LA DIAGONAL DEL SIGLO XXI

El alcalde Jordi Hereu ha convocado a todas las personas empadronadas en Barcelona mayores de 16 años para que manifiesten su opinión sobre cómo ha de ser la Diagonal del siglo XXI. La consulta se llevará a cabo entre los días 10 y 16 de mayo próximos y sin ningún género de dudas tiene un carácter emblemático porque se basa en el sufragio universal y en ella podrán participar los más jóvenes y los inmigrantes.
Será un ocasión única y excepcional. Única porque es la culminación de un amplio y largo proceso participativo, donde más de 30.000 ciudadanos a título individual o a través de asociaciones o entidades han hecho llegar sus ideas, sugerencias y propuestas. Y excepcional porque se ponen sobre el tapete las convicciones políticas de fondo de un determinado modelo de ciudad, basado en la manera de entender el espacio público que ha de ser más, mejor y compartido, con más transporte colectivo, recuperación de espacios para la ciudadanía para generar transformación social con mejor calidad de vida.
“Reformar la Diagonal no es cualquier cosa; es una operación de transformación urbana de primera magnitud” Escribía recientemente Miguel Roca. Esa es una de las razones –que no la única- que justifican la consulta: ante situaciones excepcionales, medidas excepcionales.
Para el Gobierno Municipal hubiera sido mucho más sencillo proceder como se hace de forma habitual en este tipo de reformas. Pero en esta ocasión se ha preferido consultar a la ciudadanía en referéndum, ya que la mencionada remodelación ha de afectar a centenares de miles de ciudadanos, no sólo de Barcelona, sino, también del Área Metropolitana.
La nueva urbanización, que se quiere consultar, supone llevar a cabo un proyecto que racionaliza las diferentes formas que existen para moverse en la ciudad, se salda el déficit del carril bici, predispone la ciudad a la llegada del AVE, la remodelación de La Sagrera y la puesta en funcionamiento de la línea 9 del metro, a la vez que posibilita la unión de las líneas de tranvías y, todo ello, priorizando la movilidad peatonal.
Ante estos planteamientos, resultan difíciles de entender argumentos como los de Xavier Trías que escribió en este periódico el 27 de enero de 2009 “desde finales de los noventa CiU ha defendido la necesidad de una reforma de la avenida Diagonal para adaptarla a los nuevos tiempos y siempre teniendo como eje de la propuesta la mejora del transporte público y la introducción del tranvía”. Pues bien, ahora él y su equipo de concejales, que han mantenido en los últimos meses una ambigüedad calculada, se descuelgan pidiendo a los barceloneses que voten la tercera opción que es lo mismo que rechazar cualquier tipo de reforma. Parece mentira lo que algunos son capaces de hacer por un puñado de votos.

Bernardo Fernández
Publicado en ABC 21/04/2010

POR UNA SOLUCIÓN FEDERAL PARA ESPAÑA

Parece que, por fin, Un día de estos nos vamos a desayunar con la sentencia del tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña. Más de tres años y medio y, al final, mucho me temo que no va a dejar satisfechos ni a unos ni a otros, ni a tirios ni a troyanos.

A los unos, los que pusieron el recurso, porque el posible rédito que esperaban obtener ya lo lograron tiempo atrás. Ahora, con unas elecciones al Parlament a la vuelta de la esquina, esa sentencia puede ser un lastre importante. Los otros, los que siguieron los pasos conforme a las normas establecidas, verán, muy probablemente, que buena parte de sus anhelos y las aspiraciones de todo un pueblo van a quedar sepultadas bajo unas larguísimas disquisiciones técnico jurídicas. Y después quedan los de un poco más allá, que son pocos pero muy ruidosos y esos nunca están de acuerdo con nada y en buena medida son de los que sostienen el mientras peor, para nosotros -es decir ellos- mejor.

Sucede que el problema de fondo es la justicia en si misma. Nuestro ajado y maltrecho sistema judicial. En estos momentos la credibilidad del TC estás por los suelos. Ese Tribunal que es, en teoría, el garante de nuestra norma básica de convivencia, se ha convertido en la práctica en el objeto del deseo de los 2 grandes partidos políticos de nuestro país. No es casual que una cuarta parte de sus miembros se hayan excedido en el tiempo de la ocupación de sus cargos en cerca de 2 años. De la misma manera que tampoco es casual que una plaza que quedó vacante, por fallecimiento, hace 22 meses continúe, a día de hoy, por cubrir. Y es que detrás de todo esto hay una lucha por el poder.

El PP aprovechó las dos legislaturas que gobernó para realizar la renovación parcial del TC. Colocando en el alto tribunal jueces y magistrados de su órbita. Después, cuando las elecciones de 2003 y 2007 llevaron una mayoría progresista al Congreso, los conservadores no dudaron en utilizar todos los instrumentos que tenían a su alcance para paralizar la renovación. La derecha ha recurrido a esta estrategia porque le interesa que sea este TC, con su actual composición y no otro el que dictamine sobre el Estatuto de Cataluña. Ya que no consiguieron parar ese Estatuto ni en el Parlament, ni en el Congreso, ni el Senado y mucho menos en el referéndum. Y puesto que los magistrados que les son afines en el alto tribunal son mayoría, esperan lograr por la trocha de la triquiñuela jurídica lo que no lograron por la autovía de la democracia.

Con este panorama de fondo, lo más razonable es no esperar muchas alegrías de la sentencia. Ahora bien, es innegable que el nuevo Estatuto fue planteado de forma impecablemente democrática y así es como hay que continuar. Sea cual sea el resultado final hemos de huir, tanto, de los desplantes y las algaradas como de las provocaciones. Hay que seguir trabajando por la consolidación de una España diversa y para hacer ese camino, que nadie se equivoque, la vía federal es la única posible.

A día de hoy la asignatura pendiente de este país es la estructura territorial de Estado. No cabe duda que la fórmula utilizada en la transición creando el Estado de las Autonomías ha dado a lo largo de treinta años unos magníficos resultados, pero es un proceso que, por su propia dinámica, debería culminar en una estructura política federal. No obstante, una mayoría de españoles no ha asumido que el Estado de las Autonomías es el núcleo de un Estado Federal. Hay quien entiende un gobierno autonómico como una gran diputación, y eso no es así. Por su parte los nacionalistas catalanes utilizan una cierta cicatería para ocultar sus aspiraciones independentistas. Y en el fondo lo que sucede es que los federalistas escasean aquí y allí. Y muchos cuando hablan de federalismo están pensando en una relación bilateral Cataluña España.

A su vez, mayoritariamente en España se rechaza que Cataluña sea una nación con una historia propia y voluntad de proyectarla, de la misma manera que aquí no se admite a España como nación, por eso, el uso y abuso del término Estado español. La consecuencia es el conflicto histórico en el que estamos enrocados desde hace demasiado tiempo. Así las cosas unos y otros deberíamos tener el coraje necesario para desarrollar el estado autonómico por la vía federal y también desde Cataluña deberíamos ser capaces de concretar y clarificar nuestra propuesta.

No se puede mantener de forma indefinida un estira y afloja como el actual, se derrochan muchas energías, demasiadas. Ante esta situación tenemos dos opciones: o bien iniciamos el camino de la secesión -y en el actual contexto político eso sería echar el carro por el pedregal- o bien optamos por un Estado Federal. Pero claro, para que eso sea posible necesitamos un pacto entre los dos grandes partidos PSOE y PP y, al a vez, abierto a aquellos partidos que quiera adherirse. Pero para eso hacen falta, además de voluntad de entendimiento, agallas políticas y mucho me temo que, en estos momentos no andamos sobrados ni de lo uno ni de lo otro.

Bernardo Fernández
Publicado en e-notoices 12/04/10

COHERENCIA POLÍTICA

Faltan 7 meses escasos para las elecciones al Parlamento de Cataluña y los partidos ya están velando las armas. Todo parece indicar que la desafección, el cansancio, la frustración y la crisis económica pasarán factura en forma de una baja participación. En estas circunstancias pudiera ser que el voto en blanco y nulo sean los auténticos protagonistas de la contienda. Veremos. Lo que si es muy posible que suceda es que esa previsible baja participación facilite la entrada en el hemiciclo de formaciones de nueva planta. Léase: Laportistas, Reagrupament, PxC, UPyD y otros como Montserrat Nebrera, si al final se decide. Según las encuestas PP e ICV se estabilizan y el descalabro de ERC se da por descontado.

Resulta prematuro hacer cábalas, -siete meses en política es una eternidad- pero todo indica que las nuevas incorporaciones, si finalmente se producen, a quien más pueden afectar es a CiU y a ERC. Algo podría morder Montserrat Nebrera al PP y quien parece tener el cuerpo electoral más consolidado es el PSC pues UPyD podría sacar partido del espacio que Ciutadans pisó a los socialistas ahora hace 4 años.

Ante esta situación PSC y CiU otean el horizonte para ver de que manera colocan su producto sin cerrase puertas por lo que pueda suceder el día de después de las elecciones. Saben que con el panorama de fondo que existe en la política catalana, se puede producir una fragmentación tal que la cámara puede ser prácticamente ingobernable por una sola fuerza política. En este escenario cualquier formación puede tener un papel determinante. Por eso, el abanico de pactos, acuerdos y coaliciones está hoy más abierto que nunca. Nada se puede descartar. Quizás esa es la razón por la que ésta vez Artur Mas no irá al notario. Y que el Partido Popular tenga el Estatut recurrido en el TC puede carecer de relevancia.

En estas circunstancias no nos debería extrañar que el PP, pensando más en 2012 que en la inmediatez de la política catalana, diera el soporte necesario a CiU para llegar al poder a cambio de nada. Bien, a cambio de nada no, a la espera de poder recuperar en el Congreso de los Diputados en el año 2012 los apoyos que en 2010 ellos den en el Parque de la Ciutadella a CiU. Cierto que aun queda mucho tiempo, pero podría suceder que un puñado de votos decidiera en 2012 quien será el próximo presidente del Gobierno de España.

Y ya se sabe que en política como en la vida, las cosas no son gratis y favor con favor se paga. Además, los nacionalistas siempre han hecho gala de una gran coherencia… y por gobernar el país, oigan, los sacrificios que hagan falta. Ellos son así.

Bernardo Fernández
Publicado en ABC 31/03/2010

TRILEROS CON CORBATA

Por las Ramblas de Barcelona y alrededores pululan unos individuos que se dedican a engatusar a los incautos que por allí pasean. Se les conoce como trileros. Su tarea consiste en ocultar con gran rapidez una chapa u otro objeto, en uno de tres cubiletes que tienen colocados boca abajo; entonces el transeúnte apuesta para decir donde quedo el objeto y, claro, nunca acierta.

Me parece oportuno empezar este artículo con este comentario porque algo similar está sucediendo en la mesa que trata la reforma del mercado laboral. Tal vez no tanto en la forma como en el fondo. Veamos.

Días atrás el presidente de la patronal CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, -también presidente de Air Comet, la línea aérea que en las últimas fiestas navideñas dejó miles de personas tiradas en los aeropuertos con el billete pagado y sin poder volar- filtró a un prestigioso medio de comunicación, mediante un artículo, las propuestas que horas más tarde llevaría a la negociación. Resulta que, más allá de la falta de consideración hacia sus interlocutores por esa acción, una de las propuestas era un contrato en precario, sin derechos, para los menores de 30 años. Querían, Díaz Ferrán y los suyos, que fuera un contrato de una duración entre seis meses y un año, sin protección por desempleo y sin cotizaciones a la Seguridad Social. Es evidente que una propuesta de esta índole no puede prosperar en una mesa de reformas que lo que busca con la negociación es eliminar tanto como sea posible la precariedad laboral y aumentar el empleo estable. Como no podía ser de otra manera la patronal y sus representantes tuvieron que archivar el contrato en cuestión

No deja de sorprender que a la cabeza de la patronal española, donde hay empresarios serios y responsables con una brillante hoja de ruta, esté un personaje con el currículo de Díaz Ferrán, con un currículo más propio de un trilero que de una persona capaz de generar riqueza. Unos sostienen que utiliza esas trapacerías porque se siente acosado por todas partes y así gana tiempo. Otros opinan que en realidad lo que busca es la foto con el Presidente Zapatero. Tampoco falta quien hace una lectura más política y entiende que lo que en el fondo persigue es desgastar políticamente al gobierno. En cualquier caso, este personaje no cae en la cuenta que todo eso es una aberración y está poniendo entredicho el prestigio del colectivo empresarial tan importante siempre, pero que lo es mucho más en un momento tan decisivo como éste.

Necesitamos llevar a cabo una reforma del mercado laboral que pueda se viable y duradera y Díaz Ferran, con corbata o sin ella, ha demostrado que no es la persona para llevar a cabo esa negociación. La CEOE debe reaccionar.

Bernardo Fernández
Publicado en ABC 10/02/10

LAS PENSIONES Y LA PAZ SOCIAL

Es muy posible que, si nadie lo remedia, dentro de pocos días se rompa la relación privilegiada que hasta ahora han mantenido sindicatos y gobierno, de modo especial su presidente José Luís Rodríguez Zapatero. Sin duda alguna, muchas cosas se le podrán reprochar al presidente, pero si algo ha sabido cuidar han sido sus vínculos con las fuerzas sindicales. Ese ha sido uno de los factores que ha hecho factible la paz social en nuestro país, pese a tener más de cuatro millones de parados.
Cuando días atrás el Consejo de Ministros acordó prolongar la edad de jubilación de 65 a 67 años sin negociación previa y sin, tan siquiera, haberlo consultado con las centrales sindicales se estaba poniendo en grave riesgo esa paz social. Ante semejante andanada, como no podía ser de otra manera, los sindicatos no tardaron en reaccionar y anunciaron manifestaciones y actos de protesta, con la fecha de hoy como una de las fechas centrales de las movilizaciones.
Sin discutir la necesidad de modificar el sistema de pensiones públicas para la jubilación para hacerlo sostenible, todo indica que ni el momento, ni la forma y tampoco el fondo son los más adecuados. El momento no parece el más idóneo porque esa pretendida reforma tendrá efecto dentro de unos 15 años y nada tiene que ver con las políticas anticrisis, por tanto, su debate y posterior aprobación puede hacerse de forma reposada y cuando la tormenta económica, que hoy nos azota, haya amainado. La forma -es decir, lanzar la propuesta así, casi a la brava- choca con el talante de un presidente que ha hecho de su relación con los sindicatos uno de sus principales activos.
Y luego está el meollo de la cuestión: si es conveniente o no prolongar la vida laboral de la clase trabajadora. Es cierto que en los últimos tiempos han sido muchas las voces autorizadas que han manifestado la necesidad de una reforma del sistema público de pensiones de España para que sea viable. Según los expertos, nuestro modelo puede empezar a tener problemas de sostenibilidad a partir de 2020, porque será entonces cuando las personas de más de 50 años superarán en número a los comprendidos entre los 18 y los 49 años. No cabe duda que en un sistema de reparto como el nuestro, donde los ocupados son los que sufragan a los jubilados, el envejecimiento de la población incide de forma directa sobre la viabilidad del sistema. Ahora bien, sin obviar ese hecho, hay que tener muy presentes otros factores tan determinantes como la evolución del mercado de trabajo o la situación económica. De la misma forma sería una temeridad no considerar estudios de epidemiología social que nos advierten sobre las diferencias en la esperanza de vida en base a la cualificación profesional. Así, por ejemplo, sabemos que un trabajador manual en paro tiene una esperanza de vida inferior en 10 años a un trabajador cualificado no manual.
El sentido común nos dice que, para ser legítimas, las reformas deben estar basadas en la justicia. Eso significa que hay que repartir las cargas de forma equitativa entre jóvenes y gente mayor. Hasta aquí no hay serias discrepancias. La cosa se complica cuando se constata que “la muerte no es democrática”: los ricos viven más tiempo que los pobres, lo cual origina grandes desigualdades entre jubilados de una misma generación. Por tanto, habría que tener muy en cuenta que la esperanza de vida es más corta en la medida en que la renta es menor. Son los trabajadores con las vidas más cortas los que financian las pensiones de rentas mayores, es decir, de los que viven más años.
Con estos datos sobre la mesa, lo primero que habría que hacer es incrementar la edad media de jubilación (hoy situada a los 63,5 años en nuestro país) reduciendo las prejubilaciones, práctica habitual en muchas grandes empresas. También sería interesante ofrecer incentivos para aquellos que quieran permanecer en el mercado de trabajo. Es muy posible que trabajadores cualificados con cotizaciones elevadas quieran permanecer en activo más allá de los 65 años si se les ofrecen condiciones atractivas para ello. Por el contrario, es difícil creer que lo harán paletas, fontaneros, personal de limpieza o transportistas. Otra posibilidad sería ofrecer la jubilación parcial. De este modo se posibilita una transición a la jubilación muy poco o nada traumática. Es evidente que hay alternativas a incrementar la edad de jubilación.
En este contexto, sería bueno que el gobierno, con su presidente a la cabeza, hiciera suyo aquel refrán que dice que “rectificar es de sabios” aparcara los cambios e hiciera saber a sindicatos y patronal que en su momento serán convocados a consultas para acometer la necesaria reforma del sistema de pensiones públicas para mantener su viabilidad. Así, por un lado se mantendría la paz social y por otro, se sentarían las bases para que en su día se pueda hacer un debate, sobre el particular reposado y sereno, condiciones indispensables para que resulte fructífero.
Sin duda alguna, por la paz social vale la pena.

Bernardo Fernández
Publicado en El Periódico 23/02/10

MUJERES, NIÑOS Y PENSIONES

Desde hace tiempo los expertos vienen avisando de la necesidad de reformar el Estado del Bienestar para preservar su viabilidad. La dureza de la crisis ha puesto de manifiesto que hay que emprender ya iniciativas si queremos gozar de un sistema sostenible. Ante esta situación los gobernantes no puede demorar la toma de decisiones. Y todo indica que mujeres, niños y pensiones son los tres puntos clave sobre los que hay que actuar.
Sin duda alguna el cambio social más importante de las últimas décadas ha sido la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo. No obstante, queda un largo trecho por recorrer. Si España tuviera la tasa de participación femenina que tiene Suecia, tendría 3 millones más de trabajadores cotizando a la Seguridad Social. Pues bien, aunque sólo fuera por eso habría que favorecer el empleo femenino y la igualdad entre hombres y mujeres. Pero es que existen infinidad de razones para propiciar la incorporación de las mujeres al ámbito laboral, como por ejemplo el desarrollo de los servicios sociales.
Por otra parte, es absolutamente necesario garantizar la igualdad de oportunidades de los niños. Está demostrado que la asistencia a las guarderías reduce de forma considerable el fracaso escolar. Además, siempre es preferible realizar esfuerzos preventivos centrados en la infancia y preparar mano de obra capaz para mañana que luchar después contra la exclusión social.
El tercer eje es la reforma de las pensiones públicas. Es necesario mantener la capacidad de consumir de los que ya no están en el mercado de trabajo, puesto que son miembros activos de la sociedad. A su vez, es conveniente incrementar la edad media de jubilación (hoy situada a los 63,5 años en nuestro país) reduciendo las prejubilaciones, práctica habitual en muchas grandes empresas. También sería interesante ofrecer incentivos para aquellos que quieran permanecer en el mercado de trabajo. Otra posibilidad sería propiciar la jubilación parcial. Es evidente que hay alternativas a incrementar la edad de jubilación.
Hay que repartir las cargas de forma equitativa entre jóvenes y gente mayor. Hasta aquí no hay serias discrepancias. La cosa se complica cuando se constata que “la muerte no es democrática”: los ricos viven más tiempo que los pobres, lo cual origina grandes desigualdades entre jubilados de una misma generación. Por tanto habría que tener muy en cuenta que la esperanza de vida es más corta en la medida en que la renta es menor. Son los trabajadores con las vidas más cortas los que financian las pensiones de rentas mayores, es decir de los que viven más años.
En consecuencia, más allá de la inmediatez se trata de plantear nuevos horizontes que nos permitan adaptarnos a los nuevos contextos económicos y sociales que ya se están generando.
Bernardo Fernández
Publicado en ABC 17/02/10

L'ÀREA METROPOLITANA I XAVIER TRIAS

Dies enrere el Govern va aprovar el projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. No pot haver cap dubte de què aquest projecte de llei per l'Àrea Metropolitana, recull les necessitats i aspiracions de Barcelona, i de la resta de les ciutats metropolitanes, de dotar-se d'un instrument polític que permeti abordar el reptes i problemes comuns, el govern metropolità resoldrà millor el coneixement de les infraestructures, la planificació urbana, el transport públic, l'eliminació de residus, el subministre d'aigua, la promoció econòmica..
Per això, és lògic i raonable que la persona que presideixi la futura Àrea Metropolitana sigui escollida democràticament per als representants electes de la ciutadania, de tota la ciutadania. No és de rebut penar que des de Barcelona, es vulgui imposar ningú a priori. Encara que sigui lògic i raonable que el principal candidat a presidir la nova institució metropolitana sigui l'alcalde de Barcelona, cal esperar el veredicte de les urnes. No es pot imposar.
En aquest context Xavier Trias ha tornat a fer unes declaracions gens afortunades. Xavier Trias ha dit que el futur president de l'Àrea sigui, de forma nata, l'alcalde de Barcelona. És evident que si el senyor Trias vol ser president de l'Àrea, primer haurà de ser alcalde i després tenir majoria al Consell Metropolità, igual que ara passa a les entitats metropolitanes, igual que al Consell Comarcal de la Diputació estaria bé que Trias abandoni aquesta posició pendular que li fa, alternativament, defensar l'extinció de l'Àrea Metropolitana per passar a exigir que hi hagi un president sense eleccions.
Fora bo que el senyor Trias sigui respectuós amb la democràcia però sobretot fora bo que deixi de despistar i digui clarament si creu que Barcelona necessita l'Àrea Metropolitana o no. Recordem que va ser el seu partit el que temps enrere la va eliminar.
Bernardo Fernández
Publicat a: e-noticies.com 12/02/10