
Se veía venir que, con la
filtración casi permanente de presuntos affaires de la vida del rey emérito,
iba a suceder algo, pero no se sabía que. Por eso, cuando me enteré por los
medios que Juan Carlos de Borbón se había marchado de España me quedé perplejo.
Y me parece que como yo cientos de miles de conciudadanos.
Es cierto que con el reguero
de noticias que han ido saliendo en los últimos tiempos sobre supuestas actividades
poco virtuosas del emérito se podía prever algún movimiento en la cumbre, pero
no parecía que sería tan pronto ni tan contundente.
Con esta iniciativa de poner
tierra (o mar) de por medio el Borbón está admitiendo de manera tácita que,
efectivamente, hizo cosas que nunca debería haber hecho. A los ciudadanos poco
nos ha de importar que los hechos que se le atribuyen fueran en el ámbito
público o en el privado. Tampoco nos ha de importar que ocurrieran antes o
después de su abdicación a la Corona. Hay cargos de los que uno no se desprende
hasta que se muere, y en ocasiones ni así.
En la carta que Juan Carlos envío
a su hijo, el Rey Felipe VI, decía que: “…guiado por el convencimiento de
prestar el mejor servicio a los españoles, a las instituciones y a ti como Rey,
te comunico mi medida decisión de trasladarme en estos momentos fuera de
España…”
Sobre los asuntos de faldas
nada voy a comentar porque, aunque sean poco o nada edificantes, pertenecen a
la esfera personal. Otra cosa son las supuestas irregularidades fiscales, y ahí
sí. Como ciudadano que paga sus impuestos y cumple sus obligaciones con todas
las administraciones, necesito y quiero saber que hay de cierto y de falso en
lo que se ha publicado sobre el particular.
Como no puede ser de otra
manera, mientras no haya un pronunciamiento jurisdiccional, al rey emérito como
a cualquier otro ciudadano, le protege la presunción de inocencia; y, por lo
tanto, nadie le puede privar de su capacidad de libre movimiento.
No obstante, por pura
dignidad, si el emérito ha cometido alguna irregularidad al realizar sus
operaciones financieras, lo que debería haber hecho es salir corriendo a
regular su situación con el fisco, porque Hacienda somos todos y como él mismo
dijo en alusión a su yerno Iñaki Urdangarin, “todos somos iguales ante la ley”.
Ese sería el mejor servicio a los españoles. Y es que, claro, si el ciudadano
Juan Carlos de Borbón no cumple con sus obligaciones fiscales, la pregunta es
obvia: ¿Por qué tenemos que hacerlo el resto de ciudadanos?
Esta crisis, se quiera o no,
acabará salpicando a la Corona. De hecho, ya está ocurriendo. La Monarquía es
una institución basada en la transmisión histórica mediante lazos de sangre. Y
lo que menos necesitamos en estos momentos es añadir a las crisis que estamos
soportando, como la de la organización territorial, la social y la económica
(ocasionadas estas dos por la pandemia), la de la jefatura del Estado.
A los agoreros de turno como,
Pablo Iglesias, les ha faltado el tiempo para hablar de “huida al extranjero”, y
la alcaldesa Colau ya ha pedido “que se someta el apoyo a la Monarquía a
referéndum”. ¿Cuándo nuestros gobernantes tendrán sentido de Estado y de la
oportunidad política?
Desde luego, el gobierno ha de
dar explicaciones claras y transparentes del estado de la situación a la mayor
brevedad posible. Hay que dar garantías de que Juan Carlos de Borbón atenderá
los requerimientos de la justicia si estos se llegan a producir. Otra cosa
sería letal para nuestro modelo institucional y, con toda seguridad, la
Monarquía parlamentaria quedaría seriamente afectada.
Además, como miembros, que
somos, de una sociedad madura y compleja tenemos derecho a saber. Y en esta
ocasión no valdrá con un “lo siento, me he equivocado y no volverá a suceder”.
Soy republicano por tradición
familiar, por credo político y, sobre todo, por convicción. No quisiera dejar
este mundo sin ver el advenimiento de la III República española, pero como
diría aquel personaje de triste recuerdo: “ahora no toca”.
Bernardo Fernández
Publicado en e notícies 06/08/20