LUCHA POR EL PODER

 “Lo que no puede ser no puede ser, y además es imposible” , dice un conocido refrán andaluz. Por eso, aunque Pablo Casado y su club de fans inunden de cirios la capilla de San Judas Tadeo, patrono de las causas imposibles, Casado nunca será presidente del Gobierno de España.

 Desde que Casado llegó a la presidencia del PP, en julio de 2018, siguió bastante de cerca de su carrera y, en mi opinión, no tiene ni el fuste ni el cuajo necesario para ser el líder del centro derecha que este país necesita. Además, tampoco su equipo de colaboradores más próximo, es ninguna maravilla y, ahora, para terminar de sepultar, sus ya escasas aspiraciones, ha reavivado la guerra con Isabel Díaz Ayuso y, según parece, con especial virulencia.

 Los dirigentes populares habían diseñado una estrategia en la que daban por hecho que el PP ganaría las elecciones de Castilla y León con una mayoría muy holgada; unos meses después elecciones y victoria en Andalucía y, de esa forma, el camino hacia la Moncloa, de Pablo Casado, sería un paseo.

 Una de las pretensiones ocultas de los “cerebros pensantes” de Génova era demostrar que no es la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quien consigue la mayorías arrasadoras, sino el PP.   Sin embargo, Pablo Casado y su lugarteniente Teodoro García Egea cometieron un grave error de cálculo. Pensaron que con los precios disparados, la sexta ola de la Covid en pleno apogeo y su plan para retrasar los  fondos europeos  asfixiarían al Gobierno. Ante esa situación decidir activar la maquinaria electoral en Castilla y León y convertir el 2022 en un año de desgaste para el Ejecutivo, con la vista puesta en las elecciones generales de 2023. 

 Sin embargo, la convocatoria de esas elecciones es un ejemplo de lo que nunca se debe hacer en política. Los populares han pasado de gobernar con una mayoría cómoda y un socio dócil, aunque tuvieran alguna salida de tono, a tener que mendigar para conseguir la investidura de Fernández Mañueco, primero y lograr la estabilidad del gobierno autonómico, después. Ahora, Mañueco deberá negociar en una situación de extrema debilidad y con la crisis de su partido como telón de fondo. Una vez más, se ha puesto de manifiesto, la escasa capacidad de la dirección actual del PP para diseñar una estrategia razonable y adecuada.

 No faltará quién sostenga que una victoria siempre es una victoria, aunque sea por la mínima. Y, ciertamente, eso es lo que hizo el PP: ganar las elecciones de Castilla y León el pasado 13 de febrero. Ahora bien, en situaciones como esa es donde se demuestra la eficiencia de los aparatos de los partidos. No le quiero echar agua al vino, pero está obligado a preguntarse: ¿para qué ha servido adelantar esas elecciones ya quién ha beneficiado? ¿Se hubiera destapado este affaire con un PP victorioso en las elecciones del 13-F? Cada uno de nosotros puede responder a esas preguntas, y otros por el estilo, según su mejor saber y entender, pero una respuesta objetiva y/o de la parte interesada (PP) jamás la tendremos.

 Es muy pronto y faltan datos para hacer conjeturas de cómo pueden evolucionar los acontecimientos. No obstante, una cosa es cierta, si un partido es incapaz de aglutinarse en torno a un proyecto, como va a motivar a sus electores para que le voten. Decía Soledad Gallego-Díaz en una brillante crónica de urgencia sobre el particular, publicada en El País el 18/02/22, que: la crisis abierta  tiene consecuencias imprevisibles y un solo beneficiario a la hora de recoger el desconcierto y descontento de la derecha : Vox. La situación parece muy enquistada porque ni el presidente del partido puede destruir a Díaz Ayuso ni ella está en condiciones de empujarlo fuera de Génova. La debilidad extrema de Casado ha quedado expuesta...,” y continúa:“La relación entre los dos políticos populares es ya irreconciliable y eso tendrá consecuencias inmediatas para los barones del partido, especialmente los que están en esferas de poder”.

 Sucesos como este no son nuevos en el PP. Personajes como Ruiz Gallardón, Esperanza Aguirre o Cristina Cifuentes también se tuvieron que enfrentar al poder de Génova. Otros líderes como María Dolores de Cospedal o Soraya Sáenz de Santamaría mantuvieron sórdidas batallas por el poder a la espera de la caída de Mariano Rajoy. En la situación que ahora nos ocupa no hay diferencias sustanciales entre los dos enfrentados. Casado y Ayuso son, prácticamente, de la misma quinta, han hecho buena parte de su carrera juntos y no hay, entre ellos, ninguna diferencia ideológica. Es por consiguiente, una lucha por el poder.

 Ante esta situación tan poco virtuosa de la derecha de nuestro país, no hay que ser un lince para comprender que los grandes beneficiados de este desastre son la gente de VOX. fueron los verdaderos triunfadores de las elecciones en Castilla y León y ellos serán los que recojan el botín electoral que el PP está arrojando por la borda, como paso anterior al naufragio.

 El tumulto mediático que el affaire ha generado y la incomodidad de los barones del partido ha hecho que, desde la dirección de la calle Génova, pretenden dar la crisis por zanjada, pero el daño ya está hecho y no solo al PP, lo que es más grave: a la democracia en general. Además quedan demasiadas incógnitas por despejar. ¿Ordenó la dirección del partido espiar a Ayuso? ¿Hubo trato de favor de Isabel Díaz Ayuso a su hermano Tomás? ¿Hay indicios de corrupción en el Gobierno de la comunidad de Madrid? ¿Tiene miedo Casado de seguir adelante y perder su poltrona? Más allá de que los partidos de la oposición hayan puesto el caso en manos de la fiscalía, es el PP quién debe dar cuenta claras y concretas de lo que ha sucedido, con pruebas que acreditan sus sospechas porque hasta el momento, ni unos ni otros ,

 Ante este estado de cosas, que nadie espere que los ciudadanos nos demos por satisfechos y almacenemos el affaire en el baúl del olvido. La ciudadanía toda, tanto la que vota al partido popular como la que no, tiene todo el derecho a saber lo ocurrido. 

 No nos conformaremos con menos.

 

Bernardo Fernandez

Publicado en e notícies 21/02/2022

 

SABREMOS LA VERDAD

 

La desvergüenza de la jerarquía eclesiástica española no tiene límites. En el ámbito moral no tiene nada que ver lo que predican con lo que practican y en el terreno económico son auténticos depredadores; los fondos buitre, comparados con las prácticas de la Iglesia en cuestiones económicas, son como juegos de niños. Y si alguien piensa que exagero o falseo la verdad que reflexione sobre los abusos sexuales y/o las inmatriculaciones.

 Su falta de compromiso ético y social es alarmante y conste que, esto que escribe, no tiene nada que ver ni con personajes como, en su momento, fue el cardenal Tarancón, los curas obreros o la gente que vive volcada en ayudar a los demás , ya sea un título individual o vinculados a entidades como pueden ser Cáritas o parroquias que están al pie del cañón en los barrios más castigados por las crisis socio económicas. Por eso, quiero dejar claro que este artículo no tiene nada que ver ni con la religión, ni con la doctrina, ni con las creencias de las personas.  

 Hecha esta aclaración que me parece pertinente, quiero llamar la atención, con esta columna, sobre los abusos sexuales en la Iglesia. Tiempo tendremos, más adelante, para comentar el asunto de las inmatriculaciones, que es un tema que tampoco tiene desperdicio. 

 Fue un periódico de tirada nacional, El País, el que después de tres largos años de investigación destapó el asunto y puso en manos del papa Francisco un informe de casi 400 páginas. En el mismo se explican algunas de las fechorías sexuales que llevaron a cabo individuos que, amparados por su posición de poder por ser miembros de la Iglesia, abusaron, precisamente, de aquellos que acudieron a ellos en busca de cobijo y protección. Según ese informe se ven afectados, en principio, 31 órdenes religiosas y 31 diócesis. El estudio se remonta a 1943 y llega hasta 2018. A falta de datos oficiales, tanto de la Iglesia como de las Administraciones, se dan por verídicos más de 600 casos; cada uno hace referencia a un acusado y se considera que puede haber unas 1.240 víctimas.

 Es una evidencia de que la jerarquía católica española nunca ha estado por la labor de aportar luz y claridad a esas presuntas monstruosidades.   Por eso, Unidas Podemos, ERC y Bildu registraron, hace unas semanas, una propuesta para  crear una comisión de investigación en el Congreso.   Da grima comparar   el papel del Vaticano   con lo que ha hecho hasta ahora   la Conferencia Episcopal (CEE), que no se da por aludida, y ha decidido escurrir el bulto y remitir toda responsabilidad a las órdenes religiosas afectadas.

 En un principio la reacción del presidente de la CEE y arzobispo de Barcelona, ​​Juan José Omella fue para enmarcar. El prelado cargó contra los medios de comunicación porque, a su juicio, "incitan a un sexo libre" que "no ayuda" a combatir los abusos sexuales a menores. Esas declaraciones las hizo monseñor el pasado octubre. Sin embargo, parece que más tarde, Omella comprendió que se había pasado de frenada y en una comparecencia ante los medios en Roma, el pasado mes de enero, aseguró que la CEE está investigando los casos destapados por El País. 

No obstante, el cardenal no precisó ni cómo se hará la investigación ni cuándo se requerirán los resultados. tampoco explicó por qué un mes después de haber sido entregado el informe, solo 6 de las 31 diócesis afectadas (Santiago de Compostela, Barcelona, ​​Bilbao, Cartagena, Orihuela y Zamora) han ponerse en contacto con las víctimas. El cardenal ha asegurado también que “todas las diócesis van poquito a poco”

Para algunos el tiempo no pasa. Con esa actitud da la sensación de que la Iglesia se ha quedado estancada en el siglo XIX. Se muestra reacia a toda colaboración para esclarecer de los casos denunciados. Precisamente por eso, su posición tampoco sorprende. Porque está donde ha estado siempre. En la inopia. Sin haber visto ni escuchado nunca nada. Sin información sobre ninguno de los casos que están siendo objeto de denuncia. Ante esta situación no nos ha de sorprender que cada vez sean más los ciudadanos y ciudadanas que consideren que ha llegado la hora de exigir a la jerarquía católica española el fin de su silencio. Por el bien común y por justicia social, pero también porque la Iglesia no pierde más, su ya muy maltrecha credibilidad, es imprescindible una actuación decidida que clarifique todos y cada uno de los casos.

Lentamente, pero al fin algo se mueve. A pesar de que en principio se había planteado crear una comisión de investigación en el Congreso, todo indica que, finalmente, será una comisión de personas independientes dirigida por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, la que ponga negro sobre blanco. Sin duda, para muchas de las víctimas ya será tarde. Algunas de las personas afectadas ya han fallecido. Pero todos merecen que su dolor deje de ser un secreto privado y se abra una puerta diáfana, institucional, creíble y definitiva para ellos.

El oscurantismo eclesiástico no es exclusivo de España. En otros países, la primera reacción de la Iglesia también fue la negación; tal vez por una inercia de siglos, hasta que llego la hora de la verdad. Esa hora ha llegado, por fin, también aquí, para nosotros.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, afirmó, hace pocos días, que “los socios de investidura ven bien la vía del Defensor del Pueblo para investigar los abusos en el seno de la Iglesia y que él mismo ha pedido al presidente de la Conferencia Episcopal , Juan José Omella, que participen en ese proceso”. Bolaños sostiene que es preferible investigar esos abusos a través del Defensor del Pueblo en vez de hacerlo porque en una comisión parlamentaria considera que "tiene todas las garantías", es más útil y asegura mejor la privacidad de las víctimas.

 Hace unos días, el arzobispo de Santiago de Compostela, Julián Barrio, en respuesta a preguntas de un reportero dijo que: “La propuesta de una comisión parlamentaria sobre los abusos en la Iglesia, bien realizada directamente en el Congreso o bien a través del Defensor del Pueblo, por parte de la Iglesia tengo que decir que es bien recibida”, las declaraciones de monseñor Barrio suenan muy bien. Son bienvenidos porque desde que se adquirieron a barajar opciones sobre cómo desarrollar el escrutinio público de la pederastia, ningún otro alto cargo de la Iglesia española se había manifestado a favor de una investigación sobre los abusos sexuales.

 Ojalá rectifiquen y pronto otros prelados se vayan sumando al criterio del arzobispo de Santiago. Ahora bien, sea cual sea el formato y los apoyos que den desde la Institución lo que queremos es saber la verdad. Toda la verdad. Sin duda ayudaría mucho y sería vital la participación activa y sincera de personas cualificadas de la Iglesia, y eso, solo de ellos depende. No obstante, ante esta situación, de una cosa pueden estar seguros en la jerarquía eclesiástica: con ellos oa pesar de ellos, queremos saber la verdad y sabremos la verdad.  

 

 

 Bernardo fernandez

Publicado en e notícies 14/02/2022

INCREIBLE PERO CIERTO

 Pensaba que ya habíamos visto todas las argucias y triquiñuelas posibles en la práctica parlamentaria, pero no. El independentismo tiene una capacidad infinita para sorprendernos. Son especialistas en dejarnos atónitos con cosas chuscas y banales, cuando no son embustes y patrañas, pero nunca con asuntos de enjundia ni calado social.

 Sin ir más lejos, el pasado 26 de enero se votó una iniciativa en el Parlament para “reparar y dignificar a las mujeres asesinadas en Cataluña acusadas de brujería entre los siglos XV y XVIII”. Y eso, cuando hay cientos de miles de familias que no llegan a fin de mes, miles y miles que no pueden pagar la factura del gas o de la electricidad, bastantes ciudadanos sin trabajo o más del 25% en riesgo de pobreza. Ante este panorama social, no parece que lo de las brujas sea un tema prioritario. Dicho esto, con todos mis respetos por esas señoras, a las que no tuve el gusto de conocer. Luego nos extraña que haya desafección política.

Pero el independentismo siempre se supera a sí mismo. El pasado martes, la presidenta del Parlament, Laura Borrás, respaldada por la mesa de la Cámara -de mayoría independentista- propuso paralizar la actividad parlamentaria hasta que la Comisión del Estatuto de los Diputados se pronunciase sobre si el diputado Pau Juvillà debía mantener o no su escaño. Juvillà había sido inhabilitado por desobediencia, al no haber atendido un requerimiento de la Junta Electoral que le instaba a retirar unos lazos amarillos del balcón de su despacho de concejal en el Ayuntamiento de Lleida, en la campaña de la elecciones generales de 2019. Posteriormente, ante la advertencia de los letrados de que podía incurrir en delito, Borrás rectificó y solo sugirió que se suspendieran las actividades hasta que la mencionada Comisión se pronunciara.

La cuestión no es menor, porque detrás de este aquelarre secesionista se esconde una batalla de egos personales. Es un secreto a voces que a Borrás el cargo de presidenta del Parlament le parece insuficiente. Sus anhelos pasan por sustituir a Carles Puigdemont, primero, al frente del independentismo trumpista y a Pere Aragonés, más tarde, al frente de la Generalitat (aunque con el affaire Juvillà Borrás se ha pegado un tiro en el pie).

De todas formas, la continuidad de Borràs al frente de la Cámara legislativa está condicionada por la actuación del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que instruye la causa contra la actual presidenta del Parlament por los delitos de prevaricación, fraude a la administración, malversación y falsedad documental. Borràs fraccionó, presuntamente, contratos por valor de 260.000 euros para adjudicárselos a dedo a un colaborador suyo, el informático I.H. los indicios contra la presidenta del Parlament son sólidos porque incluyen correos electrónicos que intercambió con I.H. y que evidencian la existencia de amaños.

Ante esa situación, lo que pretende la presidenta es darse cuantos más baños de populismo mejor por lo que pueda venir. Y, si al final es destituida, salir por la puerta grande como víctima de la represión del Estado opresor y con los índices de popularidad tan disparados como sea posible.

La retirada del escaño a Pau Juvillà, de la misma manera que se le retiró a Quim Torra, por hechos muy similares, no presentaba ninguna duda ni técnica ni jurídica. Otra cosa es que Borrás quería marcar perfil propio y, a diferencia del entonces president del Parlament, Roger Torrent, que dejó a Torra sin escaño, la actual presidenta ha querido montar un show y convertirse, aunque solo sea por unos días, en la Agustina de Aragón indepe.

Para que quedara constancia del esperpento se celebró un pleno en el Parlament para debatir y votar el dictamen elaborado por la Comisión del Estatuto de los Diputados que sostenía que Juvillà ha de mantener el escaño siempre que no comprometa a los funcionarios de la Cámara. Ahí la presidenta denegó el voto a Pau Juvillà (que ya no había sido convocado) con el argumento de que la votación “no quedara contaminada por un conflicto de intereses”.

Sin embargo, (esto se ha sabido después) el quid de la cuestión es que el 28 de enero, día en que lo requirió la Junta Electoral, Juvillà fue dado de baja como diputado, según consta en la web del Parlament. Además, de manera oficiosa se le había comunicado que no cobraría la nómina de febrero. Su cese oficial se publicó el 4 de febrero en Boletín Oficial del Parlament de Cataluña (POPC). Es decir, una mascarada orquestada por Borrás y sus acólitos para atraer la atención. Increíble pero cierto.

Por lo tanto, Laura Borrás, segunda autoridad de Cataluña, escamoteó la verdad y mintió a sabiendas a los diputados y por extensión a la sociedad catalana, porque ella montó el paripé de la Comisión del Estatuto de los Diputados y el pleno, consciente de que Pau Juvillà ya no tenía su escaño, y si no lo sabía, es que no está capacitada para desempeñar tan alta magistratura. Es evidente que un personaje con semejante catadura moral no debería seguir ni un minuto más en su puesto porque devalúa la Institución y degrada a los catalanes como ciudadanos.    

Como decía el exdiputado Joan Ferran, en un interesante artículo publicado en Crónica Global el 01/02/22, “El Parlament de Cataluña es, por definición, un órgano legislativo y representativo del Estado contemplado en el Estatut y la Constitución. Si la Cámara catalana es, como sostienen los secesionistas, la expresión máxima de la voluntad popular que emana de las urnas, su funcionamiento debería ser ejemplar en todos los sentidos. Lo debería ser en la forma, en el fondo y en la actitud de las personas que ostentan su máxima representación pública”. No obstante, vemos, con desasosiego, que la Cámara catalana está siendo utilizada de manera totalmente arbitraria, bien para enmascarar intereses espurios de su más alta representante y de su corte de aduladores, bien para lanzar soflamas que mantengan alta la moral de la tropa secesionista, aunque sea a base de falacias y cortinas de humo. Lo que en un tiempo fue el templo de la palabra, se ha convertido en un circo (con todos mis respetos y reconocimiento por las personas que se dedican a ese noble espectáculo), donde se hacen charlotadas y se degrada de forma sistemática la política.

Mientras sucedía todo este rifirrafe, se hacía público que Juvillà padece una grave enfermedad (cáncer), y como que lo uno no tiene que ver con lo otro, quiero, desde aquí, desear una rápida y total recuperación al político anticapitalista. ¡Suerte chaval!

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 07/02/2022

CIFRAS QUE HIELAN LA SANGRE

 Bajo el título “las desigualdades matan” Oxfam Intermón publicaba, hace un par de semanas, un informe que hiela la sangre a la gente de bien. Mientras que los indicadores macroeconómicos nos dicen que la actividad empresarial está en los niveles de pre pandemia, el estudio de Oxfam nos pone sobre la mesa otra realidad mucho más prosaica y cruel.

 En los dos años que llevamos de Covid-19 los ingresos han empeorado para el 99% de la humanidad y eso ha hecho caer en la pobreza a unos 160 millones de seres humanos. Sin embargo, los diez hombres más ricos del mundo han pasado de poseer unos 700.000 millones de dólares a 1,5 billones; es decir, han ganado 1.300 millones cada día.

 En opinión de Franc Cortada, director de Oxfam Intermón, “si los diez individuos más ricos perdieran el 99,99% de la riqueza seguirían siendo más ricos que el 99% del personal del planeta”. Dicho de otro modo, acumulan seis veces más riqueza que los 3.100 millones de persona más pobres. Es una obscenidad, pero es real.

 En el mencionado informe de Oxfam sostiene que luchar contra la pobreza de manera eficiente evitaría la muerte de 21.000 personas día. O sea, una persona cada cuatro segundos.

 Para Cortada "Hay quien ha tenido una pandemia de lujo. Mientras los bancos centrales y los gobiernos de los países ricos inyectaban billones de dólares para salvar la economía, una gran parte parece haber acabado en los bolsillos de los más ricos que se han aprovechado del auge de los mercados bursátiles y otros activos. El resultado, más riqueza para unos pocos y más deuda pública para todos. Se estima que la desigualdad entre países crecerá por primera vez en una generación. Las vacunas son un imperativo y una condición de mínimos necesaria para que cualquier país pueda encarar la recuperación ya que aún hay millones de personas en el mundo que no tienen acceso ni a una dosis”.

 De forma casi simultánea a la publicación del informe de Oxfam “Las desigualdades matan” veía la luz un estudio de la fundación Foessa, cercana a Cáritas, según el cual, los jóvenes son con un colectivo severamente castigado por los efectos socioeconómicos de la pandemia. Para ellos, la exclusión severa ha pasado del 10% al 15,1% desde el estallido del coronavirus. Son 1,45 millones de personas de entre 16 y 34 años las que se encuentran en esa situación, en España, más de medio millón más que antes de la covid-19. Dos crisis consecutivas son muchas para una generación.

En Cáritas opinan que el shock ha sido mucho más que económico. La pandemia ha deteriorado las relaciones personales y ha constatado que los cuidados siguen recayendo en las mujeres. Esta crisis ha agravado la brecha de género. El informe, realizado tras una encuesta a más de 7.000 personas, analiza la exclusión social desde múltiples perspectivas. Los expertos estudian 37 indicadores divididos en ocho ámbitos, que van desde el empleo hasta la educación o el conflicto social. Si ninguna de ellas se ve afectada, significa que se está en “integración plena”. Si al menos cinco lo están, la exclusión social es severa, según este baremo. Es el caso de más de seis millones de personas en España, dos más que en 2018, año en que se publicó la edición anterior del informe.

 La brecha generacional, ya era una constante antes de la pandemia. Pero el azote de la covid-19 ha sido mayor que en la anterior crisis y ha empeorado aún más las cosas, a cierre del año pasado más de uno de cada cuatro residentes en España de entre 16 y 35 años (el 28,5%) se encontraba en situación de exclusión moderada —según el indicador multidimensional que elabora Cáritas—, frente al 22,1% de 2018, cuando el virus no entraba siquiera en las cábalas de los más agoreros. Y se dispara hasta el 33,5% en el caso de los menores de 16 años.  

 Ciertamente, estas cifras son escalofriantes y no quiero hacer trampas al solitario ni dar una información sesgada. Pero me parece de justicia decir que La pandemia ha obligado, de manera especial, a los países del “primer mundo” a tender redes de protección para sus ciudadanos como nunca se había hecho hasta ahora. En Estados Unidos el estallido de la pandemia se cebó en los ciudadanos más vulnerables. Las tasas de empleo cayeron un 37%. Sin embargo, no se produjo un aumento de la pobreza. La actuación de la Administración mediante gasto y transferencias sociales no solo protegió a esos ciudadanos, sino que permitió reducir las tasas de pobreza entre 2020 y 2021 en un 45% en comparación con 2018. En total, 20 millones de personas escaparon de esa situación de vulnerabilidad. Una muestra evidente de que las políticas sociales son efectivas y que se puede reducir la pobreza severa en los países ricos si hay voluntad para ello. De todos modos, esas ayudas no fueron suficientes para reducir las desigualdades a causa de la elevada tasa con la que crecieron los ingresos y el patrimonio de los más ricos.

 La pandemia sí ha acelerado otro proceso que se venía produciendo desde la crisis financiera de 2008: la pérdida de la riqueza del sector público en favor del privado. Los estados ya venían perdiendo patrimonio en los últimos 50 años. Se da la circunstancia que en países como Francia, EE UU,   Reino Unido o España la riqueza cada vez se acumula más en manos privadas. Así, los gobiernos hoy son mucho más pobres que hace 40 o 50 años. Además, la pandemia ha agudizado ese proceso, puesto que los gobiernos han protegido a sus ciudadanos elevando sus déficits públicos y endeudándose a gran escala, hasta llegar a niveles récord. Y ese incremento de la deuda ha erosionado todavía más al sector público.

 Esta situación hace inevitable una pregunta: ¿Quién pagará esa deuda? Ahora, cuando la pandemia comienza a menguar, se empieza a plantear el debate sobre las posibles salidas que podría haber sobre la mesa, desde restructuraciones, hasta ajustes presupuestarios, pasando, claro está, por recortar servicios a la ciudadanía. Si los líderes políticos admitieran como solución volver a la austeridad, como ocurrió hace una década, lo que se conseguiría sería ahondar en las desigualdades. Y de eso en España tenemos bastante experiencia.

 Desde el punto de vista de un ciudadano de a pie, lo lógico sería que, una vez superada la etapa más dura de esta tragedia, fueran los que más tienen los que contribuyeran de manera más cuantiosa a sufragar los desastres ocasionados en esta crisis. No obstante, no nos hagamos ilusiones porque ya sabemos que los caminos de la política y los de la economía, en demasiadas ocasiones, son como los del Señor: inescrutables.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 31/01/2022

RELATIVA NORMALIDAD

 Hemos comenzado el año con los presupuestos del Govern, para 2022, aprobados. Hacía más de una década que la Generalitat funcionaba con presupuestos prorrogados o aprobados fuera de plazo. Las cuentas salieron adelante gracias a que en la votación final, se mantuvieron en el Parlamento el 23 de diciembre, los comunes se abstuvieron. De esa manera, la mayoría independentista quedó quebrada, aunque fuera temporalmente y, un renglón seguido, el presidente, Pere Aragonés, anuncióba que se vio desvinculado de la moción de confianza que había pactado con la CUP a cambio de que estos votaran su investidura.

 De manera casi simultánea a la aprobación de esos presupuestos, PSC, ERC y JUNTS llegan a un acuerdo para renovar 112 cargos institucionales caducados desde hace tiempo. Quizás no sea un gran acuerdo, pero dadas las circunstancias, sí es un buen acuerdo y, en cualquier caso, hace tres o cuatro años, un pacto de esas características, hubiera sido impensable. 

 Es cierto que alguno de los cargos que se han renovado un currículum que está lejos de ser el adecuado para las tareas que deberá desempeñar. Por ejemplo, para dirigir el Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC), que es el organismo que ha de velar por el pluralismo político, religioso, social, lingüístico, cultural y supervisar la neutralidad y honestidad de la información que se trasmita, se ha optado por Xevi Xirgo. Xirgo es periodista director de uno de los diarios con más subvenciones públicas,  El Punt Avui,  y autor de libros como:  Carles Puigdemont. La lluita a l'exili  y  Carles Puigdemont. M'explico. Él no ha ocultado nunca su ideología, ni su militancia independentista. Tampoco su amistad con Puigdemont, con quien coincidió en el diario gerundense  El Punt . En opinión de Xirgo la mesa de diálogo entre la Generalitat y el Gobierno central es poco menos que estéril, en sintonía con la doctrina Puigdemont. Da la sensación que ese nombramiento es consecuencia de una actitud algo frívola o, cuando menos, poco meditada porque, poner al frente de un organismo como el   CAC, a un personaje como Xevi Xirgo, es algo así como poner la zorra a guardar las gallinas . No parece lógico pensar que alguien con esa trayectoria vaya a enderezar el rumbo de una institución como la que nos ocupa. Pero demos tiempo al tiempo. 

Con todo, a nadie se le escapa que, en Cataluña, poco a poco, estamos volviendo a una relativa normalidad política. Y eso es posible porque ERC ha hecho una revisión crítica del otoño de 2017 y, a partir de ahí, está haciendo un giro gradual de regreso al autonomismo. En ese contexto, tiene especial importancia el borrador de la ponencia que han de debatir los republicanos en una Conferencia que celebrarán a mediados de marzo. En ese documento, entre otras cosas, se dice que: no se pone ningún límite temporal al objetivo de la independencia. A diferencia de la anterior ponencia, donde se dejaba claro que la unilateralidad seguía siendo una opción. Esta vez el borrador menciona esa posibilidad, aunque no concreta acciones específicas. Es decir, la unilateralidad sigue aparcada, en el mismo sitio donde se quedó en 2017. De esa forma, ERC asume de forma tácita que Cataluña es una autonomía y ahora hay gestionar y gobernar esa autonomía.

En el mencionado borrador también se dice que: “No renunciamos ni renunciaremos nunca a ningún instrumento democrático que nos permita decidir nuestro futuro colectivo para llegar a la república catalana”. El texto propone: “desde acciones de desobediencia política y social hasta acciones de desbordamiento democrático para hacer posible la autodeterminación”, y hacen bien porque nadie tiene por que renunciar a sus sueños.

No obstante, y más allá de determinadas ensoñaciones, los dirigentes de ERC saben de la importancia que tiene, ante la comunidad internacional, la mesa de diálogo y creen que, ante un eventual fracaso, el no haberse levantado de ese foro despertará simpatías internacionales que pueden favorecer sus convicciones más profundas.

A nivel interno, los republicanos tienen claro que para ser el partido hegemónico de Cataluña y lograr el poder institucional que, en otro tiempo, tuvo CiU, deben presentarse como una fuerza moderada y abierta. Esa es la razón por la que Oriol Junqueras pregona la idea de abrir el espacio independentista a otras sensibilidades de izquierdas. Algo que no es nuevo. De hecho, lo empezó a poner en práctica Josep-Lluís Carod-Rovira y su equipo, a principios de este siglo. Existe, por lo tanto, un trabajo de reflexión teórica que ha llevado al partido a esa mutación.

La aprobación de los presupuestos dentro de plazo y los pactos para renovar cargos caducados han puesto de manifiesto que en el Parlament no hay mayorías monolíticas, ni el rodillo parlamentario funciona de manera automática. Aquí, igual que ocurre en las democracias consolidadas, los grupos políticos han de dialogar, negociar y pactar.

Más arriba he escrito relativa normalidad porque en la política catalana suceden cosas muy extrañas. Como ciudadano de a pie me resulta imposible entender cuestiones tan poco virtuosas como las “licencias por edad” que se practican en el Parlament y que hemos conocido ahora, la patética remodelación en los Mossos que desprende aroma de purga política o alguna que otra mordida que se empieza a vislumbrar en el horizonte, pero de esos affaires trataremos en próximas entregas.

De momento, seamos razonablemente optimistas. A nadie se le puede pedir que renuncie a sus ideales. Sin embargo, si podemos y debemos exigir a nuestros gobernantes que tengan los pies en el suelo, si lo conseguimos, habremos logrado mucho porque es condición indispensable para recuperar la normalidad política, aunque sea relativa.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 24/01/2022

EL PAPEL DE LA UE EN LA POSPANDEMIA

 La magnitud de la pandemia generada por la Covid-19 ha hecho que Europa esté soportando la peor crisis desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Sufrimos la mayor amenaza a la salud pública desde 1918, y eso nos obliga a replantear, tanto a nivel colectivo como individual, muchos de nuestros posicionamientos.

Antes esa situación, los líderes europeos entendieron, con sus más y sus menos, que la crisis socio económica que siguió el virus era de tal magnitud que sería imposible salir, si no se dio una respuesta conjunta.

Ahora, cuando ya empezamos a ver la luz al final del túnel y tenemos la secreta esperanza de que pronto la pandemia será un mal sueño, se hace más necesario que nunca el diseño de una política basada lógica, razonable, inteligente que favorezca la inversión y el crecimiento económico. Para que eso sea posible, es imprescindible el consenso entre los 27 Gobiernos de la UE. Si no se logra, nos veremos abocados a repetir los errores que en la crisis anterior propiciaron la austeridad extrema. Algo que no puede volver a suceder como si nada hubiera ocurrido. La compra masiva de vacunas y los fondos de recuperación nos marcan el camino, ahora hace falta que los responsables aprendan la lección.

Con las vacunas se han salvado millones de vidas; con el plan de recuperación NextGenerationEU  se está a la altura de las circunstancias; pues ese instrumento temporal de recuperación, dotado con más de 800 000 millones de euros,  ha de permitir reparar los daños económicos y sociales causados ​​por la pandemia. Y han de servir para que la Europa posterior a la Covid-19 sea más ecológica, más digital, más resiliente y mejor adaptada a los retos actuales y futuros.

No obstante, siendo, esa iniciativa, acertada y necesaria no son suficientes. La UE debe salir de la zona de confort en la que tantos años se ha mantenido. Desde principiosdel siglo XXI se han comenzado a producir cambios estructurales en el sistema internacional que han terminado sustituyendo el orden liberal, en que se basaba el equilibrio entre las grandes potencias. La progresiva desoccidentalización del mundo y el auge de China, el aumento de la desigualdad causada por la aceleración de la interdependencia económica, la automatización y la dureza de la crisis financiera, nos han llevado a un cuestionamiento de la híperglobalización, ha persistente el rechazo al libre comercio y la inmigración, a la vez que ha dado lugar al auge de los partidos antisistema. Este terremoto político apareció el Brexit, el auge de los partidos eurófobos y la elección de Donald Trump, el primer presidente norteamericano que mejorará a la UE un rival comercial y no un aliado geopolítico. Y, por si eso fuera poco, la pandemia, además de atestar un duro golpe a las economías europeas, ha acelerado estos cambios globales, reforzando la rivalidad entre China y Estados Unidos, agudizando la crisis de las instituciones de cooperación internacional e incluso, en algunos lugares, socavando el apoyo a la democracia liberal. Aquel mundo en el que tan comodo estaba la UE esta dejando de existir. Ante el auge de los nacionalismos y el retorno de la realpolitik , la Unión tiene que reposicionarse y consolidar una posición autónoma en la escena internacional. Además, debe trabajar para sostener y liderar un renovado multilateralismo que evite una súbita involución de la globalización y que permita reescribir las reglas en los alcances en los que una cierta gobernanza global es imprescindible: salud, comercio, finanzas, sostenibilidad y lucha contra los paraísos fiscales.

La Unión necesita, como ha subrayado, en reiteradas ocasiones, el Alto Representante Josep Borrell, “aprender a utilizar el lenguaje del poder”, enseñando los dientes cuando haga falta y estando preparada para adoptar medidas que no gusten a los demás (algo a lo que está poco acostumbrada), como por ejemplo gravar a las empresas digitales (estadounidenses) o a las importaciones producidas con alto contenido en carbono (chinas). Para conseguirlo, urge una mayor cohesión interna que cierre las fracturas entre sus Estados miembros y vaya definiendo un “interés europeo” (hoy demasiado difuminado). También tiene que consolidar una única voz en el mundo (que no es lo mismo que una voz común, que es lo que tiene ahora). Pero, sobre todo, debe proteger su soberanía y desarrollar autonomía estratégica, es decir, tiene que dotarse de instrumentos para no tener que plegarse a las demandas de otras potencias como paso previo a la proyección del propio poder hacia afuera.

Hace apenas dos meses vimos  la virulenta agresión de Bielorrusia contra Polonia, canalizada a través de un flujo migratorio artificial, orquestado por el régimen de Alexandre Lukashenko, con el apoyo de Moscú que busca, desde hace tiempo, violar las fronteras europeas y, de paso, en esta ocasión, desestabilizar al Gobierno de Varsovia. Ese ataque puso de manifiesto que la UE debe protegerse de amenazas de carácter muy diverso que van, desde el tradicional ataque bélico, hasta el ciberataque, entre otros muchos.

Pues bien, sin solución de continuidad, ya hace días que estamos asistiendo a la presión militar de Rusia en la frontera con Ucrania y vemos como Moscú incrementa la presión sobre Kiev de manera obscena, casi ocho años después de la anexión de Crimea. Esa situación ha desatado los temores tanto de Estados Unidos como de Europa. Por eso, el pasado día 10 de enero se reunían en Ginebra delegaciones de Rusia y EE UU y dos días después era Bruselas la sede de una reunión entre delegaciones de la OTAN y Rusia. Sin embargo, los representantes de la Unión no han sido convocados ni como observadores y, aunque, ninguno de los dos encuentros ha rebajado la tensión, la delegación del Kremlin prometió que no planea intervenir en la antigua república soviética. No obstante, el jefe de la delegación rusa, Serguéi Riabkov, advirtió a la Administración estadounidense, “que no buscar un acercamiento a Rusia, que pasa por reducir la presencia de la OTAN en el este de Europa, supone un gran error en perjuicio de la seguridad europea”.

El problema de fondo es que Rusia no está dispuesta a permitir que Ucrania se una a la OTAN, mientras que los supuestos aliados occidentales pretenden que Kiev pueda decidir libremente con quien colabora, ya que consideran que Ucrania es, algo así, como el patio trasero de Europa. Por eso, Josep Borrell vuelve a tener razón cuando dice que: “cualquier discusión sobre seguridad europea debe involucrar a la UE y a Ucrania”. Lamentablemente, ahora se pone manifiesto que la opinión de los Veintisiete no siempre ha sido coincidente; y con ese panorama resulta difícil actuar como bloque y ser creíbles porque, con demasiada frecuencia, los intereses particulares han primado sobre los del colectivo.

Esta situación nos demuestra que, por desgracia, sigue en plena vigencia aquel antiguo adagio romano que dice: “si quieres la paz, prepara la guerra”. 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 17/01/2022

ACUERDO HISTÓRICO

 Una de las propuestas estrella, para esta legislatura, del Gobierno de coalición, era la reforma y/o derogación de la reforma laboral que el Ejecutivo de Mariano Rajoy hizo en 2012. Pues bien, el pasado 28 de diciembre el Consejo de Ministros ratificó el acuerdo que habían alcanzado, días antes, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con los agentes sociales (patronal y sindicatos). El 30 salía publicado en el BOE, como real decreto-ley y antes del 7 de febrero deberá ser convalidado por el Congreso de los diputados y si no decaerá.

El mercado laboral es una de las cuestiones que más ha preocupado a todos los Gobiernos desde la Transición. Desde el principio de la democracia ha sufrido casi medio centenar de retoques. Cosméticos unos y más profundos otros. El acuerdo alcanzado, el pasado 23 de diciembre, por el Gobierno, la patronal y los sindicatos constituye la primera reforma laboral de gran calado que se aprobará con consenso de las partes implicadas en más de cuatro décadas. En España se han aprobado cuatro grandes reformas. La de 1980, en la que salió adelante el Estatuto de los Trabajadores, que es la columna vertebral de nuestro sistema laboral. Cuatro años después, en 1984, se introdujo la temporalidad en una reforma del Gobierno de Felipe González. A principio de 1994, los socialistas aprobaron otro cambio que afectaba a los despidos, la movilidad y la negociación colectiva. Hubo que esperar casi dos décadas para la reforma laboral del PP. En 2012, solo dos meses después de alcanzar el poder, Mariano Rajoy, con la crisis financiera en plena ebullición, aprobó una de las reformas laborales más profundas desde que se aprobara el Estatuto de los Trabajadores. Tutelados por Bruselas y con el déficit público disparado, el PP abarató el despido de 45 a 33 días por año trabajado y a 20 días en algunos casos. Flexibilizó los despidos colectivos (ERE) simplificando los trámites, otorgó más poder a las empresas en la negociación de los convenios colectivos y eliminó la ultraactividad. La idea de fondo era desarrollar un marco para contener los salarios en la búsqueda de una devaluación salarial con la que ganar la competitividad perdida durante los años del bum inmobiliario. Las consecuencias de esa reforma están a la vista de todos; si bien es verdad que se han creado puestos de trabajo con relativa facilidad, también es cierto que se ha extendido la precariedad y han empeorado las condiciones laborales de los trabajadores, porque las empresas han tenido mucha más capacidad de maniobra.

Por eso, ahora toca enmendar los errores que cometió la derecha y, además, hacerlo con el mayor consenso posible. Porque ninguna de estas grandes reformas se aprobó con el acuerdo de los agentes sociales. 40 años después de aprobarse el Estatuto de los Trabajadores, se ha logrado redactar un texto en el que han participado los sindicatos (CC OO y UGT), la patronal y el Gobierno, liderado por Yolanda Díaz. Como opinan los líderes sindicales: “Por primera vez, una reforma laboral de calado no será para recortar, para precarizar el empleo, para abaratar el despido, sino que rema en la dirección contraria”.

El objetivo principal del nuevo marco legislativo es reducir sustancialmente la temporalidad del mercado de trabajo en España (26,02%); algo que, desde hace tiempo, se viene pidiendo desde Bruselas. Aunque también servirá para corregir desequilibrios dentro de la negociación colectiva y dotar de mayor flexibilidad a las empresas en apuros. Asimismo, se revierten los asuntos más controvertidos de la reforma laboral del PP de 2012.  De igual manera, se equilibra la balanza entre empresarios y trabajadores dentro de la negociación colectiva. Se ponen límites a la preponderancia de los convenios de empresa y no se limita la ultraactividad, lo que en la práctica viene a significar que la vigencia del convenio se mantendrá todo el tiempo que dura la negociación de un nuevo convenio.

Con este acuerdo, es la primera vez que la CEOE deja de ser la correa de transmisión de la derecha. En esta ocasión la patronal ha demostrado tener más cintura y más sentido práctico que el PP. Los empresarios han sabido situar la lógica y el sentido común por delante del beneficio desmedido y las ideologías. En breve se iniciará el trámite parlamentario para convertir el acuerdo en Ley, y ahí, los teóricos socios del Gobierno deberían ser muy cuidadosos porque según las enmiendas que se introduzcan, la patronal podría descolgarse en el último momento y eso haría que, si la derecha llega al poder, el pacto fuera mucho más débil y reversible. Además daría aire a un PP en horas bajas.

 

Una vez más Pablo Casado ha puesto de manifiesto su falta de perspicacia política; no ha dado opciones a los moderados de su partido. En pleno debate interno, cuando el texto del acuerdo sobre la reforma aún no había sido publicado en el BOE y cuando algún miembro de la Ejecutiva popular habían recomendado a su líder “leer la letra pequeña” antes de decidir el sentido final del voto del PP, Casado dijo no. El líder de los populares apareció públicamente y avanzó que su partido votaría negativamente, derogaría la reforma en cuanto él llegase al Gobierno y hasta podría recurrirla en el Tribunal Constitucional por no haber sido tramitada como proyecto de ley en las Cortes sino como un decreto.

 Es lamentable que populares y republicanos catalanes coincidan de nuevo (como ya han hecho en más de una ocasión) al decir que ese acuerdo “es humo”. Del PP no cabe esperar nada. Sin embargo, sorprende que ERC quiera enmendar la plana a sindicatos y patronal. Para los republicanos dar soporte en la tramitación parlamentaria pasa porque se dé prevalencia a los convenios sectoriales autonómicos sobre los estatales, y que se devuelva a Cataluña la competencia para autorizar de manera previa los expedientes de regulación de empleo. Se trata de una potestad que la reforma del PP, de 2012, arrebató a las comunidades autónomas (algo que votaron los postconvegergentes ahora en Junts) y que el texto preparado por el equipo de la vicepresidenta, Yolanda Díaz, en principio, no contempla.

Sin temor a equivocarnos, podemos decir que estamos ante un acuerdo histórico. Se ha hecho una reforma profunda que no supone ni la derogación total de la anterior ni el inmovilismo que querían algunos. Si se ha llegado a ese pacto, ha sido gracias al realismo perseverante de los sindicatos y a la sensatez de la representación de la patronal que así se desmarca de los voceros catastrofistas de la derecha política. También ha sido encomiable el papel del Gobierno, que ha estado tejiendo durante meses un dificilísimo equilibro y ha conseguido superar las diferencias de los partidos de la coalición para alumbrar una reforma imprescindible. Ahora es fundamental que los partidos que dan soporte al Gobierno se dejen de veleidades y falsos protagonismos para que la tramitación en el Congreso sea fluida y sin sorpresas, pues, de su aprobación depende, en buena medida, que Bruselas de vía libre a los fondos europeos en 2022. Y sabiendo cómo son de miopes, políticamente hablando, algunos personajes que cobran su sueldo en la carrera de San Jerónimo, hay que andarse con ojo, no vaya a ser que se les vaya la mano, con su afán de mantener las esencias patrias y la líen parda.

 

Bernardo Fernández.

Publicado en e notícies 10/01/2022