ACUERDO HISTÓRICO

 A menudo, los árboles de la política doméstica no nos dejan ver el bosque de la internacional. Eso es lo que ocurrió el fin de semana de los días 10 y 11 de julio. Mientras aquí estábamos pendientes de la remodelación del Gobierno de Pedro Sánchez, en Venecia, el G-20 dio un importante paso para llegar a un acuerdo que imponga una tasa mínima global a las multinacionales. 

En 2008, tras el desbarajuste financiero que provocó la quiebra de Lehman Brothers fueron muchos los gobernantes que pensaron que el sistema no aguantaría. Entre ellos, el entonces presidente de Francia, Nicolás Sarkozy que llegó a plantear la refundación del capitalismo. Eso sí, sin ninguna explicación de cómo ni dónde ni cuándo. Sin embargo, pasados los peores momentos nadie volvió a hablar del asunto.

Más allá del ruido político, la OCDE lleva casi una década trabajando en un proyecto que analiza la erosión que padecen las bases imponibles y el traslado de beneficios. Colaboran 130 países y uno de sus cometidos es hacer que las grandes multinacionales tributen donde hacen el negocio y no donde les conviene porque les resulta más rentable.

Por eso, en 2019 la OCDE hizo la propuesta, aunque tímida, pero bastante posibilista, de construir una nueva arquitectura tributaria internacional. Han pasado casi dos años de aquel planteamiento inicial y el pasado 5 de junio las principales economías del mundo reunidas en Londres, bajo el paraguas del G-7, recogieron el guante que había lanzado la OCDE.

Las economías más desarrolladas del planeta han empezado a contemplar con inquietud que la existencia de paraísos de baja tributación son un obstáculo muy poderoso para encarrilar de forma adecuada la recuperación postpandemia. En honor a la verdad, hay que decir que esta toma de posición tiene mucho que ver con el presidente de E.E.U.U, Joe Biden, puesto que él es uno de sus principales valedores.

La idea que salió de la reunión de Londres y que ahora se ha ratificado en Venecia ha sido fijar un impuesto mínimo sobre sociedades de “al menos el 15%” sobre los beneficios y redistribuir parte de las ganancias de las mayores multinacionales en los países donde hacen negocios. Si bien es cierto que, aunque el G-20 dio luz verde a la iniciativa, ocho países entre los que están Hungría, Irlanda y Estonia negaron su adhesión al acuerdo. 

En opinión de la actual vicepresidenta primera del Gobierno español, Nadia Calviño: “Este es un acuerdo sin precedentes para tratar de establecer un sistema más justo y sólido a nivel global adaptado al siglo XX l”, si bien puntualizó: “No es el final del camino, es el principio de un proceso en el que debemos seguir trabajando a nivel global y europeo”.

Según el FMI más de seis billones de euros se ocultan en paraísos fiscales de todo el mundo, gracias a sistemas nada transparentes y reglas fiscales excesivamente permisivas. En ese contexto existen bufetes de asesores fiscales potentísimos especializados en “sugerir” a sus clientes como desviar los beneficios de la manera más conveniente a sus intereses en cada momento.  Para lograr sus objetivos han desarrollado toda una ingeniería financiera que hace que el rastro del dinero se acabe perdiendo o que finalice su recorrido depositado en territorios de muy baja cotización y absoluta opacidad.

La cuestión no es un asunto menor, porque las multinacionales desvían cada año un 40% de sus beneficios a lugares de baja o nula tributación mediante complejos entramados societarios que han proliferado gracias a la globalización y digitalización de la economía. Un informe de las universidades de Berkeley y Copenhague alerta de que en 2017 se esfumaron sin cotizar a los fiscos unos 600.000 millones de euros. Para que nos hagamos una idea de las magnitudes de las que estamos hablando, esa cantidad viene a ser el 50% del PIB de España en un año. Cada año Hacienda deja de ingresar unos 3.500 millones de euros, aunque lo más irritante es que muy mayoritariamente ese dinero se va a lugares como Luxemburgo, Holanda o Irlanda, entre otros.

Por si no hubiese bastante con este agravio se da el sarcasmo que algunos de los países que más exigentes se han mostrado con la concesión de los fondos de recuperación europeos, son los que luego ofrecen importantes ventajas fiscales a los grandes grupos. Es el caso de Holanda.

 Aunque no acabamos de ser conscientes estamos sentados sobre un barril de pólvora. La desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones es cada vez mayor. La distancia entre lo que los ciudadanos necesitan y lo que los gobiernos pueden ofrecer aumenta de forma continua. En esas circunstancias no nos ha de extrañar que la extrema derecha cada vez encuentre más caladeros de votos donde antes estaban los nichos clásicos de la izquierda.

Sea como sea, quiero ser razonablemente optimista. De momento, el asunto parece bien encarrilado. La cuestión está cogida con alfileres y sabemos que el papel lo aguanta todo Primero habrá que firmar, para después aplicar y recaudar. Aunque tienen que rematarse algunos flecos el acuerdo podría llegar de manera definitiva en la próxima reunión del G-20 que se celebrará en octubre.

Por si acaso crucemos los dedos.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 19/07/2021

   

LA IMPORTANCIA DE LAS PENSIONES PÚBLICAS

 Las pensiones públicas son uno de los pilares básicos del Estado del bienestar. Esa realidad se hizo visible durante la crisis económica de 2008. Ahora, la pandemia de la covid-19 ha vuelto a situar las pensiones en primer plano porque constituyen la principal red de seguridad para millones de familias.

Los profesores de Economía de la Universidad de Barcelona, Samuel Calongo Ramírez y Antonio Manresa Sánchez, en su libro, “Crisis Económica y desigualdad de la renta en España”, sostienen que las pensiones son un factor fundamental para reducir la desigualdad. En el año 2012, el más agudo de la crisis, representaron el 49% de dicha redistribución y el subsidio de desempleo el 9,1%. 

Al Gobierno de Pedro Sánchez se le podrán reprochar muchas cosas, pero no se puede cuestionar que está demostrando un especial interés por resolver la delicada situación financiera de las pensiones. Hace apenas unos meses que aprobó una transferencia de 14.000 millones de euros a la Seguridad Social para asumir “gastos impropios” del sistema como, por ejemplo, descuentos en las cotizaciones para apoyar el empleo. El planteamiento de partida es llevar a cabo nuevas transferencias hasta enjugar el déficit en 2023.

El ejecutivo sabe que el sistema público de pensiones necesita una remodelación en profundidad para que sea sostenible.  Por eso, desde comienzos de legislatura, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luís Escrivá, constituyó un equipo de trabajo para que elaborara una propuesta de viabilidad del sistema.

El resultado ha sido que, después de varios meses de negociaciones con puntos de vista coincidentes y algún que otro encontronazo, Gobierno, Sindicatos y CEOE llagaron, hace un par de semanas, a un acuerdo para sacar adelante la primera parte de la reforma de las pensiones.

Una vez alcanzado el pacto, el pasado martes, 6 de julio, el Consejo de ministros dio luz verde al anteproyecto de ley que garantiza el poder adquisitivo de las pensiones mediante su revalorización con el IPC. Esta iniciativa debe convertirse en ley y ser aprobada en el Congreso en el último trimestre del año para que entre en vigor en 2022.

De manera simultánea, se quiere acercar la edad efectiva de las jubilaciones anticipadas a la edad legal. Para lograrlo se introducirán mayores incentivos en el sistema para que los trabajadores que lo deseen puedan retrasar su salida del mercado laboral. También se ha suprimido el factor de sostenibilidad, que ligaba la prestación a la esperanza de vida, un invento que el Gobierno del PP introdujo en la reforma de 2013.

Esta remodelación se inscribe dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) que estaba incluido en el Plan Económico presentado por el Gobierno a la Comisión Europea para obtener el “plácet” que permita la llegada a España de los fondos de recuperación europeos.

La modificación del sistema emprendida por el Gobierno, con el soporte, por el momento, de los agentes sociales, viene a echar por tierra las teorías de los profetas de la catástrofe que pronosticaban de manera reiterada la quiebra de las pensiones. Hay que tener en cuenta que, con el aumento de la esperanza de vida, el sistema da cobertura a las personas durante mucho más tiempo, ya que viven más. Las pensiones públicas han sido, en realidad, un soporte social básico para el desarrollo de nuestra democracia. No podemos perder de vista el dato de que la esperanza de vida en nuestro país desde 1975 ha aumentado 10 años.

De todas formas, no todo es coser y cantar, se ha dejado para la segunda parte de la reforma los temas más espinosos. Cuestiones como las subidas de las bases máximas, que los autónomos coticen por sus ingresos reales, los cambios en el periodo que se toma para calcular la pensión o el nuevo factor para garantizar la equidad generacional se deberán poner sobre la mesa a la vuelta del verano.

Un reciente informe del FMI sobre las pensiones en España alertaba que, más pronto o más tarde, habrá que hacer una profunda revisión de todo el sistema: las jubilaciones deberán ser más acordes con la esperanza de vida, se necesitará mayor proporción de gente trabajando, aumentar la productividad, elevar la natalidad, acoger más inmigrantes y reducir la capacidad adquisitiva de las pensiones en comparación al último salario. Es decir, el mencionado informe vendría a ser como una carta a los Reyes Magos, con su dosis de carbón incluida. El problema es que no venía acompañado del manual de instrucciones para hacer realidad los objetivos planteados.

Volviendo a un nivel mucho más pragmático de la cuestión, uno de los asuntos más hirientes está relacionado con la esperanza de vida. Y es que resulta muy injusto que el sistema fije la edad de jubilación sin distinguir las diferencias que existen entre las profesiones. Algo que está estrechamente ligado con la formación. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), las personas con estudios primarios o inferiores suelen trabajar en las actividades más penosas y viven, de media, cuatro años menos que los que tiene formación superior.

Por consiguiente, es de justicia establecer las medidas necesarias para que los menos agraciados no acaben pagando buena parte de las pensiones de las clases más favorecidas.

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 12/07/21

PIEDRAS EN EL CAMINO

 Si algo ha escaseado siempre, tanto en Cataluña como en el resto de España, ha sido el dinero público para dar las prestaciones y servicios adecuados a los ciudadanos. Ese es el motivo más importante, aunque no el único, por el que las becas comedor nunca han llegado a todos los niños que las necesitaban, ni las ayudas sociales a las personas vulnerables o que la sanidad pública esté colapsada, y si funciona es por el entusiasmo y las ganas de hacer de los profesionales. De la misma manera que la enseñanza está bajo mínimos y se sostiene, al igual que la sanidad, porque la gente que se dedica a la docencia tiene unos valores a prueba de desaliento.

Aquí nunca se han atado los perros con longaniza, pero la insuficiencia de recursos se puso descaradamente de manifiesto a partir de la crisis económica de 2007. Entonces, la brillante idea que tuvieron los gobiernos, todos sin excepción, fue recortar gastos, en especial los dedicados a las personas, para cuadrar los números. En esa vorágine del recorte destaca un ejecutivo por encima del resto en su afán por disminuir el gasto público: ese fue el Govern de Artur Mas, que él mismo calificó como el “Govern dels millors”. Pues bien, ese Gobierno tiene el dudoso honor de haber sido el ejecutivo de toda Europa que más y más rápido recortó en el terreno de las prestaciones sociales.

Una de las muchas ventajas de los sistemas democráticos es que cuando los gobernantes llevan a cabo trapacerías, más pronto o más tarde, acaban saliendo a la luz.  En esta ocasión ha sido el Tribunal de Cuentas el que ha hecho aflorar los trapicheos de los sucesivos gobiernos habidos en la Generalitat entre 2011 y 2017. Resulta que Artur Mas que, tan diligente estuvo recortando servicios y prestaciones sociales, desviaba dinero para fines tan poco lícitos como, por ejemplo, explicar y promocionar por el mundo la consulta del 9-N.

Ahora, después de varios años de pesquisas el Tribunal de Cuentas reclama 5,4 millones de euros por la acción exterior de la Generalitat en el tiempo de máxima efervescencia del procés. En total, son 34 altos cargos imputados. La cifra más alta la debe aportar el que fuera secretario general del Diplocat, Alberto Royo, que ha de responder con 3.633,253 euros, acto seguido Artur Mas que la igual que el que fuera conseller de Economía, Andreu Mas Colell, han de hacer frente a una multa de 2,8 millones de euros y con 1,8 y 1,9 millones de euros Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, respectivamente.  Además, responden delante del Tribunal de manera solidaria, es decir qué si alguno de los encausados no hace frente a sus responsabilidades, serán sus compañeros de aventuras los que se hagan cargo de la deuda.

No entraré en el galimatías técnico jurídico de si ese Tribunal es competente o no, o tiene la necesaria independencia para fiscalizar ese affaire. Lo que   me hace mucha gracia es que los encausados acusen al Tribunal de Cuentas de saltarse el Estatut. Hay que jorobarse. Eso lo dicen precisamente aquellos que los días 6 y 7 de septiembre de 2017 se pasaron la Constitución y el Estatuto por el arco del triunfo. Como solía decir mi abuela: “quítate que me tiznas le decía la sartén al cazo”.

En opinión del ministro de Fomento, José Luís Ábalos, decisiones de ese tipo pueden suponer “piedras en el camino”, para normalizar la situación en Cataluña. Es posible.

No obstante, yo quiero limitarme aquí a hacer un análisis de la situación como ciudadano de a pie. Al igual que esos cientos de miles de mujeres y hombres que se levantan cada mañana para, con mucho esfuerzo, llegar a final de mes con cierta tranquilidad y sacar la familia adelante. Y lo que sé es que el Govern dels millors”, entre otros muchos servicios y prestaciones suprimió casi dos mil camas hospitalarias y unos 1.200 puestos de trabajos de personal sanitario que, a lo largo de todo el tiempo que llevamos de procés aún no se han recuperado. En consecuencia, no puedo evitar preguntarme: con ese dinero que, según el Tribunal de Cuentas se gastó indebidamente, ¿Cuántas becas comedor se hubiesen podido dar a niños vulnerables? ¿Cuántas Pirmis y o ayudas se hubieran podido otorgar a familias y/o personas en riesgo de exclusión social? ¿Y cuantas camas hospitalarias o puestos de trabajo de sanitarios se hubiesen recuperado si el dinero mal gastado se hubiese empleado de manera adecuada? O…

Podría seguir haciendo infinidad de preguntas, pero estoy seguro que se ha captado la intención de esta columna. Y es que que los gobernantes tienen que ser como la mujer del César, que no solo debía ser honrada si no aparentarlo. Y los líderes secesionistas con responsabilidades políticas, a juzgar por los datos que tenemos sobre la mesa, no fueron nada virtuosos con el dinero de todos, afinaron mucho (demasiado) con las partidas dedicadas a las mejoras sociales de las personas y, en cambio, tuvieron la manga excesivamente ancha para cuestiones que ni tenían competencias ni compartíamos más de la mitad de los catalanes.

Por lo tanto, si las acusaciones que hace el Tribunal de Cuentas son ciertas y demostrables que asuman responsabilidades y devuelva hasta el último euro malgastado.

El que la hace la paga.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 06/07/21

INDULTOS SÍ, CORRESPONSABILIDAD TAMBIÉN

 La concesión de los indultos a los nueve líderes independentistas presos, por parte del Gobierno de España es, con toda probabilidad, la operación política más complicada de esta legislatura para Pedro Sánchez. En función de cómo se desarrollen los acontecimientos el PSOE podría recibir un fuerte correctivo en las próximas elecciones generales. No obstante, el secretario general de los socialistas y presidente del Gobierno ha decidido hacer una apuesta clara por el diálogo, la negociación y el pacto, es decir, ha apostado por “la Agenda del Reencuentro” como han bautizado los fontaneros de la Moncloa el acercamiento a Cataluña, para solventar el conflicto que estamos viviendo.

Desde que se insinuó la posibilidad de la medida de gracia, han corrido ríos de tinta tratando la cuestión. No ha habido ningún medio de comunicación que, en un momento u otro, no le dedicara su portada, su editorial o ambos espacios a la vez; como tampoco han faltado tertulianos, columnistas y plumillas que han expresado su opinión, a favor de la excarcelación, unos y en contra otros. Por lo tanto, yo no insistiré en la bonanza y/o inconveniencia de la medida. El tiempo nos dirá si ha sido una iniciativa acertada o, por el contrario, el indulto no ha logrado los objetivos que Pedro Sánchez se había marcado: esto es, normalizar la situación política, económica y social de Cataluña.

Quiero, sin embargo, poner el foco en la reacción que se ha producido en la otra ribera, es decir, en el terreno independentista. Nadie con un mínimo de sentido común esperaba que los presos indultados dieran las gracias, algo que ni siquiera es deseable. Ahora bien, tampoco hacía falta que los excarcelados salieran de la prisión de Lledoners enarbolando una pancarta con el Freedom for Catalonia, ni que fueran recibidos con honores casi de Estado. De la misma manera que bravatas como el “vamos a por todas” de Raúl Romeva o “lucharemos por un estado independiente” que dijo Jordi Sánchez, la fanfarronada de Jordi Turull cuando manifestó que “su compromiso no es parcial ni revisable”, al igual que la chulería de Gabriel Rufián en el pleno del Congreso preguntando “cuando va a terminar la represión en Cataluña”, no ayudan a tranquilizar el ambiente. Más bien todo lo contrario y, además, dan argumentos a los que no quieren los indultos. De todas formas, podemos estar tranquilos porque con aliados como estos el Gobierno no necesita adversarios.

Se argumentará que son proclamas para el consumo interno y para mantener alta la moral de los feligreses del nacional independentismo, pero es que al otro lado de la raya también hay personas que tienen su raciocinio y sus sensibilidades a los que les ha costado mucho asimilar lo de los indultos, si ahora tienen que escuchar que “lo volverán a hacer”, “que esto es un derrota para el Estado”, que exigen “autodeterminación  y amnistía”, y otras milongas por el estilo, para ellos es un escarnio y de ahí a  pensar que hubiera  sido mejor que los presos se hubieses quedado en la cárcel solo hay un Pablo Casado atizando las bajas pasiones.

“Dos no se pelean si uno no quiere”, dice un conocido refrán. Cierto, pero también es verdad que para que dos sean amigos lo han de querer las dos partes. El Gobierno de España ya ha dado pasos para intentar solventar el problema. Ahora debe ser el independentismo, encabezado por ERC, porque de los hiperventilados no cabe esperar nada, quien marque el punto de inflexión.

En las últimas semanas habíamos asistido a la representación de la política de las formas, es decir, buenas palabras, fotos de saludos, declaraciones más o menos cordiales y un largo etcétera. Ahora ha llegado el momento de la política de los hechos.

Es probable que en las próximas semanas se constituya la Mesa de Negociación entre Gobierno central y el de la Generalitat, cuando se hagan públicos los nombres de las personas que participaran en las negociaciones empezaremos a tener una idea bastante precisa de la voluntad de las partes para llegar a acuerdos.

A nadie se le pide que renuncie a sus sueños. Sin embargo, si podemos y debemos exigir a los líderes políticos que sean pragmáticos y en la situación que estamos viviendo es primordial que se ocupen de la política de las cosas y, no tanto, de las cosas de la política.

Quiero ser razonablemente optimista y pensar que sobre la mesa se van a poner cuestiones viables dentro de la legalidad y que tengan un encaje constitucional. Para eso, es necesario que ERC se desprenda del marcaje al que les someten los del cuanto peor mejor porque quizás este sea el último tren que pase, en mucho tiempo, con destino a la estación del reencuentro y la concordia, y si descarrila la derecha puede ser la gran beneficiada. Entonces, algunos que, sin mucho entusiasmo han apoyado los indultos, lo lamentarán, pero todos lo vamos a pasar muy mal. En especial los que estamos por el diálogo, la negociación y el acuerdo.   

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 28/06/21

EL PROBLEMA DE LIMITAR LSO ALQUILERES

 

La semana pasada, cuando la comitiva judicial llegaba a su domicilio para desahuciarle, un hombre se suicidó, lanzándose por la ventana, en el barrio de Sants de Barcelona. Sin duda esa notica nos sacudió a todos. Parece mentira que en pleno siglo XXI y en sociedades plenamente desarrolladas se puedan producir desgracias de ese tipo. Sin embargo, suceden.

La fuerte subida de los precios de los alquileres en ciudades fuertemente poblados, como pueden París, Londres, Barcelona, Roma, Madrid o Hong Kong, es uno de los problemas más graves con que han de lidiar las administraciones en los países más desarrollados. Por ello, en los últimos tiempos, se han llevado a cabo diversas iniciativas gubernamentales para frenar esa escalada sin fin.

En nuestro país, después de meses de desencuentros, PSOE y Unidas Podemos han acordado poner un tope a los alquileres en las áreas tensionadas. Los socios de Gobierno han pactado congelar los contratos en vigor en esas zonas y que los nuevos arrendamientos no puedan superar el precio anterior. Ahora hay que ver como ponen negro sobre blanco, llega un texto al Consejo de ministros, empieza la tramitación parlamentaria, y lo más importante: qué ley se aprueba.

La cuestión no es menor porque hace apenas dos meses el Tribunal Constitucional alemán anuló la ley berlinesa que limitaba el precio de los alquileres en la capital germana puesto que invadía competencias del Gobierno federal. En cambio, aquí, el Gobierno ha llevado al Tribunal Constitucional la norma catalana, pero no ha pedido su paralización.

En opinión de diversos juristas de prestigio, expertos en la materia, existe bastante similitud entre el caso alemán y la ley aprobada en el Parlament de Cataluña en septiembre de 2020.  Es criterio generalizado entre esos especialistas que limitar los precios de los alquileres, aunque sea en supuestos concretos y de manera excepcional, supone una injerencia en las funciones reservadas al Estado, según el artículo 140,9 de la Constitución. No obstante, los servicios jurídicos de la Cámara catalana sostienen que tienen competencia para regular el asunto. O sea, el debate técnico jurídico está servido.

El meollo de la cuestión está en discernir si el tope al precio de los alquileres vulnera el derecho a la propiedad del artículo 33 de la Constitución. Es decir, si está afectando una de las facultades esenciales de los dueños de las viviendas.

En opinión del catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, Germán Gómez, “no hay base para decir que una limitación a los alquileres atentaría automáticamente al contenido esencia al derecho de la propiedad”.

El problema es endémico y aquellos polvos trajeron estos lodos. Cada vez es más difícil acceder a una vivienda y cada vez hay que irse a vivir más lejos del centro de las grandes ciudades. Hasta ahora los escasos intentos que han llevado a cabo los gobiernos de turno, para encarar la cuestión, han sido fracasos de solemnidad. En mi opinión, el problema no se ha afrontado ni con el suficiente pragmatismo, ni teniendo en cuenta todos los factores que inciden en él mismo.

La situación es compleja y limitar el precio de los alquileres sin aumentar la demanda no hará que haya más oferta disponible. Al contrario, es muy probable que buena parte de los propietarios retiren activos del mercado, y si eso ocurre la situación empeoraría.

Ciertamente, resulta lento y costoso recuperar una vivienda cuando los arrendadores incumplen sus obligaciones. Lo mismo sucede cuando un domicilio es ocupado de forma ilegal. Eso hace que no sean pocos los propietarios que se resistan a poner más vivienda de alquiler en el mercado. Por lo tanto, sería bueno que se articularan medidas razonables que dieran seguridad jurídica -que no quiere decir abusiva­- a los arrendadores.

Por otra parte, los fondos de inversión están haciendo un flaco favor en el mercado de la vivienda de alquiler y hay que evitar los desmanes porque cuando clavan sus garras en un edificio los inquilinos pueden echarse a temblar. Pero, hasta el momento, poseen el 4% del total. Por consiguiente, su incidencia en el precio global es poco significativa. Eso no significa que no haya que tenerlos en cuenta y marcarlos muy de cerca porque a sus gestores lo único que les interesa es la rentabilidad.

Con este paisaje de fondo, los poderes públicos no deberían retardar por más tiempo su entrada en escena de forma decidida para empezar a poner el problema en vías de solución. Para ello, es ineludible la participación leal y franca de todas las administraciones implicadas.

Se hace indispensable una mesa de diálogo y un marco de colaboración entre el sector público y el privado para sincronizar sinergias. Tan necesarias como las decisiones políticas son las decisiones técnicas, máxime cuando es una evidencia que el dinero público para estos menesteres escasea.

La cuestión ha de plantarse no sólo a nivel de ciudad, que también, pero, sobre todo, a nivel metropolitano. Y eso significa repensar el actual modelo urbanístico y de servicios, desde la red de transporte público, hasta los centros de atención primaria (CAPs), sin echar en el olvido la oferta de enseñanza pública que ha de ser de calidad y asequible.  En este contexto, las administraciones deberían recuperar el concepto de ciudades policéntricas que tan en boga estuvo en los años noventa.

Estamos ante un asunto que no tiene una solución ni sencilla ni rápida.  Pero limitar el precio de los alquileres no tiene un fácil encaje en nuestra estructura legislativa que consagra la economía de mercado.

En consecuencia, parece lógico fijarse, como objetivo a medio plazo,  un parque de vivienda de alquiler con precios por debajo de mercado, para aquella parte de la ciudadanía a la que la situación económica no le permite el acceso al libre mercado.

Eso sería una muy buena política social y de redistribución de rentas.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en e noticies 22/06/2021

PABLO CASADO Y SUS CONTRADICCIONES

 El pasado 31 de mayo, publicaba en esta ventana virtual que es e- notícies, un artículo bajo el título “La parte y el todo” que empezaba diciendo: “Pablo Casado está exultante. La victoria incontestable de Isabel Díaz Ayuso, el pasado 4 de mayo en las elecciones autonómicas de Madrid, ha supuesto un chute de moral en vena para la parroquia pepera” y continuaba “Eso ha hecho que a los líderes del partido popular se les haga la boca agua de pensar que pueden tener, de nuevo en sus manos, los resortes del poder”.  

Sin embargo, en política suele ocurrir como en la vida, que se puede pasar de la euforia a la decepción en menos que canta un gallo y la alegría, a veces, dura menos que una bolsa de chuches en la puerta de un colegio. Quizás por eso, a los populares el espejismo de llegar a la Moncloa les ha durado un mes. Justo el tiempo transcurrido entre la victoria de Ayuso y la imputación judicial de María Dolores de Cospedal y su marido, Ignacio López del Hierro, por su presunta participación en la operación Kitchen que, como saben ustedes, consistió, en esencia, en corromper policías para tapar la corrupción del PP, que, por cierto, se impulsó y financió desde el Gobierno. Ver para creer.

Ciertamente, todos, en mayor o menor medida, vivimos conllevando nuestras contradicciones. Los políticos no son una excepción, pero Pablo Casado es, con toda probabilidad, el líder indiscutible en ese ámbito.

“No tiene que ver con mi etapa” fue la respuesta que dio Casado cuando le pidieron su opinión sobre la imputación de la exsecretaria general de su partido, María Dolores de Cospedal, ya. Pero es que ni siquiera le han abierto un expediente disciplinario, ni la han dado de baja como si han hecho en otras ocasiones similares. Y eso solo puede tener una explicación: Fue Cospedal quién, tras perder en la primera vuelta de las primarias frente a Soraya Sáenz de Santamaría, pidió el voto para Pablo Casado y hoy, gracias a esa iniciativa, Casado es el presidente del PP.

Pero en los últimos días el gran debate en el PP y que está desquiciando a su presidente ha sido si debían asistir o no a la concentración de la plaza de Colón del domingo 13 de junio. Obviamente, han asistido y se han encontrado con sus colegas de Vox y los restos del naufragio de Ciudadanos. Aunque según informaciones de la Delegación del Gobierno la asistencia ha sido más discreta que en 2019 y, desde luego, no ha habido foto conjunta.

La cuestión es que los peperos más templados no quieren compartir, ni espacio ni pancarta, con la derecha extrema. Tanto es así que barones como el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno o el de la Xunta de Galicia, Albert Núñez Feióo, ya dijeron que no asistirían al encuentro de Colón, mientras que el sector más desacomplejado que representan Ayuso y Álvarez de Toledo consideraban que el partido debía ir a Colón sin ningún rubor. Y ahí Casado vuelve a sufrir otra de sus grandes contradicciones porque el pasado mes de septiembre, cuando Santiago Abascal presentó su moción de censura, el presidente del PP quiso marcar territorio con la idea de diferenciarse de la externa derecha y reiniciar el eterno viaje al centro, pero, ahora, la confluencia de la derecha extrema con la “derechita cobarde”, en la concentración del pasado domingo, ha echado por tierra los intentos de desmarque y de centrar al partido hechos durante meses.

Con todo, donde Casado pone en juego su consideración como político (atención que digo consideración, no futuro), es en el tema de los indultos. Porque si recoge firmas contra la medida de gracia, sin proponer otra alternativa que no sea la cárcel, quedará estigmatizado como quedó Rajoy recogiendo firmas contra el Estatut. Aunque eso sí, esa iniciativa es posible que, a corto plazo, le dé pingües beneficios electorales. En cambio, si los populares dejasen de hacer ruido y admitieran, tanto los indultos que, al fin y al cabo, son constitucionales, como la mesa de diálogo entre gobiernos, estarían contribuyendo de manera activa a solucionar un problema que, aunque ellos no crearon, si fueron incapaces de detectar, controlar y resolver.

Por lo tanto, menos lamentarse y más arremangarse porque aquí la responsabilidad es de todos. Del Gobierno en primer lugar, pero de inmediato todos los demás, incluido el primer partido de la oposición, con sus contradicciones y también con las de su líder.

De todos modos, el gran dilema de Casado es, en primer término, la corrupción sistémica que corroe a su partido, después los indultos porque los estrategas populares saben que ese puede ser el primer paso para empezar a normalizar la situación en Cataluña. Igual que saben que la campaña de vacunación anti Covid está funcionando razonablemente bien y que sí los fondos de cohesión europeos comienzan a llegar y se cumplen las predicciones de recuperación económica, las posibilidades de que Pablo Casado llegue a ser inquilino de la Moncloa se puedan perder en la noche de los tiempos. Y eso es lo que hace que Casado y los dirigentes del PP estén perdidos en un mar de contradicciones.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en e-notícies 14/06/2021

 

PEDIR PERDON NO ES SUFICIENTE

 Durante los últimos meses, Vicenç Villatoro ha realizado una larguísima entrevista a Jordi Pujol que ahora ha visto la luz en forma de libro con el título “Entre el dolor i l’Esperança (Proa-Enciclopedia). Pues bien, para entrar en materia, considero importante conocer la trayectoria política del autor de la interviú, Villatoro.

Vicenç Villatoro tiene una extensa hoja de servicios prestados a la Generalitat de Cataluña durante la larga etapa del pujolismo: director del diario Avui, director general de Promoción Cultural de la Generalitat, también fue director de la Fundación Enciclopedia Catalana y de la Corporación Catalana de Radio y Televisión y, como no, diputado en el Parlament de Cataluña. O sea, un auténtico “pata negra” del nacionalismo.

Quizás por eso, no puedo imaginar a periodistas del nivel de Josep Cuní, Soledad Gallego Díaz o Iñaki Gabilondo, solo por poner unos ejemplos, haciendo una entrevista con el sesgo de la que vamos a comentar. Algo así solo lo puede hacer alguien de “la casa”.

Con la publicación de la entrevista el expresident intenta justificar y hacerse perdonar la supuesta ocultación de la herencia de su padre, Florenci.  Pero Jordi Pujol nunca fue un hombre que dio puntadas sin hilo y a estas alturas no va a perder sus costumbres. Por eso, aprovecha el intento de blanqueo que es el libro para asegurar que el independentismo está abocado al fracaso. Opinión totalmente contraria a la que sostenía en 2011, pero rectificar es de sabios. Ahora el expresident se muestra abierto a “fórmulas no independentistas que -con seriedad y garantías- aseguren la identidad, la capacidad de construir una sociedad justa y de facilitar la convivencia”. Más vale tarde que nunca.

Pero vayamos al núcleo duro del libro. A lo largo de la entrevista Pujol no se sale del guion previsto que ya ha repetido en reiteradas ocasiones e insiste en que no es un corrupto. Ahí Villatoro le hace un quite y comenta que “le sale de dentro”. El expresident argumenta que mantuvo el dinero en Andorra por desidia y que nunca encontró el momento para regularizar su situación. Curioso porque podía haber pedido a algún colaborador que le hiciese las gestiones oportunas para normalizar su situación fiscal. En cambio, si encontró tiempo y ganas para pronunciar aquella famosa frase “El Gobierno central ha hecho una jugada indigna” (refiriéndose al caso Banca Catalana). “En adelante de ética y moral hablaremos nosotros” y, también, para reclamar la Estado, un día sí y el otro también, lo que según él se debía a Cataluña.

Pujol afirma que se considera preparado para ir a la cárcel, para arruinarse e, incluso para morir, pero no para el deshonor o la vergüenza pública. Sin embargo, no ha aportado ninguna prueba que certifique su argumentación. Por eso, ni la Fiscalía Anticorrupción ni el juez José de la Mata que ha instruido el caso ven como verosímil que sea la herencia paterna el origen de la fortuna de los Pujol Ferrusola.

Ante esa situación, de tan poca transparencia y nula voluntad de colaborar con la justicia, el ministerio público en sus conclusiones asesta un duro golpe a la familia. Anticorrupción señala que Jordi Pujol tejió una red de clientelismo aprovechando su posición política. El expresident se valió presuntamente de un grupo de empresarios, con los que tenía afinidad ideológica, para “repartirse cuantiosos beneficios” fruto de los concursos públicos que dependían de las Administraciones que Pujol y sus correligionarios controlaban. Después ese dinero se blanqueaba de diversas maneras para evitar tener que rendir cuentas ante la Hacienda pública.

En el escrito de acusación la Fiscalía describe el papel que jugó cada miembro de la familia. En su opinión el matrimonio Pujol Ferrusola dirigía las operaciones, mientras que los hijos, Jordi y Josep, apoyados por Mercè Gironés, exesposa del primero, gestionaban los beneficios de las iniciativas de los patriarcas y el resto de vástagos eran beneficiarios más o menos pasivos de los trapicheos de los mayores; claro está que guardando un cauteloso silencio. A su vez, estos pronto empezaron los vuelos delictivos por su cuenta. Es el caso de Oleguer y Oriol.

Por todo ello, la Fiscalía Anticorrupción acusa a la familia de constituir una asociación criminal, falsedad documental y blanqueo de capitales. En consecuencia, solicita nueve años de cárcel para Jordi Pujol y 29 para el del delfín Pujol Ferrusola. Asimismo, exonera de cualquier responsabilidad a Marta Ferrusola por entender que tiene una demencia grave.

Con toda seguridad, más pronto o más tarde conoceremos la sentencia que vendrá a ser, algo así, como la verdad oficial de lo sucedido en Cataluña desde 1980 hasta 2003. Pero, mucho me temo, que la verdad real de lo que se llegó a cocinar en el lado montaña de la plaza de Sant Jaume, tardaremos muchos años en saberlo, incluso es posible que no lo sepamos nunca.

Por eso, me parece que es muy razonable exigir menos arrepentimiento, menos milongas y más decir la verdad, porque, cuando se trata de rendir cuentas a un pueblo, con pedir perdón no es suficiente. Y es que estamos ante una situación de tantísima gravedad que lamentarse no basta para obtener la indulgencia de la sociedad.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 07/06/2021