CUANDO LO HAS PERDIDO TODO

Más pronto que tarde, el interés mediático generado por la tremenda tragedia que en Valencia y Castilla-La Mancha ocasionó una inmensa dana, irá perdiendo intensidad.  Llegará un momento en que los focos se apaguen y los reporteros que han cubierto la información, a menudo, con barro hasta las rodillas, volverán a sus cuarteles de invierno, pero la cruda realidad seguirá ahí: dos centenares largos de vidas perdidas, un número indeterminado de desaparecidos y unas pérdidas materiales incalculables. En medio de todo eso, decenas de miles de personas se han quedado sin nada y tendrán que volver a empezar. 

El ser humano es extremadamente frágil y la naturaleza tiene giros imprevisibles, si a eso añadimos la falta de previsión, un cierto nihilismo político, errores en cadena e incapacidad manifiesta para afrontar una situación muy delicada y compleja, la tormenta perfecta está servida.

Quizás no sea posible señalar culpables directos por la falta de previsión a la hora de diseñar las infraestructuras y desarrollar un urbanismo totalmente arbitrario que han hecho posible que las aguas se desmadraran. Sin embargo, sí hay responsables políticos que, como se va sabiendo, no actuaron con la diligencia y eficiencia que cabía esperar.

El 29 de octubre, mientras las inundaciones ya afectaban gravemente a la comunidad valenciana, el presidente Mazón comía en un conocido restaurante ubicado en el centro de Valencia y se incorporaba a la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada a las 19:30, es decir, una hora y media después de la convocatoria. Expertos en estas cuestiones consideran que la llegada tardía del presidente y la falta de experiencia de su equipo retrasaron decisiones claves, como la emisión de alertas a la población. 

Por otra parte, hemos sabido que la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, estuvo reunida con su equipo de crisis desde primeras horas de la mañana del fatídico 29 de octubre. Ante la crecida del río Magro a su paso por Utiel y de las previsiones de tormentas torrenciales, Bernabé informó a la consejera autonómica de Justicia e Interior y responsable de emergencias, Salomé Pradas, hasta en tres ocasiones, de la gravedad de la situación y le indicó que le podía pedir todos los medios que considerara necesarios. Sin embargo, la consejera hizo oídos sordos, hasta que, finalmente, la Generalitat pidió la intervención de la UME.  Días después, la consejera ha asegurado que no conocía la existencia del sistema ES-Alert —que permite a las autoridades enviar mensajes directos de manera masiva a los teléfonos móviles de una determinada zona de cobertura—. Por eso, la ciudadanía no recibió ningún aviso hasta que las riadas ya habían arrasado buena parte de los pueblos afectados por la dana.

Con toda seguridad, en esta ocasión, nadie está libre de pecado. Nunca sabremos, con certeza, si la decisión del presidente del Gobierno de no decretar la emergencia nacional fue un acierto o no. Pero está claro que, de haber decretado esa emergencia, no hubiesen faltado los carroñeros de la política acusando al Ejecutivo de aplicar un 155 encubierto por ser Valencia una autonomía gobernada por el PP. En realidad, aquí subyace una cuestión que es: ¿Esto del Estado de las autonomías y la descentralización nos lo creemos o es solo una milonga para tener entretenido al personal y cuando pintan bastos que sea papá Estado quién se coma el marrón?

Lo que no se puede negar es que Sánchez, desde el minuto uno, se puso a disposición de Mazón y el 5 de noviembre aprobaba un Decreto Ley por un importe de 10.600 millones de euros para poner en práctica un Plan de Respuesta Inmediata para atender las necesidades más urgentes de la población y restaurar el orden. Más adelante vendrá una Fase de Reconstrucción y posteriormente una Fase de Relanzamiento. También se ha pedido la colaboración de la Unión Europea.

Todo eso no significa que Sánchez o el Ejecutivo no hayan cometido errores. Los ha habido, por ejemplo, ir el domingo, día 3 de noviembre, con los reyes a la primera línea de la tragedia. Eran momentos para arrimar el hombro, dejar trabajar y no enredar (claro que si no hubiesen ido, también se les hubiera criticado por no ir). Sin embargo eso les vino que ni pintado a los descerebrados de la derecha extrema para montar el barullo. La indignación de los que lo han perdido todo es perfectamente comprensible, como también lo es que el pasado sábado las calles de Valencia se llenaran de gente pidiendo la dimisión del presidente Carlos Mazón y su Consell. Pero es inadmisible el  estallido de violencia verbal y física promovida por aquellos que aprovechan el dolor ajeno para alimentar una estrategia de populismo contra el Estado de derecho.

En estos días llenos de angustia, miedo y dolor hemos visto lo peor y lo mejor del ser humano. Miles de personas con escobas, mochos o palas caminando para ir a ayudar a gentes que no conocían.  Personas y entidades de toda índole que están donando y/o recogiendo alimentos, productos de higiene personal y material de limpieza para hacerlo llegar al lugar de los damnificados. Pero también hemos sabido de un puñado de sinvergüenzas que se han dedicado al pillaje y desalmados que, haciéndose pasar por miembros de la Cruz Roja, iban de casas en casa pidiendo dinero.

Estamos ante una tragedia de dimensiones estratosféricas. La respuesta de la ciudadanía ha sido y está siendo extraordinaria, pero no podemos decir lo mismo de la respuesta institucional. Por lo tanto, hemos de exigir que nuestros gobernantes, todos sin excepción, estén a la altura de las circunstancias o que se vayan a sus casas. Por compromiso cívico y solidaridad con nuestros conciudadanos, no deberíamos dejar pasar ni una, estar pendientes para que quien la haga que la pague y, sobre todo, no dejar de apoyar a nuestros vecinos de Levante hasta que recuperen la normalidad. Si es que eso es posible

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 11/11/2024

 

SUMAR: UN PROYECTO A LA DERIVA

Desde que, a principios de los años ochenta, el PCE de Santiago Carrillo entró en barrena, la teórica izquierda a la izquierda de la izquierda de nuestro país, casi siempre ha tenido una salud precaria. A pesar de que, los intentos para desarrollar un movimiento sólido y robusto en el margen sociopolítico que el PSOE deja huérfano, se han sucedido, las decepciones han sido constantes, mientras que los éxitos han sido escasos y más bien efímeros.    

La lista de dirigentes que han intentado vestir un proyecto con arraigo es extensa: Gerardo Iglesias, Paco Frutos, Julio Anguita, Gaspar llamazares, Cayo Lara, Alberto Garzón y, en la actualidad, Enrique Santiago (disculpen si me dejo alguno). A la vez, en ese tiempo, la fórmula para presentarse a las elecciones ha variado en función del momento. Al principio el PCE acudió a las urnas en solitario, pero, puesta de manifiesto su debilidad electoral, tuvo que refugiarse bajo el paraguas de Izquierda Unida y tras diversos bandazos en la primera década del siglo XXI, un PCE bastante débil se alió con Podemos.

Podemos se constituyó como partido político en enero de 2014. Su ascenso fue meteórico: En las elecciones europeas de ese mismo año logró 5 escaños de un total de 54, lo que lo convirtió en el cuarto partido más votado de España. Sin embargo, en menos de una década pasaron de asaltar los cielos al grupo mixto.

El declive electoral de Podemos hizo que Pablo Iglesias, líder indiscutido, abandonase política activa en 2021, y Yolanda Díaz se convirtiera en la líder de la coalición Unidas Podemos. No obstante, ante la imagen mediática áspera y nada empática que habían cultivado los podemitas, se decidió crear una coalición que se presentaría a las elecciones generales de julio de 2023. A esa coalición, encabezada por Yolanda Díaz, la denominaron Sumar y se constituyó con una veintena de partidos de ámbito estatal y autonómico.

Desde su constitución, las cosas nunca han sido fáciles en Sumar. A pesar de que Díaz ha sazonado su liderazgo con buenas maneras, afabilidad e incluso simpatía, esa formación no ha llegado a percibirse como una organización preparada para dar la batalla y perdurar en el tiempo. Aglutinar ese puñado tan heterogéneo de sensibilidades parecía misión imposible. De hecho, tras el revolcón sufrido en las elecciones europeas del pasado mes de junio, se encendieron todas las alarmas sobre la viabilidad del proyecto. Entonces Yolanda Díaz dimitió de sus cargos en la coalición, pero se mantuvo en el Gobierno.

Ahora bien, lo que les ha puesto contra las cuerdas, ha sido el órdago que supuso la dimisión de Iñigo Errejón, anunciada el pasado 24 de octubre. Por si fuera poco, Podemos, quiere aprovechar la situación para ajustar algunas cuentas que creen tener pendientes con Díaz. De forma simultánea, dentro de Sumar se ha abierto una crisis de consecuencias imprevisibles. Todo eso, hace que, en estos momentos, Sumar sea un proyecto a la deriva.

Yo no voy a echar más leña al fuego. El affaire ya es sobradamente conocido por todos y los medios lo han tratado con detalle. Entiendo que, en primera instancia, es su partido el que tiene que aplicar, con el máximo rigor, la normativa interna y que la justicia actúe como corresponde. Voy, sin embargo, a intentar descifrar el alcance político del asunto.

No cabe duda de que este affaire para el Gobierno es un torpedo en la línea de flotación. Aunque Pedro Sánchez ya ha anunciado que la legislatura se va a agotar, es evidente que es munición para los conservadores que lo aprovechan todo para desgastar al presidente. Además, este asunto viene precedido por otros como el caso Koldo (que con toda probabilidad acabará siendo el caso Ábalos), el affaire Begoña Gómez, la llegada de Delcy Rodríguez o el intríngulis de la foto de Sánchez con Víctor Aldama. O sea, llueve sobre mojado, y que esos temas tengan enjundia o no para acorralar al Ejecutivo carece de importancia, lo que cuenta es socavar al Gobierno e ir minando su credibilidad.

Pero más allá de la repercusión que este tema tenga en el acontecer político, hemos visto como en el Gobierno de coalición Sumar, como socio minoritario, impulsaba iniciativas que, tal vez, un Ejecutivo de un solo partido nunca hubiera puesto en marcha. Pero, sobre todo, es necesaria una formación que ocupe el espacio que queda a la izquierda del PSOE porque ahí existe un segmento de ciudadanía que no se identifica con las propuestas socialistas, pero que tienen los conceptos de la igualdad y la justicia social muy arraigados porque para ellos son la base de la convivencia y el pacto social. Y a esas personas no las podemos defraudar otra vez.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en CatalunyaPress 06/11/2024  

 

CONGRESOS CON MAR DE FONDO

Tras repetidos traspiés en los últimos procesos electorales y, de manera especial, en la convocatoria de las elecciones al Parlament, del pasado 12 M, en los partidos independentistas catalanes se encendieron todas las alarmas. Por eso, tanto en JxCat como en ERC decidieron convocar, para el otoño, sus respectivos congresos y ver la manera de taponar las vías de agua que amenazan con anegar las naves que los habían de llevar a la tierra prometida y evitar quedar convertirlos en fuerzas políticas marginales. Y en eso estamos.

Los “juntaires” han sido los más madrugadores y este último fin de semana han celebrado su tercer cónclave en la Fábrica. Llobet –Guri ubicada en Calella. En principio, se han cumplido, casi literalmente, tanto el guion como el escenario previsto que habíamos ido conociendo en los últimos días.

Desde que se supo que Carles Puigdemont optaría a la presidencia, cargo que venía ejerciendo de facto, desde 2022, en el partido se acabaron las especulaciones.  El poder del expresident dentro de Junts es omnímodo y, en consecuencia, las disputas solo podían ser por la pedrea y poco más.

A Carles Puigdemont, le acompañará Jordi Turull que seguirá en la secretaría general y Judith Toronjo, un valor emergente, ocupará la secretaría de organización. Las vicepresidencias pasarán a manos de Antoni Castellá, un auténtico vividor profesional de la política, actual líder de Demócratas, que hace unos días se integró en Junts, Miriam Nogueras, Josep Rius y Mónica Sales todos ellos diputados en el Congreso o en el Parlament;. En cambio, el jarrón chino en que se ha convertido Laura Borrás, ya amortizada políticamente, se reubicará en la fundación que Demócratas aporta a la fusión.

Los estrategas orgánicos consideran que es el momento de “abrir las fronteras del partido” y poner especial atención en materias como la fiscalidad, infraestructuras, vivienda o inmigración. Además, renuncian a romper con el PSOE y, aunque en la ponencia política se habla de unilateralidad, en ningún momento se ha sometido a votación. Eso nos puede dar una idea de las intenciones de Puigdemont a corto y medio plazo.

A pesar de la tranquilidad ambiental que se ha respirado en el congreso de Calella, en Junts hay mar de fondo. Las decisiones importantes las toma Puigdemont y, como mucho, consulta con un reducido grupo de asesores que caben en una cabina telefónica. Por lo que el espacio para la discrepancia es nulo.  No son pocos los pragmáticos que empiezan a estar hartos del egocentrismo de Carles Puigdemont, sus promesas incumplidas y decisiones tan absurdas como dejar vacante la plaza de líder de la oposición en el Parlament. Por eso, esperan sumar fuerzas y el momento oportuno para dar un golpe de timón.

No obstante, el expresident sigue siendo para muchos el líder mesiánico que viene para hacer de Catalunya una nación independiente, “rica i plena”, y con ese telón de fondo cualquier intento para cambiar la situación está condenado al fracaso. Solo la pérdida de protagonismo de JxCat como formación política y su inevitable caída en la marginalidad, como le viene ocurriendo desde hace tiempo, les forzará en algún momento a replantear su posición y sus postulados.  Y eso, muy probablemente, ocurrirá cuando sus diputados dejen de ser imprescindibles en Madrid.

ERC celebrará su congreso a finales del mes de noviembre y la situación es muy diferente a la de Junts. Para los republicanos, el traspaso de poderes casi siempre ha sido tormentoso. Basta con echar un vistazo a su historia. Los republicanos parecen tener una vocación cainita incrustada en su ADN.

Desde 2010, Oriol Junqueras ha ejercido la presidencia de ERC con mano de hierro y aire entre profesoral y monástico, con el convencimiento, mal disimulado, de creerse superior a sus correligionarios y a muchos de sus adversarios. Ha manejado desde las bambalinas los hilos del poder; estando en la cárcel designó a su delfín institucional, que un tiempo después, acabaría siendo president de la Generalitat. Junqueras. Renegó “in aeternum” de los socialistas, por considerarlos artífices del 155, pero pactó con ellos y, según dicen, acabó arrastrándose ante Salvador Illa para que mantuviera en sus sitio a un treintena larga de altos cargos republicanos.  

Sin embargo, el tiempo acaba poniendo a cada uno en su lugar y tras los reiterados fracasos electorales de Esquerra se ha destapado la caja de los truenos. Según dicen los suyos, el bueno de Oriol estaba en Montserrat el 27 de octubre, mientras se declaraba la independencia, sabe más de lo que dice de los carteles contra los hermanos Maragall y no fue ajeno a la colocación de un muñeco, que, en teoría, pretendía ridiculizarlo, en un puente de Sant Vicenç dels Horts, aunque ahora él lo niega todo, incluso ha puesto en cuestión el apoyo a la investidura de Salvador Illa.

Lo que queda claro es que en ERC alguien miente y mucho. A ellos corresponde que la verdad florezca, condición sine qua non si quieren recuperar la confianza de su electorado. En ERC, no solo hay mar de fondo, es que se está gestando una tormenta que, lejos de ser perfecta, amenaza con convertirse en huracán y llevarse todo cuanto encuentre a su paso. Veremos cuáles son las consecuencias.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en CatalunyaPress 27/10/2024

 

EN EL BUEN CAMINO

Estoy convencido de que Salvador Illa, con su política de mano tendida, perfil político moderado y gestor eficaz, hará posible lo que hace tan solo unos meses parecía una quimera: que Cataluña vuelva a ser la locomotora de España, a la vez que una de las regiones más desarrolladas y prósperas de Europa. Para que esos grandes objetivos sean factibles, es necesario que, en nuestro país, se normalicen las relaciones institucionales, que exista estabilidad política, certeza jurídica y confluencia de intereses. Justo lo que no hemos tenido en los últimos años.

Los catalanes tenemos todo el derecho del mundo a ser como las sociedades nórdicas, paradigma de buenos gobiernos (al menos hasta que la ultraderecha llegó al poder), democracias avanzadas y Estados del Bienestar fuertes y desarrollados. Para lograrlo es preciso una Administración eficiente y transparente, donde el ciudadano, no solo esté en el centro de todas las políticas, sino que, también, su voz sea escuchada y tenida en cuenta.

Con la peregrina excusa de que la justicia era española y reprimía, de manera sistemática, a los “nuestros”, en Cataluña, y no me refiero solamente a la etapa del procés, durante demasiado tiempo los controles del poder han sido prácticamente inexistentes, y esos organismos son condición indispensable para garantizar la buena salud de las instituciones que nos gobiernan.

Ahora, con Salvador Illa, como presidente de la Generalitat, se abre una ventana de oportunidad para dotarnos de unos mecanismos de control tan fuertes como independientes que impidan los abusos de poder. No basta con suponer que los políticos actúan de buena fe. Es necesaria la existencia de unos contrapesos potentes y rigurosos en los que se pueda confiar.

Un ejemplo claro de ese descontrol es la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals”. A principios de año, el Govern de Pere Aragonès aprobó una inversión anual de 330 millones de euros hasta 2027, para el mencionado ente del que forman parte la cadena pública de televisión y Catalunya Radio y que da ocupación a unos 2.300 trabajadores, es decir que nos sale por un pico a cada contribuyente escuchar y/o ver determinadas butades. Mientras, una cadena privada como es Antena 3, con un presupuesto similar al de la televisión pública catalana y unos 450 trabajadores en nómina, tiene un superávit superior a los 100 millones de euros. Sobran los comentarios.

En estos últimos días ha saltado a la prensa el malestar de la plantilla de TV3 por la contratación de cargos de libre designación que ha realizado la dirección. Los comités de empresa, tanto de TV3 como de Catalunya Radio entienden que se trata de procesos de contratación “arbitrarios y nada transparentes”…”por lo que se está hinchando el organigrama de forma artificial””. Ante estas supuestas “anomalías”, los trabajadores han hecho llegar su malestar a Esther Giménez Salinas, Sindic de Greuges.

Saco a colación este asunto porque entiendo que no estamos ante una cuestión menor, tanto por su coste económico, como por la resonancia mediática que tiene. Considero que el Govern en situaciones como la explicada (hay muchas otras, aunque menos visibles igual de lacerantes) debería actuar con celeridad para dejar claro que la arbitrariedad y el amiguismo no tienen cabida en esta nueva etapa. Para el más de lo mismo no valían la pena ni las renuncias que se han hecho ni el esfuerzo que ha costado llegar hasta aquí.

Le pese a quién le pese, Salvador Illa es, en estos momentos, la persona más adecuada para poner a Cataluña en la cresta de la ola: tiene una trayectoria de gestor-político impecable, ha empezado bien la legislatura, apunta maneras y está en el buen camino. Ahora bien, por lo que pueda ocurrir, conviene siempre tener a la diosa fortuna al lado, porque en ocasiones el suceso más inesperado, tanto si es provocado por factores externos, como si tiene su origen en el ámbito interno, puede generar un tsunami político y desmontar, en cuestión de minutos, los planes más concienzudamente elaborados por un líder, un gobierno o una institución. 

No le quiero echar agua al vino, pero la política es, con toda probabilidad, uno de los ámbitos de la actividad más inestables en las sociedades complejas y desarrolladas como la nuestra. Con frecuencia, los políticos han de moverse sobre auténticos campos de minas sembradas por los adversarios, pero a menudo, también, por los propios acólitos; es lo que algunos llaman fuego amigo. Eso hace que, intentar predecir lo que puede suceder a unas cuantas semanas vistas, sea pura ficción.

Por lo tanto, me permito sugerir que seamos moderadamente optimistas, pero sin perder nunca la ilusión. Ustedes ya me entienden.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en CatalunyaPress 21/10/2024

 

LOS QUE FINANCIAN LAS GUERRAS

Se ha cumplido el primer aniversario de aquel fatídico 7 de octubre de 2023, cuando milicianos de Hamas entraron a sangre y fuego en territorio israelí torturando, secuestrando y/o matando a todo ser humano que encontraban a su paso. Las primeras consecuencias de aquella barbaridad fueron unos 1.200 muertos, más de 5.500 heridos y 250 secuestrados. La reacción de Israel fue inmediata y según las autoridades sanitarias, hasta el momento se contabilizan casi 42.000 muertos, más de 10.000 desaparecidos y del orden de 100.000 heridos. Los efectos a medio y largo plazo son, todavía, imposibles de cuantificar, pero las represalias por parte del ejército israelí están siendo tan constantes como desmesuradas y, por si no había suficiente, desde el pasado 20 de septiembre, Israel ha ampliado el frente, atacando con dureza a Líbano, sin suavizar sus razias en Gaza. La virulencia de los ataques es tal que ya hay más de 2.000 libaneses muertos y un millón largo de desplazados. Pero es que, además, existe el riesgo, cada vez más plausible, de que el conflicto se convierta en una guerra regional de consecuencias imprevisibles y, desde luego, nada halagüeñas para la estabilidad mundial.

No voy a insistir en el desarrollo de los acontecimientos porque los medios de comunicación nos informan, a diario, de la magnitud de la catástrofe. Quiero, sin embargo, poner el foco en los intereses que hay detrás de la contienda y en quién mueve los hilos: los patrocinadores, que acostumbran a estar cómodamente instalados a miles de quilómetros del frente y la barbarie.   

Todas las guerras son tremendamente costosas en términos económicos, y la de Israel contra Gaza, y ahora también contra Líbano, no es una excepción. No cabe duda que Estados Unidos es el gran hacedor israelí, pero también la mayoría de estados de la Unión Europea, al igual que la India o China que comercian con Benjamín Netanyahu y sus acólitos sin ningún rubor. 

En un informe del prestigioso Centre Delàs, publicado recientemente, se deja clara “La corresponsabilidad de la banca en el genocidio de Gaza”, los investigadores han seguido el rastro del dinero y han identificado a diversas entidades financieras españolas y 25 internacionales que cooperan en la masacre. Esas mismas fuentes cifran la aportación del Banco de Santander en 2.442 millones de dólares y la del BBVA en 1.500 millones. En total, son media docena las entidades financieras nacionales en las que Delàs ha hallado vínculos comerciales con las empresas de armas. Tras las dos primeras, están otras como CaixaBank, Ibercaja, o Banca March.

La verosimilitud del estudio está fuera de toda duda porque los datos que en el mismo se manifiestan han sido supervisados por el Instituto Internacional de Paz de Estocolmo (SIPRI) que ha analizado las principales exportaciones de armas a Israel de los últimos 10 años. Los investigadores han escudriñado 3.606 operaciones financieras (líneas de crédito, préstamos corporativos, suscripción de bonos y compra de acciones). De ahí han obtenido el nombre de 15 empresas de armamento que proveen a este país, entre otras son: BAE Systems, Boeing, Day & Zimmerman, Elbit Systems, General Dynamics, Israel Aerospace Industries, Leonardo, Lockheed Martin, Nammo, Navantia, Oshkosh Corp, Rafael Advanced Defense Systems, Rheinmetall, Rolls-Royce y RTX Corp (anteriormente Raytheon Technologies).

También Ibercaja colaboró económicamente con Rheinmetall, la empresa fabricante y exportadora a Israel de los M109-52 Howitzer, obuses autopropulsados de 155 mm, que se utilizaron en octubre pasado en los ataques al Puerto de Gaza y sobre hoteles cercanos. 

La misma empresa de armas, añaden los autores del informe, produce la munición de tanque Rh-120, “que ha sido usada de forma indiscriminada contra la población palestina e infraestructuras civiles críticas, incluidas instalaciones médicas, convoyes de ayuda y refugios civiles en Gaza, así como contra periodistas”.

En la lista de colaboradores se encuentran algunas de las entidades más reputadas del mundo, como la gestora de fondos de inversión Vanguard, que lidera la lista con más de 41.000 millones de dólares. La sigue la corporación de servicios financieros y de inversión State Street (38.620 millones), y las gestoras de fondos de inversión, Capital Group (31.603) y BlackRock (30.570), siendo el Bank of America (18.909) el que cierra un top 5 copado por instituciones financieras estadounidenses.

En esa lista, aunque a bastante distancia, también encontramos a entidades como el banco francés BNP Paribas, con casi 7.000 millones u otras entidades y bancos europeos reconocidos como Crédit Agricole (6.016 millones), Barclays (4.950) o el Deutsche Bank (4.801).

Según expertos en armamento el misil más sencillo no baja de 50.000 dólares la unidad. Quizás por eso me pregunto: ¿Cuantas escuelas, cuantos hospitales, cuantos centros de asistencia, cuántas viviendas de carácter social, cuantos… se podrían hacer, se podrían construir con el dinero que se dedica a armamento? Confieso que en esas magnitudes económicas me pierdo, pero estoy seguro que con ese dinero se solucionaba la vida de centenares de miles de ciudadanos que están sufriendo en sus carnes la Irresponsabilidad de unos desalmados que con su locura nos están llevando al desastre.

Ahora, si quieren llámenme ingenuo y, seguramente, tendrán razón.

 

Bernardo Fernández

Publicado en CatalunyaPress 14/10/2024

 

PASAR PÁGINA

El procés independentista, como opción política, ha llegado al final de su recorrido. Otra cosa es el clientelismo y los abrevaderos políticos que generaron las teóricas expectativas de independencia. Habrá que trabajar con la meticulosidad de un orfebre para desmantelar los chiringuitos que, a cuenta de la secesión, se montaron en la última década para dar cobijo a tanto indepe sobrevenido. Quizás, la prueba más evidente del decrecimiento del fervor independentista, sea la menguada participación que tuvieron las convocatorias de Omnium y la ANC el pasado 11 S.  Tampoco es baladí el dato que reveló el CEO, según el cual, entre 2014 y 2024 las personas que se sienten solo catalanas han caído del 29,1% al 18%. O sea, el sentimiento de catalanidad ha bajado más de 10 puntos en una década.

Además, iniciativas como los indultos o la amnistía para aquellos que pudieron cometer actos no ajustados a la ley durante el proceso secesionista han tenido un efecto balsámico para la sociedad catalana. Esas iniciativas han contribuido a que Catalunya hoy esté bastante más sosegada, se empiecen a reconstruir puentes para la convivencia, se esté recuperando la confianza, que por primera vez, desde 1980, no haya una mayoría nacional-independentista en el Parlament y se vaya recuperando la normalidad institucional.

El actual Gobierno de España ha puesto mucho de su parte (algunos piensan que demasiado) y con un alto coste político para que la normalidad se reinstaure en Catalunya. Sin embrago, hasta el momento, no ha habido reciprocidad por parte del movimiento independentista, ni de sus líderes.

Entretanto, Salvador Illa, con su política de mano tendida, se ha comprometido a desarrollar buena parte del programa de ERC, mantener en sus puestos a una cuarentena de altos cargos republicanos y ha recuperado a personas del antiguo espacio convergente otorgándoles importantísimas tareas en el Govern. En cambio, dirigentes del procés se dedican a reivindicar el 1-O como un gran logro histórico, cuando en realidad fue un despropósito, no solo por su ilegalidad, también por la falta de las más elementales normas democráticas, el día de la votación por no haber no había ni censo. Pero es que, además, llaman represión a lo que fue aplicar la ley del Estado de derecho. No olvidemos que según la prestigiosa organización intergubernamental IDEA, entidad responsable de evaluar los sistemas de democracia y libertad en el mundo, España es uno de los países con los mejores índices de democracia del planeta.  Así que ya está bien de milongas victimistas.

Está claro que hemos de pasar página y mirar hacia adelante. Pero, para que eso sea posible, todos hemos de poner algo de nuestra parte. Y es que da la sensación que, en lo del procés, nadie fue responsable de nada. Las cosas sucedieron por qué sí y parece que algunos esperan que el paso del tiempo borre la huella de tanto disparate. No obstante, por higiene democrática, resulta imprescindible que, alguno de los prohombres que estuvieron en las sala de máquinas de la Plaça Sant Jaume o en sus aledaños ideológicos, nos expliquen que de bueno sucedió en Catalunya en ese periodo.

Así por ejemplo, el prestigio de la presidencia de la Generalitat sufrió un grave deterioro con los presidentes más incapaces de la democracia recuperada, ni Carles Puigdemont ni Quim Torra han sido personas capacitadas para tan alta dignidad y, en consecuencia, la primera institución catalana fue ninguneada como no había ocurrido jamás. Ciertamente, Pere Aragonès empezó a intentar revertir la situación, pero la precariedad parlamentaria sobre la que sustentaba su Govern y el fin precipitado de la legislatura no le dio para más.

Con la perspectiva que nos da el paso del tiempo, queda claro que el procés nunca tuvo posibilidades de éxito. Y es que nunca tuvo apoyos internacionales solidos ni fiables, ni capacidad económica para salir adelante, ni siquiera la fuerza coercitiva necesaria para hacerse respetar por hipotéticos adversarios. En alguna ocasión, Jordi Pujol había comentado que “Catalunya tenía capacidad para desestabilizar España, pero el faltaba la fuerza suficiente para lograr la independencia”, tenía razón al gran timonel.

Desde un punto de vista objetivo, el proceso independentista fue una sucesión de opacidad, falsedades y ensoñaciones tan imposibles de hacerse realidad como la película de ciencia ficción más disparatada, con la diferencia que aquí se jugaba con las cosas de comer de las personas. Por eso, no se podrá cerrar la carpeta del procés si desconocemos todas y cada una de las decisiones que se tomaron desde 2012 y los auténticos motivos que impulsaron a los dirigentes a tomarlas, no las bagatelas que hasta ahora han explicado.  

Hay que pasar página: de acuerdo, pero antes tenemos derecho a saber.

 

Bernardo Fernández

Publicado en CatalunyaPress 06/10/2024

 

CUESTIONES BÁSICAS

 

No vamos bien.  A pesar de eso, nuestra economía crece por encima de los medios de las economías de la UE, tenemos una inflación más baja y más controlada que la mayoría de los países de la zona del euro. Hay más afiliados que nunca a la Seguridad Social y el paro que ha sido el talón de Aquiles de todos los gobiernos desde la Transición, registra las cifras más bajas de, al menos, los últimos quince años, la crispación política está llegando a cotas insoportables

Tampoco las políticas sociales, que se han puesto en práctica por el Gobierno de coalición, aunque insuficientes, pero que son, con diferencia, las más ambiciosas de nuestra historia han servido para apaciguar los ánimos de los negacionistas de las evidencias. Ni siquiera, han sabido valorar asuntos como el salario mínimo interprofesional que ha subido como nunca en los dos últimos años o las pensiones que se revalorizan por ley, conforme al incremento del IPC, entre otras muchas iniciativas. No es lógico.

En las elecciones generales de 2023, los dos partidos mayoritarios (PP PSOE) lograron más del 64% de los votos emitidos. Ambas formaciones obtuvieron, con respecto a la tercera fuerza (Vox), una distancia de más de veinte puntos, cada uno. Ante esta hegemonía incuestionable, no parece muy sensato que los dos partidos anden todo el tiempo a la greña. Con toda probabilidad, en esa relación, sobran personalismos y se echan a faltar ganas de arrimar el hombro.

Es evidente que la mayoría parlamentaria que hizo presidente a Pedro Sánchez es muy volátil, y no tiene la suficiente solidez para dar al Gobierno la necesaria estabilidad para que desarrolle su agenda legislativa con sosiego y cierta holgura. Tanto es así que, en lo que llevamos de mandato, el Ejecutivo ha perdido una treintena de votaciones en el Congreso y esa circunstancia genera inquietud e incertezas. Por eso, estos días atrás, y para evitar un nuevo revolcón, la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, retiró del pleno la propuesta de la senda de gasto.

Ese panorama de fragilidad hace que la situación del Gobierno de coalición sea delicada y los nervios estén a flor de piel. Hace unos días ERC y Junts (progresistas ellos) unían sus votos a PP y Vox para reprobar al ministro Oscar Puente en el Senado, por su gestión al frente de ferrocarriles. Algo que, aunque no deja de ser simbólico, da una idea del ambiente que se respira en los altos cenáculos políticos. Pero es que de manera simultánea, desde Sumar han pedido “la dimisión o cese” de la ministra Isabel Rodríguez, y eso de simbólico no tiene nada, porque se pide desde uno de los dos partidos que conforman el Gobierno de coalición.

Mientras, en el PP se dedican a copiar el relato de la extrema derecha para arrebatarles un puñado de votos. Se podrían citar cantidad de ejemplos sobre el particular, pero el más paradigmático es el de la inmigración: los populares critican la actitud del Gobierno con la llegada de personas sin papeles, pero son incapaces no ya de hacer una propuesta, es que ni tan siquiera se sientan a negociar para buscar una solución.

Es lamentable que, con la situación sociopolítica que tenemos, sean las organizaciones más pequeñas (a las que peor les fue en las elecciones del 23 J), las que estén marcando el ritmo de la política nacional. Este estado de cosas favorece que algunos políticos estén normalizando la violencia dialéctica en sus discursos y eso da alas a los hooligans de la política, y, además, es terreno abonado para que cualquier día salga un descerebrado y cometa alguna barbaridad que luego lamentaremos todos.

Las divergencias ideológicas entre PP y PSOE son profundas, sus estrategias muy diferentes y entre ambas formaciones, a lo largo de los años se han ido abriendo muchas heridas que serán muy difíciles de restañar. No obstante, existe un mínimo denominador común compuesto por la calidad democrática de nuestro sistema y la convivencia que deberían dar, a las dos grandes formaciones, la responsabilidad necesaria para llegar a acuerdos sobre grandes asuntos, como, en su momento, fue la renovación del Consejo General del Poder Judicial y que ahora pueden ser temas como la política exterior, la inmigración, la vivienda, la organización territorial o la transición ecológica entre otros. Cuestiones básicas que, al fin y al cabo, por el bien común, deberían quedar fuera de la lucha partidista y ahí, los dos grandes partidos harían bien remando en la misma dirección.

Hacerlo, sería un símbolo de madurez y responsabilidad de nuestros dirigentes y un bálsamo para los ciudadanos.

 

Bernardo Fernández

Publicado en CatalunyaPress 30/09/2024