MIEDO A LAS URNAS

 

¡Cómo cambian las cosas! “President posi les urnes” pedía, en 2014,  la entonces presidenta de la ANC, Carme Forcadell, instando de esa manera a Artur Mas a convocar un simulacro de referéndum, que terminó llevándose a cabo el 9 de noviembre. Después, en 2017, hizo fortuna un eslogan que decía, “votar es normal en un país normal” y que pretendía espolear a la ciudadanía para que fuera a votar en otro amago de referéndum sin los mínimos estándares democráticos porque por no tener, no tenía ni censo; me estoy refiriendo a la parodia del 1 de octubre de 2017. Sin embargo ahora, los miembros del Govern no lo ven igual. Parece que las urnas les producen urticaria.

Pronto se cumplirá un año desde que Quim Torra anunció que la legislatura estaba agotada por la falta de confianza entre los miembros del Ejecutivo y en cuanto se aprobaran los presupuestos para 2020 se convocarían elecciones. Desde entonces, en Cataluña se vive con una sensación de interinidad política permanente. La cicatería y las añagazas, para prolongar artificialmente la legislatura, han sido incontables, hasta que la situación se convirtió en insostenible y se convocaron las elecciones al Parlament de forma automática. Fue el 21 de diciembre, tras la inhabilitación de Quim Torra y cumplirse los plazos establecidos legalmente sin que surgiera ningún candidato a presidir la Generalitat.

Entonces, el Govern constituyó un grupo de expertos para que asesorara en función de cómo iba evolucionando la pandemia para poder garantizar al máximo la seguridad el día de la votación.  Además, el Ejecutivo catalán se comprometió a consensuar con la mesa de partidos, con representación parlamentaria, creada al efecto, la celebración de los comicios.

En ese contexto, y ante el debate creado sobre si se podía votar o no, el 14 de febrero, el responsable en Cataluña de los procesos electorales, Ismael Peña-López, días atrás, lanzó un mensaje en twitter en el que aseguraba que se dan las condiciones para para celebrar elecciones el 14-F, otra cosa es “si se quiere”, decía textualmente.

Por otra parte, la desfachatez de los medios públicos de comunicación catalanes, y de los subvencionados por la Generalitat, se ha puesto de nuevo de manifiesto. Desde unos días antes que se reuniera la mesa de partidos para tomar una decisión sobre si se debían suspender o no las elecciones, empezaron a difundir mensajes advirtiendo del supuesto alto riesgo que supondría ir a votar el 14 F. Se trataba de ir creando el caldo de cultivo adecuado.

Ciertamente curioso. Es un peligro ir a votar y, sin embargo, no lo es ir a trabajar, encerrarse en el transporte público, a veces como sardinas en lata, hacer la compra o mandar a los niños a esquiar, como planea el Govern. Y para echar un poco más de leña al fuego, en opinión del secretario de salud Pública, Josep María Argimón, “hacer las elecciones no es el mejor escenario” (?), ¿pero este señor no sabe o nadie le ha dicho que desempeña un cargo técnico y no debe hacer manifestaciones políticas? Vaya nivelazo tenemos.

Tampoco ha sido muy edificante la actitud de las formaciones políticas que no están en el Govern. Ahí se ha puesto de manifiesto que cada cual va a la suya, sin tener en cuenta el interés general. A Podemos, PP y Ciudadanos ya les va bien que de momento no haya elecciones, y la CUP espera recoger votos del desgaste que puede sufrir ERC. Por lo tanto, bienvenido sea el aplazamiento. Cuando menos el PSC ha tenido la gallardía política de defender lo que se había acordado entre todos; y en su defecto planteó la alternativa de que las elecciones se celebrasen antes de Semana Santa, algo que tampoco fue aceptado. En cambio, si se podrán celebrar las elecciones del Barça, el 7 de marzo (?)

No entraré en el galimatías jurídico que conlleva la suspensión de los comicios (que eso es lo que dice el Decreto Ley que se ha publicado en el DOGC), lo que sí me parece obvio es que esa decisión tiene muy poco que ver con motivos epidemiológicos, y mucho con el tacticismo electoral. En opinión de diversos juristas consultados la legalidad de esa decisión, firmada por el vicepesident y president en funciones, Pere Aragonés es bastante cuestionable. Además quedan en el aire cuestiones como la necesidad de un nuevo censo, que los partidos puedan modificar sus candidaturas o la recogida de avales de las formaciones que se presentan por primera vez. Temas que ante el vacío legal existente deberá ser el Tribunal superior de Justicia de Cataluña o la Junta Electoral Central quien determine que se puede hacer y qué no.  Tampoco está claro si Pere Aragonés tiene las atribuciones legales necesarias para convocar nuevos comicios.

Llegados a este punto se me ocurren algunas cuestiones que no puedo dejar de reflejar aquí, por ejemplo: ¿Se puede garantizar que a finales de mayo tendremos la pandemia bajo control? Y si no es así, ¿se podrán volver a posponer los comicios y fijar otra fecha? ¿No se crea un peligroso precedente con este aplazamiento? Y quizás la pregunta menos inocente de todas, ¿Tiene algo que ver con este decisión la nominación de Salvador Illa como cabeza de cartel de los socialistas? Me gustaría que alguien con conocimiento de causa diera respuestas argumentadas.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notíices 18/01/2021

 

PIEDRAS DE PAPEL

 

Las noticias que llegan de EE.UU, en el final del mandato presidencial de Donald Trump, por un lado y la incerteza que genera la situación pandémica de la Covuid-19, por otro, hacen que vivamos momentos de fuerte convulsión política y social. En este contexto, me parece oportuno hacer una reflexión sobre el recorrido que, como sociedad en términos políticos, hemos hecho hasta ahora, y el que desde ahora deberíamos hacer.

En sus orígenes la izquierda despreció la democracia liberal, pues entendía que era el instrumento mediante el cual la burguesía se había librado del absolutismo y utilizaba para explotar a la clase trabajadora. De ahí que, en el caso concreto de España, la izquierda no quisiera repúblicas burguesas, sino revoluciones obreras que instauraran dictaduras proletarias; es decir, despojar a capitalistas y burgueses de los medios de producción y ponerlos en manos da la clase trabajadora. Sin embargo, en algún momento del trayecto, algunos comprendieron que si la democracia proporcionaba el gobierno y la clase obrera era más numerosa que las clases acomodadas, las urnas podían generar la revolución, porque podrían ser el aliado para conseguir el poder. De ahí que el politólogo, Adam Pizeworski, nacido en Varsovia en 1.940, acuñara el concepto “piedras de papel”.

Simplificando mucho, podemos decir que, la socialdemocracia es una síntesis entre capital y trabajo: redistribuir la renta y generar oportunidades en un marco político y económico de carácter liberal. Los socialdemócratas ganaban elecciones, pero a cambio tenían que aceptar la economía de mercado y el sistema de derechos de propiedad, consustancial a la democracia liberal, algo que hoy todavía divide a la izquierda.

A pesar del tiempo transcurrido, el núcleo duro del proyecto político socialdemócrata no ha sufrido variaciones sustanciales, como tampoco lo ha hecho su posición en el tablero político. A la derecha están los que creen en el mercado y no en el Estado, porque en su opinión el primero redistribuye de forma más eficaz. Por lo tanto, no tienen problema con la desigualdad puesto que para ellos es algo que hay que aceptar como natural. Por eso, piensan que el Estado de bienestar es un anacronismo a desmantelar para favorecer la competitividad. Para conservadores y liberales no solo hay que adelgazar el Estado tanto como sea posible, sino que hay que limitar los derechos sociales y aligerar el concepto mismo de democracia, esto es: sustraer de la acción política áreas cada vez más amplias e importantes, como la política monetaria o la fiscal y ponerlas en manos de tecnócratas, en teoría, lejos del mundo de los políticos, de esa forma se reduciría el poder transformador de las “piedras de papel”.

Al otro lado de la socialdemocracia se siguen situando los que piensan que la libertad de mercado es incompatible con el progreso social. La crisis financiera de 2008 revigorizó a la vieja izquierda que, aunque ha reaparecido con novedosas herramientas de comunicación, no ha dejado de plantear las recetas trasnochadas de siempre: nacionalización de sectores estratégicos, redistribución desligada de la producción y, en muchos casos, aislamiento económico internacional. Sin explicitarlo claramente, consideran necesario desmantelar el orden político y económico liberal que conciben como algo perverso y el origen de todos los males que nos afectan.

Pues bien, entre esas dos fuerzas antagónicas sigue estando la socialdemocracia. Pese a los cambios y evolución a lo largo del tiempo, el proyecto socialdemócrata continúa convocando a los que aspiran a la igualdad sin renunciar a la libertad y a todo aquellos que después de los desastres socio-políticos del siglo XX y principios del XXI, se han convencido de que la economía de mercado es imprescindible para generar riqueza y poder redistribuir.

Ante esta situación, se hace difícil entender las dificultades electorales que desde hace un par de décadas viene cosechando la socialdemocracia. Para algunos la explicación está en que los mercados han sabido burlar la regulación que los socialdemócratas quisieron imponer en la segunda mitad del siglo pasado. En cambio otros apuntan que la socialdemocracia ha muerto de éxito al lograr, mediante una mezcla de liberalismo económico y políticas sociales, convertir a una parte sustancial de aquellos trabajadores desposeídos que eran su base electoral en las nuevas clases medias proletarias que han evolucionado hacia el conservadurismo.

Por otra parte, los movimientos rupturistas han alcanzado buenas dosis de adeptos, aunque se ha demostrado que no tienen soluciones, es el caso de Donald Trump, ya en caída libre, pero no el trumpismo al que aún le queda un largo recorrido. Lo mismo se podría decir de movimientos nacional-populistas que anidan entre nosotros.

Muchos, entre los que me incluyo, pensábamos que con el crack de 2008 había llegado el momento de la socialdemocracia. No fue así.  No obstante, en un mundo cada vez más interdependiente, solo un proyecto modernizador y reformista puede dar respuesta, en sociedades avanzadas y complejas a los múltiples problemas que tenemos planteados.

Pero para que eso sea posible, es necesario que esgrimamos argumentos serios y hagamos diagnósticos rigurosos de cada situación, evitando eslóganes fáciles que pueden confundirse con populistas. Las propuestas reformistas acabarán abriéndose paso si se hace de manera seria y responsable. Al final, la lógica y el sentido común siempre acaban imponiéndose.  

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 13/01/2021

A FUEGO LENTO

 

La noticia saltó a media mañana del penúltimo día de 2020: Miquel Iceta anunciaba que daba un paso al lado y cedía su sitio, como candidato del PSC a la presidencia de la Generalitat, a Salvador Illa, secretario de organización de los socialistas catalanes y ministro de Sanidad del Gobierno de España.  La buena proyección mediática del ministro hace creíble que los socialistas puedan dar el sorpasso al secesionismo el próximo 14-F.

Hacía meses que en los conciliábulos políticos barceloneses se especulaba con esa posibilidad, pero nada consistente se había filtrado desde la sala de máquinas del PSC. Más bien al contrario. A principios de otoño el propio Iceta quiso acabar con las especulaciones y en una entrevista en TV3 afirmó, con rotundidad, que él sería el candidato. No obstante, días antes de Navidad corrió el rumor de que Miquel Iceta convocaría a la prensa para anunciar “algo importante”. Blanco y en botella. Sin embargo, llegaron las Fiestas, nos comimos los turrones y descorchamos el cava sin novedades.

Miquel Iceta es un político de largo recorrido. Empezó su militancia, muy joven, en el Partido Socialista Popular (PSP) de Enrique Tierno Galván. Cuando esa organización fue absorbida por el PSOE Iceta pasó al PSC. A partir de ahí inició una importante carrera que llegó a su punto álgido con el acceso a la primer secretaría del socialismo catalán en julio de 2014. Justo cuando el derecho a decidir estaba en plena efervescencia y el PSC pasaba por uno de sus peores momentos desde su fundación en 1978. Entonces Iceta mostró su talla de dirigente, con templanza, paciencia y mucha mano izquierda el socialismo catalán poco a poco fue remontando la situación, aunque desde el mundo nacionalista se daba a los socialistas por amortizados.  Es evidente que, si en aquellos días aciagos el PSC hubiera sucumbido, hoy Pedro Sánchez difícilmente estaría en la Moncloa.

Para relanzar el partido Iceta contó, desde 2016, con Salvador Illa que asumió la secretaría de organización. Un semidesconocido que demostró una capacidad de trabajo y de llegar a acuerdos fuera de lo común. Vertebrador de las negociaciones con ERC para que estos apoyaran la investidura de Sánchez, artífice del acuerdo entre JxCat y el PSC para que Nuria Marín presidiera la Diputación de Barcelona; de la misma manera que puso su grano de arena para llegar a pactar con En Comú Podem y hacer un gobierno de coalición en el Ayuntamiento de Barcelona, desplazando así a ERC de la gobernanza de la ciudad.

Miquel Iceta es un político sólido y de considerable prestigio, tanto en el ámbito interno del PSC como en la calle Ferraz de Madrid y por extensión en el palacio de la Moncloa. Pese a todo, las encuestas, desde principios de verano, venían diciendo que, aunque el ascenso de los socialistas, con Iceta a la cabeza sería considerable el 14 de febrero, no sería suficiente para arrebatar la hegemonía al independentismo. Sin embargo, con Salvador Illa al frente, las posibilidades de obtener un gran resultado eran mayores e incluso se podría ganar en votos a ERC. 

Por eso, este cambio de candidato se ha cocinado a fuego lento. Es la consecuencia de un largo proceso de reflexión. El pasado mes de noviembre, en pleno pico de la pandemia, Pedro Sánchez y Miquel Iceta se reunieron en la Moncloa y rubricaron el cambio, a la vez que acordaban no hacerlo público hasta el 30 de diciembre, día límite para confirmar la candidatura en el Consell Nacional del PSC (máximo órgano entre congresos).

Desde luego la apuesta es arriesgada, a la oposición le ha faltado tiempo para salir en tromba a criticar la maniobra. Los que hace cuatro días pedían su dimisión ahora consideran una irresponsabilidad que el ministro de Sanidad deje el cargo. Olvidan que ese es un trabajo de equipo, con la hoja de ruta trazada, de coordinación y también de lealtad institucional. Lealtad institucional, algo que en algunas comunidades autónomas han demostrado no saber lo que es.

En opinión de Albert Batet, presidente del grupo parlamentario de JxCat, “con este movimiento el PSC pone de manifiesto su anti catalanismo”. Y para Laura Borras, “esto nos confirma que el PSC sigue siendo el PSOE”, (sic).

El hecho cierto es que la maniobra ha supuesto una fuerte sacudida en la tablero de la política catalana y, seguramente, en el de la española a medio plazo. Días atrás parecía que todo estaba decidido y solo faltaba saber por cuan iban a ganar los independentistas. En cambio ahora todo está abierto y es posible que el encaje de bolillos tenga que volver a funcionar.

Lo acertado o no de esta estrategia lo sabremos el 14 de febrero a partir de las ocho de la noche. No obstante, ya podemos ir extrayendo unas cuantas consecuencias, primera, Iceta ha sabido apartarse cuando lo más fácil e, incluso humano, hubiera sido mantenerse contra viento y marea. Segunda, el PSC, recupera la ambición autonómica y va a por todas. Tercera, los adversarios se han puesto nerviosos, la prueba evidente es que, tanto los de aquí como los de allí han salido a criticar en aluvión, algunos con auténticas boutades (tradúzcase por tonterías). Cuarta y, quizás, la de mayor calado político, con el soporte inequívoco de Sánchez a esta iniciativa se pone de manifiesto que se quiere recuperar el terreno de la política para solucionar el problema entre Cataluña y el resto de España.

En fin, podría esgrimir alguna razón más del acierto de este cambio, pero se me acaba el espacio y las expuestas me parecen bastante razonables.

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 04/01/2021

TAN REAL COMO LA VIDA

 

Es posible que este año celebremos la Navidad más desangelada desde que tenemos uso de razón. No obstante, debemos ser disciplinados y hacer lo que nos dicen nuestros gobernantes para poder celebrar las fiestas que vendrán en el futuro con gozo y euforia. De no hacerlo, corremos el riesgo de que algún ser cercano o nosotros mismos se quede en el camino.

Por muy mal que nos sepa no celebrar las Fiestas como lo hemos hecho siempre, deberíamos comprender que millones de personas nunca han tenido la posibilidad de celebrar nada (léase aquí cualquier tipo de efeméride ya sea laica o religiosa), y con la catástrofe socio económica que está dejando la pandemia de la Covid 19, lo más probable es que jamás van a poder celebrar nada.

Según un informe de Oxfam Intermón hecho público en las últimas semanas son muchos millones de seres humanos los que están pasando hambre en el mundo. Unos sufren más que otros, pero todos son víctimas de la peor crisis económica que hemos padecido desde la Segunda Guerra Mundial. Si se cumplen las previsiones que ha hecho el Banco Mundial, más de 729 millones de personas estarán bajo los estándares internacionales de pobreza extrema (viviendo con menos de 1,90 dólares al día) cuando finalice este año. Esa cifra es el equivalente al 9,4% de la población mundial, y serán 114 millones más de seres humanos de los que se habían pronosticado antes de que el maldito virus hiciese su aparición. Claro y concreto: muchas de esas personas morirán de hambre y de esos unos 260 millones serán del tercer mundo. Son gente que ya no puede aguantar más porque está al borde de la inanición, advierte un informe del Programa de Alientos de la ONU.

Expertos del Banco Mundial sostienen que esta pandemia, auténtica catástrofe de condiciones bíblicas, que en occidente a algunos les incomoda porque no les permite ir a esquiar o salir de fiesta por las noches, se ha llevado por delante dos décadas de lucha contra la pobreza extrema. Puede, también, ser un serio retroceso para más de 3.000 millones de personas (casi la mitad del planeta) que viven con un presupuesto que está por debajo de los 5,30 dólares diarios. 

Todos los informes que, sobre la situación que nos deja la Covid 19, han hecho grandes corporaciones e instituciones son demoledores. “Estamos viendo solo el principios del tsunami”, sostiene Oliver de Shutter relator especial para la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos. En su opinión retornar a los niveles previos a la crisis no será sencillo. Serán precisos muchísimo recursos y, sobre todo, que la economía global avance como nunca antes lo había hecho.

Si bajamos el nivel de nuestro enfoque y nos centramos en cómo está la situación en España, los datos no son nada halagüeños. El informe de Oxfam Intermón vaticina que cuando acabe este nefasto 2020, es decir, la semana que viene 1,1 millón de personas engrosarán las filas de la pobreza relativa. Eso significa que 12 millones de seres en nuestro país (el 26% del total) vivirán a partir de 2021 en riesgo de exclusión social.

En opinión de Liliana Marcos Barba, responsable de políticas públicas y desigualdad de la ONG Oxfam, “esas cifras son la consecuencia de las fallas estructurales que hay en España. El país tiene un mercado laboral enfermo en el que hay un colectivo muy alto de personas de rentas bajas, con una fuerte presencia de mujeres, jóvenes e inmigrantes, en definitiva trabajadores de muy baja clasificación, y ellos acaban siendo el colchón donde se asientan las pérdidas cuando hay una crisis”. Dicho de otra manera, ese es el saco que recibe todos los golpes.

Bajo el plan estratégico de Europa 2020, en 2008. El Gobierno de entonces se comprometió a reducir en un 1,5 millones (entre 2009 y 2019) los seres humanos en riesgo de pobreza en nuestro país. Sin embargo, poco tiempo después llegó la recesión financiera y el PIB español cayó un 3,8% en 2009, dejando a 4,3 millones de personas sin empleo y el objetivo, está claro, se fue a Norris.

Ahora la previsión es que le PIB en 2020 caiga, en España por encima del 10%. A partir de ahí que cada cual saque sus consecuencias de como podrán ir las cosas.

Disculpen amables lectores la crudeza de esta columna, pero lo que he escrito es tan real como la vida misma porque las cifras utilizadas han sido extraídas de informes serios y rigurosos hechos por organizaciones que merecen la máxima credibilidad y consideración. Por eso, considero que nuestra Navidad, comparada con otras navidades es de cuento de hadas. En consecuencia y, pese a las circunstancias, deseo que disfruten tanto como puedan y que sean razonablemente felices. 

 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 22/12/20

NI DESPUÉS DE MUERTOS

 

Hubiera preferido no escribir nunca este artículo. Sin embargo, cuando días atrás entré en la web del Parlament de Cataluña para echar un vistazo a la actividad parlamentaria, y vi que, en la Comisión de Cultura, JxCat y ERC habían rechazado una propuesta de Ciudadanos para revindicar a Juan Marsé y Carlos Ruiz Zafón, me indigné. Me indigné porque la propuesta de la organización naranja era, en términos políticos, inocua, ni era anti catalanista ni pretendía atentar contra la patria. Solo se pedía que desde el Departament de Cultura se organizase un acto conmemorativo a los dos autores recientemente fallecidos y se llevaran a cabo sendos ciclos sobre sus respectivas obras. Me parece que no es pedir demasiado. Por eso, ante la cerrazón nacional-independentista, decidí poner mi humilde grano de arena, escribiendo esta columna de denuncia, y, rememorar así, tantos y tantos ilustres escritores catalanes que han escrito, escriben y escribirán su obra en castellano.

Según explicaron después JxCat y ERC votaron en contra de la propuesta de Cs porque era oportunista (?). No discutiré la oportunidad de la iniciativa parlamentaria, la verdad es que ese aspecto importa poco porque no es relevante. El hecho cierto es que una vez más se desprecia algo que se ha hecho en Cataluña que, es catalán, pero que se ha expresado en castellano. Ese es quid de la cuestión. Por eso me pregunto ¿qué clase de políticos tenemos que ni después de muertos son capaces de reconocer la grandeza de unos conciudadanos tan catalanes como ellos?

Lamentablemente, no es la primera vez que algo así ocurre en el Parlament de Cataluña. Una Cámara legislativa, me permito recordar aquí, que es de todos los catalanes, también de los que se expresan en castellano.

Reflexionando sobre la cuestión, me vino a la cabeza una iniciativa que defendí y perdí, también en la Comisión de Cultura de la Cámara catalana, en mayo de 2005. Entonces fue para que a la Feria del libro de Frankfurt de 2007, a la que se había invitado a la cultura catalana, asistieran escritores en lengua castellana. Votaron en contra CiU y ERC, es decir, como ahora. Asistieron escritores de la talla de Pere Gimferrer, Baltasar Porcel, Quim Monzó o Carme Riera y fueron invitados autores, además de Cataluña, de Baleares, Valencia, El Roselló francés o el Alguer (Cerdeña). Sin embargo, se quedaron en casa genios como Juan Marsé, Eduardo Mendoza o Javier Cercas.

El dos de julio del mismo año me publicaban un artículo en El País en el que entre otras cosas decía que, tener la fortuna de poseer dos culturas y dos lenguas es para mí una suerte y un lujo impagable; y añadía, sería un error gravísimo practicar la discriminación, aunque se quiera disfrazar de positiva. Pero han pasado más de quince años y veo con disgusto que no solo es que no hemos avanzado nada, sino que hemos retrocedido. Durante mucho tiempo pensé que a medida que fuéramos avanzando la situación se normalizaría y el falso debate de si es literatura catalana o no lo que se escribe en castellano en Cataluña, lo superaríamos. En cambio, veo con tristeza que el nacional-independentismo cada vez es más cerril y está más radicalizado.

Resulta preocupante la visión reduccionista del independentismo. Pues de la misma manera que ha construido un relato paralelo para la Guerra de Sucesión y de sus consecuencias, a menudo muy alejado de la realidad. También han hecho algo similar con la historia de las letras catalanas y su evolución a lo largo de los siglos.

Por eso, me parece oportuno hacer una referencia aquí al magnífico libro de Sergio Vila- Sanjuán, Otra Cataluña (Imago Mundi 2018).  En el mismo, Vila-Sanjuán expone y documenta la rica producción literaria de autores catalanes en castellano a lo largo de seis siglos, y desmiente la afirmación tantas veces repetida por el nacionalismo de que el uso literario del castellano en Cataluña fue siempre una imposición externa, (sin dejar de reconocer lo obvio, la represión que sufrió la lengua catalana durante el franquismo) como no lo fue tampoco desde el punto de vista de la edición. Vila-Sanjuán subraya que Barcelona es “la capital editorial de los países de habla hispana”, una vocación que toma forma en el siglo XVI, y cita al historiador Manuel Peña Díaz, autor de una ‘Historia cultural de la Barcelona del Quinientos’ que afirma que “La castellanización de la cultura catalana en el siglo XVI no fue impuesta desde el exterior. Fue fruto de los intereses crematísticos de los impresores y libreros barceloneses que imprimían y distribuían libros en castellano para poder competir en el mercado español”

Después de leer la transcripción del interesante texto de Vila-Sanjuán poco más se puede añadir. Ahora hemos de esperar que los nacional independentistas más hiperventilados se caigan del caballo y vean la luz. Pero mientras eso ocurre, la grandeza literaria de los que se fueron y la de los que están, nos seguirá iluminando en este tiempo oscuro de la historia que nos ha tocado vivir, por la sinrazón de unos descerebrados que quieren hacer de esta tierra común que es Cataluña su masía particular.

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 15/12/20

EL EMÉRITO, LA MUJER DEL CÉSAR Y LA MONARQUÍA

 

Los medios de comunicación nos van informando de las supuestas trapacerías del rey emérito con cuentagotas. A veces tengo la sensación que estamos asistiendo a la reedición de una telenovela de los años noventa. La última entrega, de momento, es la carta del abogado de Juna Carlos de Borbón enviada al ministerio de Hacienda para regularizar la situación fiscal de su cliente en los ejercicios que van de 2016 a 2018.

Pero se equivocan de medio a medio, si creen que pagando las cantidades no satisfechas en su momento, unos recargos y una multa, por las irregularidades cometidas en los últimos tres o cuatro años, la ciudadanía nos vamos a dar por satisfechos. La gente que se levanta cada mañana para ir a trabajar, las pasa canutas para llegar a fin de mes y sacar su familia adelante, quiere saber, pero quiere saberlo todo: las presuntas comisiones del Ave a la Meca, las donaciones a Corina, el dinero enviado al extranjero, las fundaciones en paraísos fiscales y todo lo que haya, sea lo que sea y desde que Juan Carlos fue nombrado Rey hasta el día de antes de su abdicación. Es decir, quiere la transparencia más absoluta.

Ya sé que en ese tiempo Juan Carlos I, por ser Rey de España tenía la condición de inviolable. No obstante, como ciudadano de a pie, he de decir que, eso me importa más bien poco. Es más, entiendo que la ética y la dignidad de la persona por el cargo que ostenta han de estar muy por encima de situaciones legales que, por muy legítimas que sean, no dejan de ser coyunturales y, por consiguiente, pueden cambiar en cualquier momento.

Como ya he escrito en alguna ocasión y me parece oportuno repetir aquí, la Monarquía es una forma de política sutil y muy delicada. La Jefatura del Estado se ejerce por los miembros de una familia en régimen de monopolio. Ese privilegio solo se puede entender de manera democrática si esa familia se singulariza por su exquisitez moral, el prestigio ganado a pulso, el reconocimiento de haber prestado grandes servicios a la comunidad, la ejemplaridad y la transparencia en el comportamiento de todos sus miembros con respecto a la sociedad en la que reinan.

Estas virtudes son exigibles a todos y cada uno de los miembros de la Dinastía. Por eso, la forma de proceder rey emérito, que hemos conocido en los últimos tiempos, es muy poco acorde con su dignidad y está poniendo en jaque la continuidad de la Dinastía que encarna su hijo y sucesor, Felipe VI. O como dice el conocido refrán: la mujer del César no solo debe ser honrada sino que debe aparentarlo.

No quisiera marchar de este mundo sin ver el advenimiento de la Tercera República. Pero como sociedad y como país estamos viviendo fuertes convulsiones y lo último que necesitamos en estos momentos es que haya turbulencias en la cabina de la Jefatura del Estado. Por eso, sería conveniente que el Rey procurara la rehabilitación política de la Institución.

Para ello debería dirigirse a la ciudadanía y sus representantes mediante comparecencia en el Congreso de los diputados para dar explicaciones y, sobre todo, proponer soluciones que deberían tener como eje vertebrador una amplia gama de reformas que hagan de la Monarquía una institución acorde con la sociedad actual. De esa manera, la Corona recuperaría la dignidad perdida sin caer en la humillación.

Según el artículo 14 de la Constitución los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer ninguna discriminación por razones de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Por lo tanto, no puede haber espacios de impunidad para nadie y el Monarca no ha de ser una excepción. Su inviolabilidad solo puede ser admisible si sus actos son refrendados por el Gobierno.   

Ante esta situación, el Congreso, como representante de la soberanía popular, debería encontrar la manera de llevar a cabo una tarea tan delicada como específica, sin caer en servilismos ni privilegios innecesarios, pero utilizando el sentido común.

Entiendo que es muy improbable que algo así suceda; pero no se me ocurre una manera mejor de evitar que la Jefatura del Estado acabe emponzoñada en los juzgados, acorralada por delitos comunes, como si tratase de un delincuente cualquiera.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en El catalán 10/12/20

¿NUEVA MAYORÍA O ACUERDO PUNTUAL?

 

Seré sincero: no me gustan algunas de las alianzas que ha tejido el Gobierno de Pedro Sánchez para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021. Pero es que tampoco me gusta el talante de Pablo Iglesias; aunque según dicen, ha sido el gran hacedor que ha hecho posible que ERC y EH Bildu dieran soporte a las cuentas del Ejecutivo.

Pero, claro, la política es el arte de lo posible y no hay más cera que la que arde y con el panorama que tenemos en nuestro país pretender otro acuerdo es como pedirle peras al olmo.

Con la aprobación de estos Presupuestos se pone fin (al menos de momento) a una etapa de inestabilidad que arranca en 2015. Once partidos han aportado 187 votos para sacar adelante estas cuentas. Ante esta nueva situación es justo reconocer el trabajo bien hecho que han llevado a cabo los máximos responsables de la negociación. O sea, los miembros de los ministerios económicos, del ministerio de Asuntos Sociales y los portavoces parlamentarios.

Fuera del pacto han quedado, como siempre, la derecha y la ultraderecha. Es lamentable que unos Presupuestos, que son los más sociales de nuestra democracia y que han de servir para relanzar la economía y estabilizar al país, no hayan sido votados de manera afirmativa por el primer partido de la oposición, el Partido Popular. Una vez más los populares se han equivocado, ha pesado más para ellos con quién votaban que qué votaban.

Las formaciones que han dado soporte a las cuentas para 2021 conforman un grupo de las más diversas filosofías políticas. Empezando por los dos partidos que dan soporte al Gobierno de coalición, unas organizaciones pequeñas de derecha moderada, pasando por los nacionalismos pragmáticos, hasta la izquierda más radical, sin olvidar los independentistas de diversa gradación.  

De todo este conglomerado multipartidista, destacan dos formaciones que, por su ideología, trayectoria e, incluso, estigmatización, merecen algún comentario diferenciado. Me estoy refiriendo a Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) y Euskal Herria Bildu (EH BILDU)

No me extenderé en exceso sobre los recelos que me genera ERC. Los que vivimos en Cataluña conocemos la manera de gobernar que tienen los republicanos, y si alguien aún tiene dudas que se vaya a la hemeroteca y refresque la memoria con las deslealtades y el filibusterismo político que llevaron a cabo en los tripartitos de izquierdas, primero con Maragall y después con Montilla.

No obstante, en la política como en la vida, no hay nada absolutamente bueno ni absolutamente malo y si este acuerdo sirve, como paso previo, para acercar posiciones y rebajar el clima de tensión que se vive en Cataluña, bien venido sea. De todas formas, no le quiero echar agua al vino, pero los republicanos catalanes no dejarán de presionar al Gobierno central, cuando no sea por una cosa será otra, lo estamos viendo con la libertad de los políticos presos. Por eso, no nos debería extrañar que en cualquier momento decidan poner fin a la colaboración. Baste recordar aquí su no, a la tramitación de los anteriores presupuestos.

Lo de EH Bildu es distinto. En muy poco tiempo los abertzales han hecho un curso acelerado de cómo negociar con el Gobierno central. El primer ensayo fue la derogación de la reforma laboral que fue abortado en pocas horas por Nadia Calviño, pero han aprendido a hacer enmiendas que aportan al País vasco y, de paso, le plantan cara al PNV.

Otra cosa es la repulsión que a algunos nos genera su líder Arnaldo Otegi. Cada vez que oigo hablar a Otegi se me revuelve el estómago, y supongo que como yo millones de ciudadanos que seguimos esperando una disculpa, una autocrítica, algo, por las atrocidades cometidas por ETA, cuando él tenía altas responsabilidades en la dirección de la banda. Pero es que encima tiene la desfachatez de hablar del “terrorismo de Estado”. Hay que joderse (disculpen ustedes el exabrupto). Por eso, como dijo días atrás el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, “sería deseable que el coordinador general de EH Bildu abandonase la política. De esa forma se desvincularía a la formación abertzale de la banda terrorista ETA.

Esto es lo que hay. Pero un acuerdo del alcance de los PGE hubiera sido deseable que se llevara a cabo, también, con fuerzas políticas de ámbito estatal porque se supone que han de tener un concepto integral del Estado, aunque a veces parezca todo lo contrario. Mientras que pactar con nacionalistas y/o independentistas dé la sensación que sea hacerlo con alguien que ni tiene estima por el “Estado español”, como dicen ellos, ni les preocupa lo más mínimo lo que pueda suceder en un ámbito territorial que no sea el suyo.

De todos modos, tampoco hay que sacar las cosas de quicio y este acuerdo, aunque importante, no deja de ser coyuntural, y ni se va a quebrar la legalidad ni se va a romper España. Pero, eso sí, los profetas de la catástrofe van a encontrar argumentos de sobras para anunciar la apocalipsis. De hecho, ya hemos tenido alguna demostración en los discursos y declaraciones en el día de la Constitución.

Con el tiempo veremos si se han sentado las bases para una nueva mayoría o estamos ante un acuerdo puntual. De momento, con los Presupuestos aprobados la derecha y la ultraderecha ya se pueden ir preparando para una larga travesía del desierto porque este Gobierno, lejos de ser arrasado por la pandemia, es muy posible que pueda acabar la legislatura con relativa tranquilidad. Quizás por eso, como les dijo la portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra: “Abandonen toda esperanza. Hay Gobierno para muchos años”.

Aunque no soy creyente, ojalá que Dios la oiga.

 

  

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 08/12/20