La noticia saltó a los medios de
comunicación el pasado verano: en noviembre de 2017, los Mossos d’Esquadra
hicieron un registro en las sedes que la empresa Messer Ibérica de Gases tiene
en las localidades de Vila-Seca y El Morell (Tarragona). Los agentes buscaban
indicios de un supuesto delito contra el territorio en una investigación
iniciada aquel año. Sin embargo, al analizar la documentación obtenida por el
volcado de los servidores donde se conservaban los correos electrónicos de los
directivos y, en concreto, los de Rubén Folgado, director técnico de la planta
química de la compañía, se encontraron mensajes que han resultado claves en la
investigación de una supuesta trama de corrupción para beneficiar a
empresas que tiene su epicentro en el exministro de Hacienda del PP,
Cristóbal Montoro, y el despacho Equipo Económico (EE) que él mismo fundó.
Según las investigaciones llevadas a
cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, los mensajes
intervenidos en Messer junto a otros localizados en diciembre de 2019, en otro
registro realizado en la sede de la empresa Carburos Metálicos en Cornellá
(Barcelona) han aportado un total de 31 documentos que el instituto armado
considera “de interés” para las pesquisas, al concluir que han permitido
apuntalar las sospechas de que Equipo Económico era contratado por diversas empresas
con el objetivo de que, echando mano de sus contactos en las altas
instituciones del Estado, gracias a los puestos ocupados por sus miembros en
diferentes Gobiernos del PP, influyesen en decisiones del Ejecutivo de Mariano
Rajoy. Y resulta que ahí, Cristóbal Montoro y su bufete eran las piezas
imprescindibles para que la máquina funcionara.
Un informe de la Unidad Central
Anticorrupción de los Mossos D’Esquadra aportado al juzgado número 2 de
Tarragona vincula un “regalo” de 2.200 millones de Hacienda a las renovables
con pagos del sector a Equipo Económico. Y las compañías englobadas en la
Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM) pagaron
al despacho casi 800.000 en siete años. Gracias a ese desembolso, según la
investigación, fueron incluidas en una rebaja del impuesto especial sobre la
electricidad (2014) y en otra sobre el impuesto de actividades económicas
(2018). Además, en 2017, Hacienda inició una persecución fiscal al periodista
Javier Chicote, del diario Abc, después de que este hubiese publicado
artículos en los que desvelaba los pagos que empresas del Ibex habían realizado
al despacho fundado por Montoro.
Según se desprende de las pesquisas
policiales, el equipo de Cristóbal Montoro retocó el informe que debían enviar
los peritos de la Agencia Tributaria designados por el juez de la Audiencia
Nacional Pablo Ruz sobre las donaciones del Partido Popular en la investigación
por la caja b del partido. Así consta en una serie de correos electrónicos
en los que el director de la Agencia Tributaria de entonces, Santiago Menéndez,
remitió un documento que se iba a enviar a la Audiencia Nacional sobre las
donaciones del PP recogidas en la contabilidad paralela del partido en el
conocido 'caso Bárcenas'.
Ese informe había sido elaborado por
los peritos designados como auxilio judicial y que trabajaban a las órdenes del
juez de la Audiencia Nacional. El instructor había reclamado a los peritos que
contabilizaran las donaciones recibidas por el PP para saber si éstas superaban
el máximo permitido y por tanto podrían incurrir en un delito fiscal.
La ex directora de la Oficina
Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), Margarita García Valdecasas, ya
había intentado que ese informe no se realizase al considerar que las
donaciones estaban exentas de tributación, por lo que a su entender no podían
ser contabilizadas. En un enfrentamiento con Ruz, este la obligó a entregar el documento
y la advirtió que los peritos trabajaban a sus órdenes y no a las de ella como
coordinadora.
El caso había entrado en un discreto
letargo. Sin embargo, la Agencia Tributaria ha detectado una arquitectura
financiera, con “mezcolanza de fondos” y dispersión de los mismos a través de
varias personas y cuentas bancarias, que parece ser que sirvieron al despacho
de Equipo Económico (EE), para camuflar los pagos recibidos de distintos
clientes. En concreto, se han localizado ingresos por un total de 35,5 millones
de euros entre 2008 y 2013 que procederían de las gasísticas investigadas pero
también de otros pagadores a los que se quiere identificar para poder
determinar el origen y la finalidad del dinero.
Además de las transferencias
realizadas a Montoro, también se han detectado pagos a la mujer del exministro
que se hicieron cuando él ya no estaba vinculado al despacho. Se trata de dos
envíos —en octubre de 2008 y septiembre de 2010— que suman 9.450,69 euros. No
obstante, fuentes de la defensa del despacho aseguran que se trata de pagos por
el catering de unas fiestas que se solían celebrar anualmente y a las que
asistían los socios con sus familias.
Ante la sospecha de que estos
movimientos sean el preludio de algo mucho más fraudulento, Hacienda ha
solicitado al juez que reclame la colaboración de las autoridades de Alemania y
Estados Unidos para ahondar en la información de cuentas que estarían
vinculadas a Ricardo Martínez Rico, socio de Equipo Económico. Y pide indagar
también en las salidas de divisas a Luxemburgo por parte de Manuel de Vicente
Tutor, también socio del despacho.
Este affaire resulta muy llamativo y
nos da una idea bastante ajustada de la catadura moral y el nivel político del
PP. Mariano Rajoy se presentó a las elecciones de finales de 2011 con un
programa electoral titulado “Lo que España necesita” y en el capítulo
“Una democracia ejemplar” prometía medidas de lucha contra la corrupción, pero
en cuanto llegó a la Moncloa nombró a Cristóbal Montoro ministro de Hacienda;
es decir, puso un zorro a guardar las gallinas.
Bernardo Fernández
Publicado en la web de la plataforma
Còrtum 18/02/2026
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