ARGUMENTOS CONTRA LAS FALACIAS SOBRE INMIGRACIÓN

El pasado día 8 de este mes de diciembre, en esta magnífica ventana que es Catalunya Press, me publicaban un artículo con el título “Inmigrantes, ¿problema o solución?”. Pues bien, algunos lectores se han dirigido a mí para pedirme que, a ser posible, dé más datos sobre la cuestión para poderse hacer una idea lo más ajustada posible a la realidad. Así que, atendiendo la petición, me pongo a ello.

Según Frontex en 2023 llegaron a la UE de forma ilegal unos 380.000 inmigrantes, de los cuales alrededor de 58.000 lo hicieron a España, segundo país en recepción de foráneos después de Italia. Se calcula que unos 3.800 se quedaron por el camino y desde nuestro país se repatriaron casi 4.000 personas.

Diversos estudios corroboran que los inmigrantes aportan a nuestro sistema de la Seguridad Social un 10% del total de los ingresos y generan el 1% de los gastos. Si tomamos en consideración la opinión de los expertos, con el envejecimiento creciente de la población, necesitaremos la entrada de 200.000 personas cada año para mantener ese sistema en condiciones similares a las actuales. Mientras que en Alemania precisan del doble de personas inmigradas que nosotros.

No obstante, hemos de admitir que en determinados sectores de la sociedad, la llegada de inmigrantes genera inquietud económica y miedo a que colapse nuestro Estado del bienestar. También existe el temor a que la llegada de mano de obra haga aumentar el desempleo y reduzca los salarios. Sin embargo, la realidad es muy diferente. El impacto de la inmigración en el desempleo es muy bajo o nulo. Ciertamente puede repercutir cuando inmigrantes y autóctonos compiten por los mismos puestos, aunque lo más frecuente es que los inmigrantes, en particular los no cualificados, acepten tareas peor remuneradas, y eso posibilita que los locales pueda acceder a trabajos mejores y mejor pagados.

Pero es que, además, los inmigrantes también consumen. El aumento de la demanda de bienes y servicios se traduce en un incremento de la necesidad de mano de obra que, a su vez, contribuye a evitar una disminución generalizada de los salarios. El mercado laboral no es un juego de suma cero, lo vimos, tiempo atrás, con la incorporación masiva de las mujeres.

En opinión del prestigioso economista estadounidense, Michael Clemens, si se eliminaran todas las barreras migratorias el PIB mundial subiría entre un 50% y un 150%. Pero quizás no haya que llegar tan lejos, bastaría con que tan solo el 7% de la población mundial emigre para incrementar un 10% la productividad global.

Si ponemos el foco en el potencial delictivo de los recién llegados, como apuntan los partidos de la derecha extrema, veremos que es falso. Según datos de 2022, la tasa de criminalidad española es de 48 infracciones penales por cada 1.000 habitantes (incluido el cibercrimen), es decir, bastante inferior a la de países de nuestro entorno, como Reino Unido (79,5 por mil habitantes), Bélgica (74,8), Alemania (60,7) o Dinamarca (53,9). La tasa de criminalidad convencional en España, en la que no se incluye el cibercrimen porque en su mayoría se comete desde fuera del país, tiene incluso una tendencia a la baja o estable en los últimos 13 años y se sitúa en 41 delitos por cada 1.000 habitantes, según datos del Ministerio del Interior.

El equipo de coordinación y estudios del Ministerio, que realiza los balances de criminalidad, ha comparado esta última tasa con las cifras de extranjeros en España (que no distinguen entre comunitarios y no comunitarios) y ha concluido que “el fenómeno de la inmigración no está teniendo un impacto negativo ni significativo sobre la criminalidad”, según fuentes del departamento de Fernando Grande-Marlaska. La población extranjera se encuentra en estos momentos en un 13,4%, según estas cifras.

Las razones que invoca la inmensa mayoría de esas personas para salir de sus países, dejar lo poco o nada que tienen y marchar, son las mismas que invocaríamos nosotros de vivir en las circunstancias que ellos lo hacen: buscar un lugar en paz done poder vivir, trabajar y poder forjar un futuro para ellos y, sobre todo, sus hijos. Frente a eso, los Estados utilizan los mismos argumentos que cualquier club o asociación: el derecho a decidir quién es miembro. No es un conflicto sencillo de dirimir. Quizás el primer paso sería clarificar si el que pone la valla tiene derecho a hacerlo porque lo que hay detrás es, verdaderamente o no, de su propiedad.

Desde luego, es evidente que en las sociedades avanzadas hay muchas cosas que mejorar. Sobre todo en lo tiene que ver con el trato que damos a los que vienen de fuera.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 24/12/2024

 

EL LABERINTO DE LA POLÍTICA CATALANA

 

“Quítate que tiznas”, dicen que le dijo la sartén al cazo. Algo similar le podría decir Pedro Sánchez a Carles Puigdemont, ahora que se ha descolgado pidiendo al presidente que se someta a una cuestión de confianza porque “no es de fiar”. Miren ustedes por dónde. Y eso lo dice un personaje que proclamó una república de ocho segundos, que no tuvo narices de descolgar la bandera de España del Palau de la Generalitat, que dijo que si no ganaba las elecciones dejaría la primera línea política y no lo ha hecho, que también dijo que estaría presente en el debate de investidura y no estuvo, que cobra sueldo de diputado, pero no aparece por los plenos y pretende dirigir la política española desde su mansión de Waterloo. En fin, que voy a explicar que ustedes no sepan.

Tras una reunión de la Comisión Ejecutiva de Junts celebrada el pasado 9 de diciembre en Waterloo (eso es lo más normal del mundo, celebrar reuniones de trabajo a miles de quilómetros del lugar donde se lleva a cabo la acción política y la entidad tiene su sede), compareció el expresident ante los medios de comunicación para poner de manifiesto su malestar por la tardanza, según él, en el traspaso de las competencias en inmigración a Cataluña, el uso del catalán en las instituciones europeas y de la ley de amnistía de la que no se beneficia por estar acusado de malversación, que es el argumento que utilizan los jueces para dejarlo al margen de la norma.

Es posible que en el Gobierno central haya ciertas reticencias para llevar a cabo determinadas transferencias. Pero, en mi opinión, la realidad es más sencilla. Carles Puigdemont sabe que está colgado de una brocha y necesita marcar perfil propio. El procés, como arma política, ya es historia, el independentismo está bajo mínimos, Junts tiene una muy escasa representación institucional y su capacidad de influir en el Govern es inexistente, pero, sin embargo, por esas carambolas de la aritmética parlamentaria, sus siete votos son decisivos en el Congreso de los diputados. Esa es la cuestión.

Como el propio expresident manifestó, solicitar a la Cámara una moción de confianza es competencia exclusiva del presidente del Gobierno. Por lo tanto, si de verdad en Junts están tan preocupados por esos traspasos, hubiera sido mucho más operativo descolgar el teléfono de algún negociador del PSOE y hacerle una seria advertencia. Seguro que así se hubiese obtenido alguna contrapartida, pero, en ese caso, Puigdemont no hubiera tenido protagonismo y no habría salido en los telediarios, algo de lo que anda muy escaso desde su performance de agosto en Barcelona.

La política catalana es un auténtico laberinto y lo que está detrás de esta sobreactuación, es la lucha cainita que mantienen Junts y ERC para ver quién es el partido hegemónico del independentismo catalán. Los republicanos han celebrado este fin de semana la segunda vuelta de su proceso electoral interno para escoger a la dirección del partido. Oriol Junqueras ha sido el ganador y, según parece, su ajustada victoria se debe, en buena parte, a las advertencias que lanzó durante la campaña de subir el listón de cumplimiento a los socialistas. Después de hacer un seguimiento de declaraciones y contradeclaraciones de los líderes republicanos, es fácil llegar a la conclusión que el voto para que Illa fuera investido president es una espina que llevan clavada y piensan que puede infectar su pureza nacional, y para evitar esa posible propagación hay que marcar distancias con el socialismo porque no son gente de fiar. Aunque visto lo visto, mejor harían los de Junqueras en poner la casa en orden y levantar las alfombras no vaya a ser que encuentren algún cadáver escondido y el mal olor les inunde la estancia.

Tanto Junts como ERC necesitan marcar perfil propio y eso pasa por ver quién es más exigente con el Gobierno central y cuál de las dos formaciones se lo pone más difícil a Salvador Illa para gobernar en la Generalitat. Aunque los republicanos dieron un sí a la investidura de Illa, fue un sí crítico y coyuntural, cargado de noes. Al fin y al cabo, en su opinión, los del PSC son unos botiflers y no tienen pedigrí de catalanidad.

Para el nacional-independentismo los socialistas siempre han sido unos advenedizos españolistas. Lo son tanto que no les ha importado incorporar a la Policía Nacional y a la Guardia Civil al servicio de Emergencias y con esa maniobra han descatalanizado el 112. Por eso, desde ERC exigen que se revierta la integración o amenazan con no negociar los Presupuestos para 2025.  Están tan obcecados que han olvidado aquello de “no importa que el gato sea blanco o negro, lo que cuenta es que cace ratones”

Resulta muy difícil llegar a acuerdos fiables y solidos con formaciones políticas que tienen una visión tan primaria, simplista y cerrada como es el caso de Junts y ERC. Así pues, seamos conscientes de que tanto la legislatura nacional como la catalana penden de un hilo y cualquier día el carro se puede despeñar por el pedregal. Pero es lo que hay. Con estos mimbres solo se pueden hacer estos cestos.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 16/12/2024

 

 

INMIGRANTES, ¿PROBLEMA O SOLUCIÓN?

Vox empezó a sacar la cabeza en nuestro complejo sistema político a raíz de la eclosión del independentismo catalán, con la milonga de que España se rompe. Sin embargo, una vez que el procés estuvo amortizado y España sigue tan entera como antes de 2017, los de Abascal necesitaban algún argumento tremendista y con gancho para seguir a rueda del PP y no dejar de pellizcarle las posaderas; esa tesis la encontraron en su animadversión a los que vienen de fuera. Además, el rechazo a lo foráneo es uno de sus nexos de unión con personajes como Donald Trump, Viktor Orban, Giorgia Meloni o Marine Le Pen.   Y, de momento, no solo les funciona, sino que están llevando a su terreno al que se supone gran partido de la derecha de España, que cada vez se aleja más del centro y se acerca más al extremo. Pues bien, todo eso hace que la extrema derecha está imponiendo su relato sobre inmigración.

El pasado mes de abril, el único grupo parlamentario que en el Congreso de los diputados votó en contra de admitir a trámite una iniciativa legislativa promovida por organizaciones sociales para regularizar a cientos de miles de inmigrantes que viven en España, fue el de Vox. Cuatro meses después, era el PP el que se negaba a modificar la Ley de Extranjería para obligar a las comunidades autónomas a acoger a menores inmigrantes cuando una de ellas esté sobresaturada, como está ocurriendo este año en Canarias. Esa negativa de los populares supuso un duro enfrentamiento (uno más) entre Gobierno y oposición. En medio del rifirrafe Feijóo no tuvo ningún empacho en relacionar de forma torticera inmigración, delincuencia y ocupación de viviendas. “Pido el voto a los que no admiten que la inmigración ilegal se meta en nuestras casas, ocupando nuestros domicilios, mientras nosotros no podemos entrar en nuestras propiedades”; dijo en un acto electoral, y cuentan algunos de los allí presentes que se quedó tan pancho y no se le cayó la cara de vergüenza.

Barbaridades de ese tipo han hecho que la inmigración haya escalado puestos entre las preocupaciones de los españoles. El barómetro del CIS de junio la colocaba en el puesto noveno. Solo un mes después, ya se encontraba en el cuarto lugar de la clasificación de los grandes problemas del país entre los encuestados, impulsada por la crisis canaria de los menores, la imagen repetida en televisión de barcazas abarrotadas de personas desfallecidas por la travesía llegando a El Hierro y, por supuesto, la subida de intensidad del debate político.

Cuando se producen situaciones complejas como la que nos ocupa, no faltan iluminados que proponen soluciones mágicas. Es el caso del mamporrero, Miguel Tellado, portavoz parlamentario del PP. Por eso, el fino estilista dialéctico propuso en su momento que “el ejército controlase las costas para evitar la llegada de pateras” y “deportaciones masivas”. Algo que como denuncian los especialistas está sencillamente prohibido por el derecho internacional. Además, de ser literalmente impracticable, ¿cómo se hace?  A ver, se coge a 20.000 personas y ¿dónde los llevas?, ¿qué haces con ellas? Comenta un experto en la materia.

La realidad es que los inmigrantes son la solución a buena parte de nuestros problemas. Los empresarios encuentran mano de obra disponible para trabajos que normalmente los de aquí no quieren hacer, porque, por lo general, suelen ser tareas, bastante ingratas, en el sector de los servicios y/o de soporte a las personas mayores o con discapacidad, con horarios muy amplios y, habitualmente, bastante mal pagados. También las clases sociales acomodadas los pueden pagar para que los recién llegados se ocupen de sus hijos o de sus padres, mientras ellos llevan a cabo un trabajo más atractivo y mejor remunerado. 

Es cierto, sin embargo, que entre las clases más populares y los inmigrantes, a menudo, se producen algunos choques por conflictos de intereses. Suele ocurrir con las ayudas que las administraciones otorgan a los más desfavorecidos. Quizás el asunto más paradigmático, en este terreno, sean las becas comedor, pero no el único. Y ese es el caldo de cultivo perfecto para que el populismo arraigue en esos segmentos de la población.

Hay quién ve la llegada de los inmigrantes más como un problema que como una solución, cuando en realidad esas personas son más parte de lo segundo que de lo primero. Hemos de ser conscientes de que la democracia está en jaque y la inmigración es un medio para acosarla. En Hungría, por ejemplo, Víktor Orban ataca con dureza la inmigración, cuando se da la paradoja que en su país casi no existe. Y es que esto no va solo de inmigración, también va de democracia. En consecuencia, debemos persistir en la lucha contra las desigualdades y no segregar a las personas por haber nacido en otro sitio. Los inmigrantes no tienen menos derechos que nosotros y ellos también merecen poder desarrollar un proyecto de vida.

En definitiva, son muchos los pros que avalan la llegada de gente que viene buscando un lugar donde vivir y un futuro mejor, mientras que son muy pocos o ninguno los contras que sugieren su rechazo. Por consiguiente, tengamos claro que los inmigrantes son más parte de la solución que del problema.

 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en CatalunyaPress 08/12/2024

 

VIENA COMO REFERENCIA

Según el censo de 2021, la ciudad de Viena estaba habitada por 1.900.000 personas, mientras que Barcelona tenía, en 2022, 1.600.000 censados, es decir, una diferencia de unos 300.000 habitantes. Sin embargo, en el ámbito de la vivienda las diferencias son abismales. Para empezar, en la capital de Austria existen unas 220.000 viviendas municipales y sobre 200.000 apartamentos construidos en régimen de cooperativa. Los alquileres de este tipo de viviendas no superan los 500 euros mensuales. Es cierto, no obstante, que para optar a ese tipo de residencia hay una lista de espera de unos dos años. En cualquier caso, el hecho cierto es que, alrededor, del 50% de los vieneses viven en régimen de alquiler.

A diferencia de otras ciudades, desde el ayuntamiento de Viena siempre se han resistido a la privatización del parque inmobiliario público. El consistorio nunca ha cedido a la presión, especialmente, fuerte a finales de los ochenta y noventa, para crear propietarios; quizá movidos por la consciencia de que, una vez realizada la transacción, el municipio perdía toda la capacidad de regular los alquileres. Ese enfoque riguroso y constante de las políticas públicas de vivienda ha desincentivado la segregación urbana, ha evitado que se creasen guetos y ha hecho de Viena una ciudad donde la vivienda social se distribuye por todos los distritos.

Si echamos un vistazo a nuestro entorno, veremos qué Países Bajos es líder (con el 30%) de viviendas en alquiler seguido de Austria, donde son públicas una de cada cuatro residencias; mientras que el Reino Unido mantiene casi un 18% de su parque de vivienda como pública y Francia roza el 17%,  En contrapartida, en España La vivienda social representa un escueto 2,5% del parque inmobiliario unas 290.000 casas, gestionadas por comunidades autónomas (72%) y ayuntamientos (27%), muy por debajo de la media europea, que se sitúa en el 9%.

De hecho, en Barcelona, ese problema lo venimos arrastrando, como mínimo, desde hace un siglo. Ya en abril de1931 se inició, en la Barceloneta, una huelga de arrendatarios, impulsada por la CNT, que se extendió rápidamente a otros barrios como Sants, el Clot o Poblenou, pero también a localidades cercanas como l’Hospitalet o Santa Coloma. El motivo era la carestía de los alquileres conjugada con la precariedad laboral que había generado el brusco frenazo de la construcción tras finalizar la Exposición Universal de 1929. La represión fue brutal y estuvo dirigida por el gobernador civil, Oriol Anguera de Sojo, con el visto bueno del presidente de la Cámara de la Propiedad, Joan Pich i Pon, que más tarde sería alcalde de Barcelona. De todas maneras, aquella movilización permitió a muchos arrendatarios renegociar los alquileres y se introdujeron algunos cambios en el mercado de la vivienda.

Más tarde, ya con la dictadura, la cosa siguió igual o peor. Los realquilados adquirieron carta de naturaleza y las habitaciones con derecho a cocina se convirtieron en algo codiciado. No obstante, a partir de los años sesenta la construcción de Viviendas de Protección Oficial (VPO), vino a paliar ligeramente la situación.

Y así seguimos. El problema es endémico. Cada vez es más difícil acceder a una vivienda y cada vez hay que irse a vivir más lejos del centro de las grandes ciudades. Hasta ahora, los escasos intentos que han llevado a cabo los gobiernos de turno para encarar la cuestión han sido totalmente ineficaces. Recordemos, por ejemplo, que en la etapa de Ada Colau al frente del ayuntamiento de Barcelona, la medida estrella para solventar el problema era la obligatoriedad de dedicar un 30% de las nuevas promociones a vivienda de protección oficial, pero aquello fue un auténtico fiasco. Eso demuestra que la cuestión no se ha afrontado ni con el suficiente pragmatismo ni teniendo en cuenta todos los factores que inciden.

En el debate de política general del pasado octubre, Salvador Illa se comprometió a llevar a cabo una inversión de 4.400 millones de euros para construir 50.000 viviendas públicas antes de 2030. Es, sin duda, una iniciativa loable. No obstante, hemos de ser realistas y la ciudadanía necesitas soluciones ya. La vivienda es uno de los pilares del Estado del bienestar; por lo tanto, si no tenemos un parque de viviendas amplio y asequible para las clases populares, no podremos hablar, con propiedad, de calidad de vida.

La vivienda se ha convertido en el principal problema para una buena parte de la sociedad. Por eso, hace poco más de una semana, una manifestación multitudinaria recorría las calles de Barcelona exigiendo alquileres accesibles y condiciones adecuadas para acceder a una vivienda digna, algo que está contemplado en el artículo 47 de la Constitución, aunque, a día de hoy, parece más un sueño que una realidad tangible.

Estamos ante un problema común para todas las grandes ciudades como, por ejemplo, pueden ser París, Roma Lisboa o New York y Barcelona no es una excepción. Por consiguiente, es necesario afrontar la cuestión con medidas de choque. Pero dudo mucho que la regularización de los alquileres sea la solución, para bien o para mal, vivimos en una economía de libre mercado y, precisamente por eso, soy escéptico. Si se quiere ir a la raíz del problema hay que construir un parque público de vivienda, con precios por debajo de mercado, para aquella parte de la ciudadanía a la que la situación económica no le permite el acceso al libre mercado.

En este contexto, se hace indispensable una mesa de diálogo y un marco de colaboración entre el sector público y el privado para sincronizar sinergias. Hay que repensar el actual modelo urbanístico y de servicios, desde la red de transporte público, hasta los centros de atención primaria (CAPs); sin echar en el olvido la oferta de enseñanza pública que ha de ser de calidad y asequible. Es decir, las administraciones deberían recuperar el concepto de ciudades poli céntricas que tan en boga estuvo en los años noventa.

Es evidente que cada lugar tiene su propia idiosincrasia y “copiar y pegar”, casi nunca da buenos resultados. No obstante, no estaría de más que, ante un problema de semejante magnitud, como es el de la vivienda, nos fijásemos en algún modelo de éxito y, en mi opinión, Viena podría ser un buena referencia.

 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 02/12/2024

 

INCOMPETENTES, MEZQUINOS Y CORRUPTOS

 

Es posible que algunos lectores consideren demasiado espantoso el título de esta columna. Yo sé mal. Pero considero que el cinismo y la hipocresía de los líderes del Partido Popular no tienen límites, y eso me irrita sobremanera.

Por desgracia, el pasado 29 de octubre, día de la trágica dana que ha costado más de dos centenares de vidas, un número todavía por concretar de desaparecidos y pérdidas económicas incalculables, la incompetencia del presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, se puso de manifiesto.

La cuestión se puede analizar desde diversos puntos de vista y, si queremos, siempre podremos encontrar atenuantes para amortiguar la desastrosa inacción del Ejecutivo valenciano. No obstante, hay un hecho nuclear que determina el gran fiasco del 29 O en Valencia: la desaparición del presidente autonómico durante casi cinco horas. Si Carlos Mazón hubiera estado en su sitio, es muy probable que se hubieran tomado medidas que, por poco sensatas que hubieran sido, con toda seguridad, hubieran atenuado la tragedia.

Desde luego, es una evidencia de que Carlos Mazón es un incompetente y no está capacitado para gobernar una comunidad autónoma, pero la mezquindad de Alberto Núñez Feijóo y todo el equipo dirigente del PP es espeluznante. Han sido ellos los que desde la calle Génova han diseñado la estrategia para descargar toda la responsabilidad de la catástrofe en la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. Los españoles populares no han dudado, ni un momento, en involucrar a sus compañeros europeos del PPE para cargar en el haber de Ribera lo que es responsabilidad incuestionable del presidente autonómico. Tanto énfasis puso Feijóo en el asunto que los conservadores bloquearon la votación para designar a la ministra española como vicepresidenta para uno de los cargos de mayor poder en la UE, amenazando así la formación de la nueva Comisión Europea de Ursula von der Leyen, que ha de tomar posesión el próximo 1 de diciembre.

Sin embargo, un encuentro de Pedro Sánchez con la Comisaria Europea von der Layen, la semana pasada en la cumbre del G 20 sirvió para desbloquear la situación. Cuando se negocia siempre hay que ceder en algo para lograr un objetivo mayor y eso también ha ocurrido en esta ocasión: en contrapartida a la entrada de Ribera como vicepresidenta y con amplias competencias en la Comisión, los socialdemócratas deberán tragarse algún sapo y dar su apoyo. a Raffaele Fitto, designado por la ministra italiana, la ultraderechista Giorgia Meloni, y, también, al candidato a otra vicepresidencia comunitaria, el húngaro Olivér Vàrhelyi, aliado del primer ministro de Hungría, el nacional populista Viktor Orbán, como comisario de Salud y Bienestar Animal. Eso era algo que el PPE ha puesto como condición sine qua non para apoyar a Ribera. Para algunos socialistas (especialmente los franceses) eso es cruzar una línea roja respecto a la ultraderecha. Y para Feijóo y sus feligreses se quedarán solos y descolgados de sus socios europeos, una prueba más de que para el PP es imposible llegar a acuerdos hasta con sus correligionarios.

Llámenme mal pensado si quieren, pero no me sorprendería nada que los populares, ante el previsible fracaso de su bloqueo a Ribera, hubieran orquestado la comparecencia de Víctor Aldama en la Audiencia Nacional y sus explosivas declaraciones denunciando mordidas de Pedro Sánchez, medio Gobierno y parte. de la cúpula socialista, aunque de momento sin pruebas, así montan una bronca más, Feijóo sugiere a los socios del Ejecutivo que apoyen una moción de censura que él encabezaría y, de paso, disimulan su soledad en Europa.

El guirigay político que originó la gestión de la dana ha hecho pasar casi inadvertido que la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha confirmado la base de la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó al PP como responsable civil subsidiario por el fraude tributario en la reforma de la sede del partido en la calle Génova de Madrid, que se pagó parcialmente con dinero de la caja B que gestionaba su tesorero Luis Bárcenas. La sentencia detallada que el PP utilizó una caja B para hacer pagos en metálico para la remodelación de su sede principal en Madrid.

Por decencia democrática no deberíamos borrar de nuestra memoria que la Audiencia Nacional emitió como resultado de las investigaciones del llamado Caso Gürtel la existencia, desde la fundación del Partido Popular en 1989, de una estructura de contabilidad paralela a lo que el propio partido informaba oficialmente. ​ La Audiencia, en la sentencia, argumenta que el PP ayudó a establecer «un sistema genuino y efectivo de corrupción institucional a través de la manipulación de la contratación pública central, autonómica y local».

O dicho de otro modo, el PP ha sido el único partido en Europa que ha sido condenado por corrupción. Y es que hay cosas que no se pueden olvidar; para que luego nos quieran dar lecciones.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en CtalunyaPrensa 24/11/2024

LA NUEVA NORMALIDAD

 

Sostienen los expertos que las guerras provocan cambios estructurales en la economía global. Eso es lo que ocurrió tras la Primera Guerra Mundial, con la contienda se frenó una primera ola globalizadora y algo similar sucedió tras la Segunda. Entonces, por un lado surgió la Guerra Fría y, por otro, se establecieron las bases que propiciaron la mayor etapa de desarrollo y progreso que jamás se había conocido en la historia. Bien es verdad que esa fase de expansión ni llegó a todos los lugares por igual ni se redistribuyeron sus logros siempre de manera equitativa. Ahora, a juzgar de cómo está evolucionando la situación mundial desde la invasión de Rusia a Ucrania y los conflictos bélicos en Oriente Próximo, parece que los entendidos en la materia no andaban errados. Se están acelerando cambios que se venían gestando desde hace años y se está reescribiendo un nuevo orden geopolítico y de relaciones multilaterales.

El statu quo que ha imperado en los últimos setenta años, empieza a formar parte del pasado. Vamos a presenciar transformaciones drásticas. La globalización sufrió un duro revés con la crisis financiera de 2008, de la que aún no se ha recuperado, después vino la pandemia, la ya mencionada invasión, el pulso comercial entre Estados Unidos y China, y el polvorín árabe-israelí entró en ebullición; todo eso, son elementos que debilitan de forma evidente el espacio del libre comercio, así como la libre circulación de bienes y personas. Esa situación, hace que avancemos hacia un mundo más fraccionado y compartimentado del que conocimos en los finales del Siglo XX y principios del XXI.

Esta nueva normalidad no afecta solo a las relaciones comerciales, va mucho más allá de las cadenas de suministros. Uno de los argumentos más utilizados de Donald Trump, en su primer mandato, era que la seguridad de EE UU pasaba por la guerra comercial y tecnológica con China. Ahora, con su vuelta a la Casa Blanca, es más que probable que intensifique su discurso; basta con ver los nombramientos para su próximo gabinete y comprender que el margen para el optimismo es escaso.

Desde el final de la Segunda Guerra Mundial la idea de que las relaciones internacionales tuvieran como uno de los ejes vertebradores la interdependencia económica ha ido ganando peso específico. Es lo que los alemanes denominan “Mandel durch habdel” que podríamos traducir por algo así como el cambio mediante el comercio. No son pocos los expertos en política internacional que piensan que las políticas autoritarias de países como Rusia o China se transformarían en sistemas más libres, abiertos y democráticos si mantuvieran lazos económicos estables con países de talente liberal.

Con todo, el mayor cambio que se está produciendo es el que afecta al sistema financiero mundial, que ha sido el sector más beneficiado por la globalización. La exclusión del sistema de mensajería interbancario Swift de varios bancos rusos y del procesamiento de pagos a través de la cámara de compensación llevó a China a acelerar sus planes para reducir su vulnerabilidad. Algo similar sucedió con las reservas en divisas y el uso de monedas alternativas al dólar para desvincularse progresivamente del billete estadounidense.

No obstante, eso no es algo que vaya a pasar de un día para otro. Se necesita tiempo, porque para que un país se convierta en depositario de reservas hace falta que la moneda sea plenamente convertible, que exista estabilidad política, garantías jurídicas y esté garantizada la independencia del banco central. Pero el camino ya se ha iniciado. El banco central de China ya practica cambios de divisas con otros bancos centrales y facilita que empresas y gobiernos extranjeros emitan valores en los mercados chinos, para así ganar credibilidad y liquidez.

Este nuevo escenario afecta profundamente a las relaciones internacionales. Las instituciones surgidas tras la Segunda Guerra Mundial, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), no han sido capaces de adaptarse al cambio experimentado por la economía y la política global en estos años. La Organización Mundial del Comercio (OMC), que ya estaba en el punto de mira de Trump, reformarla ahora resulta literalmente imposible. Y el futuro de foros que habían surgido más recientemente, como el G-20, y que permitió una cierta coordinación global en plena crisis financiera, están seriamente en peligro.

Esta es la cruda realidad. En ningún momento he pretendido hacer una loa a la globalización desenfrenada porque, como todo en esta vida, tiene cosas positivas y otras que no lo son tanto. No obstante, creo que el balance es bastante provechoso. Sin embargo, ahora se ciernen muchas incertidumbres sobre el futuro; si a eso le añadimos los recientes movimientos políticos en el país más poderoso del mundo, coincidiremos en que hay razones sobradas para estar inquietos. Estamos ante una nueva normalidad y, con Donald Trump en el despacho Oval de la Casa Blanca, ojalá me equivoque, pero parece que lo peor está por llegar. Así pues, agárrense que vienen curvas.

 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 19/112024

CUANDO LO HAS PERDIDO TODO

Más pronto que tarde, el interés mediático generado por la tremenda tragedia que en Valencia y Castilla-La Mancha ocasionó una inmensa dana, irá perdiendo intensidad.  Llegará un momento en que los focos se apaguen y los reporteros que han cubierto la información, a menudo, con barro hasta las rodillas, volverán a sus cuarteles de invierno, pero la cruda realidad seguirá ahí: dos centenares largos de vidas perdidas, un número indeterminado de desaparecidos y unas pérdidas materiales incalculables. En medio de todo eso, decenas de miles de personas se han quedado sin nada y tendrán que volver a empezar. 

El ser humano es extremadamente frágil y la naturaleza tiene giros imprevisibles, si a eso añadimos la falta de previsión, un cierto nihilismo político, errores en cadena e incapacidad manifiesta para afrontar una situación muy delicada y compleja, la tormenta perfecta está servida.

Quizás no sea posible señalar culpables directos por la falta de previsión a la hora de diseñar las infraestructuras y desarrollar un urbanismo totalmente arbitrario que han hecho posible que las aguas se desmadraran. Sin embargo, sí hay responsables políticos que, como se va sabiendo, no actuaron con la diligencia y eficiencia que cabía esperar.

El 29 de octubre, mientras las inundaciones ya afectaban gravemente a la comunidad valenciana, el presidente Mazón comía en un conocido restaurante ubicado en el centro de Valencia y se incorporaba a la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada a las 19:30, es decir, una hora y media después de la convocatoria. Expertos en estas cuestiones consideran que la llegada tardía del presidente y la falta de experiencia de su equipo retrasaron decisiones claves, como la emisión de alertas a la población. 

Por otra parte, hemos sabido que la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, estuvo reunida con su equipo de crisis desde primeras horas de la mañana del fatídico 29 de octubre. Ante la crecida del río Magro a su paso por Utiel y de las previsiones de tormentas torrenciales, Bernabé informó a la consejera autonómica de Justicia e Interior y responsable de emergencias, Salomé Pradas, hasta en tres ocasiones, de la gravedad de la situación y le indicó que le podía pedir todos los medios que considerara necesarios. Sin embargo, la consejera hizo oídos sordos, hasta que, finalmente, la Generalitat pidió la intervención de la UME.  Días después, la consejera ha asegurado que no conocía la existencia del sistema ES-Alert —que permite a las autoridades enviar mensajes directos de manera masiva a los teléfonos móviles de una determinada zona de cobertura—. Por eso, la ciudadanía no recibió ningún aviso hasta que las riadas ya habían arrasado buena parte de los pueblos afectados por la dana.

Con toda seguridad, en esta ocasión, nadie está libre de pecado. Nunca sabremos, con certeza, si la decisión del presidente del Gobierno de no decretar la emergencia nacional fue un acierto o no. Pero está claro que, de haber decretado esa emergencia, no hubiesen faltado los carroñeros de la política acusando al Ejecutivo de aplicar un 155 encubierto por ser Valencia una autonomía gobernada por el PP. En realidad, aquí subyace una cuestión que es: ¿Esto del Estado de las autonomías y la descentralización nos lo creemos o es solo una milonga para tener entretenido al personal y cuando pintan bastos que sea papá Estado quién se coma el marrón?

Lo que no se puede negar es que Sánchez, desde el minuto uno, se puso a disposición de Mazón y el 5 de noviembre aprobaba un Decreto Ley por un importe de 10.600 millones de euros para poner en práctica un Plan de Respuesta Inmediata para atender las necesidades más urgentes de la población y restaurar el orden. Más adelante vendrá una Fase de Reconstrucción y posteriormente una Fase de Relanzamiento. También se ha pedido la colaboración de la Unión Europea.

Todo eso no significa que Sánchez o el Ejecutivo no hayan cometido errores. Los ha habido, por ejemplo, ir el domingo, día 3 de noviembre, con los reyes a la primera línea de la tragedia. Eran momentos para arrimar el hombro, dejar trabajar y no enredar (claro que si no hubiesen ido, también se les hubiera criticado por no ir). Sin embargo eso les vino que ni pintado a los descerebrados de la derecha extrema para montar el barullo. La indignación de los que lo han perdido todo es perfectamente comprensible, como también lo es que el pasado sábado las calles de Valencia se llenaran de gente pidiendo la dimisión del presidente Carlos Mazón y su Consell. Pero es inadmisible el  estallido de violencia verbal y física promovida por aquellos que aprovechan el dolor ajeno para alimentar una estrategia de populismo contra el Estado de derecho.

En estos días llenos de angustia, miedo y dolor hemos visto lo peor y lo mejor del ser humano. Miles de personas con escobas, mochos o palas caminando para ir a ayudar a gentes que no conocían.  Personas y entidades de toda índole que están donando y/o recogiendo alimentos, productos de higiene personal y material de limpieza para hacerlo llegar al lugar de los damnificados. Pero también hemos sabido de un puñado de sinvergüenzas que se han dedicado al pillaje y desalmados que, haciéndose pasar por miembros de la Cruz Roja, iban de casas en casa pidiendo dinero.

Estamos ante una tragedia de dimensiones estratosféricas. La respuesta de la ciudadanía ha sido y está siendo extraordinaria, pero no podemos decir lo mismo de la respuesta institucional. Por lo tanto, hemos de exigir que nuestros gobernantes, todos sin excepción, estén a la altura de las circunstancias o que se vayan a sus casas. Por compromiso cívico y solidaridad con nuestros conciudadanos, no deberíamos dejar pasar ni una, estar pendientes para que quien la haga que la pague y, sobre todo, no dejar de apoyar a nuestros vecinos de Levante hasta que recuperen la normalidad. Si es que eso es posible

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 11/11/2024

 

SUMAR: UN PROYECTO A LA DERIVA

Desde que, a principios de los años ochenta, el PCE de Santiago Carrillo entró en barrena, la teórica izquierda a la izquierda de la izquierda de nuestro país, casi siempre ha tenido una salud precaria. A pesar de que, los intentos para desarrollar un movimiento sólido y robusto en el margen sociopolítico que el PSOE deja huérfano, se han sucedido, las decepciones han sido constantes, mientras que los éxitos han sido escasos y más bien efímeros.    

La lista de dirigentes que han intentado vestir un proyecto con arraigo es extensa: Gerardo Iglesias, Paco Frutos, Julio Anguita, Gaspar llamazares, Cayo Lara, Alberto Garzón y, en la actualidad, Enrique Santiago (disculpen si me dejo alguno). A la vez, en ese tiempo, la fórmula para presentarse a las elecciones ha variado en función del momento. Al principio el PCE acudió a las urnas en solitario, pero, puesta de manifiesto su debilidad electoral, tuvo que refugiarse bajo el paraguas de Izquierda Unida y tras diversos bandazos en la primera década del siglo XXI, un PCE bastante débil se alió con Podemos.

Podemos se constituyó como partido político en enero de 2014. Su ascenso fue meteórico: En las elecciones europeas de ese mismo año logró 5 escaños de un total de 54, lo que lo convirtió en el cuarto partido más votado de España. Sin embargo, en menos de una década pasaron de asaltar los cielos al grupo mixto.

El declive electoral de Podemos hizo que Pablo Iglesias, líder indiscutido, abandonase política activa en 2021, y Yolanda Díaz se convirtiera en la líder de la coalición Unidas Podemos. No obstante, ante la imagen mediática áspera y nada empática que habían cultivado los podemitas, se decidió crear una coalición que se presentaría a las elecciones generales de julio de 2023. A esa coalición, encabezada por Yolanda Díaz, la denominaron Sumar y se constituyó con una veintena de partidos de ámbito estatal y autonómico.

Desde su constitución, las cosas nunca han sido fáciles en Sumar. A pesar de que Díaz ha sazonado su liderazgo con buenas maneras, afabilidad e incluso simpatía, esa formación no ha llegado a percibirse como una organización preparada para dar la batalla y perdurar en el tiempo. Aglutinar ese puñado tan heterogéneo de sensibilidades parecía misión imposible. De hecho, tras el revolcón sufrido en las elecciones europeas del pasado mes de junio, se encendieron todas las alarmas sobre la viabilidad del proyecto. Entonces Yolanda Díaz dimitió de sus cargos en la coalición, pero se mantuvo en el Gobierno.

Ahora bien, lo que les ha puesto contra las cuerdas, ha sido el órdago que supuso la dimisión de Iñigo Errejón, anunciada el pasado 24 de octubre. Por si fuera poco, Podemos, quiere aprovechar la situación para ajustar algunas cuentas que creen tener pendientes con Díaz. De forma simultánea, dentro de Sumar se ha abierto una crisis de consecuencias imprevisibles. Todo eso, hace que, en estos momentos, Sumar sea un proyecto a la deriva.

Yo no voy a echar más leña al fuego. El affaire ya es sobradamente conocido por todos y los medios lo han tratado con detalle. Entiendo que, en primera instancia, es su partido el que tiene que aplicar, con el máximo rigor, la normativa interna y que la justicia actúe como corresponde. Voy, sin embargo, a intentar descifrar el alcance político del asunto.

No cabe duda de que este affaire para el Gobierno es un torpedo en la línea de flotación. Aunque Pedro Sánchez ya ha anunciado que la legislatura se va a agotar, es evidente que es munición para los conservadores que lo aprovechan todo para desgastar al presidente. Además, este asunto viene precedido por otros como el caso Koldo (que con toda probabilidad acabará siendo el caso Ábalos), el affaire Begoña Gómez, la llegada de Delcy Rodríguez o el intríngulis de la foto de Sánchez con Víctor Aldama. O sea, llueve sobre mojado, y que esos temas tengan enjundia o no para acorralar al Ejecutivo carece de importancia, lo que cuenta es socavar al Gobierno e ir minando su credibilidad.

Pero más allá de la repercusión que este tema tenga en el acontecer político, hemos visto como en el Gobierno de coalición Sumar, como socio minoritario, impulsaba iniciativas que, tal vez, un Ejecutivo de un solo partido nunca hubiera puesto en marcha. Pero, sobre todo, es necesaria una formación que ocupe el espacio que queda a la izquierda del PSOE porque ahí existe un segmento de ciudadanía que no se identifica con las propuestas socialistas, pero que tienen los conceptos de la igualdad y la justicia social muy arraigados porque para ellos son la base de la convivencia y el pacto social. Y a esas personas no las podemos defraudar otra vez.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en CatalunyaPress 06/11/2024  

 

CONGRESOS CON MAR DE FONDO

Tras repetidos traspiés en los últimos procesos electorales y, de manera especial, en la convocatoria de las elecciones al Parlament, del pasado 12 M, en los partidos independentistas catalanes se encendieron todas las alarmas. Por eso, tanto en JxCat como en ERC decidieron convocar, para el otoño, sus respectivos congresos y ver la manera de taponar las vías de agua que amenazan con anegar las naves que los habían de llevar a la tierra prometida y evitar quedar convertirlos en fuerzas políticas marginales. Y en eso estamos.

Los “juntaires” han sido los más madrugadores y este último fin de semana han celebrado su tercer cónclave en la Fábrica. Llobet –Guri ubicada en Calella. En principio, se han cumplido, casi literalmente, tanto el guion como el escenario previsto que habíamos ido conociendo en los últimos días.

Desde que se supo que Carles Puigdemont optaría a la presidencia, cargo que venía ejerciendo de facto, desde 2022, en el partido se acabaron las especulaciones.  El poder del expresident dentro de Junts es omnímodo y, en consecuencia, las disputas solo podían ser por la pedrea y poco más.

A Carles Puigdemont, le acompañará Jordi Turull que seguirá en la secretaría general y Judith Toronjo, un valor emergente, ocupará la secretaría de organización. Las vicepresidencias pasarán a manos de Antoni Castellá, un auténtico vividor profesional de la política, actual líder de Demócratas, que hace unos días se integró en Junts, Miriam Nogueras, Josep Rius y Mónica Sales todos ellos diputados en el Congreso o en el Parlament;. En cambio, el jarrón chino en que se ha convertido Laura Borrás, ya amortizada políticamente, se reubicará en la fundación que Demócratas aporta a la fusión.

Los estrategas orgánicos consideran que es el momento de “abrir las fronteras del partido” y poner especial atención en materias como la fiscalidad, infraestructuras, vivienda o inmigración. Además, renuncian a romper con el PSOE y, aunque en la ponencia política se habla de unilateralidad, en ningún momento se ha sometido a votación. Eso nos puede dar una idea de las intenciones de Puigdemont a corto y medio plazo.

A pesar de la tranquilidad ambiental que se ha respirado en el congreso de Calella, en Junts hay mar de fondo. Las decisiones importantes las toma Puigdemont y, como mucho, consulta con un reducido grupo de asesores que caben en una cabina telefónica. Por lo que el espacio para la discrepancia es nulo.  No son pocos los pragmáticos que empiezan a estar hartos del egocentrismo de Carles Puigdemont, sus promesas incumplidas y decisiones tan absurdas como dejar vacante la plaza de líder de la oposición en el Parlament. Por eso, esperan sumar fuerzas y el momento oportuno para dar un golpe de timón.

No obstante, el expresident sigue siendo para muchos el líder mesiánico que viene para hacer de Catalunya una nación independiente, “rica i plena”, y con ese telón de fondo cualquier intento para cambiar la situación está condenado al fracaso. Solo la pérdida de protagonismo de JxCat como formación política y su inevitable caída en la marginalidad, como le viene ocurriendo desde hace tiempo, les forzará en algún momento a replantear su posición y sus postulados.  Y eso, muy probablemente, ocurrirá cuando sus diputados dejen de ser imprescindibles en Madrid.

ERC celebrará su congreso a finales del mes de noviembre y la situación es muy diferente a la de Junts. Para los republicanos, el traspaso de poderes casi siempre ha sido tormentoso. Basta con echar un vistazo a su historia. Los republicanos parecen tener una vocación cainita incrustada en su ADN.

Desde 2010, Oriol Junqueras ha ejercido la presidencia de ERC con mano de hierro y aire entre profesoral y monástico, con el convencimiento, mal disimulado, de creerse superior a sus correligionarios y a muchos de sus adversarios. Ha manejado desde las bambalinas los hilos del poder; estando en la cárcel designó a su delfín institucional, que un tiempo después, acabaría siendo president de la Generalitat. Junqueras. Renegó “in aeternum” de los socialistas, por considerarlos artífices del 155, pero pactó con ellos y, según dicen, acabó arrastrándose ante Salvador Illa para que mantuviera en sus sitio a un treintena larga de altos cargos republicanos.  

Sin embargo, el tiempo acaba poniendo a cada uno en su lugar y tras los reiterados fracasos electorales de Esquerra se ha destapado la caja de los truenos. Según dicen los suyos, el bueno de Oriol estaba en Montserrat el 27 de octubre, mientras se declaraba la independencia, sabe más de lo que dice de los carteles contra los hermanos Maragall y no fue ajeno a la colocación de un muñeco, que, en teoría, pretendía ridiculizarlo, en un puente de Sant Vicenç dels Horts, aunque ahora él lo niega todo, incluso ha puesto en cuestión el apoyo a la investidura de Salvador Illa.

Lo que queda claro es que en ERC alguien miente y mucho. A ellos corresponde que la verdad florezca, condición sine qua non si quieren recuperar la confianza de su electorado. En ERC, no solo hay mar de fondo, es que se está gestando una tormenta que, lejos de ser perfecta, amenaza con convertirse en huracán y llevarse todo cuanto encuentre a su paso. Veremos cuáles son las consecuencias.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en CatalunyaPress 27/10/2024

 

EN EL BUEN CAMINO

Estoy convencido de que Salvador Illa, con su política de mano tendida, perfil político moderado y gestor eficaz, hará posible lo que hace tan solo unos meses parecía una quimera: que Cataluña vuelva a ser la locomotora de España, a la vez que una de las regiones más desarrolladas y prósperas de Europa. Para que esos grandes objetivos sean factibles, es necesario que, en nuestro país, se normalicen las relaciones institucionales, que exista estabilidad política, certeza jurídica y confluencia de intereses. Justo lo que no hemos tenido en los últimos años.

Los catalanes tenemos todo el derecho del mundo a ser como las sociedades nórdicas, paradigma de buenos gobiernos (al menos hasta que la ultraderecha llegó al poder), democracias avanzadas y Estados del Bienestar fuertes y desarrollados. Para lograrlo es preciso una Administración eficiente y transparente, donde el ciudadano, no solo esté en el centro de todas las políticas, sino que, también, su voz sea escuchada y tenida en cuenta.

Con la peregrina excusa de que la justicia era española y reprimía, de manera sistemática, a los “nuestros”, en Cataluña, y no me refiero solamente a la etapa del procés, durante demasiado tiempo los controles del poder han sido prácticamente inexistentes, y esos organismos son condición indispensable para garantizar la buena salud de las instituciones que nos gobiernan.

Ahora, con Salvador Illa, como presidente de la Generalitat, se abre una ventana de oportunidad para dotarnos de unos mecanismos de control tan fuertes como independientes que impidan los abusos de poder. No basta con suponer que los políticos actúan de buena fe. Es necesaria la existencia de unos contrapesos potentes y rigurosos en los que se pueda confiar.

Un ejemplo claro de ese descontrol es la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals”. A principios de año, el Govern de Pere Aragonès aprobó una inversión anual de 330 millones de euros hasta 2027, para el mencionado ente del que forman parte la cadena pública de televisión y Catalunya Radio y que da ocupación a unos 2.300 trabajadores, es decir que nos sale por un pico a cada contribuyente escuchar y/o ver determinadas butades. Mientras, una cadena privada como es Antena 3, con un presupuesto similar al de la televisión pública catalana y unos 450 trabajadores en nómina, tiene un superávit superior a los 100 millones de euros. Sobran los comentarios.

En estos últimos días ha saltado a la prensa el malestar de la plantilla de TV3 por la contratación de cargos de libre designación que ha realizado la dirección. Los comités de empresa, tanto de TV3 como de Catalunya Radio entienden que se trata de procesos de contratación “arbitrarios y nada transparentes”…”por lo que se está hinchando el organigrama de forma artificial””. Ante estas supuestas “anomalías”, los trabajadores han hecho llegar su malestar a Esther Giménez Salinas, Sindic de Greuges.

Saco a colación este asunto porque entiendo que no estamos ante una cuestión menor, tanto por su coste económico, como por la resonancia mediática que tiene. Considero que el Govern en situaciones como la explicada (hay muchas otras, aunque menos visibles igual de lacerantes) debería actuar con celeridad para dejar claro que la arbitrariedad y el amiguismo no tienen cabida en esta nueva etapa. Para el más de lo mismo no valían la pena ni las renuncias que se han hecho ni el esfuerzo que ha costado llegar hasta aquí.

Le pese a quién le pese, Salvador Illa es, en estos momentos, la persona más adecuada para poner a Cataluña en la cresta de la ola: tiene una trayectoria de gestor-político impecable, ha empezado bien la legislatura, apunta maneras y está en el buen camino. Ahora bien, por lo que pueda ocurrir, conviene siempre tener a la diosa fortuna al lado, porque en ocasiones el suceso más inesperado, tanto si es provocado por factores externos, como si tiene su origen en el ámbito interno, puede generar un tsunami político y desmontar, en cuestión de minutos, los planes más concienzudamente elaborados por un líder, un gobierno o una institución. 

No le quiero echar agua al vino, pero la política es, con toda probabilidad, uno de los ámbitos de la actividad más inestables en las sociedades complejas y desarrolladas como la nuestra. Con frecuencia, los políticos han de moverse sobre auténticos campos de minas sembradas por los adversarios, pero a menudo, también, por los propios acólitos; es lo que algunos llaman fuego amigo. Eso hace que, intentar predecir lo que puede suceder a unas cuantas semanas vistas, sea pura ficción.

Por lo tanto, me permito sugerir que seamos moderadamente optimistas, pero sin perder nunca la ilusión. Ustedes ya me entienden.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en CatalunyaPress 21/10/2024

 

LOS QUE FINANCIAN LAS GUERRAS

Se ha cumplido el primer aniversario de aquel fatídico 7 de octubre de 2023, cuando milicianos de Hamas entraron a sangre y fuego en territorio israelí torturando, secuestrando y/o matando a todo ser humano que encontraban a su paso. Las primeras consecuencias de aquella barbaridad fueron unos 1.200 muertos, más de 5.500 heridos y 250 secuestrados. La reacción de Israel fue inmediata y según las autoridades sanitarias, hasta el momento se contabilizan casi 42.000 muertos, más de 10.000 desaparecidos y del orden de 100.000 heridos. Los efectos a medio y largo plazo son, todavía, imposibles de cuantificar, pero las represalias por parte del ejército israelí están siendo tan constantes como desmesuradas y, por si no había suficiente, desde el pasado 20 de septiembre, Israel ha ampliado el frente, atacando con dureza a Líbano, sin suavizar sus razias en Gaza. La virulencia de los ataques es tal que ya hay más de 2.000 libaneses muertos y un millón largo de desplazados. Pero es que, además, existe el riesgo, cada vez más plausible, de que el conflicto se convierta en una guerra regional de consecuencias imprevisibles y, desde luego, nada halagüeñas para la estabilidad mundial.

No voy a insistir en el desarrollo de los acontecimientos porque los medios de comunicación nos informan, a diario, de la magnitud de la catástrofe. Quiero, sin embargo, poner el foco en los intereses que hay detrás de la contienda y en quién mueve los hilos: los patrocinadores, que acostumbran a estar cómodamente instalados a miles de quilómetros del frente y la barbarie.   

Todas las guerras son tremendamente costosas en términos económicos, y la de Israel contra Gaza, y ahora también contra Líbano, no es una excepción. No cabe duda que Estados Unidos es el gran hacedor israelí, pero también la mayoría de estados de la Unión Europea, al igual que la India o China que comercian con Benjamín Netanyahu y sus acólitos sin ningún rubor. 

En un informe del prestigioso Centre Delàs, publicado recientemente, se deja clara “La corresponsabilidad de la banca en el genocidio de Gaza”, los investigadores han seguido el rastro del dinero y han identificado a diversas entidades financieras españolas y 25 internacionales que cooperan en la masacre. Esas mismas fuentes cifran la aportación del Banco de Santander en 2.442 millones de dólares y la del BBVA en 1.500 millones. En total, son media docena las entidades financieras nacionales en las que Delàs ha hallado vínculos comerciales con las empresas de armas. Tras las dos primeras, están otras como CaixaBank, Ibercaja, o Banca March.

La verosimilitud del estudio está fuera de toda duda porque los datos que en el mismo se manifiestan han sido supervisados por el Instituto Internacional de Paz de Estocolmo (SIPRI) que ha analizado las principales exportaciones de armas a Israel de los últimos 10 años. Los investigadores han escudriñado 3.606 operaciones financieras (líneas de crédito, préstamos corporativos, suscripción de bonos y compra de acciones). De ahí han obtenido el nombre de 15 empresas de armamento que proveen a este país, entre otras son: BAE Systems, Boeing, Day & Zimmerman, Elbit Systems, General Dynamics, Israel Aerospace Industries, Leonardo, Lockheed Martin, Nammo, Navantia, Oshkosh Corp, Rafael Advanced Defense Systems, Rheinmetall, Rolls-Royce y RTX Corp (anteriormente Raytheon Technologies).

También Ibercaja colaboró económicamente con Rheinmetall, la empresa fabricante y exportadora a Israel de los M109-52 Howitzer, obuses autopropulsados de 155 mm, que se utilizaron en octubre pasado en los ataques al Puerto de Gaza y sobre hoteles cercanos. 

La misma empresa de armas, añaden los autores del informe, produce la munición de tanque Rh-120, “que ha sido usada de forma indiscriminada contra la población palestina e infraestructuras civiles críticas, incluidas instalaciones médicas, convoyes de ayuda y refugios civiles en Gaza, así como contra periodistas”.

En la lista de colaboradores se encuentran algunas de las entidades más reputadas del mundo, como la gestora de fondos de inversión Vanguard, que lidera la lista con más de 41.000 millones de dólares. La sigue la corporación de servicios financieros y de inversión State Street (38.620 millones), y las gestoras de fondos de inversión, Capital Group (31.603) y BlackRock (30.570), siendo el Bank of America (18.909) el que cierra un top 5 copado por instituciones financieras estadounidenses.

En esa lista, aunque a bastante distancia, también encontramos a entidades como el banco francés BNP Paribas, con casi 7.000 millones u otras entidades y bancos europeos reconocidos como Crédit Agricole (6.016 millones), Barclays (4.950) o el Deutsche Bank (4.801).

Según expertos en armamento el misil más sencillo no baja de 50.000 dólares la unidad. Quizás por eso me pregunto: ¿Cuantas escuelas, cuantos hospitales, cuantos centros de asistencia, cuántas viviendas de carácter social, cuantos… se podrían hacer, se podrían construir con el dinero que se dedica a armamento? Confieso que en esas magnitudes económicas me pierdo, pero estoy seguro que con ese dinero se solucionaba la vida de centenares de miles de ciudadanos que están sufriendo en sus carnes la Irresponsabilidad de unos desalmados que con su locura nos están llevando al desastre.

Ahora, si quieren llámenme ingenuo y, seguramente, tendrán razón.

 

Bernardo Fernández

Publicado en CatalunyaPress 14/10/2024

 

PASAR PÁGINA

El procés independentista, como opción política, ha llegado al final de su recorrido. Otra cosa es el clientelismo y los abrevaderos políticos que generaron las teóricas expectativas de independencia. Habrá que trabajar con la meticulosidad de un orfebre para desmantelar los chiringuitos que, a cuenta de la secesión, se montaron en la última década para dar cobijo a tanto indepe sobrevenido. Quizás, la prueba más evidente del decrecimiento del fervor independentista, sea la menguada participación que tuvieron las convocatorias de Omnium y la ANC el pasado 11 S.  Tampoco es baladí el dato que reveló el CEO, según el cual, entre 2014 y 2024 las personas que se sienten solo catalanas han caído del 29,1% al 18%. O sea, el sentimiento de catalanidad ha bajado más de 10 puntos en una década.

Además, iniciativas como los indultos o la amnistía para aquellos que pudieron cometer actos no ajustados a la ley durante el proceso secesionista han tenido un efecto balsámico para la sociedad catalana. Esas iniciativas han contribuido a que Catalunya hoy esté bastante más sosegada, se empiecen a reconstruir puentes para la convivencia, se esté recuperando la confianza, que por primera vez, desde 1980, no haya una mayoría nacional-independentista en el Parlament y se vaya recuperando la normalidad institucional.

El actual Gobierno de España ha puesto mucho de su parte (algunos piensan que demasiado) y con un alto coste político para que la normalidad se reinstaure en Catalunya. Sin embrago, hasta el momento, no ha habido reciprocidad por parte del movimiento independentista, ni de sus líderes.

Entretanto, Salvador Illa, con su política de mano tendida, se ha comprometido a desarrollar buena parte del programa de ERC, mantener en sus puestos a una cuarentena de altos cargos republicanos y ha recuperado a personas del antiguo espacio convergente otorgándoles importantísimas tareas en el Govern. En cambio, dirigentes del procés se dedican a reivindicar el 1-O como un gran logro histórico, cuando en realidad fue un despropósito, no solo por su ilegalidad, también por la falta de las más elementales normas democráticas, el día de la votación por no haber no había ni censo. Pero es que, además, llaman represión a lo que fue aplicar la ley del Estado de derecho. No olvidemos que según la prestigiosa organización intergubernamental IDEA, entidad responsable de evaluar los sistemas de democracia y libertad en el mundo, España es uno de los países con los mejores índices de democracia del planeta.  Así que ya está bien de milongas victimistas.

Está claro que hemos de pasar página y mirar hacia adelante. Pero, para que eso sea posible, todos hemos de poner algo de nuestra parte. Y es que da la sensación que, en lo del procés, nadie fue responsable de nada. Las cosas sucedieron por qué sí y parece que algunos esperan que el paso del tiempo borre la huella de tanto disparate. No obstante, por higiene democrática, resulta imprescindible que, alguno de los prohombres que estuvieron en las sala de máquinas de la Plaça Sant Jaume o en sus aledaños ideológicos, nos expliquen que de bueno sucedió en Catalunya en ese periodo.

Así por ejemplo, el prestigio de la presidencia de la Generalitat sufrió un grave deterioro con los presidentes más incapaces de la democracia recuperada, ni Carles Puigdemont ni Quim Torra han sido personas capacitadas para tan alta dignidad y, en consecuencia, la primera institución catalana fue ninguneada como no había ocurrido jamás. Ciertamente, Pere Aragonès empezó a intentar revertir la situación, pero la precariedad parlamentaria sobre la que sustentaba su Govern y el fin precipitado de la legislatura no le dio para más.

Con la perspectiva que nos da el paso del tiempo, queda claro que el procés nunca tuvo posibilidades de éxito. Y es que nunca tuvo apoyos internacionales solidos ni fiables, ni capacidad económica para salir adelante, ni siquiera la fuerza coercitiva necesaria para hacerse respetar por hipotéticos adversarios. En alguna ocasión, Jordi Pujol había comentado que “Catalunya tenía capacidad para desestabilizar España, pero el faltaba la fuerza suficiente para lograr la independencia”, tenía razón al gran timonel.

Desde un punto de vista objetivo, el proceso independentista fue una sucesión de opacidad, falsedades y ensoñaciones tan imposibles de hacerse realidad como la película de ciencia ficción más disparatada, con la diferencia que aquí se jugaba con las cosas de comer de las personas. Por eso, no se podrá cerrar la carpeta del procés si desconocemos todas y cada una de las decisiones que se tomaron desde 2012 y los auténticos motivos que impulsaron a los dirigentes a tomarlas, no las bagatelas que hasta ahora han explicado.  

Hay que pasar página: de acuerdo, pero antes tenemos derecho a saber.

 

Bernardo Fernández

Publicado en CatalunyaPress 06/10/2024

 

CUESTIONES BÁSICAS

 

No vamos bien.  A pesar de eso, nuestra economía crece por encima de los medios de las economías de la UE, tenemos una inflación más baja y más controlada que la mayoría de los países de la zona del euro. Hay más afiliados que nunca a la Seguridad Social y el paro que ha sido el talón de Aquiles de todos los gobiernos desde la Transición, registra las cifras más bajas de, al menos, los últimos quince años, la crispación política está llegando a cotas insoportables

Tampoco las políticas sociales, que se han puesto en práctica por el Gobierno de coalición, aunque insuficientes, pero que son, con diferencia, las más ambiciosas de nuestra historia han servido para apaciguar los ánimos de los negacionistas de las evidencias. Ni siquiera, han sabido valorar asuntos como el salario mínimo interprofesional que ha subido como nunca en los dos últimos años o las pensiones que se revalorizan por ley, conforme al incremento del IPC, entre otras muchas iniciativas. No es lógico.

En las elecciones generales de 2023, los dos partidos mayoritarios (PP PSOE) lograron más del 64% de los votos emitidos. Ambas formaciones obtuvieron, con respecto a la tercera fuerza (Vox), una distancia de más de veinte puntos, cada uno. Ante esta hegemonía incuestionable, no parece muy sensato que los dos partidos anden todo el tiempo a la greña. Con toda probabilidad, en esa relación, sobran personalismos y se echan a faltar ganas de arrimar el hombro.

Es evidente que la mayoría parlamentaria que hizo presidente a Pedro Sánchez es muy volátil, y no tiene la suficiente solidez para dar al Gobierno la necesaria estabilidad para que desarrolle su agenda legislativa con sosiego y cierta holgura. Tanto es así que, en lo que llevamos de mandato, el Ejecutivo ha perdido una treintena de votaciones en el Congreso y esa circunstancia genera inquietud e incertezas. Por eso, estos días atrás, y para evitar un nuevo revolcón, la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, retiró del pleno la propuesta de la senda de gasto.

Ese panorama de fragilidad hace que la situación del Gobierno de coalición sea delicada y los nervios estén a flor de piel. Hace unos días ERC y Junts (progresistas ellos) unían sus votos a PP y Vox para reprobar al ministro Oscar Puente en el Senado, por su gestión al frente de ferrocarriles. Algo que, aunque no deja de ser simbólico, da una idea del ambiente que se respira en los altos cenáculos políticos. Pero es que de manera simultánea, desde Sumar han pedido “la dimisión o cese” de la ministra Isabel Rodríguez, y eso de simbólico no tiene nada, porque se pide desde uno de los dos partidos que conforman el Gobierno de coalición.

Mientras, en el PP se dedican a copiar el relato de la extrema derecha para arrebatarles un puñado de votos. Se podrían citar cantidad de ejemplos sobre el particular, pero el más paradigmático es el de la inmigración: los populares critican la actitud del Gobierno con la llegada de personas sin papeles, pero son incapaces no ya de hacer una propuesta, es que ni tan siquiera se sientan a negociar para buscar una solución.

Es lamentable que, con la situación sociopolítica que tenemos, sean las organizaciones más pequeñas (a las que peor les fue en las elecciones del 23 J), las que estén marcando el ritmo de la política nacional. Este estado de cosas favorece que algunos políticos estén normalizando la violencia dialéctica en sus discursos y eso da alas a los hooligans de la política, y, además, es terreno abonado para que cualquier día salga un descerebrado y cometa alguna barbaridad que luego lamentaremos todos.

Las divergencias ideológicas entre PP y PSOE son profundas, sus estrategias muy diferentes y entre ambas formaciones, a lo largo de los años se han ido abriendo muchas heridas que serán muy difíciles de restañar. No obstante, existe un mínimo denominador común compuesto por la calidad democrática de nuestro sistema y la convivencia que deberían dar, a las dos grandes formaciones, la responsabilidad necesaria para llegar a acuerdos sobre grandes asuntos, como, en su momento, fue la renovación del Consejo General del Poder Judicial y que ahora pueden ser temas como la política exterior, la inmigración, la vivienda, la organización territorial o la transición ecológica entre otros. Cuestiones básicas que, al fin y al cabo, por el bien común, deberían quedar fuera de la lucha partidista y ahí, los dos grandes partidos harían bien remando en la misma dirección.

Hacerlo, sería un símbolo de madurez y responsabilidad de nuestros dirigentes y un bálsamo para los ciudadanos.

 

Bernardo Fernández

Publicado en CatalunyaPress 30/09/2024