El pasado martes, 22 de abril, cuando
faltaban veinticuatro horas para que acabase el plazo para presentar a la OTAN las
previsiones de gasto militar para este año, y tras un Consejo de Ministros
intenso, Pedro Sánchez compareció ante los medios de comunicación para informar
que España invertirá 10.471 millones más de euros en defensa en 2025, hasta
llegar a un total de 33.123 millones, y “cumplirá este año con el objetivo del
2%” del gasto militar comprometido con la Alianza, adelantando en cuatro años
la fecha fijada hasta ahora por el Gobierno, que era 2029.
Según el presidente Sánchez ese
fuerte aumento de la inversión en defensa supondrá un “esfuerzo importante pero
proporcional” a la potencia económica de España. El 87% de la inversión, unos
9.000 millones de euros, se destinarán a empresas españolas y menos del 5% se
gastará fuera de la UE; y tan solo una quinta parte del dinero se destinará “a
la compra de armamento en el sentido tradicional del término”. El presidente lo
ve como una “oportunidad para la reindustrialización” de la que podrán
beneficiarse todas las comunidades autónomas, supondrá un aumento de entre 0,4
y el 0,7 puntos del PIB español y la creación de 100.000 empleos, 36.000 de
ellos directos. A la vez, garantizó que se hará sin aumentar el déficit, sin
reducir “un céntimo de euro el gasto social, ni tocar el bolsillo de los
ciudadanos”; es decir, sin recortar el Estado del bienestar, ni subir los
impuestos.
He escrito Consejo de Ministros
intenso porque, aunque, en teoría, las deliberaciones de ese órgano son
secretas, muy pronto supimos que los miembros de Sumar se opusieron con uñas y
dientes a la propuesta del presidente.
Pues bien (“éramos pocos y parió la
abuela”, que diría un castizo), en plena polémica entre los socios del
Ejecutivo por el aumento del gasto en defensa, saltó la noticia que, desde el Ministerio
de Interior, se estaba ultimado la compra de 15 millones de balas a Israel, por
un importe de 6,6 millones de euros, y aunque, el pasado 24 de octubre, se
había decidido anular el contrato; por indicaciones de la abogacía del Estado
el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska rectificó, anunciando que seguía
adelante con la compra, porque de no hacerlo se debería indemnizar a la empresa
vendedora. Desde luego esa decisión no ha sido de las más acertadas de las que
ha tomado el ministro a lo largo de su carrera. Al final, se impuso el sentido
común y por indicación del presidente del Gobierno se anuló el pedido.
Pero es que casi inmediatamente
después supimos que desde el inicio de la escalada bélica de Oriente Próximo, España
ha adjudicado 46 contratos a la industria militar israelí por un valor global de
algo más de 1000 millones de euros según un estudio del Centro Delàs de
Investigaciones para la Paz basado en los datos publicados por la Plataforma de
Contratación del Estado.
Diez de estos contratos, por valor de
unos 817 millones de euros, aún no se han formalizado. Entre ellos figuran el
lanzacohetes múltiple SILAM, por 576 millones, o el sistema de misiles
antiaéreos Spike, por 237,5 millones. Según el Ministerio de Defensa esos
contratos, adjudicados a empresas españolas, utilizan tecnología de las
compañías israelíes Rafael y Elbit, y, a día de hoy, no son sustituibles por
otro proveedor. Así pues, tenemos polémica para tiempo.
Todo eso provocó una tormenta de
declaraciones y contradeclaraciones en la que no podía faltar el PP exigiendo
que los contratos se cumplan y amenazando presentar una denuncia ante el
Tribunal de Cuentas si se cancelan los acuerdos. Los de Feijóo siempre
dispuestos a colaborar…, para montar la bronca.
No les voy a quitar la razón a las
personas y/o entidades que han puesto el grito en el cielo por esas posibles
compras. Comprendo, respeto y comparto buena parte de los recelos que este tipo
de decisiones generan en los ciudadanos progresistas de a pie, porque apuntan a
la línea de flotación de algunos de aquellos ideales que defendimos durante
tantos años. Pero hay que entender que la realidad es poliédrica y, por
ejemplo, la industria de seguridad y defensa puede ser una herramienta útil
para revitalizar la economía.
Sin embargo, me sorprende el nihilismo
y candidez aparente de algunos políticos que se autodefinen como progresistas,
pero que se han quedado colgadas de los postulados de la izquierda de los años
70 y 80. Se puede hacer y/o decir lo mismo o más con mucho menos ruido y sin
regalarle los oídos a la derecha y a sus voceros. Seguramente no acaban de ser
conscientes; pero no se ha cerrado una crisis que ya se está preparando otra
andanada para poner en jaque al Ejecutivo. Cuando no es una cosa es otra. Y con
tanta bronca y tanta alharaca están poniendo una alfombra roja para que Núñez
Feijóo y su socio Abascal lleguen a la Moncloa sin despeinarse.
No quiero ser mal pensado y creo que
nadie en la izquierda se mueve por intereses espurios como apuntan algunos
tertulianos y comilitones de la caverna mediática, pero, en mi opinión,
determinados líderes progresistas deberían evitar la incontinencia verbal. Parece
que no son conscientes de que las trifulcas entre los socios de coalición debilitan
al Gobierno y generan hartazgo en la ciudadanía y eso es terreno abonado para
que las derechas lleguen pronto al poder.
Bernardo Fernández
Publicado en Catalunya Press 28/04/2025