SÍ..., PERO

El papel lo aguanta todo. Otra cosa es llevar a la práctica aquello se pone por escrito. Por eso, si el plan estatal de lucha contra la corrupción que presentó el presidente Pedro Sánchez en el Congreso de los diputados, el pasado miércoles, se pone en marcha y se aplica de manera adecuada, puede suponer un giro de 180 grados en nuestro país y colocar a nuestra democracia entre una de las más estrictas y contundentes a la hora de luchar contra esa lacra que son los amaños de contratos y las mordidas a cambio de adjudicación de obra pública. Sin duda, una de nuestras asignaturas pendientes, más importantes, desde la recuperación de las libertades.

Los grandes partidos, sin excepción, tienen en su recorrido episodios de corrupción: le sucedió al PSOE en la época de Felipe González y le ocurrió a CiU, hasta el punto de que desapareció asfixiada por su famoso 3%. Pero quién se ha llevado el premio a la deshonestidad ha sido el PP. Los populares tienen en su palmarés casos de corrupción para aburrir. Resulta imposible establecer el número de cargos públicos con carné del Partido Popular que han dado con sus huesos en la cárcel por trapicheos y corruptelas de más o menos envergadura. Pero no solo es corrupción meter la mano la caja, también lo es, además de fraude, las falsedades de José María Aznar siendo presidente del Gobierno, cuando no dudó en mentir a la ciudadanía con la falacia de las armas de destrucción masiva en la guerra de Irak, y atribuyendo los atentados de Atocha a ETA, a pesar de que los servicios de inteligencia alemanes ya advertían que la banda terrorista no los había cometido. Fue igualmente corrupto un tal M. Rajoy que cobraba en negro del partido para complementar su sueldo como líder de la oposición. Escribo esto porque, por higiene democrática, conviene no olvidarlo.

Pero vayamos al núcleo duro del asunto: La credibilidad del sector de la obra pública está bajo mínimos y los affaires del trío toxico (Cerdán, Ábalos, Koldo), han puesto sobre la mesa un tenso debate político sobre el endurecimiento de las penas a constructoras que sobornen y apañen licitaciones, y a altos cargos y funcionarios que se dejen corromper.

La normativa existente en nuestro país para estos asuntos es muy similar a la de otros lugares de la UE. La reforma de 2017 de la Ley de Contratos del Sector Público tiene como referencia la transposición de tres directivas europeas de contratación de 2014, lo que de facto armoniza la norma en toda Europa. Otra cosa es como se aplica esa normativa. De hecho, desde Bruselas se advierte sobre la necesidad de más control frente a la corrupción y los avisos se reparten, prácticamente, entre todos los miembros de la UE.

La cuestión es que los affaires del trío toxico, ya mencionado más arriba, han generado un fuerte malestar social y han crispado aún más nuestra ya muy polarizada situación política, poniendo en riesgo la continuidad de la legislatura y, por consiguiente, la supervivencia del Gobierno.

Con ese panorama de fondo, Pedro Sánchez acudió al Congreso para sustanciar el pleno más difícil desde que es presidente. Lo hizo, con la determinación de recuperar la confianza de sus aliados o, cuando menos, no perderla definitivamente. Para ello, compareció en la Cámara baja anunciando un plan de lucha contra la corrupción con 15 medidas, vertebradas en 5 ejes. Ese plan se ha diseñado juntamente con el departamento de anticorrupción, integridad y gobierno de la OCDE, los grupos parlamentarios y expertos de la sociedad civil, además de propuestas del GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa) y recomendaciones de la Comisión Europea. El plan, según el presidente tiene como objeto “luchar de forma independiente contra la corrupción”.

Entre esas medidas destacan la puesta en marcha de una agencia de integridad pública independiente que asumirá las funciones clave en la prevención, supervisión y persecución de prácticas corruptas, Extensión de la metodología aplicada a la adjudicación de los Fondos Next Generation a toda la Administración. Introducción de herramientas de inteligencia artificial en la plataforma de contratación del sector público para automatizar y optimizar la identificación de patrones anómalos o indicios de fraude, reforzar el control sobre partidos políticos y fundaciones, excluir de la contratación pública a las empresas condenadas por corrupción, así como la protección a los denunciantes de posibles amaños y corruptelas.

Como no podía ser de otra manera el debate parlamentario fue tenso. El PP no hizo ni una sola propuesta y, una vez más, Núñez Feijóo perdió los papeles. De nuevo, el líder de los populares desaprovechó la oportunidad de mostrarse como un político preparado para gobernar y se dedicó a hacer de mamporrero y ofender a aquellos que algún día pueden ser sus socios y facilitarle el camino a la Moncloa. Feijóo se mostró incapaz de empatizar con ningún grupo político. En sus réplicas parecía que estaba porfiando en una taberna y llegó a entrar en algunas cuestiones personales y familiares de Sánchez como, por ejemplo, los negocios del padre de Begoña Gómez, ya fallecido. Parece que el líder de los populares no se da cuenta de que le está haciendo el trabajo sucio a Vox. No por casualidad, entre los dirigentes del PP empieza a extenderse el temor a que se repita otro 23 J. La estrategia de Feijóo se basa en descreditar al adversario y difundir bulos y mentiras. No es consciente que de ese modo reivindica el discurso de la ultraderecha. Por todo eso, el PNV, que en otros tiempos fue su aliado, le dijo con claridad que no cuenten con ellos.

Esa es la gran suerte de Sánchez: su oponente no da la talla y, en ocasiones, actúa más como un fiel aliado que como adversario.   La suma PP Vox, que es lo que podía desalojar al presidente de la Moncloa, da miedo por lo mucho que tiene de reaccionaria. Quien no lo crea que eche un vistazo a los pactos de esas dos formaciones en Valencia o Murcia. 

En definitiva, nadie tiene el más mínimo interés por ver a Feijóo presidiendo el Consejo de Ministros. Por eso, el plan de lucha contra la corrupción ha actuado como un dique de contención, pero eso no es un cheque en blanco. Los socios parlamentarios lo han dejado claro, en especial ERC y Partido Nacionalista Vasco, aunque no pidieron elecciones, es evidente que, si la crisis del PSOE escala y resulta que la podredumbre ha extendido sus raíces hasta la calle Ferraz, la legislatura se habrá terminado. O sea, los aliados han dicho: Sí…, pero. 

 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 14/07/2025