CAFÉ PARA TODOS, PERO AL GUSTO

Por lo menos en una cosa coinciden los dos grandes partidos de nuestro país (PP y PSOE): la infrafinanciación que padecen las comunidades autónomas (CCAA), a pesar de que son las administraciones que más servicios prestan a la ciudadanía. Sin embargo, la polarización política y la crispación que estamos viviendo son de tal magnitud que resulta imposible llegar a algún acuerdo para solventar el problema.

El actual sistema de financiación de las CCAA está vigente desde 2009, no tiene una fecha de caducidad explícita, pero lleva esperando una reforma desde 2014. Y, aunque no hay una fecha límite, el modelo actual está obsoleto y necesita una actualización.  Porque han pasado 11 años, en ese tiempo se han sucedido los gobiernos y los ministros de Hacienda, pero nadie ha querido abrir ese melón.

Ahora, desde el Ministerio que dirige María Jesús Montero, han tenido que hacer de la necesidad virtud, asumir los acuerdos que firmaron PSOE. PSC y ERC, para hacer a Salvador Illa president de la Generalitat, y abordar la financiación singular de Catalunya que fue el tema estrella de aquella negociación.

De ahí que días atrás se reuniese, en Barcelona, la Comisión Bilateral Estado Generalitat para tratar el asunto. En esa reunión, no solo se pusieron las bases para el nuevo sistema de financiación autonómico para Catalunya, sino que también se estableció el marco para la reforma del sistema común. En el documento de trabajo presentado se argumenta que el esquema podrá ser generalizable a las comunidades que lo deseen con una visión “federal”.  O sea, cada gobierno autonómico podrá decidir qué parte del peso de la gestión tributaria asume, y la Agencia Tributaria Estatal velará por la coordinación de todas ellas.

Me parece importante señalar que lo que subyace en este principio de acuerdo es que propone una fórmula de financiación a la medida, a la vez que extrapolable a otras comunidades. La idea fuerza es que sean los gobiernos autonómicos quienes decidan el nivel de corresponsabilidad tributaria que desean asumir y, en consecuencia, recauden los impuestos correspondientes.

De momento, solo cinco autonomía tienen Agencias Tributarias propias, siendo la catalana la más desarrollada, pero sin el músculo suficiente para asumir en el corto plazo el 100% de la recaudación y gestión de los impuestos. La Agencia Tributaria de Catalunya recauda unos 5.000 millones de euros al año y para llegar al nivel de lo que recauda el Estado, deberá alcanzar unos 30.000 millones de euros. En opinión de algunos entendidos en la materia, el traspaso de competencias es sumamente complejo y no se prevé que esté listo, en el mejor de los casos, antes de cinco años.

Una de las grandes novedades del nuevo sistema es que Las comunidades tendrían la llave de la caja, pero se pactarán dos contribuciones al Estado: una por los servicios que este ejecuta en cada territorio y otra por concepto de solidaridad territorial. El cálculo de a cuánto ascenderían esa aportaciones está por decidir. El modelo establecerá el porcentaje y qué impuestos estatales han de sufragar esas dos partidas; también cuánto se debe dedicar para pagar las competencias homogéneas (por ejemplo, educación o sanidad) y las que son específicas de cada territorio, como son en Cataluña los Mossos d’Esquadra o las prisiones.

En el documento consensuado queda claro que tanto Cataluña, como las comunidades que adopten el sistema tendrán que contribuir para nivelar las prestaciones, es decir, para que los servicios públicos básicos que prestan las comunidades tengan una calidad parecida. Lo que se busca con esta nueva financiación es simplificar las condiciones del modelo actual. Ahora, la nivelación se hace a través de tres mecanismos diferentes. De salir adelante este sistema se haría en uno solo.

 Uno de los puntos que ha quedado menos claro es el principio de ordinalidad, es decir que quien más aporta no quede en peor posición relativa después del reparto de los recursos del sistema. En la actualidad, Catalunya es la tercera comunidad en aportar al sistema, pero baja hasta el décimo lugar tras el reparto, cuando lo razonable sería que con los nuevos parámetros la situación en el ranquin sea idéntica “antes y después” de aportar la cuota de solidaridad.

En principio la música de este acuerdo suena bien, ahora se tendrá que leer la letra pequeña y las concreciones de aquellos temas que han quedado abiertos para poderse pronunciar con conocimiento de causa. Quizás, por eso, ERC que en un principio optó por un perfil bajo, a la espera de conocer con más al detalle el documento. Pero los de Junqueras a la rueda de Junts y apretados por las corrientes internas, ya han amenazado con no aprobar los próximos presupuestos ni de Catalunya ni de España, si la nueva financiación catalana no es auténticamente singular. Por su parte, a los de Puigdemont les faltó tiempo para decir que ellos rechazaban todo lo que no fuera algo muy similar al Concierto Vasco.   

El independentismo más hiperventilado se opone a este nuevo modelo de financiación, en buena medida, por su visión supremacista hacia el resto de CCAA. No soportan que otros territorios se sitúen al mismo nivel que Cataluña. Pero es que, en realidad, este nuevo sistema se puede interpretar como una versión 5.G del “café para todos” de la Transición, eso sí, al gusto de cada cual.

Mientras tanto, para el Partido Popular, la financiación singular va a suponer una “asfixia” para el bolsillo de todos los españoles. Aunque admiten que “Catalunya necesita tener mejor financiación”, pero mantienen que “no se puede hacer en una sala, de espaldas a todos los españoles, mediante parches o atajos” (?). De nuevo, es lamentable la actitud de los populares. No se dan cuenta que esta propuesta puede ser una buena oportunidad para corregir unos cuantos errores que presenta un modelo de financiación que ha sido útil durante mucho tiempo pero que está necesitado de una profunda reforma.

Aprobar este nuevo sistema no va ser ni fácil ni rápido. Para empezar, el próximo otoño tendrá que ser el Consejo de Política Fiscal y Financiera quién dé el primer visto bueno. A continuación se deberá iniciar la reforma legislativa necesaria para que el modelo salga adelante. Habrá que reformar la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), la norma que regula el sistema de financiación de régimen común (Ley 22/2009) y la ley 16/2010, del régimen de cesión de tributos del Estado a Cataluña.  Y no perdamos de vista cual es la aritmética parlamentaria.

Pero no nos precipitemos. Tiempo habrá para debates intensos y reflexiones profundas. De momento, aprovechemos estos días de verano y seamos razonablemente felices que bien merecidos lo tenemos.

 

  

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 21/07/2025