Desde el Govern se había extendido un
discreto mando de silencio, sobre los próximos presupuestos, para no entorpecer
las conversaciones con los grupos parlamentarios que dan soporte al Ejecutivo
catalán y evitar así que pudiesen descarrilar las negociaciones. Una decisión lógica
que ha dado sus frutos. Porque con la correlación de fuerzas existente en el
Parlament de Catalunya, hay que hacer auténtico encaje de bolillos para sacar
adelante la ley más importante del año: los Presupuestos de la Generalitat para
2026.
Coincidiendo con la reincorporación
de Salvador Illa a su puesto de trabajo, después de un mes de baja por una
osteomielitis púbica que le obligó a estar primero en el hospital y más tarde a
seguir el tratamiento antibiótico en su domicilio, el president se ha planteado
como prioridad absoluta aprobar las cuentas de 2026, las primeras de su
mandato.
A pesar de su baja laboral, Illa no
ha perdido el contacto con la realidad y ha sido consciente en todo momento de
los días críticos que, por razones diversas, ha afrontado la ciudadanía. Por
eso, en su primera comparecencia, dejó claro que comprendía el malestar de la
gente con la vivienda, su inquietud por los episodios de la emergencia
climática y, por supuesto, Rodalies. “La prioridad absoluta es nuestra
seguridad y protección”, dijo, refiriéndose a la revisión en las vías férreas,
asegurando que el Govern está dispuesto a solucionar ese colosal problema de
movilidad en un “rumbo de exigencia y ambición” hasta alcanzar parámetros de
“excelencia”. No perdamos de vista que los trenes de Rodalies circulan con
límites de velocidad, al menos hasta abril, y eso provoca, de forma inevitable,
alteraciones en los recorridos, retrasos y toda clase de inconvenientes que tiene
que asumir los usuarios. Pero está claro que para subsanar esas anomalías los
Presupuestos son una herramienta fundamental.
Sobre el papel la cuestión de los
presupuestos es sencilla. Sin embargo, todo se complica cuando el gobierno de
turno no dispone de la mayoría parlamentaria suficiente para sacar las cuentas
adelante y tiene que negociar con otros partidos para obtener sus soportes;
algo que a día de hoy ocurre en casi todos los países europeos y donde ni
España ni Catalunya son una excepción. En nuestro caso, el Govern ha de llegar
a acuerdos con los Comuns y ERC para lograr los votos necesarios porque el
resto de formaciones del arco parlamentario son oposición pura y dura, sin más
objetivo que hacer embarrancar al Govern de Salvador Illa.
Comuns habían puesto sobre la mesa
varias cuestiones en materia de vivienda, educación o movilidad para dar luz
verde a las cuentas de 2026, pero el tema estrella era la limitación de la
compra especulativa de pisos. En un principio, el Govern quería basar el veto
en la fiscalidad, pero, finalmente, el acuerdo con los de Jéssica Albiach pivotará
alrededor de la proposición de ley de Comuns registrada en el Parlament que
comportará la modificación de la Ley de Urbanismo.
Con anterioridad, el Ejecutivo había
encargado cuatro informes sobre la posibilidad de limitar las compras
especulativas de vivienda en Catalunya, a expertos de contrastada solvencia
como son los juristas Carles Viver Pi-Sunyer, Fuensanta Alcalá, Pablo Feu y el
doctor en antropología económica Jaime Palomera, estos avalan la idea de
hacerlo de forma temporal y en zonas de mercado tensionadas. La intervención
pública en un mercado en el que hay diferentes condiciones de demanda (para
vivir o para invertir), se ajusta a la legalidad vigente. Experiencias
internacionales de regulación han reforzado la estabilidad residencial, y la
legislación catalana y urbanística apuntalan el uso residencial del suelo y la
función social de la vivienda.
Así pues, una vez constatada la
viabilidad jurídica de la norma, el Govern incluía la iniciativa en los
Presupuestos y Salvador Illa y Jéssica Albiach escenificaban el acuerdo
firmando un documento el pasado jueves en la Generalitat.
Los que, de momento, se han negado a
negociar esas cuentas ha sido ERC. Daba la sensación que la crisis de Rodalies
podía abrir una ventana de oportunidad para que republicanos y socialistas
salieran del callejón en que se habían metido. La solución pasaba por la
creación de un consorcio que ejecute y haga el seguimiento de las infraestructuras;
esa podría ser, al menos, la salida temporal.
Sin embargo, tras una reunión de
Oriol Junqueras y Pedro Sánchez, celebrada el pasado viernes en la Moncloa, para
los republicanos la condición sine qua non sigue siendo que la Agencia
Tributaria Catalana recaude de forma íntegra el IRPF que se genera en la
comunidad y ahí el Gobierno central se muestra reticente; de ahí que el
presidente de ERC apriete a los socialistas catalanes para que convenzan al
PSOE y este haga “gestos” para avanzar en la carpeta de la recaudación.
En todo esto, tiene mucho que ver que
Oriol Junqueras está atrapado en una de las muchas martingalas de la política.
Por un lado, la oposición interna le sigue muy de cerca y él necesita obtener
logros tangibles para sacudirse la presión. En cambio, por otro, le conviene
dar aire, tanto al Gobierno de Sánchez como al de Illa, porque unas elecciones
anticipadas en España y/o Catalunya serían una muy mala noticia para los
republicanos por su situación de extrema debilidad.
A pesar de todo, quiero ser
razonablemente optimista y pensar que los presupuestos de la Generalitat para
2026, los tenemos a la vista y pronto serán realidad. Hay quien apuesta porque
podrían ver la luz antes de Semana Santa. No lo sé. Conviene que los árboles no
nos impidan ver el bosque y que nadie se obnubile con el mañana porque primero
hay un hoy, y es imprescindible tener unas buenas cuentas conforme a lo que
Catalunya (su gente) necesita. Por consiguiente, esperemos que los negociadores
prioricen el qué sobre el cuándo.
Y es que cuando hablamos de
presupuestos, hablamos, entre otras muchas cosas de sanidad, educación o
servicios sociales. Es decir, de que el
país funcione y de ensanchar el Estado del bienestar.
Bernardo Fernández
Publicado en Catalunya Press
23/02/2026

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