LA INMIGRACIÓN COMO REALIDAD ALTERNATIVA

Para el próximo día 17 de este mes están convocadas elecciones autonómicas en Andalucía. Los siguientes comicios, si no hay una convocatoria inesperada de por medio, serán municipales y autonómicas en algunas comunidades en el mes de mayo de 2027.

En política el futuro siempre es una incógnita, pero, observando el panorama, me atrevo a pronosticar que la inmigración será uno de los temas estrella en todos los procesos electorales que están por venir a corto y medio plazo. Y si no, ya se encargarán la derecha y la derecha extrema de ponerlo en la palestra porque según sus cálculos ese asunto les genera réditos entre la ciudadanía.

Poco importa que las entradas irregulares hayan caído en la UE un 43% en poco más de un año. Para importantes segmentos de la población, en especial, los más desfavorecidos hay demasiados inmigrantes en España y, con demasiada frecuencia, se los asocia a conceptos negativos. Sin embargo, cuando se les pregunta por la experiencia personal con ellos, los votantes de todos los partidos la juzgan de forma positiva. Un estudio publicado de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), subraya que la inmigración, en general, no resulta perjudicial ni para los trabajadores locales ni para los servicios públicos.

Uno de los mantras más repetidos por la extrema derecha es la supuesta “invasión” de inmigrantes por la frontera sur, ya sea con cayucos por la ruta canaria o balear –en descenso la primera, al alza la segunda– o a través de Ceuta o Melilla. Pero lo cierto es que en España las entradas irregulares, que no “ilegales” porque no suponen ningún delito, representan una ínfima parte de la inmigración que mayoritariamente accede al país por vías regulares. Según las cifras facilitadas por el Gobierno el 94% de los inmigrantes –con permisos de residencia, en trámites de conseguirlos o sin papeles– entraron en el país por aeropuertos con visados o sin ellos (para la gran mayoría de países latinoamericanos no se exigen) pero, tras cumplir el periodo máximo de estancia, se han quedado en España.

El Consejo Económico y Social de España (CES) —institución consultiva del Gobierno— que está compuesto por 60 consejeros y consejeras que representan a las grandes organizaciones sindicales y empresariales, así como a las organizaciones agrarias, del mar, los consumidores y la economía social, además de seis consejeros independientes de reconocido prestigio, recientemente, ha hecho público un Informe con el título “La realidad migratoria en España: prioridades para las políticas públicas”. Ese documento es el resultado del diálogo y el consenso entre sus integrantes; y aunque resulta imposible, por su extensión, presentar aquí todos los datos y conclusiones, quiero destacar algunos asuntos que me parecen muy esclarecedores.

A mediados del siglo pasado éramos uno de los principales países exportadores de emigrantes, ahora somos uno de los principales importadores. Hemos pasado prácticamente de 0 a 10 millones de inmigrantes en muy pocos años. Otros países europeos tardaron seis o siete décadas en este proceso. Tenemos porcentajes de inmigración más elevados que Francia, Italia o Países Bajos y similares a los de Alemania.

No hay evidencia que respalde la afirmación de que la llegada de inmigrantes perjudique las oportunidades de empleo de los nativos Según un estudio realizado a partir de datos del Registro de Permisos de Trabajo y del Censo las oportunidades de empleo de los trabajadores nativos no se ven afectadas de forma significativa por la inmigración.

Sin embargo, a pesar de la elocuencia estos datos y otros muchos del mismo sesgo que se pueden poner sobre la mesa, la derecha extrema (a menudo con la inestimable colaboración de la derecha clásica) está construyendo una realidad alternativa sobre la inmigración basada en falsedades, calumnias y patrañas porque les reporta pingües beneficios electorales. Entre los inmigrantes hay, como entre los nativos, personas con un corazón de oro y algún que otro canalla. Por eso hay que juzgar a los venidos de fuera por sus actos, no por su lugar de procedencia o residencia. Igual que hacemos con los de aquí.

No por casualidad PP y Vox han incluido en sus pactos para la gobernabilidad de Extremadura y Aragón el concepto “prioridad nacional”; en estos momentos, algo quizás más simbólico que real porque su aplicación tendrá efectos más bien escasos. Pero si algún día PP y Vox tienen capacidad para modificar la legislación, prescindiendo de las fuerzas progresistas, los resultados serán demoledores.

Según diversos expertos en la materia, el desafío principal radica en diseñar políticas que permitan aprovechar los beneficios de la inmigración mientras se minimizan los posibles efectos negativos. Para lograrlo, hay que poner en marcha iniciativas de integración y garantizar que los inmigrantes puedan participar activamente en la sociedad y en el desarrollo de la economía del país; atender las necesidades del mercado laboral y coordinarse en el ámbito europeo, puesto que la inmigración es un fenómeno transnacional.

No obstante, yo me atrevo añadir otro elemento que, en mi opinión, es fundamental: no perder nunca de vista que estamos tratando con seres humanos. Algo que algunas formaciones políticas no tienen en cuenta.

 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 04/05/2026

 

SENTIDO COMÚN, DECENCIA Y DIGNIDAD

 

Una vez más, Pedro Sánchez ha enarbolado la bandera del sentido común, la decencia humana y la dignidad política. No es la primera ocasión. Demostró su compromiso cívico cuando planteó la solución de los dos estados como la mejor vía para lograr una paz justa y duradera en el conflicto palestino israelí. Se plantó con el “no a la guerra” cuando se inició el ataque de EE UU e Israel contra Irán, prohibió la utilización de las bases de Rota y Morón con fines bélicos y ahora se ha vuelto a poner en el lado correcto de la historia al proponer a la UE que suspenda el Tratado de Asociación que tiene con Israel.

A pesar del teórico alto el fuego en Gaza, el genocida Benjamín Netanyahu, acompañado por sus adlátares de la extrema derecha que tiene por ministros, están aprovechando la pasividad de la comunidad internacional para llevar a cabo el sueño más preciado del sionismo: construir el Gran Israel, y si nadie les para los pies, no se detendrán hasta cambiar el equilibrio de la región con un nuevo orden que les permita alcanzar y cualquier punto de Oriente Próximo cuando les venga en gana, como están haciendo en Cisjordania y Líbano.

Hace unos meses, Donald Trump presentó un plan para lograr la paz para Gaza. Ese plan preveía la entrada y distribución de ayuda humanitaria en la Franja, a un nivel similar al registrado en el alto el fuego que hubo a inicios de 2025, cuando el flujo diario oscilaba entre 500 y 600 camiones diarios. Sin embargo, organizaciones humanitarias afirman que el volumen real de ayuda que debía entrar en el territorio palestino hasta el estallido del conflicto con Irán era muy inferior y desde el 1 de marzo —día que empezaron las hostilidades con Irán—, el gobierno israelí ordenó cerrar, por motivos de “seguridad”, todos los pasos, tanto a personas como a mercancías. Eso se ha convertido esa parte del mundo en algo muy similar a un campo de exterminio.

Ante esa situación, días atrás España, Eslovenia e Irlanda enviaron una carta a la alta representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, solicitando una revisión del Acuerdo con Israel; en la misiva alegaban que el mismo está vinculado a la observación de los derechos humanos y el derecho internacional. En concreto el artículo 2 del Acuerdo establece que la relación se basa en el respeto a los derechos humanos y los principios democráticos, los cuales son un “elemento esencial” del Pacto. “Las relaciones entre las Partes, así como todas las disposiciones del propio Acuerdo, se fundamentan en el respeto de los derechos humanos y de los principios democráticos...”, reza el artículo mencionado. Jurídicamente, esto se considera una “condición esencial”. Si una parte la incumple, la otra tiene el derecho legal de suspender el acuerdo (según la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados).

Sin embargo, la realidad es mucho más prosaica y en la tensa reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de la UE, celebrada en Luxemburgo, el pasado 21 de abril, a puerta cerrada, aunque quedaba clara la frustración de cada vez más países de la UE con un Israel que, pese a los llamamientos y advertencias, sigue saltándose el derecho internacional dentro y fuera de sus fronteras, el no de países como Alemania o Italia hizo que no se pudiese alcanzar ningún entente para suspender el Acuerdo de Asociación UE-Israel.

Los expertos en cuestiones internacionales consideran normal que no se tome ninguna decisión, dicen que se trata de tantear el ambiente y ver si se puede concretar alguna iniciativa en una próxima ocasión. En ese contexto, el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, lamentó el silencio de la UE, pues "Desde que Israel ha lanzado esta guerra permanente contra todos sus vecinos, no hay ni una sola respuesta de la Unión. Por eso nos estamos jugando nuestra credibilidad. Hay que mandar un mensaje fuerte al Gobierno de Israel, decirle que no podemos mantener una relación como si no estuviera pasando nada", enfatizó el ministro.

Más del 30% de todo lo que vende Israel en el mundo lo hace en le UE. Por lo tanto, suspender el Tratado equivaldría a que sus exportaciones pagarían aranceles mucho más altos, perdiendo competitividad frente a otros países. Decaería su estatus de socio prioritario, y eso acabaría afectando a la inversión extranjera directa. También se cortaría el acceso a fondos de investigación europeos y redes de intercambio académico y tecnológico vitales para el sector de defensa israelí y su alta tecnología se vería afectado.

Ciertamente, suspender el acuerdo requiere unanimidad por parte de los países miembros y eso, a día de hoy parece poco probable. Y es que hay importantes sectores europeos que dependen de tecnología israelita; es el caso de los productos químicos o agrícolas que podrían sufrir un aumento de costes.

Como todo lo que tiene que ver con la política internacional estamos ante un asunto de una tremenda complejidad porque se mezclan intereses cruzados y los problemas difíciles nunca han tenido soluciones sencillas. No obstante, hay algo que debería estar por encima de cualquier consideración que sea: el sentido común, la decencia humana y la dignidad política.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 27/04/2026

ALGUNAS PREGUNTAS SOBRE EL ENVEJECIMIENTO

 

Entre los últimos años del siglo XX y los que llevamos del XXI el aumento de la esperanza de vida, en los piases desarrollados, ha sido exponencial.

El porcentaje de los ciudadanos que pasan de los sesenta años es cada vez más elevado. En principio, eso debería ser una muy buena noticia, puesto que debe entenderse como una mejora para la condición humana, un avance que nos aleja de la más drástica de nuestras limitaciones: la muerte.

Sin embargo, no siempre es así, esa posibilidad a veces nos abruma —o lo parece— porque vemos a los mayores más como un estorbo y un gasto añadido que como algo a potenciar. Y eso es lamentable porque, entre otras cosas, también nosotros seremos mayores, si no es que lo somos ya, y si no llegamos… malo.

Es evidente que la idea de vivir más es algo deseable para la inmensa mayoría de los mortales. Ahora bien, ¿equivale siempre a gozar de una buena calidad de vida? Pensemos que tener personas mayores entre nosotros significa poseer un formidable tesoro de experiencias y sabiduría. Pero, ¿son compatibles los valores de la tercera edad con los que genera nuestra sociedad, propios del universo consumista en el que estamos inmersos? ¿Resultará plausible que en una misma estructura familiar deban convivir hasta cinco generaciones, porque ahora la convivencia entre tres es ya bastante complicada? ¿Podrá ser sostenible una sociedad en la que la pirámide de población esté totalmente invertida?

Japón es una sociedad envejecida y cerrada que prefiere invertir en tecnología antes que abrir las puertas a la inmigración, nos puede servir como referencia.  Allí, los que están en edad laboral empiezan a ser minoría frente a la población inactiva, y, por lo tanto, el sistema económico acabará resintiéndose Según diversos estudios, en 2050 la población mayor de sesenta años representará, casi el 38% del total de los ciudadanos del país del sol naciente.

Ante semejante situación, parece lógico pensar que la edad de jubilación deba retrasarse, y más si tenemos en cuenta el excelente estado de salud de muchas de las personas que llegan a los sesenta y cinco años. Por consiguiente, deberíamos ir asumiendo que más pronto que tarde la jubilación a los setenta años será algo habitual en un futuro no muy lejano.

En este contexto, no estaría de más que nos preguntásemos: ¿cuál será nuestro estado físico y psíquico después de una veintena de años de preparación y estudio más cincuenta o sesenta de trabajo? ¿Evolucionará la ciencia de tal manera que podremos llagar a disfrutar de una buena salud durante veinte o treinta años más después de jubilarnos a los setenta? Y si esto es así, ¿no puede ocurrir que, cuanto más tiempo permanezcamos sanos, más tiempo deberemos trabajar? Y si no, ¿de qué nos sirve vivir más años sin que, paralelamente, se nos pueda garantizar una buena calidad de vida?

Desde luego, la reflexión es sumamente compleja y no veo argumentos para predecir jubilaciones doradas. Es cierto, no obstante, que algunos investigadores sostienen que el desarrollo de determinadas técnicas científicas serán claves en el alargamiento futuro de la esperanza de vida. Otros, en cambio, apuestan por nuevos fármacos, terapias génicas y trasplantes de órganos sin posibilidad de rechazo, gracias a la clonación. Esa evolución de la ciencia nos podría acercar a los ciento treinta años. Sin embargo, no deberíamos perder de vista que el ser humano es un ente natural y, por tanto, complejo, muy complejo. Y nada nos garantiza que si mejoramos una parte de nuestra complejidad, no dañemos otra.

Eso no significa que, si existe alguna posibilidad de retardar y/o evitar la muerte, sea, de todo punto, necesaria ponerla en práctica y que todo el mundo pueda acceder en igualdad de condiciones a esa conquista social.

Seguro que a nadie se le escapan las hipotéticas posibilidades de negocio que subyacen tras estas reflexiones, pero eso no significa que, como sociedad, dejemos de apostar para que se haga todo cuanto sea posible para vivir más.  Aunque hemos de ser conscientes de que todo esto puede acabar en una tragedia y, en consecuencia, necesitamos que los investigadores no pierdan nunca el principio de precaución ante cualquier riesgo, por remoto que sea y anteponer siempre la cordura y la prudencia. O sea, que la búsqueda del bien no genere males peores que los que se quieren evitar. Todos hemos conocido a personas mayores con ganas de morir, porque aunque están vivos, están privados de movilidad, de sentidos e incluso de recuerdos, es decir de una mínima calidad de vida.  Imaginémonos, pues, como podría ser llegar a los 130 años en determinadas condiciones.

No hay duda que el envejecimiento plantea muchas dudas y pocas certezas; pero, en mi opinión, el hecho fundamental es gestionar correctamente las infinitas posibilidades que tiene ciencia para caminar en la dirección correcta. Y para lograrlo, es preciso que la sociedad adquiera la madurez necesaria que permita asumir plenamente sus potencialidades. De no ser así, se pueden cometer auténticas barbaridades.

 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en la web de Còrtum 23/04/2026

LADRAN, LUEGO CABALGAMOS

Quizás a los gobiernos de coalición y progreso presididos por Pedro Sánchez se les podrán criticar muchas cosas. Ahora bien, lo que no se puede negar es que esos ejecutivos han tenido una gran determinación para reforzar el Estado del bienestar y, de manera especial, poner en práctica políticas para mejorar la calidad de vida de los más desfavorecidos.

Asuntos como la reforma del mercado laboral, reducir la temporalidad a mínimos históricos, disparar la creación de empleo superando los dos millones de afiliados a la Seguridad Social o que el SMI haya subido un 61%, que se haya garantizado la revalorización de las pensiones por ley o se haya puesto en marcha el Ingreso Mínimo Vital (IMV), son algunas de las iniciativas con las que se ha reforzado el escudo social desde que Sánchez llegó a la presidencia del Gobierno en 2018.

Ahora, el Ejecutivo ha dado un paso más y en el Consejo de Ministros del pasado 14 de abril (no sé si la fecha es pura casualidad o no) aprobó el real decreto para la regularización extraordinaria de inmigrantes que se encuentran en España. Con esa iniciativa se prevé que unas 500.000 personas en situación irregular puedan incorporarse al sistema, cotizar, pagar impuestos, tener derechos y obligaciones. Para evitar problemas, el Gobierno ha tenido que ajustar la norma a las recomendaciones hechas por el Consejo de Estado y endurecer todo lo relativo a los antecedentes penales. Con el fin de paliar posibles inconvenientes, el Ejecutivo se ha ofrecido a ayudar a los inmigrantes pidiendo a sus países de origen los certificados por vía diplomática si estos se retrasan.

Los solicitantes tendrán que demostrar que llevan cinco meses viviendo en España, haber entrado en el país antes del 1 de enero de 2026, ser mayores de edad y presentar un pasaporte u otros documentos identitarios en vigor o caducados. Es imprescindible carecer de antecedentes penales.  ¿Cuánta gente hay en esas circunstancias? Al tratarse de personas en situación irregular, no hay una estadística definitiva, pero sí existen estimaciones basadas en registros donde sí constan esas personas, como el padrón o las encuestas laborales. Algunos estudios apuntan que unas 850.000 viven en nuestro país en situación irregular. Esa cifra equivale al 17%, aproximadamente, de todos los extranjeros nacidos fuera de la UE que actualmente viven en España.

En un interesante artículo publicado en EL PAÍS (14/04/26), en referencia a esa regularización extraordinaria, Andrea Rizzi, sostiene que, “es un gesto político a contracorriente en el panorama global contemporáneo” (…) “las democracias avanzadas se mueven en otra dirección”. (…) “Se está produciendo un repliegue identitario, de desconfianza y recelo y xenofobia hacia los extranjeros”. (…) “Los nacionalpopulistas marcan el discurso en materia migratoria. En ese contexto, muchas derechas convencionales e incluso algunas fuerzas progresistas —como en Dinamarca—han girado hacia políticas migratorias de extrema dureza en las cuales resulta inconcebible una medida como una regularización masiva”.

Y no solo eso, nuestra sociedad, como casi todas las sociedades occidentales, padecen un claro declive demográfico; necesitamos, mano de obra para cubrir los empleos que los de aquí no quieren; por otra parte, los que vienen de fuera nos aportan dinamismo y multiculturalidad. Y no podemos olvidar que es de primero de solidaridad otorgar derechos a quienes ya residen, trabajan, aportan y conviven con nosotros.

Resulta deprimente ver como los populares hacen caso omiso a los empresarios y de la Iglesia que en 2024 auspició una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que promovía la regularización masiva de inmigrantes y entonces votaron a favor. En cambio, ahora, a rebufo de la extrema derecha han endurecido su discurso sobre inmigración. El propio Feijóo defendía que se diera una salida al medio millón de extranjeros que se calculaba que residen en España de forma irregular. “Hay un debate que tenemos que dar y debemos zanjar con los inmigrantes que viven y trabajan en España, pero que no han obtenido de momento beneficios”, dijo en una entrevista en la COPE en abril de 2024. Los migrantes en situación irregular, añadió, “pueden estar tranquilos que el PP es sensible con ellos y buscará soluciones para una inclusión social correcta y legal”.

Pero ahora, al líder del PP le ha faltado tiempo para decir que la medida aprobada por el Gobierno para dar papeles a unos 500.000 extranjeros que ya residen en España “va en contra de las Cortes, va en contra de Europa y de la mayoría de los españoles”. Y ha argumentado que “alienta a las mafias”, ya que reciben el mensaje de que “España es un chollo”; que “perjudica a quien cumple y ha entrado de forma legal”; que es “insegura”, porque no se sabe a cuántas personas afecta; y que “sobrecarga el Estado del Bienestar”.

Estos días hemos conocido el acuerdo alcanzado entre PP y Vox para gobernar Extremadura. Ese pacto, advierte que no se subvencionará a la ONG que acojan a irregulares, aunque pertenezcan a la Iglesia como, por ejemplo, Cáritas y tiene una “medida estrella” que es: dar prioridad absoluta a los españoles en las prestaciones sociales, ayudas, subvenciones y acceso a la vivienda pública. Sobran los comentarios.

Para cerrar la apretada agenda política de los últimos días, Barcelona acogía, este último fin de semana, a un muy nutrido grupo de líderes progresistas de todo el mundo que asistían a un cumbre donde se ha puesto en valor el multilateralismo frente a los EE UU de Trump y donde se han hecho propuestas para relanzar a la izquierda. En ese contexto, el presidente colombiano, Gustavo Petro, entre otras cosas, dijo que: “España es vanguardia en Europa”.

Mientras, en un desesperado intento de contraprogramar a Sánchez, la derecha organizaba un encuentro en Madrid, con la opositora venezolana, María Corina Machado, que además de ser espléndidamente agasajada por el PP,   se reunía con Núñez Feijóo, Santiago Abascal e Isabel Díaz Ayuso, a la vez que declinaba verse con el presidente del Gobierno.

Visto lo visto, queda claro el nivel político y la catadura moral que tiene la oposición en nuestro país y la derecha extrema a nivel global. Ante esta situación y las expectativas de futuro que generan los tierraplanistas de la política y negacionistas del progreso; no es de extrañar que la gente progresista piense: “Ladran, luego cabalgamos”, y es que esa tropa no da más de sí.

 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 20/04/2026

 

HOY COMO AYER

En estos días se cumplen noventa y cinco años de la proclamación de la Segunda República española. Aquel 14 de abril resulta muy difícil entender si no se conoce el contexto socio político que hizo posible el advenimiento.

La República fue precedida de una dictadura que arrancó en 1921 y duró hasta 1930 y que, como todos los sistemas autocráticos, acabó en fracaso. Ante esa situación, Alfonso XIII intentó devolver el país a un sistema más o menos democrático. En un primer momento confió en el general Dámaso Berenguer para recuperar la "normalidad" constitucional, pero no lo consiguió. Finalmente, el almirante, Juan Bautista Aznar, intentó salvar los muebles con un gobierno de concentración; sin embargo, la suerte estaba echada.

Aquella situación había deteriorado gravemente a la monarquía, generando una larga crisis política. La conjunción de los problemas económicos internos con los de la depresión mundial y un renacimiento intelectual muy potente gestaron la tormenta perfecta para que se produjese el cambio de régimen. Semejante eclosión no hubiera sido posible si en agosto de 1930 no se hubiera firmado el Pacto de San Sebastián. Los dirigentes políticos que se pusieron al frente de aquella iniciativa eran hombres que, procediendo de posiciones ideológicas muy distintas, en algunos casos antagónicas, supieron priorizar lo importante, lo que les unía por encima de lo que les separaba y les apartaba del objetivo final: la proclamación de la República.

Personajes de talante político tan diverso como Niceto Alcalá Zamora, Manuel Azaña, Álvaro de Albornoz, Casares Quiroga, Marcelino Domingo, Alejandro Lerroux o Ángel Galarza renunciaron a muchas cosas para lograr un bien superior.  A título personal asistió a las conversaciones el dirigente socialista Indalecio Prieto y tanto el PSOE como la UGT acabaron uniéndose al pacto unos meses más tarde.

El cambio de régimen tuvo enormes consecuencias. Para Manuel Azaña, el político que mejor la encarnó el espíritu republicano, “la República devolvía las libertades a los españoles y devolvería al país la dignidad nacional. “La República venía realmente […] a satisfacer las exigencias más urgentes del pueblo”. Esperanza, ilusiones, entusiasmo y grandes expectativas vieron nacer la experiencia democrática más avanzada que había vivido España.

La Segunda República abrió una etapa llena de ilusión y esperanza para modernizar a la España que estaba atrapada en el siglo XIX. El régimen republicano impulsó la libertad, la justicia, la igualdad, la educación y el laicismo, en definitiva, la auténtica democracia.

El nuevo sistema político se propuso la tarea de modernizar España en cuestiones cruciales, pero no logró establecer un consenso básico sobre el propio régimen político ni satisfizo las expectativas generadas por el cambio. En sus dificultades influyó la debilidad de la clase media en un país de fuertes contrastes, con ciudades que se modernizaban y un atrasado mundo rural. La inestabilidad agudizó los problemas económicos, por el impacto de la crisis del 29 La fuga de capitales y la rigidez de la patronal, con el beneplácito de la Iglesia, agravaron la conflictividad social, sobre todo en el campo. 

En aquellos años, la vida cotidiana ganó en dinamismo por el clima de liberalización y la mayor politización, aunque tuvo algunas salidas de tono tan innecesarias como contraproducentes. Diversas medidas atenuaron la discriminación femenina y hubo mayor presencia de las mujeres en la escena pública.

La enseñanza y la cultura se extendieron a todos los rincones de la población con los principios de la pedagogía activa y los valores laicos e igualitarios, fomentando la coeducación y poniendo en marcha las escuelas mixtas.  Se construyeron unas 10.000 escuelas y se contrataron miles de maestros. El Gobierno puso especial interés en alfabetizar a la ciudadanía de las zonas rurales, para ello se pusieron en marcha las Misiones Pedagógicas encargadas de la edificación de bibliotecas, centros culturales y teatros. Y con la Constitución aprobada en diciembre de 1931 se otorgó el sufragio a las mujeres, algo nada habitual en la Europa de los años treinta del siglo XX.

En muy poco tiempo, España dejó de ser un país subdesarrollado para ser una de las puntas de lanza de la modernidad y el progreso cultural en Europa. Sin embargo, buena parte de los elementos que fueron determinantes para proclamar la República acabaron siendo decisivos para derrocarla: La inestabilidad internacional, la crisis económica, una izquierda con mucho empeño, pero, en ocasiones, con poco acierto y, sobre todo, el auge de movimientos autoritarios como el fascismo y el nazismo convirtieron a nuestro país en un banco de pruebas de lo que aplicarían, poco tiempo después, en toda Europa.

A pesar de todos los avances, la Segunda República no llegó a estabilizarse políticamente. Con un sistema de partidos muy fragmentado, y frágiles coaliciones. Entre el 14 de abril de 1931 y el 18 de julio de 1936 hubo diecinueve gobiernos distintos, dificultando así una labor política sostenida.

Según el filósofo George Santayana "Aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo". Pues bien, han pasado más de noventa años y la historia se repite de forma casi mimética: la inestabilidad internacional va in crescendo, la recesión económica se deja ver en el horizonte, la desafección de la ciudadanía con sus dirigentes es cada vez es mayor y, mientras, la extrema derecha está eufórica, desatada y sin complejos porque crece de manera continuada.  

En definitiva, los factores de nuestro contexto sociopolítico son, prácticamente, los mismos hoy como ayer, pero no aprendemos o peor: no lo queremos ver.

 

 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 13/04/2026

 

UN FRENTE DE IZQUIERDAS O ALGO QUE FRENE A LA DERECHA

Algo sabemos, en España, de coaliciones electorales que han acabado en sonoros fiascos. Es el de la caso la operación reformista que se presentó a las elecciones generales de 1986. Aquello, en realidad, fue un complicado encaje de bolillos, tejido por Miquel Roca Junyent financiado, en buena parte, por Florentino Pérez. El encaje fue el signo de aquel proyecto desde su creación, a partir del pequeño Partido Demócrata Liberal de Garrigues Walker, hasta la constatación de que Roca no tenía la menor intención de pasar a militar en la nueva formación, abandonando Convergencia Democrática de Catalunya. Al final, y a pesar del fuerte despliegue no lograron ni un solo escaño.

En el año 2000, los dos grandes partidos de la izquierda en España, de entonces, el PSOE de Joaquín Almunia e IU, encabezada por Paco Frutos, cerraron un acuerdo electoral para participar en las elecciones generales del 12 de marzo. El pacto era un programa para gobernar que ambas formaciones se comprometían a cumplir si lograban sumar los escaños suficientes para formar gobierno. El acuerdo constaba de tres puntos: programa a cumplir, compromiso de apoyo en la investidura y listas conjuntas para el Senado en determinadas circunscripciones. La noche electoral del 12 M del 2000, el PP dirigido por José María Aznar logró una amplia mayoría que le permitió gobernar durante cuatro años sin ninguna cortapisa.

Con estos brevísimos recordatorios no quiero decir que se tenga que repetir la historia de forma mimética, pero puede ser interesante tenerlos en la memoria.

Las recientes elecciones autonómicas celebradas en Extremadura, Aragón y Castilla-León han evidenciado el fracaso electoral de los partidos a la izquierda del PSOE que, enredados en sus cuitas internas, son incapaces de hilvanar un proyecto ilusionante para la ciudadanía, aunque voluntad parece que no les falta.

Ante esta situación tan poco halagüeña, el conglomerado de partidos que, a la izquierda de la izquierda, impulsado por Gabriel Rufián pretende constituirse en algo así como un frente amplio empieza a tener visos de verosimilitud. Es muy probable que los resultados en las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo sean determinantes para que el proyecto prospere o quede aparcado sine die.

Dicen los que afirman conocer el núcleo duro del asunto que, el que fuera comunista de juventud, reciclado al independentismo más tarde y ex portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, es el generador de la idea, mientras que Rufián se ha convertido en algo así como el comercial del negocio que anda por las Españas para atraer adeptos a la causa.

Bien está. No tengo nada que objetar; aunque confieso que cuando me llegó la noticia, por primera vez, me tuve que pellizcar para cerciorarme de que no estaba alucinando. O sea, estos dos personajes que estuvieron diciendo, hace algo más de una década, a todo el que los quisiera oír y escuchar que ellos en 18 meses se iban de España para venirse a la república catalana, ahora sorben los vientos para que su idea se la voten en Jumilla y en Cambados.

Es una evidencia que, en estos momentos, Gabriel Rufián es el mejor situado para encabezar esa hipotética coalición. Si se trata de unir a la izquierda, movilizar al electorado, atraer a nuevos votantes e incluso gobernar España, por encima de todos los nombres barajados, incluyendo ministros y exministros, el portavoz de ERC en el Congreso sobresale con luz propia. Quizás sea debido a su nivel de conocimiento por parte de los votantes encuestados, el más alto con excepción de la ya descartada Yolanda Díaz. Eso es así y se explica por sus intervenciones parlamentarias y su súper actividad en las redes sociales. No obstante, según diversos estudios demoscópicos, esa coalición que podría encabezar Rufián apenas ampliaría el espacio electoral y nada cambiaría en los actuales equilibrios, a menos que consiguiera ampliar la base reincorporando a votantes desencantados. Sin embargo, resulta muy poco realista pensar que sean muchos los que puedan sentirse atraídos por un candidato independentista que hace cuatro días pretendía quebrar el Estado marchando de España.

Rufián no lo tiene fácil porque los primeros palos en las ruedas se los están poniendo en ERC, su formación política. El líder de los republicanos, Oriol Junqueras, en su habitual tono beatífico,  haciendo un repaso a la  actualidad política se mostró taxativo sobre el papel de Esquerra dentro del proyecto de Rufián,: “Rufián es mi amigo, alguien fantástico: expresa su opinión personal y yo estoy a favor de la libertad de conciencia, solo faltaría, pero esto es compatible con afirmar que el catalanismo, los valores democráticos y el independentismo en Cataluña lo encarnan ERC”, e insistió que “Esquerra se presentará como Esquerra”.

Desde hace unas pocas semanas un siniestro presagio recorre las sedes de la izquierda alternativa. Y es que algunos sondeos dan al PP-Vox hasta 210 escaños en las próximas elecciones generales, es decir, mayoría cualificada (3/5), y atención, ya que 210 es una línea roja muy significativa porque, efectivamente, permitiría en el Congreso hacer reformas de la Constitución. Por ejemplo, se podrían recuperar competencias autonómicas como educación o seguridad, afectando a Mossos y/o Ertzaintza. También se podrían cambiar o recuperar competencias que tienen las comunidades autónomas: De hecho, el Gobierno central podría recuperar, prácticamente, todo aquello que el estado de las autonomías descentralizó.

Los 210 diputados son una posibilidad, difícil, pero plausible, y eso permitiría reconfigurar el mapa autonómico sin consulta popular, quitando poder al independentismo; aunque quizás, entonces, los talibanes del soberanismo se echarían, otra vez, al monte, por aquello del cuanto peor mejor. Con esa gente nunca se sabe.

Por lo que pueda ser: con o sin frente de izquierdas, hay que frenar a la derecha.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 29/03/2026

 

PRESUPUESTOS EN STAND BY

No ha podido ser. El Govern de la Generalitat ha tenido que echar el freno de mano y retirar los Presupuestos para 2026, que se hubiesen tenido que empezar a debatir el pasado viernes en el Parlament. De esa forma, el Consell Executiu evita un serio revolcón y, de paso, elude convocar elecciones.  

ERC se ha mantenido firme en sus planteamientos maximalistas y no ha cedido un ápice; los republicanos han hecho de la cesión de la recaudación del IRPF bandera. En algún momento, pareció que la crisis de Rodalies podía abrir una ventana de oportunidad para que republicanos y socialistas salieran del callejón, en apariencia sin salida, en que se habían metido. La solución pasaba por la creación de un consorcio que ejecutase e hiciera seguimiento de las infraestructuras; esa hubiera podido ser, al menos, una salida temporal.

Para los republicanos es condición sine qua non que la Agencia Tributaria Catalana recaude de forma íntegra el IRPF que se genera en la comunidad y ahí el Gobierno central se muestra reticente. Como mínimo hasta después de las elecciones autonómicas en Andalucía que según parece serán en el mes de junio.  

Ante esta situación, los de Oriol Junqueras han preferido aplazar el debate y la hipotética aprobación de las cuentas para el final del presente periodo de sesiones parlamentarias. En ERC piensan que la ministra María Jesús Montero es el tapón que impide que avancen las negociaciones sobre el IRPF. Por eso esperan que con la convocatoria de las elecciones andaluzas la ministra deje el Gobierno porque es la candidata del PSOE a la Junta.

De todas maneras, si hemos de dar credibilidad a las declaraciones de Junqueras, tras la retirada de las cuentas por parte del Govern, resulta que ahora el problema no es la cesión del IRPF, sino que los presupuestos, según el líder republicano, no son "suficientemente buenos". "Lo queremos todo", dijo, pero parece que han cambiado prioridades. Es más, Junqueras se ha felicitado por haber forzado al Govern a reordenar su agenda, recordando que "es la primera vez en la historia del país" en que se retiran unos presupuestos antes de votarse, tampoco hizo referencia a posibles "incumplimientos de los acuerdos de investidura", que en las semanas anteriores había sido su principal argumento para amenazar con tumbar las cuentas en el Parlament.

En definitiva, una actitud un tanto extraña que invita a pensar en la eventualidad de que Oriol Junqueras se haya visto forzado a jugar el papel de oposición y no de socio del Govern por la delicada situación interna de su partido. Es un secreto a voces que el último congreso de ERC se cerró en falso y la disidencia interna le está marcando muy de cerca, obligando a la dirección a realizar cabriolas para no enconar los ánimos más de lo que ya lo están y, en ese contexto, Junqueras tiene que marcar perfil para que sus adversarios domésticos no le pongan contra las cuerdas.

Aunque, quizás, la clave de este desvarío esté en unas declaraciones que hizo el portavoz de los republicanos en el Parlament, Josep María Jové que dijo: “queremos unos presupuestos para seguir avanzando en soberanía”; o sea, para ellos la soberanía pasa por la recaudación del IRPF por parte de la Generalitat, mientras que la sanidad, la educación o las infraestructuras, es decir, mejorar la vida cotidiana de los ciudadanos, que es de lo que han de ir unos presupuestos autonómicos, les importa un pito. Una vez más los republicanos confunden el culo con las témporas que diría Don Camilo, si estuviera entre nosotros.

A veces ocurre que los árboles no nos dejan ver el bosque y eso es, en mi opinión, lo que le está sucediendo a ERC. Obsesionados por lograr la cesión de la competencia recaudatoria, han perdido de vista la Cataluña actual.  Hay que tener en cuenta que la Generalitat funciona con los presupuestos prorrogados de 2023, y sin presupuestos o, en su defecto, un suplemento de crédito, a partir del mes de abril podría haber problemas de tesorería. Las nóminas y el pago de la deuda no peligran, pero serían muchos los asuntos que quedarían aparcados.

Por el contrario, los presupuestos contemplan un aumento del gasto de unos 9.126 millones de euros, mientras que el presupuesto total ronda los 50.000 millones y si se incluye el sector público se alcanzarán los 65.000 millones. Pero si finalmente no se aprueban las cuentas se perderán 1.500 millones de euros.

Para evitar males mayores, el Govern aprobó el pasado jueves un suplemento de crédito de casi 6.000 millones de euros; con esos recursos se garantiza el pago de las nóminas y las subidas salariales acordadas con profesores y mossos. En cambio, no se podrán poner en marcha proyectos como la segunda fase del Pla de Barris o el incremento de la plantilla de la Agenta Tributaria Catalana.

En las últimas horas, Junqueras se ha descolgado pidiendo nuevos traspasos de competencias a cambio de desvincular la recaudación del IRPF de los presupuestos. No obstante, la consellera, Alicia Romero, ha enviado un claro aviso a navegantes al decir que: “espera que ERC plantee cosas que estén al alcance del Govern de la Generalitat y bajo sus competencias", a los buenos entendedores con pocas palabras les basta.

Una vez más, en Esquerra se ha impuesto la pulsión soberanista a su supuesto progresismo. Estamos ante una crisis que, según todos los indicios, a los protagonistas no les interesa que vaya mucho más allá y, aunque de momento, los presupuestos van a quedar en stand by; es bastante probable que lleguemos a la canícula con los las cuentas aprobadas. De ser así, todo habrá quedado en una tormenta de verano o si lo prefieren de primavera.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 23/03/2026