Decía
Winston Churchill que “un gobierno puede perder todas las votaciones menos una,
la de los presupuestos”. Quizás Pedro Sánchez y su equipo económico tuvieron en
cuenta esa frase del político británico cuando el pasado mes de marzo el,
entonces, president de la Generalitat, Pere Aragonés, disolvió el Parlament y
convocó elecciones para el 12 de mayo. La celebración de las elecciones a la
Cámara catalana y pocas semanas después al Parlamento europeo, (en concreto, el
9 de junio), hacían prever una etapa de cierta instabilidad política. Ante esa
situación, el Ejecutivo consideró oportuno no presentar los Presupuestos
Generales del Estado (PGE) para su tramitación y funcionar a lo largo de todo
el año 2024 con las cuentas de 2023 prorrogadas. Imaginaban que tras los
cómicos el ambiente se relajaría y sería más factible llegar a acuerdos con
otras fuerzas políticas, especialmente con los independentistas catalanes.
Sin
embargo, aquel ciclo electoral ya es historia y la situación política no ha
mejorado, más bien al contrario. Los motivos son variados, pero diversas
cuestiones han incidido de forma nada positiva en la unidad del bloque de la
investidura que se ha resquebrajado de forma evidente.
Esa
fragmentación tiene su origen en la idiosincrasia de los distintos grupos que
la conforman, muy heterogéneos entre sí. Pero no cabe duda de que el sistema de
financiación singular para Catalunya está levantando recelos, y no solo entre
los barones del PP, también entre los del PSOE y entre los diputados de la
mayoría. No hace falta hurgar mucho para
comprobarlo; hace unos días, Joan Baldoví de Compromís ya advirtió que no dará
soporte al Gobierno si no hay una mejora sustancial a la financiación de la Comunidad
de Valencia y ese posicionamiento parece lógico que sea compartido por otros
grupos de la mayoría.
A
finales de julio, cuando se estaba a punto de consultar a las bases de ERC,
sobre la posible investidura de Salvador Illa, como president de la
Generalitat, Junts unió sus votos a los del PP y Vox para no apoyar la senda de
déficit presentada por el Gobierno en el Congreso de los Diputados. De esa
forma, impedía que el Ejecutivo pusiera en marcha los mecanismos para aprobar
los Presupuestos del próximo año. El portavoz parlamentario de Junts, Josep
María Cruset, justificó su posicionamiento por la baja ejecución de
presupuestos anteriores en Cataluña y explicó que el Gobierno no podrá contar
con los siete votos de Junts para la tramitación de los PGE hasta que esta
situación se revierta.
En
mi opinión, ese voto en contra tuvo mucho más que ver con el monumental enfado
que arrastraban los “junteros” ante la posibilidad de que un socialista
alcanzase la presidencia de la Generalitat, y ellos se quedaran a dos velas,
que con cualquier otra consideración.
Esa
contrariedad forzó al equipo económico del Gobierno a retirar sus números y
rehacerlos para presentarlos, de nuevo, en este inicio de curso. Sin embargo,
ante la compleja situación que estamos viviendo, en el Gobierno gana fuerza la
posibilidad de prorrogar los PGE por segundo año consecutivo; al menos por unos
meses. La intención de María Jesús Montero era lograr su aprobación en tiempo y
forma, pero los planes de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda
corren el riego de naufragar por los procesos internos que están viviendo tanto
ERC como Junts, además de la desconfianza que genera en otras formaciones la
financiación para Catalunya.
Los
independentistas catalanes siguen teniendo la llave de la gobernabilidad. No
obstante, los republicanos harían bien en recordar que solo con el PSOE en el
poder existen posibilidades reales de que los pactos económicos alcanzados
entre el PSC y ERC se hagan realidad. Por lo que respecta a los de Puigdemont,
ahora mismo, son un partido desnortado, que no ha logrado ninguno de los
objetivos que se había marcado en los últimos tiempos (ni amnistía para su
líder, ni volver a la presidencia de Generalitat y ni, tan siquiera, repetición
electoral), apenas tienen responsabilidad institucional y están intentando
decidir hacia dónde quieren ir, pero para eso necesitan tiempo. Tiempo, justo
lo que al Gobierno central no le sobra para tener los PGE antes de que acabe el
año.
Es
evidente que la legislatura está en el alero y pende de un hilo. No son pocas
ni fáciles de resolver las carpetas que tiene abiertas el Ejecutivo, pero, sin
duda alguna, la de los PGE es la más determinante. En cualquier momento, una
formación de la mayoría (independentista o no) puede decidir poner punto final
al proyecto de transformación social que impulsa el Gobierno y mandarlo todo a
Norris. Ahora bien, sugiero a los profetas de la catástrofe que se relajen y
esperen sentados porque, con frecuencia, la política tiene giros inesperados,
por tanto, es muy posible que este mandato se agote y conviene evitar
frustraciones innecesarias.
Bernardo
Fernández
Publicado
en CatalunyaPress 27/08/2024
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada