DESIGUALDAD CRÓNICA

 

Estamos inmersos en plena vorágine electoral. No obstante, y a pesar de que, casi toda la atención informativa, está centrada en el 28 M, me parece oportuno, hacer un alto en el camino y echar un vistazo a nuestro entorno socioeconómico más inmediato; creo que es la mejor manera de no perder el contacto con la realidad y tener la máxima conciencia de cómo es la sociedad de la que formamos parte.

Al fin y al cabo, que esa realidad se cronifique o evolucione, depende de forma muy notable de los resultados de los próximos comicios, de los siguientes y… de los otros, porque el Estado del bienestar es, en sí mismo, un proyecto en constante transformación. Aunque en el año 1991 el entonces líder de la derecha José María Aznar ya demostró una incuestionable sensibilidad social al escribir: “Sólo aspiran a un resurgimiento del Estado de bienestar quienes siguen deseando ese modelo dirigista”.  Han pasado más de treinta años y somos legión los que seguimos dando la batalla porque creemos en el modelo, si bien admitimos que es francamente perfectible.

La cuestión es que, para muchos expertos, el debilitamiento de la calidad de la democracia está directamente relacionado con el debilitamiento del Estado de bienestar, en esencia porque las desigualdades subsisten y en algunos casos aumentan. Hoy, la principal cuestión sociopolítica no es si el capitalismo ha de ser sustituido por otro sistema, sino si los países pueden permitirse tener pensiones, sanidad y enseñanza que sean dignas y públicas, así como prestaciones por desempleo, una educación superior que no sea prohibitiva, o todo ello es demasiado caro. A esta “utopía factible” hay que añadir un nuevo capítulo que va a modificar nuestra manera de entender la vida en los próximos años: la lucha contra la emergencia climática.

Según un reciente informe de FOESSA, Fundación ligada a Cáritas, el 29% de la población de Cataluña padece exclusión social. Y en ese “grupo”, las familias se enfrentan a situaciones muy complicadas en su vida diaria: cuatro de cada 10 no pueden mantener la temperatura de casa adecuadamente, el 40% tienen ingresos mensuales inferiores a los 1.000 euros y en casi la mitad alguno de los miembros de la familia se encuentra en paro.

Es evidente que no lo podemos fiar todo a las administraciones, pero, no cabe duda que la acción de estas puede suavizar mucho la situación de los más débiles. Así, por ejemplo, para que las familias vulnerables puedan salir del pozo de la marginalidad se han de conjugar diversos factores; el acompañamiento de los servicios sociales es uno muy importante, pero eso significa inversión.

Ciertamente, estamos viviendo tiempos difíciles para todos y las instituciones no pueden llegar a todas partes y al mismo tiempo. Todos conocemos las carencias del sistema público de salud. Sabemos que la enseñanza de nuestros pequeños anda falta de recursos tanto humanos como materiales. La vivienda es inaccesible para muchos colectivos, y no se favorece la construcción de promociones sociales.

En definitiva, faltan recursos públicos y sobra burocracia para acceder a prestaciones para atender a un familiar dependiente, acceder al IMV (Ingreso Mínimo Vital) o atender infancia vulnerable. Es evidente que el gasto público tiene límites, pero desespera la presión fiscal sobre el trabajo que es muy elevada, algo que no sucede con la especulación financiera, y, a la vez, constatamos, con demasiada frecuencia, derroche presupuestario sobre el que nadie asume responsabilidades.

Ese mismo informe de FOESSA alerta de que la desigualdad creció en 2021 más que en toda la crisis de 2008. El estudio señala la situación de los jóvenes, una generación doblemente golpeada por la crisis financiera y la pandemia, y señala que 1,45 millones de jóvenes sufren exclusión social grave.

Las consecuencias de este incremento de la desigualdad son múltiples. Para Antón Costas y Xosé Carlos Arias, según afirman en Laberintos de prosperidad (Galaxia Gutenberg), “la principal es que supone un elemento de corrosión de primer orden para el contrato social, una fuente de malestar y tensionamiento que amenaza seriamente el futuro de las sociedades avanzadas.” En efecto, es difícil separar la desigualdad de la desafección política.

Las perspectivas no son buenas.  Quienes menos tienen, tienen menos cada vez; en particular, jóvenes, mujeres, población con menor cualificación profesional y economía sumergida. Según el Banco de España, a finales de 2021 los ingresos del 10% más rico eran más de ocho veces superiores que los del 10% más pobre. La brecha se mantiene con el doble de parados en España que la media europea, mientras que la presión fiscal, según datos de Eurostat, sigue entre cinco y seis puntos por debajo del entorno.

Las consecuencias destructivas de la pandemia, así como la inflación, generada por la invasión de Rusia a Ucrania, son razones de peso para reconsiderar nuestro modelo fiscal y asumir políticamente que el único instrumento para revertir las diferencias tan abismales de la sociedad, pasa por aumentar la presión fiscal: la desigualdad crónica es hoy la lacra más dañina de nuestro tiempo. Solo los impuestos permiten potentes políticas sociales y redistributivas.

“No hay que confundir el culo con las témporas”, que diría Don Camilo José Cela y el 28 M votamos para la gobernanza de pueblos y ciudades, pero no es menos cierto que esas elecciones serán un termómetro para las generales que vendrán a finales de año; y entonces, sí, ahí estarán en juego muchas cosas, la lucha contra las desigualdades entre ellas. Y no olvidemos que se presentarán los herederos directos de aquel que escribía que el Estado del bienestar es “un modelo dirigista”.

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 15/05/2023

BARECLONA, OBJETIVO PRIORITARIO

 

El objetivo prioritario de todos los partidos que se presentan a estas próximas elecciones municipales es Barcelona.   Para las grandes formaciones, conseguir la alcaldía de la capital de Cataluña significaría, más allá del reconocimiento de una buena parte del electorado, el espaldarazo a su proyecto político. Para los menos grandes, entrar en el consistorio barcelonés, es ganar visibilidad y poder hacer oír su voz, aunque sea con sordina.

A partir de ahí, cada partido está desarrollando la estrategia que considera más adecuada para sus intereses. Así, por ejemplo, la actual alcaldesa, Ada Colau, que se presenta por tercera vez para revalidar su mandato, intenta que el cisma Sumar Podemos no le pase factura. Colau lo tiene difícil porque su idea de ciudad parece superada y buena parte de la opinión publicada (que no siempre coincide con la pública) está en contra. Además, la gran mayoría del sector de negocios de la ciudad es muy reacio a la línea de actuación de la alcaldesa.

Lo de Xavier Trias es un caso extraño. El hombre estaba tranquilamente retirado en su arcadia feliz, pero los posconvergentes fueron a buscarle porque, tiempo atrás, pusieron toda la carne electoral en el asador municipalero de Elsa Artadi, pero la muchacha se desfondó y se fue a casa. La primera condición que puso Trias a los suyos fue que no salieran del Govern, pero Junts salió y él no se dio por enterado. Más tarde, hemos sabido que la presidenta de su partido, Laura Borrás ha criticado la decisión de repescar a Xavier Trias. Claro que tampoco hemos visto nunca al alcaldable en los performances de su jefa de filas frente al Palacio de Justicia. El viejo político no se anda con remilgos y esconde, sin disimulo, la marca del partido que le patrocina. Supongo que todo ese show tiene que ver con la erótica del poder, si no, no se entiende. 

Se cumple, este mes de mayo, doce años desde que los socialistas perdieron la alcaldía de Barcelona, ​​y esa es una espina que lleva muy clavada el PSC. Ahora, hay indicios racionales para pensar que Jaume Collboni puede ganar y poner, de nuevo, a su partido en el zenit de la política municipal catalana. La cuestión es que eso mismo se piensa en La Moncloa. Pedro Sánchez necesita una victoria de prestigio que ratifique su línea de actuación frente a la derecha. No es fruto del azar que Sánchez haya decidido cerrar campaña precisamente en Barcelona.

Y en este breve análisis nos queda el candidato republicano. ERC es el partido que, en Cataluña, presenta más candidaturas en estas elecciones, como ya sucedió en 2019. Sin embargo, los republicanos suelen obtener pingües beneficios electorales en el Área Metropolitana de Barcelona que es donde se concentra la inmensa mayoría de la población catalana , y ahí, sobre todo en las principales localidades, pintan bastos para los de Oriol Junqueras; ni L'Hospitalet de Llobregat, ni Badalona, ​​ni Santa Coloma de Gramenet parece que vayan a tener alcalde republicano, pero es que tampoco, en Barcelona, ​​Ernest Maragall está marcando la agenda de la campaña; da la sensación de que al viejo político ya se le ha pasado el arroz, tiene la pólvora mojada y los estudios de opinión cada vez indican con más claridad que el exsocialista reconvertido está perdiendo pie. 

Cuando faltan menos de tres semanas para que los ciudadanos acudamos a las urnas, diversos sondeos indican un triple empate entre Xavier Trias, Jaume Collboni y Ada Colau en intención directa de voto. Por consiguiente, si esa tendencia se confirma, tras el 28 M se pondrá en práctica un complicado proceso de negociaciones, para decidir quién será el encargado de pilotar la nueva etapa que se abrirá en nuestra ciudad.

Un ayuntamiento de primerísimo nivel como el de Barcelona, ​​ha de articular sus iniciativas desde las políticas sociales, la lucha contra el cambio climático, la contaminación y la seguridad, pero no solo eso. Cada población tiene sus especificidades y Barcelona no es una excepción. El modelo de ciudad compacta es propio de la capital catalana, aquí conviven empresas universitarias,  centros de investigación , de formación y de transferencia de tecnología, así como viviendas, equipamientos y  zonas verdes . Y ahora, se necesita un nuevo impulso y sabía nueva para que Barcelona pueda desarrollar todo el potencial acumulado.

No quiero utilizar el recurso fácil de la nostalgia, pero llevamos demasiados años sin un proyecto con capacidad para ilusionar a una gran mayoría de ciudadanos. El enquistamiento de la crisis territorial y el afán de protagonismo de algún que otro dirigente han acabado por hacer imposible un proyecto ambicioso que hubiera podido servir para sacar a Cataluña de la parálisis y el marasmo acumulado en los últimos diez años.

La ciudad está atravesando una crisis que, si no se ataja de manera adecuada, podría convertirse en crónica y generar decadencia. Si queremos seguir avanzando necesitamos un proyecto inclusivo. Debemos prescindir del sectarismo que ha anidado en la política catalana de los últimos tiempos. Ni el enfrentamiento ni la división han sido positivos para nadie. Es hora de pasar página y buscar aquello que nos une y enterrar lo que nos separa.

Barcelona tiene capacidad para reinventarse. Lo hizo en 1888 con la Exposición Universal, en 1929 con la Exposición Internacional y, también, en 1992 con los Juegos Olímpicos. Ahora necesita un nuevo empuje para soltar lastre y seguir en la cresta de la ola internacional, sin dejar de lado ni a sus ciudadanos    ni a su entorno que son su auténtica razón de ser. Se hizo muy bien y se puede volver a hacer, pero para eso hacen falta personas capacitadas que vayan más allá de visiones cortoplacistas y de proyectos de vuelo gallináceo que apuestan más por el decrecimiento que por el progreso.

El 28M, nosotros decidiremos.

 

Bernardo Fernandez

Publicado en e notícies 05/08/2023

NUEVO CICLO ELECTORAL Y CRISPACIÓN EN AUMENTO

 

Falta menos de un mes para que se celebren elecciones municipales en toda España y autonómicas en doce comunidades. Con esos comicios iniciaremos un ciclo electoral que tendrá su punto álgido a finales de año, cuando se lleven a cabo las elecciones generales y se cerrará en mayo del año próximo con las elecciones al Parlamento europeo. De todas formas, no se debería descartar el adelanto electoral en alguna comunidad autónoma donde ahora no se celebran, como podría ocurrir en Cataluña en 2024. Pero eso ya lo comentaremos en otra ocasión, ahora centrémonos en las elecciones de mayo.

A estas alturas, un ejército de expertos en datos, redes, estrategia, publicidad y marketing ya lo tiene todo listo para conquistar el corazón de los votantes. O, al menos, ese es el objetivo. Quedan veinte pocos días y en las sedes de los partidos ya está todo a punto, los sondeos andan muy ajustados y parece que podría producirse un empate entre los bloques de la izquierda y la derecha. En esas circunstancias, los detalles pueden inclinar la balanza.

Si ponemos el foco en clave partidos, el PSOE se juega retener la presidencia de nueve autonomías, 22 capitales de provincia y su continuidad en La Moncloa. Por su parte, el PP se plantea como objetivos innegociables, retener el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid para consolidar sus expectativas como partido de Gobierno. Pero, además, necesita arrebatar alguna autonomía a los socialistas y los populares han colocado Valencia en el punto de mira. Ese sería la mejor credencial para ganar las generales. Por su parte, tanto Podemos como Vox pondrán en valor su utilidad como fuerzas indispensables para formar coaliciones y Ciudadanos se juega, sencillamente, la supervivencia.

En estas elecciones sobre vuela una cuestión que no es menor: si habrá o no cambio político en España. No serán pocos los analistas políticos que en función de los resultados del 28 M hagan cábalas para saber si la derecha (sola o con el apoyo de la extrema derecha) arrebata el poder al primer Gobierno de coalición progresista desde la restauración de la democracia. Son muchos los que ven estas elecciones municipales como unas primarias de las generales. No obstante, hay que tener en cuenta que los ciudadanos diferencian unos procesos de otros y las motivaciones son diferentes. Pero, desde luego, de estos comicios saldrá un esbozo electoral que marcará el camino hacia las generales.

Llevamos, de todos modos, muchos meses viviendo una crisis institucional sin precedentes y eso hace que estamos inmersos en un clima de crispación y desacuerdo entre los dos grandes partidos y, esta situación, no solo va a continuar hasta las elecciones generales, sino que es muy probable que vaya en aumento. Eso es algo que tienen asumido en la dirección de todos los partidos No habrá tregua, y el tiempo apremia.

En el PP preocupa la falta de fondo de Núñez Feijóo. El líder del Partido Popular poco a poco se va desinflando a pesar de los sondeos de empresas privadas que le otorgan una primera posición en unas elecciones generales. Hemos visto como ha zozobrado con el tema de la legalización del regadío de fresas en los entornos de Doñana. La irrupción en el debate político del cambio climático a solo un mes de las elecciones autonómicas y municipales ha supuesto un serio contratiempo para el PP. El grupo dirigente de los populares se ha percatado de la situación y ha decidido rebajar las expectativas sobre las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo. Son conscientes de que en política es fundamental la gestión de las expectativas.  Y eso es un signo de madurez política que acostumbra a generar buenos rendimientos electorales.

Por su parte, el PSOE ya ha puesto en marcha una doble estrategia. Por un lado, está poniendo en práctica una “lluvia fina”, explicando, de forma clara y muy pedagógica las 192 reformas que se han llevado a cabo a lo largo de la legislatura y que en ocasiones han pasado desapercibidas. En ese contexto, es razonable pensar que Pedro Sánchez irá desgranado nuevas iniciativas como  la construcción de 20.000 nuevas viviendas públicas en terrenos del Ministerio de Defensa, que se unirán a las 50.000 de la Sareb y las 43.000 financiadas por el ICO.  Por otro, los líderes territoriales socialistas, que parten con la ventaja de hacer campaña desde la posición privilegiada de sus respectivos gobiernos, se centrarán en la estabilidad institucional, defenderán los intereses particulares de cada región, pero tendrán un hilo conductor que serán las políticas sociales del Gobierno Central y ensalzar las medidas de La Moncloa contra el aumento de los precios por la inflación.

Como siempre que se celebran unas elecciones hay muchas cosas en juego y, sin duda alguna, lo que más nos convine a todos es que ganen y gobiernen aquellas opciones que mejor favorezcan el bien común y le interés general. Pero este ciclo va a suponer, también, una criba para los líderes políticos y es muy probable que, más de uno, ante la crudeza de los resultados tenga que dejar la política activa.

Y si no, tiempo al tiempo.

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 27/04/2023

VERGÜENZA CULÉ

 

Los lectores habituales de esta columna me van a permitir que, por una vez y sin que sirva de precedente, aparque los temas que vengo tratando normalmente —cuestiones políticas y/o sociales—, para que me adentre en el intrincado laberinto futbolero, en concreto , en el caso Negreira, pero sobre todo en la respuesta que sobre el asunto ha dado el presidente del Barça Joan Laporta.

Se han cumplido ya dos meses desde que la Cadena SER hizo público que Hacienda estaba investigando a José Enriquez Negreira y al Fútbol Club Barcelona, ​​por unos pagos, de la entidad al entonces vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) que, a priori, parecían poco claros. Durante todo ese tiempo, hemos estado esperando algún tipo de explicación por parte del club. Sin embargo, hasta el pasado lunes la entidad deportiva se limitó a guardar silencio o, en el mejor de los casos, a echar pelotas fuera, como se dice en el argot.

Pero el lunes, 17 de abril, sí. El lunes habló el presidente y, para ser sinceros, mejor no lo había hecho, porque, con sus declaraciones, no hizo otra cosa que sembrar más dudas de las que ya usa y emponzoñar un poco más el lodazal en que se están convirtiendo algunas acciones extradeportivas del FC Barcelona.

En la rueda de prensa del 17 de abril, Laporta expuso las grandes líneas sobre las que se sustentará la defensa del club. El presidente fue rotundo negando la acusación de que los pagos a Negreira pudieron haber servido para influir en decisiones arbitrales, pero no mostró ninguna prueba para desmentir la acusación. Según la Fiscalía el club intentó alterar la competición mediante pagos ilícitos. Parece probado que el Barça pagó 7,3 millones de euros al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros durante 17 años (el club no lo ha desmentido). La Fiscalía señala, también, que “el Barça logró y mantuvo un acuerdo verbal estrictamente confidencial con Enríquez Negreira, a fin de que, en su calidad de vicepresidente del CTA ya cambio de dinero, realiza actuaciones tendentes a favorecer al FC Barcelona en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos que disputase el Club. Y el fiscal señala que se giraron facturas contra el Barça sin que las mismas respondieran a ninguna prestación o servicios de asesoramiento técnico real.

Laporta sostuvo que el Barça pagó por un servicio de asesoramiento arbitral y no para influir en los árbitros. La pregunta aquí es, ¿en qué consiste un asesoramiento arbitral? Porque no se niega que el servicio existió, se prestó y se pagó un precio de acuerdo con el mercado. Ahora resulta que hay mercado de esos trapicheos (?). ¿Alguien puede explicar qué se vende y qué se compra en ese mercado?

En un principio, el club negó que tuvieran esos trabajos. Según Hacienda “no se ha aportado documento alguno que acredite que se prestó un servicio al FC Barcelona” y ese fue el desencadenante que alimentó las sospechas. En la rueda de prensa, el presidente se excusó diciendo que el hecho de que no se presentaran los informes no significa que no existieran. Sin embargo, en la investigación interna que se encargó al despacho del abogado de Andreu Van den Eynde se hallaron 629 informes y 43 CDs de vídeos de análisis arbitral. ¡Vaya!, de no encontrar nada a sacar a la luz cuatro cajas repletas de material.

En realidad, todo este asunto desprende un tufo mafioso que apesta. Ante una situación tan poco virtuosa y de la cual el club puede salir perjudicado, hay que lamentar que el máximo mandatario azulgrana no se haya puesto, de manera incondicional, al servicio de la justicia deportiva y civil para llegar hasta el fondo del affaire y proteger así el buen nombre y prestigio del Barça. Por el contrario, Laporta cargó con dureza contra Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol y el Real Madrid.

Está claro que el Real Madrid tiene todo el derecho del mundo a defenderse, pero poner en marcha el ventilador y el “y tú más” es una bajeza. Los blancos cometieron un grave error al difundir un video de más de cuatro minutos en el que se mostraron, entre otras, imágenes de Franco con los dirigentes del club de otros tiempos. En aquella época los que tenían una cierta trascendencia social y no empatizaban con la dictadura, tenían garantizado un futuro muy negro. Por lo tanto, había que hacer de tripas corazón y, por la cuenta que les tenía, confraternizar con el Régimen. Las cosas como son.

Por si a alguien se lo ocurre pensar que soy merengue o periquito, no quiero acabar con este artículo sin decir que, el que lo firma, ha llevado el carnet de socio del FC Barcelona durante cuarenta años en el bolsillo, pero todo tiene un límite y la connivencia del Barça con el independentismo más radical, los cánticos en el minuto 17,14, los trapicheos de Josep María Bartomeu y su Junta Directiva, la marcha de Messi y otras lindezas por el estilo, me hicieron darme de baja a finales de 2021 A dia de hoy, sigo esperando que, alguien de la direccion del club, se ponga en contacto conmigo o me mande un mail en el que me pida que repiense mi decision.

Algunos amigos me dicen que soy “un somiatruites” y, seguramente, no les falta razón.

 

 

Bernardo Fernandez

Publicado en e notiícies 24/04/2023

INASEQUIBLE AL DESALIENTO

 

El 26 de noviembre de 2020 el Parlamento europeo votó una iniciativa, presentada por la diputada Diana Riba (ERC), que proponía el reconocimiento de la autodeterminación a los territorios que reivindican su identidad nacional diferenciada, como puede ser el caso de Cataluña, Flandes, El País Vasco o el Tirol.

La propuesta fue rechazada por 487 votos en contra, 170 a favor y 37 abstenciones. Es decir, los representantes, de los casi 450 millones de ciudadanos de los 27 estados miembros de la UE, legítimamente escogidos entienden que la autodeterminación, o sea, la independencia no tiene cabida en el ámbito comunitario.

Pero el independentismo catalán acostumbra a hacer oídos sordos cuando un tema no es de su agrado. Quizás por eso, el pasado mes de septiembre, durante el debate de política general que se llevó a cabo en el Parlament de Cataluña, Pere Aragonés propuso una resolución para negociar con el Gobierno central un Acuerdo de Claridad. Sin embargo, la iniciativa fue rechazada tanto por los grupos independentistas como por los no secesionistas, tan solo en Comú Podem votó afirmativamente.

Para remachar el clavo, un par de meses después, de que el presidente sufriese esa contrariedad, el Tribunal Supremo del Reino Unido vetaba el segundo referéndum de independencia de Escocia. Los cinco jueces que componen el Tribunal que rechaza el plebiscito que sería consultivo y no tendrá consecuencias ni prácticas efectivas en la unidad del estado. Con esa decisión jurídica, se desmoronaba como un castillo de naipes la “vía escocesa”, principal referente del independentismo catalán en los últimos años.

Pues bien, parece que el presidente Aragonés es inasequible al desaliento porque a pesar de estos antecedentes, la semana pasada compareció ante los medios para anunciar que tras el 28 M convocará a los partidos catalanes para elaborar una propuesta de Acuerdo de Claridad que quiere presentar al Gobierno que surja de las próximas elecciones generales.

La idea de Aragonés está basada en una que  formuló Canadá en el 2000  para las solicitudes de escisión que se hacían desde Quebec, la región francófona del país. En ella, Canadá reconocía la posibilidad de que Quebec se separara, siempre y cuando el resultado del referéndum en la región fuera “de una mayoría clara y contundente”, algo que no pasó, aunque sí dio el nombre a la norma.

Moncloa no hizo esperar su respuesta y por boca de la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, dejó claro “que con Pedro Sánchez de presidente del Gobierno, no va a haber referéndum de autodeterminación en Cataluña”.

Por su parte, los partidos de la oposición recibieron con frialdad la propuesta. El PSC dejó claro que no comparte el debate: “Se tiene que estar dedicando energías en otras cosas, con propuestas divisivas no nos encontrarán”, dijo su portavoz parlamentaria Alicia Romero y el primer secretario, Salvador Illa, ha anunciado que su partido no tiene comprometido la asistencia a ese foro porque siempre se han opuesto a propuestas que vayan en la línea de “dividir a los catalanes” en lugar de fomentar su unión.Tampoco en Junts se alegraron con la iniciativa que, en su opinión, es una “huida hacia delante” con “tufo de electoralismo”. Sin embargo, Josep Rius, portavoz de los posconvergentes, aseguró que su formación estará en la mesa de partidos que plantea Aragonés para junio. Aun así, ha reclamado una mesa que conforman solo independentistas. Y a Carles Puigdemont le ha faltado tiempo para rechazar la propuesta y recordar que el Parlament ya rechazó un Acuerdo de Claridad.

Sostienen diversos analistas políticos que esa iniciativa es un brindis al sol para tensionar a la parroquia porque, según las encuestas, en las próximas elecciones municipales pintan bastos para los republicanos en la primera corona del área metropolitana de Barcelona. En cambio, Junts está remontando gracias al efecto Trias, aunque acude a las municipales sin las siglas de su partido. Y parece que esa situación genera mimetismos en buena parte del territorio catalán gracias, también, a las alianzas con el PDECat.

A mi modo de ver, la cuestión de fondo es que el Govern vive en un permanente “sin vivir”. Con un grupo parlamentario de 33 diputados de un total de 135 y escasísimas posibilidades de acuerdo con otras formaciones, la legislatura pende de un hilo; los números son tozudos y la aritmética parlamentaria tiene sus límites. Además, Junts, después del terremoto interno que supuso la salida del Ejecutivo se está estabilizando y el PSC sigue encabezando las encuestas ampliando sus ventajas, y todo eso pone de los nervios a los dirigentes republicanos.

Pere Aragonés y sus colaboradores saben, sobradamente, que ningún Gobierno de España, sea del color que sea, jamás permitirá un referéndum de autodeterminación en el territorio nacional. “Países como Francia, Alemania o Italia ya han sentenciado que ninguna región podría separarse del país, da igual el procedimiento que se quiera seguir”, opina Javier Tajadura, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco.

Lo que no me parece una opción es volver a tensionar a la sociedad catalana y ponerla, de nuevo, a los pies de los caballos. En consecuencia, me permito sugerir a Pere Aragonés y los suyos que si tan convencidos están de la bondad de su propuesta y, dado que excede el marco constitucional, que sea el grupo parlamentario de ERC, en el Congreso de los diputados, quien presente una propuesta de modificación de la Constitución. Porque no es admisible que el presidente (se supone que) de todos los catalanes publique desde una institución común (la Generalitat) un proyecto de partido como es el Acuerdo de Claridad. Los ciudadanos no independentistas estamos hartos de que nos ninguneen con bagatelas como el derecho a decidir, la unilateralidad y, ahora, el Acuerdo de Claridad. Mejor nos iría si nuestros gobernantes se dedicasen a cosas tan prosaicas como, por ejemplo, fomentar de manera activa la transición ecológica, potenciar las energías limpias, paliar la sequía, disminuir las listas de espera en la Sanidad o elevar la calidad y cantidad de la Formación Profesional. Quizás sean tareas poco heroicas y nada épicas, pero, desde luego, muy positivas para la sociedad.   

 

 

Bernardo Fernandez

Publicado en e notícies 17/04/2023

LAS PENSIONES PÚBLICAS Y LA CUADRATURA DEL CÍRCULO

 

Desde la década de los 90, las entidades financieras y sus empresas afines nos han estado advirtiendo, de forma reiterada, de la inviabilidad del sistema público de pensiones. Resulta que, uno de los mayores avances de la humanidad: el aumento de la esperanza de vida de la población, que en poco más de un siglo se ha doblado, para el neoliberalismo es una desgracia. Según nos han ido diciendo, el envejecimiento de la población comportará la quiebra de la Seguridad Social. Por eso, han sugerido la conveniencia de contratar un plan de pensiones privado, para no llegar a la jubilación y encontrarse sin cobertura económica. Esos agoreros no tenían en cuenta que, para una familia que se las ve y las desea para llegar a fin de mes, pensar en otra cosa que no sea el ir tirando es una entelequia.

Solo nos faltó que el PP llegara al poder. No se anduvieron por las ramas y aprobaron la ley reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social, con la que se cambió el cálculo de las revalorizaciones de las pensiones. Dicho y hecho. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social, liderado por Fátima Báñez aplicó la reforma, introdujo el factor de sostenibilidad y el índice de revalorización. A partir de entonces, las pensiones crecerían un 0,25%.

Además, de manera más o menos sibilina, se empezó a filtrar la idea de que la solución para nuestro sistema de pensiones era aplicar el modelo conocido como de “mochila austriaca”. 

Esa “mochila austriaca” es, en esencia, un fondo de capitalización individual que se nutre de las aportaciones de los empresarios de una parte del salario bruto de cada trabajador. Ese dinero, que lleva el nombre y apellidos de cada persona, se invierte y es gestionado por una entidad financiera. Si llega el despido de ese obrero, no recibe indemnización sino que se lleva consigo el dinero de esa "mochila" y puede hacerlo efectivo o reservarlo para el futuro como complemento de su pensión. Es decir, con ese método se rompen los dos grandes ejes vertebradores de nuestro sistema que son el sistema de reparto y el principio de solidaridad intergeneracional.

Estábamos entonando el réquiem por el fin de unas pensiones públicas decentes, cuando la izquierda alcanzó el poder y se puso de manifiesto que las cosas se pueden (y deben) hacer de otra manera.

Uno de los temas estrella comprometidos por el Gobierno de coalición fue la reforma del sistema público de pensione para hacerlo viable. Y a eso se puso el ministro José Luís Escrivá. No ha sido fácil. Escrivá se ha movido en un auténtico campo de minas. En el primer año de legislatura, con la ley sobre pensiones del PP todavía en vigor, “dio” una “paguilla” en el mes de febrero, para paliar la pérdida del poder adquisitivo de los pensionistas. Al año siguiente las pensiones crecieron conforme al IPC, 3,5%, y este año, con la nueva ley en funcionamiento, las pensiones se han revalorizado un 8,5% tal como señala un IPC desbocado por la inflación.

Pero Escrivá aún tenía que remachar el clavo y sacar adelante la segunda parte del plan –la más delicada y compleja— que no es otra que establecer una modalidad que, manteniendo los ejes básicos de nuestro sistema, fuese sostenible.  Y el ministro ha logrado lo que para algunos puede ser la cuadratura del círculo, pero que en realidad es aplicar aquel principio según el cual, “cuando una cosa es justa se ha de hacer, cueste lo que cueste”.

Una de las cuestiones que el Gobierno se había marcado como “irrenunciable” era el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas. Por eso, Escrivá ha optado por la subida de las cotizaciones sociales, en lugar de otras medidas como podía ser retrasar la edad de jubilación a los 70 años, la reducción de las pensiones futuras o el alargamiento a 30 años del cómputo para calcular el importe de la pensión en lugar de los 25 actuales. A partir de ahora, para el cómputo de la pensión coexistirán dos sistemas durante 20 años. Se mantendrá el cálculo actual de 25 años y se incorpora uno nuevo, de 29 años, de los que se podrán excluir los dos peores ejercicios. Cada pensionista percibirá su prestación calculada con la opción más ventajosa para él. Esta medida no es neutra, sino que supone un coste para el sistema, pero que los trabajadores que hayan tenido recorridos más irregulares puedan tener una mejor pensión.

Para mejorar los ingresos del sistema, el Gobierno plantea una “cuota de solidaridad” que deberán pagar los salarios superiores como complemento a la base máxima de cotización. El aumento de los ingresos facilitará, asimismo, subir la cuantía de las pensiones mínimas.

Esa reforma legislativa ha recibido el plácet de los expertos de la CE y ha supuesto el desbloqueo inmediato de 10.000 millones de euros de los fondos de inversión Next Generation. Y mientras, los órganos directivos de CC.OO y UGT se congratulaban por la dimensión histórica de la iniciativa. Sin embargo, la patronal mostraba su “frontal oposición” a la reforma del sistema de pensiones por “regresiva” y “populista”.

Tampoco le han gustado las modificaciones a Núñez Feijoo, en su opinión “son una chapuza”. Él prefiere la de Emmanuel Macron, es decir, la reforma de las pensiones impuesta sin consenso que retrasa la jubilación y ha provocado un fuerte rechazo social en Francia.

¡Qué le vamos a hacer!  A menudo los intereses de las clases pudientes y los de las clases medias y populares no son coincidentes.        Pero no hay que preocuparse, con toda seguridad, los señores de la CEOE, Feijoo y sus colegas se estarán costeando un buen plan privado de pensiones. Algo que no se puede permitir gran parte de la ciudadanía. De ahí, la gran importancia de esta resolución legislativa.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 27/03/2023

MÁS ALLÁ DE LOS PRESUPUESTOS

 

Después de cinco meses de negociaciones con dos o tres semanas de encuentros extenuantes, republicanos y socialistas alcanzaron un acuerdo y, por fin, el pasado 10 de marzo, el Parlament presentó los presupuestos del Govern de la Generalitat para 2023.

En cualquier otro lugar, con la política normalizada, ese acuerdo no había sido mucho más que un puro trámite, pero aquí tiene otra dimensión porque corrobora un cambio de tendencia y abre unas expectativas que, aunque con prudencia, invitan a la esperanza. Por consiguiente, hemos de darle la importancia que en realidad tiene que no es menor.

Estas cuentas, que son las más expansivas de la historia (41.025 millones de euros un 7,25% más que el ejercicio anterior), han salido adelante con los votos del PSC, ERC y Comuns. Pues bien, soy de la opinión que la buena política es la que sirve para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y si estos presupuestos se ejecutan en tiempo y forma (algo que no ocurre con la frecuencia que sería deseable), cumplir para empezar a revertir los recortes en las políticas sociales y dar un nuevo impulso a las infraestructuras que llevan demasiado tiempo al ralentí o directamente paralizadas por motivos diversos. Además, con esa aprobación se ha roto el “bloquismo” que venía vertebrando la política catalana desde hace más de una década y se abre la puerta a todo un abanico de posibilidades. No es menos cierto, no obstante, que tanto Salvador Illa, como Pere Aragonés y Jéssica Albiach, los tres artífices del pacto, se han esforzado en remarcar que el acuerdo es puntual y no tiene más connotaciones. Pero a nadie se le escapa que con 33 diputados dando soporte al Govern o se negocia y se llega a ententes o el Ejecutivo va perder una tras otra las votaciones en el parque de la Ciutadella, y eso equivale a tener que convocar elecciones más pronto que Tarde.

Más allá de las cuestiones técnicas, las negociaciones no han sido fáciles para nadie, pero han sido posibles gracias a la voluntad de las partes, en especial socialistas y republicanos. Tanto unos como otros han demostrado cintura; los primeros para mostrar como alternativa real de gobierno y los segundos para demostrar que, a pesar de la debilidad de su grupo parlamentario, tienen capacidad política para practicar la geometría variable y seguir instalados en el Palau de la Generalitat. 

Lo giros que da la política son curiosos: en mayo de 2021, Pere Aragonés era investido con los votos favorables además de ERC, con los de Junts y la CUP y los votos en contra de PSC, Comuns, PP, Vox y Ciutadans. Ahora, casi dos años después, PSC y Comuns votaron a favor de las cuentas de los republicanos y Junts y la CUP en contra, acompañados de PP, Vox y Ciutadans. El mundo al revés, pensarán algunos.

Parece que Pere Aragonés ha aprendido la lección que dejó escrita Michael Ignatieff (lí der del  Partido Liberal de Canadá  y de la Oposición de aquel país desde 2008 hasta 2011) cuando dijo que: “Ningún verdadero político puede permitirse hacer el lujo de enemigos eternos. Necesita convertir a los adversarios en aliados si quiere hacer el trabajo que exige la democracia”, el presidente ha terminado imponiendo su determinación a aquellos que la noche antes de que se firmase el acuerdo pedían no pactar con los socialistas.

Ahora, la pelota está en el tejado de Pere Aragonés. Tendrá que demostrar que es un político solvente y no un activista reconvertido. De momento, Aragonés evita ir a elecciones anticipadas y ERC llegará a las municipales, de mayo, con los deberes hechos la etiqueta de partido “responsable”. No parece un mal balance para comenzar una nueva etapa.

De todas maneras, Aragonés tiene diversas carpetas sobre la mesa que no puede orillar mucho tiempo más. Ahora mismo, la sequía es, probablemente, la cuestión más urgente que hay que afrontar. Es cierto que en ese ámbito el Govern está muy limitado, entre otras cosas porque arrastramos una falta de previsión alarmante, pero ya está haciendo tarde. Por eso, Salvador Illa le ha registrado que en el ejercicio anterior la Agencia Catalana de l'aigua (ACA) invirtió un escaso 21% de su capacidad total de inversión, y esa sí es una responsabilidad directa del Ejecutivo catalán. Pero démosle un margen de confianza.

En todo este asunto hay una cuestión clave: Hacía diez años que el PSC no participaba en la negociación de las cuentas de la Generalitat. Aunque claro, no siempre llueve a gusto de todos. Quizás, por eso, tras la aprobación de las cuentas el líder del grupo parlamentario de JxCat, Albert Batet decía: “En Madrid están muy contemos, y en Catalunya hay un independentismo que está triste”.

Desconozco si en Madrid se alegraron por el acuerdo o no. De todas maneras, parece lógico pensar que el diálogo, la negociación y el pacto siempre son preferibles a la bronca, el desacuerdo y la división, aquí, allí y acullá; entre otras cosas porque es más fácil avanzar desde la estabilidad que debatir en la incertidumbre y la tensión. La cuestión es que hiperventilados y talibanes no aprenden y siguen instalados en el peor cuanto mejor.   Y así les luce el pelo.

 

 

Bernardo Fernandez

Publicado en e notícies 20/03/2023