LA HISTORIA SE REPITE

 No quiero ser repetitivo. Estos días todos los medios de comunicación han dedicado portadas, editoriales, artículos o tertulias, para todos los gustos, sore el fiasco de la remodelación del aeropuerto de El Prat. Por lo tanto, no insistiré.

Si voy a señalar, no obstante, algunas de las muchas oportunidades que como sociedad y país hemos perdido por tener gobiernos ineficaces que, enfrascados en el monotema de la independencia, no se han ocupado de la política de las cosas. Es decir, de aquello que de verdad interesa a la ciudadanía.

Veamos pues, unos cuantos ejemplos:

Hasta mediados de 2017 Barcelona era la ciudad preferida por la mayoría de los estados de la UE para acoger la Agencia Europea del Medicamento, EMA (las siglas en inglés). La agencia tenía que dejar Londres como consecuencia del Brexit y nuestra ciudad era la más atractiva, tanto en el nivel técnico como por la calidad de vida, además contaba con un edificio formidable ─la Torre Agbar─ donde recalar. La EMA da cobijo a 900 altos cargos y es un negocio redondo, de altísimo valor añadido, a su alrededor. Sin embargo, la inestabilidad social y la inseguridad política que había generado el independentismo con el 1-O, y que entonces estaba en pleno apogeo, desaconsejaron su traslado a Barcelona y finalmente fue Ámsterdam la ciudad que acabó acogiendo la sede de la Agencia.

De forma casi simultánea, más de 5.000 empresas, entre ellas algunas tan emblemáticas como La Caixa o el Banco de Sabadell empezaron a marchar de Cataluña, para instalar sus sedes centrales en lugares más tranquilos y evitar verse perjudicadas por la inestabilidad política y jurídica que aquí había generado el “procés”. A día de hoy, no ha vuelto prácticamente ninguna. Pero tampoco nadie se ha preocupado de tender la mano y hacer una oferta lo suficientemente atractiva a esas empresas para que, al menos, se planteen la posibilidad de volver.

El pasado mes de marzo el president, Pere Aragonés, con el argumento nihilista de no coincidir con el jefe del Estado, Felipe VI, no acudió a la celebración del 70 aniversario de Seat, desairando, de esa forma, a la cúpula de Volkswagen y dejando a trabajadores y ciudadanos de Cataluña sin quien debía ser su representante natural: el president del Govern.

Ahora, el infantilismo naif del Govern secesionista ha hecho que el Gobierno central suspenda la inversión de 1.700 millones de euros que el pasado, 2 de agosto, el vicepresidente de la Generalitat Jordi Puigneró y la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, pactaron para la ampliación del aeropuerto del Prat.

En este contexto, cuando es más necesario que nunca destensionar la situación, no ayuda nada, sino todo lo contrario, que personajes como Laura Borras (segunda autoridad del país) digan que “el dinero que el Estado no ha querido invertir en el aeropuerto de El Prat lo invertirá en Madrid”; eso es mezquindad política, impropia de un cargo de tan altísimo nivel

Estas son algunas de las oportunidades de crear riqueza que hemos perdido en los últimos nueve años, no las únicas, pero sí las más sonadas. Y explican en gran medida porque Madrid aporta más al PIB que Cataluña y pronto de seguir así las cosas lo hará Valencia, entonces nos sorprenderemos.

Seamos realistas: (aunque el independentismo nos quiso embaucar con el eslogan “el mon ens mira”) el mundo ni nos mira ni nos espera. Así que o nos subimos al tren del desarrollo o el tren seguirá por las vías del progreso sin nosotros.

Pero volvamos al hilo conductor de esta columna: la cuestión fundamental que ha hecho descarrilar el proyecto de El Prat, ha sido el frikismo indepe. Hay que decir, también, para no pecar de sectarios que, la necesidad de que el Gobierno debe aprobar el plan de inversiones de Aena antes de que finalice este mes de septiembre, ha jugado su papel. Es evidente que sí. La entidad que preside Maurici Lucena no puede esperar a que en la Generalitat desojen la margarita. Gobernar es tomar decisiones, a veces impopulares y eso parece que Pere Aragonés no lo tiene claro.

De todas formas, observando detenidamente el paisaje político, algo me dice, que no todo está perdido, que es posible que se retomen las negociaciones y aún se esté a tiempo de recuperar la inversión.  Quizás esta vez nos salve la campana. Por si acaso crucemos los dedos.

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 13/09/2021

PONER COTO A LA LOCURA

Hace ya casi diez años que empezó a visualizarse el proceso independentista catalán.  Un movimiento basado en el nacional-populismo que está dirigido, con mando a distancia, por las clases más pudientes del país, y que lo único que ha conseguido, hasta el momento, es que la situación socio política se deteriore de forma sistemática cada día que pasa.

Al principio nos lo que quisieron vender como “la revolució de les somrises” (la revolución de las sonrisas). Sin embargo, pronto se vio que aquello era una camama. Los jabatos del movimiento no se cortaban si tenían que repartir estopa, amenazar e insultar a sus, para ellos, enemigos, pero, eso sí, preferentemente ocultos en el anonimato, con la cara tapada o en la impunidad que facilitan las redes sociales.

El asunto alcanzó su máxima dimensión cuando aparecieron unos grupos denominados CDR (Comités de Defensa de la República) primero, y Tsunami Demcràtic después, qué si bien nadie sabía, ni sabe quién los dirige, es evidente que desde arriba les mueven los hilos, en forma de financiación, información, convocatorias, objetivos, etcétera.  

El punto álgido de la violencia más salvaje y gratuita llegó con la publicación de la sentencia a los líderes independentistas en otoño de 2019. Todos recordamos las concentraciones de aquellos días en la plaza Urquinaona de Barcelona, el acoso a las fuerzas de seguridad y a la delegación del Gobierno central en la calle Mallorca o a la consejería de los Mossos d’Esquadra en la calle Diputación junto a Paseo de Sant Joan. Tampoco olvidamos actos similares en la práctica totalidad de las ciudades de Cataluña. “Una violencia nunca vista” en opinión de los máximos responsables del orden público.

Es evidente que con el paso del tiempo la violencia sistémica ha ido menguando. No obstante, queda la sensación de que quemar contenedores, insultar a los que no piensan igual, a los que discrepan o amenazar a los cargos públicos sale gratis y hay barra libre para los que quieren lograr la independencia. Parece que para ellos el fin justifica los medios.

En este contexto, el hecho institucionalmente más grave, quizás, es la escasez de jueces y fiscales en Cataluña. Es cierto que es un mal endémico, pero diversas asociaciones judiciales coinciden en señalar que la deriva independentista ha acentuado el problema.

Otra cuestión no menor es el concepto que tiene el independentismo sobre el espacio público, es decir, el que es de todos y, por lo tanto, lo hemos de compartir. Para ellos, sin embargo, es propiedad privada. Por eso, durante años nos hemos hartado de ver pintadas, lazos amarillos, pancartas y cualquier otra cosa que sirviese para exaltar la causa en los lugares más inverosímiles. Tanto es así que al expresident Torra le costó el cargo no quitar una pancarta en favor de los políticos presos de la fachada de la Generalitat. Una institución que huelga decir, es de y para todos los catalanes. Pero es que, todavía hoy, no es nada difícil ver proclamas secesionistas en lugares institucionales.  

De todas formas, el súmmum del aquelarre independentista faltón y maleducado tiene su campo de juego preferido en redes sociales como Facebook o Twitter, ahí se pueden expresar a sus anchas. La impunidad les hace arrogantes e impunes. O eso piensan ellos.

Desde luego, quién esté libre de pecado que tire la primera piedra. Aún me duelen aquellos gritos de “a por ellos”, de un grupo de exaltados en un pueblo del sur despidiendo a una compañía de guardias civiles que venían en octubre del 17 a poner un poco de orden por aquí.  No es lo mismo una manifestación censurable, pero espontanea que todo un proceso constante y organizado para denigrar y despreciar al que no piensa igual.

De todas formas, ha de quedar claro que el barriobajerismo de cualquier lugar siempre es deleznable; sea quien sea el que lo practique y el motivo que lo origina. Pero lo que estamos viviendo en Cataluña, tiene, o parece tener, cobertura institucional, sino sería imposible que tuviese el auge que tiene.

De todas formas, la palma de oro de las barrabasadas institucionales la ha ganado esta semana la inefable Laura Borrás. La Molt Honorable presidenta del Parlament ha aprobado conceder la Medalla de Honor de la cámara catalana, en la categoría de oro, a los 3.300 “represaliados” de la consulta ilegal del 1 de octubre. Si eso es lo que hace nuestra cámara legislativa a instancias de su presidenta, la segunda autoridad del país, ¿qué podemos esperar de los que se supone menos cualificados?

Con este ambiente, la cohesión social y la convivencia empiezan a ser imposibles. Por eso, o paramos esta locura o esto se nos va a Norris y Cataluña acabará despeñada por el barranquillo de la intransigencia y la intolerancia.

Un final demasiado triste para una tierra que siempre se ha considerado de acogida…, y todo por un grupo de descerebrados.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en el Catalán 06/09/2021

 

DEMOS UNA OPORTUNIDAD AL DIÁLOGO

 En un discurso pronunciado en las Cortes republicanas, en mayo de 1932, el intelectual José Ortega y Gasset dijo que “el problema catalán es un problema que no se puede resolver, que solo se puede conllevar”. Han pasado casi noventa años y, lamentablemente, la historia está dando la razón al autor de “La España invertebrada”

Ahora, dentro de pocos días, se constituirá la mesa de diálogo entre el Gobierno de España y el de la Generalitat de Cataluña. Confieso que soy bastante escéptico con los resultados que de esa negociación se puedan lograr. No obstante, entiendo que es la única manera razonable y lógica para resolver, al menos por una larga temporada, el encaje de Cataluña en España. Porque, que nadie se llame a engaño, esa es la cuestión, no la autodeterminación que no tiene cabida en nuestro sistema constitucional, y eso lo saben tirios y troyanos. Pero es que, además, de los siete millones y medio de ciudadanos que vivimos en Cataluña, los que están por la independencia no llegan al millón y medio, como quedó demostrado en las últimas elecciones autonómicas. Otra cosa es que algunos se empeñen en entelequias imposibles y “facin volar coloms” (“hagan volar palomas”) como decimos por aquí.

De igual manera ha de quedar claro que la amnistía no puede tener recorrido en las negociaciones puesto que la misma tiene efectos retroactivos, extingue toda responsabilidad penal o civil y anula los antecedentes penales. Por ese mismo motivo es general, dado que actúa sobre todos los que cometieron el delito, y no sobre individuos concretos.

Además, la amnistía suele suponer un nuevo planteamiento sobre la conveniencia de prohibir o sancionar una conducta. Por esa razón, las leyes o actos de amnistía son más frecuentes en momentos de fuertes cambios sociales o de regímenes y, en ocasiones, se asocia al perdón de presos políticos.

Debería ser innecesario decirlo, pero ha de quedar claro que no estamos, ni por asomo, en un cambio de régimen.  Eso no significa que los independentistas no puedan plantear el tema, faltaría más. Ahora bien, han de saber que su aspiración es inviable.

Otra cosa sería que, en la hipótesis de que las negociaciones alcanzaran pactos positivos que sirviesen para volver a la normalidad política en Cataluña, el Gobierno central echase mano de medidas de gracia, como los indultos u otras para dar carpetazo al asunto para unos cuantos años. Obviamente cuantos más mejor.

En este complejo contexto, sería deseable, aunque sé que es prácticamente imposible, que agoreros y plañideras evitasen caldear el ambiente. Ni Marta Rovira, secretaria general de ERC, autoexiliada en Suiza, es quién para decir a Pedro Sánchez y el Gobierno de España si han de estar o no en la mesa de negociación, como tampoco lo es Elisenda Paluzie, lideresa de la ANC exigiendo al Govern que proclame la independencia después del 11 S. También el president, Pere Aragonés, se ha sumado al coro que pide la presencia de Sánchez en la negociación. Sin embargo, él no asistió a la reunión de presidentes autonómicos celebrada semanas atrás en Salamanca. “Consejos vendo que para mí no tengo”, dice el refranero.

Tampoco ayuda el filibusterismo mesiánico de Oriol Junqueras que un día dice apostar por el diálogo y al siguiente ataca a la justicia española por al affaire de Clara Ponsatí con la justicia escocesa. Cuando, de hecho, ha sido la Fiscalía de aquel país la que ha dado una colleja a la eurodiputada que ha quebrado la confianza que en ella habían depositado al no haber informado de su cambio de domicilio.

Ante una situación tan delicada como la que estamos viviendo, en la que todo está cogido con alfileres, los negociadores que han de sentarse a la mesa de diálogo harían bien en aislarse tanto como les sea posible del ruido mediático, ir ligeros de equipaje y con los menos apriorismos posibles. No podemos perder de vista que, tanto el nacionalismo español más casposo, como el independentismo hiperventilado, suspiran porque la mesa de dialogo sea un fracaso. Unos y otros son partidarios del “cuanto peor mejor”, y es que una vez más se pone de manifiesto que los nacionalismos, español y catalán, que, en apariencia, parecen tan diferentes, en realidad son como dos gotas de agua.

Ciertamente, los republicanos deberán remar contra corriente porque ni sus socios en el Govern, Junts, ni la CUP están por la labor. Todo lo contrario, en los postconvergentes predomina la línea dura y son partidarios de la voladura de los pocos puentes que aún quedan, mientras que los antisistema prefieren la confrontación directa con el Estado.  Además, el calendario no ayuda porque el president Aragonés se comprometió a someterse a una moción de confianza, a cambio del soporte de la CUP a la investidura. Y eso ocurrirá cuando tengamos unas elecciones municipales convocadas y unas generales en el horizonte.

Sea como sea, en política, como en casi todas las actividades de la vida, existen vasos comunicantes y a nadie se le escapa que, aunque son compartimentos estancos distintos, un buen arranque de la mesa de diálogo podría allanar el camino en la Comisión bilateral Estado-Generalitat donde hay un buen puñado de traspasos para negociar y facilitar, a la vez, una entente entre el Gobierno central y ERC para aprobar los presupuestos de 2022. Y esa es una de las cuestiones que más pone de los nervios al PP. 

Como he comentado más arriba, tengo serias dudas de que de la mesa de negociación salgan resultados tangibles, al menos en los primeros meses. Ahora bien, considero que sería un error garrafal que una de las partes se levantara y diese por finalizada la partida. Si eso llega a ocurrir el catalanismo político que es, en esencia, diálogo, negociación y pacto quedaría definitivamente secuestrado por el radicalismo indepe, y la idea de que España es un mal absoluto pasaría a ser un eje vertebrador del ideario secesionista como ya apuntan los sectores más hiperventilados.

Por eso, y para evitar que lleguemos a una situación que podría ser dramática, pienso que todos, absolutamente todos, tenemos el derecho y la obligación de dar una oportunidad al diálogo. No hacerlo sería un error imperdonable de consecuencias imprevisibles.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 06/09/2021

MODESTO HOMENAJE

 El pasado mes de abril se conmemoraron noventa años de la proclamación de la Segunda República española. Entonces, por razones que no hacen al caso, no escribí sobre la efeméride. Sin embargo, ahora, aprovechando la relativa tranquilidad informativa de estos días de canícula y antes de empezar las vacaciones, quiero rendir un modestísimo, pero sentido homenaje a aquellos cientos de miles de mujeres y hombres que, con entusiasmo, ilusión y tenacidad, fueron capaces de librase de un sistema político casi feudal; aunque cinco años después un puñado de militares desalmados, ayudados, por activa o por pasiva, por determinados poderes fácticos y potencias como Alemania o Italia se impusieron por la razón de la fuerza, volviendo a meter a España en la noche más negra de la historia, durante casi cuarenta años.  

No se puede entender aquel proceso sin revisar, aunque sea mínimamente, lo sucedido en Europa tras la Primera Guerra Mundial y el Pacto se San Sebastián que se firmó en agosto de 1930.

España no participó en la Primera Guerra Mundial y eso hizo que pudiera mantenerse al margen de los padecimientos que había originado la contienda y sacudían a la mayoría de países europeos desde 1914. Esto es, desmovilización de millones de combatientes y endeudamiento descomunal generado por el conflicto bélico.

Durante los años veinte nuestro país vivió en un oasis aparente. Sin embargo, la Monarquía española, que había vulnerado la Constitución de 1876 al favorecer la dictadura de Primo de Rivera, no supo aprovechar los tiempos de relativa tranquilidad y fue incapaz de pilotar una transición desde un régimen oligárquico y caciquil a uno reformista y democrático. Esa situación desató desde 1930 la radicalización política y el auge del republicanismo.

Con ese panorama de fondo un grupo de personajes tan poco sospechosos de ser radicales como Niceto Alcalá-Zamora, Manuel Azaña, Casares Quiroga, Miguel Maura o Indalecio Prieto, a título personal, así como, gente de izquierdas más o menos moderados, catalanistas e incluso algún que otro monárquico desengañado, firmaron el 30 de agosto el mencionado Pacto de San Sebastián.

La mayoría de los firmantes debían buena parte de su formación a la Institución Libre de Enseñanza, y su idea de cómo debía ser la sociedad los llevaba a tener como referencia las democracias occidentales de Francia o Gran Bretaña. Todos ellos tenían un denominador común que era sacar a España de la inmensa desigualdad social que existía, la miseria cultural, el atraso económico y el aislamiento internacional.

Los acontecimientos evolucionaron con muchísima rapidez, y a finales de 1931 España era una república parlamentaria y constitucional, con Niceto Alcalá-Zamora como presidente de la República y Manuel Azaña, presidente del Gobierno. En los dos primeros años se acometió la remodelación del ejército, la separación de la Iglesia y el Estado y se tomaron medidas de muchísimo calado para modernizar el país, como, por ejemplo, la distribución de la propiedad de la tierra, garantizar un mínimo en los salarios de los trabajadores, dar a los asalariados protección laboral y social o instaurar la educación pública como un derecho, no como una dádiva.

Visto con la perspectiva que da el paso de los años, quizás fue mucho en muy poco tiempo. Sería una falacia negar que en el periodo republicano no se cometió alguna tropelía. Los gobiernos de la República llevaron a cabo ciertas iniciativas que, como toda obra realizada por seres humanos, es susceptible de mejora, sin duda. Ahora bien, la lista de acciones pensadas para favorecer y mejorar a la ciudadanía en su conjunto y a los que menos tenían, en particular, es apabullante.

La cuestión es que esa batería de innovaciones legislativas hizo aflorar muchos de los problemas larvados durante décadas en la sociedad española. Cuestiones como la industrialización, el crecimiento urbano o los conflictos de clase salieron a la luz con toda su crudeza. Eso hizo que la ciudadanía se posicionara en bandos irreconciliables: católicos practicantes frente a anticlericales convencidos, dueños ante asalariados o Iglesia contra Estado.

Esos antagonismos hicieron imposible la consolidación de la República. De los dos primeros años de evolución democrática, avances sociales sin precedentes en nuestro país y relativa estabilidad, se pasó a dos años de fuerte represión y retrocesos en casi todos los logros anteriores Ese tiempo, en el que gobernó la derecha populista, fue conocido como el bienio negro y enlazó con unos meses de demolición manifiesta de la estructura democrática republicana hasta el golpe de Estado de julio de 1936.  

“Los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla”, dijo el político argentino Nicolás Avellaneda (1837-1885). Nosotros, como país y como sociedad, hemos pagado un alto precio por llegar a esta realidad con virtudes y defectos. Precisamente por eso, cada vez que aparecen unos restos humanos, sin identificar, en una cuneta o una zanja y que son consecuencia de la Guerra Civil, una herida nos supura y nos debería recordar que sin aquellos mártires y sin sus sacrificios hoy no estaríamos aquí.

En opinión de Santos Juliá lo que hizo la Transición fue recuperar buena parte del espíritu republicano del Pacto de San Sebastián, en un proceso que se había iniciado mucho antes de la muerte de Franco: una república con rey. O lo que en la actualidad viene a ser lo mismo, una democracia parlamentaria plena.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 26/07/2021

 

ACUERDO HISTÓRICO

 A menudo, los árboles de la política doméstica no nos dejan ver el bosque de la internacional. Eso es lo que ocurrió el fin de semana de los días 10 y 11 de julio. Mientras aquí estábamos pendientes de la remodelación del Gobierno de Pedro Sánchez, en Venecia, el G-20 dio un importante paso para llegar a un acuerdo que imponga una tasa mínima global a las multinacionales. 

En 2008, tras el desbarajuste financiero que provocó la quiebra de Lehman Brothers fueron muchos los gobernantes que pensaron que el sistema no aguantaría. Entre ellos, el entonces presidente de Francia, Nicolás Sarkozy que llegó a plantear la refundación del capitalismo. Eso sí, sin ninguna explicación de cómo ni dónde ni cuándo. Sin embargo, pasados los peores momentos nadie volvió a hablar del asunto.

Más allá del ruido político, la OCDE lleva casi una década trabajando en un proyecto que analiza la erosión que padecen las bases imponibles y el traslado de beneficios. Colaboran 130 países y uno de sus cometidos es hacer que las grandes multinacionales tributen donde hacen el negocio y no donde les conviene porque les resulta más rentable.

Por eso, en 2019 la OCDE hizo la propuesta, aunque tímida, pero bastante posibilista, de construir una nueva arquitectura tributaria internacional. Han pasado casi dos años de aquel planteamiento inicial y el pasado 5 de junio las principales economías del mundo reunidas en Londres, bajo el paraguas del G-7, recogieron el guante que había lanzado la OCDE.

Las economías más desarrolladas del planeta han empezado a contemplar con inquietud que la existencia de paraísos de baja tributación son un obstáculo muy poderoso para encarrilar de forma adecuada la recuperación postpandemia. En honor a la verdad, hay que decir que esta toma de posición tiene mucho que ver con el presidente de E.E.U.U, Joe Biden, puesto que él es uno de sus principales valedores.

La idea que salió de la reunión de Londres y que ahora se ha ratificado en Venecia ha sido fijar un impuesto mínimo sobre sociedades de “al menos el 15%” sobre los beneficios y redistribuir parte de las ganancias de las mayores multinacionales en los países donde hacen negocios. Si bien es cierto que, aunque el G-20 dio luz verde a la iniciativa, ocho países entre los que están Hungría, Irlanda y Estonia negaron su adhesión al acuerdo. 

En opinión de la actual vicepresidenta primera del Gobierno español, Nadia Calviño: “Este es un acuerdo sin precedentes para tratar de establecer un sistema más justo y sólido a nivel global adaptado al siglo XX l”, si bien puntualizó: “No es el final del camino, es el principio de un proceso en el que debemos seguir trabajando a nivel global y europeo”.

Según el FMI más de seis billones de euros se ocultan en paraísos fiscales de todo el mundo, gracias a sistemas nada transparentes y reglas fiscales excesivamente permisivas. En ese contexto existen bufetes de asesores fiscales potentísimos especializados en “sugerir” a sus clientes como desviar los beneficios de la manera más conveniente a sus intereses en cada momento.  Para lograr sus objetivos han desarrollado toda una ingeniería financiera que hace que el rastro del dinero se acabe perdiendo o que finalice su recorrido depositado en territorios de muy baja cotización y absoluta opacidad.

La cuestión no es un asunto menor, porque las multinacionales desvían cada año un 40% de sus beneficios a lugares de baja o nula tributación mediante complejos entramados societarios que han proliferado gracias a la globalización y digitalización de la economía. Un informe de las universidades de Berkeley y Copenhague alerta de que en 2017 se esfumaron sin cotizar a los fiscos unos 600.000 millones de euros. Para que nos hagamos una idea de las magnitudes de las que estamos hablando, esa cantidad viene a ser el 50% del PIB de España en un año. Cada año Hacienda deja de ingresar unos 3.500 millones de euros, aunque lo más irritante es que muy mayoritariamente ese dinero se va a lugares como Luxemburgo, Holanda o Irlanda, entre otros.

Por si no hubiese bastante con este agravio se da el sarcasmo que algunos de los países que más exigentes se han mostrado con la concesión de los fondos de recuperación europeos, son los que luego ofrecen importantes ventajas fiscales a los grandes grupos. Es el caso de Holanda.

 Aunque no acabamos de ser conscientes estamos sentados sobre un barril de pólvora. La desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones es cada vez mayor. La distancia entre lo que los ciudadanos necesitan y lo que los gobiernos pueden ofrecer aumenta de forma continua. En esas circunstancias no nos ha de extrañar que la extrema derecha cada vez encuentre más caladeros de votos donde antes estaban los nichos clásicos de la izquierda.

Sea como sea, quiero ser razonablemente optimista. De momento, el asunto parece bien encarrilado. La cuestión está cogida con alfileres y sabemos que el papel lo aguanta todo Primero habrá que firmar, para después aplicar y recaudar. Aunque tienen que rematarse algunos flecos el acuerdo podría llegar de manera definitiva en la próxima reunión del G-20 que se celebrará en octubre.

Por si acaso crucemos los dedos.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 19/07/2021

   

LA IMPORTANCIA DE LAS PENSIONES PÚBLICAS

 Las pensiones públicas son uno de los pilares básicos del Estado del bienestar. Esa realidad se hizo visible durante la crisis económica de 2008. Ahora, la pandemia de la covid-19 ha vuelto a situar las pensiones en primer plano porque constituyen la principal red de seguridad para millones de familias.

Los profesores de Economía de la Universidad de Barcelona, Samuel Calongo Ramírez y Antonio Manresa Sánchez, en su libro, “Crisis Económica y desigualdad de la renta en España”, sostienen que las pensiones son un factor fundamental para reducir la desigualdad. En el año 2012, el más agudo de la crisis, representaron el 49% de dicha redistribución y el subsidio de desempleo el 9,1%. 

Al Gobierno de Pedro Sánchez se le podrán reprochar muchas cosas, pero no se puede cuestionar que está demostrando un especial interés por resolver la delicada situación financiera de las pensiones. Hace apenas unos meses que aprobó una transferencia de 14.000 millones de euros a la Seguridad Social para asumir “gastos impropios” del sistema como, por ejemplo, descuentos en las cotizaciones para apoyar el empleo. El planteamiento de partida es llevar a cabo nuevas transferencias hasta enjugar el déficit en 2023.

El ejecutivo sabe que el sistema público de pensiones necesita una remodelación en profundidad para que sea sostenible.  Por eso, desde comienzos de legislatura, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luís Escrivá, constituyó un equipo de trabajo para que elaborara una propuesta de viabilidad del sistema.

El resultado ha sido que, después de varios meses de negociaciones con puntos de vista coincidentes y algún que otro encontronazo, Gobierno, Sindicatos y CEOE llagaron, hace un par de semanas, a un acuerdo para sacar adelante la primera parte de la reforma de las pensiones.

Una vez alcanzado el pacto, el pasado martes, 6 de julio, el Consejo de ministros dio luz verde al anteproyecto de ley que garantiza el poder adquisitivo de las pensiones mediante su revalorización con el IPC. Esta iniciativa debe convertirse en ley y ser aprobada en el Congreso en el último trimestre del año para que entre en vigor en 2022.

De manera simultánea, se quiere acercar la edad efectiva de las jubilaciones anticipadas a la edad legal. Para lograrlo se introducirán mayores incentivos en el sistema para que los trabajadores que lo deseen puedan retrasar su salida del mercado laboral. También se ha suprimido el factor de sostenibilidad, que ligaba la prestación a la esperanza de vida, un invento que el Gobierno del PP introdujo en la reforma de 2013.

Esta remodelación se inscribe dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) que estaba incluido en el Plan Económico presentado por el Gobierno a la Comisión Europea para obtener el “plácet” que permita la llegada a España de los fondos de recuperación europeos.

La modificación del sistema emprendida por el Gobierno, con el soporte, por el momento, de los agentes sociales, viene a echar por tierra las teorías de los profetas de la catástrofe que pronosticaban de manera reiterada la quiebra de las pensiones. Hay que tener en cuenta que, con el aumento de la esperanza de vida, el sistema da cobertura a las personas durante mucho más tiempo, ya que viven más. Las pensiones públicas han sido, en realidad, un soporte social básico para el desarrollo de nuestra democracia. No podemos perder de vista el dato de que la esperanza de vida en nuestro país desde 1975 ha aumentado 10 años.

De todas formas, no todo es coser y cantar, se ha dejado para la segunda parte de la reforma los temas más espinosos. Cuestiones como las subidas de las bases máximas, que los autónomos coticen por sus ingresos reales, los cambios en el periodo que se toma para calcular la pensión o el nuevo factor para garantizar la equidad generacional se deberán poner sobre la mesa a la vuelta del verano.

Un reciente informe del FMI sobre las pensiones en España alertaba que, más pronto o más tarde, habrá que hacer una profunda revisión de todo el sistema: las jubilaciones deberán ser más acordes con la esperanza de vida, se necesitará mayor proporción de gente trabajando, aumentar la productividad, elevar la natalidad, acoger más inmigrantes y reducir la capacidad adquisitiva de las pensiones en comparación al último salario. Es decir, el mencionado informe vendría a ser como una carta a los Reyes Magos, con su dosis de carbón incluida. El problema es que no venía acompañado del manual de instrucciones para hacer realidad los objetivos planteados.

Volviendo a un nivel mucho más pragmático de la cuestión, uno de los asuntos más hirientes está relacionado con la esperanza de vida. Y es que resulta muy injusto que el sistema fije la edad de jubilación sin distinguir las diferencias que existen entre las profesiones. Algo que está estrechamente ligado con la formación. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), las personas con estudios primarios o inferiores suelen trabajar en las actividades más penosas y viven, de media, cuatro años menos que los que tiene formación superior.

Por consiguiente, es de justicia establecer las medidas necesarias para que los menos agraciados no acaben pagando buena parte de las pensiones de las clases más favorecidas.

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 12/07/21

PIEDRAS EN EL CAMINO

 Si algo ha escaseado siempre, tanto en Cataluña como en el resto de España, ha sido el dinero público para dar las prestaciones y servicios adecuados a los ciudadanos. Ese es el motivo más importante, aunque no el único, por el que las becas comedor nunca han llegado a todos los niños que las necesitaban, ni las ayudas sociales a las personas vulnerables o que la sanidad pública esté colapsada, y si funciona es por el entusiasmo y las ganas de hacer de los profesionales. De la misma manera que la enseñanza está bajo mínimos y se sostiene, al igual que la sanidad, porque la gente que se dedica a la docencia tiene unos valores a prueba de desaliento.

Aquí nunca se han atado los perros con longaniza, pero la insuficiencia de recursos se puso descaradamente de manifiesto a partir de la crisis económica de 2007. Entonces, la brillante idea que tuvieron los gobiernos, todos sin excepción, fue recortar gastos, en especial los dedicados a las personas, para cuadrar los números. En esa vorágine del recorte destaca un ejecutivo por encima del resto en su afán por disminuir el gasto público: ese fue el Govern de Artur Mas, que él mismo calificó como el “Govern dels millors”. Pues bien, ese Gobierno tiene el dudoso honor de haber sido el ejecutivo de toda Europa que más y más rápido recortó en el terreno de las prestaciones sociales.

Una de las muchas ventajas de los sistemas democráticos es que cuando los gobernantes llevan a cabo trapacerías, más pronto o más tarde, acaban saliendo a la luz.  En esta ocasión ha sido el Tribunal de Cuentas el que ha hecho aflorar los trapicheos de los sucesivos gobiernos habidos en la Generalitat entre 2011 y 2017. Resulta que Artur Mas que, tan diligente estuvo recortando servicios y prestaciones sociales, desviaba dinero para fines tan poco lícitos como, por ejemplo, explicar y promocionar por el mundo la consulta del 9-N.

Ahora, después de varios años de pesquisas el Tribunal de Cuentas reclama 5,4 millones de euros por la acción exterior de la Generalitat en el tiempo de máxima efervescencia del procés. En total, son 34 altos cargos imputados. La cifra más alta la debe aportar el que fuera secretario general del Diplocat, Alberto Royo, que ha de responder con 3.633,253 euros, acto seguido Artur Mas que la igual que el que fuera conseller de Economía, Andreu Mas Colell, han de hacer frente a una multa de 2,8 millones de euros y con 1,8 y 1,9 millones de euros Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, respectivamente.  Además, responden delante del Tribunal de manera solidaria, es decir qué si alguno de los encausados no hace frente a sus responsabilidades, serán sus compañeros de aventuras los que se hagan cargo de la deuda.

No entraré en el galimatías técnico jurídico de si ese Tribunal es competente o no, o tiene la necesaria independencia para fiscalizar ese affaire. Lo que   me hace mucha gracia es que los encausados acusen al Tribunal de Cuentas de saltarse el Estatut. Hay que jorobarse. Eso lo dicen precisamente aquellos que los días 6 y 7 de septiembre de 2017 se pasaron la Constitución y el Estatuto por el arco del triunfo. Como solía decir mi abuela: “quítate que me tiznas le decía la sartén al cazo”.

En opinión del ministro de Fomento, José Luís Ábalos, decisiones de ese tipo pueden suponer “piedras en el camino”, para normalizar la situación en Cataluña. Es posible.

No obstante, yo quiero limitarme aquí a hacer un análisis de la situación como ciudadano de a pie. Al igual que esos cientos de miles de mujeres y hombres que se levantan cada mañana para, con mucho esfuerzo, llegar a final de mes con cierta tranquilidad y sacar la familia adelante. Y lo que sé es que el Govern dels millors”, entre otros muchos servicios y prestaciones suprimió casi dos mil camas hospitalarias y unos 1.200 puestos de trabajos de personal sanitario que, a lo largo de todo el tiempo que llevamos de procés aún no se han recuperado. En consecuencia, no puedo evitar preguntarme: con ese dinero que, según el Tribunal de Cuentas se gastó indebidamente, ¿Cuántas becas comedor se hubiesen podido dar a niños vulnerables? ¿Cuántas Pirmis y o ayudas se hubieran podido otorgar a familias y/o personas en riesgo de exclusión social? ¿Y cuantas camas hospitalarias o puestos de trabajo de sanitarios se hubiesen recuperado si el dinero mal gastado se hubiese empleado de manera adecuada? O…

Podría seguir haciendo infinidad de preguntas, pero estoy seguro que se ha captado la intención de esta columna. Y es que que los gobernantes tienen que ser como la mujer del César, que no solo debía ser honrada si no aparentarlo. Y los líderes secesionistas con responsabilidades políticas, a juzgar por los datos que tenemos sobre la mesa, no fueron nada virtuosos con el dinero de todos, afinaron mucho (demasiado) con las partidas dedicadas a las mejoras sociales de las personas y, en cambio, tuvieron la manga excesivamente ancha para cuestiones que ni tenían competencias ni compartíamos más de la mitad de los catalanes.

Por lo tanto, si las acusaciones que hace el Tribunal de Cuentas son ciertas y demostrables que asuman responsabilidades y devuelva hasta el último euro malgastado.

El que la hace la paga.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 06/07/21