PRECEDENTE PELIGROSO

 

El PP lleva dos años bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El pasado mes de julio parecía que el Gobierno y el primer partido de la oposición habían llegado a un principio de acuerdo y en el inicio del curso político se renovaría el CGPJ. Sin embargo, los populares rompieron unilateralmente la negociación con el banal argumento de que Podemos no podía estar en la mesa de diálogo. Inaudito, pero cierto.

Ante ese permanente bloqueo, el Gobierno ha decidido echar por el camino más corto y que fueran los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos los que presentarán una proposición de ley para tirar adelante la reforma. Conviene aclarar aquí que el reglamento del Congreso no exige a los grupos parlamentarios los informes del Poder Judicial, del Consejo Fiscal y del Consejo de Estado, que sí son preceptivos si es el Ejecutivo quien presenta el proyecto de ley. Además, de esa manera, se acortan considerablemente los plazos y la iniciativa se puede convertir en ley en poco más de dos meses.

No obstante, las alarmas han saltado cuando la Comisión Europea ha tenido conocimiento de las intenciones del Gobierno. La CE ha hecho llegar una seria advertencia a España sobre el proyecto de ley de Reforma del Poder Judicial. Aunque desde hace tiempo en Bruselas aprietan al Gobierno español para que renueve el órgano judicial que acabó su mandato en 2018, los políticos y juristas europeos no ven con buenos ojos que el proyecto se vehicule mediante los grupos parlamentarios del PSOE y de Unidas-Podemos. Temen que se ponga en peligro la independencia judicial y que el CGPJ se politice más de lo estrictamente ineludible.

En esencia, la reforma que se pretende desde el Ejecutivo es rebajar el actual quorum necesario de tres quintos a mayoría absoluta simple, tanto en el Congreso como en el Senado, para nombrar a 12 de los 20 vocales del Consejo. Y ahí es donde le duele al PP, porque con esta modificación los votos de los populares serían irrelevantes, bastaría con los soportes que permitieron la investidura de Pedro Sánchez.

De todos modos, y ante el aviso recibido dese Bruselas, el presidente Sánchez ha tendido la mano a Pablo Casado para desbloquear la renovación “a partir del principio de preacuerdo de julio”; es decir, un reparto de 10 vocales para cada bloque y el presidente progresista. Pero el PP sigue cerrado en banda y exige como condición sine qua non, para empezar a negociar, la ya mencionada exclusión de Podemos en el acuerdo, algo lógicamente inviable.

La cuestión es que izquierda y derecha no solo se han de diferenciar por sus postulados ideológicos, que son sus respectivas razones de ser, sino que entre otras muchísimas cosas se deben marcar también distancias por sus maneras de proceder.

Por eso, y aunque la memoria es débil, conviene recordar que, en enero de 2014, cuando gobernaba el PP, con Mariano Rajoy al frente, el grupo parlamentario popular tramitó una reforma urgente de la ley orgánica del Poder Judicial para dilapidar lo que se conoce como justicia universal, y lo hizo como proposición y no como proyecto del Gobierno; de esa forma evitaron, como ahora pretenden los grupos de PSOE y UP los informes preceptivos. Por lo tanto, no estaría de más que los populares se miraran al espejo antes de poner el grito en el cielo.

Con esa iniciativa el Gobierno de Mariano Rajoy eliminó de un plumazo la capacidad de los jueces españoles para investigar crímenes contra la humanidad cometidos fuera de España. Algo que entonces era molesto para países como Estados Unidos o China entre otros.

Ante esta situación de bloqueo, es comprensible que el Ejecutivo y en especial el presidente Sánchez estén hartos del obstruccionismo y el bloqueo sistemático del PP; pero la solución nunca puede ser cambiar las reglas de juego a mitad de partido y tampoco utilizar el tú más o él y tú también. En ningún caso un Gobierno progresista debería utilizar un precedente de esa catadura política como argumento.

Tal vez el proyecto de ley que presenta el Gobierno de coalición es discutible, y ya se sabe que la izquierda, como la mujer del César, no solo ha de ser honrada sino que ha de demostrarlo. Pero es que el PP está cometiendo fraude de ley con sus bloqueos sistemáticos y burlando la Constitución, que tanto dice defender, para sacar pingües réditos políticos.

Estoy convencido de que nuestro sistema constitucional y jurídico ofrece otras posibilidades y es muy plausible que se pueden explorar otras vías que den plenas garantías a la iniciativa gubernamental. Y eso, sería mucho mejor que recurrir a las artimañas que ya utilizó el PP en 2014 porque, aunque nada garantiza que si algún día los conservadores vuelven a gobernar vuelvan a hacer trapacerías, que un Gobierno progresista utilice las mismas argucias que la derecha ultramontana sentaría un precedente peligroso.

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 20/10/20

LA COCINA DEL PODER

 

Desde mediados del mes de mayo, un grupo de economistas de élite, entre los que también hay sociólogos y científicos, reclutados por la Moncloa, se reúne de forma habitual para establecer los ejes básicos de cómo debería ser la España poscovid. De forma deliberada se ha querido que sea un equipo lo más transversal posible. Por eso, el perfil ideológico de la coalición de Gobierno no es el mayoritario dentro del grupo, por lo que se ha recurrido a gente tan diversa como Toni Roldan ex dirigente de Cs, Alda Caldera economista de la OCDE o Rafael Doménech director de Análisis del BBVA entre otros muchos para que concurran el máximo de sensibilidades. El objetivo era claro: elaborar un documento que sea el embrión del que hay que presentar, en los próximos días en Bruselas para optar a los fondos de reconstrucción y que, a la vez, sea el punto de partida de los presupuestos generales del Estado (PGE) para 2021.

Iniciativas similares se están llevando a cabo en la práctica totalidad de los países de la U E. Tras la pandemia del coronavirus, aún no superada, hay que rediseñar la economía. En consecuencia, todo el mundo trabaja en la misma dirección: salir cuanto antes de la crisis y remontar la situación de la manera más rápida posible.

La idea matriz que ha estructurado los trabajos de ese grupo de expertos de nuestro país ha sido elaborar un plan que permita rescatar a España de la crisis y modernizar su economía. Ese plan propone una inversión de 72.000 millones de euros para el trienio 2021-2023 que tendrá dos ejes vertebradores: la transformación digital y la transición ecológica.

La previsión es que, de todos los fondos que lleguen de Europa el 33%, se destinen a la transformación digital ya que se considera una herramienta clave para reimpulsar la economía y lograr que en 2023 tengamos un nivel de actividad similar al previo a la pandemia.

Por lo que respecta a hacer efectiva la transición ecológica, el Gobierno tiene previsto canalizar los fondos en inversiones verdes mediante el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, un documento estratégico que ya se envió a Bruselas meses atrás. En el mismo se establece una hoja de ruta para la descarbonización de la economía de nuestro país antes de 2030.

El Gobierno que preside Pedro Sánchez está dando muestras muy claras de que es necesario apoyar tanto como sea posible al tejido productivo para evitar un descalabro aún mayor del que ya estamos padeciendo. Por eso, se ha aprobado una subida histórica del límite del gasto no financiero (conocido como techo de gasto), es decir, el tope máximo que pueden alcanzar los Ministerios. De igual manera, el ejecutivo hará una aportación extra a la Seguridad Social y otra a las comunidades autónomas que rondará los 32.000 millones de euros; además de desbloquear el primer tramo de ayudas europeas que estará sobre los 27.000 millones de euros. Todo ello significa una subida del mencionado techo del gasto de más del 53%. Siempre y cuando se levante el bloqueo presupuestario que, en estos momentos, si no se arreglan las cosas, deja en el aire el multimillonario fono de recuperación.

Según la ministra de Hacienda María Jesús Montero, “este límite de gasto es inédito y no admite comparaciones”. El motivo es el vertiginoso incremento de la factura que está dejando la crisis sanitaria y que obliga a exprimir como nunca los recursos públicos.

El Gobierno de coalición ha desarrollado un plan que va más allá de los PGE para 2021. De hecho, es un ambicioso proyecto que pretende modernizar todo el sistema productivo de nuestro país mediante un descomunal aumento del gasto público a llevar a cabo en los próximos seis años, al amparo, como no puede ser de otra forma, de los fondos de recuperación que han de llegar de Europa. Ante estas expectativas, los dos partidos que conforman el Ejecutivo se han conjurado para dar larga vida a este Gobierno, más allá de las diferencias que eventualmente puedan surgir.

En las circunstancias de excepcionalidad que estamos viviendo la situación no es fácil para nadie, pero, a mi modo de ver, debería de ser de una preocupación especial para Pablo Casado. El líder de los populares se viene equivocando de forma reiterada dese que llegó a la presidencia de su partido, pero en los últimos meses ha aumentado de manera sustancial su porcentaje de errores frente al de aciertos y ya son bastantes las voces que desde el propio partido piden un giro, al menos en las políticas sociales y, sobre todo, en las económicas.

Desde luego, el papel lo aguanta todo y ahora hay que ver cómo evolucionan los acontecimientos, si el dinero empieza a fluir y las propuestas del presidente Sánchez se materializan. En ese caso, a Casado le será muy difícil explicar su rechazo frontal a un menú elaborado en “la cocina del poder” (como llaman algunos a los cenáculos políticos de altos vuelos) por un centenar largo de eruditos de tendencias ideológicas muy diversas y que está basado en la transversalidad y en dotar a España del impulso necesario para salir del agujero generado por la pandemia con las menos heridas posibles; mientras que los sectores, históricamente afines como la patronal le dan la espalda y se alinean con el Ejecutivo o los presidentes autonómicos del PP hacen oídos sordos a su líder y colaboran con el Gobierno central.  

Esa obstinación solo se explica si se atiende a algunos cargos cercanos a Pablo Casado que dicen que su verdadera vocación es ser portavoz de la derecha extrema. Si eso es así, todo cuadra.

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 13/09/20

DEL FUEGO A LAS BRASAS

 

Muchos catalanes, entre los que me encuentro, con la inhabilitación de Quim Torra nos hemos visto aliviados sicológicamente. Resultaba muy desagradable desayunarse cada mañana con los improperios,  exabruptos y monsergas monotemáticas del ya ex president-vicario.  

Con esa destitución se cierra una de las etapas más grises de nuestra historia política contemporánea. Ahora toca pasar página. De todas formas, nos esperan muchos meses de interinidad política, parón institucional e intrigas partidistas.

La situación política catalana es absolutamente atípica en un país europeo y moderno como pretende ser Cataluña. Tenemos el Govern en funciones y un president sustituto que no lo es plenamente porque la ley limita sus competencias. A este paisaje, casi dantesco, hay que añadir una precampaña electoral a cara de perro y la lucha fratricida por el poder, entre las fuerzas independentistas para ver quien logra la hegemonía política de los próximos años.

Hemos llegado hasta aquí por la negativa de Torra a convocar elecciones antes de ser inhabilitado, algo que todo el mundo pedía excepto el grupito de Waterloo y sus acólitos que necesitan tiempo para montar su chiringuito, afinar la estrategia de “confrontación inteligente con el Estado” y ganarse un sitio al sol.

Mientras, los partidos no secesionistas, con el Parlament inactivo, asistirán al espectáculo como comparsas y la ciudadanía lo haremos como convidados de piedra. No está mal. Pero eso sí, los ciudadanos hemos de seguir cumpliendo con nuestras obligaciones, entre ellas las fiscales, aunque la prestación de servicios tan básicos como la sanidad o la educación estén bajo mínimos. Y si alguien piensa que exagero que se dé una vuelta por su centro de asistencia primaria o vaya a ver en qué condiciones con qué y medidas de seguridad se trabaja en colegios e institutos.

Con este panorama tan poco alentador, son bastantes los analistas políticos que ven en ERC la solución a los problemas que nos aquejan. Lo siento pero discrepo. Si los republicanos ganan las próximas elecciones y suman con JxCat para gobernar, formaran Govern con ellos, que nadie lo dude. De hecho, Pere Aragonés (conseller de Economía y, con toda probabilidad, candidato de su partido en las próximas elecciones)  lo dijo días atrás, sin ningún empacho, en la primera entrevista que concedió como sustituto del president inhabilitado.  Es decir que saldremos del fuego para meternos en las brasas.

No nos hagamos demasiadas ilusiones y digamos las cosas claras: ERC no es un partido de izquierdas, por mucho que alardeen de ello. No creen en la igualdad de las personas sin tener en cuenta su origen. La agenda social para los seudorrepublicanos catalanes es totalmente secundaria. Esto no es una afirmación gratuita, hay ejemplos que lo demuestran, Artur Mas suprimió 1.200 plazas de personal sanitario y más de 1.100 camas hospitalarias durante su mandato. Pues bien, ERC entró en el Govern en 2015 y a día de hoy no ha recuperado ni un empleo en la sanidad pública ni una sola cama de hospital. Otro: en plena pandemia el Govern (no hace falta recordar aquí que Pere Aragonés es el conceller de Economía como ya se ha dicho más arriba) decidió desviar 15 millones de euros del fondo Covid a TV3 para compensar el descenso de publicidad. De manera simultánea, el departamento de Educación, que dirige el también republicano Josep Bargalló, cancelaba el programa de tarjetas monedero que garantizaba la comida durante el verano a los niños más vulnerables. Decía Winston Churchill: “dime que presupuestos apruebas y te diré que política prácticas”.

Puede parecer un tópico, pero estamos en un momento muy grave y, por lo tanto, hay que poner fin esta sangría que nos está agotando como país. Necesitamos un Govern que gobierne bien y para todos; y eso, en mi opinión, significa desarrollar una gestión ágil, llevada a cabo con transparencia y limpieza. Desde el Ejecutivo se debe trabajar por una sociedad más justa equitativa y solidaria, donde las personas puedan desarrollar su proyecto personal y colectivo.

Un reciente estudio del CEO indica que un 56,6% de la población considera necesario reorientar los servicios públicos que tanto deterioro han sufrido en los últimos tiempos, para situarlos a la altura de las circunstancias. Y eso pasa, inexorablemente, por dotarlos de recursos adecuados y, sobre todo, de voluntad y capacidad política para hacerlo.

Por todo eso, es necesario que en las próximas elecciones se produzca una reacción que genere un cambio para empezar a salir del pozo en que nos han metido los gobiernos nacional-independentistas. Sin embargo,  la verdad es que no veo en los que nos han gobernado en los últimos diez años ni que estén por la labor ni que estén preparados para ello.

Ante este estado de cosas la pregunta es obvia: ¿podremos como país y sociedad aguantar mucho más sin que las costuras se rompan? Mi opinión es que no.

 

Bernardo Fernández

Publicado en e noticies 05/10/20

CON EL CORAZÓN "PARTÍO"

 

Me ha parecido oportuno parafrasear la célebre canción de Alejandro Sanz, “Corazón partío” para dar título a esta columna. Me ha motivado a ello el anuncio que hizo el ministro de Justicia, Julián Campo, la semana pasada, en el Congreso, cuando dijo que en los próximos días su departamento iniciaría la tramitación del indulto  de los políticos presos por el proceso secesionista catalán. A la vez informó que el Gobierno estudia cambios normativos sobre la tipificación penal del delito de rebelión. Pues bien, confieso que ese anuncio me ha sumido en un mar de dudas y me ha generado sentimientos encontrados, algunos, incluso, contradictorios.

No me ha extrañado que la derecha extrema y sus parientes políticos, la derecha montaraz, se hayan lanzado a la yugular del Ejecutivo; eso está en el guion de la política española, tal y como funciona a día de hoy. La obsesión de Vox y PP es derribar al Gobierno y, por tanto, de ellos no cabe esperar otra cosa: o lo consiguen y tenemos un cambio político muy profundo, o fracasen y se hunden en sus propias contradicciones. Ese es el sino de la derecha en nuestro país: el todo o nada

Pero lo que sorprende es la indiferencia e incluso el  desprecio con que  los propios interesados y sus correligionarios han acogido el anuncio del ministro. Para los independentistas “son cantos de sirena del Estado”, y en opinión de Albert Batet jefe de filas de JxCat en el Parlament, “no es la solución al conflicto político”. Y es que para los secesionistas más hiperventilados la única vía posible es una ley de amnistía y un referéndum de autodeterminación.

Según Marcel Mauri, máximo dirigente de Omnium Cultural, con el presidente de la entidad, Jordi Cuixart en prisión, “un indulto no sirve para nada, más allá de la solución a la persona indultada”. Para ERC, siempre tan empáticos y predispuestos a los acuerdos, es un ”gesto” ante la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, en cambio, en opinión de la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, “la tramitación es una obligación legal que tiene el ministerio, por tanto no es nada más que lo que está obligado por ley”. No le falta razón a la dirigente de la ANC, pero no deja de ser curioso que ahora apelen a la ley cuando son ellos los que no se cansan de hablar de represión judicial, tribunales corruptos y no sé cuántas mandangas más. Además, olvidan que en la tramitación de una iniciativa, como en todo, es puede poner intensidad, entusiasmo y también celeridad. Pero también se puede llevar a cabo el trámite con desidia, dejadez y por imperativo legal. Estos muchachos son tan poco ilustrados que ni siquiera conocen aquel refrán castellano que dice, “no muerdas la mano del que te da de comer”, aquí sería suficiente cambiar el verbo comer, por el de perdonar o cualquier otro sinónimo…, pero en fin, tampoco le vamos a pedir peras al olmo.

De todas formas, el asunto no es menor porque el indulto es una medida de gracia por la que se libera al autor de un delito con condena firme de cumplir todas o algunas de las penas impuestas, pero no supone el perdón del delito. Mientras que la amnistía se otorga por razones políticas, especialmente en los cambios de régimen, y conlleva la extinción de la infracción.

En consecuencia, el problema de fondo es que, según el relato independentista, los líderes del procés no pueden aceptar el indulto porque no cometieron delito alguno y, por consiguiente, en su cosmos pluscuamperfecto aceptar el indulto sería sinónimo de haber cometido delito. O sea que violentaron la ley, y a partir de ahí, toda la fabulosa arquitectura que han forjado, basada en la más imposible de las quimeras y que han ido construyendo desde la ensoñación y la falsedad, se les derrumbaría como un castillo de naipes ante un estornudo.

La cuestión es si, ante esta situación de acoso por un lado y de desdén por otro, para el Gobierno de Sánchez realmente merece la pena sufrir el considerable desgaste político que, a buen seguro, la medida va a suponer.

No cuestionaré la legitimidad de la acción porque todo Ejecutivo, sea del color que sea, tiene la obligación de tramitar las peticiones de indulto que le lleguen. Ahora bien, como he escrito más arriba, esa iniciativa me deja con el corazón “partio” porque el raciocinio político me dice que el indulto, aunque ahora lo desprecien, puede, a medio plazo, favorecer  el dialogo y ser un elemento más para encauzar el negociación que tanta falta nos hace en Cataluña; pero por otra, como ciudadano de a pie, pienso que esos individuos que están en prisión cometieron unos delitos tipificados en el código penal y fueron juzgados y condenados por ello, por lo tanto, lo lógico es que cumplan su condena. Mucho más teniendo en cuenta que ni han mostrado arrepentimiento, ni están dispuestos a reconocer que se equivocaron, y no solo eso, es que encima, del “ho tornarem ha fer” han hecho un eslogan.

Y claro, buenos, sí, pero tontos, no.

 

Bernardo Fernández

Publicado en El Catalán 28/09/20

TAN REAL COMO LA VIDA MISMA

 

Reconozco que empiezo a estar harto de escribir casi siempre de lo mismo: la independencia de Cataluña, el procés y su mundo pequeño, estrecho y asfixiante.  También, sospecho que ustedes, apreciados lectores, están empezando a sentir hastío de tanto artículo, tanta columna y tanta tertulia sobre el monotema catalán. Por eso hoy me referiré a la visita que a principios de año hizo a nuestro país Philip Alston.

Es más que probable que el nombre de Philip Alston a ustedes no les diga nada. Sin embargo, si les  digo que es relator especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, es muy posible que haya logrado atraer su atención.

Pues bien, el informe que este señor hizo llegar al máximo organismo internacional sobre nuestro país, y que se hizo público el pasado mes de julio, debería sacar los colores a nuestros responsables políticos. Lo resume en tres principios básicos: en España hay una  falta grave de vivienda asequible, los impuestos son insuficientes para financiar la protección social y la burocracia impide, en muchas ocasiones, acceder a las prestaciones.

Alston sostiene que “el sistema de prestación de asistencia social está roto, no se financia adecuadamente, es imposible no perderse en él y no llega a las personas que lo necesitan.” Se puede decir más alto, pero no más claro.

El documento contiene una serie de recomendaciones. La primera es la implantación de un ingreso mínimo vital; algo que ya se hizo en los inicios del verano, por lo que Alston se felicita y ha quedado recogido en el informe. Además subraya que “mientras unas comunidades tienen un sistema muy humano de ayuda para los más desfavorecidos, en otras lo han saboteado.”

Por lo que respecta al Ingreso Mínimo Vital (IMV) que está previsto que llegue a unas 800.000 personas, considera que deberá extenderse a más población teniendo en cuenta la devastación social que ha ocasionado la pandemia.

En opinión del relator los ricos han sido los grandes beneficiados de la crisis y los poderes públicos han fallado a los pobres. “Hay situaciones de gran pobreza muy extendidas (el 26,1% de la población es vulnerable, uno de los indicadores más altos de la UE), una alta tasa de desempleo y situación de desempleo juvenil crónico, con una crisis de vivienda de considerables proporciones, junto con programas de protección social a todas luces insuficientes, un sistema de educación segregado y cada vez más anacrónico, políticas tributarias y de gasto que favorecen mucho más a las clases acomodadas que a los pobres y una mentalidad burocrática que permite a las autoridades eludir su responsabilidad y valorar más el formalismo que el bienestar de las personas,” expone en su escrito.

Philip Alston viajó por seis comunidades autónomas (Madrid, Cataluña, Extremadura, Andalucía, Galicia y País Vasco), las experiencias más duras estuvieron ligadas a la vivienda. Chabolas de plástico en Huelva para los temporeros, sin luz ni agua. Algo muy parecido a lo que vio en la Cañada Real de Madrid, “donde la polución está matando a los niños y los responsables políticos dicen que ya les han aconsejado que se marchen…”, desde luego, el ya ex relator ni se muerde la lengua, ni suaviza la pluma en su escrito y describe la realidad tal y como él la percibió.

Mención especial le merece la comunidad de Madrid, donde según sus datos, la pobreza severa se ha doblado en diez años (hasta el 7,8% en 2017), pese a ser la segunda comunidad con el PIB más alto. Por el contrario, su renta mínima de inserción es la más baja de todo el país y solo llega al 1,5% de la población.

En una entrevista concedida por Alston después de la publicación del informe se muestra muy contrariado “por la agenda neoliberal que llevan a la práctica las autoridades de Madrid, en la que las rebajas de impuestos son la clave para todo, sin estar interesados en abordar la situación de ese 20 o 30% de la población más desfavorecida.” Asimismo, quedó impactado porque el Gobierno de la comunidad quitó la subvención a Servicio Doméstico Activo, una asociación que se dedicaba a luchar contra los abusos a los empleados, “algo que también haría Donald Trump.”

A grandes rasgos, tan descarnada como se quiera pero tan real   como la vida misma,  esta es la situación en la que se encuentra nuestro país en lo que se refiere a servicios sociales y atención a los más desfavorecidos. Ante este estado de cosas podemos marear la perdiz tanto como los gobernantes quieran; ahora bien, más pronto o más tarde habrá que afrontar una reforma fiscal en profundidad para que paguen más los que más ganan y más tienen. Estamos lejos de la media de la zona euro donde los impuestos se sitúan en un 41,7% del PIB, mientras que aquí en 2018 nos quedamos en el 35% y la recaudación por el impuesto de sociedades cayó a la mitad en 10 años, hasta llegar a un 11% real. Además, según dicen los expertos la economía sumergida supera el 20%.

Es verdad que con la pandemia estamos en una situación muy delicada y la sociedad no está para fuertes sacudidas. Pero, en España, tenemos un Gobierno de coalición formado por dos partidos de izquierda, y si no aprovechan este momento histórico para dar un vuelco a la situación y nos ponernos a la altura de los países de la UE, fiscal y socialmente más avanzados, cuando lo vamos a hacer, ¿cuándo gobierne la derecha? No seamos ingenuos.

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 23/09/20

CORRUPTOS Y CHAPUCEROS

 

Toda la corrupción es mala, pero no del mismo modo. Resulta difícil definir la gravedad de los affaires tipificados como corruptos. No obstante, yo los enmarcaría en cuatro parámetros: grado de sofisticación de la trama, cantidades sustraídas, nivel de los investigados y perjuicios a la sociedad. Los casos más graves son los diseñados para lograr dinero a partir de las ventajas que se obtienen al ostentar cargos de representación o responsabilidad pública porque, por lo común, es necesaria la participación de varios miembros de la Administración, y para ello es necesario que estén todos convenientemente situados y predispuestos. Quien no recuerda casos como la Púnica, la Gürtel, el caso Palau o los ERE de Andalucía; sin un entramado minuciosamente diseñado esos affaires hubieran sido literalmente imposibles.

Faltaría a la verdad y no sería objetivo si solo pusiera el foco en las tropelías del PP. Todos los partidos tienen episodios oscuros en sus trayectorias que quisieran eliminar. Y suelen tener capítulos más opacos cuando más poder han tocado y más responsabilidades han desempeñado. Al fin y al cabo, una organización política es obra de unos seres humanos con todas sus grandezas y todas sus miserias, que, por cierto, no son pocas.

Ahora bien, si analizamos los despilfarros de los recursos públicos de los últimos treinta años, da la sensación que la corrupción se haya instalado en el ADN de los populares de manera congénita. De hecho, el PP es el único partido en Europa condenado por corrupción. Por algo será.

En el Partido Popular, desde hace años, sienten el aliento de la justicia en el cogote. Los populares nunca han sido un modelo a la hora de gestionar, no lo han sido a la hora de administrar los recursos propios, y mucho menos cuando les ha tocado gestionar recursos públicos. Para ellos bordear los límites de la legalidad en cuestiones económicas y transgredirlos, ha sido una constante a lo largo de su historia.

Estos últimos días hemos sabido por los medios de comunicación de un nuevo caso de presunta corrupción a cargo, como no, de importantes cargos del Partido Popular, cuando estaban en el Gobierno presidido por Mariano Rajoy. El caso Kitchen, la investigación sobre el entramado parapolicial dirigido desde el Ministerio del Interior para arrebatar al extesorero del PP, Luís Bárcenas, documentos comprometedores sobre las finanzas del partido. No quiero frivolizar con cuestiones tan sensibles, pero, además de muy grave, me parece una monumental chapuza y de una ingenuidad pasmosa pensar que con tanto colaborador y tanta persona fisgando en el asunto, más tarde o más pronto alguien no iba a filtrar algo.

Esta vez ha sido un tal Francisco Martínez, secretario de Estado de seguridad entre 2013 y 2016, el hombre gris del tejemaneje, el que ha tirado de la manta: la cuestión es que ha tardado ocho años en decidirse, seguramente lo ha hecho cuando ya se ha convencido de que nadie acudiría en su rescate. Difícil lo tiene Martínez ahora que los populares han perdido casi todos los resortes del poder y bastante trabajo tienen con mantenerse a flote y no sucumbir en el intento.

No voy a hacer leña del árbol caído. Los medios de comunicación ya están exprimiendo de manera adecuada el caso Kitchen y no voy a insistir. Me parece oportuno esperar y ver cómo evoluciona la situación porque el affaire se investiga de forma simultánea en dos juzgados de la Audiencia Nacional. Por un lado, el Juzgado Central de instrucción al frente del cual está el magistrado José de la Mata y por otro, el Juzgado Central de instrucción número 6 con el juez García Castellón al frente, que está llevando la investigación como una más de las 25 piezas del macrosumario de los trapicheos del excomisario José Manuel Villarejo.

Ante esta investigación, a priori, tan exhaustiva, me parce prudente esperar porque lo que ha salido hasta el momento me parece que no es más que la punta del iceberg y lo mejor está por llegar.

Como se decía en los cómics de mi juventud: continuará…

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 15/09/20

 

EL ETERNO VIAJE AL CENTRO

 En el arco parlamentario español casi nunca ha existido un partido de centro derecha al estilo de las formaciones políticas europeas. Con la democracia recuperada parecía que la UCD podría desempeñar ese papel, pero UCD, más que un partido político, fue un cúmulo de intereses y proyectos personales, por eso duró, como dice el gran Sabina, “lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks.”  Años después, el PP de José María Aznar, ganó las elecciones de1996 y, forzado por la aritmética parlamentaria, jugó ese papel durante un tiempo. Sin embargo, tras la victoria en los comicios del año 2000 con una holgada mayoría absoluta, los populares se derechizaron. Más tarde, con Mariano Rajoy en la Moncloa, siguieron practicando el capitalismo de amiguetes en lo económico que había institucionalizado Aznar, pero en lo ideológico se abrieron al ultraliberalismo, y el incipiente centro derecha en España pasó a mejor vida.

Tras el cataclismo que les produjo la moción de censura, era lógico pensar que aprovecharían la situación para hacer un reset en su trayectoria y culminar el eterno viaje al centro que los populares tienen pendiente desde que AP mutó al PP. Craso error. Por lo visto son de los de facella y no enmendadla

La cuestión es que, hace poco más de dos años, Pablo Casado alcanzó la cúspide del PP y uno de sus primeros movimientos fue nombrar como jefe de gabinete a Javier Fernández Lasquetty, patrono de la fundación FAES. De esa forma, el aznarismo volvía a la calle Génova por la puerta grande. A las pocas semanas Soraya Sáenz de Santamaría dejaba la política y tras ella el grueso de los dirigentes marianistas pasaba a la trastienda de la política. La operación limpieza continuó con la elaboración de las listas para las elecciones generales de abril de 2019. Tan solo diez de los 52 cabezas de lista repitieron. Casado ignoró las resoluciones de los congresos regionales e impuso a Teresa Madalla en Asturias y a la atleta Ruth Beitia en Cantabria, aunque está dimitió a los pocos días. Tampoco le tembló el pulso, pocas semanas antes de las elecciones en Euskadi, para cambiar al candidato Antonio Alonso, hombre moderado y abierto al diálogo, por Carlos Iturgaiz, más afín al propio Casado y miembro de la vieja guardia en los tiempos de Aznar. Para muchos aquello fue la descapitalización del partido y la pérdida de uno de sus mejores argumentos: la experiencia en la gestión.

Pero aún no había acabado su renovación y colocó a Cayetana Álvarez de Toledo de cabeza de lista por Barcelona y luego de portavoz del grupo parlamentario; y a Isabel Díaz Ayuso de candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid, en contra de la opinión de buena parte del partido. Sin embargo, la jugada le salió bien en ambos casos. Eso lo llevó a acuñar el eslogan la derecha “sin complejos.”

El cese, este pasado mes de agosto de Álvarez de Toledo como portavoz parlamentaria obedece, más a una estrategia para tranquilizar al sector moderado de la formación y a la intención de blanquear la marca que a discrepancias de fondo entre Cayetana y el líder del PP.

De todas formas, lo tiene complicado el Partido Popular con la derecha extrema desatada que le está comiendo espacios, por un lado y Ciudadanos que se ha lanzado a ocupar el centro que ellos han dejado vacío, por otro. Ante esta situación, Pablo Casado haría bien en sacar conclusiones de los resultados de las elecciones autonómicas celebradas en Euskadi y Galicia este mes de julio, y ver que le conviene más si el frentismo que han practicado en el País Vasco con Carlos Iturgaiz como punta de lanza, o el talante templado y sin aspavientos utilizado por Alberto Núñez Feijóo en Galicia. Los resultados de los populares están a la vista.

Pero volvamos al hilo conductor de esta breve reflexión: el viaje al centro. El máximo representante de esa supuesta derecha “sin complejos,” Pablo Casado, se reunió días atrás con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el resultado del encuentro, no por esperado fue menos decepcionante. Casado anunció que no dará su plácet a la renovación de los órganos constitucionales (Poder Judicial, Tribunal Constitucional, RTVE o Defensor del Pueblo) mientras Unidas Podemos siga en el Gobierno porque, en su opinión, los podemitas están en contra del orden constitucional. Inaudito. Pero es que tampoco está por colaborar para sacar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) adelante que, ante la situación de emergencia social y política que ha generado la pandemia, son más necesarios que nunca.

El tiempo apremia. El 15 de octubre debe presentarse en Bruselas el programa de reformas para optar al fondo de recuperación económica europeo. La cantidad a que puede optar España son 140.000 millones de euros. Con ese soporte, se podrá relanzar la economía y dar un paso de gigante en cuestiones como la lucha contra el cambio climático, la utilización de nuevas tecnologías o la aceleración de la transición energética, solo por poner algunos ejemplos.

Ahora bien, para conseguirlo es necesario hacer las cosas bien y con rigor. Ahí el primer partido de la oposición tiene un rol muy importante que jugar; pero no vale ni ponerse de perfil, ni practicar el obstruccionismo ni frivolizar con el futuro de las personas.

En estas circunstancias, si el Partido Popular quiere, de verdad, ser un partido de centro, moderado y moderno, ahora tiene la gran oportunidad de culminar su viaje y demostrarlo. Si no lo hace es posible que pase mucho tiempo hasta que se le presente otra ocasión como está y quizás para entonces ya hayan caído en la irrelevancia.

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 07/09/20