JUNTS ROMPE, PERO ROMPE PERO POCO

 

Han transcurrido ocho años desde aquel 2017, de triste recuerdo, y parece que a algunos se les ha parado el reloj y no se han dado cuenta que la vida sigue, o quizás sí, y constatar que, en la realidad, nada es como ellos habían soñado, les está llevando una crisis existencial que les genera una preocupante miopía política.

Tal vez por eso y para recordarnos que aún existen, hace un par de semanas, en una comparecencia ante los medios, Miriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso, con la afabilidad que la caracteriza anunció la ruptura total de su grupo parlamentario con el Gobierno, destacando que no existe ningún tipo de comunicación ni negociación con ellos. "Romper, para nosotros, quiere decir romper. No hay diálogo, no hay negociación, no hay relación, no hay absolutamente nada", quiso dejar claro la "juntaire".

La aritmética parlamentaria no le permite al Gobierno relajarse y se han de dejar la piel en cada votación para sacar adelante sus iniciativas legislativas. Por eso, mientras en Junts se jactan de bloquear la legislatura y afirman que así Pedro Sánchez no podrá gobernar, desde el Ejecutivo ponen al mal tiempo buena cara y, haciendo de la necesidad virtud, tienden la mano a los de Puigdemont para seguir negociando y llegar a acuerdos.

Si en la escudería de Puigdemont deciden ejecutar la amenaza anunciada por Nogueras, entre otras iniciativas, paralizarán casi una cincuentena de proyectos de ley que están en proceso de tramitación o que el Gobierno tiene previsto llevar a cabo al Congreso en los próximos meses; entre ellos los Presupuestos Generales del Estado que deben servir para aumentar la calidad de los servicios públicos y, por consiguiente, el bienestar de los ciudadanos de España, incluidos los catalanes. 

El dislate de Junts es de tal envergadura que, de seguir adelante con su planteamiento, también se verá afectada la quita de deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y el futuro de la financiación singular, reformas legales que necesitan la mayoría del Congreso. Se calcula que la condonación de la deuda andará sobre los 83.000 millones de euros, que el Estado está dispuesto a asumir para reducir parte del endeudamiento de las CCAA. El problema es que se necesitan los siete votos de Junts para sacar adelante esa iniciativa porque pensar en el soporte de PP o Vox es, sencillamente, ilusorio. En el supuesto de que esa quita prosperase la Generalitat de Catalunya rebajaría un 19,9% de su deuda, es decir, más de 19.000 millones de euros.

Otro de los asuntos que está en riesgo de quedar en el varadero es el acuerdo entre PSC y ERC para reforzar la Agencia Tributaria de Cataluña, con el fin de que se pueda recaudar el IRPF y que se vaya ampliando su capacidad de gestión hasta hacerse cargo de todos los impuestos que se pagan en Cataluña. Una iniciativa que también podrían poner en práctica otros territorios. Fijémonos que todo esto son acciones que atañen directamente a Cataluña, si a esto Junts vota en contra, qué no harán con las leyes ajenas a los intereses catalanes, porque, aunque pocas, haberlas hay las.

Los “juntaires” ya nos tienen acostumbrados a los giros súbitos de guion como ocurrió, por ejemplo, hace unos días en el pleno del Congreso: no habían pasado ni veinticuatro horas del enfrentamiento entre Miriam Nogueras y Pedro Sánchez, en el que la diputada, con su empatía habitual, llamó hipócrita y cínico al presidente, cuando los siete diputados de Junts salieron al rescate del Gobierno absteniéndose en una votación  para impedir que se aprobara una enmienda del PP con la que se pretendía suprimir la fecha de cese definitivo de explotación de las centrales nucleares de Almaraz (Cáceres), Asco I (Tarragona) y Cofrentes (Valencia).

La cuestión de fondo en todo este affaire es que los pos posconvergentes se ponen muy nerviosos cuando leen las encuestas que auguran un crecimiento exponencial de Alianza Catalana, un subidón que según la demoscopia se va a producir, sobre todo, a base de ganarle votos a los “juntaires”. Y es que, según dicen algunos, Silvia Orriols es la heredera política de Marta Ferrusola y para los convergentes de “toda la vida”, la alcaldesa de Ripoll encarna los valores más profundos de la formación desaparecida. 

Ante esa situación tan poco halagüeña, en Junts han querido ver una ventana de oportunidad para resituarse en Cataluña y no perder el paso electoral rompiendo con el Gobierno de coalición. Los nacional independentistas asumen que, de la mano del PSOE en el Congreso, resulta muy complicado hacer una oposición efectiva al PSC de Salvador Illa en el Parlament. Tampoco les resulta fácil enfrentarse a ERC por sus vínculos con los socialistas. Los pupilos de Puigdemont también buscan neutralizar las críticas que les lanzan desde el partido ultra de Orriols que les acusan de ser incapaces de poner en marcha medidas contra la multirreincidencia, la ocupación de viviendas o la llegada indiscriminada de inmigrantes, además de practicar un independentismo light.

La falta de un proyecto político, sin una línea de actuación clara y con su líder más preocupado por su futuro que por el del país, están haciendo que el desasosiego se instale entre los alcaldes y cuadros medios del partido que ya notan el aliento de Alianza Catalana en el cogote.

Desde que en Junts decidieron poner fin al Govern de coalición con ERC, perdieron la alcaldía de Barcelona, se quedaron fuera de las cuatro diputaciones y no gobiernan en ninguna de las capitales de provincia catalanas, iniciaron un lento pero sostenido camino hacia la irrelevancia: Ahora dicen que han finiquitado su relación con el Ejecutivo de Sánchez, pero acercarse a PP y Vox puede suponer su suicidio político y, de momento, no parece viable que voten con los de Feijóo una moción de censura. Por consiguiente, es razonable pensar que seguirán haciendo lo que han hecho casi siempre: rodear de suspense cada votación.

En definitiva, Junts rompe, pero rompe poco.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 17/11/2025

EL HOMBRE QUE CONFUNDIÓ A SU PAÍS CON UN PARVULARIO

A mediados de los años ochenta, el profesor de Neurología Clínica, Oliver Sacks, (1933-2015), publicó un libro titulado “El hombre que confundió a su mujer con un sombrero”, en el que recopilaba una veintena de historiales médicos de pacientes perdidos en el desconocido mundo de las enfermedades neurológicas.

Hace ya tiempo que leí con sumo interés esas narraciones. De entre todas, me llamó poderosamente la atención el relato que da nombre al libro. Allí, Sacks nos explica que el doctor P es un prestigioso músico que con el paso del tiempo empieza a tener algunos problemas de relación con sus alumnos como, por ejemplo, no reconocer a algunos de ellos o no identificar sus caras. Sin embargo, en cuanto el estudiante habla el profesor lo reconoce por su voz. Con el paso del tiempo, la situación se fue deteriorando, hasta que un día en la consulta de Oliver Sacks, a la hora de marchar y con la mayor naturalidad, cogió a su esposa por la cabeza e intentó ponérsela como si fuese un sombrero.  

Pues bien, he traído a colación ese libro y me ha parecido oportuno parafrasear su título para dar nombre a esta columna porque he creído ver muchas similitudes entre el doctor P, protagonista de “El hombre que confundió a su mujer con un sombrero” y el talante político de Carlos Mazón. 

En efecto, Mazón que obtuvo el soporte de Vox para ser investido, a cambio de asumir como propios buena parte de los postulados de la derecha extrema, tenía todas las cartas de la baraja para desarrollar una legislatura tranquila y de provecho para los valencianos. Sin embargo, las grandes negligencias cometidas antes, durante y después de la dana del 29 de octubre del año pasado han hecho descarrilar su proyecto, sumir a Valencia en el drama y poner de manifiesto la incompetencia más absoluta de algunos individuos para estar a la altura de las circunstancias cuando la situación lo requiere.

Carlos Mazón ha encadenado mentira tras mentira para mantenerse en el cargo. Empezó a falsear la verdad para no desvelar dónde estaba el día de la tragedia, justo cuando más se le necesitaba y lo ha seguido haciendo hasta el mismo momento en que presentó su dimisión un año más tarde, cuando dijo sentirse acorralado por la instrucción judicial por la gestión de la riada, las investigaciones periodísticas, la pérdida de apoyo electoral de su partido en la región y la demoledora imagen del funeral de Estado. ¿Pues qué esperaba?

El actual president en funciones de la Generalitat valenciana no tuvo ni dignidad para anunciar su marcha. Utilizó su declaración institucional para hablar de apagón informático de las agencias estatales de meteorología y de la falta de comunicación y colaboración del Gobierno central, pero sin mostrar, en ningún momento, la más mínima empatía ni con las víctimas ni con los familiares. Se va sin haberse reunido una sola vez con las asociaciones que en este tiempo se han constituido para honrar a las víctimas y defender sus legítimos derechos. Soberbio hasta el último suspiro.

Con todo, Mazón no es el único responsable de este desgraciado affaire porque si el Govern de Valencia hubiese estado organizado como debía, aunque el president hubiera estado en la Cochinchina, los mecanismos previstos para las emergencias se hubieran tenido que activar. 

A pesar de su renuncia al cargo de president, Mazón no renuncia a su acta de diputado y así continuará como aforado y, por consiguiente, parapetado ante la más que plausible imputación judicial. Además anunció que acudiría a una consulta médica y si le dan la baja médica podría ahorrase la comparecencia en las comisiones de investigación que se han constituido en la Cortes valencianas, en el Congreso y en el Senado.

En medio de toda esa lamentable situación, una vez más, Alberto Núñez Feijóo ha demostrado que no tiene ni el cuajo político ni la catadura moral suficiente para ser el líder del partido más votado de España. Debería haber sido él quién indicase al president valenciano el camino de salida y no lo hizo ni después de la dana ni en todo el año transcurrido ni siquiera tras los bochornosos abucheos en el funeral de Estado. Al contrario, cuando Feijóo y Mazón hablaron, la idea del primero era arrancarle el compromiso de que no se volvería a presentar, fue Mazón el que decidió tirar la toalla porque, según dijo, ya no podía soportar tanta presión. Y ahora, en vez de exigir a Mazón que convoque elecciones antes de dimitir, el líder de los populares se abraza, sin rubor, a la extrema derecha para no acudir a las urnas.

De la misma manera que el Doctor P, junto con su señora establecieron una serie de códigos y normas para que pudiese seguir con su vida y ocultar, tanto como les fuera posible la enfermedad. Carlos Mazón creyó que con su sarta de mentiras, acomodando la realidad a su visión y centrifugando responsabilidades a otras instancias salvaría el pescuezo. Se equivocó de nuevo, porque los valencianos, como la inmensa mayoría de los ciudadanos de España, son gente madura y responsable a los que no resulta ni fácil ni gratis engañar, no unos niños que, en su santa inocencia, se lo creen todo. Y, como le sucedió al doctor P, con su señora y un sombrero, el expresidente en funciones confundió a su país con un parvulario.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 10/11/2025

 

LA ESPERANZA RESUCITA EN NUEVA YORK

Después de un año lleno de desplantes, amenazas, malas caras, aranceles desorbitados y memeces varias, por fin, desde los EE UU, nos ha llegado una muy buena noticia: Zohran Mamdani, el candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York ha logrado encarnar en un tiempo récord la esperanza de un cambio en los Estados Unidos de Donald Trump. A sus 34 años, Mamdani se ha convertido en el primer socialista que regirá los destinos de la capital mundial del capitalismo y en el primer alcalde musulmán de la ciudad que sufrió los ataques terroristas del 11-S. El más joven que lo ha conseguido en los últimos cien años.

Mamdani ha roto moldes. En 2018 era un activista que se declaró en huelga de hambre durante 15 días para mejorar las condiciones de las licencias de taxi. Desde entonces su evolución ha sido meteórica. El joven político socialista se ha revelado como un todo terreno de la comunicación. Maneja como pocos las redes sociales, pero también tiene un carisma especial en las distancias cortas, no se incomoda cuando le paran por la calle o le piden selfis.

Hace tan solo un año que se presentó para alcalde. Entonces pocos le conocían en Nueva York. En enero, los mercados de predicción le concedían un 8% de posibilidades de ganar. Sin embargo, el 25 de junio le sacaba más de 12 puntos de ventaja al segundo en las primarias demócratas. Hoy, cuenta con un ejército de unos 100.000 voluntarios, algo nunca visto en unas elecciones en las que en 2021 votaron 1,15 millones de personas.

Para no faltar al rigor informativo, hay que decir que la falta de fuste político de los otros candidatos ha facilitado el camino del joven socialdemócrata. Ahora bien, eso no desmerece ni un ápice el éxito de Mamdani. Su candidatura se ha visto favorecida por los extravagantes rivales que ha tenido enfrente. Cuomo, su principal contrincante, se presentaba como independiente tras perder en junio las primarias demócratas. Fue gobernador del Estado de Nueva York durante una década, heredero de una dinastía política italoestadounidense, era el candidato de los millonarios y tenía el apoyo del establishment demócrata. Hasta Donald Trump dijo que le votaría.

Los otros candidatos eran el conservador Curtis Sliwa −político un tanto pedestre al que no apoya ni el Partido Republicano ni el trumpismo, y que ha preferido no retirarse pese a los llamamientos de que lo hiciera— y el expolicía Eric Adams. Alcalde saliente, cuyo paso por la alcaldía será recordado por su escaso acierto y por las salpicaduras de corrupción que lo llevaron a arrimarse a Donald Trump para librarse de la justicia. Días antes de las elecciones, Adams un poco más avispado que Curtis Sliwa se retiró de la carrera y anunció su apoyo a Cuomo.

Mamadani ha basado su programa electoral en tres ejes básicos, quizás muy simples, pero tremendamente eficaes: congelar los alquileres, autobuses gratis para los padres y guarderías, también, gratis para los niños hasta los cinco años.

La propuesta de congelar durante cuatro años los alquileres en los pisos de renta controlada parece que ha sido la iniciativa que más votos le ha proporcionado. Como no puede ser de otra manera, hay quien desconfía de su meteórico ascenso y lo acusan también de inexperiencia para gestionar una de las mayores ciudades del mundo. Además, le afean su absentismo laboral, ya que cuando trabajaba en la Asamblea de Albany, fue uno de los empleados que más faltó al trabajo en el tiempo que estuvo allí.

Zohran Mamdani no es de los que se muerden a lengua, denunció el “genocidio” en Gaza. Por ello recibió fuertes críticas ya que Nueva York es una urbe conocida por el poder de su comunidad judía, y eso se convirtió en el principal flanco de ataque de sus adversarios al principio de la campaña. No obstante, con su victoria en las urnas, se ha puesto de manifiesto como ha cambiado la opinión pública sobre la masacre israelí desde el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, cuya brutal respuesta ha llevado a Mamdani a prometer la detención de Benjamín Netanyahu si pisa la ciudad. Por todo eso, a los sectores proisraelís, tras la victoria del político musulmán, les ha faltado tiempo para pedir a los judíos neoyorquinos que abandonasen la ciudad y marchasen a Israel.

La victoria de Mamdani en Nueva York es incontestable.  Pero es que además, los demócratas han ganado en, prácticamente todas las elecciones que se celebraron el pasado 4 de noviembre en Estados Unidos. Las candidatas del partido demócrata en los Estados de Virginia y Nueva Jersey, Abigail Spanberger y Mikie Sherrill, se impusieron también con rotundidad en sus respectivos feudos. Estos comicios se interpretaban en los medios de comunicación como un plebiscito a los diez meses que lleva Trumo en la Casa Blanca; a la vez que un test para saber si los demócratas tienen opciones en las elecciones de medio mandato del año que viene, una cita en la que estará en juego el control del Congreso. De ahí que la presidenta del comité de campaña del Partido Demócrata, Suzan DelBene, declarase por el contrario en un comunicado: “Los resultados de esta noche son una clara señal de que los demócratas están listos para recuperar la Cámara de Representantes el próximo año.”

Es muy pronto para echar las campanas al vuelo y ahora conviene dejar reposar la situación para que los demócratas acrediten con su gestión el acierto que supone otorgarles la confianza. Pero todo indica que la esperanza resucita en Nueva York.

 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en la web de CÒRTUM 10/11/2025

 

EL DIARIO DE SESIONES NO MIENTE

Tras las elecciones generales de julio de 2023, con el objetivo de seguir desarrollado su programa de progreso y transformaciones sociales en nuestro país, el PSOE tuvo que poner en marcha toda su capacidad negociadora y de convicción para lograr que diversos grupos parlamentarios del Congreso dieran su voto para investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno

En noviembre de 2023, tras unas largas y escabrosas negociaciones se firmó el “Acuerdo de Bruselas” entre el PSOE y Junts. Según ese pacto, los siete diputados del grupo catalán votarían la candidatura de Pedro Sánchez, a cambio de la aprobación de una Ley de Amnistía, la oficialidad del catalán en la UE y el traspaso de las competencias en inmigración a la Generalitat de Catalunya, entre otras cuestiones de menor calado.

Poco después, se constituyó una mesa de negociación en Ginebra, presidida por un mediador internacional, para hacer un seguimiento del cumplimiento o no de los acuerdos.

Los socialistas lograron su propósito. La legislatura echó a andar, pero muy pronto se vio que aquello no iba a ser un camino de rosas. La debilidad parlamentaria del Gobierno ha facilitado que, en estos dos años de legislatura, el Ejecutivo haya tenido que hacer concesiones a los grupos de la investidura que, en circunstancias normales, no se hubieran producido. No hay nada que objetar. Eso es algo que forma parte del juego parlamentario. Pero todo tiene sus límites y desde el minuto uno quedó claro que a Junts la gobernabilidad de España le importa un pimiento, lo único que les interesa es hacer valer sus votos y poner al Gobierno contra las cuerdas, cuantas más veces mejor.

La realidad es que los dos años que llevamos de legislatura han sido un auténtico vía crucis para el Gobierno que ha tenido que sudar la camiseta en cada votación y los de Junts han dejado en la estacada al Ejecutivo para unir sus votos a los del PP y Vox, en más de una ocasión, sin ruborizarse.

No voy a entrar a valorar si el Gobierno ha sido todo lo diligente que debía para cumplir los pactos acordados o no. El hecho cierto es que, contra la voluntad de muchos militantes socialistas, se llevó al Congreso el proyecto de Ley de Amnistía y se aprobó, si después el Tribunal Constitucional está valorando si la malversación es amnistiable o no es por qué en nuestro país, afortunadamente, existe separación de poderes, como mandan los cánones más elementales de la democracia parlamentaria. De la misma manera, el Ejecutivo puso en la agenda europea la oficialidad del catalán, el gallego y el euskera. Para saber porque el tema se ha encallado los “juntaires” harían bien preguntándole al PP por sus maniobras en la oscuridad para frenar la propuesta. Y, por último, los de Puigdemont deberían recordar que la no aprobación del traspaso de las competencias en materia de inmigración fue una decisión de Podemos, por temor —dijeron— a que esas competencias cayeran en manos fascistas si algún día Junts gobierna en Catalunya.

Según consta en el Diario de Sesiones del Congreso, Junts ha participado casi en el 70% de las derrotas parlamentarias (incluyendo en el cómputo todo tipo de tramitaciones legislativas, de mayor o menor rango) del Gobierno. Desde la constitución del Parlamento hasta el pasado mes de septiembre, los “socios” de Junts han ejercido un papel relevante como oposición al PSOE, impulsando o contribuyendo en varios descalabros del Ejecutivo.  Según los recuentos de votaciones consultados hasta mediados del mes de mayo, Junts ha estado detrás de 52 derrotas del Gobierno de coalición. Han votado directamente en contra en cerca de 40 ocasiones y se han abstenido en otras 13. Mientras que solo han respaldado al Ejecutivo en 18 de esas derrotas. Un recuento al que hay que agregar el 'no' al decreto antiapagones del Pleno de julio; aunque, sin duda alguna, el rechazo a la reducción de la jornada laboral haya sido el más sonado.

Con el anuncio de que Junts rompía sus acuerdos con los socialistas se ha hecho visible algo que ya se daba de facto: que los de Puigdemont hacían más de oposición que de mayoría. El Diario de Sesiones no miente y los datos ahí están.

Ni Carles Puigdemont ni nadie de su equipo se han molestado en explicar cono nos va a beneficiar esa ruptura a los catalanes. En Junts han antepuesto sus temores a un sorpasso de Aliança Catalana al progreso y los avances sociales tanto en Catalunya como en España. Con su decisión los post postconvergentes ponen una alfombra roja para que en nuestro país se instale un gobierno de ultraderecha. Quizás porque todavía acarician aquella idea estrambótica de cuanto peor mejor.

El órdago de los de Puigdemont pone al Ejecutivo de Sánchez a los pies de los caballos, sin mayoría parlamentaria, sin poder presentar una moción de confianza porque los números no dan y sin presupuestos la continuidad de la legislatura se complica.

Está por ver el rol que juegan los diputados de Junts. Lo más probable es que sigan nadando entre dos aguas. Sea como sea, esta ruptura va a suponer un auténtico quebradero de cabeza para el Gobierno. Porque va a resultar, prácticamente, imposible sacar adelante asuntos fundamentales, si no se compensa de forma espléndida a los de Puigdemont. 

Veremos cuál es el alcance real de todo este asunto, pero hay ocasiones en la vida en las que hay que decir: “hasta aquí hemos llegado” y tomar decisiones drásticas, quizás una de esas ocasiones está a punto de llegar. Por eso el PSOE haría bien en tener la maquinaria electoral a punto. En situaciones convulsas, como la actual, todo es posible.

 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 03/11/2025

 

TERRITORIOS A CAMBIO DE PAZ

 

Donald Trump no se besa porque no se llega, pero se gusta mucho.  El presidente estadounidense está pletórico y se ve estupendo, después de lograr un frágil alto el fuego en Gaza. Ese acuerdo de mínimos le ha hecho subir la autoestima y se cree capaz de todo. Una de las primeras cosas que anunció, cuando regresó a la Casa Blanca, el pasado mes de enero, fue que acabaría con la guerra de Ucrania en unas semanas. Sin embargo, la realidad es que, diez meses después, el conflicto está lejos de concluir.

Trump está convencido de poder aplicar con Putin la misma receta que le ha funcionado con Netanyahu para parar el genocidio gazatí. Craso error porque las condiciones de uno y otro son diametralmente diferentes.

Veamos: para empezar Vladimir Putin no depende en nada de EE UU, mientras que Benjamín Netanyahu tiene una dependencia directa de Washington en cuestiones tan decisivas como el armamento, la diplomacia o la financiación, Putin no depende de los lobbys judíos, pero es evidente que Netanyahu, sí. Rusia ha tejido sus alianzas políticas militares y económicas con países que están fuera de la órbita de la influencia norteamericana. Es el caso, por ejemplo, de la India que está siendo severamente castigada con unos aranceles brutales, aplicados por Trump, por comprar petróleo ruso. Un petróleo que, por cierto, refinan y luego venden, incluso a países europeos. Por el contrario, Israel está cada vez más aislada internacionalmente y eso hace que dependa directamente del Tío Sam.

Con la idea de poner fin al conflicto en Ucrania, Donald Trump convocó en el Despacho Oval a Volodomir Zelenski, para sondear al presidente ucraniano, hablar con Putin y reunirse con él poco tiempo después e intentar llegar a un acuerdo que pare la guerra.

El ucranio entró en la Casa Blanca con, al menos, dos ideas claras. La primera, que Putin no quiere la paz, y la segunda, tener el armamento necesario para atacar a los rusos dónde más daño les puede hacer: la retaguardia. Para ello, nada mejor que los misiles de largo alcance Tomahawk de fabricación norteamericana.  Sin embargo, por una vez, y sin que sirva de precedente, Donald Trump se mostró sensato y descartó esa opción por lo que puede suponer de aumentar peligrosamente la escalada del conflicto.

Ante esta situación, el dictadorzuelo extremista húngaro, Víctor Orban, vio una ventana de oportunidad para ofrecer Budapest como ciudad para el encuentro. Hungría es el país más pro ruso de la UE, en la próxima primavera tiene elecciones y, de momento, las encuestas no le auguran nada bueno a Orban.

Sin embargo, desde el Kremlin no tardaron en hacer saber que no están interesados en negociar un alto el fuego en Ucrania. Por eso, tuvo que salir el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, y, poniendo al mal tiempo buena cara, anunciar que “no hay planes” para una cumbre en Budapest en las próximas semanas.

En esta ocasión la displicencia habitual de Putin no ha sentado nada bien en la Casa Blanca y el emperador republicano no ha tardado en imponer duras sanciones al sector petrolero ruso, motor de la economía del país. Y, aunque desde el Kremlin reconocen que esa decisión será un duro golpe para sus interese económicos, también advierten que no van a variar sus planes respecto a Ucrania.

La realidad es que el líder ruso no tiene ningún interés para negociar con el presidente estadounidense. Mientras Putin controle Rusia no parece verosímil una derrota militar rusa. La resistencia ucraniana es admirable, pero todo tiene un límite y si los ucranianos aguantan es gracias al apoyo logístico de la OTAN. Pero la asimetría es tal que la diferencia en motivación no es suficiente para inclinar la balanza. Habrá ofensivas y contraofensivas con un enorme costo humano. Pero Kiev no tiene la capacidad económica ni militar de Moscú. Cuando Putin lo considere oportuno incorporará a filas a miles de hombres que, aunque no vayan al frente, asumirán otras tareas liberando tropas para el combate­.

La actitud esquiva de Putin para negociar, hace que, por las cancillerías europeas haya empezado a extenderse el temor de que, en algún momento, se llegue un acuerdo sobre Ucrania, sin Ucrania ni sus socios europeos. Si eso sucede, supondría un fracaso sin paliativos para Europa porque después de más de tres años de apoyo incondicional ni los ucranios ni los europeos estarían en la mesa de negociación ni como convidados de piedra.

Parece que en la reunión que Trump y Putin mantuvieron en Alaska, el pasado mes de agosto, llegaron a un principio de acuerdo para poner fin a este desgraciado conflicto y que, en esencia, sería: territorios a cambio de paz, es decir, Ucrania cedería la región del Donbás y Rusia retiraría el control que ejerce en la actualidad sobre Jersón y Zaporiyia. Además de la destitución de Zelenski y del compromiso formal de que Ucrania no entrará en la OTAN. Crimea anexionada por Rusia en 2014 de forma ilegal ni entraría en la ecuación.

Lo que busca Putin es lograr una mayor ocupación de territorio ucranio y asentarse de forma incuestionable en el país vecino. Entonces y solo entonces, el líder ruso se sentará a negociar de verdad, pero antes necesita ofrecer a su gente una victoria clara y sin paliativos. No le vale ninguna otra opción. Todo lo demás para él es teatro: puro teatro. 

 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 27/10/2025

LA DERECHA DESNORTADA

Todas las encuestas publicadas, desde la vuelta de las vacaciones de verano, anuncian que Vox le está recortando las distancias al PP a marchas forzadas. En la calle Génova saben que tienen una vía de agua abierta por donde se les están escapando los votos a borbotones, y si no encuentran rápidamente un antídoto, esos votos acabarán yendo al zurrón de Santiago Abascal.

Ante esta situación tan poco halagüeña para los intereses electorales de los populares, Alberto Núñez Feijóo y su grupo de colaboradores más cercanos han decidido bajar a la arena y enfrentarse abiertamente a la derecha extrema, pero en vez de hacerlo con un proyecto propio y con propuestas que refuercen el Estado del bienestar, han decidido ponerse a rueda de los de Abascal imitando sus políticas.  

Y claro, es casi imposible que eso funcione. Algunos expertos en demoscopia sitúan el trasvase de votos del PP a Vox en cerca de un millón, es decir, una barbaridad.

Salvando las distancias —que son siderales—, la actitud del PP me recuerda a la de la izquierda catalana en general y del PSC en particular de años atrás, cuando los progresistas se acomplejaban ante las iniciativas nacionalistas y pensaban que la solución era imitarlas. Craso error como quedó demostrado porque el personal siempre prefiere el original a la copia. 

Uno de los ejemplos más evidentes de esa deriva de Feijóo es el plan sobre inmigración presentado hace unos días en Barcelona. El líder del PP aseguró que la nacionalidad española es “un regalo”, cuando la mayoría de extranjeros han de esperar 10 años y pasar un examen para acceder a ella. En su opinión, “No puede ser un mero trámite administrativo. Ser español no es solo vivir en España: es participar de un proyecto común, compartir una historia, unos valores y un destino. Por eso proponemos reforzar los requisitos de acceso a la nacionalidad. Queremos elevar el nivel de exigencia lingüística, cultural y constitucional”, dijo en su intervención. Sin embargo, según Marcelo Belgrano, abogado con 35 años de experiencia en extranjería, coordinador de los servicios de extranjería y asilo del  Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM)  a la vez que vocal de la subcomisión de extranjería del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE),  explica que: “Para acceder a la nacionalidad española, los extranjeros de la mayoría de países [el ”caso general" para la Administración] han de acreditar, según el Código Civil, 10 años de residencia legal y continuada; dos si son de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal u origen sefardí y uno si están casados o casadas con un español o española". Además, se les exige un certificado de antecedentes penales y haber pasado el llamado examen de españolidad para demostrar el conocimiento del castellano y de la estructura política y legal española.  O sea, resulta evidente que ni Feijóo ni sus asesores más próximos están al día en cuestiones de leyes. 

Otro de los asuntos donde al PP siempre le han chirriado las bielas es con el aborto. Ahí los populares tienen que hacer martingalas invertidas para no enervar a su parroquia. Por eso no se entiende la actitud del alcalde de Madrid, Martínez Almeida, cuando semanas atrás, teniendo mayoría absoluta, dio la orden a su grupo municipal de apoyar una iniciativa de Vox para que sea obligatorio informar a las mujeres que quieren abortar de las supuestas consecuencias del síndrome posaborto. A menos, claro está, que lo que buscase Almeida fuera desestabilizar a la dirección nacional de su partido.

Decía Winston Churchill que “Los adversarios están delante y los enemigos detrás”, y eso es justo lo que le sucede a Núñez Feijóo con Isabel Díaz Ayuso. La lideresa madrileña es una trumpista castiza que va por libre y desautoriza a su líder cuando le conviene. La presidenta de la Comunidad de Madrid se permite el lujo de decir que leyes se cumplen en la Comunidad y cuáles no. Así pues, como que ella no es partidaria del aborto, en Madrid no se confeccionará la lista de médicos que se niegan a practicar la interrupción del embarazo en la sanidad pública y como que la ley de la vivienda no es del agrado de la señora presidenta pues en Madrid no hay ley estatal de vivienda, que es aquella que justamente busca garantizar ese derecho, regular el mercado del alquiler, proteger a los colectivos vulnerables y promover la vivienda asequible. La norma también establece medidas como la posible declaración de zonas de mercado residencial tensionado para limitar los precios del alquiler. A todo esto, Feijóo, de vez en cuando, hace alguna matización, pero moderada, no sea que alguno de los suyo se pueda molestar, pero lo más habitual es que calle y ya se sabe que el que calla otorga.

Estos son, tan solo, algunos apuntes sobre la deriva en que está inmerso el PP. Podría anotar bastantes más, como el caos en la gestión de Moreno Bonilla en Andalucía o las salidas de tono de Miguel Ángel Rodríguez sin que nadie le llame al orden, pero me parece que como muestra es suficiente.

Es evidente que la derecha de nuestro país anda desnortada porque carece de un proyecto político propio, pero también por la falta de carisma y cuajo político de su líder Alberto Núñez Feijóo. Y eso no es una buena noticia, porque en democracia los contrapoderes son imprescindibles.

Dicen que cada sociedad tiene los políticos que se merece. No lo sé. Pero, de ser cierta esa afirmación, podemos estar tranquilos porque entonces Feijóo nunca será presidente del Gobierno de España. 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 20/10/2025

 

RPENSAR EL FUTURO

 

La esperanza de vida que tenemos en España es una de las más largas del planeta. Eso significa un gran desafío para los poderes públicos y, a la vez, una oportunidad de negocio para el sector privado. El envejecimiento de nuestra pirámide demográfica de aquí a 2050 generará importantes retos sociales y económicos. Las necesidades de cuidados de larga duración de la población crecerán exponencialmente en las próximas décadas, sobre todo lo que tiene que ver con la dependencia. Ante esta situación, conviene repensar el modelo socio sanitario y adecuarlo a las necesidades para que no se quede obsoleto.

En nuestro país no se destina ni el 1% del PIB a cuidados de larga duración (incluida la asistencia sanitaria y social), mientras que en otros países de la OCDE, ese gasto representa el 1,5%. Estas cifras ponen de manifiesto que no estamos a la altura en inversión que nos correspondería por ser uno de los países con una de las esperanzas de vida más longevas. Los Estados que más aportan son Países Bajos, donde esta partida alcanza el 4,1% del PIB, y Noruega, donde supone el 3,7%. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que el gasto en cuidados se duplicará e incluso triplicará en 2050, impulsado por el envejecimiento de las poblaciones. La cuestión es: como atención encontrar el equilibrio para ofrecer acceso a una buena calidad con un sistema económicamente sostenible.

La mayoría de expertos consultados opinan que hasta 2050 el gasto público en nuestro país en cuidados debería crecer más del 2% del PIB, ya que el número de mayores de 65 años beneficiarios de ayudas a la dependencia podría duplicarse, hasta llegar a 1,6 millones de personas. Por otra parte, el gasto público en pensiones podría aumentarse hasta cinco puntos de PIB (ahora supone el 12% de ese índice) y el gasto sanitario podría aumentar en más de un punto. Una factura que, de un modo u otro, tendremos que pagar. Por lo tanto, conviene ir buscando soluciones: aumentar las cotizaciones y prolongar la vida laboral, al menos determinados sectores, reduciría el gasto en pensiones y no tendría por qué ir en detrimento del empleo de los jóvenes si se hace con la suficiente destreza.

Una mayoría de la población española considera que hasta los 74 años su estado de salud es bueno o muy bueno. No obstante, es evidente que a más años más dependencia. El responsable técnico de la Unidad de Cambio Demográfico y Envejecimiento Saludable de la OMS, De la Fuente-Núñez, sostiene que: “El envejecimiento de la población aumentará considerablemente el número absoluto de personas mayores dependientes de cuidados”, También considera que serán más las enfermedades y dolencias crónicas. Actualmente, “una de cada cuatro personas mayores de 65 años en España está libre de discapacidad o enfermedad crónica”; María Luisa Carcedo, presidenta de la Comisión de Política Territorial y Función Pública y exministra de Sanidad, apunta que: “Cardiopatía, diabetes, enfermedades pulmonares obstructiva crónica, accidentes cerebrovasculares, demencia, deficiencias sensoriales, trastornos depresivos o artrosis provocan la pérdida de años de vida saludable”.

El sector público juega aquí un papel protagonista, pero la iniciativa privada es indispensable, puesto que el sistema de dependencia se desarrolla mediante un esquema mixto de financiación. Mientras que la valoración, la prescripción y el seguimiento de la dependencia son públicos, la provisión de los servicios es privada. “El sector de cuidados a la dependencia está en un 80% u 85% en manos privadas. La Administración compra en el mercado los servicios que procura a la sociedad”, explica Luis Alberto Barriga, director general del IMSERSO.

Solo el sector de la tele asistencia y ayuda a domicilio facturó 1.755 millones de euros en 2020 —año de los confinamientos y restricciones—, tras registrar un crecimiento del 2% respecto a 2019, año en el que la facturación aumentó un 7,5%. “La actividad empresarial relacionada con los cuidados formales —gestión de residencias, tele asistencia y ayuda a domicilio— representa en torno al 0,5% del PIB español”, sostiene Benigno Lacort, consejero delegado de Atenzia, una de las empresas que ofrece tele asistencia domiciliaria y líder en el sector.

La bomba demográfica está aquí y no solo pondrá contra las cuerdas a nuestro Estado de bienestar. Barrerá el planeta. “Las personas de 60 años o más ya superan a los niños menores de cinco años y para 2050 una de cada cinco personas estará en esa franja de edad”, señala De la Fuente-Núñez. El número de mayores de 80 años o más se triplicará, de 143 millones en 2019 a 426 millones en 2050. Aunque es importante tener presente que “la pandemia ha modificado demográficamente algunos países, con índices de mortalidad más alta en la población de más de 80 años”, reseña Mercedes Abades Porcel, profesora de Enfermería Geriátrica y directora de la Escuela Universitaria de Enfermería del Hospital de la Santa Creo i Sant Pau.

En esta situación, no es casualidad que uno de los segmentos de negocio que más está creciendo son las distintas fórmulas para convertir la vivienda en dinero y seguir viviendo en ella hasta el final. No olvidemos que la casa es considerada por los mayores de 65 años como su mejor plan de pensiones. Es el lugar en el que quieren residir. El colectivo de edades más avanzadas no tiene acceso a financiación bancaria; y, ante una dependencia severa, lo más probable es que el flujo de renta sea insuficiente. Según un estudio de Seguros Santalucía, el coste económico de los cuidados de la dependencia de grado III representa 1,6 veces el importe medio de la pensión pública por jubilación entre las personas de 80 y 84 años, aumentando hasta 1,8 veces entre la población de 85 y más años. Ese déficit es mayor en el caso de las mujeres, ya que el importe medio de las pensiones contributivas por jubilación es menor que el que reciben los hombres.

Nos guste o no esto es lo que hay. Así que, por nuestro bien, repensemos el futuro y vayámonos preparando.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en CÒRTUM 16/10/2025