Con la aprobación del decreto que
regula la inscripción extraordinaria de personas extranjeras, el Gobierno de
Pedro Sánchez no ha hecho más que utilizar el sentido común y poner en marcha
una iniciativa de justicia social. Sin embargo, la derecha no lo ve igual y,
para variar, han montado una escandalera acusando a Sánchez y todo el Ejecutivo
de querer tapar con esa decisión los problemas ferroviarios del país. Es igual,
porque si no hubiera contrariedades con los trenes apuntarían a cualquier otra
cuestión y es que el PP ha hecho de aquella célebre frase italiana que dice:
“Piove porco Governo”, el centro de su estrategia política
En opinión de Isabel Díaz Ayuso, esa
regularización no tiene otro objetivo que el electoralista. Para la presidenta
de la Comunidad de Madrid los inmigrantes podrán votar en las elecciones
generales de 2027, cuando, en realidad, la Constitución española deja claro en
su artículo 13 que “el derecho de sufragio para las elecciones generales y
autonómicas corresponde a los españoles mayores de edad”, es decir, a aquellos
que tienen nacionalidad española, no solo residencia. Sí lo podrán hacer en las
municipales los ciudadanos que procedan de la UE o de países con los que hay
acuerdos de reciprocidad. En la práctica, los extranjeros residentes en nuestro
país tardan unos diez años en obtener la nacionalidad, unos cinco si son hispanoamericanos.
“Miente que algo queda”, deben pensar en Génova, 13 porque no ha salido nadie a
enmendar a la presidenta madrileña.
En la etapa de José María Aznar, como
presidente del Gobierno, se llevaron a cabo, entre los años 2000 y 2001 dos
regularizaciones extraordinarias que supusieron normalizar a algo más de medio
millón de personas; la diferencia es que entonces lo hizo un Ejecutivo como
“Dios manda” y ahora la iniciativa es de un Gobierno progresista, “bolivariano”
para los trumpistas castizos. Aunque resulta imposible de cuantificar con
detalle, se calcula que unas 800.000 personas podrían regularizar su situación y
beneficiarse de la medida.
La derecha y la derecha extrema nos
quieren asustar al hablar de una supuesta “invasión” de inmigrantes por la
frontera sur, ya sea con cayucos por la ruta canaria o balear –en descenso la
primera, al alza la segunda– o a través de Ceuta o Melilla. Pero lo cierto es
que en España las entradas irregulares, que no “ilegales” —porque no suponen
ningún delito—, representan una ínfima parte de la inmigración, que
mayoritariamente accede al país por vías regulares. El 94% de los inmigrantes
–con permisos de residencia, en trámites de conseguirlos o simpapeles– entraron
en el país por aeropuertos con visados o sin ellos (para la gran mayoría de
países latinoamericanos no se exigen) pero, tras cumplir el periodo máximo de
estancia, se quedan en nuestro país.
Para evitar esa supuesta invasión PP
y Vox tienen sus fórmulas y proponen frenar la inmigración irregular con una
mayor presencia de buques en el mar con el fin de contener los cayucos que
siguen llegando a Canarias desde Mauritania. Los de Feijóo apuestan por un
mayor despliegue de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, conocida
como Frontex, mientras que los de Abascal se inclinan por la Armada. Ambas
recetas chocan con la realidad; Frontex solo se puede desplegar en países
europeos, como lo está en Canarias, y lo único que puede hacer son tareas de
auxilio. Lo conveniente sería una mayor presencia de Frontex en África para
disuadir las salidas, pero para eso es necesario el acuerdo con terceros
países. Y en el caso de la Armada, ya lo dejó claro meses atrás el jefe del
Estado Mayor de la Armada, almirante general Antonio Piñeiro: “Que nadie piense
que vamos a estar combatiendo en la mar la inmigración”.
Con la regularización se va a dar
carta de normalidad a esas personas que recogen la fruta en el campo, que nos
sirven el café en le terraza de un bar o a los que les limpian el culo a los ancianos
que están en las residencias; pero es que, además, saldrán de la economía
sumergida, cotizarán al Estado por lo que harán crecer el PIB y con sus
contribuciones fiscales ayudarán a pagar a nuestros pensionistas.
Según el diario inglés The
Economist, poco sospechoso de ser de izquierdas, en un interesante reportaje,
publicado recientemente, sostiene que los migrantes resultan
indispensables para los mercados laborales de los países desarrollados.
Sin ellos se perdería dinamismo y riqueza, por cuanto estas personas ocupan
trabajos de difícil cobertura por parte de los nacionales de cada país. No
“roban el empleo a nadie”. Más bien al contrario, contribuyen a la creación de
puestos de trabajo de mayor calidad y mejor remuneración, que ocupan los
nativos. Además —continúa el escrito—, aumentan la productividad y combaten la
crisis demográfica que afecta al llamado Primer Mundo. Dado que, en general, al
menos en la primera generación, como aún ocurre en nuestro país, son más
jóvenes que la población de acogida, tienen necesidad imperiosa de
trabajar y consumen menos servicios esenciales, como la sanidad de lo que lo
hacen los nacionales. Aportan el 10% de la Seguridad Social, mientras que solo
gastan el 1%, y según la OMS, el coste sanitario de las personas a partir de
los 65 años llega hasta el 90% del total, edad que aún no han alcanzado la gran
mayoría de migrantes que residen en España.
Los datos son muy elocuentes y en
esta ocasión las falacias no tienen cabida, así que los profetas de la
catástrofe y carroñeros de la política, harían bien hablando menos y leyendo
más porque como decía Platón “Las opiniones sin conocimiento son la razón de la
ignorancia”.
Bernardo Fernández
Publicado en Catalunya Press
09/02/2026
