SE LLAMA GENOCIDIO

No hace falta tener una sensibilidad especial para estremecerse ante la tragedia humana que está ocurriendo en Gaza. Lo que está haciendo el ejército de Israel al pueblo palestino no tiene nombre o sí: se llama genocidio. Ya se han superado los 64.000 muertos y no se ve un final. La máquina de guerra israelí funciona a toda pastilla, cada vez con mayor virulencia, bombardeos constantes sobre civiles, desplazamientos de población y un estricto bloqueo de suministros y de energía están poniendo en grave peligro la supervivencia de los habitantes del campo de ruinas en que ha quedado convertida la Franja.

La matanza perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023 (que el mundo condenó de forma generalizada) no justifica el genocidio que se está cometiendo con los ciudadanos gazaties. Nada justifica la manera de actuar de Israel ni en Gaza, ni en Palestina, ni en Oriente Próximo en general. Además, el respaldo que Gobierno y Ejército están dando a los abusos de los colonos en Cisjordania refuerza la idea de que el 7 de octubre es utilizado como pretexto para un proyecto previo.

Benjamín Netanyahu es un tipo sin escrúpulos y sin límites, que ha hecho suya —en parte por convicción y en parte para mantener los apoyos necesarios para seguir en el poder— la agenda en Gaza de sus aliados de la extrema derecha nacionalista israelí. Después de infinidad de crímenes de lesa humanidad, la semana pasada ordenó desalojar la ciudad de Gaza y el traslado de centenares de miles de civiles. También atacó a la diezmada cúpula de Hamas que estaba en Qatar preparando una cumbre para la paz.

El objetivo último de tanta barbaridad es el establecimiento de asentamientos y la limpieza étnica de la población de la Franja. Y es posible porque Donald Trump ve con buenos ojos la expulsión de los palestinos de su tierra, primer paso para llevar a cabo el proyecto de construir una Riviera de lujo en esa parte del mundo.

Para los socios ultras de Netanyahu, que dan voz al movimiento radical de colonos israelíes, la religión es uno de sus ejes vertebradores. Por eso es irrenunciable apoderarse de Cisjordania, la Judea y Samaria bíblicas, que consideran el corazón de la tierra de Israel que creen prometida por Dios a los judíos. Una vez más, las creencias religiosas marcan el tempo de la política, o si se prefiere de la vida y de la muerte.

El Consejo de Exteriores de la UE celebrado el 23 de junio y el Consejo Europeo llevado a cabo pocos días después constataron con diversos documentos la matanza perpetrada por el ejército israelí a las órdenes de Benjamín Netanyahu. Existen, también, informes basados en testimonios de militares israelíes a los que se les exige el uso de armas de fuego contra palestinos desarmados para mantener el orden durante la recogida de alimentos, distribuidos ahora por una fundación patrocinada por Israel y Estados Unidos. Dichas órdenes de los mandos militares, desmentidas por el Gobierno, explican el elevado número de muertes civiles entre quienes buscan comida y agua.

Ante esta insoportable situación la UE decidió mirar hacia otro lado; y esa actitud tan timorata es lamentable porque la Unión tiene herramientas de sobra para presionar al Gobierno israelí. La UE y sus Estados miembros son el principal socio comercial, inversor y de intercambio de personas de Israel, así como su principal proveedor de armamento. En el año 2000 la UE e Israel firmaron unos acuerdos que son los más favorables para terceros países firmados nunca por la Unión. Esos pactos, entre otras cuestiones, contemplan la exención de derechos de aduana a las exportaciones de bienes, servicios y de visados para sus ciudadanos.

Pues bien, después de que el Consejo de Asuntos Exteriores constatase que Israel no respeta los derechos humanos, los dirigentes de la UE tienen la obligación jurídica, política y moral de suspender ese acuerdo. No hacerlo, como está ocurriendo, equivale a ser colaboradores de Netanyahu y lo que es peor, no tomarse en serio lo más preciado que puede tener un colectivo: la dignidad.

Ahora, sin embargo, el pleno del Parlamento Europeo, por iniciativa de la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von de Leyen, ha propuesto la suspensión parcial del acuerdo de asociación entre la UE e Israel, en su apartado sobre comercio. No obstante, hay que recordar que la Eurocámara no tiene capacidad ejecutiva y deberán ser los gobiernos de los Estados miembros los que lleven a cabo la iniciativa.

Por todo esto, la decisión del Gobierno de España de poner en práctica medidas, entre las que destaca un embargo total de compra y venta de armamento a Israel, además de otras como, por ejemplo, evitar que barcos o aviones que puedan llevar combustible o apoyo al ejército israelí puedan atracar o aterrizar en España, tiene, más allá de su importante valor real, una dimensión simbólica incalculable poque nuestro país se coloca de esta modo, como defensor de los derechos humanos, muy por delante del resto de ejecutivos de la UE.

Con todo, no sería bueno maximizar esa iniciativa del Gobierno. Hemos de ser realistas y el efecto real va a ser más bien limitado porque las armas que no venda España al ejército israelí las comprarán a otro país y los barcos o aviones que por su cargamento no puedan atracar o hacer escala en nuestros puertos o aeropuertos si lo podrán hacer en Rota o Morón, porque están bajo jurisdicción de los EE UU. Por consiguiente, la importancia de esa acción no lo es tanto por sus consecuencias reales, sino por la denuncia y la carga moral que ante la comunidad internacional está teniendo ya esa batería de medidas.

Lamentablemente, una vez más, la política y el deporte se han cruzado. El pasado domingo se celebraba en Madrid la última etapa de la Vuelta Ciclista a España. Allí acudieron muchos ciudadanos a manifestarse a favor de Palestina, los derechos humanos y la paz. Sin embrago, un puñado de agitadores se saltaron todas las medidas de seguridad e invadieron la calzada poniendo en riesgo la integridad de los participantes. Ante tal situación de descontrol los organizadores optaron por cancelar la etapa y dar la carrera por finalizada. En definitiva, un final de carrera bochornoso. Y claro, a los líderes del PP les ha faltó tiempo para decir que Sánchez es el responsable de todo el fiasco por decir en un mitin celebrado por la mañana que: “sentía profunda admiración por la sociedad española que se moviliza contra la injusticia”. 

No soy partidario de mezclar los temas. Este artículo va del genocidio en Gaza, la reacción de la UE y la actitud de nuestro Gobierno. Nada más. No obstante, ante la estulticia y las críticas falaces y sin ningún fundamento que Feijóo y sus palmeros hacen de forma sistemática a las iniciativas del Ejecutivo, me enervan por su memez, frivolidad y falta de visión de Estado. Miedo me da cuando pienso que esa panda de descerebrados y carroñeros de la política algún día nos pueda gobernar.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 15/09/2025

 

LA CLAUDICACIÓN DE LA UE Y LOS MBROLLOS DE DONALD TRUMP

 

Quizás Donald Trump no es tan patán como creemos. Lo que sucede es que el presidente estadounidense utiliza unos códigos de conducta, por lo menos, en la política exterior, muy diferentes a los cánones preestablecidos hasta ahora para las relaciones entre los mandatarios a nivel internacional y, lamentablemente, le funcionan.

Desde que Trump regresó a la Casa Blanca ─eso fue en enero de 2025─, con aire de chulo de discoteca, se ha dedicado a amedrentar y a amenazar con la diplomacia del chantaje y con el espantajo de la subida de los aranceles a la práctica totalidad de los países que tienen relaciones comerciales con EE UU. Tan solo Rusia, en un principio, parece librarse de esa estrategia. Putin ─dice Trump─, es mi amigo. Sin embargo, el líder ruso, bastante más bregado políticamente y mucho más astuto que el norteamericano ha ido haciendo y deshaciendo a su antojo, de manera especial, en el conflicto que mantiene en Ucrania.

El presidente empezó con amenazas a sus vecinos, México y Canadá y como surgieron efecto, aunque luego suavizó sus exigencias, se lanzó a una caza de brujas a lo largo y ancho de todo el mundo, en forma de aranceles desmesurados.

Fijémonos en lo ocurrido a finales del pasado mes de julio, en el encuentro que mantuvieron Donald Trump y Úrsula von der Leyen, para evitar la guerra comercial entre EE UU. y la UE, en una finca que la familia del mandatario tiene en Escocia.

En política las formas suelen ser tan importantes como el fondo. Por eso, la presidenta de la Comisión no debió nunca admitir entrevistarse con Donald Trump en un club de golf privado. Como tampoco debió tolerar que por primera vez en la historia la bandera de Europa se izase como si fuese la de un club deportivo más. Para más inri, eso ocurrió en el Reino Unido, el país que plantó a la UE en 2016 y que había firmado con Estados Unidos un acuerdo favorable. Úrsula von der Leyen parece haber olvidado que ella es la máxima representante de la UE, que nos representa a todos y eso imprime carácter y estatus.

De todas maneras, si se hubiese logrado un acuerdo equitativo el protocolo hubiese pasado a un segundo plano, pero es que la  presidenta de la Comisión claudicó y firmó un acuerdo muy desigual que en nada nos beneficia a los europeos ni a las empresas europeas. Los aranceles impuestos por Estados Unidos a la UE han pasado del 2% al 15%, sin reciprocidad alguna. Esa es la cruda realidad.

Pero lo peor de todo es que el acuerdo no se acaba ahí: von der Leyen se comprometió a que los europeos comprarán a Estados Unidos energía por valor de 750.000 millones de dólares en los próximos años. Sin embargo, nadie ha explicado las consecuencias que eso tendrá para los objetivos de la UE en materia de soberanía energética, costes y descarbonización.

Por si ese dislate no fuera suficiente, Von der Leyen acordó con Trump que desde la UE se invertirán 600.000 millones de euros en Estados Unidos, durante los próximos cinco años. Eso claudicación hace plausible que Estados Unidos imponga sanciones en el caso de que no se cumplan los compromisos. Para el canciller de Alemania (país que vende muchos automóviles y bienes de equipo a Estados Unidos) este es un buen acuerdo. Es curioso que un hombre tan sensato como Merz no haya pensado en la posibilidad de una nueva andanada de sanciones estadounidenses. Y resulta paradójico que la Comisión Europea no dedique sus esfuerzos a animar a los inversores europeos a invertir en Europa.

Parece que Trump se ha creído que es el sheriff del planeta y va sembrando el caos donde pone el ojo. Así, por ejemplo, ha impuesto unos aranceles a los productos suizos del 39% y del 50% a la India por comprar petróleo a Rusia. Ahora amenaza a Europa con nuevos aranceles como respuesta a la multa de casi 3.000 millones euros que la UE ha impuesto Google por prácticas abusivas.

La cuestión de fondo que subyace en todo este asunto es que el auténtico objetivo de Trump es crear un orden mundial autoritario y antiliberal. Quiere desmantelar el Estado democrático de su país; forjar alianzas transaccionales con los principales regímenes autárquicos del mundo, y crear una fortaleza norteamericana inexpugnable, estableciendo la soberanía estadounidense sobre Canadá, Groenlandia y el canal de Panamá. Y para lograrlo está dispuesto a utilizar todo lo que esté a su alcance, fuerza militar incluida.

En este contexto, algunos mandatarios europeos se aferran a la idea de que todo esto sea pasajero y que las elecciones legislativas de 2026 o las presidenciales de 2028 en EE. UU. pongan las cosas en su lugar. Pero resulta muy arriesgado y de poco rigor basar la estrategia europea en esa idea.

La capacidad de Trump para inclinar en forma permanente a Estados Unidos hacia la autocracia es mayor de lo que muchos pensaban. El antieuropeísmo de la Administración estadounidense no sale de la nada. Estados Unidos lleva mucho tiempo con la mirada puesta en Asia y tratando de desvincularse de Europa. Lo pusieron de manifiesto decisiones como las del entonces presidente Barack Obama al no oponer resistencia firme a la invasión rusa de Crimea en 2014.

Estos días hemos visto como China constituía con otras potencias, que tienen problemas de relación con los EE UU, una enorme plataforma euroasiática, mostrando así, músculo comercial. Pues bien, por duro que sea, es el camino: plantar cara y no arredrarse. 

Quizás, en muchos sentidos, China nos queda muy lejos; pero Europa debería mirar a Canadá porque su flamante nuevo primer ministro, Mark Carney en su comparecencia tras la victoria electoral afirmó que: “Nuestra antigua relación con Estados Unidos, una relación basada en una integración cada vez mayor, se acabó. Es una tragedia, pero es nuestra nueva realidad”. Aceptar que hay un problema es el primer paso para llegar a la solución, y Carney no solo lo acepta, sino que propone soluciones. De hecho, su campaña se basó en un plan para hacer la economía canadiense “resistente a Trump”, proponiendo reducir su dependencia de EE UU. y convertirla en una de las más potentes del G7. Es decir, Carney busca no sólo defenderse ante los ataques actuales, sino reforzarse para afrontar crisis futuras con más garantías. Resolver el presente y mejorar el futuro.

Claudicar, ante el gobernante norteamericano, como hizo Úrsula von der Leyen, no es una opción. Por lo tanto, Europa haría bien en seguir la estela marcada por el primer ministro canadiense, Mark Carmey. Porque Trump y sus conmilitones son una panda de engreídos maleducados que solo entienden de fanfarronerías y lenguaje patibulario y así no se puede andar por el mundo. Alguien tiene que pararles los pies.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en la web de Còrtum 09/09/2025

A TODA MAQUINA

Todo cambia. Tiempo atrás el curso político comenzaba de forma sosegada para ir cogiendo ritmo y ya, bien entrada la segunda quincena de septiembre, alcanzar velocidad de crucero. En Cataluña, el pistoletazo oficioso a la agenda política solía coincidir con el 11 de septiembre, Diada Nacional de Catalunya. Pero eso es historia, ahora casi no hay descanso estival, lo hemos vivido y padecido este verano con los incendios forestales y las fuertes polémicas que los partidos políticos han mantenido a cuenta de esos fuegos y, sin solución de continuidad, nos hemos encontrado inmersos en la vorágine del nuevo curso que ha comenzado a toda máquina.

El pasado lunes 1 de septiembre, el presidente del Gobierno central propuso un pacto de Estado para luchar contra el cambio climático; al PP le faltó tiempo para rechazar cualquier posibilidad de acuerdo tal y como ya había hecho cuando, en el mes de agosto, Pedro Sánchez anunció que haría la propuesta a todas las fuerzas vivas de la sociedad. Por la noche, Sánchez concedió, en horario de máxima audiencia, una entrevista en la primera cadena de televisión, allí, entre otras muchas cosas, reafirmó su voluntad de agotar la legislatura con o sin Presupuestos.

El mismo día, a primera hora de la mañana, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, anunciaba un inminente encuentro con Carles Puigdemont en Bruselas, aunque los pos posconvergentes se mostraron displicentes con el encuentro.   La entrevista se produjo el martes, en la sede que la Generalitat tiene en Bruselas y, aunque no se ha revelado el contenido de las conversaciones, hay que enmarcarla en el propósito de Illa de dar plena normalidad a la política catalana y, de paso, por qué, ¿no? Tender puentes para posibles negociaciones a nivel nacional. Eso ha incomodado a los “juntaires” porque la actitud de Illa, en buena medida, desbarata su estrategia de oposición, basada en la excepcionalidad de la situación y en señalar al presidente como corresponsable de que su líder siga domiciliado en el extranjero.

Las disputas internas en los partidos políticos suelen trasladarse a la política institucional. Es el caso de ERC. Los republicanos catalanes cerraron su último congreso en falso y ahora la inestabilidad orgánica del partido de Junqueras amenaza con afectar a los acuerdos que tienen con el PSC y debilitar aún más de lo que ya lo es la mayoría parlamentaria que hizo presidente a Pedro Sánchez.

ERC no podía perder pie y su líder, Oriol Junqueras, en una entrevista en la Cadena SER, el mismo lunes 1, en tono de sacristán de pueblo anunciaba que su grupo parlamentario en el Congreso presentaría una proposición de ley que pretendía dar forma al nuevo modelo de financiación singular de Cataluña, y remachaba: "Nosotros queremos que haya Presupuestos y que los Presupuestos sean lo posible mejor. Desgraciadamente, mientras no haya un buen modelo de financiación y no haya un buen modelo de recaudación fiscal los presupuestos no serán tan buenos como nuestro país necesita y merece”. Sí. Nunca se sabe, ya lo mejor los republicanos catalanes ya han alcanzado acuerdos con PP y Vox para que den apoyo a su iniciativa legislativa. Al fin y al cabo, no sería la primera vez que unen sus votos a los de la derecha, ¿quién no recuerda el voto de ERC en contra del Estatut de 2006? En efecto, igual que el PP.

En el primer Consejo de Ministros del mes se aprobaba la condonación parcial de la deuda a las comunidades autónomas por una importación de 83.252 millones de euros, con la garantía de una quita mínima del 19% para todas las regiones. Era un compromiso alcanzado entre el PSOE y ERC para la investidura de Pedro Sánchez y extensible a las comunidades autónomas; aunque en opinión del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo: “Es una trampa y es una mentira, la deuda no desaparece, la deuda se mantiene, y lo único que ocurre es que vamos a pagar todos los españoles la mala gestión de los gobiernos independentistas”. Sin embargo, hasta Emiliano García Page, presidente de Castilla La Mancha y verso suelto del PSOE le parece bien la quita, así que debe ser excelente.

En principio, con matices, los barones regionales populares se han manifestado en contra, pero está por ver si no cambian de criterio porque según cálculos del Gobierno, las autonomías podrían ahorrar entre 6.600 y 6.700 millones de euros en intereses, por lo que, en palabras de la ministra de Hacienda, las comunidades “no tienen argumentos para renunciar” a dicha quita.

Para completar el cuadro y seguir con el enfrentamiento total con Pedro Sánchez y su Gobierno, el PP no dudó en montar un rifirrafe e implicar a jueces y fiscales por si el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, que está procesado por una supuesta filtración sobre Alberto González, pareja de Isabel Díaz Ayuso, debía asistir o no a la cita institucional presidida por Felipe VI, como cada septiembre, en el Tribunal Supremo. Feijóo dio plantón al Rey escudándose en que se había comprometido previamente con una mitin de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la misma jornada ya la misma hora.

Por si no teníamos bastantes cuestiones sobre la mesa, Vox ponía en marcha unas jornadas esperpénticas y vergonzantes de ideología de género y denuncias falsas en la sala Ernest Lluch del Congreso de los Diputados, para mayor escarnio. Un acto en línea con el discurso habitual de la ultraderecha respecto a esta cuestión: antifeminista y negacionista de la violencia de género.

La legislatura ha comenzado a toda la máquina. Por eso, no nos debería extrañar que con todo este trajín lleguemos al próximo parón, que será para las fiestas navideñas, agotados y pidiendo la hora, pero quedan más de tres meses y nos tocará sudar la camiseta. No nos queda otra.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 08/09/2025

FLECA O TAHONA

Tengo la firme convicción de que el catalán es un idioma que proteger y potenciar porque durante la dictadura franquista fue severamente perseguido. Y eso cercenó la evolución lógica de la cultura catalana.

Con la llegada de la democracia la situación, de forma lenta pero sostenida, se ha ido normalizando, aunque se han encendido algunas alarmas que advierten del retroceso del catalán en el ámbito social, sobre todo entre los jóvenes.

De todas formas, nunca, como ahora, había habido tantos medios de comunicación escritos y/o hablados en catalán. Tenemos periódicos para todos los gustos y tendencias, son legión las emisoras de radio que emiten exclusivamente en lengua catalana y la televisión pública de Cataluña (TV3), con diversos canales, encabeza, prácticamente, todas las parrillas de audiencia y lo más importante: el catalán es la lengua vehicular en la enseñanza desde el 18 de abril de 1983 cuando se aprobó en el Parlament la Ley de normalización lingüística de Cataluña. Pero, en mi opinión, la utilización de esa herramienta se ha hecho con poca finezzza, menos cintura y ninguna habilidad. Veamos.

Según recoge el Estatut de Autonomía, El idioma catalán es el oficial de Catalunya, así como también lo es el castellano. oficial en todo el Estado español. Y aquí es, a mi modo de ver, dónde empieza el problema. Es muy razonable que, dada la situación histórica del catalán se haga una discriminación positiva a favor de esa lengua; pero eso no implica que se tenga que ir en contra de nada ni de nadie. Está muy bien que el catalán sea el idioma vehicular en la enseñanza, pero eso no supone que se deba marginar la castellano como en realidad sucede con frecuencia. Como tampoco lo es que familias, bien porque estén de paso en Cataluña o, porque están aquí, circunstancialmente, por cualquier motivo no puedan decidir que sus hijos aprenden en el idioma oficial del Estado. En qué lugar del mundo desarrollado los niños no pueden estudiar en la lengua oficial del lugar. Yo no conozco ninguno.

No es mi intención reabrir el debate sobre si escritores que escriben en castellano como, por ejemplo, Joan Goytisolo, Juan Marsé o Eduardo Mendoza forman parte de la cultura catalana, para mí está claro que sí. Pero si quiero traer a colación el análisis que el periodista y escritor Sergio Vila-Sanjuán hace en su libro, Otra Cataluña. Seis siglos de cultura en castellano, ahí pone de manifiesto que la cultura catalana se ha expresado siempre en ambas lenguas. En contrapartida, sería lógico que en la Historia de la literatura española se incluyesen las obras en catalán, euskera o gallego. Eso enriquecería mucho la cultura de Estado en su conjunto.

“Las dos culturas lingüísticas -señala Vila-Sanjuán- forman un patrimonio y quienes minimizan la importancia de la producción en castellano no tienen en cuenta que alguno de los textos que definen la identidad catalana. Así, el carácter catalán se considera que es realista, pragmático, comercial, muy sensato, y esta idea surge de textos de Feliu de la Peña, Antonio de Capmany o Jaime Balmes. Los tres son muy identitarios y sin embargo toda su obra es en castellano. Y lo mismo el federalista Pi y Margall, que no publicó nada en catalán”.

Incluso dentro del campo del independentismo, el ex secretario de Cultura de la Generalitat, y activista cultural, Eduard Voltas, ha argumentado que para alcanzar la meta deseada de crear un nuevo Estado será imprescindible que el castellano sea vivido y considerado como una lengua propia de los catalanes: “No digo respetarlo, sino convertirlo en un activo, tratarlo como un elemento definitorio de la Catalunya de hoy y de mañana” (Diario Ara 26/02/2012).

En un interesante artículo (Diario Ara 23/03/2024), el periodista Albert Branchadell sostiene que: “El bilingüismo entendido como el uso alternativo del catalán y del castellano también es bueno para el catalán. Los tiempos en que las personas utilizaban una sola lengua para todo ya pasaron y no volverán. El hecho de que personas que en otros tiempos hubieran usado sólo el castellano ahora incorporen el catalán a su repertorio lingüístico sólo puede tener un efecto positivo. Todavía hay una cuarta parte de catalanes que dicen que nunca utilizan el catalán, pero el 75% restante son catalanousuarios en algún grado (en términos absolutos, son la mayor cifra de la historia). Es en ese 75% que hay que fijarse, y en sus posibilidades de crecimiento, y no tanto en el 36% que dicen tener el catalán como lengua habitual”.

Sin embargo, desde hace un tiempo se vienen sucediendo enfrentamientos por cuenta del idioma utilizado. Tanto en algún centro educativo como en diversos establecimientos comerciales.

Quizás, buena parte de las raíces del problema haya que buscarlas en la escasa claridad de los redactados de la Ley de Política lingüística de 1998 y del Código de Consumo de Catalunya de 2010. Pues, aunque ninguno de los textos obliga a los dependientes de un comercio hablar en catalán si exigen la capacidad para atender a sus clientes en cualquiera de las dos lenguas oficiales. Y ahí empieza la polémica: ¿deben garantizar las empresas disponibilidad lingüística para no negar el derecho del consumidor a ser atendido en el idioma que elija?

Esa ambigüedad legal está siendo aprovechada por algunos independentistas hiperventilados que montan en cólera cuando no les atienden en la lengua que ellos utilizan de forma habitual y entonces a través de las redes sociales criminalizan al establecimiento y proponen boicotear el establecimiento; generando así el caldo de cultivo necesario para que descerebrados radicalizados los vandalicen con pintadas insultantes en sus puertas y fachadas. O sea, lo que en otro tiempo y en otro lugar se llamaba terrorismo de baja intensidad ¿Recuerdan? Pues que nos valgan aquellas historias de triste memoria, para no romper la convivencia que tanto ha costado construir. Utilicemos el seny (sentido común) y la cordura en la relación con los otros porque, al fin y al cabo, ni es tan difícil ni complicado relacionarse y entenderse en dos idiomas que son hermanos. Estoy convencido que con un poco más de tolerancia todo sería más fácil.

Cómo decía un viejo compañero luchador, al que hace muchos años perdí la pista: “no me importa que ponga fleca o tahona, lo que me preocupa es que la gente pase hambre”.

 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 01/09/2025

 

INICIO DEL NUEVO CURSO POLÍTICO

Comenzamos el nuevo curso político de la misma manera que acabamos el anterior: con muchas dudas, casi ninguna certeza y un paisaje de fondo marcado por la crispación. Dos cosas, sin embargo, podemos dar por seguras. Una, la determinación del presidente Pedro Sánchez para agotar esta XV Legislatura. La otra, el empecinamiento de la derecha y derecha extrema para demonizar todo lo que haga y/o diga el Gobierno. Eso hace que la política del país esté instalada en una gran nebulosa, en la que todo es posible y cualquier cosa puede suceder.

A raíz de la gravísima ola de incendios que nos han aislado este mes de agosto, Pedro Sánchez anunció que propondría un pacto de Estado con todos los agentes políticos y sociales para luchar contra el cambio climático. Sin embargo, a los populares les ha faltado tiempo para rechazarlo. Así evitan evaluar sus posibles responsabilidades y seguimos instalados en la polarización y el negacionismo absurdo.

Sea como mar, para lograr su propósito, de agotar la legislatura, Sánchez necesita apuntalar la mayoría parlamentaria que le dio la investidura. Pero en estos momentos, eso es poco menos que una misión imposible. Aunque una excepción del PP y Vox en el resto de las formaciones políticas cruzan los dedos para que no haya un adelanto electoral, existe un asunto que puede acabar decidiéndolo todo. Se trata del affaire del trío tóxico de Cerdán & CIA. Si queda encapsulado y no hay contaminaciones ni en la calle Ferraz ni en las altas instancias del Ejecutivo, el gobierno podrá seguir adelante; De lo contrario, más pronto que tarde tendremos que ir a las urnas.

En estas circunstancias parece imposible que se puedan aprobar los Presupuestos para 2026, y presentarlos sin la seguridad de sacar las cuentas adelante, abriría la puerta a una convocatoria electoral. Con todo, el calendario se presenta muy cargado. Los objetivos de estabilidad (déficit, deuda y regla de gasto) marcan el terreno de juego de las cuentas públicas y los compromisos con Bruselas deben ser ratificados por el Congreso, lo que ya supone un primer escollo. Ese trámite es farragoso y requerirá varias semanas. Por lo que es fácil suponer que su paso por la Cámara no será como mínimo hasta finales de septiembre. Luego deberá informarse a las autonomías en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y, también, a los ayuntamientos en la Comisión Nacional de Administración Local. Tras esos pasos, el Consejo de Ministros remitirá el documento a las Cortes con el techo de gasto presupuestario y de ahí pasará al Senado, que los debe avalar, de no ser así volverían al Parlamento.

Entre una cosa y otras el equipo del presidente tiene previsto poner en marcha una potente agenda social y ralentizar cuanto sea posible el ritmo parlamentario, porque cada iniciativa legislativa que se quiera sacar adelante en el Congreso, tendrán que hacerse mediante concesiones que, con toda probabilidad, en circunstancias más favorables no se harían.

En la Moncloa dan por descontado que algunos grupos, como pueden ser Podemos o Junts, exigirán al Gobierno más de lo habitual, pero también están seguros de que no tanto como para dejar caer a Pedro Sánchez porque es evidente que nadie quiere a Feijóo al frente del Ejecutivo, al menos, mientras no marque una línea roja a Vox.

Tampoco se debería descartar una remodelación gubernamental para empezar el curso con un ímpetu renovado, y ahí Grande Marlaska aparece en todas las quinielas como ministro amortizado, a pesar de la gran confianza que siempre le ha demostrado el presidente.

A todo esto, habrá que ver cómo evolucionará en las próximas semanas el caso Montoro que quedó en el aire con la pausa estival y las causas judiciales que tendrá que afrontar el PP en los próximos meses.

Si cambiamos de escenario y ponemos el foco a nivel más local veremos que, aunque a priori no lo parezca, la situación política en España y Cataluña van muy parejas. Para empezar, la interrelación política entre España y Cataluña es más evidente que nunca, a pesar de que eso irrita a los indepes más hiperventilados. Es cierto, sin embargo, que la polarización a nivel del Estado es muy elevada, mientras que, en Cataluña, al menos en apariencia, el ambiente político es bastante más sosegado. Sin embargo, ambos Gobiernos están respaldados por unas mayorías parlamentarias muy inestables y en cualquier momento, pueda saltar la chispa que lo eche todo a rodar. Valga con recordar aquí que ninguno de los dos Ejecutivos ha tenido Presupuestos en 2025 y, en ambos casos, los de 2026 son más que dudosos.

La situación es muy compleja y difícil. Pero tanto Pedro Sánchez como Salvador Illa, desde que llegaron a sus respectivos cargos de presidentes, han puesto en marcha sendos proyectos netamente socialdemócratas. Los avances sociales impulsados ​​desde el Gobierno en España, si se observan con ecuanimidad, no son cuestionables; mientras que, en Cataluña, después de muchos años, estamos volviendo al eje derecha izquierda, mientras que se va minimizando el debate identitario y eso hace posible que la política de las cosas puede volver a tener el protagonismo que nunca debió perder, porque es la que hace que la calidad de vida de la ciudadanía mejore. Pero es que, además, desde la plaza Sant Jaume se están sentando las bases para que Cataluña vuelva a ser el motor económico de España y una de las regiones más prósperas de Europa.

Esos proyectos están en pleno proceso evolutivo y cuanto más ambiciosos serán más tiempo necesitarán para su desarrollo y consolidación. En consecuencia, sin renunciar a ser exigentes, deberíamos ser comprensivos y dar margen de confianza para que la situación mejore de forma sostenida, y cuando tengamos dudas echemos la vista atrás para recordar de dónde venimos.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado el 25/08/2025 en Catalunya Press

 

CAFÉ PARA TODOS, PERO AL GUSTO

Por lo menos en una cosa coinciden los dos grandes partidos de nuestro país (PP y PSOE): la infrafinanciación que padecen las comunidades autónomas (CCAA), a pesar de que son las administraciones que más servicios prestan a la ciudadanía. Sin embargo, la polarización política y la crispación que estamos viviendo son de tal magnitud que resulta imposible llegar a algún acuerdo para solventar el problema.

El actual sistema de financiación de las CCAA está vigente desde 2009, no tiene una fecha de caducidad explícita, pero lleva esperando una reforma desde 2014. Y, aunque no hay una fecha límite, el modelo actual está obsoleto y necesita una actualización.  Porque han pasado 11 años, en ese tiempo se han sucedido los gobiernos y los ministros de Hacienda, pero nadie ha querido abrir ese melón.

Ahora, desde el Ministerio que dirige María Jesús Montero, han tenido que hacer de la necesidad virtud, asumir los acuerdos que firmaron PSOE. PSC y ERC, para hacer a Salvador Illa president de la Generalitat, y abordar la financiación singular de Catalunya que fue el tema estrella de aquella negociación.

De ahí que días atrás se reuniese, en Barcelona, la Comisión Bilateral Estado Generalitat para tratar el asunto. En esa reunión, no solo se pusieron las bases para el nuevo sistema de financiación autonómico para Catalunya, sino que también se estableció el marco para la reforma del sistema común. En el documento de trabajo presentado se argumenta que el esquema podrá ser generalizable a las comunidades que lo deseen con una visión “federal”.  O sea, cada gobierno autonómico podrá decidir qué parte del peso de la gestión tributaria asume, y la Agencia Tributaria Estatal velará por la coordinación de todas ellas.

Me parece importante señalar que lo que subyace en este principio de acuerdo es que propone una fórmula de financiación a la medida, a la vez que extrapolable a otras comunidades. La idea fuerza es que sean los gobiernos autonómicos quienes decidan el nivel de corresponsabilidad tributaria que desean asumir y, en consecuencia, recauden los impuestos correspondientes.

De momento, solo cinco autonomía tienen Agencias Tributarias propias, siendo la catalana la más desarrollada, pero sin el músculo suficiente para asumir en el corto plazo el 100% de la recaudación y gestión de los impuestos. La Agencia Tributaria de Catalunya recauda unos 5.000 millones de euros al año y para llegar al nivel de lo que recauda el Estado, deberá alcanzar unos 30.000 millones de euros. En opinión de algunos entendidos en la materia, el traspaso de competencias es sumamente complejo y no se prevé que esté listo, en el mejor de los casos, antes de cinco años.

Una de las grandes novedades del nuevo sistema es que Las comunidades tendrían la llave de la caja, pero se pactarán dos contribuciones al Estado: una por los servicios que este ejecuta en cada territorio y otra por concepto de solidaridad territorial. El cálculo de a cuánto ascenderían esa aportaciones está por decidir. El modelo establecerá el porcentaje y qué impuestos estatales han de sufragar esas dos partidas; también cuánto se debe dedicar para pagar las competencias homogéneas (por ejemplo, educación o sanidad) y las que son específicas de cada territorio, como son en Cataluña los Mossos d’Esquadra o las prisiones.

En el documento consensuado queda claro que tanto Cataluña, como las comunidades que adopten el sistema tendrán que contribuir para nivelar las prestaciones, es decir, para que los servicios públicos básicos que prestan las comunidades tengan una calidad parecida. Lo que se busca con esta nueva financiación es simplificar las condiciones del modelo actual. Ahora, la nivelación se hace a través de tres mecanismos diferentes. De salir adelante este sistema se haría en uno solo.

 Uno de los puntos que ha quedado menos claro es el principio de ordinalidad, es decir que quien más aporta no quede en peor posición relativa después del reparto de los recursos del sistema. En la actualidad, Catalunya es la tercera comunidad en aportar al sistema, pero baja hasta el décimo lugar tras el reparto, cuando lo razonable sería que con los nuevos parámetros la situación en el ranquin sea idéntica “antes y después” de aportar la cuota de solidaridad.

En principio la música de este acuerdo suena bien, ahora se tendrá que leer la letra pequeña y las concreciones de aquellos temas que han quedado abiertos para poderse pronunciar con conocimiento de causa. Quizás, por eso, ERC que en un principio optó por un perfil bajo, a la espera de conocer con más al detalle el documento. Pero los de Junqueras a la rueda de Junts y apretados por las corrientes internas, ya han amenazado con no aprobar los próximos presupuestos ni de Catalunya ni de España, si la nueva financiación catalana no es auténticamente singular. Por su parte, a los de Puigdemont les faltó tiempo para decir que ellos rechazaban todo lo que no fuera algo muy similar al Concierto Vasco.   

El independentismo más hiperventilado se opone a este nuevo modelo de financiación, en buena medida, por su visión supremacista hacia el resto de CCAA. No soportan que otros territorios se sitúen al mismo nivel que Cataluña. Pero es que, en realidad, este nuevo sistema se puede interpretar como una versión 5.G del “café para todos” de la Transición, eso sí, al gusto de cada cual.

Mientras tanto, para el Partido Popular, la financiación singular va a suponer una “asfixia” para el bolsillo de todos los españoles. Aunque admiten que “Catalunya necesita tener mejor financiación”, pero mantienen que “no se puede hacer en una sala, de espaldas a todos los españoles, mediante parches o atajos” (?). De nuevo, es lamentable la actitud de los populares. No se dan cuenta que esta propuesta puede ser una buena oportunidad para corregir unos cuantos errores que presenta un modelo de financiación que ha sido útil durante mucho tiempo pero que está necesitado de una profunda reforma.

Aprobar este nuevo sistema no va ser ni fácil ni rápido. Para empezar, el próximo otoño tendrá que ser el Consejo de Política Fiscal y Financiera quién dé el primer visto bueno. A continuación se deberá iniciar la reforma legislativa necesaria para que el modelo salga adelante. Habrá que reformar la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), la norma que regula el sistema de financiación de régimen común (Ley 22/2009) y la ley 16/2010, del régimen de cesión de tributos del Estado a Cataluña.  Y no perdamos de vista cual es la aritmética parlamentaria.

Pero no nos precipitemos. Tiempo habrá para debates intensos y reflexiones profundas. De momento, aprovechemos estos días de verano y seamos razonablemente felices que bien merecidos lo tenemos.

 

  

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 21/07/2025

 

ESPERPÉNTICO AUTO JUDICIAL

Vivimos en una sociedad sobre informada. Quizás, por eso, la decisión del magistrado Ángel Hurtado, instructor de la causa abierta contra el fiscal general del Estado por un delito de revelación de secretos vinculado a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, de dejar en suspenso el procedimiento hasta que la Sala de Apelaciones resuelva todos los recursos presentados por las defensas y las acusaciones contra las decisiones del juez, por considerar que no existen indicios para sustentar ese paso, que a mí me parece de la máxima importancia, haya pasado desapercibida.

Vaya por delante que estoy convencido de que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, es inocente del delito de revelación de secretos que le imputa el magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado. Me atrevo a hacer esta contundente afirmación, después de haber seguido el presunto affaire desde que saltó a los medios de comunicación y tras haber leído buena parte de lo publicado y escuchado infinidad de opiniones sobre el tema en todos los sentidos.

Al hilo de este affaire, me he acorado de Demetrio Madrid, primer presidente del Gobierno de Castilla y León.  Madrid, en  octubre de 1986, daba a conocer su decisión de dimitir de sus cargos al conocer su procesamiento por un presunto delito social a consecuencia de la querella presentada por varias trabajadoras de la empresa textil que había vendido al llegar al cargo, delito del que fue absuelto cuatro años más tarde, pero que abrió la puerta al entonces diputado por Ávila y presidente de Alianza Popular en la comunidad, José María Aznar, hecho que cambió hasta el día de hoy el rumbo político del territorio y el de todos nosotros. La cuestión es que la injusticia ya se había cometido y Demetrio Madrid nunca volvió a la política activa, y casos como ese ha habido unos cuantos en nuestra reciente historia democrática.

Pero vayamos a los hechos: Todo este embrollo empezó cuando la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, admitió haber cometido fraude ante Hacienda y supo que terminaría encausado, su abogado envió un correo al fiscal del caso en el que reconocía dos delitos contra la Hacienda Pública y proponía pagar una multa a cambio de rebajar la pena prevista de al menos dos años de cárcel a solamente ocho meses. La Fiscalía le contestó, también por correo, que podían emprender las conversaciones para llegar a un acuerdo, sin más detalles.

Entonces, Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta madrileña, filtró a varios medios ese segundo correo, pero omitió el primero, lo cual podía hacer pensar que la propuesta de acuerdo partía de la Fiscalía y no del acusado. Tras esa manipulación, varios medios de comunicación restituyeron la verdad y contaron que la oferta de conformidad —un trámite perfectamente legal en delitos fiscales— había partido del defraudador confeso. Al día siguiente, el fiscal general del Estado ordenó difundir una nota que ratificaba la versión veraz de los hechos y detallaba la cronología de lo sucedido. Alberto González Amador y el Colegio de Abogados de Madrid se querellaron contra la Fiscalía por, supuestamente, revelar esas comunicaciones. Ahora, ocho meses después, el instructor del Supremo ha decidido someterlo a juicio.

El magistrado interrogó a varios periodistas de muy distintos medios y la mayoría declaró que conoció los supuestos secretos mucho antes de que los citados correos llegaran al fiscal general. Estos testimonios exculpaban a García Ortiz y sembraban todavía más dudas sobre el caso. Sin embargo, el juez Hurtado desdeñó estas declaraciones —independientes entre sí— y las calificó de “no creíbles” pese a ser coincidentes, pero no denunció por falso testimonio a sus autores, como sería preceptivo. En su auto, además, introduce una conclusión —sin explicar en qué datos se basa— no incorporada antes: según el juez, García Ortiz actuó “a raíz de indicaciones recibidas de presidencia del Gobierno”.

Todo indica que la instrucción que se ha seguido está fuera de toda normalidad. Y da la sensación de que el resultado de esta estaba decidido de antemano por el instructor, a la vista de cómo ha ido tratando los elementos fácticos que han ido apareciendo en la investigación.

Quizás este esperpéntico auto, en realidad, solo sea la punta de un iceberg y los auténticos motivos del dislate haya que buscarlos en el enfrentamiento soterrado que desde que se otorgaron los indultos a los líderes del procés y, sobre todo, por la aprobación de la ley de Amnistía y los cambios del delito de sedición y malversación, mantienen el Gobierno y el Tribunal Supremo. Para algunos, el magistrado Manuel Marchena que dirige la sala de lo Penal es el auténtico jefe de la oposición a la sombra

Llegar a la conclusión de que fueron el fiscal general del Estado y la fiscal provincial de Madrid quienes filtraron el correo del abogado de González Amador a la prensa no se sostiene. Por eso, la cuestión es que si, finalmente, García Ortiz es procesado, será la primera vez que un fiscal general del Estado se sienta en el banquillo. El Estatuto Fiscal prevé la suspensión de empleo y sueldo para los fiscales cuando se encuentren en una situación como la que nos ocupa. Sin embargo, según ese mismo Estatuto el fiscal general García Ortiz está fuera de la carrera y no se le aplica ese Reglamento. Para numerosos juristas la instrucción del magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado deja mucho que desear por anómala. De todas formas, no son pocos los juristas que sostienen que la imagen de un fiscal general sentado en el banquillo supondría un grave deterioro para la institución. El affaire ha abierto múltiples interrogantes y debates: ¿Tiene base la causa judicial? ¿Debería dimitir el fiscal general?

La mujer del César no solo debe ser honrada, sino que debe aparentarlo, dice el conocido adagio. Por consiguiente, es comprensible que sean muchas las personas que piensen que García Ortiz debe dimitir. Sin embargo, estamos ante una situación esperpéntica porque se han hecho las cosas por intereses espurios y no conforme a Derecho. Por lo tanto, por una vez, y, sin que sirva de precedente, el fiscal general del Estado debe permanecer en su puesto porque más pronto que tarde acabará sabiéndose la verdad.

 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en el web de CÒRTUM 21/07/2025