Con la crisis financiera de 2008, la
promesa “revolucionaria” del libre mercado iniciada por Margarte Thatcher
y Ronald Reagan hace más de 40 años acabó por colapsar; sus impulsores
sobreestimaron la capacidad de los mercados para regularse y ser eficientes y,
de ese modo, reducir al mínimo del papel del Estado en la economía.
Dieciocho años después, los países
occidentales no han acabado de recuperarse de aquella crisis, a la que se han
ido sumando la crisis de la deuda soberana europea, una pandemia global, la
vuelta a la guerra, un nuevo shock de precios de la energía, el retorno de la
inflación, la subida de los tipos de interés y la emergencia climática.
Ante esta realidad resulta evidente que “los modelos existentes son inadecuados
ante la amplitud y magnitud de los retos que afrontamos”, como no se cansa de
repetir el prestigioso economista y periodista turco Dani Rodrik.
El propio FMI ha reconocido sus
errores durante la crisis financiera y resulta fácil comprobar la enorme diferencia
entre cómo abordó la Unión Europea la crisis desatada por la pandemia de la
covid-19 y las recetas impuestas durante la crisis financiera. Sin duda
alguna, es un reconocimiento implícito de lo equivocado que fue imponer
austeridad fiscal en medio de una crisis. También los bancos centrales han
desplegado en estos últimos años una política monetaria mucho más imaginativa
de lo que recogían los libros de texto, con la que han cosechados éxitos,
aunque no exentos de riesgos.
La cuestión es que, el paradigma
neoliberal ha venido marcando la política económica desde los años setenta,
bajo los principios de que la pérdida de ingresos derivada de la bajada de
impuestos se compensaba con un aumento de la actividad, y así se podía reducir
el papel del sector público, algo imprescindible para estimular el dinamismo de
la economía. Un marco asumido por buena parte del espectro político, no solo
por los sectores más conservadores; también buena parte de la socialdemocracia,
a principios de este siglo, hizo suya aquella frase de “bajar impuestos es de
izquierdas”.
Faltaríamos a la verdad si no
admitiésemos que en los años del paradigma neoliberal se consiguieron
importantes logros, desde la incorporación de muchos países emergentes a las
cadenas globales de suministro, un aumento de sus niveles de renta y una
reducción considerable de la pobreza. Pero, a la vez, hoy la desigualdad es
mucho mayor que hace 40 años y la erosión de la clase media, advierten los
expertos, se ha convertido en la amenaza más importante para nuestro escenario
social y político.
La competencia comercial china,
fomentada mediante subvenciones públicas y mano de obra barata, ha traído
grandes beneficios para los consumidores occidentales, pero ha provocado una
fuerte desindustrialización en algunas regiones, dejando a mucha gente atrás.
Una competencia desigual, pues Pekín limita el margen de la inversión
extranjera en su economía. “Quizás lo más significativo es que la política
comercial se haya convertido en un instrumento de redistribución de renta”,
apuntaba el economista exjefe del FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, en una
reciente conferencia dictada en el Peterson Institute.
Ante la situación de un nuevo orden
mundial, la Unión Europea ha optado por evitar el enfrentamiento abierto con
China, su segundo socio comercial, sobre todo ahora que las relaciones con EE
UU están en sus niveles más bajos. Con buen criterio, desde la pandemia la UE ha
apostado por repatriar parte de la producción y diversificar sus cadenas de
suministro buscando una mayor seguridad de abastecimiento; además de las restricciones
a productos como los coches eléctricos o los paneles solares por considerar que
China hace competencia desleal. Sin embargo, como apuntaba el profesor de
Harvard, Pol Antràs, “lo que están provocando estas medidas es una simple
desviación de las rutas comerciales chinas”. De hecho, el gigante asiático
basa parte de su estrategia en instalar fábricas de productos de alto valor
añadido, como son los coches eléctricos, lejos de sus fronteras, con lo que
dejan de ser vehículos made in China. Es lo que han hecho en México, donde
ya se han instalado cinco de los mayores fabricantes chinos de automóviles y
otros dos planean hacerlo en breve, lo que les abre la puerta al mercado
estadounidense. Siempre que el sheriff Trump no diga otra cosa, claro está.
No obstante, los economistas
advierten de que estas políticas tienen como resultado precios más caros por
los mismos productos, que obligarán a los bancos centrales a lidiar con unos
niveles de inflación más elevados por mucho más tiempo y con tipos de interés
también más altos de los que nos tenían acostumbrados. Los tiempos de
tipos cero parecen haber quedado definitivamente atrás. El proteccionismo impone
un papel mucho más activo de los gobiernos en la economía. Lo tuvieron cuando
estalló la crisis financiera y acudieron al rescate del sistema con inyecciones
millonarias de dinero público para evitar la quiebra del sector bancario, y
ahora como agentes decisivos del cambio en forma de política industrial,
dirigiendo la inversión pública a impulsar la transición energética, la
transformación tecnológica y, más recientemente, la apuesta por la seguridad y
la defensa, un papel en línea con el Estado emprendedor como defiende Mariana
Mazzucato, Catedrática de Economía de la Innovación y Valor Público en el
University College de Londres
Después de los rescates financieros,
la política industrial se ha convertido en la punta de lanza de la vuelta del
Estado a la economía, pero ese es solo el principio. La transición energética y
la mitigación climática son políticas tan urgentes e ineludibles como caras de
financiar y que exigen un importante componente de inversión pública para que
la descarbonización se produzca con éxito. Un buen ejemplo lo ofrecía la
economista Keyu Jin en el Peterson Institute. “El uso generalizado de los
coches eléctricos no despegará hasta que la infraestructura esté instalada y
para eso se necesitan inversiones colosales, como las que ha llevado a cabo
China en la última década: Estados Unidos tiene 160.000 estaciones de carga
para los coches eléctricos y China, cuatro millones”.
“Es verdad que la sucesión de crisis ha
propiciado de manera natural una mayor presencia del sector público en la
prestación de servicios. Pero hay un debate pendiente respecto a, por un lado,
cómo se financia este incremento del gasto público global y, por otro, hasta
dónde debe llegar la presencia del Estado en la economía, porque no es lo mismo
subvencionar paneles solares o financiar un plan de reindustrialización que la
participación del Estado en empresas privadas”, subraya Javier Pérez, director
de Economía Internacional y Área del Euro del Banco de España. Es lo que ha
sucedido con Telefónica donde años después de su total privatización, el Estado
español se ha hecho con una participación del 10% del capital por la que ha desembolsado
2.280 millones de euros.
Poco a poco, todos estos movimientos
empiezan a dibujar un nuevo modelo económico aunque aún esté por definir. Pero
la ola resulta imparable. “El sistema no va a permanecer como está, algo está a
punto de cambiar. Lo que no sabemos es qué hay al otro lado”, sentenciaba el ya
mencionado Pierre-Olivier Gourinchas.
Todo eso, siempre y cuando a Donald
Trump no le dé por hacer alguna barbaridad algo más bestia de las viene
haciendo hasta ahora, porque puede ser que alguien pierda los estribos, apriete
el botón que no se ha de apretar y se vaya todo al garete, y es que, tal y como
se está poniendo el panorama internacional cualquier cosa es posible.
Bernardo Fernández
Publicado en CÒRTUM 11/03/2026

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