FIN DE FIESTA

 

El proceso secesionista catalán, como lo hemos conocido hasta la fecha, tiene los días contados. Las elecciones al Parlament del próximo 14 de febrero deberían ser un punto de inflexión en la política catalana.

Eso no significa que el independentismo vaya a desaparecer, ni mucho menos. Primero porque importantes segmentos de la población tiene las señas de identidad o el sentido de pertenencia muy arraigado y eso es terreno abonado para plantar la semilla independentista. Y segundo porque muchos han hecho de la lucha por la independencia, nominal, su modus vivendi. Durante el pujolismo se creó un extenso entramado de empresas, organismos y entidades, todos ellos controlados por personas, nacionalistas más o menos moderados, leales a la causa que con Artur Mas y sus sucesores mutaron al independentismo; y eso les ha permitido controlar  importantes resortes de poder, como por ejemplo, los medios públicos de comunicación.  Y ahí siguen.

De todas formas la realidad es tozuda y más pronto o más tarde acaba por imponerse. Según una encuesta publicada en el último trimestre de 2020, por el Instituto de Ciencias Políticas y Sociales (ICPS) de la UAB, los catalanes qué creen que se alcanzará la independencia no llegan al 10%. Este dato es muy relevante porque para que una determinada opción política triunfe es fundamental su credibilidad. En cambio, el 42% de los consultados piensan que todo esto acabará con una mejora del autogobierno y el 26% que esta etapa se cerrará con el decaimiento de las reivindicaciones.

La verdad es que aquí nos quisieron dar gato por liebre: se nos prometió que el proceso para conseguir la independencia de Cataluña sería escrupulosamente democrático, cosa que ha sido objetivamente falsa. Nunca fue democrático ni fue constitucional, tal y como la Comisión de Venecia se encargó de recordar. En aquel aciago pleno parlamentario del 6 y 7 de septiembre de 2017, se visualizó el delirio independentista, tumbaron la Constitución, el Estatut y, además, no respetaron la minoría parlamentaria que representaba la mayoría social; y, todo eso, se hizo fuera de los cauces representativos y con total opacidad. Es, por lo tanto, una ofensa a la inteligencia ligar procés independentista con democracia. 

Hay que ser realistas y reconocer que, ni la idea de la unilateralidad ni una separación abrupta de España, tienen recorrido en la UE del siglo XXI. El derecho a la secesión como un derecho fundamental no existe en la vida jurídica ni a nivel del Estado español ni a nivel internacional. Por si alguien tenía alguna duda, una resolución del Parlamento europeo aprobada el pasado 26 de noviembre dice que: el derecho de autodeterminación y, por lo tanto, la independencia no proceden dentro de la Unión, lo deja meridianamente claro

En consecuencia, los independentistas harían bien en dar por finiquitado lo que ellos llaman el mandato del 1 O, la entelequia de la república de los ocho segundos y las bagatelas diversas con que envuelven sus ensoñaciones quiméricas.

Con todo, la independencia como parte integral de un credo ideológico, además de ser legítima, es perfectamente defendible. No obstante, los líderes de un proyecto semejante deberán aprender de los errores que en los últimos años se han cometido en Cataluña y denunciarlos para que no vuelvan a ser las piedras en las que vuelva a tropezar su proyecto.

Aunque el terreno para la discordia y el enfrentamiento estaba abonado con la sentencia del Tribunal Supremo por los recortes a que fue sometido el Estatut de 2006, así como la labor en la sombra de los independentistas más hiperventilados, fue Artur Mas quien puso a Cataluña a los pies de los caballos. Su gestión como máxima autoridad de los catalanes fue, sencillamente, nefasta. Quiso hacer una transición hacia un Estado propio, pero el balance es una Cataluña donde se ha roto la cohesión social, se ha degradado el autogobierno, nos hemos empobrecido como país y como sociedad y hoy el mundo nos mira… y queda perplejo.

La fiesta independentista se ha terminado. Ha llegado el momento de pasar página. Lo primero que debemos hacer es recuperar la convivencia (en mi opinión el valor más preciado que tenemos) y el respeto al Estado de derecho. Después, conseguir que Cataluña vuelva a ser la locomotora de España y la referencia de muchos. Para lograrlo necesitamos una mejor financiación y más autogobierno, con más competencias y más corresponsabilidad en la cogobernanza. Ahora bien, hemos de ser conscientes de que los puentes están rotos, se deberán recomponer y eso costará tiempo y esfuerzo. En este contexto, fue un acierto la moción presentada por ERC en el Congreso de los diputados para poner de nuevo en marcha la mesa diálogo, inmediatamente después del 14 F, que fue aceptada de inmediato por PSOE e IU Podemos, y votada por toda la izquierda y varios partidos nacionalistas. A destacar aquí que JxCat votó, no. Es decir se alineó con PP, Cs y Vox.

Esperemos que tras las elecciones del próximo domingo un nuevo horizonte político se empiece a vislumbrar en Cataluña. Si es así, el esfuerzo habrá merecido la pena. Pero, si las urnas validan el aquelarre independentista, respetaremos los resultados, aunque muchos, entre los que me incluyo, seguiremos en la trinchera plantando cara.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 08/02/2021

LA FALACIA DEL 50%

 

El 26 de noviembre de 2020, el Parlamento europeo votó una enmienda de la diputada de ERC, Diana Riba, en la que se proponía el reconocimiento del derecho de autodeterminación de las entidades sub-estatales que reivindiquen su nacionalidad diferenciada, como, por ejemplo, Cataluña, Flandes o el País Vasco.

La votación dio como resultado 487 votos en contra, 170 a favor y 31 abstenciones. Es decir, los representantes democráticos de los 27 estados miembros del UE, decidieron por abrumadora mayoría que el derecho de autodeterminación y, por lo tanto, la independencia no proceden dentro de la Unión. Se puede decir más alto pero no más claro.

De todos modos, los independentistas más hiperventilados son inasequibles al desaliento, y como parece que la moral de los parroquianos secesionistas flojea, nada mejor que un buen chute de entelequia falaz. Quizás por eso, la candidata de JxCat, Laura Borrás, lanzó un órdago en un acto en Barcelona diciendo que reactivaría la Declaración Unilateral de Independencia (DUI), si los votos secesionistas superan el 50%. Poca broma, porque, aunque pueda parecer una bravata propia de un acto de campaña electoral, algunos estudios demoscópicos están apuntando la posibilidad de un escenario en el que por primera vez el voto independentista rompa el techo de cristal que supone la mitad de los sufragios.

De momento, parece que ni ERC ni la CUP están por la labor. Los republicanos insisten en lo de la vía amplia, es decir, sumar más gente a su proyecto aunque no sean netamente independentistas. Nada que objetar, es una opción legítima. Por su parte, los antisistema han calificado la idea de Borrás de independentismo “mágico” (?). Aunque, en realidad, nunca se sabe porque si alguien se lía la manta a la cabeza y tira por el camino de en medio, quién es el guapo que se queda atrás, para que luego digan que es un traidor a la causa.

De todas maneras, si después de todo se decidieran a dar el paso y hacer una DUI, el fracaso está garantizado. Porque si no hay bastante con el pronunciamiento del Parlamento europeo, hay que tener en cuenta que ningún poder del Estado les daría soporte, que a la élite del capital se le pone la piel de gallina cuando oye hablar del tema por la inestabilidad política e inseguridad jurídica que se generaría y, por si fuera poco, carecen del más mínimo reconocimiento internacional, con estas cartas de presentación, la proclamación de una DUI es lo más parecido a un brindis al sol.

Aunque para mayor seguridad, lo más conveniente, sería llenar las urnas con votos que garanticen dos cuestiones: la primera es que tengamos la certeza de que a quién votemos no es independentista y la segunda que el candidato o candidata y la formación que encabeza tiene el suficiente músculo político para gobernar Cataluña. Esa es la mejor vacuna contra la pandemia secesionista.

Sé que me aparto un poco del hilo conductor de esta columna, pero no quisiera terminar sin dejar una interpelación en el aire, a la espera de que algún independentista informado la responda. Estamos viendo, estos días, los problemas que está teniendo la UE con el suministro de la vacunas. Pues bien, si hubiese triunfado la DUI que se hizo en 2017 hoy Cataluña sería independiente y, por lo tanto, estaría fuera de la Unión; en esas circunstancias, ¿cómo nos hubiéramos abastecido de esos medicamentos?

Quedo a la espera de respuesta.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en El catalán 03/02/2021

LAS ELECCIONES MÁS IMPORTANTES

 

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) anunció, el viernes pasado, que se mantenía el calendario electoral y anulaba, de forma definitiva, el decreto del Govern que pretendía trasladar las elecciones al Parlament del 14 de febrero al 30 de mayo. Tras esa nueva muestra de incompetencia gubernamental (con 137 licenciados en derecho en nómina fueron incapaces de redactar un decreto como Dios manda), nadie ha dimitido, ni, tampoco, nadie se ha dignado a pedir disculpas por el fiasco. Al contrario, la culpa es del “Estado que lo manipula todo”, según la opinión de los dirigentes secesionistas… Hay que jorobarse.

Horas antes de conocerse la decisión del TSJC había empezado la campaña electoral. La campaña más atípica desde que se recuperó la democracia.  Una campaña rara en un Estado perverso y opresor como el español, que permite que unos individuos que fueron juzgados y condenados a prisión por unos delitos tipificados en el código penal, salgan de la cárcel con un tercer grado, sin que hayan cumplido la parte correspondiente de la pena y participen en actos políticos, saltándose además el confinamiento municipal al que estamos obligados todos los ciudadanos.  Más o menos lo mismo que aquellos que lucharon por la República española y fueron encarcelados en los penales franquistas. Para que luego salgan iluminados haciendo comparaciones odiosas. Como diría un viejo amigo “es para mear y no echar gota”, disculpen ustedes la obscenidad.

Pero volvamos al quid de la cuestión: el 14 F.  Puede parecer un tópico, pero estamos ante las elecciones al Parlament más importantes de nuestra historia reciente. Quizás las más decisivas en los últimos 40 años. El futuro de Cataluña, esto es, el porvenir de nuestros hijos y nietos, está en juego. O sea, la Cataluña de las personas.

Hemos llegado hasta aquí después de casi diez años de caos político, y los últimos tres han sido una auténtica anomalía democrática. En esta última legislatura tan solo se han aprobado trece proyectos de ley y se han convalidado 75 decretos, un balance que no llega a discreto. Sin embargo, para los secesionistas todos los problemas que estamos padeciendo tienen su origen en “la represión del Estado” por la aplicación del artículo 155 de la Constitución en 2017 y la inhabilitación de Quim Torra en 2020.

De todas maneras, el hecho cierto es que la gestión que se ha hecho por parte del Govern es francamente mejorable; y eso, no es solo la opinión de los partidos de la oposición, es, también, un criterio compartido tanto por los sindicatos como por la patronal, así como por distintas entidades y asociaciones de diversos sectores que si en ocasiones callan es por miedo a que les cierren el grifo de las subvenciones, cada vez más menguado, por cierto.

“Ningún Gobierno puede funcionar sin unidad, sin una estrategia común compartida entre los socios”, dijo el 29 de enero de 2020 el entonces president Quim Torra, una de las pocas cosas sensatas que se le oyeron decir a lo largo de su mandato. Por eso, estas elecciones son más necesarias que nunca. En el plano ideológico porque es imprescindible pasar página y dejarse ya de martingalas imposibles como un referéndum por la autodeterminación, la proclamación de una república de ocho segundos o hacer una DUI. Pero también en el ámbito de la gestión, baste aquí un apunte: necesitamos, como agua de mayo, para 2022, unos presupuestos con los que poder atajar la brecha social que no para de crecer y evitar que las empresas sigan marchando de Cataluña. Dos condiciones sine qua non para empezar a remontar

Ante esta situación y con un panorama tan complejo está por ver como evoluciona el efecto Illa. No obstante, está claro que es el candidato a batir para el resto de formaciones. Los secesionistas, ya sea ERC o JxCat, porque ven peligrar su hegemonía y temen que el PSC pueda romper su estrategia y hacer imposible que el 14 F sumen. Y los autoproclamados constitucionalistas porque otean que su electorado puede ver al exministro como la persona idónea para poner a raya al independentismo.

De todas maneras, es más que posible que la llave de la gobernabilidad esté en manos de los indecisos. En las elecciones de 2017 votó el 79,5% del censo, ahora los sondeos demoscópicos auguran un 62 %. Me gustaría equivocarme, pero los independentistas, aunque están desmotivados, desencantados y no sé cuántas cosas más, no se quedaran en casa y con una baja participación volverán a llevarse el gato al agua.

Estas elecciones serán una auténtica partida de ajedrez y es posible que no haya un ganador claro. Por eso, será fundamental administrar los tiempos y saber lanzar los mensajes adecuados en los momentos oportunos. Es posible que la aritmética parlamentaria obligue a negociar con el adversario más iracundo. Hay quien apunta que lo importante no será ganar, sino con quién se podrá pactar. Tal vez, pero, por si acaso, yo preferiría ganar.  La experiencia me dice que es la mejor manera de sentarse a negociar.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 01/02/2021

SUSPENSIÓN SUSPENDIDA... CAUTELARMENTE

 

En los últimos días se han hecho infinidad de comentarios y escrito decenas de artículos, algunos por plumas muy autorizadas, sobre la decisión de Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de anular cautelarmente el decreto del Govern que suspendía las elecciones al Parlament del 14 de febrero. Pese a ello, y aunque sé que corro el riesgo de ser repetitivo y poco original, quiero manifestar también mi opinión sobre el affaire.

Digan lo que digan los líderes independentistas el motivo por el cual Pere Aragonés, vicepresidente del Govern, firmó el decreto que desconvocaba las elecciones, no fue tanto por los datos epidemiológicos del coronavirus, sino por la “ocurrencia” de los socialistas de colocar a Salvador Illa como cabeza de cartel de su candidatura para las elecciones autonómicas. Antes de eso, las cosas estaban claras: la victoria de ERC estaba cantada y podrían gobernar en coalición con JxCat. Incluso cabía la posibilidad de que el secesionismo superase el listón del 50% de los votos. Sin embargo, el efecto Illa ha venido a sacudir el tablero político catalán y ya son varios los sondeos que vaticinan una más que probable victoria socialista Además de un posible desplome de ERC que se quedaría como tercera fuerza, por detrás de PSC y JxCat.

Con ese horizonte tan poco halagüeño, el Govern se descolgó con un decreto para suspender las elecciones y proponiendo, de manera poco convincente, convocar más adelante para el 30 de mayo. Ante esa situación tan poco ajustada a derecho, todos los partidos de la oposición y la inmensa mayoría de juristas, no tardaron en calificar el decreto del Govern como una auténtica chapuza. Otra cosa hubiese sido un aplazamiento técnico por unas semanas, pero no más de tres meses que es lo que se pretendía desde el Palau de la plaza Sant Jaume.

Ante la inseguridad jurídica generada por la iniciativa gubernamental, dos formaciones extraparlamentarias y un particular presentaron recursos y es, a partir de ese momento, cuando la sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC, decide mantener de forma cautelar la fecha del 14 F para celebrar las elecciones autonómicas por “interés público” y por la necesidad de salir del bloqueo institucional. Seis de los siete magistrados que conforman el Tribunal consideran que “las medidas sanitarias actuales no limitan desplazamientos” para actividades no esenciales, por el contrario, uno de los magistrados ha manifestado su disconformidad en un voto particular. De todos modos, el Tribunal advierte que si las restricciones se intensificaran no se descarta cambiar el criterio en la sentencia definitiva que será pública, como muy tarde, el 8 de febrero.

En esa resolución se ha tenido en cuenta que “la decisión afecta al derecho fundamental de sufragio activo y pasivo, o derecho de voto, cuya suspensión no está prevista en el marco estatal del estado de alarma”.

En opinión del catedrático de Derecho Constitucional, Javier Pérez Royo, el ordenamiento jurídico español no contempla ningún supuesto en que se pueda cambiar la fecha de celebración de las elecciones fijada en el decreto disolución/convocatoria. Esa capacidad no la tiene ni el presidente del Gobierno, ni el de la Comunidad Autónoma, ni el Poder Judicial. Además, hay que recordar aquí que tras la destitución del anterior president, Quim Torra, se dejaron transcurrir los plazos legales sin que se presentase ningún candidato, por lo que los comicios quedaron convocados automáticamente el 21 de diciembre.

Es cierto que esta normativa no se tuvo en cuenta ni en Galicia ni en el País Vasco. No obstante, para clarificar las cosas conviene subrayar un par de cuestiones: cuando en esas CC.AA se pospusieron esas elecciones estábamos confinados, algo que no ocurre ahora y, sobre todo, nadie interpuso un recurso contra los presuntos decretos ilegales que las posponían, algo que sí ha ocurrido ahora en Cataluña.

Ante el serio correctivo que han aplicado los tribunales al Govern, los líderes independentistas han recuperado la retórica victimista. Para variar han vuelto a hablar de un nuevo 155, esta vez encubierto. Sin embargo, lo que ellos han tumbado, en realidad, ha sido el artículo 67.7 del Estatut y el 4.6 de la Ley de la presidencia de la Generalitat que son las normas que regulan los procesos electorales en Cataluña.

Ante tanto desbarajuste y, aunque pueda parecer un tópico, más que nunca necesitamos votar. Estamos llegando a un punto en el que la situación empieza a ser insostenible. Cataluña está en caída libre. Se ha roto la cohesión social, la sociedad está dividida en dos mitades y hemos perdido la autoestima. La economía es un desastre, Madrid nos ha superado ya en aportación al PIB y de seguir así pronto nos superará Valencia. El país funciona por inercia, pero eso no puede durar de manera indefinida, cualquier día el motor se gripará y si eso sucede la reparación será muy larga y muy costosa.

En estas circunstancias, tan solo un proceso electoral impecable del que todos acepten democráticamente los resultados, puede servir para empezar a salir del agujero en el que la irresponsabilidad de algunos nos ha situado. Por eso, lanzar globos sonda apuntando que de celebrase las elecciones el 14 F, existe un serio riesgo para la salud de los ciudadanos y, a la vez, insinuar que si la participación es escasa y los resultados no son los que el independentismo espera, pueden quedar deslegitimados, es una mezquindad.

Mucho más si se hace desde los medios públicos y encima que sean personajes de prestigio social y/o profesional los que lancen los mensajes. Y es que de vilezas, mezquindades, canalladas y manipulaciones estamos hasta más arriba.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 25/01/2021

MIEDO A LAS URNAS

 

¡Cómo cambian las cosas! “President posi les urnes” pedía, en 2014,  la entonces presidenta de la ANC, Carme Forcadell, instando de esa manera a Artur Mas a convocar un simulacro de referéndum, que terminó llevándose a cabo el 9 de noviembre. Después, en 2017, hizo fortuna un eslogan que decía, “votar es normal en un país normal” y que pretendía espolear a la ciudadanía para que fuera a votar en otro amago de referéndum sin los mínimos estándares democráticos porque por no tener, no tenía ni censo; me estoy refiriendo a la parodia del 1 de octubre de 2017. Sin embargo ahora, los miembros del Govern no lo ven igual. Parece que las urnas les producen urticaria.

Pronto se cumplirá un año desde que Quim Torra anunció que la legislatura estaba agotada por la falta de confianza entre los miembros del Ejecutivo y en cuanto se aprobaran los presupuestos para 2020 se convocarían elecciones. Desde entonces, en Cataluña se vive con una sensación de interinidad política permanente. La cicatería y las añagazas, para prolongar artificialmente la legislatura, han sido incontables, hasta que la situación se convirtió en insostenible y se convocaron las elecciones al Parlament de forma automática. Fue el 21 de diciembre, tras la inhabilitación de Quim Torra y cumplirse los plazos establecidos legalmente sin que surgiera ningún candidato a presidir la Generalitat.

Entonces, el Govern constituyó un grupo de expertos para que asesorara en función de cómo iba evolucionando la pandemia para poder garantizar al máximo la seguridad el día de la votación.  Además, el Ejecutivo catalán se comprometió a consensuar con la mesa de partidos, con representación parlamentaria, creada al efecto, la celebración de los comicios.

En ese contexto, y ante el debate creado sobre si se podía votar o no, el 14 de febrero, el responsable en Cataluña de los procesos electorales, Ismael Peña-López, días atrás, lanzó un mensaje en twitter en el que aseguraba que se dan las condiciones para para celebrar elecciones el 14-F, otra cosa es “si se quiere”, decía textualmente.

Por otra parte, la desfachatez de los medios públicos de comunicación catalanes, y de los subvencionados por la Generalitat, se ha puesto de nuevo de manifiesto. Desde unos días antes que se reuniera la mesa de partidos para tomar una decisión sobre si se debían suspender o no las elecciones, empezaron a difundir mensajes advirtiendo del supuesto alto riesgo que supondría ir a votar el 14 F. Se trataba de ir creando el caldo de cultivo adecuado.

Ciertamente curioso. Es un peligro ir a votar y, sin embargo, no lo es ir a trabajar, encerrarse en el transporte público, a veces como sardinas en lata, hacer la compra o mandar a los niños a esquiar, como planea el Govern. Y para echar un poco más de leña al fuego, en opinión del secretario de salud Pública, Josep María Argimón, “hacer las elecciones no es el mejor escenario” (?), ¿pero este señor no sabe o nadie le ha dicho que desempeña un cargo técnico y no debe hacer manifestaciones políticas? Vaya nivelazo tenemos.

Tampoco ha sido muy edificante la actitud de las formaciones políticas que no están en el Govern. Ahí se ha puesto de manifiesto que cada cual va a la suya, sin tener en cuenta el interés general. A Podemos, PP y Ciudadanos ya les va bien que de momento no haya elecciones, y la CUP espera recoger votos del desgaste que puede sufrir ERC. Por lo tanto, bienvenido sea el aplazamiento. Cuando menos el PSC ha tenido la gallardía política de defender lo que se había acordado entre todos; y en su defecto planteó la alternativa de que las elecciones se celebrasen antes de Semana Santa, algo que tampoco fue aceptado. En cambio, si se podrán celebrar las elecciones del Barça, el 7 de marzo (?)

No entraré en el galimatías jurídico que conlleva la suspensión de los comicios (que eso es lo que dice el Decreto Ley que se ha publicado en el DOGC), lo que sí me parece obvio es que esa decisión tiene muy poco que ver con motivos epidemiológicos, y mucho con el tacticismo electoral. En opinión de diversos juristas consultados la legalidad de esa decisión, firmada por el vicepesident y president en funciones, Pere Aragonés es bastante cuestionable. Además quedan en el aire cuestiones como la necesidad de un nuevo censo, que los partidos puedan modificar sus candidaturas o la recogida de avales de las formaciones que se presentan por primera vez. Temas que ante el vacío legal existente deberá ser el Tribunal superior de Justicia de Cataluña o la Junta Electoral Central quien determine que se puede hacer y qué no.  Tampoco está claro si Pere Aragonés tiene las atribuciones legales necesarias para convocar nuevos comicios.

Llegados a este punto se me ocurren algunas cuestiones que no puedo dejar de reflejar aquí, por ejemplo: ¿Se puede garantizar que a finales de mayo tendremos la pandemia bajo control? Y si no es así, ¿se podrán volver a posponer los comicios y fijar otra fecha? ¿No se crea un peligroso precedente con este aplazamiento? Y quizás la pregunta menos inocente de todas, ¿Tiene algo que ver con este decisión la nominación de Salvador Illa como cabeza de cartel de los socialistas? Me gustaría que alguien con conocimiento de causa diera respuestas argumentadas.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notíices 18/01/2021

 

PIEDRAS DE PAPEL

 

Las noticias que llegan de EE.UU, en el final del mandato presidencial de Donald Trump, por un lado y la incerteza que genera la situación pandémica de la Covuid-19, por otro, hacen que vivamos momentos de fuerte convulsión política y social. En este contexto, me parece oportuno hacer una reflexión sobre el recorrido que, como sociedad en términos políticos, hemos hecho hasta ahora, y el que desde ahora deberíamos hacer.

En sus orígenes la izquierda despreció la democracia liberal, pues entendía que era el instrumento mediante el cual la burguesía se había librado del absolutismo y utilizaba para explotar a la clase trabajadora. De ahí que, en el caso concreto de España, la izquierda no quisiera repúblicas burguesas, sino revoluciones obreras que instauraran dictaduras proletarias; es decir, despojar a capitalistas y burgueses de los medios de producción y ponerlos en manos da la clase trabajadora. Sin embargo, en algún momento del trayecto, algunos comprendieron que si la democracia proporcionaba el gobierno y la clase obrera era más numerosa que las clases acomodadas, las urnas podían generar la revolución, porque podrían ser el aliado para conseguir el poder. De ahí que el politólogo, Adam Pizeworski, nacido en Varsovia en 1.940, acuñara el concepto “piedras de papel”.

Simplificando mucho, podemos decir que, la socialdemocracia es una síntesis entre capital y trabajo: redistribuir la renta y generar oportunidades en un marco político y económico de carácter liberal. Los socialdemócratas ganaban elecciones, pero a cambio tenían que aceptar la economía de mercado y el sistema de derechos de propiedad, consustancial a la democracia liberal, algo que hoy todavía divide a la izquierda.

A pesar del tiempo transcurrido, el núcleo duro del proyecto político socialdemócrata no ha sufrido variaciones sustanciales, como tampoco lo ha hecho su posición en el tablero político. A la derecha están los que creen en el mercado y no en el Estado, porque en su opinión el primero redistribuye de forma más eficaz. Por lo tanto, no tienen problema con la desigualdad puesto que para ellos es algo que hay que aceptar como natural. Por eso, piensan que el Estado de bienestar es un anacronismo a desmantelar para favorecer la competitividad. Para conservadores y liberales no solo hay que adelgazar el Estado tanto como sea posible, sino que hay que limitar los derechos sociales y aligerar el concepto mismo de democracia, esto es: sustraer de la acción política áreas cada vez más amplias e importantes, como la política monetaria o la fiscal y ponerlas en manos de tecnócratas, en teoría, lejos del mundo de los políticos, de esa forma se reduciría el poder transformador de las “piedras de papel”.

Al otro lado de la socialdemocracia se siguen situando los que piensan que la libertad de mercado es incompatible con el progreso social. La crisis financiera de 2008 revigorizó a la vieja izquierda que, aunque ha reaparecido con novedosas herramientas de comunicación, no ha dejado de plantear las recetas trasnochadas de siempre: nacionalización de sectores estratégicos, redistribución desligada de la producción y, en muchos casos, aislamiento económico internacional. Sin explicitarlo claramente, consideran necesario desmantelar el orden político y económico liberal que conciben como algo perverso y el origen de todos los males que nos afectan.

Pues bien, entre esas dos fuerzas antagónicas sigue estando la socialdemocracia. Pese a los cambios y evolución a lo largo del tiempo, el proyecto socialdemócrata continúa convocando a los que aspiran a la igualdad sin renunciar a la libertad y a todo aquellos que después de los desastres socio-políticos del siglo XX y principios del XXI, se han convencido de que la economía de mercado es imprescindible para generar riqueza y poder redistribuir.

Ante esta situación, se hace difícil entender las dificultades electorales que desde hace un par de décadas viene cosechando la socialdemocracia. Para algunos la explicación está en que los mercados han sabido burlar la regulación que los socialdemócratas quisieron imponer en la segunda mitad del siglo pasado. En cambio otros apuntan que la socialdemocracia ha muerto de éxito al lograr, mediante una mezcla de liberalismo económico y políticas sociales, convertir a una parte sustancial de aquellos trabajadores desposeídos que eran su base electoral en las nuevas clases medias proletarias que han evolucionado hacia el conservadurismo.

Por otra parte, los movimientos rupturistas han alcanzado buenas dosis de adeptos, aunque se ha demostrado que no tienen soluciones, es el caso de Donald Trump, ya en caída libre, pero no el trumpismo al que aún le queda un largo recorrido. Lo mismo se podría decir de movimientos nacional-populistas que anidan entre nosotros.

Muchos, entre los que me incluyo, pensábamos que con el crack de 2008 había llegado el momento de la socialdemocracia. No fue así.  No obstante, en un mundo cada vez más interdependiente, solo un proyecto modernizador y reformista puede dar respuesta, en sociedades avanzadas y complejas a los múltiples problemas que tenemos planteados.

Pero para que eso sea posible, es necesario que esgrimamos argumentos serios y hagamos diagnósticos rigurosos de cada situación, evitando eslóganes fáciles que pueden confundirse con populistas. Las propuestas reformistas acabarán abriéndose paso si se hace de manera seria y responsable. Al final, la lógica y el sentido común siempre acaban imponiéndose.  

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 13/01/2021

A FUEGO LENTO

 

La noticia saltó a media mañana del penúltimo día de 2020: Miquel Iceta anunciaba que daba un paso al lado y cedía su sitio, como candidato del PSC a la presidencia de la Generalitat, a Salvador Illa, secretario de organización de los socialistas catalanes y ministro de Sanidad del Gobierno de España.  La buena proyección mediática del ministro hace creíble que los socialistas puedan dar el sorpasso al secesionismo el próximo 14-F.

Hacía meses que en los conciliábulos políticos barceloneses se especulaba con esa posibilidad, pero nada consistente se había filtrado desde la sala de máquinas del PSC. Más bien al contrario. A principios de otoño el propio Iceta quiso acabar con las especulaciones y en una entrevista en TV3 afirmó, con rotundidad, que él sería el candidato. No obstante, días antes de Navidad corrió el rumor de que Miquel Iceta convocaría a la prensa para anunciar “algo importante”. Blanco y en botella. Sin embargo, llegaron las Fiestas, nos comimos los turrones y descorchamos el cava sin novedades.

Miquel Iceta es un político de largo recorrido. Empezó su militancia, muy joven, en el Partido Socialista Popular (PSP) de Enrique Tierno Galván. Cuando esa organización fue absorbida por el PSOE Iceta pasó al PSC. A partir de ahí inició una importante carrera que llegó a su punto álgido con el acceso a la primer secretaría del socialismo catalán en julio de 2014. Justo cuando el derecho a decidir estaba en plena efervescencia y el PSC pasaba por uno de sus peores momentos desde su fundación en 1978. Entonces Iceta mostró su talla de dirigente, con templanza, paciencia y mucha mano izquierda el socialismo catalán poco a poco fue remontando la situación, aunque desde el mundo nacionalista se daba a los socialistas por amortizados.  Es evidente que, si en aquellos días aciagos el PSC hubiera sucumbido, hoy Pedro Sánchez difícilmente estaría en la Moncloa.

Para relanzar el partido Iceta contó, desde 2016, con Salvador Illa que asumió la secretaría de organización. Un semidesconocido que demostró una capacidad de trabajo y de llegar a acuerdos fuera de lo común. Vertebrador de las negociaciones con ERC para que estos apoyaran la investidura de Sánchez, artífice del acuerdo entre JxCat y el PSC para que Nuria Marín presidiera la Diputación de Barcelona; de la misma manera que puso su grano de arena para llegar a pactar con En Comú Podem y hacer un gobierno de coalición en el Ayuntamiento de Barcelona, desplazando así a ERC de la gobernanza de la ciudad.

Miquel Iceta es un político sólido y de considerable prestigio, tanto en el ámbito interno del PSC como en la calle Ferraz de Madrid y por extensión en el palacio de la Moncloa. Pese a todo, las encuestas, desde principios de verano, venían diciendo que, aunque el ascenso de los socialistas, con Iceta a la cabeza sería considerable el 14 de febrero, no sería suficiente para arrebatar la hegemonía al independentismo. Sin embargo, con Salvador Illa al frente, las posibilidades de obtener un gran resultado eran mayores e incluso se podría ganar en votos a ERC. 

Por eso, este cambio de candidato se ha cocinado a fuego lento. Es la consecuencia de un largo proceso de reflexión. El pasado mes de noviembre, en pleno pico de la pandemia, Pedro Sánchez y Miquel Iceta se reunieron en la Moncloa y rubricaron el cambio, a la vez que acordaban no hacerlo público hasta el 30 de diciembre, día límite para confirmar la candidatura en el Consell Nacional del PSC (máximo órgano entre congresos).

Desde luego la apuesta es arriesgada, a la oposición le ha faltado tiempo para salir en tromba a criticar la maniobra. Los que hace cuatro días pedían su dimisión ahora consideran una irresponsabilidad que el ministro de Sanidad deje el cargo. Olvidan que ese es un trabajo de equipo, con la hoja de ruta trazada, de coordinación y también de lealtad institucional. Lealtad institucional, algo que en algunas comunidades autónomas han demostrado no saber lo que es.

En opinión de Albert Batet, presidente del grupo parlamentario de JxCat, “con este movimiento el PSC pone de manifiesto su anti catalanismo”. Y para Laura Borras, “esto nos confirma que el PSC sigue siendo el PSOE”, (sic).

El hecho cierto es que la maniobra ha supuesto una fuerte sacudida en la tablero de la política catalana y, seguramente, en el de la española a medio plazo. Días atrás parecía que todo estaba decidido y solo faltaba saber por cuan iban a ganar los independentistas. En cambio ahora todo está abierto y es posible que el encaje de bolillos tenga que volver a funcionar.

Lo acertado o no de esta estrategia lo sabremos el 14 de febrero a partir de las ocho de la noche. No obstante, ya podemos ir extrayendo unas cuantas consecuencias, primera, Iceta ha sabido apartarse cuando lo más fácil e, incluso humano, hubiera sido mantenerse contra viento y marea. Segunda, el PSC, recupera la ambición autonómica y va a por todas. Tercera, los adversarios se han puesto nerviosos, la prueba evidente es que, tanto los de aquí como los de allí han salido a criticar en aluvión, algunos con auténticas boutades (tradúzcase por tonterías). Cuarta y, quizás, la de mayor calado político, con el soporte inequívoco de Sánchez a esta iniciativa se pone de manifiesto que se quiere recuperar el terreno de la política para solucionar el problema entre Cataluña y el resto de España.

En fin, podría esgrimir alguna razón más del acierto de este cambio, pero se me acaba el espacio y las expuestas me parecen bastante razonables.

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 04/01/2021