EL VIA CRUCIS DEL PSC

El desmoronamiento que está sufriendo el PSC se comenzó a fraguar con el larguísimo proceso de elaboración del nuevo Estatuto, las deslealtades de ERC en los gobiernos de Maragall y Montilla y el ruido mediático de esos dos ejecutivos, sobre todo del segundo. Después, con la sentencia de julio de 2010 del Tribunal Constitucional sobre ese Estatuto y la crisis económica como telón de fondo, llegó el primer aviso serio de la ciudadanía y en las elecciones autonómicas de noviembre 2010 el primer gran varapalo. Desde entonces el descenso ha sido imparable.


Ciertamente, el PSC está viviendo sus días más aciagos desde que se fundara allá en 1978. A la crisis general que sufre la socialdemocracia, en Cataluña hay que añadir las cuestiones identitarias. El debate político se ha dejado de articular en el eje social y económico, para plantearse en el escenario del soberanismo, y ahí los socialistas siempre tendrán las de perder, pues es obvio que el cuerpo electoral prefiere el original a la copia.

Ahora llueve sobre mojado. Sea cual sea la decisión que tome la Comisión de Garantías del partido respecto a los diputados díscolos (aquellos que rompieron la disciplina de voto de su grupo en el Parlamento de Cataluña, el pasado 16 de enero, votando con los soberanistas ), la suerte está echada. Malo será si son expulsados: el cisma estará servido. Si por el contrario mantienen su acta de cargos públicos, el ala más obrerista del partido se sentirá ninguneada, el Consejo Nacional desautorizado y el nicho electoral del PSC en el Área Metropolitana, auténtico bastión de los socialistas, acabará por retirar la poca confianza que aun deposita en el socialismo catalán.

En cualquier caso, en la calle Nicaragua (sede central de los socialistas catalanes) deberían andarse con pies de plomo, pues la expulsión de los diputados Elena, Geli y Ventura supondría para el PSC pasar a ser la cuarta fuerza política en el Parlamento catalán. Por eso, se debería tener muy en cuenta la propuesta de Joan Torres, Presidente de la Comisión de Garantías, que propone crear un grupo de mediación que, cuando menos, intente evitar el desastre.

Por otra parte, parece que Joan Ignasi Elena, está dispuesto a defender la posibilidad de celebrar un referéndum independentista en un acto conjunto con el líder de ERC, Oriol Junqueras. Parece que ambos asistirán conjuntamente a un acto el mes de marzo para hacer "pedagogía" sobre el "derecho a decidir". De confirmarse esta posibilidad, es obvio que los pocos puentes que quedan para el entendimiento dentro del PSC quedarían irremediablemente rotos.

Por si todo esto fuera poco, el calendario de 2014 para los socialistas catalanes puede resultar diabólico. Además de las elecciones europeas que se han de celebrar en mayo, el PSC tiene previsto un proceso de elecciones primarias a lo largo y ancho de toda Cataluña para escoger a sus alcaldables de cara a las municipales de 2015. Por otra parte, no se debe descartar que Artur Mas, ante la imposibilidad de realizar la consulta el 9 de noviembre, opte por convocar elecciones, de forma más o menos inmediata. Eso nueva cita electoral volvería a coger al PSC con el paso cambiado, inmerso en una tremenda crisis interna y sin haber llevado a cabo el proceso de primarias para escoger a su candidato a presidente de la Generalitat.

Es evidente que la situación de los socialistas catalanes es muy delicada y la organización puede explosionar en cualquier momento. Ahora bien, no es conveniente vender la piel del oso antes de cazarlo. Por eso, aquellos carroñeros de la política que se frotan las manos esperando que el PSC estalle hecho pedazos, deberían relajarse. La socialdemocracia no está agotada, ni mucho menos.

Lo que nos brinda el neoliberalismo imperante es la total desregularización de los mercados y el desmantelamiento del Estado de bienestar. La crisis no ha tenido su origen en el relativo bienestar de los trabajadores, sino en el auge incontrolado de un capitalismo especulativo y salvaje. La desigualdad se ha disparado hasta cotas insoportables y los parados no son las fuerzas que han de generar un nuevo crecimiento. Más bien todo lo contrario, son una bolsa de pobreza muy difícil de gestionar.

En estas circunstancias, la socialdemocracia tiene más razón de ser que nunca. Pero eso sí, ha de ser una socialdemocracia valiente que huya de los populismos, capaz de presentar alternativas y reformas a las políticas de austeridad que nos están llevando al desastre. Necesitamos un proyecto socialdemócrata que plantee políticas de equidad, partiendo de la idea de que en democracia se han de forjar sociedades de iguales.

Y todo eso, ninguno de los que ahora están sentados a la puerta de su casa para ver el cadáver de su enemigo pasar, tiene cuajo político para llevarlo a cabo.

La gran esperanza sigue estando en los valores que el PSC atesora en la alcancía de su ideario. Por consiguiente los socialistas catalanes deberían hacer un reset para reconectar nuevamente con la ciudadanía. Al fin y al cabo, las gentes de izquierda y progresistas de este país, aunque ahora no lo parezca, seguimos siendo mayoría.



Bernardo Fernández

Publicado en Crónica Global 02/03/14

LAS DESIGUALDADES EN CATALUÑA

Llevamos mucho tiempo, tal vez demasiado, centrando nuestra atención y poniendo el foco mediático en el plan soberanista para Cataluña y en las cuestiones colaterales del proceso (fecha de la consulta, pregunta a realizar, reacciones nacionales e internacionales sobre la cuestión, balances fiscales, etc.) y, sin embargo, hay vida y suceden cosas más allá, aunque algunos prefieran ignorarlo.


Quizá por eso, me ha parecido especialmente oportuno, además de muy interesante el informe recientemente publicado por Intermón Oxfam sobre la pobreza en el mundo. Según el citado informe las cifras son demoledoras: la crisis, además de haber aumentado las diferencias sociales, ha acentuado la concentración de riqueza en cada vez menos manos. Las 85 personas más ricas del planeta, tienen tanto dinero como las 3.570 millones de personas que menos recursos tienen en el mundo.

Pero es que el 1% de la población mundial acumula la mitad de la riqueza. De forma simultánea, se da la paradoja de que en los países más ricos hay bolsas cada vez más amplias de pobreza extrema, y en los más pobres, élites que concentran la mayor parte del PIB del país. Para más inri, gran parte de esa riqueza la acumulan unas pocas manos y ni siquiera tributa, ya que está a buen recaudo en paraísos fiscales.

En España tenemos el dudoso honor de ser el segundo país de Europa en desigualdades, tan sólo nos supera Letonia. La crisis no ha hecho sino aumentar las diferencias, antes de 2008, el 20% de los españoles más ricos ganaba 5,3 veces más que el 20% más pobre; en 2011 esa cifra había aumentado hasta 7,5 veces.

Lamentablemente en Cataluña las cosas nos son muy diferentes. Según indica un brillante estudio de la Fundación Rafael Campalans, entre 2006 y 2011 el incremento de privación material (se considera privación material aquella situación que impide a las personas participar en la sociedad en que viven) ha sido muy considerable y ha pasado de afectar del 7,5% al 21,6% de la ciudadanía y la privación material más severa ha pasado del 2,9% al 8,2%. Los más afectados por este estado de cosas son dos segmentos de población. Por una parte, aquellos que antes de la crisis ya vivían en situación de pobreza y que ahora son más pobres y por otra, aquellos que hasta 2008 se consideraban clases medias, pero al quedar parados han tenido que acudir a los servicios sociales municipales. Éstos son conocidos en el argot como “los nuevos pobres”.

El paro es la gran lacra social de nuestro tiempo y, a la vez, el motivo principal de que gran parte de aquellos que antes de la recesión eran clases medias, han pasado a engrosar las listas de los considerados pobres. Hoy en día en Cataluña convivimos con un 22,84% de paro, tan sólo 3,14 puntos menos que en el conjunto de España. Además, los de larga duración ya superan el 60% del total y casi 140.000 catalanes no reciben ningún tipo de prestación. El segundo elemento que hace que la pobreza se dispare en nuestro país son las deudas por vivienda. Sin un salario y sin subsidios es materialmente imposible hacer frente a una hipoteca y muchas veces ni tan siquiera a un alquiler.

Por otra parte, los datos publicados por el Consejo del Poder Judicial, son evidentes: de 58.421 ejecuciones hipotecarias llevadas a cabo en España en el año 2011, 6.789 se realizaron en Cataluña. Y un dato muy llamativo: el 15,5% de los catalanes tiene pagos pendientes relacionados con la vivienda. En cambio, en 2006 ese porcentaje era del 5,5%.

Ciertamente, la crisis es el gran caldo de cultivo de esta situación. No obstante, parece lógico pensar que en situaciones de este tipo es cunado las instituciones deben estar más cerca de los ciudadanos y extender una red lo más amplia posible para evitar la caída en el pozo de la marginalidad de ciudadanos que tenían la vida, en apariencia, encauzada.

Sin embrago, en una situación de emergencia como la que estamos viviendo, el Gobierno de la Generalitat de manera unilateral decide, en el mes de agosto de 2011, convertir la renta mínima de inserción en una ayuda en vez de un derecho que es lo se consideraba a esta esa fecha. Además se establece un límite de perceptores (18.000 como máximo) y se recorta la dotación presupuestaria, pasando de 170.468 euros en 2011 a 130.000 en 2012. O dicho de otra manera: la prestación económica pasa de 480 euros en 2009 a 468 en 2012.

En estas circunstancias la lucha contra la pobreza ha de ser una prioridad para el Gobierno de la Generaltat, sea cual sea su color. Las cifras son escalofriantes, basta darse una vuelta por la periferia de las ciudades para comprobarlo. No es cierto que desde las administraciones no se pueda hacer nada. Se puede y debe hacer mucho. En el Parlamento de Cataluña se acaban de aprobar unos presupuesto que superan con creces los 30.000 millones de euros y eso es mucho dinero que bien administrado da mucho de si.

Los presupuestos son una de las herramientas más importantes de que dispone un gobierno. Y con las cuentas públicas se debería hacer una redistribución de la riqueza justa y equitativa, haciendo que una prestación sea un derecho y no, como hacen algunos, que las convierten en limosnas humillantes. No por casualidad Winston Churchill solía decir: “decidme que presupuestos aprobáis y os diré que políticas hacéis”.



Bernardo Fernández

Publicado en Crónica Global 12/02/14

ACUMULANDO DESIGUALDAD

Según un informe de Intermón Oxfam hecho público recientemente, la crisis, además de haber aumentado las diferencias sociales, ha acentuado la concentración de riqueza en cada vez menos manos. Las cifras son demoledoras: las 85 personas más ricas del planeta, tienen tanto dinero como las 3.570 millones de personas que menos recursos tienen en el mundo.


El 1% de la población mundial acumula la mitad de la riqueza. De forma simultánea, se da la paradoja de que en los países más ricos hay bolsas cada vez más amplias de pobreza extrema, y en los más pobres, élites que concentran la mayor parte del PIB del país. Para más inri, gran parte de esa riqueza la acumulan unas pocas manos y ni siquiera tributa, ya que está a buen recaudo en paraísos fiscales.

En España tenemos el dudoso honor de ser el segundo país de Europa en desigualdades, tan sólo nos supera Letonia. La crisis no ha hecho sino aumentar las diferencias, antes de 2008, el 20% de los españoles más ricos ganaba 5,3 veces más que el 20% más pobre; en 2011 esa cifra había aumentado hasta 7,5 veces.

Con esta crisis, se ha puesto de manifiesto que, en nuestro país, quien de veras paga impuestos son las pymes y las clases asalariadas. Las clases más pudientes tienen acceso a diferentes fórmulas para escamotear responsabilidades ante el fisco. Mientras que el 85 % de las empresas del IBEX español disponen de filiales en paraísos fiscales.

Nunca hasta ahora se había acumulado tanta desigualdad de manera tan generalizada. Quizás por eso, el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, ha señalado que este aumento de las desigualdades no solo es profundamente injusto, sino que también es un factor que impide el desarrollo económico. Y de no aplicar medidas correctoras, la situación más pronto que tarde resultará insostenible.

Con estos datos sobre la mesa, si a los mandamases que dirigen nuestras vidas (y no me refiero sólo a los políticos) les quedara algo de conciencia y ética, se les debería caer la cara de vergüenza al comprobar que con la desregularización de los mercados primero y las políticas de austeridad después, lo que han logrado es acumular más desigualdad y de ese modo se están cargando la cohesión social, han dinamitado las clases medias y están construyendo una sociedad a dos velocidades.

Y así, no podemos seguir.


Bernardo Fernández

Publicado en ABC 05/02/14

LOS ÁRBOLES Y EL BOSQUE

El revuelo generado por los diputados díscolos del PSC, al romper la disciplina de voto de su grupo parlamentario –hecho ampliamente difundido por los medios de comunicación-, ha posibilitado que los presupuestos más antisociales y ficticios de la historia de Cataluña, salieran adelante sin excesivo ruido mediático. Una vez más, algunos han estado más pendientes del dedo que señalaba la luna que de la propia luna.


Ha tenido que transcurrir más de un año para que Cataluña vuelva a tener Presupuestos (recordemos que en 2013 se funcionó con presupuestos prorrogados). Las cuentas de 2014 han salido adelante con los votos de Convergencia i Unió y Esquerra Republicana que volvieron a poner de manifiesto su idilio soberanista. Tan fuerte es el romance que no aceptaron ni una de las centenares de enmiendas que presentaron los grupos de la oposición.

Para Joan Herrera de Iniciativa “Resulta que de las 1.000 enmiendas que hemos presentado no han aprobado ni una. Y por tanto, esto evidencia que su voluntad de diálogo ha sido cero”. Sin embargo, a los ecosocialistas les faltó tiempo semanas atrás para hacerse la foto con soberanistas e independentistas y dar el visto bueno a una consulta que nunca se va a celebrar. Eso sí, luego argumentan que progreso social y nacional van unidos. Visto lo visto con los presupuestos no parece que las cosas sean así.

A pesar de que el gobierno catalán ha querido presentar las cuentas como “las más sociales de la historia”, la verdad es que los recortes se consolidan y la supervivencia del Estado de bienestar queda en entredicho. Por otra parte, la opacidad en la presentación y debate de estos presupuestos ha sido una constante. Así por ejemplo, las partidas destinadas a la consulta soberanista, fijada para el 9 de noviembre y la partida de ingresos: 2.300 millones de euros de privatizaciones han quedado sin concretar.

El trío de conveniencia CiU y ERC insistió en el argumento esgrimido como cantinela en todo el debate, para justificar las cuentas, asegurando que son las únicas posibles. “¿Es el presupuesto que desearíamos? Pues no. Querríamos otro tipo de Presupuestos, que pudiésemos controlar impuestos, que tuvieran más ingresos, que fueran expansivos. Pero no lo podemos hacer”, lamentó Fernández Teixidó, diputado convergente.

Para ERC el fin justifica los medios y todo lo dan por bien empleado porque “el pueblo de Cataluña decidirá democráticamente, este 2014, superar las limitaciones”, según argumentó el diputado republicano Pere Aragonés.

Sin embargo, en la Cámara catalana no todo el mundo es de la misma opinión, por eso los grupos de la oposición criticaron con dureza estos presupuestos por antisociales y poco realistas. Aunque el Gobierno alardea de priorizar el gasto social, que ha subido un punto porcentual respecto a 2012, hay datos que son elocuentes y enmiendan la retórica vacua. Por ejemplo: la inversión en el mencionado gasto social se ha desplomado un 80% con respecto a la década anterior y ha caído a niveles de 2004. Las cuentas de 2014 son casi una fotocopia de las pactadas en 2010 y 2011 entre PP y CiU, aunque las de ahora vengan avaladas por ERC. Tal vez por eso, el portavoz socialista, Maurici Lucena, con cierta sorna dirigiéndose a los escaños de Esquerra dijo que “les queda muy poquito de izquierda”.

Una evidencia de que estos presupuestos son pura propaganda gubernamental es el decreto contra la pobreza energética para congelar las facturas eléctricas. El Gobierno no pone ni un euro porque los usuarios, pasado el invierno, deberán pagar el consumo. Pero no sólo eso, es que todas las partidas han sufrido un notable descenso, desde la educación a la sanidad pasando por el fomento de la industria.

De todos modos, donde de verdad se pone en evidencia la poca solidez y la opacidad presupuestaria es en la partida de 2.318 millones de euros contabilizada en el capítulo de ingresos. Según dijo el consejero Andreu Mas Colell esta cifra se obtendrá con futuras privatizaciones, concesiones y ventas de activos, negándose a dar más explicaciones.

Sin duda estamos ante unas cuentas fantasmas por ilusorias que ni siquiera van a servir para cumplir con el objetivo de déficit. Unos presupuestos que tienen como moneda de cambio el anuncio de una consulta que nunca se va a celebrar.

Por otra parte, es cierto que el acto de indisciplina de los diputados díscolos del PSC haciendo caso omiso del mandato del Consejo Nacional de su partido y alineándose con soberanistas e independentistas, es un hecho grave que ha dinamitado el frágil equilibrio del socialismo catalán poniendo al PSC a los pies de los caballos. Y en esas circunstancias, plumíferos y palmeros a sueldo del poder han aprovechado la ocasión para hurgar en las miserias de los socialistas catalanes y, sin embargo, han pasado de puntillas sobre unos presupuestos que van a seguir asfixiando a la ciudadanía y que son la punta de lanza para convertir el Estado del bienestar en un estado de angustia permanente.

Una vez más ha sucedido aquello de que los árboles no dejan ver el bosque. Y es que justo es reconocer que tenemos gurús de la comunicación que son auténticos especialistas en hacer malabares con la información escondiendo la bolita de aquello que mientras menos se sepa mejor.



Bernardo Fernández

Publicado en Crónica Global 29/01/14

INTERNACIONALIZAR EL PROCESO

En los días de tránsito entre 2013 y 2014, Artur Mas ha logrado colocar su órdago soberanista en la cresta de la ola mediática. Que sea para bien o para mal el tiempo lo dirá. Contrasta la intensidad que el Presidente de Cataluña está utilizando para sacar adelante el proceso de secesión, con el letargo en el que está sumido el Gobierno que tan solo ha aprobado una ley en más de un año de mandato y que en 2013 –primer año de legislatura-, ha funcionado con unos presupuestos prorrogados.

Justo es reconocer, sin embargo, que el camino hacia la independencia, iniciado, más o menos formalmente, en septiembre de 2012, ha estado jalonado de ocurrencias diversas. Un día nos sorprenden con un Consejo de Transición Nacional, órgano creado para asesorar al Presidente y nutrirle con documentos que den sustento ideológico, jurídico y político a sus ensoñaciones. Otro, se nos anuncia la creación de Diplocat, un sucedáneo de cuerpo diplomático que ha de explicar urbi et orbe las ventajas de un Cataluña independiente. En otra ocasión se hace público un documento con los presuntos agravios de España hacia los catalanes. Documento que mezcla y confunde conceptos generalistas con otros bilaterales y que no resiste un análisis medianamente riguroso. Y así, podríamos señalar unas cuantas genialidades más.

La penúltima (la ultima, de momento, ha sido la ceremonia de apertura del Tricentenario) ha sido una carta, acompañada de un breve memorándum que Artur Mas envío el pasado 20 de diciembre a los líderes de los 26 Estados de la Unión Europea –todos los de la UE excepto España-, en la que se describe el proceso soberanista que se está viviendo en Cataluña. “Confío poder contar con ustedes para hacer avanzar este proceso democrático y pacífico” sostiene el president en la misiva que ha hecho llegar entre otros al presidente francés François Hollande, la canciller alemana Ángela Merkel o el presidente de la Comisión Europea José Manuel Durao Barroso.

Es evidente que Mas ha optado por jugar, también, la carta de la diplomacia, habida cuenta de la estrategia puesta en marcha por el Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo al enviar a todas las embajadas españolas un documento de más de 200 páginas con argumentos para contrarrestar las tesis soberanistas.

La práctica totalidad de los gobiernos europeos han confirmado la recepción de la carta pero han declinado hacer ningún comentario. Un portavoz de la embajada francesa en Madrid se remitió a unas declaraciones de Françoise Hollande, realizadas semanas atrás en las que manifestó que la independencia de Cataluña es un asunto de España. El presidente de la Unión Europea José Manuel Durao Barroso ha rechazado la intervención de Bruselas en este proceso por tratarse de un asunto interno español. En un texto que no llega a siete líneas, remitido a Artur Mas, Barroso deja claro que no compete a Bruselas inmiscuirse en la celebración o no de un referéndum de independencia. Sin embargo, lo que si deja meridianamente claro el mandatario europeo es que “una ruptura con España supondría para Cataluña la salida inmediata de la UE: Cosa que, por otra parte, el propio Mas ya había admitido en una reciente entrevista concedida al diario italiano la República, pero que se ha obviado en la carta dirigida a los mandatarios europeos. Una demostración más de coherencia y lucidez.

Mientras todo esto sucede, los dos grandes partidos que articularon el período autonómico (CiU y PSC) se desmoronan por momentos. No hay encuesta que no lo confirme. Estamos viviendo un cambio de régimen y a esas dos grandes formaciones la situación las ha cogido con el pie cambiado –especialmente al PSC, es posible que CiU acabe remontando la situación-. Como dice un viejo amigo “lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no termina de nacer”.

Dudo mucho que internacionalizar el proceso secesionista sea solución de algo, pero esto es lo que estamos viviendo en Cataluña en un año que va a ser decisivo. A día de hoy, solo tenemos un proyecto político en la palestra: la independencia. Un proyecto que, de momento, avanza sin fisuras. Y día tras día gana adeptos. De todos modos, y sin entrar ahora en otras martingalas, soy de los que opinan que la diversidad de proyectos políticos es absolutamente necesaria para garantizar la calidad democrática de una sociedad madura como la nuestra.

Y, entretanto, al otro lado nos encontramos con el Gobierno de España y un Partido Popular que se niegan a dialogar, amparándose en una Constitución que seguramente muchos de ellos no votaron y ahora les sirve de parapeto. El dialogo y el debate político son más necesarios que nunca para posibilitar soluciones pactadas que son la única manera razonable de salir de este atolladero. Es preciso ofrecer alternativas, el no por el no ya no sirve. Si no hay consulta –que es lo más probable- habrán elecciones y quizá entonces, a la vista de los resultados, algunos lamentarán no haber negociado cuando estuvieron a tiempo porque con el nuevo estatus salido de las urnas, tal vez ya sea tarde para negociar.



Bernardo Fernández

Publicado en Crónica Global 16/01/14

SILENCIO ADMINSTRATIVO

La ciudadanía mayoritariamente es gente de buena fe. Por eso, tras la sentencia del Tribunal Supremo (TS), del pasado 9 de mayo, que declaraba nulas las cláusulas suelo de las hipotecas que se hubieren incorporado sin la suficiente información para que los clientes evaluaran su impacto, hizo que para miles y miles de familias se encendiera una tenue luz en el negro horizonte del desballestado Estado del bienestar. Después, el 18 de junio, cuando el ministro de Economía Luís de Guindos anunció que el Banco de España vigilaría que todos los contratos hipotecarios cumplieran con el acto judicial, esa luz ganó intensidad.


Sin embargo, los hechos son tozudos y, a menudo, la realidad, que suele ser despiadada, acaba imponiéndose. Siete meses después, y a pesar de las declaraciones del ministro y de las indicaciones del Banco de España a las entidades financieras, las cosas siguen igual que antes de la sentencia del TS.Una vez más, se ha puesto de manifiesto que la voracidad del sistema bancario no tiene límites y que buena parte de los mandatarios de la banca carecen de escrúpulos. Así por ejemplo, una entidad como Mare Nostrum (BMN) controlada en un 65% por el Estado que inyectó 1.645 millones de euros en ayudas públicas, decidió, de forma unilateral, que no le afectaba la sentencia del TS. Por su parte CaixaBank admitió tener unas 185.000 hipotecas con cláusula suelo que negociaría caso por caso. Lo que en Román paladino quiere decir que para eliminar la cláusula famosa, el cliente ha de claudicar y contratar un plan de pensiones, algún tipo de seguro o una tarjeta de crédito,

O sea, algo que compense a la entidad, aunque sea, claro está, en detrimento de la economía del esforzado ciudadano. Se calcula que la supresión de las cláusulas suelo supondría una reducción de ingresos anuales para el sector de unos 1.000 millones de euros. No obstante, esa factura podría aumentar de manera considerable si los diversos fallos judiciales que sobre la cuestión se han emitido en juzgados de primera instancia acaban siendo sentencias firmes.

Mucho me temo que tantos millones en danza fundirán aquella tenue luz de esperanza. Y es que da la sensación que la autoridad competente ha optado por aplicar un discreto silencio administrativo. O dicho de otro modo, hacer como cuando se oye llover: dejarlo caer.



Bernardo Fernández

Publicado en ABC 15/01/14

LA ESPAÑA MÁS NEGRA

Apañados estamos. Al Partido Popular le han bastado apenas dos años de Gobierno, con una cómoda mayoría absoluta, para retrotraernos a la épocas más aciagas de nuestra historia.


Con un puñado de leyes, unos cuantos recortes - eso sí, aplicados de forma sistemática-, todo ello jalonado con diversos episodios de corrupción, han logrando poner patas arriba aquello que daba dignidad a la vida, tanto costó construir y tantos hombres y mujeres se quedaron por el camino sin poderlo ver hecho realidad.

Empezaron con la reforma laboral de la ministra Fátima Báñez, que ha servido para precarizar los pocos puestos de trabajo que quedan en nuestro país y poco más. En los primeros días de diciembre se aprobaba definitivamente la LOMCE, la ley de educación, del ministro Wert, una medida que ha tenido la virtud de confabular a todos los grupos parlamentarios, a excepción del PP, para derogarla en cuanto el juego de mayorías y minorías lo permita. Y el día 20 del mismo mes de diciembre se aprobaba la reforma de las pensiones una ley que hará que los pensionistas pierdan poder adquisitivo. Por cierto, esta es la primera reforma de las pensiones que sale adelante sin ningún consenso, tan solo con el soporte del grupo parlamentario que da soporte al Gobierno.

En este afán destructor de lo hecho con anterioridad, por gobiernos de otro color político, no se ha quedado atrás el ministro Cristóbal Montoro con su reforma de la Administración local, que cuando entre en vigor hará que los entes locales den un salto hacia atrás de más de 30 años.

Por su parte, Ruiz Gallardón logró soliviantar a todo el mundo judicial con su ley de tasas y ahora ha colmado el vaso de la paciencia de la ciudadanía con la nueva ley del aborto -a la que luego me referiré-. Tampoco se ha quedado rezagado en afán reformador el Ministro del Interior, y miembro del Opus, Fernández Díaz, con su ley sobre seguridad, aún en trámite en el Congreso, pero con augurios nada halagüeños, dado que en la práctica esta nueva norma recortará sustancialmente derechos y libertades.

Por si todo esto no fuera suficiente, entre reforma legislativa y reforma legislativa, se han puesto en práctica de manera sistemática los recortes en sanidad, educación y servicios sociales, en unas ocasiones por iniciativa propia y en otras induciendo a las CCAA a recortar servicios forzadas por la espada de Damocles que supone rebasar los límites de déficit fijados por el Gobierno de forma nada razonada. Además, se ha puesto de manifiesto un claro empeño recentralizador que, de seguir insistiendo, convertirá las CCAA en poco más que grandes diputaciones.

De todos modos, donde el Gobierno más se ha pasado de frenada, ha sido en la reforma legal sobre el aborto. El aborto es un derecho de la mujer en Alemania, Francia o Italia. Ahora, Ruiz Gallardón ha puesto fin a ese derecho en España. Da la sensación que los derechos sean, para el Señor Ministro, un bien limitado, pero es que además, se hace desde planteamientos moralistas y con falso paternalismo. Lamentablemente, esta nueva norma y la carga ideológica que lleva implícita nos devuelve a la España de un tiempo que creíamos haber superado.

Para Soledad Murillo, responsable de políticas de Igualdad en el primer Gobierno de Rodríguez Zapatero (2004-2008) y promotora de leyes como Violencia de Género e Igualdad, “la ultraderecha y el nacionalcatolicismo han ganado la batalla” y sostiene que esta reforma tan restrictiva del aborto tiene mucho a ver “con un pacto implícito entre el Gabinete de Rajoy, la Conferencia Episcopal y los grupos próvida”.

Resulta evidente que hemos vuelto a los años ochenta del siglo pasado y las españolas que quieran abortar deberán viajar al extranjero para interrumpir su gestación. Si se lo pueden costear, está claro. Mientras que algunas, quieran o no, se verán obligadas a tener hijos con graves malformaciones y eso sucederá porque alguien tomará una decisión en su nombre que marcará su vida para siempre.

Entre la crisis económica y la situación política, la España devota de Frascuelo y de María que diría el poeta, es decir, la España más negra vuelve a tomar carta de naturaleza. Con este panorama y una oposición en la que no hay alternativa de gobierno ni se vislumbra, un servidor –que también tiene sus debilidades-, ha caído en la tentación y ha pensado que, tal vez, la independencia sería la solución. El quid de la cuestión es que, visto lo visto, los problemas, aunque tuviéramos un nuevo estatus, aquí serían, quizás, en otro orden de cosas, los mismos o muy similares.



Bernardo Fernández

Publicado en Crónica Global 02/01/14