ESPERPÉNTICO AUTO JUDICIAL

Vivimos en una sociedad sobre informada. Quizás, por eso, la decisión del magistrado Ángel Hurtado, instructor de la causa abierta contra el fiscal general del Estado por un delito de revelación de secretos vinculado a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, de dejar en suspenso el procedimiento hasta que la Sala de Apelaciones resuelva todos los recursos presentados por las defensas y las acusaciones contra las decisiones del juez, por considerar que no existen indicios para sustentar ese paso, que a mí me parece de la máxima importancia, haya pasado desapercibida.

Vaya por delante que estoy convencido de que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, es inocente del delito de revelación de secretos que le imputa el magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado. Me atrevo a hacer esta contundente afirmación, después de haber seguido el presunto affaire desde que saltó a los medios de comunicación y tras haber leído buena parte de lo publicado y escuchado infinidad de opiniones sobre el tema en todos los sentidos.

Al hilo de este affaire, me he acorado de Demetrio Madrid, primer presidente del Gobierno de Castilla y León.  Madrid, en  octubre de 1986, daba a conocer su decisión de dimitir de sus cargos al conocer su procesamiento por un presunto delito social a consecuencia de la querella presentada por varias trabajadoras de la empresa textil que había vendido al llegar al cargo, delito del que fue absuelto cuatro años más tarde, pero que abrió la puerta al entonces diputado por Ávila y presidente de Alianza Popular en la comunidad, José María Aznar, hecho que cambió hasta el día de hoy el rumbo político del territorio y el de todos nosotros. La cuestión es que la injusticia ya se había cometido y Demetrio Madrid nunca volvió a la política activa, y casos como ese ha habido unos cuantos en nuestra reciente historia democrática.

Pero vayamos a los hechos: Todo este embrollo empezó cuando la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, admitió haber cometido fraude ante Hacienda y supo que terminaría encausado, su abogado envió un correo al fiscal del caso en el que reconocía dos delitos contra la Hacienda Pública y proponía pagar una multa a cambio de rebajar la pena prevista de al menos dos años de cárcel a solamente ocho meses. La Fiscalía le contestó, también por correo, que podían emprender las conversaciones para llegar a un acuerdo, sin más detalles.

Entonces, Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta madrileña, filtró a varios medios ese segundo correo, pero omitió el primero, lo cual podía hacer pensar que la propuesta de acuerdo partía de la Fiscalía y no del acusado. Tras esa manipulación, varios medios de comunicación restituyeron la verdad y contaron que la oferta de conformidad —un trámite perfectamente legal en delitos fiscales— había partido del defraudador confeso. Al día siguiente, el fiscal general del Estado ordenó difundir una nota que ratificaba la versión veraz de los hechos y detallaba la cronología de lo sucedido. Alberto González Amador y el Colegio de Abogados de Madrid se querellaron contra la Fiscalía por, supuestamente, revelar esas comunicaciones. Ahora, ocho meses después, el instructor del Supremo ha decidido someterlo a juicio.

El magistrado interrogó a varios periodistas de muy distintos medios y la mayoría declaró que conoció los supuestos secretos mucho antes de que los citados correos llegaran al fiscal general. Estos testimonios exculpaban a García Ortiz y sembraban todavía más dudas sobre el caso. Sin embargo, el juez Hurtado desdeñó estas declaraciones —independientes entre sí— y las calificó de “no creíbles” pese a ser coincidentes, pero no denunció por falso testimonio a sus autores, como sería preceptivo. En su auto, además, introduce una conclusión —sin explicar en qué datos se basa— no incorporada antes: según el juez, García Ortiz actuó “a raíz de indicaciones recibidas de presidencia del Gobierno”.

Todo indica que la instrucción que se ha seguido está fuera de toda normalidad. Y da la sensación de que el resultado de esta estaba decidido de antemano por el instructor, a la vista de cómo ha ido tratando los elementos fácticos que han ido apareciendo en la investigación.

Quizás este esperpéntico auto, en realidad, solo sea la punta de un iceberg y los auténticos motivos del dislate haya que buscarlos en el enfrentamiento soterrado que desde que se otorgaron los indultos a los líderes del procés y, sobre todo, por la aprobación de la ley de Amnistía y los cambios del delito de sedición y malversación, mantienen el Gobierno y el Tribunal Supremo. Para algunos, el magistrado Manuel Marchena que dirige la sala de lo Penal es el auténtico jefe de la oposición a la sombra

Llegar a la conclusión de que fueron el fiscal general del Estado y la fiscal provincial de Madrid quienes filtraron el correo del abogado de González Amador a la prensa no se sostiene. Por eso, la cuestión es que si, finalmente, García Ortiz es procesado, será la primera vez que un fiscal general del Estado se sienta en el banquillo. El Estatuto Fiscal prevé la suspensión de empleo y sueldo para los fiscales cuando se encuentren en una situación como la que nos ocupa. Sin embargo, según ese mismo Estatuto el fiscal general García Ortiz está fuera de la carrera y no se le aplica ese Reglamento. Para numerosos juristas la instrucción del magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado deja mucho que desear por anómala. De todas formas, no son pocos los juristas que sostienen que la imagen de un fiscal general sentado en el banquillo supondría un grave deterioro para la institución. El affaire ha abierto múltiples interrogantes y debates: ¿Tiene base la causa judicial? ¿Debería dimitir el fiscal general?

La mujer del César no solo debe ser honrada, sino que debe aparentarlo, dice el conocido adagio. Por consiguiente, es comprensible que sean muchas las personas que piensen que García Ortiz debe dimitir. Sin embargo, estamos ante una situación esperpéntica porque se han hecho las cosas por intereses espurios y no conforme a Derecho. Por lo tanto, por una vez, y, sin que sirva de precedente, el fiscal general del Estado debe permanecer en su puesto porque más pronto que tarde acabará sabiéndose la verdad.

 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en el web de CÒRTUM 21/07/2025