Más pronto que tarde, el interés
mediático generado por la tremenda tragedia que en Valencia y Castilla-La
Mancha ocasionó una inmensa dana, irá perdiendo intensidad. Llegará un momento en que los focos se apaguen
y los reporteros que han cubierto la información, a menudo, con barro hasta las
rodillas, volverán a sus cuarteles de invierno, pero la cruda realidad seguirá
ahí: dos centenares largos de vidas perdidas, un número indeterminado de
desaparecidos y unas pérdidas materiales incalculables. En medio de todo eso, decenas
de miles de personas se han quedado sin nada y tendrán que volver a
empezar.
El ser humano es extremadamente
frágil y la naturaleza tiene giros imprevisibles, si a eso añadimos la falta de
previsión, un cierto nihilismo político, errores en cadena e incapacidad
manifiesta para afrontar una situación muy delicada y compleja, la tormenta
perfecta está servida.
Quizás no sea posible señalar culpables
directos por la falta de previsión a la hora de diseñar las infraestructuras y desarrollar
un urbanismo totalmente arbitrario que han hecho posible que las aguas se
desmadraran. Sin embargo, sí hay responsables políticos que, como se va sabiendo,
no actuaron con la diligencia y eficiencia que cabía esperar.
El 29 de octubre, mientras las
inundaciones ya afectaban gravemente a la comunidad valenciana, el presidente Mazón
comía en un conocido restaurante ubicado en el centro de Valencia y se incorporaba
a la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada a las 19:30, es
decir, una hora y media después de la convocatoria. Expertos en estas
cuestiones consideran que la llegada tardía del presidente y la falta de
experiencia de su equipo retrasaron decisiones claves, como la emisión de
alertas a la población.
Por otra parte, hemos sabido que la
delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, estuvo reunida con su equipo de crisis desde
primeras horas de la mañana del fatídico 29 de octubre. Ante la crecida del río Magro a su paso por Utiel y de las previsiones de tormentas
torrenciales, Bernabé informó a la consejera autonómica
de Justicia e Interior y responsable de emergencias, Salomé Pradas, hasta en
tres ocasiones, de la gravedad de la situación y le indicó que le podía pedir
todos los medios que considerara necesarios. Sin embargo, la consejera hizo oídos
sordos, hasta que, finalmente, la Generalitat pidió la intervención de la UME. Días después, la consejera ha asegurado que no
conocía la existencia del sistema ES-Alert —que permite a las autoridades
enviar mensajes directos de manera masiva a los teléfonos móviles de una
determinada zona de cobertura—. Por eso, la ciudadanía no recibió ningún aviso
hasta que las riadas ya habían arrasado buena parte de los pueblos afectados
por la dana.
Con toda seguridad, en esta ocasión, nadie
está libre de pecado. Nunca sabremos, con certeza, si la decisión del
presidente del Gobierno de no decretar la emergencia nacional fue un acierto o
no. Pero está claro que, de haber decretado esa emergencia, no hubiesen faltado
los carroñeros de la política acusando al Ejecutivo de aplicar un 155 encubierto
por ser Valencia una autonomía gobernada por el PP. En realidad, aquí subyace una
cuestión que es: ¿Esto del Estado de las autonomías y la descentralización nos
lo creemos o es solo una milonga para tener entretenido al personal y cuando
pintan bastos que sea papá Estado quién se coma el marrón?
Lo que no se puede negar es que
Sánchez, desde el minuto uno, se puso a disposición de Mazón y el 5 de
noviembre aprobaba un Decreto Ley por un importe de 10.600 millones de euros para
poner en práctica un Plan de Respuesta Inmediata para atender las necesidades
más urgentes de la población y restaurar el orden. Más adelante vendrá una Fase
de Reconstrucción y posteriormente una Fase de Relanzamiento. También se ha pedido
la colaboración de la Unión Europea.
Todo eso no significa que Sánchez o
el Ejecutivo no hayan cometido errores. Los ha habido, por ejemplo, ir el
domingo, día 3 de noviembre, con los reyes a la primera línea de la tragedia.
Eran momentos para arrimar el hombro, dejar trabajar y no enredar (claro que si
no hubiesen ido, también se les hubiera criticado por no ir). Sin embargo eso
les vino que ni pintado a los descerebrados de la derecha extrema para montar
el barullo. La indignación de los que lo han perdido todo es perfectamente
comprensible, como también lo es que el pasado sábado las calles de Valencia se
llenaran de gente pidiendo la dimisión del presidente Carlos Mazón y su
Consell. Pero es inadmisible el estallido de violencia verbal y
física promovida por aquellos que aprovechan el dolor ajeno para alimentar una
estrategia de populismo contra el Estado de
derecho.
En estos días llenos de angustia,
miedo y dolor hemos visto lo peor y lo mejor del ser humano. Miles de personas
con escobas, mochos o palas caminando para ir a ayudar a gentes que no
conocían. Personas y entidades de toda
índole que están donando y/o recogiendo alimentos, productos de higiene
personal y material de limpieza para hacerlo llegar al lugar de los
damnificados. Pero también hemos sabido de un puñado de sinvergüenzas que se
han dedicado al pillaje y desalmados que, haciéndose pasar por miembros de la
Cruz Roja, iban de casas en casa pidiendo dinero.
Estamos ante una tragedia de
dimensiones estratosféricas. La respuesta de la ciudadanía ha sido y está
siendo extraordinaria, pero no podemos decir lo mismo de la respuesta
institucional. Por lo tanto, hemos de exigir que nuestros gobernantes, todos
sin excepción, estén a la altura de las circunstancias o que se vayan a sus
casas. Por compromiso cívico y solidaridad con nuestros conciudadanos, no deberíamos
dejar pasar ni una, estar pendientes para que quien la haga que la pague y,
sobre todo, no dejar de apoyar a nuestros vecinos de Levante hasta que
recuperen la normalidad. Si es que eso es posible
Bernardo Fernández
Publicado en Catalunya Press 11/11/2024
