la Reestructuración Bancaria (Sareb) afirma que son 4.700 las viviendas que tiene asignadas a alquiler social en Cataluña, en las que viven en torno a 15.200 personas vulnerables. Se trata de inquilinos que ya residían de forma irregular en viviendas del denominado banco malo que asumió los activos tóxicos del inmobiliario de las cajas de ahorro. Son personas que tenían contratos con las inmobiliarias de las extintas entidades financieras o intermediarios o, incluso, algunos las ocupaban. Para estos, y siempre de la mano de los servicios sociales municipales, la Sareb inició este año un programa para regularizar su situación, ofreciendo alquileres que nunca supere el 30% de los ingresos, que de promedio acostumbran a situarse en los 900 euros. En contrapartida, los inquilinos deben participar en un programa de acompañamiento social y de reinserción laboral.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Barcelona ha decidido traspasar a la Generalitat once solares municipales. El Govern se ha comprometido a construir en esos terrenos 637 viviendas públicas en un máximo de cinco años. La decisión es fruto del acuerdo que alcanzaron Jaume Collboni y Pere Aragonès, en la primera reunión que mantuvieron el pasado julio 

En un primer momento, el pacto incluía la cesión de 27 solares municipales, 14 de los cuales podían estar disponibles a corto plazo (en los que se podrían construir unos 800 pisos) y los 13 restantes a medio plazo (960 pisos). Sin embargo, de momento son 11 los que están a disposición de manera inmediata.

Ciertamente, todo esto puedo parecer algo así como una gota de agua en un océano y es verdad. Además, de poco servirá a aquellos que tienen la imperiosa necesidad de encontrar un cobijo si no quieren dormir al raso las frías noches que ya se adivinan. No obstante, si denunciamos cuando las administraciones son incapaces de encauzar los problemas que una sociedad tan compleja como la nuestra genera, hemos de ser también honestos y explicar cuando nuestros gobernantes dan con la tecla adecuada en este concierto permanente que es la convivencia de decenas y decenas de miles de personas con un mínimo de dignidad. Y eso nunca será posible si no se tiene un lugar decente donde recogerse.

Es evidente que el problema es enorme, pero da la sensación que se empieza a tener conciencia. Y, sin duda, ese es el primer paso para empezar a solucionarlo.

 

Bernardo Fernández

Publicado en E notícies 26/10/2023

PRIMERO JUSTICIA, LUEGO PERDÓN

Desde la misma noche del 23 J, con los resultados electorales sobre la mesa, se empezó a especular con la posibilidad de una Ley de amnistía, para que los partidos independentistas votasen favorablemente la investidura de Pedro Sánchez. Luego, tras el fracaso de Alberto Núñez Feijóo para ser investido, lo que empezó como una simple hipótesis ha ido tomando carta de naturaleza.

Como no podía ser de otro modo, los medios de comunicación han puesto el foco en la cuestión y no dejan de publicar artículos, columnas y editoriales a favor o en contra de esa posible medida de gracia. Asimismo, una pléyade de expertos jurídicos, en las últimas semanas, se está pronunciado sobre si esa iniciativa será o no constitucional y, claro, ahí las opiniones están divididas

Ante esta situación, entiendo que Pedro Sánchez y su equipo estén haciendo lo posible para que la legislatura no descarrile antes de comenzar y tengamos un gobierno de progreso en los próximos cuatro años.

No obstante, ya estamos viendo que la actitud de los partidos secesionistas tiene muy poco de colaborativa. Gabriel Rufián ya ha dicho que “los votos de ERC hay que sudarlos, que no están por un pacto de legislatura y ni siquiera se comprometen a dar soporte a los próximos presupuestos”. Por su parte, Miriam Noguera, portavoz de Junts, bastante más lacónica, anunció que:” estamos lejos de apoyar a Sánchez si hace lo mismo que hasta ahora” (?). Quizás es que esperan que el Gobierno central ponga un coche descapotable para que Puigdemont entre por la Diagonal repartiendo caramelos y esté todo preparado en la plaza de Sant Jaume para que entre bajo palio en el Palau de la Generalitat.

Tal vez aprobar una Ley de amnistía le dará la presidencia a Pedro Sánchez.  Ahora bien, ¿a qué precio?  ¿Y por cuánto tiempo? Vista la catadura política de algunos socios, nada garantiza que esa iniciativa dé estabilidad a la legislatura. Lo más probable es que otros partidos se apunten al carro y suban el precio de sus votos cada vez que tengan que dar soporte a una propuesta legislativa del Gobierno.   

Pero más allá de eso, que algunos pueden calificar de tacticismo, en esta ocasión, conceder una amnistía a unos personajes, sin que estos asuman sus responsabilidades, y sin que digan de forma clara y contundente que renuncian, sin paliativos, a la unilateralidad y la ilegalidad para defender sus ideas políticas sería una anomalía democrática y, muy probablemente, también, jurídica. Pero, sobre todo, supondría un grave menosprecio hacia aquellos ciudadanos que soportaron con estoicidad las tropelías cometidas en el Parlament, los días 6 y 7 de septiembre de 2017 con la aprobación de unas estrambóticas “leyes de desconexión” a la vez que se derogaban la Constitución y el Estatut y, por consiguiente, se conculcaban derechos.

Por no mencionar el patético espectáculo del 20 de septiembre, del mismo año, cuando una turba que había sido convocada por las redes sociales acosó, durante casi 18 horas, a una comitiva judicial que fue mandatada para registrar unas dependencias de la consejería de Economía y Finanzas, entonces en la Rambla de Cataluña.  Todo ello, al más puro estilo del Far west, con individuos subidos a los coches de la Guardia Civil como en las mejores películas de policías y ladrones.

Pero el día culminante, de toda aquella mascarada, fue el 1 de octubre, que es cuando habían convocado el referéndum ilegal e ilegítimo. ¿Con qué cara se quedaron aquellos que estaban por la legalidad? Por no hablar del día 3 que convocaron una huelga de país (?), y luego, el 27 del mismo mes, la declaración unilateral de independencia. Aunque tampoco deberíamos olvidar los tiempos álgidos del procés. Cuando los ciudadanos que estaban por la legalidad no se callaron y dijeron, por activa o por pasiva, que aquello era un atropello y esa actitud les hizo perder relaciones, amigos e incluso, en algunos casos, sufrieron hostigamiento psíquico y/o físico. Por si alguien lo ha olvidado la mayoría de los lugares públicos y estamentos oficiales estaban engalanados con esteladas, lazos amarillos y/o pancartas de “Llibertat presos polítics” o similares y, si se tenía que acudir allí, había que tragar “normalidad”.

Pues bien, todo eso tiene responsables con nombres y apellidos que, hasta el momento, han sido incapaces de admitir errores o de pedir perdón. Más bien al contrario: no se resignan; y ante esa situación ¿de verdad alguien piensa que hemos de pasar página y qué todas esas trapacerías queden impunes?

Como dice una buena amiga y veterana socialista: “estos que ahora piden ser amnistiados, son los que nos decían que o eras indepe o eras facha”. Con esta situación como paisaje de fondo, lo más lógico, en mi opinión, sería que los Tribunales hiciesen su trabajo y más tarde el Gobierno pusiera en marcha los indultos que considerase adecuados, como sucedió en 2021. O sea, primero justicia y luego perdón.

Y si los procesistas no están de acuerdo, no pasa nada, iremos a nuevas elecciones. Entonces, es posible que tengan que negociar con Feijóo y Abascal: llegado el caso, veremos en que quedarían cuestiones tan sensibles para algunos como hablar catalán en el Congreso o tener grupos parlamentarios propios sin haber alcanzado los mínimos exigidos en el reglamento de la Cámara. Además de otras cuestiones de mucho más calado.

Ciertamente, sería una lástima echar por la borda cosas que han costado tanto conseguir, pero hay situaciones que no dan para más. Y la que estamos viviendo es una de ellas.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en E notícies 19/10/2023

 

LA VIVIENDA: PROBLEMA ENDÉMICO

 

En el pleno del Ayuntamiento de Barcelona, ​​celebrado a finales de septiembre, acordó exigir al Gobierno central   que agilice y permita “de forma inmediata” que se regule el alquiler en Cataluña, tal y como prevé la  Ley de Vivienda aprobada el pasado mes de abril. .

No le quiero echar agua al vino, pero el problema de la vivienda es común al de otras grandes ciudades como pueden ser París, Roma Lisboa o Nueva York, solo por poner algunos ejemplos y dudo mucho que con la regularización de los alquileres se arregla.

De hecho, en nuestra ciudad este problema lo venimos arrastrando, como mínimo, desde hace un siglo. En abril de 1931 se inició, en la Barceloneta, una huelga de arrendatarios, impulsada por la CNT, que se extendió rápidamente a otros barrios como Sants, el Clot o Poblenou, pero también a localidades cercanas como l'Hospitalet o Santa Coloma. El motivo era la carestía de los alquileres conjugada con la precariedad laboral que había generado el brusco frenazo de la construcción tras el final de la Exposición Universal de 1929. La represión fue brutal y estuvo dirigida por el gobernador civil, Oriol Anguera de Sojo, con el visto bueno del presidente de la Cámara de la Propiedad, Joan Pich i Pon, que más tarde sería alcalde de Barcelona. De todas maneras, aquella movilización permitió a muchos arrendatarios renegociar los alquileres y se introdujeron algunos cambios en el mercado de la vivienda.

Más tarde, ya con la dictadura, la cosa siguió igual o peor. Los realquilados adquirieron carta de naturaleza y las habitaciones con derecho a cocina se convirtieron en algo codiciado. No obstante, a partir de los años sesenta la construcción de Viviendas de Protección Oficial (VPO), vino a paliar ligeramente la situación.

Y así seguimos. El problema es endémico. Cada vez es más difícil acceder a una vivienda y cada vez hay que irse a vivir más lejos del centro de las grandes ciudades. Hasta ahora, los escasos intentos que han llevado a cabo los gobiernos de turno, para encarar la cuestión, han sido fracasos de solemnidad. En mi opinión, el problema no se ha afrontado ni con el suficiente pragmatismo, ni teniendo en cuenta todos los factores que inciden.

Es evidente que cada población tiene su propia idiosincrasia y el hecho de “copiar y pegar”, no siempre da los resultados esperados. No obstante, no sería de más que ante un problema de tanta magnitud como es el de la vivienda buscásemos, como ciudad, algún referente y, en mi opinión, Viena podía ser un buen ejemplo a seguir.

La capital de Austria, según el censo de 2021, está habitada por 1.900.000 personas, mientras que Barcelona tenía 1.600.000, atendiendo al censo de 2022, es decir una diferencia de unos 300.000 habitantes. Sin embargo, en el ámbito de la vivienda las diferencias son siderales. Para empezar, en Viena existen unas 220.000 viviendas municipales y sobre 200.000 apartamentos construidos en régimen de cooperativa. Los alquileres de este tipo de viviendas no superan los 500 euros mensuales. Es cierto, no obstante, que para optar a eses tipo de residencia hay una lista de espera de unos dos años. En cualquier caso, el hecho cierto es que, alrededor, del 50% de los vieneses viven en régimen de alquiler.

A diferencia de muchas otras capitales, desde el Ayuntamiento de Viena siempre se han resistido a la privatización del parque inmobiliario público. El Consistorio nunca ha cedido a la presión, especialmente fuerte a finales de los ochenta y en los noventa, para crear propietarios; quizá movidos por la consciencia de que, una vez realizada la transacción, el municipio perdía toda capacidad de regular los alquileres. “Además, la vivienda social se distribuye por todos los distritos”, destaca Barbara Laa, investigadora especializada en planeamiento urbano de la Universidad Técnica de Viena. “Comparada con otras ciudades, Viena es bastante mixta”, opina, en referencia a la diversidad socioeconómica de los barrios de la urbe. “No se han creado guetos”, remarca. Considera que ha habido un enfoque “sólido y constante” en las políticas públicas que, además de desincentivar la segregación urbana, ha ayudado a controlar los precios del alquiler.

Si echamos un vistazo a nuestro entorno, veremos qué Países Bajos es líder (con el 30%) de viviendas en alquiler seguido de Austria, donde son públicas una de cada cuatro viviendas; mientras que el Reino Unido mantiene casi un 18% de su parque de vivienda como pública y Francia roza el 17%,

En contrapartida, en España La vivienda social representa un escueto 2,5% del parque inmobiliario unas 290.000 casas, gestionadas por comunidades autónomas (72%) y ayuntamientos (27%), según detalla en un informe (Observatorio de Vivienda y Suelo: vivienda social 2020) el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Muy por debajo de la media europea, que se sitúa en el 9%.

En este contexto, se hace indispensable una mesa de diálogo y un marco de colaboración entre el sector público y el privado para sincronizar sinergias. Además, la cuestión ha de plantarse no sólo a nivel de ciudad, que también, pero, sobre todo, a nivel metropolitano. Y eso significa repensar el actual modelo urbanístico y de servicios, desde la red de transporte público, hasta los centros de atención primaria (CAPs); sin echar en el olvido la oferta de enseñanza pública que ha de ser de calidad y asequible. Es decir, las administraciones deberían recuperar el concepto de ciudades poli céntricas que tan en boga estuvo en los años noventa.

En el último año la renta mensual de los alquileres se disparó un 20% en 01 barrios de Barcelona y eso es sencillamente insostenible. Por eso hace bien el Gobierno de la ciudad en buscar medidas de choque. Ahora bien, si se quiere ir a la raíz del problema hay que construir un parque público de vivienda, con precios por debajo de mercado, para aquella parte de la ciudadanía a la que la situación económica no le permite el acceso al libre mercado.

Eso sería una muy buena política social y de redistribución de rentas.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 12/10/2023

LA PELOTA EN EL TEJADO INDEPENEDENTISTA

 

Una vez hecha la preceptiva ronda de consultas, Felipe VI ha encargado a Pedro Sánchez que intente ser investido. Ahora, le corresponde al secretario general del PSOE empezar, de manera formal, las negociaciones para lograr la confianza del Congreso de los diputados.

Sin embargo, parece que los independentistas tienen prisa y ganas por airear este asunto y han demostrado, a lo largo de las últimas semanas incontinencia verbal, primero y una actitud de chulería tabernaria después. Además, son tan obtusos que, ni el 29 de septiembre, cuando se podía visualizar mediáticamente el fracaso de Feijóo, fueron capaces de estar quietos y callados. Al contrario, en el marco del Debate de Política General, celebrado en el Parlament, aprobaron una resolución en la que se exige a un futuro gobierno de Sánchez que se “comprometa a trabajar para hacer efectivas las condiciones para la celebración del referéndum de autodeterminación para apoyar la investidura de Pedro Sánchez”.

En un principio, parecía que el nudo gordiano de esas negociaciones iba a ser la amnistía a todos los implicados en el proceso independentista catalán. Si había acuerdo Pedro Sánchez sería investido presidente. Pero si no había olvido y perdón por los presuntos delitos cometidos en el procés, con toda probabilidad, a mediados de enero, tendríamos que volver a las urnas.

En algunos círculos políticos dan por hecha la amnistía. Está por ver si es así y cuál es su alcance. La cuestión es que la amnistía tiene efectos retroactivos y, entre otros, extingue toda responsabilidad penal o civil y anula los antecedentes penales. Por ese mismo motivo es general, y actúa sobre todos los que cometieron ese delito, y no sobre individuos concretos. Además, suele suponer un nuevo planteamiento sobre la conveniencia de prohibir o sancionar una conducta. Por esa razón, las leyes o actos de amnistía son más frecuentes en momentos de fuertes cambios sociales o de regímenes políticos y conlleva asociado el perdón de los posibles presos políticos. Me parece ocioso señalar que en España no se da ninguno de esos supuestos.

Ante la hipótesis de que se apruebe una ley de amnistía, es necesario que se nos diga en que situación moral y política quedarán aquellos que antes, durante y después del aciago otoño de 2017 estuvieron a favor de la legalidad y en contra de que se conculcasen derechos a la ciudadanía.

Con todo, siendo esa desconsideración muy grave, eso no sería lo peor. Lo peor, sería que, si se cede ahora en demasía para lograr la investidura de Sánchez, con la aritmética parlamentaria salida del 23 J se abrirá la temporada de caza en el Congreso y lograr votos, para sacar adelante cualquier iniciativa, se pondrá por las nubes y en política no todo vale.

Lo he dicho y escrito en varias ocasiones y lo seguiré haciendo hasta que los secesionistas lo interioricen: en noviembre de 2020, los representantes, de los casi 450 millones de ciudadanos de los 27 estados miembros de la UE, legítimamente escogidos aprobaron una resolución según la cual la autodeterminación, o sea, la independencia no tiene cabida en el ámbito comunitario. 

Asimismo, para el derecho internacional el ejercicio del derecho de autodeterminación aparece vinculado a situaciones de dominación colonial y de vulneración sistemática de los derechos de la población sometida. Únicamente en tal contexto represivo, las resoluciones internacionales legitiman su uso y se reconoce su legitimidad. Así pues, en el marco de un Estado democrático y de derecho como el español, en el que se respetan los estándares de libertades y derechos establecidos a nivel internacional, el derecho de autodeterminación no cuenta con el amparo de dicho ámbito. Sin embargo, nuestros independentistas no se sienten concernidos.

De todas formas, soy de la opinión que hay que dejar que las personas y los grupos exploren, dentro de la legalidad, sin cortapisas los caminos que consideren oportunos. Por eso, sin tan convencidos están los independentistas de la bondad de su proyecto, lo que tienen que hacer es presentar una propuesta de revisión constitucional ante el Congreso de los diputados. Nuestra Constitución permite, a diferencia de otros ordenamientos, activar procesos para alterar cualquiera de sus preceptos, incluidos los relativos a la soberanía y a la unidad e indivisibilidad de España. Que dichas iniciativas prosperen y lleguen a aprobarse dependerá, pues, de un complejo, aunque plausible, proceso de revisión constitucional, cuyo punto final debe ser, necesariamente, la ratificación por parte de toda la ciudadanía mediante referéndum.

En cualquier caso, esas iniciativas políticas, que pueden ser muy dignas y respetables, serían a futuro. En estos momentos, el reloj institucional está en marcha. Urge, pues, sentarse a dialogar, pero las cuestiones que desborden el marco constitucional no deberían ni estar sobre la mesa. Ahora, podemos seguir avanzado en conquistas sociales, progreso y bienestar económico o podemos volver a las urnas con el riesgo de que la derecha de un sorpasso y, si eso ocurre, en la próxima legislatura ni se hablaría catalán ni euskera vasco ni gallego en el Congreso, ni el gobierno saliente movería un dedo para que esas lenguas sean oficiales en Europa, más bien todo lo contrario. Y, desde luego, flexibilizar el reglamento para que los secesionistas catalanes tengan grupos parlamentarios propios, nada de nada.

Estamos viviendo una etapa de excepcionalidad en la el independentismo tiene la llave de la gobernabilidad y, en consecuencia, la pelota de la negociación está en su tejado. Es una buena ocasión para que cada cual demuestre su inteligencia política.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 05/10/2023

¿ESPAÑA NOS ROBA?

 

La investidura de Pedro Sánchez, como presidente del Gobierno, cada vez está más complicada. Los independentistas catalanes saben que sus votos son decisivos y los quieren hacer valer. Hasta ahí nada que objetar, ese tira y afloja forma parte de la negociación política. No obstante, todo tiene un límite y los secesionistas están demostrando que no tienen mesura. Ante la situación privilegiada en que quedaron tras el 23-J, a pesar de que perdieron votos a capazos, están demostrando su determinación a engancharse a las ubres del Estado como si fuera una vaca y ordeñarlo hasta dejarlo en los huesos.

La muchachada indepe no tiene bastante con pedir la amnistía y la autodeterminación, también exigen el traspaso de los trenes de Cercanías, las competencias en inmigración y un largo etcétera. Según parece, todo eso no es suficiente para investir a Sánchez y hace unos días la consejera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Natalia Mas, se descolgó diciendo que el déficit fiscal ronda los 22.000 millones de euros. Y claro, a Junts x Cat les ha faltado el tiempo para decir que el déficit acumulado en los últimos 33 años, asciende a 450.000 millones de euros. Sostienen que son 50.900 millones en déficit de infraestructuras, 375.000 millones en partidas sociales y 30.000 millones en pensiones. Queda claro que el papel lo aguanta todo.

Es evidente que lo que subyace en ese supuesto proceso de negociación de investidura es una lucha cainita entre las dos formaciones independentistas, ERC y Junts por ver quién logra la hegemonía en el campo del secesionismo. Las elecciones al Parlament se podrían convocar de forma inesperada y conviene estar preparados. Además, eso de que “España nos roba” enerva al personal y conviene tener a la parroquia tensionada, por lo que pueda ser.

Pero volvamos al núcleo central de esta columna: el déficit fiscal. Da la sensación que, los sabios contables del secesionismo, cuando hacen sus cálculos no tienen en cuenta la aportación catalana a los gastos comunes como es, por ejemplo, La Defensa, el coste de los bienes y servicios que reciben todos los ciudadanos, con independencia de su lugar de residencia o la balanza comercial entre comunidades que es netamente favorable a Cataluña.

Por otra parte, si echamos un vistazo a nuestro entorno, veremos que el déficit fiscal de Cataluña es similar al de las regiones ricas de otros países. Es el caso de los Länder alemanes que tienen un nivel de renta similar al nuestro: Baviera, Baden-Wüttemberg o Hesse. Y si abrimos un poco más el foco, encontraremos situaciones parecidas en países federales como por ejemplo, Nueva York o Nueva Jersey, en Estados Unidos, Lombardía y Véneto, en Italia o Ontario, en Canadá.

Con todo, considero conveniente clarificar que, ni todos los impuestos que se cobran en Cataluña los pagan los catalanes ni todo lo que pagan los catalanes se recauda en Cataluña. Hecha esta aclaración, hemos de saber que Cataluña es la tercera comunidad autónoma que más aporta a las arcas del Estado y, sin embargo, a la hora de recibir recursos queda relegada a la décima posición. Ante esa situación, es muy razonable pensar que la posición final debería aproximarse más al punto de partida. Es decir, si se es la tercera en aportar que se sea la quinta en recibir, ¿pero la décima? Eso es lo que se denomina principio de ordinalidad: no perder la posición inicial. Y eso, no tiene que significar ni favoritismo ni tratos de favor; sino una redistribución más equitativa de la renta disponible.

Visto lo visto, queda claro que el mantra de “España nos roba”, es una falacia que el independentismo utiliza para mantener alta la moral de sus feligreses. No obstante, no se pueden negar las evidencias: España tiene un grave problema con Cataluña; la dejadez y desidia de algunos altos representantes del Estado nos han traído hasta aquí y eso, aderezado de forma adecuada, ha dado alas al independentismo, y no cabe duda que en todo este affaire la fiscalidad juega un papel fundamental. Por consiguiente, el tema del nuevo sistema de financiación autonómica debería ser una prioridad ineludible para el nuevo Gobierno en la próxima legislatura. Se trata de redistribuir con el máximo de justicia y equidad. Está claro que los talibanes hiperventilados de una y otra orilla nunca se darán por satisfechos, pero es cuestión de irles quitando argumentos porque es, sin duda, la mejor manera para que vayan perdiendo adeptos. Si logramos encasillar el radicalismo en la marginalidad, habremos ganado la convivencia y esa sería una noticia inmejorable.      

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en E notícies 28/09/2023