GENOCIDIO EN GAZA

Como ciudadanos libres y responsables que somos, en una sociedad desarrollada y compleja como la nuestra, no podemos permitir por más tiempo que el ejército israelí, comandado por un criminal descerebrado como es Benjamín Netanyahu siga matando inocentes. Hay que parar esa barbarie.

Tal vez no acabamos de ser conscientes de que los muertos ya superan los 50.000, desde que empezaron los ataques en octubre de 2023, y que la ayuda humanitaria no llega a la asediada población de Gaza desde el 1 de marzo. Tras una endeble tregua de menos de dos meses, hace poco más de 15 días, Israel reanudó los bombardeos matando a unas 800 personas hasta la fecha, la mayoría niños y mujeres. Por si fueran poco esas matanzas indiscriminadas, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, ha amenazado con una anexión permanente de diversas partes de la Franja y eso equivaldría a un desplazamiento perpetuo de la población al sur del enclave, primer paso para aplicar del plan de la Casa Blanca que ellos denominan “traslado voluntario” (eufemismo de limpieza étnica) de los residentes de Gaza fuera de la Franja.

Para captar la dimensión del drama que están viviendo los gazatíes, deberíamos hacer el esfuerzo de meternos en la piel de alguno de los desplazados, aunque solo fuera por unos instantes, así, quizás, tomásemos conciencia del alcance de la tragedia.

Esa maldita situación empezó inmediatamente después del ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023. Desde entonces, la gran mayoría de los 2,3 millones de personas que habitaban en Gaza se han visto obligados a desplazarse, en múltiples ocasiones forzados por el ejército israelí y/o por sus bombardeos indiscriminados.

Durante el alto el fuego del mes de enero fueron muchas las familias de desplazados que quisieron volver a lo que había sido su hogar, pero lo que encontraron fueron ruinas y desolación.

Hay gazatíes que han perdido la cuenta de la cantidad de veces que han tenido que salir huyendo. En ocasiones fue el ejército israelí el que les obligó al traslado, otras veces el terror que conllevan los bombardeos les hizo huir para conservar la vida. Se han tenido que refugiar en tiendas de campaña, casas de familiares, prisiones, escuelas o en algún hospital de los pocos que quedan en pie y cuando no han dormido al raso, casi siempre, sin la más mínima ayuda humanitaria, y es que todo vale con tal de seguir respirando. 

La actitud despótica y autócrata de Benjamín Netanyahu se explica (no justifica) por su debilidad política, ocasionada por la lamentable gestión que ha hecho del conflicto bélico. Pero es que, además, Netanyahu está siendo investigado por sus posibles responsabilidades en la prevención del ataque que llevó a cabo Hamás el 7 de octubre de 2023, por probable corrupción en su entorno con derivadas que le atañen directamente y, para redondear la situación, la Corte Penal Internacional ha ordenado su arresto por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Con ese currículum es fácil suponer que si convoca elecciones las perderá. Por eso ha decidido fiar su supervivencia política a los extremistas del Likud (partido ultra israelí) y para tenerlos de su parte les ha garantizado la anexión territorial que se pueda derivar de esta guerra y el bloqueo de cualquier fórmula de Estado palestino. No por casualidad durante la tregua en la Franja se han intensificado intervenciones militares en Cisjordania, con propósitos muy semejantes a los mostrados en Gaza. 

Sorprende, sin embargo, que la misma determinación que está teniendo la UE para plantar cara a Vladimir Putin por su invasión de Ucrania, no la tenga para decir basta al genocidio que se está cometiendo con los gazatíes. Aquí ya no valen ni las medias tintas ni la fineza diplomática de altos vuelos.  Lo siento, pero no me parece de recibo la nota que emitió la alta representante europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, en la que deploraba la acción y pedía a Israel que pusiera fin a las operaciones, y a la milicia palestina que liberara a los rehenes. “[La UE] insta a Israel a actuar con moderación y a reanudar la entrada sin trabas de la ayuda humanitaria y el suministro de electricidad a Gaza”, decía el texto. Horas antes en un ataque de Israel habían muerto más de 400 gazatíes en una sola noche, pero sobre esa atrocidad no consta ni la más mínima recriminación.

Con franqueza diré que echo en falta la claridad y contundencia de Josep Borrell, antecesor de Kallas, al frente de la política exterior de la UE, cuando propuso romper el diálogo con Israel, esencial en el Acuerdo de Asociación entre la UE y el Estado judío. No perdamos de vista que el mercado comunitario es el principal destino de las exportaciones israelíes. Pero por desgracia su propuesta cayó en saco roto. No es descabellado pensar que la congelación de las relaciones comerciales podría tener efectos disuasorios en las políticas bélicas israelís. No obstante, hay que tener presente que existen varias cancillerías europeas, como Hungría o la República Checa que, además de mantener una gran afinidad con Israel, no quieren molestar a su gran aliado: Estados Unidos, aunque quizás deberían empezar a valorar la solidez de los acuerdos con ese socio.

Sea como sea hemos de reaccionar. No podemos permanecer de brazos cruzados, pero tengo la sensación de que como sociedad estamos atenazados y echo a faltar aquella tensión y aquella indignación que en 2003 nos hizo salir a la calle para gritar: NO A LA GUERRA. No a todas las guerras.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 31/03/2025

 

DE VUELTA A CASA

Hace un par de semanas que quería haber publicado este artículo. Pero la actualidad política, tanto nacional como internacional, hizo que lo aparcase para mejor ocasión. Ahora que estamos en una calma relativa dentro de la agitación en que nos han instalado en los últimos tiempos, lo he actualizado porque me parece que ha llegado el momento de que mi escrito salga a la luz. La columna en cuestión trata un tema que nos incumbe a todos los catalanes, desde hace casi ocho años y nos seguirá incumbiendo por mucho más tiempo: la marcha de las empresas a raíz del proceso independentista.

El lunes 2 de octubre de 2017 Cataluña y buena parte de España quedaron atenazadas por el pánico bancario. En menos de tres días cientos de miles de ahorradores hicieron las gestiones necesarias para poner sus ahorros, que consideraban en peligro, a buen recaudo. Las entidades más afectadas fueron CaixaBank y el Banco de Sabadell. Los clientes más pudientes llevaban meses haciendo movimientos para proteger sus patrimonios.

A pesar de los debates que se mantuvieron en el Parlament durante el mes de septiembre, el mundo empresarial mantuvo una calma aparente. Sin embargo, el referéndum del 1-O desbordó todas las previsiones, tanto del Gobierno de Mariano Rajoy, como del propio independentismo. La posibilidad de una declaración unilateral de independencia y que Cataluña quedase fuera de la Europa política y del euro adquirió visos de verosimilitud. Esa hipotética nueva situación generó un tremendo desasosiego entre buena parte de la ciudadanía porque se habría podido forzar un corralito donde se bloqueasen los ahorros.

En menos de 24 horas se registraron unas salidas netas de cuentas de pequeños ahorradores próximas a los 2.000 millones de euros, entre las dos entidades. Ante esa situación se crearon los respectivos comités de crisis para calcular la resistencia y el tiempo que podrían aguantar si la cosa empeoraba. Cinco días después las salidas rondaban los 14.000 millones. En una tensa entrevista de Isidre Fainé con el vicepresident del Govern y conseller de Economía, Oriol Junqueras, el banquero le advirtió de que “su obligación era salvar al banco”.

A todo esto, los contactos al más alto nivel con el Gobierno central e, incluso, con el Palacio de la Zarzuela fueron una constante. El 5 de octubre, el Banco de Sabadell decidía el traslado de su sede fuera de Cataluña y el día siguiente era la Caixa la que, tras una modificación legal de urgencia, llevada a cabo por el Ejecutivo de Mariano Rajoy ponía rumbo a Valencia.

A partir de ahí, fueron muchas las empresas que decidieron trasladar su sede, buscando una estabilidad política y una seguridad jurídica que aquí no existía. No entraré en una guerra de cifras, pero el daño infringido a nuestra economía y al prestigio de Cataluña cono lugar de negocios y oportunidades fue muy grande y fuera de toda duda.

Resulta curioso que algunos frikis del independentismo hayan dicho que aquella marcha fue un error. Es igual, no se le pueden pedir peras al olmo. Lo que nos debería importar es que a finales del pasado mes de enero, el consejo de administración del banco de Sabadell decidió abandonar su sede social en Alicante y volver a Catalunya, aunque faltaría al rigor informativo si no dijese que en esa decisión ha tenido su peso específico la OPA que sobre la entidad vallesana lanzó el BBVA, pero la cuestión es que el Sabadell ha vuelto a casa. Pocas semanas después era la Fundación La Caixa y Criteria las entidades que volvían a Barcelona, después de casi ocho años de exilio.

Esos retornos, diluyen buena parte del relato forjado en torno al desafío independentista y consolidan la estrategia de Pedro Sánchez y Salvador Illa que apuesta por el reencuentro y da valor a la “normalidad institucional”. En opinión del presidente catalán, la decisión de La Caixa “demuestra que es el momento de apostar por Cataluña”, porque “una Cataluña a pleno rendimiento es bueno para todos”.

La vuelta a casa de las empresas que marcharon por el procés será lenta, pero sostenida en el tiempo. El mundo empresarial es poco amigo de los vaivenes y de los movimientos bruscos y la situación en Cataluña todavía está cogida con alfileres y se necesita tiempo para consolidar la nueva normalidad. Pero que las dos entidades más emblemáticas hayan regresado significa que estamos en el buen camino.

Como dijo el president Salvador Illa, en la conferencia que dio, recientemente, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, se está poniendo todo el empeño para que Cataluña vuelva a ser motor de España y de Europa y así poder dar por cerrada la carpeta de la normalización política y social catalana. En este contexto, me parece digno de mención que El Govern  tenga a punto un plan económico para movilizar 18.500 millones de euros con el objetivo de que Cataluña, con el 18,8% del PIB español, dé un salto en su crecimiento y poder atrapar a la Comunidad de Madrid, que representa el 19,6%. “Que en España nadie tenga miedo de que despleguemos todo el potencial”, dijo el president al presentar su programa, y repitió que su apuesta es la de la prosperidad compartida.

No puedo ni quiero acabar este artículo sin dejar aquí una breve reflexión: después de visto lo visto: ¿qué Cataluña conviene más a la inmensa mayoría de ciudadanos, aquella de la confrontación, de las algaradas, de calles cortadas por contenedores quemados, de las declaraciones llenas de falsa épica pero vacías de contenido o esta otra tranquila, sosegada que vuelve a mirar el futuro con optimismo y confianza que se acerca a sus vecinos con la mano tendida y con ánimo de colaboración?

Si les parece oportuno, que cada cual responda según su conciencia.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 24/03/2025

 

NEGOCIACIÓN O ACEPTACIÓN

A nadie debería extrañarle que los dos principales líderes mundiales mantengan una conversación telefónica para tratar de llegar a un acuerdo y parar una guerra dónde están muriendo decenas de miles de personas. Es más, yo diría que es deseable ese tipo de contactos. Siempre será más fácil negociar desde la calidez de la palabra viva y la cercanía que desde la lontananza y la lejanía con documentos de por medio como vehículos de contacto.

Ahora bien, eso es una cosa y otra muy distinta que pretendan llegar a algún pacto para restablecer la paz, sin que en la mesa de negociación estén Ucrania (parte directísimamente afectada) y sus socios de la UE; sin ellos ni puede haber mesa ni puede haber acuerdo y, por lo tanto, no puede haber paz justa y duradera. Otra cosa sería un insulto, no solo a la inteligencia, que sí, sería una tremenda falta de respeto a la dignidad de los pueblos.

Este breve razonamiento viene a colación después de la conversación de casi tres horas que mantuvieron Donald Trump y Vladimir Putin, para alcanzar un alto el fuego en Ucrania y/o lograr grandes progresos hacia un acuerdo de paz. Desde luego, la información ha sido más bien escasa. Pero según informaron los respectivos gobiernos, los dos líderes pactaron una tregua parcial, por la que Moscú se abstendrá de atacar infraestructuras e instalaciones energéticas y que, durará 30 días. O sea, en ese tiempo Rusia solo matará personas, pero respetará aquellos equipamientos que tienen un alto coste de reconstrucción. Además, Putin anunció un intercambio de prisioneros, de 175 personas por bando (algo que ya se ha llevado a cabo). No obstante, Vladimir Putin mantiene un listado de exigencias que reclama para dar el visto bueno a un cese de los combates más prolongado en el tiempo. Entre ellas exige el fin de la ayuda militar y del suministro de inteligencia extranjera a Ucrania y que el país permanezca neutral, es decir, que su gobierno se comprometa a no entrar en la OTAN.

Pues bien, en opinión de Trump la conversación fue muy provechosa. Poco después de la difusión de los comunicados de los respectivos gobiernos, el presidente estadounidense, en un mensaje en su red social, Truth, calificó la llamada de “muy buena y productiva”. “Hemos acordado un alto el fuego inmediato para toda la infraestructura y energía, con el entendimiento de que trabajaremos muy rápido para una tregua completa y, finalmente, el fin de esta horrible guerra... ¡el proceso está en pleno efecto y por el bien de la humanidad, conseguiremos terminarlo!”, sostuvo.

Más tarde, se hizo público un breve comunicado de la Casa Blanca según el cual es muy posible que próximas conversaciones sobre este conflicto se lleven a cabo en Arabia Saudí, el país que ya acogió las primeras rondas de diálogo entre los representantes de Estados Unidos y delegaciones de Rusia y Ucrania, respectivamente hace unas semanas. En el comunicado no se precisa si esas negociaciones se desarrollarían entre Estados Unidos y Moscú o si también estarían incluidos Kiev y los aliados europeos.

Seamos realistas, Rusia no está aislada. No solo gobiernos que suponen la mayoría de la población mundial no aplican sanciones, sino que los más importantes cooperan sin ningún rubor con los rusos. Los mercados de energía de la mayor parte del mundo han seguido abiertos a las exportaciones rusas, en estos tres años largos de guerra, y se benefician del embargo parcial de Europa. Los aumentos de precio provocados por el boicot occidental explican que Rusia reciba el doble de ingresos que antes de la guerra. Los mayores perjuicios para la economía rusa, se encuentran en los mercados financieros y en importaciones de alta tecnología, pero de momento, los están sorteando francamente bien.

Vladimir Putin no puede perder la guerra que él mismo provocó en Ucrania. En ello le va el futuro, es decir, la vida. Ni su guardia de corps política ni la oposición rusa admitirán nunca otra cosa que no sea una victoria en tierras europeas. Eso es algo que cualquier negociador que se siente a la mesa para hablar con Rusia sobre el futuro de los ucranianos debería tener muy claro; de no hacerlo, el fracaso del diálogo está garantizado.

Así pues, se debería plantear una negociación o aceptación realista de la situación en la que los ucranianos prorrusos conserven el territorio ocupado por los rusos a cambio de paz en Europa (a riesgo de ser tachado de pesimista, creo que esa opción será la que acabará imponiéndose). Las guerras que no se pueden ganar siempre y cuando la victoria no es posible, acaban con negociación o aceptación. No veo más posibilidades.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Còrtum 20/03/2025

 

LA UE, EN LA ENCRUCIJADA

 

En el mes de noviembre de 2021, desde el departamento del entonces vicepresidente de la Comisión Europea y máximo responsable de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, bajo el título “Brújula estratégica”, se elaboró un documento que hicieron llegar al pleno de la Comisión Europea; con aquel estudio se quería forjar en la UE una posición común sobre las amenazas geopolíticas que afrontaba el club. Como primer paso se proponía la creación de una fuerza militar de emergencia antes de 2025. “Europa está en peligro y los europeos no siempre son conscientes de ello”, advertía Borrell en la presentación que hizo del documento a los principales medios de comunicación europeos. Sin embargo, aquella propuesta ni se llegó a tomar en consideración.  Han sido necesarias las sacudidas que han llegado de EEUU para que los mandatarios de la UE empezasen a considerar la cuestión de la autodefensa como algo necesario.

Para los ciudadanos de Europa occidental la seguridad colectiva ha estado garantizada desde 1949 por la Alianza Atlántica y asegurada por la contribución fundamental y muy mayoritaria de Estados Unidos. Un pacto beneficioso para todos. El socio mayor obtuvo la hegemonía y todo lo que eso conlleva. Mientras, los europeos se pudieron despreocupar de su defensa y dedicar recursos a otras partidas ajenas a las Fuerzas Armadas. Los resultados son evidentes y nadie reniega de ellos: la paz, la estabilidad y la prosperidad han convertido a la Unión en un club en el que hay codazos para entrar, sobre todo en momentos de peligro y del que nadie quiere salir ─a excepción del Reino Unido, algo de lo que ya se están arrepintiendo─. No obstante, esta situación ha cambiado de forma radical desde el momento en que Donald Trump ha regresado a la Casa Blanca.

Europa y, de forma muy especial, la UE han sido y son baluarte de las libertades y derechos sociales, a la vez que referente como espacio del libre comercio y de las transacciones comerciales entre países soberanos y sus empresas. Sin embargo, todo eso ahora está seriamente amenazado porque hemos entrado en una nueva etapa de las relaciones internacionales. Las lógicas imperialistas serán las que marquen el ritmo en los próximos tiempos. Esto, que era solo una percepción, se hizo evidente tras el discurso que pronunció el vicepresidente de EEUU J.D. Vance en la Conferencia de Seguridad de Múnich, celebrada hace unas pocas semanas   De hecho, Rusia hace años que practica una política imperialista por medios militares. China se declara sostenedora de un orden mundial multilateral, pero no lo respeta cuando se genera un conflicto de intereses en su esfera de influencia. Y, por si faltaba algo, Estados Unidos se adscribe ahora a una lógica de rasgos colonialistas, pretendiendo decidir la suerte de todo el continente europeo sin consultar, ni tan siquiera, a los más directamente afectados y que, además, siempre han sido sus aliados. Todo esto, más el talante nítidamente dominador y autoritario del mandatario estadounidense, así como su actitud ante la guerra de Ucrania ha hecho saltar todas las alarmas.

Ante esa situación, los líderes europeos han tomado conciencia de la realidad y han decidido cerrar filas en torno a Vlodomir Zelenski porque todo el mundo es consciente de que si Putin se impone en Ucrania, para la Europa que conocemos habrá llegado el principio del final. Para evitarlo, los 27 socios del club han de lograr, también, ser un modelo en seguridad.

Con ese paisaje de fondo, la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen compareció en el pleno del Parlamento Europeo celebrado el pasado 11 de marzo en Estrasburgo para decir que: "Se acabó el tiempo de las ilusiones" y por eso la Unión Europea debe aumentar significativamente su gasto en armamento y volvió a insistir en la necesidad de aumentar "muy rápido las capacidades de defensa europeas". “Lo necesitamos ahora”, declaró ante en sede parlamentaria. La presidenta ha avisado que Europa vivía hasta ahora en un momento de "déficit de seguridad", por lo que ha llamado a hacer un "esfuerzo colectivo" para lanzar la defensa europea.

Von der Leyen defendió su plan de rearme porque, en su opinión, Europa está llamada a "asumir una mayor responsabilidad en su propia defensa", La Comisión Europea ha presentado un plan para "rearmar Europa", que debería movilizar unos 800.000 millones de euros en cuatro años, incluidos 150.000 millones en préstamos puestos a disposición de los 27 por la Comisión. Los líderes europeos han dado luz verde a este plan, y la Comisión presentará ahora propuestas concretas antes de una próxima cumbre de la UE que se ha de celebrar antes de que finalice el mes de marzo.

Es cierto que las carreras armamentísticas se pagan con dinero público, pero se deben buscar fórmulas para que ese gasto no afecte a las políticas sociales. En estos momentos, la seguridad de Europa es una prioridad que no puede esperar. Por consiguiente, se deberán llevar a cabo cambios profundos en las cuentas públicas y en los planes presupuestarios que permitan obtener los fondos imprescindibles para hacer viable unos mecanismos de defensa adecuados a las circunstancias que nos han tocado vivir. Hay que dejarse de declaraciones retóricas y pasar de las palabras a los hechos. La Unión Europea ha de ser el más firme puntal de la Alianza Atlántica. Pero para eso, hay que pagar el precio correspondiente. La UE y OTAN deberían ser las dos caras complementarias de una misma moneda. La época en la que los gastos en de la milicia corrían a cargo de otro se ha terminado. Nos toca volver a la realidad y actuar en consecuencia.

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 17/03/2025

 

PACTO SOBRE INMIGRACIÓN

 

El traspaso o delegación de competencias por parte del Gobierno central a la Generalitat de Catalunya siempre ha generado importantes polvaredas. Si echamos la vista atrás, veremos las polémicas que provocó la cesión del 15% del IRPF primero y después la del 30%, la crítica que se originó por traspasar a la Generalitat la competencia ejecutiva en materia penitenciaria, la cesión a los Mossos d’Esquadra de algunas competencias en la gestión del tráfico y, como no, el Estatut de Catalunya de 2006 que acabó en el Tribunal Constitucional (TC) y aún estamos pagando las consecuencias.

Después de catorce meses de negociaciones discretas, al fin, hay fumata blanca. Días atrás se hizo público el acuerdo alcanzado entre PSOE y Junts por Catalunya, mediante el cual se delegarán competencias del Estado, en materia de inmigración, ampliando las ya vigentes, a la Generalitat. Para hacerlo realidad ambas formaciones presentaron de forma conjunta una propuesta de ley orgánica en el Congreso.

Los tres puntos fuertes de esa iniciativa son: el control de fronteras –la Generalitat participará además en la instrucción de los procesos de expulsiones, que seguirán siendo responsabilidad del Estado–, la gestión de permisos de residencia y el control de los centros de internamiento de ciudadanos extranjeros.

Me parece oportuno señalar que el artículo 149 de la Constitución señala que la inmigración y el control de fronteras son competencias exclusivas del Estado Ahora bien, el 150.2 permite delegarlas, que no transferirlas. Eso significa que las competencias delegadas se podrían recuperar en caso de conflicto, aunque en España nunca ha pasado y toda competencia delegada ha quedado definitivamente en manos de las autonomías.

Como no podía ser de otro modo, no han faltado los tierraplanistas, en cuestiones del Estado de las autonomías, es decir, PP y Vox que han puesto el grito en el cielo y amenazan con llevar la ley, cuando se apruebe, al TC; si es que se aprueba porque, de momento, no toda la mayoría parlamentaria de la investidura está por la labor. Tampoco es de extrañar que algún que otro ilustre barón del PSOE haya salido a descalificar el acuerdo. Para aquellos que tienen una visión jacobina del Estado, esta delegación puede ser un anatema. Sin embargo, no se trata de ceder competencias, en un Estado descentralizado, la cogobernanza no solo es deseable, es necesaria.  No obstante, nunca llueve a gusto de todos porque para algunos independentistas asumir responsabilidades, pero no soberanía no vale la pena.

Sorprende, sin embargo, que un partido como Podemos, que daba soporte a un hipotético referéndum sobre la autodeterminación, ahora diga que no votará a favor de la ley. En opinión de los podemitas Junts pueda llegar a la presidencia de la Generalitat y aplicar el acuerdo con criterios restrictivos hacia la inmigración.  Que me disculpen los amigos de Podemos pero el argumento resulta naif ya que no evalúa el riesgo que supondría una situación inversa, esto es: un presidente del PP con apoyo de Vox en la Moncloa, me parece que si esa hipótesis se hace realidad, los problemas no serán solo en inmigración y quizás esos no serían de los más grave, gobernase quien gobernase en Catalunya.

Con este acuerdo, el Gobierno gana unas semanas de tranquilidad, aunque la derecha monte otra bronca a cuenta de otra hipotética humillación del Estado. Por su parte Junts había perdido presencia mediática tras la cesión de la gestión de los trenes de Rodalies a la Generalitat y la condonación de una parte de la deuda del FLA; además el Govern tuvo el acierto de dar relevancia a ERC a la hora de explicar los logros a los medios. Ante esa situación, el partido de Puigdemont necesitaba protagonismo para salir en las fotos y el traspaso de las competencias sobre inmigración les pareció idóneo para volver a la palestra.

En la dirección de Junts saben que hacen falta logros tangibles para justificar su estrategia de inflexibilidad ante el Gobierno de España. Con todo, este acuerdo no deja de ser una declaración de intenciones; y como ya se ha indicado más arriba, la propuesta presentada en forma de ley orgánica deberá ser aprobada en el Congreso de los diputados para que sea efectiva y, en estos momentos, no está claro que esa mayoría se pueda constituir. 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en CÒRTUM 11/03/2025

DISTOPÍA POLÍTICA

 

La prepotencia y la soberbia desmesuradas de Donald Trump nos están llevando a un escenario de la política internacional desconocido, al menos, en los últimos ochenta años. No hace ni dos meses que el mandatario norteamericano regresó a la Casa Blanca y ya ha desmantelado los frágiles equilibrios que sostienen las   relaciones entre los países soberanos, basadas en el respeto mutuo y las alianzas

Durante mucho tiempo y en muchas ocasiones esas relaciones han estado prendidas de alfileres, pero la cosa ha funcionado. Y eso nos ha permitido, con algunas excepciones, ir avanzando, hacia un mundo más seguro, con más progreso y más interrelacionado. Sin embargo, desde el 20 de enero de este año —día de la toma de posesión de Donad Trump—, el guion ha sufrido un giro muy sustancial.

Pero no solo nivel internacional, también en cuestiones internas. Siempre se había considerado a EEUU como uno de los paladines de las libertades. Sin embargo, eso ya no es así, en especial desde 2016, cuando Donald Trump ganó por primera vez las elecciones; pero es que ahora, envalentonado por su contundente victoria y azuzado por una cohorte de aduladores, ha declarado la guerra a las libertades civiles: están estigmatizando la libertad de expresión, hasta el punto que niegan la entrada en la Casa Blanca a miembros de Associated Press por hablar del golfo de México y no del de América. Asimismo, han prohibido utilizar en documentos oficiales expresiones como “diversidad”, “género” o “justicia ambiental”. También prevén deportar a millones de personas, despiden a miles de trabajadores en las administraciones federales y han cerrado la oficina de cooperación internacional, además de otros muchos disparates que su equipo de adlátares tiene entre manos.

Da la sensación que el líder yanqui se considera mandatado por alguna fuerza de orden superior y ha vuelto al Despacho Oval para ser el sheriff del planeta. Por consiguiente, tanto da que sean sus vecinos de México o los de Canadá, los habitantes de la Franja de Gaza o Volodomir Zelensky, presidente de Ucrania, todo el mundo ha de hacer lo que dice el inquilino de la Casa Blanca: Trump no negocia, Trump ordena.

Quizás lo único bueno que tiene (si es que tiene algo) es que no se anda con rodeos. Ya anunció en su campaña electoral que quiere anexionarse Groenlandia y recuperar el canal de Panamá. También advirtió que usaría el ejército contra los cárteles de la droga mexicanos.

Uno de los anclajes sobre los que ha evolucionado la geopolítica en las últimas décadas era considerar que el comercio internacional es la mejor vía para aumentar la prosperidad y de esa forma, en algún momento, China se iría pareciendo más a Occidente. Además, no importa qué parte de la producción se haga fuera del propio país mientras el PIB siga creciendo. Sin embargo, Trump no comparte ese punto de vista y todo indica que el proteccionismo que nos llega de EEUU y la política industrial serán la corriente dominante.

Todas las alarmas saltaron cuando se vieron las imágenes de desprecio y falta de consideración de Donald Trump y su lugarteniente en defensa J.D. Vance hacia Vlodomir Zelensky el día que éste acudió a la Casa Blanca a buscar un aliado para negociar una paz justa y duradera. Esa actitud ha hecho que La Comisión Europea planteé un plan de rearme europeo (Rearm Europe) que incluye varios canales. El primero es la creación de un nuevo “instrumento financiero” para proporcionar préstamos a los Estados miembros —respaldados por el presupuesto europeo— con una dotación de hasta 150.000 millones de euros, en una primera fase que podría llegar a los 800.000 millones.  

Pero es que casi sin solución de continuidad EEUU ha dejado de pertenecer a la zona de libre comercio.  Donald Trump ha decidido saltarse el tratado que él mismo negoció y firmó para regir las relaciones comerciales con sus dos vecinos: México y Canadá. Estados Unidos impone aranceles del 25% a las importaciones de productos provenientes de esos países —aliados y amigos—, y algo menores, del 20%, a los productos de su gran rival geoestratégico: China. De esa manera, Trump levanta un muro arancelario contra la integración económica de Norteamérica y abre una era de incertidumbre muy mal recibida por el mercado. Warren Buffett, el inversor más prestigioso de Estados Unidos, se ha referido a los aranceles como “un acto de guerra” y Wall Street sufrió su peor sesión del año y las bolsas más importantes del mundo cerraron con importantes pérdidas.

El caso es que para Europa durante mucho tiempo EEUU ha sido la solución, tanto en el ámbito comercial como en cuestiones de defensa. Sin embargo, ahora Trump se ha convertido en el problema. La economía europea está gripada. Las mayores economías de la UE —Alemania y Francia—son muy dependientes del comercio exterior y, por tanto, vulnerables a la amenaza arancelaria de la nueva Administración estadounidense. Pero al margen del riesgo comercial, el modelo de crecimiento europeo se halla inmerso en una crisis política, social e industrial cuya deriva no parece capaz de corregir. Frente al crecimiento del 2,8% previsto por el FMI para Estados Unidos en 2025, la zona euro apenas alcanzará un 0,8%.

Aunque resulta muy complicado hacer predicciones con personajes de la catadura política de Donald Trump. Se empieza a tener la certeza que estamos entrando en una nueva era y que será con una visión imperial del mundo. No es casualidad que Vladimir Putin esté callado y muy probablemente frotándose las manos porque su adversario de siempre le está haciendo el trabajo sucio, mientras que China aguarda expectante ante el temor de que Trump sea un elemento distorsionador entre el gigante asiático y Rusia.

Veremos cómo evolucionan los acontecimientos. Me gustaría equivocarme, pero me parece que la distopía geopolítica es con lo que vamos a tener que lidiar en los próximos tiempos.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 10/03/2025

LA QUITA DE LA DEUDA AUTONÓMICA Y EL MANIQUEISMO POLÍTICO

La posibilidad de pedir dinero barato al Estado, por parte de las CCAA, se puso en práctica en 2012 con los mecanismos extraordinarios de financiación, creados para que las comunidades no tuvieran que financiarse en el mercado a unos intereses entonces exorbitantes. De aquellas herramientas ahora quedan solo el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), dirigido a las autonomías que no cumplen con las reglas fiscales e incompatibles con cualquier otra fuente de financiación, y el Fondo de Facilidad Financiera (FFF), que se reserva a las regiones que respetan los límites presupuestarios y es compatible con el mercado. Estas líneas hubieran tenido que desaparecer con la vuelta a la normalidad, pero siguen funcionando. Entre 2012 y 2023, los mecanismos extraordinarios aportaron unos 417.240 millones a las arcas regionales. Cataluña es el territorio que más se ha beneficiado de ellos (135.000 millones en la última década), seguida por la Comunidad Valenciana (99.267).

La deuda de las comunidades autónomas anda sobre los 325.000 millones de euros. La mayor parte de ese pasivo está en manos del Estado que es el principal acreedor de los gobiernos regionales. Tiene en su poder un 60% de la deuda autonómica, equivalente a unos 200.000 millones. Cataluña, Valencia y Andalucía acaparan las tres cuartas partes de esta importación, que han acumulado a lo largo de los años a través de los préstamos baratos que el Tesoro empezó a conceder a las autonomías a partir de la crisis financiera de 2008. Ahora, el Gobierno ha decidido abrir el melón y buscar una solución a ese último en el marco de una reforma del sistema de financiación autonómica. Sin embargo, una vez más, el tacticismo político es posible que se imponga al sentido común.

Con estos antecedentes, el Ministerio de Hacienda convocó para el pasado 26 de febrero al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, propuso en la reunión que el Estado asumirá 83.252 millones de euros de deuda de las comunidades autónomas. Se trata de una medida sin precedentes que beneficia a todas las comunidades de régimen común, independientemente de que tengan o no deuda con el FLA u otro mecanismo de financiación extraordinaria del Estado.

El objetivo de esta propuesta, que había sido remitida con anterioridad a las comunidades autónomas, es corregir el sobreendeudamiento al que se vieron abocadas las administraciones autonómicas durante la crisis financiera y que quiere implementar el apoyo que recibió del Gobierno para afrontar la crisis sanitaria derivada de la pandemia o los efectos de la guerra en Ucrania. Con esa quita se podrán destinar a servicios sociales lo que ahora se reserva para pagar los intereses de la deuda. 

Ahora, el Gobierno ha propuesto extender la quita que ha pactado con ERC para Cataluña a todas las comunidades y eso ha puesto en un brete a los barones del PP y es que algunos dirigentes autonómicos populares lo admiten en privado que, si esa iniciativa se confirma, será difícil negarse.

Ante el riesgo de que la unidad de los populares pudiese resquebrajarse en la reunión (CFF) decidió echar mano del más burdo maniqueísmo político; todos los consejeros del PPon un paripé y abandonaron el encuentro una hora después de su inicio.   “No vamos a ser cómplices de las cesiones permanentes al independentismo”, dijo a la salida la titular de Hacienda andaluza, Carolina España, que comparó ante la prensa con el resto de consejeros de su partido; aunque a preguntas de los periodistas, los consejeros no descartaron aceptar la quita en sus respectivas comunidades.

El numerito montado por los populares fue un brindis al sol porque el Gobierno cuenta con la mitad de los votos en el órgano de coordinación fiscal y con el apoyo de Catalunya, Asturias y Castilla La Mancha, el Ministerio de Hacienda sacó adelante el acuerdo de condonación de deuda. Ahora el Ejecutivo tendrá que batir el cobre para aglutinar una mayoría suficiente en el Congreso que valide esa iniciativa para ponerla en práctica.

 

Con todo, la cuestión de fondo es la reforma del sistema de financiación autonómica. El modelo vigente caducó en 2014. Sin embargo, una vez años después no se ha tocado ni una coma, pero con la propuesta de financiación singular, lanzada desde Cataluña quién más y quine menos aguarda expectante. El asunto es tan complejo que ni siquiera en el PP tienen una única opinión. Mientras que comunidades como Galicia o Aragón sostienen que la distribución de recursos se calcula teniendo en cuenta la despoblación, la dispersión y el envejecimiento, otras comunidades como Andalucía, Valencia, la Región de Murcia o Madrid, presionan para dar mayor peso a la población. Si a esta situación añadimos que existe escasa o nula voluntad para sentarse a negociar, pactar y acordar, no nos debería extrañar que, se haga alguna excepción para Cataluña, y el sistema en vigor se mantiene sine die. 

Ya lo vamos a ver pero, en cualquier caso, la bronca política está garantizada.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalumya Press 03/03/2025